La muerte de 19 migrantes reabre el debate sobre la complicidad de la UE en las violaciones de Derechos Humanos... Doce de los 22 de inmigrantes empujados por las unidades fronterizas griegas, despojados de sus ropas y zapatos, han muerto congelados. La UE es irremediable, débil y vacía de sentimientos humanos

“Ipsala, frontera entre Turquía y Grecia. Doce de los 22 de inmigrantes empujados por las unidades fronterizas griegas, despojados de sus ropas y zapatos, han muerto congelados. La UE es irremediable, débil y vacía de sentimientos humanos”. El mensaje soltado en Twitter el pasado 2 de febrero no pertenece a un activista indignado ni a una red de ONG. Lo escribió Süleyman Soylu, ministro de Interior de Turquía. El recuento final elevó los cuerpos congelados a 19.

Aunque el Gobierno griego califica las acusaciones de “falsa propaganda” y Ankara utiliza sus fronteras como principal arma de negociación frente a Bruselas y Atenas, lo que cuenta Süleyman Soylu es coherente con las denuncias de cientos de migrantes recogidas por las organizaciones de derechos humanos.

Turquía cuenta con cerca de cuatro millones de refugiados y la frontera griega, ya sea a través de las islas del Egeo o de la frontera continental, son pasos obligados para miles de refugiados que quieren llegar a los países más ricos de Europa.

Los 19 migrantes fueron encontrados por las autoridades turcas sin zapatos y casi sin ropa. Según denuncian, la policía griega les había obligado a cruzar el río Evros, frontera entre ambos países, en una nueva devolución en caliente. El paso del río a la altura de Ipsala, donde fueron encontrados los cuerpos, es una ruta habitual de miles de migrantes que se exponen a los peligros del caudal del río y de las bajas temperaturas en invierno.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Migreurop, llevan años denunciando la complicidad de las instituciones de la UE con la violación sistemática de derechos humanos en las fronteras de la Unión y en los países de origen y de paso de la migración, donde ha recurrido a la externalización de las fronteras a golpe de talonario.

Según denunciaba Amnistía Internacional en junio de 2021, las devoluciones en caliente son una práctica habitual de Grecia: “Está claro que diversas autoridades griegas se están coordinando estrechamente para aprehender y detener a las personas que buscan seguridad en Grecia, sometiendo a muchos a la violencia y luego transportarlos a las orillas del río Evros antes de ser devueltos ilegalmente a Turquía”, explicaba Adriana Tidona, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional para Europa.

Esta investigadora insistía en que los “rechazos violentos se han convertido de facto en la política de control de la frontera griega en la región de Evros”. Las investigaciones de campo de Amnistía Internacional realizadas en el mismo sitio donde fueron encontrados los 19 cuerpos documentaron la utilización de palos, patadas, puñetazos, bofetadas y empujones y un uso sistemático de las devoluciones ilegales.

El 8 de febrero, las devoluciones en caliente volvían a ser noticia después de que la guardia costera turca rescatara a 95 migrantes que habían sido repelidos ilegalmente por las autoridades griegas. El presidente turco Tayyip Erdoğan prometió que haría públicas todas las devoluciones en caliente. Mientras, Grecia sigue negándolo todo y la Comisión Europea mira a otro lado.

Desde la ONG No Name Kitchen, organización que trabaja en diversos campos de refugiados en las fronteras europeas, dan credibilidad a las acusaciones de Turquía: “Desnudar a las personas en pleno invierno antes de una devolución ilegal es una de las prácticas comunes por parte de agentes de policía de países de la Unión Europea”.

Este tipo de prácticas no son exclusivas de Grecia. Según esta organización, la policía de Croacia, miembro de la UE desde 2013, quemó las posesiones y la ropa de migrantes antes de devolverlos ilegalmente fuera de las fronteras de la Unión. Según un informe Border Violence Monitoring Network de 2020, se trata de una práctica habitual y hasta el 40% de los casos registrados por esta red que optaron por la ruta balcánica sufrieron destrucción de sus posesiones.

