Los torturadores impunes de la CIA... John Kiriakou, que denunció el programa mundial de torturas de la CIA, reflexiona sobre la impunidad que rodea a los dirigentes estadounidenses que autorizaron crímenes contra la humanidad y dejaron en el limbo los juicios de los acusados del 11 de septiembre

 "Cuando me alisté en la CIA en enero de 1990, lo hice para servir a mi país y ver mundo.  Entonces creía que éramos los "buenos".  Creía que Estados Unidos era una fuerza del bien en todo el mundo.  Quería hacer un buen uso de mis titulaciones -estudios de Oriente Medio/teología islámica y asuntos legislativos/análisis de políticas-.  

Siete años después de incorporarme a la CIA, me pasé a las operaciones antiterroristas para evitar el aburrimiento.  Seguía creyendo que éramos los buenos y quería ayudar a mantener a salvo a los estadounidenses.  Todo mi mundo, como el de todos los estadounidenses, cambió radical y permanentemente el 11 de septiembre de 2001.  A los pocos meses de los atentados, me encontré dirigiéndome a Pakistán como jefe de las operaciones antiterroristas de la CIA en ese país.  

Casi inmediatamente, mi equipo empezó a capturar combatientes de Al-Qaeda en pisos francos por todo Pakistán.  A finales de marzo de 2002, dimos en el clavo con la captura de Abu Zubaydah y otras docenas de combatientes, entre ellos dos que dirigían los campos de entrenamiento de Al Qaeda en el sur de Afganistán.  Y a finales de mes, mis colegas pakistaníes me dijeron que la cárcel local, donde estábamos recluyendo temporalmente a los hombres que habíamos capturado, estaba llena.  Había que trasladarlos a otro lugar.  Llamé al Centro Antiterrorista de la CIA y le dije que los pakistaníes querían sacar a nuestros prisioneros de su cárcel.  ¿A dónde debía enviarlos?

 La respuesta fue rápida.  Meterlos en un avión y enviarlos a Guantánamo.  "¿Guantánamo, Cuba?" pregunté.  "¿Por qué demonios íbamos a enviarlos a Cuba?".  Mi interlocutor explicó lo que, en aquel momento, sonaba como si hubiera sido bien pensado.  "Vamos a retenerlos en la base estadounidense de Guantánamo durante dos o tres semanas hasta que podamos identificar en qué tribunal federal de distrito serán juzgados.  Será Boston, Nueva York, Washington o el Distrito Este de Virginia".  

Eso tenía mucho sentido para mí.  EE.UU. es una nación de leyes.  Y el país iba a mostrar al mundo cómo era el estado de derecho.  Estos hombres, que habían asesinado a 3.000 personas ese horrible día, serían juzgados por sus crímenes.  Llamé a mi contacto en las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, organicé los vuelos y cargué a mis prisioneros esposados y con grilletes para el viaje.  Nunca volví a ver a ninguno de ellos.

El problema es que los dirigentes estadounidenses, ya estuvieran en la Casa Blanca, en el Departamento de Justicia o en la CIA, nunca tuvieron la intención de que ninguno de esos hombres fuera juzgado por un tribunal de justicia.  La trampa estaba preparada desde el principio.  

Un plan para legalizar la tortura

 Apenas un mes después de los atentados del 11 de septiembre, la cúpula de la CIA reunió a su ejército de abogados y agentes de operaciones encubiertas y elaboró un plan para legalizar la tortura.  Todo ello a pesar de que la tortura es ilegal en Estados Unidos desde hace mucho tiempo.  Pero no importaba.  No se pensó en el largo plazo.  No había preocupación por lo que pasaría si los prisioneros eran torturados y luego tenían que ir a juicio.  Nada de lo que dijeran sería admisible.  Pero a nadie le importaba.  

