Reconstruir Ayotzinapa: ¿dónde quedaron los 43 estudiantes desaparecidos?

 "En México, el calendario marca de nuevo la fecha de la vergüenza y el horror. El 26 de septiembre se cumplen ocho años de una de las tragedias modernas del país, el caso Ayotzinapa, el ataque brutal contra un grupo de estudiantes de magisterio, aprendices de profesor de una escuela rural, hijos de campesinos, que toparon con el mal una noche cualquiera de otoño: el narco y el Estado corrupto.

 Lo hicieron en un pueblo, Iguala, que era entonces un importante centro logístico del tráfico de heroína en la región. Tres estudiantes murieron a balazos durante el ataque, igual que otras tres personas que pasaban por allí, un chofer de autobús, un jugador de fútbol y la pasajera de un taxi. 43 estudiantes desaparecieron, todos alrededor de la veintena. Solo se han hallado pequeñas porciones de huesos de tres de ellos.

A lo largo de los años, las autoridades han planteado diferentes motivos de por qué sucedió el ataque, que mantiene en la cárcel a unas 70 personas, pero que llegó a tener casi 150 presos. El actual Gobierno, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ha presentado un nuevo informe que tumba la conocida como “verdad histórica”, que elaboraron las autoridades bajo el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018). En esta crónica, EL PAÍS reconstruye la cronología inabarcable de un ataque que cambió la realidad de México, a partir de los diversos informes existentes, fuentes de la investigación, tanto de la Fiscalía como de la comisión presidencial que investiga el caso, y expertos que participan de las pesquisas.

Sobre los motivos, las autoridades dijeron primero que los estudiantes acudieron a Iguala a boicotear un acto político local, luego filtraron que parte de los muchachos tenía vínculos con un grupo criminal contrario al que mandaba en Iguala. La hipótesis más aceptada a día de hoy es que amenazaron, sin saberlo, parte de la logística comercial de la red de delincuentes locales: los autobuses. Los criminales de Iguala usaban autobuses para mandar heroína al norte de Estados Unidos. Los normalistas fueron al municipio a tomar vehículos para acudir, días más tarde, a las marchas conmemorativas de la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México, la represión estatal de estudiantes en octubre de 1968.

La burocracia del tráfico de drogas, los autobuses, las rutas, apuntan a las entrañas del caso Ayotzinapa. La embestida de policías de hasta cuatro municipios contra los estudiantes, la articulación de los agentes con el grupo criminal de la región, Guerreros Unidos, y la extraña participación de la Policía Federal y el Ejército, hoy señalados de tener un papel importante en el ataque, componen una de las capas del oprobio. La otra señala el cierre en falso de la investigación, operación orquestada por la Fiscalía del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), cuyo titular, Jesús Murillo, está preso desde agosto, acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la justicia.

 Para el actual Gobierno, la resolución del caso Ayotzinapa ha sido una prioridad. El primer Gobierno de izquierda en la historia del país ve en el ataque contra los estudiantes un crimen de Estado, ejemplo del clasismo de los regímenes anteriores, némesis de los movimientos disidentes. La primera decisión de López Obrador al llegar al cargo, en diciembre de 2018, fue precisamente crear la comisión. Aunque las familias de los 43 han criticado a veces la falta de avances, o los modos de la comisión, la situación ha mejorado. Los últimos dos años de mandato son claves para la resolución del caso.

26 de septiembre de 2014: el ataque

Un contingente de normalistas, como se conoce a los aspirantes de maestro en México, salió de la escuela de Ayotzinapa pasadas las 17.00 de aquel 26 de septiembre. Tenían una encomienda sencilla, habitual para los estudiantes: debían secuestrar autobuses para que ellos y sus compañeros del resto de las escuelas normales del país viajaran a Ciudad de México, días después, a conmemorar la matanza el 2 de octubre. Eligieron Iguala por una cuestión estratégica. Podían ir a otros sitios, Chilpancingo, sin ir más lejos, la capital, que está a pocos kilómetros de la escuela, pero fracasos anteriores les habían hecho pensar que era mejor ir a un lugar donde la policía no estuviera tan pendiente.

Los estudiantes viajaron desde la escuela en dos autobuses que ya tenían secuestrados de antes. Llegaron a la entrada de Iguala y se separaron. Unos se quedaron en una caseta de peaje y otros acudieron a la terminal del municipio. Después de una trifulca con algunos choferes y trabajadores, los que estaban en la caseta acudieron también a la terminal. Al cabo de un rato, todos salieron de allí, con los autobuses originales, más otros tres que secuestraron. La idea era salir de la terminal antes de que llegara la policía.

Eran en total cinco vehículos. Tres salieron hacia el norte y dos hacia el sur. Los primeros pasaron por el zócalo, donde el alcalde, José Luis Abarca, y su esposa, celebraban un acto político. Desde allí hasta el norte del Periférico, avenida que rodea la ciudad, policías municipales de Iguala persiguieron los tres autobuses. En el cruce con Periférico, les cruzaron unas camionetas. Los policías empezaron a disparar. Un estudiante, Aldo Gutiérrez, cayó herido por un disparo en la cabeza que le dejó en coma. No ha vuelto a despertar. Otros tantos quedaron heridos. Los policías se llevaron a todos los muchachos del último autobús del convoy. Eran alrededor de 20.

 Los dos vehículos que salieron hacia el sur lo hicieron con algo de distancia entre ellos. El primero alcanzó a llegar a la salida de Iguala, frente al Palacio de Justicia. Allá, policías municipales detuvieron el vehículo, rompieron los vidrios y tiraron gases lacrimógenos para obligar a los estudiantes a salir. Se llevaron a todos, un grupo de 12 a 15. El segundo se quedó unos metros atrás. La Policía Federal lo detuvo y obligó a los muchachos a salir. Ellos huyeron por barrios de las afueras de Iguala.

En el primer escenario, los estudiantes que quedaban allí se reagruparon. Pidieron ayuda a compañeros de la Normal y otros maestros de Iguala. Prepararon una rueda de prensa. Rodearon los casquillos con piedras para que la Fiscalía tomara nota. Pero al filo de la medianoche, con media docena de periodistas presentes, un grupo armado atacó a la multitud. Dos estudiantes murieron allí y otros tantos resultaron heridos. El cuerpo de un tercer normalista apareció al día siguiente en un camino cerca de allí, con el rostro desfigurado. Los investigadores creen que además de los estudiantes que la policía de Iguala se llevó de los dos autobuses, ellos y sus socios criminales pescaron otra decena de muchachos en ese escenario, después del segundo ataque, y en los barrios periféricos de las afueras de Iguala, cerca del Palacio de Justicia.

La construcción de la “verdad histórica”

En octubre de 2014, Tomás Zerón era la estrella de los investigadores. El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía federal había asumido las pesquisas a principios de mes y desde entonces mandaba y dirigía. No tardaron en llegar los primeros resultados. El 7 de noviembre, su jefe, el fiscal Murillo Karam, compareció ante los medios para plantear un relato de los hechos, según el cual, policías de Iguala y el pueblo vecino de Cocula, asociados con Guerreros Unidos, habían atacado a los estudiantes. Los policías se los habían llevado de los autobuses y los habían entregado a los criminales. Estos los habían matado, habían quemado sus cuerpos en un basurero y habían arrojado los restos al cercano río San Juan.

Murillo, con Zerón presente, apoyaba su narrativa en las declaraciones de integrantes de Guerreros Unidos detenidos en las semanas anteriores. Además, explicó, buzos de la Armada habían encontrado en el río bolsas de plástico con restos óseos humanos. La explicación de los buzos cerraba el relato de los sicarios. La Fiscalía había resuelto el caso en tiempo récord y el Gobierno de Peña Nieto, cuya imagen había protagonizado la portada de la revista Time meses atrás, podría seguir brillando.

En las semanas y meses siguientes, la discusión se centró en la hoguera, si aquel basurero había podido albergar un fuego de las características necesarias para quemar a 43 personas. Las familias dudaban. El equipo de forenses argentinos, que había llegado a México a analizar posibles escenarios y restos, dudaba, igual que el grupo de expertos que había comisionado la CIDH para investigar el caso. En enero de 2015, Murillo y Zerón comparecieron de nuevo ante la prensa para dar detalles que, a su juicio, apuntalaban la teoría del basurero. Murillo zanjó su intervención diciendo: “Esta es la verdad histórica de los hechos”.

Pero la verdad histórica no tardó en mostrar sus grietas. Sucesivos informes del equipo argentino y la CIDH defendían que no había forma de que el basurero hubiera albergado una hoguera para quemar a 43 personas. El equipo de la CIDH señaló además que los muchachos se habían movido en cinco autobuses. Hasta ese momento, mediados de 2015, se desconocía la existencia del quinto vehículo, uno de los dos que salieron de la terminal por el sur, el que la Policía Federal había desalojado junto al Palacio de Justicia. Las investigaciones actuales señalan que es probable que ese autobús tuviera escondido un cargamento de droga.