Los testimonios recogidos por No Name Kitchen demuestran que no es raro que la policía prenda fuego a la ropa de las personas migrantes antes de devolverlas al otro lado de la frontera, “completamente desnudas, obligándolas a caminar sin ropa durante varias horas, a menudo en condiciones meteorológicas extremas, hasta la ciudad o refugio más cercano para buscar asistencia”.
Más que complicidad

La complicidad de las más altas instancias de la UE en las devoluciones ilegales y otras prácticas contrarias al derecho humanitario internacional es mucho más que una teoría. En diciembre de 2021, el director de Derechos Fundamentales de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), Jonas Grimheden, reconocía que este organismo podría estar implicado en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de la UE, especialmente en las devoluciones en caliente en Grecia. “Dado que Frontex apoya cada vez más a Estados miembros como Grecia y Lituania, el riesgo de que seamos cómplices de violaciones de derechos humanos es enorme”, señalaba al medio sueco Svenska Yle.

Y no se trata solo de que sabían qué estaba ocurriendo y no hicieron nada. Una investigación de revista alemana Der Spiegel, Report Mainz, Lighthouse Reports y la televisión Asahi y ARD demostró que unidades de Frontex habían estado involucradas en la devolución ilegal de personas refugiadas por los guardias fronterizos griegos, algo que confirmaban correos internos de Frontex filtrados. Entre las diversas acusaciones de esta investigación hecha pública a finales de 2020, un equipo de agentes suecos de Frontex fue testigo de una devolución ilegal y quiso reportar el incidente, como es su obligación. Pero un superior de la agencia trató de encubrirlo.

Las violaciones de los derechos humanos en las fronteras de la Unión no son exclusivas de la ruta griega o balcánica. En Libia, se ha cumplido este febrero cinco años desde que la Unión Europea firmó con este país un memorándum de entendimiento para externalizar el control de las fronteras y evitar la llegada de migrantes y refugiados a aguas europeas.

Desde entonces, 82.000 personas han sido interceptadas en alta mar por la Guardia Costera libia, una entidad acusada de todo tipo de atrocidades y de un “uso excesivo de la fuerza” por Stefano Turchetto, comandante de la Operación Irini de la Fuerza Naval de la Unión Europea Mediterráneo, según un informe confidencial publicado por AP. Maltratos, torturas, detención arbitraria, campos de concentración clandestinos, violencia sexual, trabajos forzados y homicidios son las prácticas habituales de las fuerzas libias con los migrantes que intentan llegar a Europa, según Amnistía Internacional. Ante estos escándalos, la Comisión Europea ha decidido aumentar la capacidad de actuación de la Guardia costera, que solo en 2021 interceptó 32.425 personas refugiadas y migrantes en el mar que fueron devueltas a Libia."         (El Salto, 10/02/22)

Uno de los supervivientes del naufragio en el Canal de la Mancha dice que cuando se hundían llamaron a la policía de Inglaterra y la de Francia. Las dos le dijeron lo mismo: llame a los otros. Enésimo ejemplo de la quiebra de los valores de Europa

Javier Espinosa @javierespinosa2

 Uno de los supervivientes del naufragio en el Canal de la Mancha dice que cuando se hundían llamaron a la policía de Inglaterra y la de Francia. Las 2 le dijeron lo mismo: llame a los otros. Enésimo ejemplo de la quiebra de los valores de Europa

"Exclusive: Migrant survivor says British coastguard ignored call for help" (Znar Shino and Fazel Hawramy, Rudaw, 29/11/21)

1:47 p. m. · 30 nov. 2021
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Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan? ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande?... "Hablan de 'tragedia' en el Mediterráneo, pero es una tragedia provocada"... "Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria"

"Juan Branco (Estepona, 1989) está convencido de lo que acaba de hacer. Es uno de los abogados que firma el escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que investigue a funcionarios y autoridades de la Unión Europea y los Estados miembros por la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo en los últimos años, así como los abusos que sufren en Libia.

"Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria", afirma tajante el letrado francoespañol desde su despacho en París en una entrevista con eldiario.es. "Ha sido un ataque sistemático contra una población civil", agrega. Está parafraseando, casi palabra por palabra, lo que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entiende por crímenes contra la humanidad.

 Junto al genocidio, los crímenes de guerra y de agresión, es una de las violaciones más graves del derecho internacional que pueden ser juzgadas por este tribunal internacional con sede en La Haya, que interviene cuando los países no pueden o no están dispuestos a investigarlas y perseguirlas.

