"Su nuevo trabajo se titula: Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980) (PUV, 2018).
Ballester (Barcelona, 1960) es doctor en historia y profesor en la UAB y
el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ha publicado diversos
estudios sobre la historia del socialismo catalán, pero también ha
abordado el franquismo y la Transición en Temps d’amnistia y El triomf de la memòria. La manifestació de l’11 de setembre de 1977.
El
libro reconstruye una veintena de casos poco conocidos de muertes
causadas por violencia institucional que han quedado relegadas a un
segundo plano en las crónicas políticas y que, en algunos casos, nada
tuvieron que ver con al política. En este sentido, es una aportación de
interés, ya que en el período que analiza su obra este tipo de violencia
suele ser considerada poco relevante. Por nuestra parte, le agradecemos
que haya aceptado contestar las preguntas para nuestras lectoras y
lectores.
¿Por qué ha escogido un período de análisis a caballo del franquismo y el fin de la Transición (1964-1980)?
Las
fechas me fueron definidas por el primer y último de los casos tratados
de forma monográfica en el libro. Las mismas se adecuaban a mi idea de
poner de manifiesto que ni el tardofranquismo fue una época de
autoritarismo “light”, ni la Transición fue ese producto edulcorado y
mitificado que desde determinados ámbitos y de forma claramente
manipuladora e interesada se intenta “vender”.
¿De la veintena de casos analizados cuáles considera más ilustrativos de la violencia política de fines del franquismo?
Es
difícil hacer matizaciones ante tanta brutalidad e impunidad. El caso
de Lluís Benito es extraordinariamente complejo a pesar de su simple
trama: una discusión banal con un taxista, aparece un policía de
paisano, todos a comisaria…y al cabo de unas pocas horas, un empleado de
banca, padre de dos niñas pequeñas, era ingresado en un centro
psiquiátrico con un golpe en la cabeza, hecho con un objeto “duro y
flexible” (¿hacen falta más datos….?).
Cuando fue llevado a un centro
hospitalario ya era demasiado tarde y moriría pocos días después. Sus
hijas no averiguaron la verdad de un hecho acaecido en 1964… hasta el
2012!
Otro caso que tampoco puede dejar indiferente a nadie es la
muerte del militante del PCE (m-l) Cipriano Martos en Reus. La Guardia
Civil le obligó a injerir una botella de ácido sulfúrico, que le provocó
heridas irreversibles en el estómago. Cuando su madre llegó a Reus al
ser avisada de los hechos, los guardias no le dejaron acercarse a su
hijo, siendo apartada por los “beneméritos” a puntapiés.
¿Y de la Transición?
En
esta etapa, las cifras que emanan del análisis de la práctica del
“gatillo fácil” por parte de los diferentes cuerpos policiales, son de
una gran contundencia. Entendemos por “gatillo fácil” la utilización
abusiva de las armas de fuego por parte de miembros de los cuerpos de
seguridad, ya fuera estando de servicio, o bien, francos del mismo. Casi
la mitad de las víctimas por este motivo se produjeron en controles de
carretera, y una cuarta parte en el curso de riñas entre un policía y un
civil, normalmente en el marco de lugares de ocio y a altas horas de la
noche.
En toda España fallecieron 105 ciudadanos por este motivo
entre noviembre de 1975 y la llegada al gobierno de los socialistas. En
el libro, por ejemplo, trato el caso de tres jóvenes (entre los tres no
sumaban ni 70 años) que fueron víctimas de la Guardia Civil en tres
localidades del interior de Cataluña donde no existía ninguna
conflictividad política ni social. Con motivos bien absurdos se podía
perder la vida en aquellos años.
Los casos de Adolfo Bárcena y
Roque Peralta, en Hostalric y Súria respectivamente, tuvieron un amplio
eco en la sociedad. En un momento de especial politización/movilización
como fueron las fechas inmediatamente anteriores y posteriores a las
primeras elecciones democráticas. En cambio, el caso del joven francés
Jean Michel Clabeq pasó de largo desde el primer momento.
También
es ilustrativo de cómo funcionaban determinados estamentos en aquellos
años, el caso de la muerte debido a una paliza de Agustín Rueda en la
prisión de Carabanchel, cuando ya se habían realizado las mencionadas
elecciones y la aprobación de la Constitución ya estaba en el horizonte.
¿Qué son los “vacíos de la memoria” a los que alude?
Esta frase hace referencia a la nula presencia en determinada historiografía de los protagonistas de Vides truncades.
Y, en consecuencia, en la memoria de nuestra sociedad. Incluso me
atrevería a afirmar que de forma mayoritaria, las víctimas de la
violencia institucional, ya se trate de muertos por la represión
policial en el curso de manifestaciones, bien de víctimas del
explicitado “Gatillo fácil” o de torturas en comisarías, cuarteles de la
Guardia Civil o prisiones, son marginados del relato. Sus casos son
poco estudiados y, en consecuencia, poco conocidos.
El nivel de
olvido de estas víctimas es variable, aunque mayoritariamente, al igual
que no se ha hecho justicia, tampoco muchos años después han conseguido
el debido reconocimiento como tales. Algunas han recibido y reciben
homenajes, impulsados por familiares y asociaciones memorialísticas,
pueden tener una calle, pero mayoritariamente la palabra olvido es la
que mejor refleja la situación en que se encuentran sus respectivas
historias.
¿Los casos que estudia reflejan incidentes aislados o problemas de orden público relevantes?
Es
evidente que en una dictadura como la Franquista el mantenimiento del
orden público, que no de la seguridad ciudadana, era uno de sus
objetivos fundamentales. A su vez, durante la Transición, al no
producirse la debida depuración del aparato del Estado, los mismos
policías que formaban parte de los cuerpos represivos del Franquismo se
convirtieron, de la noche a la mañana, en defensores del nuevo orden
democrático. Pero los viejos hábitos constaron mucho de erradicar.
Así,
si entre 1969 y la muerte del dictador la policía provocó la muerte de
14 ciudadanos en el curso de la represión de manifestaciones, durante la
Transición perderían la vida por el mismo motivo 41 personas. Una
cuarta parte de ellos no participaban en las mismas, pero la represión
era tan indiscriminada y la policía estaba tan poco preparada,
acostumbrada a que con la mera brutalidad ya se conseguían los objetivos
represivos. Esta problemática se enquistaría en la naciente democracia.
La
llegada del PSOE no comportó el cambio profundo de las estructuras
policiales (la ley de Martín Villa de 1978, al margen de ser
preconstitucional, se limitó a la hora de la verdad en un cambio
cromático en los uniformes –del gris al marrón- y terminológico –de
Policía Armada a Policía Nacional), y la proyectada ley policial no fue
aprobada hasta el fin de la legislatura.
De forma paralela, decrecieron
de forma muy notable las víctimas en manifestaciones y por “gatillo
fácil” (aunque se produjeron todavía 22 muertes más hasta 1987), pero se
mantuvo en sus puestos y se promocionó a policías responsables de
numerosas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y los
años anteriores. (...)" (Xavier Casals , LQSomos , en Rebelión, 11/05/18)
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