Más informes de organismos internacionales ampliaron las fisuras. En 2016, un segundo documento elaborado por el grupo de la CIDH denunció que Zerón había trasladado de manera ilegal a un detenido al río San Juan en las primeras semanas de la investigación, a finales de octubre de 2014. Con el tiempo y el cambio de guardia en la Fiscalía, los investigadores descubrieron que Zerón había orquestado la colocación de restos de al menos uno de los estudiantes en el río. El escenario del basurero y el río San Juan, dicen ahora los investigadores, fue un montaje, un relato falso para cerrar el caso y atajar el clamor social que invadía México en las semanas posteriores a la desaparición de los 43.

Criticado por las familias, insostenible políticamente, Zerón dimitió en septiembre de 2016. Murillo había dimitido mucho antes, en febrero de 2015. En 2018, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México publicó un nuevo informe que denunciaba la tortura de decenas de detenidos por el caso. Antes y después de dimitir, Zerón siempre defendió su trabajo. Para ello, solía convocar a reporteros a su oficina. En una ocasión, el funcionario sacó un enorme archivador que contenía, entre otras cosas, fotos de hogueras en campos de concentración nazis. Era, a su entender, la prueba de que la pira del basurero había sido real. La actual administración de la Fiscalía lo acusa, entre otros delitos, de tortura y desaparición forzada.

Murillo en prisión

De mediados de 2016 al cambio de Gobierno, en diciembre de 2018, el caso Ayotzinapa quedó en el limbo. Nada se movía. Los 43 seguían desaparecidos. El hallazgo de huesos de uno, bajo la guardia de Zerón, estaba comprometido por las sospechas de montaje. Pero la aparición de una comisión especial para el caso, ya con López Obrador en el Gobierno, y la creación de una unidad especial en la Fiscalía, dieron vida a las pesquisas. En junio de 2020, los investigadores encontraron un trocito de hueso de uno de los 43 en la barranca de La Carnicería, un paraje a casi un kilómetro del basurero. Al año siguiente encontraron allí mismo un trocito de hueso de otro estudiante. Se enterraba así la verdad histórica.

 El problema, sin embargo, persistía. Si no los habían quemado en el basurero, ¿qué pasó con ellos? ¿Estaban vivos, aunque fuera algunos? Más aún, ¿por qué les habían atacado con tanta saña? ¿Por qué desaparecerlos si al fin y al cabo ya habían recuperado el autobús con la droga? Aunque el grado de certeza no es absoluta, son preguntas para las que empieza a haber respuestas.

La comisión presidencial asume que los muchachos están muertos y que el ataque se produjo, más allá de la droga, porque los criminales de Iguala pensaron que un grupo contrario les atacaba, como represalia a un enfrentamiento semanas antes en un pueblo minero de la región. La comisión dice que no hay prueba alguna de que los estudiantes fueran parte de ningún grupo criminal. También señala que policías entregaron a los muchachos al crimen, que los separaron en grupos, mataron a la mayoría y esparcieron sus restos en diferentes lugares.

En las últimas semanas, el caso parecía una montaña rusa. La detención del viejo fiscal, Jesús Murillo, y la presentación del informe de la comisión han sacudido el entendimiento que se tenía del caso. La comisión ha acusado a un general del Ejército de ordenar la muerte de seis de los 43, que habrían sido mantenidos con vida durante varios días después del ataque. El general está preso desde este miércoles. La participación activa de militares en el ataque cambia la lógica que se había manejado, un problema de policías corruptos y delincuentes crueles. Si los militares se implicaron en la cacería, ¿a qué nivel de la Administración llegaban los tentáculos del crimen?"                       (Pablo Ferri, El País, 18/09/22)

El Gobierno de México asegura que un coronel ordenó asesinar a 6 de los 43 normalistas de Ayotzinapa días después de desaparecer... Es la primera vez que se señala la participación activa de militares en la desaparición

 "El Gobierno de México asegura que un coronel del Ejército, José Rodríguez, ordenó asesinar a seis de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Así lo ha dicho este viernes Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, encargado de la comisión presidencial que investiga el caso. “Se presume que seis de los estudiantes estuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos”, ha dicho Encinas, en referencia al día del ataque, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. “Y que fueron ultimados y desaparecidos por órdenes del coronel, presuntamente el coronel José Rodríguez”. Es la primera vez que el Gobierno señala la participación activa de los militares en el ataque contra los estudiantes.

El informe de la comisión sobre el caso, presentado la semana pasada, sugería que un grupo de estudiantes había sido mantenido con vida tras el ataque. Pero las palabras de Encinas este viernes elevan el grado de probabilidad. A partir de la página 88, el informe reproduce un cuadro en que señala el posible destino de los estudiantes. Ahí señala que “el coronel había comentado que ellos ya se habían encargado de seis estudiantes que habían quedado vivos”. En la presentación del informe, Encinas no dijo que el coronel era “presuntamente” Rodríguez.

El coronel Rodríguez era el comandante del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, en el momento del ataque. Ascendido a general durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), no es la primera vez que su nombre aparece vinculado al grupo criminal que perpetró el ataque, Guerreros Unidos. Las declaraciones de uno de los testigos protegidos del caso, cuyo nombre se aireó en numerosas ocasiones, Gildardo López, alias El Gil, presunto integrante del grupo y parte de la red de atacantes, ya señalaban a Rodríguez. El Gil ha dicho estos años que Rodríguez estaba en la nómina de Guerreros Unidos.

En la comparecencia de este viernes de Encinas, el subsecretario ha pasado diapositivas en que se ve el presunto contacto de Rodríguez con un integrante de Guerreros Unidos la noche del ataque. En la diapositiva se ve que El Chino “reporta” al coronel. Y que el coronel “da órdenes y coordina” con él. En la imagen se aprecia también contacto de El Chino con el capitán José Martínez Crespo, actualmente preso, acusado de delincuencia organizada, por su presunta colaboración con Guerreros Unidos. Según ha podido saber EL PAÍS, Rodríguez es uno de los buscados por la Fiscalía después del anuncio de que la agencia investigadora ponía en búsqueda y captura a 20 militares el viernes pasado.

 Encinas ha dedicado la primera parte de su comparecencia a responder a las críticas al informe, que concluye que la desaparición de los 43 estudiantes en el Estado de Guerrero en 2014 fue un “crimen de Estado”. El subsecretario puso de manifiesto el día de la presentación, el 18 de agosto, lo que hasta ahora no había expresado en público ningún alto funcionario del Gobierno mexicano: que no hay indicios de que los estudiantes sean encontrados con vida. “Muchas de las críticas que se plantean muestran que el documento no se ha leído”, ha apuntado Encinas. “Este informe es el resultado de un proceso de investigación y de análisis técnico y científico, pero sí, también hay un contenido político”, ha continuado el funcionario, “pues esclarecer un crimen de Estado es un asunto que hemos encarado con convicción y voluntad política”.

El informe fue elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia puesta en marcha hace tres años y medio por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. El objetivo del órgano es esclarecer qué pasó con los estudiantes desaparecidos en el municipio de Iguala en 2014 y dónde están sus restos. Tras la desaparición de los 43, el Gobierno de Enrique Peña Nieto se apresuró a presentar un relato que planteaba que los estudiantes habían sido ejecutados y quemados en un basurero, y sus restos habían sido despojados en un río. El entonces fiscal Jesús Murillo Karam —detenido un día después de que se difundiera el reciente informe— usó él mismo el término “verdad histórica” para presentar esa tesis en 2015.

El subsecretario ha marcado “una diferencia sustancial y de fondo” con la narrativa elaborada durante la Administración pasada: “La verdad histórica se sustentó en las declaraciones obtenidas mediante tortura, en la fabricación de pruebas y la manipulación de la escena del crimen. Nosotros no torturamos absolutamente a nadie”. La investigación cuestiona, además, aquella versión. El documento niega que los estudiantes fueron “detenidos, ejecutados y quemados en el basurero de Cocula” y que sus restos fueron “esparcidos en el río San Juan”, desmiente “que la desaparición fue un hecho fortuito”, “que los estudiantes fueron llevados a la comandancia municipal de Iguala” y que fueron “entregados por la policía a Guerreros Unidos”, y rechaza “que la desaparición la ordenó El Gil”.