Su denuncia ha sido difundida por medios de comunicación de toda Europa y ha sido aplaudida por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, pero también hay quien duda de que pueda llegar a prosperar, como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador del PSOE, quien ha asegurado en Twitter que "pese a las evidencias morales y políticas", existen "considerables dificultades técnico-jurídicas" a la hora de que la solicitud tenga recorrido.

Branco, que estuvo trabajando durante un año en la Fiscalía del tribunal internacional, defiende que la demanda es "muy viable y muy difícil de rechazar". "La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político", esgrime el jurista, encargado también de la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La Corte ya examina la situación en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011.

Tras la presentación del escrito el pasado lunes, la portavoz comunitaria Natasha Bertaud defendió que la UE "tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si sola" y subrayó que "no es la política europea la que causa estas tragedias", sino los traficantes que "explotan la miseria humana". Bertaud insistió en que el presidente Jean-Claude Juncker ha dicho que poner fin a la operación de salvamento en Italia Mare Nostrum en 2014, algo que los abogados identifican como momento clave, "era un gran error". "En lugar de culpar, hay que trabajar juntos", zanjó.

Han estado dos años trabajando en el escrito que presentaron en La Haya el pasado lunes. ¿Por qué decidieron emprender el proceso?

La organización Forensic Architecture contactó con nosotros. Había hecho un análisis de los que entonces todavía se llamaba "drama" en las costas libias y que mostraba cómo justamente actores de la Unión Europea habían dejado gente morir en lo que parecía una intervención muy extraña de los guardacostas libios. Nos preguntaron qué nos parecía desde un punto de vista jurídico. Empezamos a hacer trabajo de análisis y nos dimos cuenta de que es una política sistemática de la Unión Europea que podría ser juzgada.

¿Por qué considera importante que esa política llegue a la Corte Penal Internacional?

Es esencial porque hoy en día, políticamente, tiene ventajas emprender este tipo de acciones porque te permite resolver una cuestión que aparece como problemática en el espacio público, como las migraciones, sin pagar ningún coste. El problema es que la manera en la que la resuelven hoy en día los políticos y los dirigentes de la Unión Europea es a través de, simplemente, muertes.

Entonces, no les cuesta nada favorecer esas muertes porque no hay ningún tipo de imputación. Pero por eso se crearon herramientas como la Corte Penal Internacional, para evitar, precisamente, que políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia o cualquier método para obtener beneficios políticos.

 Cuando introducimos un riesgo para los políticos, por ejemplo de prisión, como es el caso de la CPI, evidentemente empiezan a integrar ese elemento en sus cálculos. Y piensan que tal vez no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han conllevado la muerte de 14.000 personas, en este caso. Tal vez, lo que no se tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora, como las denuncias de las ONG, quizás lo tengan más en cuenta.

Pero no es la primera vez que la situación del Mediterráneo llega a los tribunales. Hay casos que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la diferencia ahora?

Una decisión de Estrasburgo no acarrea consecuencias penales, en particular para los políticos. Entonces, evidentemente, pueden correr el riesgo, pueden jugar con ciertas políticas para ser reelegidos y pueden permitirse una condena de Estrasburgo. Pueden salirse con la suya. Ahora, si se enfrentan a un procedimiento penal, es mucho más difícil escaparse porque afecta a su vida individual, al igual que ellos juegan con las vidas de los migrantes. La diferencia es fundamental a nivel de culpabilidad, no es del Estado, sino del individuo.

¿Creen que es jurídicamente posible que la Corte Penal Internacional entre a juzgar a dirigentes de la UE por su política migratoria?

Demostramos que han llevado a cabo un ataque sistemático contra una población civil, las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo, y que estaban dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías, inclusive aliarse con mercenarios en Libia que han hecho el trabajo en su nombre. Ellos los han financiado y los han apoyado operacionalmente.

Han puesto en marcha una política extremadamente represiva sin que esto acarree ninguna responsabilidad jurídica porque oficialmente no eran ellos, sino los libios, lo que lo hacían. Nosotros desenmascaramos ese sistema y demostramos que la verdadera responsable de los crímenes masivos que tienen lugar en Libia –que el propio Macron ha calificado de crímenes contra la humanidad– es la UE.

¿Qué papel jugaría entonces Libia, un Estado que no forma parte de la CPI ni se ha adherido al Estatuto de Roma?