El 2 de agosto de 2002, oficiales y contratistas de la CIA empezaron a torturar a Abu Zubaydah en una prisión secreta.  Esa tortura quedó bien documentada en el Informe del Senado sobre la Tortura, o mejor dicho, en el Resumen Ejecutivo del Informe del Senado sobre la Tortura, que fue redactado en términos muy crípticos.  Es probable que el propio informe nunca se haga público.  Pero incluso en su versión redactada, y con exhaustivas notas a pie de página, ofrece una imagen espeluznante de lo que la CIA hizo a sus prisioneros.  Esa tortura, esa política, ha vuelto para atormentar a la CIA.

 Los juicios militares siempre han avanzado a un ritmo glacial en la base estadounidense de Guantánamo (Cuba), donde Estados Unidos mantiene desde principios de 2002 un total de unos 780 prisioneros de la denominada Guerra contra el Terror.  Ese número se ha reducido a unas pocas docenas de lo que el gobierno llama "lo peor de lo peor".  Sólo un pequeño puñado está autorizado para una eventual puesta en libertad, a la espera de que se identifique un país dispuesto a acogerlos.  El resto probablemente nunca será puesto en libertad.

El problema de acusar a un reo de Guantánamo ha demostrado ser múltiple.  En primer lugar, gran parte de las pruebas que el Pentágono quiere utilizar contra personas como el presunto cerebro del 11-S, Khalid Shaikh Muhammad, el acusado de facilitar Al-Qaeda, Abu Zubaydah, el acusado de facilitar el 11-S, Ramzi bin al-Shibh, y otros, fueron obtenidas por agentes y contratistas de la CIA mediante el uso de la tortura.  Eso, en sí mismo, condenó los casos desde el principio.

Nada de esa información, por condenatoria que sea, puede utilizarse contra ellos.  Incluso "lo peor de lo peor" tiene protección constitucional, nos guste o no.  En segundo lugar, la información que queda contra cada acusado suele estar clasificada -generalmente a un nivel muy alto- y la CIA no está dispuesta a desclasificarla, ni siquiera para un juicio.  

En consecuencia, ningún juicio avanza, salvo al ritmo burocrático más lento posible.  Y si usted es la C.I.A., ¿por qué le importaría si los juicios avanzan?  Nadie va a ir a ninguna parte, lo hagan o no.

 Confesiones voluntarias

Dicho esto, el Pentágono sigue dispuesto a pasar por el aro.  En 2006, el Pentágono puso en marcha un programa mediante el cual los agentes del orden intentaban que los acusados de Guantánamo hicieran confesiones voluntarias independientes de lo que hubieran dicho a sus torturadores de la CIA.  De ese modo, la tortura no podría utilizarse como defensa.  Pero ese esfuerzo fracasó.

En 2007, un juez militar desestimó una confesión que esos oficiales obtuvieron de Abd al-Rahim al-Nashiri, un preso saudí acusado de ser el cerebro del atentado contra el USS Cole, en el que murieron 17 marineros estadounidenses.  El Pentágono alegó que los agentes dejaron claro a Nashiri que su declaración era totalmente voluntaria.  Pero el juez sostuvo que, tras cuatro años en prisiones secretas de la CIA, donde Nashiri fue torturado sin piedad, "cualquier resistencia que el acusado hubiera podido oponer cuando se le pidió que se autoinculpara le fue arrancada a golpes, intencionada y literalmente, años antes."  

Donaciones a la campaña de otoño de CN

 Esta es la misma razón por la que Khalid Shaikh Muhammad, Abu Zubaydah y otros no han sido juzgados, a pesar de llevar más de 20 años bajo custodia estadounidense.  Y para empeorar las cosas, Ramzi bin al-Shibh, acusado de ser uno de los cerebros más peligrosos de los atentados del 11 de septiembre, fue declarado la semana pasada mentalmente incapacitado para ser juzgado.  La implacable tortura de la C.I.A. en lugares negros de todo el mundo y en Guantánamo, le ha causado "psicosis y trastorno de estrés postraumático" tan graves que no sólo es incapaz de participar en su propia defensa, sino que está tan loco que ni siquiera puede declararse culpable y comprender lo que está haciendo.  Los abogados defensores afirmaron ante el tribunal la semana pasada que la única esperanza de conseguir que Bin al-Shibh estuviera lo bastante cuerdo como para ser juzgado sería proporcionarle atención psicológica postraumática y liberarlo del confinamiento militar.  Eso nunca ocurrirá.