El subsecretario ha precisado que la investigación, que continúa en marcha y que aún no esclarece el destino de los estudiantes, presenta una reconstrucción “minuto a minuto” de lo que ocurrió entre las diez de la noche del 26 de septiembre y las seis de la mañana del 27, desde que los estudiantes salieron de la escuela normalista de Ayotzinapa hasta su desaparición: “Hemos podido determinar la forma en la que se articuló el grupo delictivo de Guerreros Unidos con autoridades de distintos órdenes del Gobierno. Hemos acreditado cómo, en todo momento, las autoridades hicieron el seguimiento de las acciones de los estudiantes, quienes eran monitoreados desde días previos por las movilizaciones que se iban a realizar el 2 de octubre en Ciudad de México, y cómo estuvieron al tanto de su salida de la escuela normal, su llegada a Iguala y de los hechos que precedieron a la desaparición”.

 Según el informe, eso acredita no solo “responsabilidades por acción, omisión o negligencia” sino también “el involucramiento de autoridades en la desaparición de los normalistas”. Tras la presentación del documento, un juez ordenó la detención de 20 “mandos militares y personal de tropa” y la captura de 44 policías, 14 presuntos delincuentes, integrantes de Guerreros Unidos, y cinco “autoridades administrativas y judiciales” del Estado de Guerrero. Este viernes, Encinas ha señalado que el Gobierno espera que se ejecuten otros arrestos “en las próximas horas”.                  (Pablo Ferri , Constanza Lambertucci , El País, 26/08/22)

Nacif, un poderoso empresario del sector textil mexicano, aparece en el centro de la trama de explotación sexual infantil que destapó Cacho en su libro Los Demonios del Edén

 “Sí, lo reconozco”. Así anunció la periodista Lydia Cacho la detención del empresario Kamel Nacif Borge en Líbano, país al que el hombre había huido desde que hace dos años la Justicia mexicana emitiera una orden de busca y captura por su vinculación con los delitos de detención ilegal y tortura contra la cronista en 2005. Nacif, un poderoso empresario del sector textil, aparece en el centro de la trama de explotación sexual infantil que destapó Cacho en su libro Los Demonios del Edén.

 “Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura, compró niñas pequeñas para prostituirlas, lavó dinero y evadió al fisco en los Estados Unidos”, anunció la periodista el jueves por la noche a través de su cuenta de Twitter. Las autoridades libanesas han retirado el pasaporte a Nacif y se encuentra en libertad bajo fianza, según la información de la propia Cacho, que también ha anunciado que viajará a Líbano para la próxima audiencia, el 15 junio, para “demostrar cómo un empresario vinculado a las más altas esferas del poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de adultas en la explotación laboral. Lavador de dinero, operador del Senado Mexicano”.

 El juicio abierto contra Nacif se suma a la detención y encarcelamiento del exgobernador de Puebla Mario Marín en febrero de este año. Marín está acusado de ordenar las torturas y la detención ilegal de la periodista. El juicio contra el exgobernador es el primer caso de un alto cargo del Gobierno que es llevado ante los tribunales por un delito de tortura relacionado con la libertad de expresión de un periodista.

En su denuncia, Cacho apuntó a una red de explotación sexual de niñas y niños de entre cuatro y 14 años de edad a cargo de los empresarios Jean Succar Kuri y el propio Nacif. Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente por un grupo de policías el 16 de diciembre de 2005 en Cancún (Quintana Roo) y trasladada en vehículo hasta la ciudad de Puebla. En el trayecto fue torturada y acusada de difamación por la Fiscalía de Puebla. La acción fue ordenada por el entonces gobernador Marín.

Su relación con los empresarios señalados fue destapada en flagrancia tras la publicación de una grabación en 2006 en la que el exgobernador le garantizaba impunidad a Nacif. Fue nada más comenzar su mandato. Nacif le agradecía que hubiese detenido a la periodista que le acusaba de participar en una red de explotación sexual infantil. Marín le aseguró al empresario que Cacho recibió “un pinche coscorrón”, no sin antes pedirle a su amigo “dos botellas de coñac” a cambio del favor y asegur que en Puebla “se respeta la ley”.

La grabación fue un gran escándalo político de México, pero sin consecuencias legales hasta pasados casi 15 años. La grabación fue uno de los fundamentos para que un tribunal de Quintan Roo emitiera en 2019 órdenes de aprehensión en contra Mario Marín, Kamel Nacif y el exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán. Años antes, y ante multitud de más denuncias por acoso y amenazas de muerte, Cacho se vió obligada a salir de México y refugiarse en el extranjero, desde donde continuó insistiendo en el farragoso proceso judicial."             (David marcial Pérez, El País, 14/05/21)

Su hijo Manuel desapareció en febrero en 2013. “Se lo llevaron policías estatales de un antro”, explicaba la mujer. En noviembre del año siguiente desaparecieron los otros seis. Yaneth, su hija, Arturo, Javier y Rogelio, sus hijos, y Sergio Adriana, hijos de Yaneth y nietos suyos...

 "En una carpeta de cartulina amarilla, la señora Martha Castillo guardaba este lunes siete carteles de papel duro. En cada cartel aparecía una cara distinta, unos rasgos, unos recuerdos. Son Manuel, Yaneth, Javier, Arturo, Rogelio, Adriana y Sergio. Son sus hijos y nietos. Todos desaparecieron entre 2013 y 2014 en Tamaulipas y la señora Castillo trata de saber qué fue de ellos.

Con 56 años y evidentes problemas de salud, Castillo es parte del colectivo de familiares de desaparecidos que se mantiene en la toma de la sede de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, en Ciudad de México. Llegó la semana pasada con sus compañeras. Y atestiguó con ellas la llegada del colectivo feminista Ni Una Más, que se ha hecho fuerte en la instalación. Los dos grupos comparten el espacio. Las primeras quieren soluciones para los casos de sus familiares desaparecidos. Apoyo económico en las búsquedas. Y sobre todo, respeto y empatía. (...) 

La toma de la CNDH es pues simbólica, no una queja dirigida a la institución, sino una llamada de atención, una muestra de hartazgo. De hecho, el grupo de Martha Castillo y Maria Icela Valdez mantienen a la vez un plantón en el hall de la CEAV. “Yo solo quiero que me ayuden a saber qué pasó con mi familia”, decía este lunes la señora Castillo. 

Su hijo Manuel desapareció en febrero en 2013 en Reynosa, en la frontera entre Tamaulipas y Texas. “Se lo llevaron policías estatales de un antro”, explicaba la mujer. Manuel tenía 19 años cuando sucedió. En noviembre del año siguiente desaparecieron los otros seis. Yaneth, su hija, Arturo, Javier y Rogelio, sus hijos, y Sergio Adriana, hijos de Yaneth y nietos suyos.

Hipertensa, este lunes la señora se sofocó a media tarde y tuvo que subir a una ambulancia estacionada junto a la CNDH. Maribel Medina, una de sus compañeras, terminó de explicar su historia. “A los seis se los llevaron de la casa de la hija -Yaneth-. Los trabajadores de un taller que había enfrente dicen que llegaron camionetas con gente armada y se llevaron, primero a Yaneth, un hermano suyo y sus hijos. Los otros dos hermanos de Yaneth habían salido por unas medicinas y cuando volvieron se encontraron todo el revoltijo. Ese mismo día más tarde, las camionetas volvieron y… se los llevaron también”.

Martha Castillo se arruinó. Los que se llevaron a los seis pidieron rescate y ella vendió lo que tenía y les pagó dos millones de pesos. Pero no aparecieron. Acudió a la fiscalía local, pero le metieron miedo. Le dijeron que “ya no los iba a encontrar, que ya estaban muertos”. Y no insistió. Luego conoció a Maribel y las demás compañeras y se agarró de ellas para tratar de encontrar justicia."                 (Pablo Ferri, El País, 08/09/20)

“Los capos de la delincuencia organizada mexicana están en la calle y en el gobierno”

"Es difícil imaginar como  México -incluso  bajo un presidente con un mandato tan contundente como el de Andrés Manuel López Obrador –  va a salir de la pesadilla de violencia en la que se producen 80 asesinatos violentos todos los días y los periódicos amarillistas de la llamada “nota roja” viven de  títulos como: “¡Hecho pedazos en Ecatepec!”.

La última vez que  un presidente  mexicano llegó  al poder con un  compromiso por acabar con el terror, el resultado fue catastrófico. El presidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó el ejercito y militarizó la estrategia contra la delincuencia organizada . La retórica  de la nueva guerra contra los narcos funcionó políticamente durante un tiempo. Pero  luego se hizo balance: el numero de muertos se había cuadruplicado.

“La estrategia de uso exclusivo de la fuerza  fue un rotundo fracaso; 240.000 personas murieron directamente como consecuencia de ello”, dijo Alfonso Durazo Montaño, el senador electo por Sonora que acaba de ser nombrado  secretario de seguridad del  gobierno que AMLO liderará a partir de diciembre.