Es un papel de ejecutante. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando en Libia los crímenes cometidos contra migrantes, pero precisamente lo que nosotros queremos es que no se contente con los ejecutantes de las políticas, sino que vaya a buscar a quienes las han elaborado.

Libia no tiene ningún interés propio en estas políticas migratorias, las tiene porque han negociado con la Unión Europea toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas diversas. Ese sistema existe desde la época de Gadafi.

 El problema es que con la caída de Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar migrantes por decenas de miles y la sociedad europea estaba enfrentando una gran crisis económica.

Frente a eso, la Unión Europea reacciona con cierto pánico, intentando adoptar varias políticas sucesivas. Primero empezó por dejar a la gente morir, para disuadirla de cruzar. No funcionó porque los migrantes tenían más miedo de Libia que de morir ahogados. Además, las ONG los estaban rescatando, por lo que comenzó a criminalizarlas y a crear un segundo sistema, que fue de externalización de la gestión de las cuestiones migratorias a Libia. El problema es que la ha llevado a cabo con organizaciones criminales que cometen crímenes gravísimos de los que la UE se ha vuelto de facto corresponsable.

Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan?

Hay tres niveles de responsabilidad. Primero, los responsables políticos, que fijan sus objetivos políticos. Segundo, responsables administrativos dentro de la Comisión Europea y las direcciones generales, que han elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política. Luego están quienes ejecutan esa voluntad política, Frontex y otros, o del lado de Libia, evidentemente, los criminales que se asociaron con la Unión Europea.

En cada etapa, hay que determinar quién es el mayor responsable. ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande? ¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano? Depende mucho de lo que la investigación demostrara y de la capacidad de establecer quién, detrás de las apariencias, era el que pesaba más para llevar a cabo estas políticas.

 Evidentemente, el comisario griego de migración actual [Dimitris Avramopoulos] tiene una responsabilidad muy importante, de la misma manera que la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. Pero antes de establecer con precisión quién debería ser juzgado, se necesita una investigación, y pedimos que sea en estas tres dimensiones.

Acusan a la UE de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles serían, a su juicio, estos delitos?

Hay dos periodos. El primer período es la transición del programa Mare Nostrum a Triton, en el cual se comete asesinato directo, dejando morir por omisión -lo calificamos así-, a miles de personas a las que podían salvar y rechazaron hacerlo. 

La segunda parte son estos crímenes cometidos por Libia por aliados de la Unión Europea en los campos de detención. Los miembros de la UE se volvieron cómplices o coperpetradores. En ellos, como han denunciado muchos documentos de ONG, de la UE o de la ONU, hay tortura, asesinatos, violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias y muchos crímenes más.

¿Por qué consideran que el paso de la operación liderada por Italia Mare Nostrum, que salvó miles de vidas, a Tritón fue clave y es una de las pruebas que aportan para acusar a la UE?

Demostramos cómo los dirigentes de la Unión Europea eran perfectamente conscientes, antes de hacerlo, de que iba a provocar un auge inmenso de las muertes en el Mediterráneo. Lo decidieron de manera consciente porque consideraban que era prioritario poner fin a estos tránsitos migratorios aunque esto provocara miles de muertos. Lo hicieron justamente para adaptarse a una decisión del Tribunal de Estrasburgo, el caso 'Hirsi', que prohibía volver a llevar a territorios que no eran seguros a las personas rescatadas. Entonces, a partir de ahí, la Unión Europea decidió dejarlos en alta mar para no tener que acogerlos en sus países.

Esa fue la primera razón. La segunda fue simplemente disuadir a estas personas, pero no se puede usar la muerte para ello. Es el límite que marca el Derecho internacional penal. Se pueden llevar a cabo políticas migratorias más restrictivas o más abiertas según los intereses políticos de cada sociedad, pero un límite es el hecho de causar de manera consciente y voluntaria la muerte de miles de personas. Sea cual sea la opinión sobre las cuestiones migratorias, es un acto criminal no en el sentido moral, sino de la ley.

En el escrito repiten la misma idea, que tenían "conocimiento pleno" de las consecuencias de sus políticas. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación?

Nos apoyamos en documentos internos, inclusive de Frontex, que demuestran que los dirigentes europeos conocen la situación. Cuando ellos hablan de tragedia, la realidad es que fue una tragedia provocada.