Los abogados de Bin al-Shibh afirman que en los cuatro años transcurridos entre su captura por la CIA en 2002 y su traslado a Guantánamo en 2006, su cliente "enloqueció como consecuencia de lo que la Agencia denominó 'técnicas de interrogatorio mejoradas', que incluían privación del sueño, submarino y palizas".  Bin al-Shibh despotricó incoherentemente durante una vista judicial en 2008, y su estado mental ha sido un problema desde entonces.

 Ammar al-Baluchi, sobrino de Khalid Shaikh Muhammad y otro de los acusados de conspirar contra el 11-S, ha vivido una experiencia similar.  Al igual que sus coacusados, Baluchi, que también se hace llamar Ali Abdul Aziz Ali, se enfrenta a la pena de muerte, si es que alguna vez consigue ser juzgado.  Pero él también fue víctima de la tortura de la CIA.  Un informe de 2008 del inspector general de la CIA, desclasificado y publicado a principios de 2023, reveló que Baluchi había sido utilizado como "atrezzo viviente" para enseñar a los interrogadores en prácticas de la CIA, que hacían cola para golpearle la cabeza contra una pared por turnos, lo que le provocó lesiones cerebrales permanentes.  El informe también decía que en 2018, Baluchi fue sometido a una resonancia magnética y examinado por un neuropsicólogo, que encontró "anormalidades cerebrales consistentes con lesión cerebral traumática, y daño cerebral de moderado a severo."  Al igual que bin al-Shibh, Baluchi no puede participar en su propia defensa.  

Todos los estadounidenses deberían conocer estos recientes acontecimientos.  Todos los estadounidenses deberían entender que el propósito de los juicios sería exponer la verdad.  Los ciudadanos tienen derecho a saber lo que ocurrió el 11 de septiembre.  Sin esa información, las conspiraciones se desatan.  Sin esa información, no hay rendición de cuentas.  Los estadounidenses tienen derecho a conocer la planificación de los atentados y lo que hizo Al Qaeda.  Pero al mismo tiempo, los estadounidenses tienen derecho a saber cuál fue la respuesta oficial del gobierno.  ¿Por qué de repente se aceptó la tortura?  ¿Quiénes fueron los responsables?  ¿Y por qué no fueron castigados por evidentes crímenes contra la humanidad?

Al final, yo fui la única persona relacionada con el programa de tortura de la CIA que fue procesada y encarcelada.  Nunca torturé a nadie. Pero se me acusó de cinco delitos graves, incluidos tres cargos de espionaje, por decir a ABC News y The New York Times que la CIA torturaba a sus prisioneros, que la tortura era una política oficial del gobierno de Estados Unidos y que esa política había sido aprobada por el propio presidente.  Estuve 23 meses en una prisión federal.  Valió la pena cada minuto.