No solo esto; la guerra contra los carteles descabezó la delincuencia organizada que acabó fragmentándose en cientos de grupos violentos descontrolados. Ahora es casi imposible saber quienes son los responsables de los 25.000 asesinatos que se produjeron en el 2017 o los 6.500 secuestros. En México el 93% de los delitos no se denuncian debido al miedo y a la corrupción policial.

De ahí que la nueva estrategia para combatir  la violencia del nuevo gobierno va a suponer “un cambio de  visión”, explicó Durazo en una entrevista concedida  a La Vanguardia.  Estará enfocado, en primero lugar, a erradicar las causas socio económicas de la violencia y a combatir la cultura de impunidad que es la consecuencia de la corrupción.

La violencia “tiene raíces profundas ; necesitamos realizar un cambio profundo   de las condiciones sociales y económicas de la gente vulnerable ,y  mejorar radicalmente las oportunidades educativas y de empleo para los jóvenes”. 

El programa que López Obrador acaba de  pactar con grandes empresarios para que faciliten aprendizajes para 2,5 millones de jóvenes desempleados, -pagados por el estado federal- no es solo una medida laboral. Es un intento de reducir la reserva de mano de obra para los reclutadores  del  crimen organizado. Ocho de cada diez mexicanos encarcelados por delitos de narco trafico no terminaron sus estudios escolares secundarios..

Los adversarios de López Obrador lo atacaron en la campaña por “criminalizar “ la pobreza. Pero muchos expertos en políticas de seguridad  confirman la relación entre la crisis socioeconómica en México y el crimen. “No es que sea cuanto mas pobre , mas delincuente, eso no ; pero si tienes una familia rota, o padres delincuentes o alcohólicos es mas probable que un niño acabe siendo delincuente “, dijo Carlos Vilalta de Centro Geo en México..

 Y esos problemas sociales están relacionados con la crisis económica. “Muchos jóvenes en México se sienten estresados, enojados . Miran a sus padres qie cobran dos salarios mínimos (8 euros al día). Y si tienes 16 años ¿ qué es lo que piensas?  ¿Qué pasa con mi  futuro? Es un semillero de la violencia”, afirma.Dicho eso, “no hay que confundir la política social con las políticas de  seguridad y de prevención de la delincuencia “, explcia Vilalta

Estas ultimas serán responsabilidad de Durazo , de 63 años, estrecho colaborador de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial asesinado -probablemente por narco traficantes- en Tijuana en 1994. Durazo luego fue  secretario  de la administración del presidente  Vicente Fox (2000-2006) antes unirse al partido Morena de López Obrador. Los ejes principales de su programa son los siguientes:

Combatir la impunidad. “Tenemos que eliminar  la impunidad porque un delincuente sabe que tiene  el 94% de las posibilidades de salir ileso del delito; de modo que tenemos un circulo vicioso que une la corrupción , la impunidad y la inseguridad”, dijo. “No hay crimen organizado que no vaya de la mano de la protección policial o de algún funcionario”, dijo.

Profesionalizar las fuerzas policiales:  .  “Tenemos policías que tienen que  usar su propio dinero  para pagar la gasolina de sus coches de patrulla”, dice. “Es urgente mejorar los salarios y profesionalizar la policía; y vamos a poder encontrar fondos para esto mediante políticas de austeridad en la administración  pública”. 

Se pretende crear una red de academias de policías coordinada por una universidad central con el fin de duplicar el numero de personas que pueden  recibir formación al año. 

Se estudia también la creación de una patrulla fronteriza en la frontera del sur para ayudar a combatir la corrupción aunque Durazo  insiste en que la respuesta principal respecto a quienes llegan a la frontera con Guatemala para pedir buscar asilo será humanitaria y no polcial.

Utilizar tecnologías de intercepción contra operaciones financieras delictivas.  “La delincuencia es una activad básicamente económica así que vamos a usar inteligencia financiera para combatirlas”

Reconciliación y amnistía. “Vamos a convocar a miembros de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales, oenegés, representantes de grupos de derechos humanos, el Papa francisco, para  participar en una gran reflexión nacional . A partir de ese dialogo iremos elaborando una ley que pueda facilitar la amnistía en algunos casos,” dice.

La propuesta de amnistía fue criticada por los rivales de López Obrador en la campaña electoral y por lideres de movimientos ciudadanos contra la violencia como Javier Sicilia que advirtieron de  que agravaría el problema de impunidad. Pero , la amnistía será dirigía a grupos vulnerables que han sido “cooptados” por la delincuencia organizado estos incluyen, jóvenes desempleados  que trabajan de vigías o camellos para grupos de narcotraficantes, campesinos  de subsistencia que han optado por cultivar amapola o marihuana, indígenas y mujeres bajos ingresos. 

Entre 2015 y 2017 se duplicó el numero de mujeres encarceladas por delitos menores de trafico. Todos los participantes en el programa tendrían que participar en programas de  rehabilitación. “Serán  excluidos criminales violentos como asesinos, violadores, secuestradores“, dice Durazo.

La nueva estrategia se fundamenta en el concepto jurídico de   la llamada justicia transicional , utilizado en el  procesos de paz tras las guerras civiles en países como Colombia o Guatemala. “Nuestros adversarios dicen que vamos a liberar a los  grandes capos de  crimen organizado, como si estos ya estuvieran en la cárcel“, dice Durazo. “Pero los capos no están en la cárcel; están en la calle; y están en el gobierno”.                   

(Entrevista a Alfonso Durazo, el pròximo   secretario de seguridad mexicano de López Obrador, Andy Robinson , La Vanguardia, 25/07/2018)

La narcoguerra en sí es una empresa violenta y criminal. Quedarnos de brazos cruzados y verla propagarse es entrar al ámbito del silencio que envuelve a todas las muertes anónimas, agachar la cabeza y esperar nuestro turno. Porque la narcoguerra es tal como la diseña, la combate y la impone a otras naciones el gobierno de los Estados Unidos...

"Conviene copiar la justa y sentida dedicatoria de los editores: "Este libro representa también un homenaje a los y a las periodistas que desempeñan su trabajo aun arriesgando su vida y a los que han muerto, víctimas de esta guerra" (p. 9). 

También esta reseña quiere contribuir a ello. Lo mismo que la viñeta, en el libro incluida, de Antonio Helguera, "Morir en México" (p. 7), publicada inicialmente en La Jornada el 15 de marzo de 2010

Con las siguientes palabras empieza John Gibler su relato: "Los hechos son tan aterradores que rebasan los límites de todo lo creíble" (p. 11). Tiene razón, no exagera. Un ejemplo: "¿Quién creería, por ejemplo, que la directora de una prisión estatal dejaría salir en la noche a un grupo de asesinos convictos y les prestaría vehículos oficiales, fusiles de asalto automáticos y chalecos antibalas para que pudieran matar a decenas de inocentes en un estado vecino, cruzar rápidamente, la frontera estatal y regresar a la prisión, tras las rejas de una cortada perfecta?" (p. 11)

Sobre el autor: John Gibler (Texas, 1973) llegó a México como periodista independiente atraído por el movimiento zapatista y las movilizaciones sociales de Oaxaca el mismo año en que el presidente de la República, Felipe Calderón, declaraba "la guerra contra el narcotráfico". Era 2006, desde entonces reside en México. Es autor de Fue el Estado: los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa (2016) y Tzompaxtle: la fuga del guerrillero (2014).

La estructura del libro: cinco capítulos, cinco aproximaciones desde diferentes y complementarias perspectivas, a la temática (la historia del México más reciente y de sus numerosos mártires obreros y campesinos), más un epílogo para la edición española -"Terror de Estado y mercados de la muerte" (pp. 151-167)-, las fuentes usadas, los agradecimientos y la bibliografía. No es necesario en este caso un índice nominal y/o analítico.

Un comentario de los editores con el que se abre el libro: "Las cifras aumentan cada día. Este libro se nutre de un trabajo periodístico que finalizó en 2011, año de su publicación en Estados Unidos bajo el título To Die in Mexico, Dispatches from inside Drug War (City Lights). Por ello, muchas cifras se remiten a ese momento" (p. 9). 

A mediados de 2012, prosiguen, fecha de publicación de la edición mexicana de Morir en México (Sur+), "el número de muertos en la llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano alcanza los 60.000" (p. 9). La edición española no llegó hasta 2016.

 "Se calcula que para entonces la guerra contra el narco había dejado 175.000 muertos y casi 30.000 desaparecidos. Las cifras no dejan de aumentar. La guerra continúa" (p. 9). No es una metáfora: las cifras aumentan y la guerra contra los sectores más desfavorecidos del pueblo de México, y contra la ciudadanía en general, sigue en pie de horror y destrucción.