Sin embargo, hay quien ha cuestionado la viabilidad jurídica y el recorrido que puede tener su denuncia ante la Corte Penal Internacional.

A nivel jurídico, no hay duda de que nuestra demanda es muy viable y muy difícil de rechazar. Hemos puesto mucho esfuerzo en que sea así, por eso hemos tardado tanto en hacerla pública. La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político. Pero esa es una cuestión que no nos incumbe ni es de nuestro interés. 

Nosotros consideramos que debe hacerse justicia cuando hay casos tan graves. La Corte ha juzgado pocos casos y ha llegado en uno de ellos a condenar a un individuo por la muerte de 30 personas [Germain Katanga]. Aquí estamos hablando de 14.000 muertes. Es uno de los casos, de lejos, más graves que la CPI tendría que tratar. No podemos anticiparnos pensando que por razones políticas no abriría una investigación.

Es una investigación muy fácil de llevar a cabo. Hay un acuerdo de cooperación entre la UE y la Corte que la autoriza a investigarla como quiera. Sería suficiente con que los funcionarios de la Corte fueran a las oficinas ministeriales y de la Comisión Europea de París, Bruselas, Roma y Berlín para investigar cuáles fueron las cadenas de responsabilidad que se establecieron. No es ir a investigar en un terreno de guerra, por lo que no hay razón para no hacerlo.

Es decir, se muestra confiado en que la demanda puede seguir adelante. 

Si la Unión Europea considera que es inocente, no debería oponerse a la investigación, que ya está abierta, para demostrar su inocencia. Me parece cada día más viable. La Comisión Europea ya ha reaccionado a través de su portavoz admitiendo los hechos que denunciamos: admitió que la UE cometió "un error" en su política migratoria que ha causado miles de muertos.

La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros intentamos demostrar, y creo que demostramos, que no fue un error, sino que fue intencionado. Si tienes una crisis con miles de muertos y una institución que reconoce su implicación en esa crisis, lo mínimo es investigar y asegurarse de que no fue voluntaria. ¿De qué sirve la Corte Penal Internacional si no es para hacer este trabajo?

¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía? ¿Abrir un examen preliminar?

Pedimos que abra una investigación rápida y vaya a las capitales que he mencionado a interrogar a las personas que han participado en esta política. A partir de ahí, que decida muy rápido si hay que acusar a alguien y a quién de la muerte de estas personas. El examen preliminar tienen que hacerlo sobre nuestro escrito.

Pero a nuestro juicio deberían abrir la investigación inmediatamente. Una vez se establezca que se han cometido actos criminales, hay que ir a buscar a quien los ha cometido. Pero la práctica criminal ya está establecida, ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros en nuestra investigación. Desde un punto de vista jurídico debería tardar un par de meses, si tarda más será por razones políticas, en nuestra opinión. Aunque la Fiscalía puede abrir una investigación bajo secreto y no darnos noticias.

En el escenario de que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio en la Corte, ¿qué puede pasar?

La única cuestión por resolver es si estas políticas se decidieron a nivel de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande estuvieron implicados. Lo que es seguro es que Merkel fue prevenida de la comisión de crímenes contra la humanidad en Libia, como citamos en el escrito. 

Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el Gobierno libio para extender la cooperación sobre cuestión migratoria recibió un telegrama de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de Libia tenían condiciones de vida similares a las de campos de concentración. Para Merkel será muy difícil negar que sabía lo que pasaba en Libia. Al firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía, por lo menos, cómplice de estos actos."                  

(Entrevista a Juan Branco, el abogado que quiere sentar a la UE en la Corte Penal Internacional. Icíar Gutiérrez, eldiario.es, 09/06/19)

Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de los crímenes cometidos en Libia y en el Mediterráneo

"La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. 

La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.

A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional].

 Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.

Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. 

Desde Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a al detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.

Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.

Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.

El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. 

“Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia.

 Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de crímenes.

En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.

“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. 

Hay datos que confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.

En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de unidades militares de la UE proporciona información clave como la localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo”.

Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.

En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de fronteras) diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.

Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". 

 "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años. 

Shatz es miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.

Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. 

La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.

Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. 

Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.

Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales”.

 Preguntada en general por un posible proceso contra la UE, Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los tribunales”, añade."                     (Ana Carbajosa , Isabel Ferrer , Lucía Abellán , El País, 03/06/19)