Sin duda, esta situación no tiene fácil solución.  The New York Times informó en marzo de 2022 de que los fiscales habían entablado conversaciones con los abogados que representan a Khalid Shaikh Muhammad y a cuatro coacusados para negociar un acuerdo de culpabilidad por el que se retiraría la pena de muerte a cambio de condenas a cadena perpetua sin libertad condicional y la promesa de que se permitiría a los hombres permanecer en Guantánamo, en lugar de trasladarlos a una prisión de máxima seguridad en Florence, Colorado, donde los presos permanecen en régimen de aislamiento durante 23 horas al día.  Los abogados defensores también dijeron que los hombres prefieren enormemente el clima del este de Cuba a las nieves de Colorado.  El Times señala que un acuerdo así enfurecería a los defensores de la pena de muerte entre las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre.  
Estoy seguro de que es cierto, y lamento que sus sentimientos se vieran heridos por tal decisión.  Pero por muy enfadados que estén con personas como Khalid Shaikh Muhammad, Abu Zubaydah, Ramzi bin al-Shibh, Abd al-Rahim al-Nashiri y los demás, deberían estarlo al menos con personas como el ex director de la CIA George Tenet, el ex director adjunto de la CIA John McLaughlin, el ex director adjunto de operaciones de la CIA John McLaughlin, el ex director adjunto de operaciones de la CIA George Tenet y el ex director adjunto de operaciones de la CIA John McLaughlin. I.A. José Rodríguez, ex Director Ejecutivo de la C.I.A. John Brennan y los psicólogos contratados por la C.I.A. y creadores del programa de tortura James Mitchell y Bruce Jessen, todos ellos padrinos del programa de tortura.  

Deberían estar igual de enfadados con los abogados del Departamento de Justicia John Yoo y Jay Bybee, que hacían manitas intelectuales para convencerse de que el programa de tortura era legal de alguna manera.  Y no olvidemos que la responsabilidad debe recaer en algún sitio.  Hay que culpar al ex presidente George W. Bush y al ex vicepresidente Dick Cheney.  Este elenco de personajes debilitó la democracia estadounidense al fingir que la Constitución y el Estado de Derecho no existían.  Su irresponsabilidad, emoción infantil y voluntad de cometer crímenes contra la humanidad garantizaron que los hombres que probablemente cometieron el peor crimen de la historia contra los estadounidenses nunca serán castigados plena y legalmente.  Las generaciones futuras deberían saberlo.

John Kiriakou es un ex agente antiterrorista de la CIA y ex investigador principal de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. John se convirtió en el sexto informante acusado por la administración Obama en virtud de la Ley de Espionaje, una ley diseñada para castigar a los espías. Cumplió 23 meses de prisión como consecuencia de sus intentos de oponerse al programa de torturas de la administración Bush."       

( John Kiriakou , Consortium News, 26/09/23; traducción DEEPL)

Las torturas de la CIA en Europa, bajo la lupa de la Corte Penal Internacional

"Hagamos un viaje en el tiempo. 20 de septiembre de 2001, Washington. El presidente de Estados Unidos, George Walker Bush, da un solemne discurso en el Congreso dirigiéndose a una nación que aún se pregunta por qué ha sido atacada. El texano agradece la solidaridad de la comunidad internacional, habla de la reconstrucción de Nueva York y menciona el odio de los terroristas hacia la democracia. 

También nombra a una persona, Osama bin Laden, y un país, Afganistán, desconocidos en ese momento para el 99% de sus conciudadanos. Es allí donde Estados Unidos empezaría su “guerra contra el terror” y avisa al resto de naciones que espera una colaboración máxima. “O están con nosotros o están con los terroristas”, dice Bush.

¿Cómo sería esa nueva guerra? El presidente se responde a sí mismo: “Somos un país despertado por el peligro y llamado a defender la libertad. Nuestro dolor se ha convertido en ira, y nuestra ira en resolución. Ya sea que llevemos a nuestros enemigos ante la Justicia o hagamos justicia con nuestros enemigos, se hará justicia”. Los congresistas aplauden al unísono y se ponen de pie. Bush levanta la vista, la baja un poco para mojarse los labios y la vuelve a subir. Sabe que el momento histórico le evitará escuchar disonancias en una cámara entregada.

Lo que venía a decir el presidente era que la “pax americana” estaba por encima del derecho penal internacional y ningún tribunal lo detendría por sus métodos. La operación “Libertad duradera” comenzó dos semanas después y Estados Unidos, junto a una coalición internacional, desplegó tropas en Afganistán para derrocar a su Gobierno. Allí siguen 16 años después.