Una de las tesis del autor: "la guerra contra el narco no puede entenderse como un fracaso de varias décadas en la represión, sino más bien como una de las múltiples transfiguraciones de las nunca totalmente extintas guerras coloniales, como una forma muy productiva, racializada, de crear terror: produce riqueza, discursos de legitimidad, carreras personales, indemnizaciones, terror y muerte y muerte-en-la-vida" (p. 168). 

Otra más: "A menudo, el fracaso de la guerra contra el narco se presenta como la inevitable inferioridad de la política frente al poder del mercado. Pero, ¿acaso están separados? La política -la guerra- crea nuevos mercados y reestructura a los existentes" (p. 158).

 Una tercera: "Y esta es la guerra en la que debemos luchar. Contra un futuro de hambre, de migración forzosa y de mal disfrazado trabajo esclavo" (p. 149). No, propiamente, en la narcoguerra.

 "Porque la narcoguerra -tal como la diseña, la combate y la impone a otras naciones el gobierno de los Estados Unidos- no es una guerra de creencias políticas, de manifiestos y declaraciones, una guerra por la patria, por la defensa de la nación o por la liberación" (p. 149).

 La narcoguerra es, señala Gibler, "una guerra subsidiaria por el racismo, la militarización, el control social y el acceso a toneladas de dinero en efectivo que la ilegalidad posibilita. La narcoguerra en sí es una empresa violenta y criminal. Quedarnos de brazos cruzados y verla propagarse es entrar al ámbito del silencio que envuelve a todas las muertes anónimas, agachar la cabeza y esperar nuestro turno" (pp. 149-150). 

La última consideración que recogemos, hay muchas otras de interés: "No debería sorprendernos que la industria maquiladora de Juárez se mantenga inmune a la muerte y al caos a su alrededor. 

Las maquiladoras y el narcotráfico son dos engranes de una sola economía, y en Juárez estos engranes se encuentran y giran juntos. Más de 2.000 camiones y 34.000 coches cruzan de Juárez a El Paso todos los días" (p. 136). Ya en 2009 "más de 42.000 millones de dólares en comercio legal atravesaron la frontera entre Juárez y El Paso" (p. 136). 

Se calcula que de 1,5 a 10 millones de dólares en drogas ilegales "atraviesan la frontera de Ciudad Juárez a El Paso todos los días. ¿Cómo crees que las drogas -paquetes voluminosos y pesados de cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas- atraviesan la frontera? ¿Dónde hay la infraestructura y la capacidad organizativa necesarias para transportar esa cantidad de mercancías?" (pp. 136-137).

No se lo pierdan. Vale la pena leer y sentir este Morir en México, más allá de sus coincidencias o no con algunas categorías, algunos nombres y algunas reflexiones político-filosóficas generales del autor de las que, yo por ejemplo, ando algo alejado en ocasiones. 

Les advierto, eso sí, que el descenso a las tinieblas no es en este caso una figura literaria más o menos afortunada. Tan real como la barbarie. Y una barbarie que no cesa.

Mientras escribía esta nota me llegó una información de una amiga argentina residente en los Estados Unidos: habían asesinado a Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en Sinaloa (el cuarto capítulo del libro se centra en este estado mexicano). 

El periodista y escritor fue muerto a tiros en Culiacán, capital del noroccidental estado de Sinaloa, proseguía la noticia. Valdez, quien en 2011 obtuvo el Premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas y el Maria Moors Cabot con el equipo del semanario Ríodoce, fue interceptado y atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por la calle. 

Valdez, experto en narcotráfico y violencia, fundador de ‘Ríodoce’ y autor de obras como Narcoperiodismo o Levantones, es el sexto periodista al que matan en lo que va de año (mayo de 2017). De 50 años, el periodista quedó tendido boca abajo en el pavimento, muy cerca de las instalaciones del semanario que fundó hace varios años.

Los otros nombres de periodistas asesinados en lo que va de 2017: 1. Cecilio Pineda (Guerrero) La Voz de Tierra Caliente. 2. Ricardo Monlui Cabrera (Veracruz) El Político/El Sol de Córdoba 3. Miroslava Breach (Chihuahua) La Jornada. 4. Maximino Rodríguez Palacios (BCS) Colectivo Pericú. 5.Filiberto Álvarez (Morelos) emisora La señal de Jojutla. Javier Valdez es el sexto. 

Hay más nombres que añadir. La muerte y el horror continúan."

/Fuente: Papeles de relaciones ecosociales y del cambio global, n.º 140, invierno de 2017/2018. En Salvador López Arnal , Rebelión, 23/02/18)

La academia de policía de Veracruz, centro de tortura

"Entre 2013 y 2016 en el Estado de Veracruz —segundo más poblado de México, con ocho millones de habitantes— un escuadrón de la muerte operó incrustado en la estructura del Estado bajo el argumento de combatir al cartel de los Zetas. 

La fiscalía de Veracruz ha reunido pruebas que indican, al menos, 15 desapariciones forzadas entre abril y octubre de 2013, pero tienen pruebas de que esta política se extendió en el tiempo.

Una juez ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas —toda la cúpula policial del Estado— al conocer las pruebas, principalmente notas internas entre los policías, las declaraciones de arrepentidos y el testimonio de la única persona que escapó de la siniestra Academia.

Por primera vez en México se lograría demostrar la existencia de un grupo paramilitar incrustado en la estructura del Estado que actuó de forma metódica en la desaparición de personas —jóvenes pobres a los que acusaban de colaborar con Los Zetas— siguiendo órdenes de superiores. 

Lo que en otras ocasiones eran sospechas —las matanzas estudiantiles de Tlatelolco en 1968 o Ayotzinapa en 2014—, esta vez tiene nombre y apellidos.

 La investigación, conducida por un valiente fiscal de 27 años, Luis Coronel, ha fundamentado el caso bajo la teoría de la “autoría mediata” por la que fue condenado Fujimori en Perú y que implica que los altos mandos son responsables de las políticas ejecutadas por sus subordinados.

La academia de policía, centro de tortura

La historia del horror en América Latina puede escribirse en el sótano de un cuartel militar. En el de la Escuela de Mecánica (ESMA) de Buenos Aires, en el Palacio de la Moneda de Chile o en el de los servicios de inteligencia peruanos durante la época de Fujimori.

Desde hoy, México tiene su símbolo en la Academia de Policía de Veracruz. Un tenebroso lugar al que se accede después de pasar un enorme arco gris protegido por dos desganados policías.

Cuando unos años después de pasar por aquí, Jaqueline Espejo se encontró a su torturador en la calle, solo balbuceó dos palabras. 

Con ayuda de psicólogos había borrado todo menos el olor a sudor y la voz aguardentosa de quien la sobó y golpeó hasta el amanecer en la Academia para que confesara que trabajaba para los Zetas. Ubicada a 12 kilómetros de la capital, Xalapa, alejada del casco urbano, en el municipio de El Lencero, la Academia de Policía ha sido durante años centro del poder policial y un buen sitio para hacer cualquier cosa.

De muros para afuera, durante muchos años, la Academia fue, como dice su web, un lugar de “amplias y funcionales instalaciones que se conjugan con la pródiga vegetación, brindando al alumno una agradable estancia, que contribuye a la preparación de una nueva generación de servidores públicos”. Había incluso un pequeño zoo con aves exóticas, un jaguar, un león y varios cocodrilos.

De muros para adentro, según la fiscalía, fue un lugar lo suficientemente discreto y seguro como para amortiguar los gritos de quienes, desnudos y encadenados, fueron torturados con bolsas de plástico, descargas eléctricas o palizas que duraban hasta la salida del sol.La fiscalía del Estado de Veracruz ha logrado la detención de toda la cúpula policial de Veracruz al demostrar cómo 15 jóvenes que habían sido dados por desaparecidos fueron, en realidad, detenidos y torturados dentro de las instalaciones, dice el auto de imputación de la fiscalía.

Todo indica que posteriormente fueron asesinados y arrojados a una fosa clandestina tras varios días de golpes. En el caso de Cecilia de la Cruz, de 17 años, fue violada por un comando entero, ocho hombres, dentro de una furgoneta que se estacionaba cada día en la Academia. 

“Sistemático y piramidal”. El sistema funcionaba más o menos de la siguiente forma: tres patrullas bien equipadas recorren la ciudad, ven a un joven sospechoso, lo detienen y lo interrogan. Posteriormente se lo entregan a un grupo especial que lo tortura durante varios días.

Todos ellos tenían entre 16 y 32 años y desde que se subieron a la patrulla no han vuelto a aparecer.La política de seguridad de uno de los Estados más violentos del país tenía dos patas: 

“Una oficial, pública y convencional, y otra ilegal y clandestina de combate a supuestos miembros de la delincuencia organizada”, según la fiscalía.Para ello se crearon dos escuadrones clandestinos dentro de la policía que trabajaban de forma piramidal y metódica en la desaparición de personas a las órdenes del temido Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de Veracruz, controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El primer grupo, la Fuerza de Reacción, se encargaba de localizar a los sospechosos, detenerlos y obtener la mayor información posible mediante la tortura y el abuso sexual. Posteriormente, los entregaba a un segundo grupo llamado Fuerza Especial, formado por exmilitares conocidos como Los fieles. Un destacamento de élite nunca reconocido oficialmente y dotado con las mejores armas y vehículos. El segundo grupo recibía a las víctimas y las trasladaba a la Academia, donde continuaban las torturas hasta que finalmente desaparecían los cuerpos.

Quienes fueron elegidos para participar en este 'selecto' grupo (los fieles) tenían un sueldo diez veces superior al de un policía de base y gratificaciones en efectivo o con licencias de taxi, cuya concesión gestiona la propia secretaría de Seguridad, según fuentes judiciales cercanas al caso.

La fiscalía aportó las notas internas que los policías enviaban a sus superiores, con apodos como Oso, Tigre o Black, cuyo objetivo era “informar a los mandos sobre el cumplimiento de las instrucciones”. Logró también la confesión de cuatro policías —hoy testigos protegidos— y gracias al rastreo de teléfonos de las víctimas se pudo saber que se prendían siempre por última vez en el mismo lugar: la Academia de Policía.

Las víctimas: pobres y jóvenes

Bibiana, de 17 años; Héctor, de 16; José Cruz, de 19; Jorge y Liberio, de 20… En los últimos años la policía veracruzana ha desaparecido a decenas de personas con el mismo perfil: pobres y jóvenes.Hay indicios de que en más de 200 casos participó la policía pero hasta el momento sólo se han conseguido probar 15 casos con nombre y apellidos y durante un periodo muy concreto: de abril a octubre de 2013. Durante este tiempo ninguno de los jóvenes que entró a la Academia salió con vida, excepto una mujer:

Jaqueline Espejo, un testimonio clave para entender la trama, y semioculta desde entonces.“Iba en un taxi mirando el celular pero cuando levanté la cabeza tenía una metralleta apuntándome la cabeza”, recuerda sentada en una cafetería sobre aquel jueves de octubre de 2013 cuando, a las diez de la noche, la policía se echó encima del vehículo.“Nos sacaron al taxista y a mí del carro, me subieron a una camioneta y me dijeron: como abras los ojos ya valiste madre. Luego me llevaron a la Academia y durante todo el trayecto fueron aplicándome descargas eléctricas”. Explica que allí recibió golpes durante cuatro días con una capucha puesta.

Parte de la tortura consistió en llevarla hasta el calabozo donde golpeaban al taxista, para que oyera sus gritos mientras se desangraba por la boca; le habían arrancado de un tirón el piercing de la lengua. Al tercer día, la sentaron en una mesa y cuando le quitaron la capucha tenía frente a ella decenas de ladrillos de marihuana para que confesara que los traía en el taxi.

“Pero no lo hice. Esa droga no era mía y yo no había hecho nada malo, ni colaboraba con los Zetas. Ahora deben estar arrepentidos de haberme dejado ir”, recuerda señalando la herida en el mentón que le dejaron. De Andrés Aguilar, el joven que la recogía cada día del trabajo en el coche, no se ha vuelto a saber nada.

Varios años después, un día que Jaqueline esperaba el autobús en una calle de Xalapa, un taxi se detuvo en el semáforo frente a ella. Cuando se fijó en el conductor descubrió que era uno de sus torturadores. Con más coraje que prudencia se acercó a la ventanilla del Nissan Tsuru y le espetó: ¿Por qué? “Estabas en el momento y el lugar equivocado. Cumplíamos órdenes”, le respondió el taxista antes de perderse en el tráfico.

El temido Bermúdez, jefe de la policía

“Está prohibido matar; por lo tanto, todos los asesinos son castigados, a menos que maten en grandes cantidades y al sonido de las trompetas”. Con esta frase de Voltaire, en alusión al Apocalipsis, comienza The Act of Killing, el premiado documental sobre Indonesia que mejor ha retratado la brutalidad de la tortura. La realidad es que la Academia de Policía es solo el símbolo de un ensordecedor coro de trompetas llamado Veracruz.

Las cifras ponen los pelos de punta. En los últimos cinco años se han denunciado 3.600 desapariciones y se han abierto más de 300 fosas clandestinas. Solo en una de ellas, Colinas de Santa Fe, se han encontrado 280 cráneos.En la investigación de la fiscalía hay un nombre que se repite una y otra vez a lo largo de 35 tomos: Arturo Bermúdez Zurita. Hasta que el gobernador Fidel Herrera (2004-2010) lo nombró director del centro de control C4, Bermúdez era sólo un prepotente empresario amigo de poderosos y dueño de hoteles y compañías de seguridad.

En 2012 su sucesor, Javier Duarte (2010-2016), hoy encarcelado por corrupción, lo ascendió a secretario de Seguridad con una única misión: frenar la violencia del cartel de los Zetas que dominaba el Estado. Entonces, el empresario empezó a vestirse con gorra de plato y traje de policía. En aquel momento —Veracruz en 2013— era —y es— un Estado penetrado hasta el tuétano por el narco y una de las zonas más peligrosas del país.

¿Es posible que un Gobierno desesperado, desbordado por el narco y escaso de recursos creara un grupo paramilitar para terminar con los narcotraficantes? “No hay que ser ingenuo”, responde el investigador, “no es casualidad que todos los desaparecidos, presuntamente, colaboraban con los Zetas. La policía no limpiaba de narcotraficantes la zona sino que hacía el trabajo sucio para el cartel Jalisco Nueva Generación”, añade recostándose en la silla. 

Bermúdez dimitió en 2015 y fue encarcelado por enriquecimiento ilícito cuando se descubrió que era propietario de varias casas en EE UU. Por aquel entonces la mitad de su escolta personal estaba formado por fieles.

Actualmente hay 19 policías encarcelados y 12 huidos para un juicio que podría ser histórico. Se demostraría por primera vez en México la existencia de maquinaria criminal incrustada en la estructura del Estado, cuyos mandos habrían puesto en marcha una estrategia para realizar desapariciones de manera sistemática.

La estrategia de Bermúdez es demostrar que no estaba enterado de lo que hacían sus hombres. Este periódico ha intentado recabar la opinión de su abogado pero declinó ser entrevistado con el argumento de que “no desea alentar la mediatización del proceso que se sigue”, explicó.

La semana pasada, decenas de madres protestaron frente a la Academia con ganas de tumbar los muros y empezar a excavar en los jardines.

 Las más optimistas están convencidas de que ahí están enterrados sus hijos. Las pesimistas piensan que aquel zoo con leones y cocodrilos de la Academia no era solo un exótico capricho del jefe de la policía.

El secuestro que ayudó a revelar el caso

Jacobo García

La desaparición en 2013 de Hugo Murrieta proporcionó la primera pista. A las 4:30 de la tarde del 16 de abril, Hugo estaba a punto de verse con un amigo en la plaza de Ocotepec, a 20 minutos de Xalapa, cuando un grupo de policías detuvo el carro que conducía y se lo llevó. Tenía 22 años y nunca más se volvió a saber de él.

“Buscaban droga en el taxi que trabajaba pero solo encontraron una patineta (monopatín)”, dice su madre Carmen Sánchez, una conocida vendedora de chiles en todo el pueblo.
Durante los últimos años Carmen ha buscado incansablemente a su hijo por todas las comisarías, morgues y fosas que se han abierto en Veracruz. 

“Aquella policía sembró el terror. Ni siquiera podías mirarles a la cara porque se te venían encima” recuerda. “Pero si al menos si supiera dónde está su cuerpo podría descansar tranquila”, dice al borde de las lágrimas, sentada la plaza de Ocotepec."                    (Jacobo García, El País, 24/02/18)

Los militares del 27 Batallón de Infantería participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se recuperaron casquillos del Ejército en el lugar de los hechos; está confirmada la intervención de la Policía Federal... para no dejar dejar testigos del tráfico de la heroína

"En entrevista con Clarín.cl Anabel Hernández (1971), presenta el libro La verdadera noche de Iguala: “Los militares del 27 Batallón de Infantería participaron en la desaparición de los estudiantes, se recuperaron casquillos del Ejército en el lugar de los hechos, ellos monitorearon el operativo desde el C-4; está confirmada la intervención de la Policía Federal, pero por qué, si querían masacrar a los jóvenes para darle un golpe político a la Escuela de Ayotzinapa te llevas a todos los estudiantes, ya estabas en eso.