Los ecos de esos tambores de guerra se sintieron en una lujosa mansión de Filadelfia el 15 de diciembre de 2011. El padre de la Psicología Positiva, Martin Seligman, recibió en su casa a académicos estadounidenses e israelíes y responsables del FBI y la CIA. La finalidad era discutir un estudio suyo, fechado en 1975, que podía tener una aplicación práctica en esa nueva guerra contra el terrorismo.

 Seligman decía que cuando un perro sufre descargas eléctricas de forma indiscriminada termina por no tomar medidas para evitarlas, incluso si se le abre una vía de escape. Interioriza lo que los expertos llaman la “indefensión aprendida”.

Ese encuentro nunca se hizo público y no existen grabaciones, pero cimentaron el brutal sistema de torturas que la CIA instauró posteriormente. Es lo que cuenta Mark Fallon, experto en Defensa que pasó por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en un libro editado este año, “Medios injustificables”.

Las conclusiones de la cita de Filadelfia requerían una cobertura legal que llegó pronto. La Casa Blanca anunció el 7 de febrero de 2002 que no aplicaría los Convenios de Ginebra a los talibanes y combatientes de Al-Qaeda, dando vía libre a que se les torturase. Tres meses después Bush no ratificó el Estatuto de Roma, carta fundacional de la Corte Penal Internacional que sí había firmado Bill Clinton. Evitó así que la institución recién nacida en La Haya tuviera jurisdicción en territorio estadounidense.

 La “guerra contra el terror” siguió su curso y Estados Unidos invadió Irak en 2003 con la inestimable colaboración de Tony Blair y José María Aznar, argumentando que el Gobierno de Sadam Husein poseía unas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron.

Demos ahora un salto en el tiempo hacia adelante. 9 de noviembre de 2017, La Haya. La Fiscal General de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, manda un vídeo a los medios en el que dice lo siguiente: “Durante décadas, el pueblo de Afganistán ha soportado el flagelo del conflicto armado. 

Tras un minucioso examen preliminar de la situación, he llegado a la conclusión de que se han cumplido todos los criterios jurídicos exigidos en el Estatuto de Roma para iniciar una investigación”. Sospecha de tres actores: los talibanes, las fuerzas de seguridad afganas y miembros del ejército de Estados Unidos y de la CIA.

Una Sala de Cuestiones Preliminares del tribunal estudia actualmente darle luz verde. Se sabrá en los próximos meses y es muy probable que los jueces le den el visto bueno. A partir de ese momento, la Fiscalía tendría autorización para visitar otros países, recopilar pruebas y entrevistar a víctimas. Si cree que existen indicios suficientes, incluso solicitaría órdenes de arresto. Al menos 54 detenidos sufrieron torturas, tratos crueles, violación y otras formas de violencia sexual en cárceles afganas controladas por Estados Unidos, según el último informe de la Oficina de Bensouda. Abu Ghraib queda fuera de la investigación porque Irak no es estado parte de la Corte Penal Internacional.

La fiscal también documenta abusos contra otros 24 prisioneros en centros de detención de la CIA localizados en Polonia, Lituania y Rumanía “principalmente entre 2003 y 2004”. Es decir, que no sólo encarcelaron a prisioneros sin juicio y en países como Afganistán o Irak, sino también en el viejo continente. Entonces, ¿se cometieron crímenes de guerra en territorio europeo a principios del siglo XX? Vamos por partes.

Polonia: un país ya condenado

El caso de Polonia ya está parcialmente documentado a nivel judicial. Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de julio de 2014, obligó a este país a indemnizar con 230.000 euros a dos prisioneros: Abu Zubaydah y Abd al-Nashiri. Ambos fueron trasladados a la base militar de Stare Kiejkuty, a unos 150 kilómetros de Varsovia y cercana al aeropuerto de Szymany, entre el 4 y el 5 de diciembre de 2002.