 Pero se concentra la atención en los 2 autobuses y no en los otros 3, para mí la explicación está clara: un capo llamó por teléfono al 27 Batallón de Infantería de Iguala para ordenar a sus empleados: ‘ve y recupera mi droga, no me importa lo que hagas, recupera mi droga’, los muchachos fueron testigos del crimen, la acción del Ejército detonó la desaparición de los 43”. Las pruebas documentales estarán disponibles -a partir de enero- en la página: www.verdaderanochedeiguala.com

 

La semana pasada el periódico New York Times publicó fragmentos de un Informe secreto de la Procuraduría General de la República (PGR) que responsabiliza a varios funcionarios por ocultar y afectar la investigación judicial.

 Anabel Hernández tiene acceso al citado Informe de la PGR, a varios documentos, videos y fotografías para armar el rompecabezas del crimen en Iguala y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: “También está determinado por la PGR –en un informe secreto que no quieren revelar- que se cometieron abusos y violaciones contra los 4 albañiles que fueron acusados de asesinar y quemar a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula”; la periodista se refiere al Informe del Fiscal César Alejandro Flores, según la investigación de Anabel Hernández:

 “La orden presidencial era no hacerlo público, pero yo lo haré público, estamos creando una página de internet –donde a más tardar en enero- para subir esta documentación, explicada para los lectores interesados tengan acceso a todos los documentos”. 

MC.- Anabel, ¿cuál fue tu primera reacción al leer las noticias sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa?

AH.- Evidentemente era un caso muy importante, con la desaparición de 43 estudiantes de la noche a la mañana llegaron las primeras informaciones de la Fiscalía de Guerrero y el “yo no supe nada” del gobierno federal, inmediatamente despertaron la alerta roja.

 Antes de meterme de lleno a la investigación comencé a conseguir información documental del caso –a través de una fuente que yo tenía-, y me doy cuenta que el gobierno está diciendo muchas cosas falsas, que contradicen el propio expediente, fue cuando decidí hacer esta investigación patrocinada por la Universidad de Berkeley durante 2 años, viajaba a México 2 o 3 veces al mes para hacer la investigación documental y la investigación de campo. 

MC.- Cuando hablas de la investigación documental, recuerdo que fuiste la primera periodista en conseguir los videos del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, ¿el soporte multimedia comenzó a desbaratar la “verdad histórica” del gobierno? 

 

AH.- Sí, esas fueron las primeras contradicciones que encontré, porque tuve acceso a las primeras declaraciones ministeriales que rindieron los estudiantes sobrevivientes el 27 de septiembre de 2014, inmediatamente leí en dos declaraciones que hablan de la participación de elementos de la Policía Federal, el gobierno decía que no sabía nada, que se enteró 2 horas después; evidentemente si el gobierno está mintiendo, entonces pensé: ¿qué está escondiendo?; más adelante leí en las declaraciones de los estudiantes: “grabamos con nuestros celulares los videos de la agresión y los entregamos como pruebas”, durante los primeros días ni la PGR, ni la Fiscalía de Guerrero habían mencionado la existencia de esos videos. 

Uno de mis objetivos durante el primer viaje que hice a Guerrero era conseguir los videos, cuando hablé con los estudiantes en la Normal de Ayotzinapa y les pedí los videos –ellos no los habían mostrado a nadie-, se espantaron y me dijeron: “¿de dónde viene usted?, ¿cómo se enteró de los videos si es algo muy secreto?”, les respondí: “porque leí su declaración ministerial, por favor déjenme ver esos videos”, es ahí donde los estudiantes gritan: “ya se van los policías federales, nos van a querer fastidiar”. Esta prueba abrió una puerta muy grande para la investigación que seguí durante 2 años. 

MC.- ¿Cómo lograste construir la confianza con los estudiantes y las 8 familias de Iguala que ayudaron a los sobrevivientes?

AH.- Te voy a decir algo que fue muy frustrante para mí, por supuesto cuando veo las declaraciones ministeriales voy al lugar de los hechos, en la declaración describe lo que pasó, pero la calle está llena de vecinos y comercios, pareciera que el ataque ocurrió en la Sierra Madre Occidental, o en las montañas, no sé dónde. 

No, ocurrió en las calles de Iguala un viernes por la noche, era un rumbo súper transitado, hasta el señor que vende hotdogs vio todo lo que pasó, pero nadie los había llamado a declarar, a pesar de que el ataque fue un lugar público ni la Fiscalía, ni la PGR llamaron a declarar a ningún testigo: la chica que atendía la farmacia, la señora que vende hotdogs en la calle. 

Entonces, lo que hago es tocar puerta por puerta, creo que fui a Iguala 5 o 6 veces, tocando puerta por puerta, todos me decían: “yo no estaba aquí esa noche”, supuestamente con estos testimonios todos estaban con la tía, de vagaciones, de compras en México DF, o había nacido alguien, según los vecinos nadie estaba en la calle la noche del 26 de septiembre, de tanto insistir, de tocar puerta por puerta, comenzaron a salir personas que me invitaron a sus casas: “no ande preguntando esto en la calle”, por fin, los vecinos comenzaron a contarme las historias, algunos me compartieron videos y fotografías, la historia que cuentan los vecinos es terrible, hay un punto clave, de pronto me encuentro que diferentes vecinos -en diferentes casas, entrevistados en diferentes momentos- decían que no sólo dispararon los policías municipales, había civiles disparando y todos coincidían al decir: “parecían militares, por su corte de cabello, por su cuerpos en forma”, pensé: esos no son sicarios del narco, los capos nunca se toman la molestia de ejercitar a sus sicarios, ni de cortarles el cabello igual. 

Los testimonios de los vecinos fueron fundamentales, todavía dudé: “¿no estarán viendo mal?, tal vez comprendieron mal las cosas”, así me quedé muchos meses hasta que leí las primeras declaraciones ministeriales de los militares, donde el propio coronel del 27 Batallón de Infantería reconoce que él mandó a militares vestidos de civil a la escena del crimen, ahí comencé a comprender todo mucho mejor.

MC.- ¿Te refieres al coronel Ramírez que después de los crímenes en Iguala lo ascendieron a General?

AH.- Sí, Jesús Ramírez es un General Brigadier que ahora está en un buen puesto en la SEDENA (Secretaría de la Defensa Nacional).

MC.- Hablemos de los presuntos responsables, tú denuncias que fabricaron culpables con torturas y violaciones sexuales, ¿qué tan difícil fue llegar con los acusados de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa? 

 

AH.- Gracias a que conseguí los expedientes, en las declaraciones ministeriales de México –sea un culpable o una víctima- al final se registra en una carpeta, con una hoja los datos personales –cuando es un detenido deja su dirección y tiene derecho a la llamada telefónica con un familiar-, queda asentado el nombre del familiar y su número telefónico. 

Lo que hice fue comenzar a llamar a todos los números telefónicos registrados, pensé que los parientes de los detenidos se negarían a hablar conmigo, pero todos querían hablar, conversé con las esposa y las madres de los detenidos, después logré establecer contacto directo con ellos a través de sus llamadas telefónicas o cartas con sus testimonios que me enviaron desde prisión, evidentemente yo tomé esto con reservas, por supuesto, porque estamos hablando de que eran “los malos”, los acusados, supuestamente los más malos de todos, pero mis reservas cambiaron cuando comencé a ver los dictámenes médicos, yo no soy perito, pero cuando pregunté a los especialistas me dijeron: “estas son quemaduras”, y luego voy viendo un patrón, todos tenían marcas muy similares, entonces veo que es tremendo y fui la primera reportera que publiqué las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los detenidos, después me enteré que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU hizo su propia investigación y llegaron a las mismas conclusiones que yo, hay cartas de la Oficina de la ONU que enviaron a la representación de México en Ginebra, creo que el gobierno de México puede ser juzgado internacionalmente por dos casos: por la desaparición forzada de los 43 estudiantes, o por las torturas que infligieron a los presuntos culpables.

MC.- ¿Estableciste contacto epistolar o telefónico con el alcalde de Iguala detenido por ordenar la desaparición de los 43?

AH.- Pude hablar con su abogado y con sus familiares, después, a través de sus familiares pude acordar una entrevista telefónica con ellos. Todos los detenidos, incluso los presos en cárceles de máxima seguridad tienen derecho -cada 9 días- a una llamada telefónica de 10 minutos, fue así como pude hablar con varios de los involucrados.

MC.- ¿Cuál es el grado de responsabilidad del alcalde de Iguala?

AH.- Para mí la figura de José Luis Abarca es muy menor, hasta este momento se dice que su esposa María de los Ángeles Pineda lavaba dinero, se dice que sus recursos son de procedencia ilícita, incluida la plaza comercial en Iguala, pero hasta este momento, después de su detención, el gobierno no les ha podido probar nada, ni siquiera han podido decomisarles o asegurarles ni una propiedad, ni un automóvil, ni un anillo de oro de sus joyerías, no han podido decomisarles nada; la plaza comercial de los Abarca está funcionando como si nada, porque no les han podido probar ni un peso del dinero sucio.

 Yo no soy autoridad para decir: “lavó o no lavó dinero del narco”, pero es evidente que el gobierno no ha podido probar sus acusaciones y cualquier persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario.

MC.- Pensé que la plaza comercial de José Luis Abarca estaba en el esquema de enajenación de bienes…

AH.- No, para nada. Todos sus negocios siguen operando, el gobierno señala a los Abarca en conferencias de prensa como los culpables, están detenidos, pero hay una parte muy importante que revelo en mi libro: la PGR hizo una investigación interna de la investigación que se hizo sobre el caso de Iguala, en esta investigación interna ya está determinado por el Ministerio Público que tanto Abarca como su esposa fueron detenidos ilegalmente y que se violaron sus derechos humanos, incluso fueron víctimas de tortura; es una determinación del Ministerio Público, en mi libro viene la lista de los torturadores.

MC.- Es una lista impresionante de funcionarios y milicos, ¿a quién destacarías?

AH.- Muchos son marinos. Aquí viene la lista de quiénes son los responsables. También está determinado por la PGR –en un informe secreto que no quieren revelar- que se cometieron abusos y violaciones contra los 4 albañiles que fueron acusados de asesinar y quemar a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula

. Los principales acusados fueron detenidos ilegalmente y torturados, ninguna de estas personas podrá ser juzgada, no habrá un juez que pueda emitir sentencias por las graves violaciones de los derechos humanos y las detenciones ilegales.

MC.- ¿Conseguiste el Informe del Fiscal César Alejandro Flores?

AH.- Sí, lo tengo en mi poder.

MC.- ¿Existe algún recurso legal para que la PGR haga público el Informe del Fiscal César Flores?

AH.- La orden presidencial era no hacerlo público, pero yo lo haré público, estamos creando una página de internet –donde a más tardar en enero- para subir esta documentación, explicada para los lectores interesados tengan acceso a todos los documentos.

MC.- ¿Qué subirán a la página VerdaderaNochedeIguala.com?

AH.- Las fotografías, los videos y la documentación.

MC.- ¿La página web será un respaldo para difundir tu investigación si el libro no se vende en otros países?

AH.- No, habitualmente en mis investigaciones –por ejemplo Los señores del narco-, me gusta escanear las principales pruebas que tengo, sé que son investigaciones muy polémicas y los lectores podría decir: “esto no es posible”, por eso me gusta incluir los documentos, para que los lectores vean que no es una especulación, independientemente de la nota al pie de página. 

Dado el volumen de documentos era prácticamente imposible publicarlos todo, por lo tanto, decidimos no encarecer el libro y hacer en un formato más amigable la revisión de estos documentos, no sólo publicaremos la portada de cada documento en la página de Internet.

MC.- ¿Cómo dialoga tu libro con las investigaciones de Sergio González Rodríguez y Témoris Grecko?, ¿sus hipótesis de trabajo y metodologías son un complemento o contrapunto?

AH.- Es una pregunta complicada, yo habitualmente no juzgo, no comento el trabajo de los demás, yo les tengo un gran respeto. Lo que te puedo decir es que el trabajo de Témoris Grecko toma mucho en cuenta mis primeras investigaciones publicadas en la revista Proceso, podría decir que se basa en los inicios de mi investigación. 

Lo que te puedo decir es que yo intenté no contaminarme con nada, ni con los otros libros, ni con las otras hipótesis, porque yo tenía mi propia investigación que había iniciado antes que ellos y tenía mi propia ruta. Si comienzas a contaminarte de otras teorías pierdes objetividad, incluso te diría que me mantuve lejos de los familiares de los estudiantes desaparecidos, no tengo ninguna entrevista con ningún familiar, porque es muy doloroso por lo que están pasando, les tengo un gran respeto, pero yo no quería “prejuiciarme” con su dolor, quería mantener una visión independiente, hablé con los estudiantes sobrevivientes, pero no tomé su testimonio y me lo tragué como píldora, lo contrasté con otra información para ver si lo que me estaban diciendo era cierto, cuando les pregunté: ¿iban armados?, respondieron que no, los choferes de los autobuses confirmaron que los estudiantes no llevaban armas, de los autobuses no salió ni un balazo, sí aventaron piedras a las patrullas de la policía. 

Fui contrastando todo, no creí a ciegas en nadie, lo mismo pasó con los acusados, incluso con los documentos, necesitaba saber si eran reales o no, fue una investigación muy compleja al estar contrastando las diferentes versiones.

MC.- Siguiendo con la lógica de la pregunta anterior, ¿Pepe Reveles fue el primer periodista en denunciar la ruta de la heroína en la desaparición de los 43 estudiantes?, ¿cuál es tu conclusión del papel de la heroína en la noche de Iguala?

AH.- Yo no vi en qué fecha comentó Pepe Reveles la relación de la heroína y los crímenes de Iguala. Yo vengo rastreando este tema desde hace tiempo, cuando comencé la investigación, pero realmente el primero que habla de manera más formal –yo lo estaba investigando, pero nunca lo hice público-, quien revela esta posibilidad de que al menos uno de los autobuses traía drogas fue el GIEI (Grupo Internacional de Expertos Interdisciplinarios) en su primer Informe de septiembre de 2015, ellos tenían la hipótesis del quinto autobús, y mi hipótesis desde el principio fue que los 2 autobuses de la empresa Estrella de Oro traían heroína. 

Ahora, la propia Visitaduría de la PGR está ordenando que los 2 choferes de los 2 autobuses sean citados a declarar porque se han contradicho en sus declaraciones y para que se inspeccionen los 2 autobuses, porque son los 2 camiones donde desaparecieron los 43 estudiantes.

MC.- ¿El móvil de la desaparición era no dejar testigos del tráfico de la heroína?

AH.- Sí, para mí es el móvil que explica todo. Los militares del 27 Batallón de Infantería participaron en la desaparición de los estudiantes, se recuperaron casquillos del Ejército en el lugar de los hechos, ellos monitorearon el operativo desde el C-4; está confirmada la intervención de la Policía Federal, pero por qué, si querían masacrar a los jóvenes para darle un golpe político a la Escuela de Ayotzinapa te llevas a todos los estudiantes, ya estabas en eso. 

Pero se concentra la atención en los 2 autobuses y no en los otros 3, para mí la explicación está clara: un capo llamó por teléfono al 27 Batallón de Infantería de Iguala para ordenar a sus empleados: “ve y recupera mi droga, no me importa lo que hagas, recupera mi droga”, los muchachos fueron testigos del crimen, la acción del Ejército detonó la desaparición de los 43.

 Es muy lógico, porque hasta las 10:30 de la noche no se tenía la orden para desaparecerlos, había 3 estudiantes heridos de bala –Aldo, Fernando y otro muchacho que ahora no recuerdo pero perdió los dedos de una mano por los balazos-, si la orden era desaparecerlos desde el principio en ese momento los asesinan, pero los llevan a los hospitales, los policías municipales de Iguala llamaron a la Cruz Roja y se lleva a los heridos, no había orden de desaparición, es hasta después, lo tiene claro Fernando Marín, el único sobreviviente del tercer autobús, el testigo clave declaró: “yo no entiendo cómo me salvé, me llevó la ambulancia y lo último que veo es al Cochiloco y a uno de mis compañeros tirados en la banqueta”. 

De pronto, veo un video de las 11:15 de la noche y súbitamente todas las patrullas desaparecen, las sirenas que se veían en las calles se mueven, ahí ocurre la desaparición, a esa hora el Ejército ya tenía el control total de Iguala, las piezas del rompecabezas se van armando, no hay duda: el Ejército participó.

MC.- Finalmente, tú afirmas que la heroína no era del cártel Guerreros Unidos, ¿a quién le pertenecía la droga?, ¿tienes el nombre del cártel?

AH.- He decidido reservarme esa información, porque estoy esperando, ojalá que mi libro pueda detonar que alguien informe cuál fue el paradero final de los estudiantes, dejo una puerta abierta para que alguien se acerque, alguien haga el contacto y señalen cuál fue el destino final de los 43 estudiantes.

Fuente: http://www.elclarin.cl/web/entrevistas/20943-anabel-hernandez-publicare-el-informe-secreto-sobre-la-desaparicion-de-los-43-estudiantes-de-ayotzinapa.html

(Entrevista con la periodista Anabel Hernández, Mario Casasús  , El Clarín (Chile), en Rebelión, 20/12/16)