El tribunal se basó en informes desclasificados de la CIA para describir con una precisión terrorífica las “técnicas mejoradas de interrogación”, término utilizado por los norteamericanos para evitar la palabra “tortura”, utilizadas con al-Nashiri. Por ejemplo, un oficial lo amenazó con una pistola semiautomática durante un interrogatorio para que hablara. Como no lo hizo, lo metieron en su celda y lo encadenaron. Poco después, el mismo militar entró, apuntó el arma contra su cabeza y apretó el gatillo entre una y dos veces, simulando su ejecución.

El informe de la CIA sigue. “Probablemente el mismo día, el interrogador utilizó un taladro eléctrico para asustar a al-Nashiri (…) entró en su celda y encendió el motor mientras el detenido estaba desnudo y encapuchado”. Ninguna de las amenazas de muerte proporcionó información a los interrogadores. Los servicios secretos norteamericanos documentaron otros abusos, como “levantarlo del suelo por los brazos mientras los tenía atados a la espalda con un cinturón” o usar “un cepillo rígido para inducirle dolor”.

Un informe de la Cruz Roja citado en la misma sentencia explicó que al-Nashiri estuvo con las “muñecas encadenadas a una barra o gancho en el techo por encima de la cabeza (…) durante varios días seguidos” y fue “amenazado con ser sodomizado”. El 6 de junio de 2003 fue trasladado a otra cárcel secreta, en Rabat.

El Tribunal de Estrasburgo consideró probado que “las autoridades polacas sabían” de la existencia de la cárcel secreta de la CIA, pero no pudo explicar por qué Varsovia se había arriesgado a semejante empresa. La explicación llegó a los pocos meses desde el otro lado del Atlántico, pues el Senado estadounidense desclasificó un informe sobre el programa de detención de la CIA que decía lo siguiente: “Para alentar a los gobiernos para que albergasen de forma clandestina centros de detención, o para aumentar el apoyo de los ya existentes, la CIA proporcionó millones de dólares en pagos en efectivo a funcionarios de gobiernos extranjeros”.

No se nombró a los países que colaboraron, sino que se identificó los centros de detención por colores, pero los cruces de datos con otros documentos públicos pusieron en evidencia que la cárcel “azul” era la de Polonia. Sus autoridades habían dado su consentimiento para albergarla y llegó a tener prisioneros “por encima de su capacidad”, según otro cable de la Inteligencia estadounidense.

Las consecuencias políticas fueron inmediatas. El expresidente de Polonia, el socialdemócrata Aleksander Kwasniewski, convocó a la prensa al día siguiente y admitió haber dado permiso a la CIA para que usara la base militar de Stare Kiejkuty, pero negó saber que allí se practicaban torturas. Dijo no tener información sobre los pagos hechos por los norteamericanos y aseguró que el centro se cerró a finales de 2003 gracias a las presiones del Gobierno. ¿Por qué lo consintió entonces? Explicó que Estados Unidos le podría devolver el favor si la seguridad nacional polaca se veía amenazada e invocó una hipotética amenaza rusa.

Lituania: ¿torturas en la Unión Europea?

La UE hizo la mayor ampliación de su historia en mayo de 2004, cuando pasó de 15 a 25 miembros. Entre ellos estaba Lituania, que también se adhería a la Convención Europea de Derechos Humanos cuyo artículo 3 prohíbe tajantemente la tortura. Las reglas, en teoría, estaban claras.

Diversas informaciones acusaron a Lituania durante años de albergar un centro de la CIA, pero la cadena ABC News fue la primera en ponerla en el mapa. Un amplio reportaje en 2009 denunció la existencia de un centro de detención de la CIA en una antigua escuela de equitación, a 20 kilómetros de la capital, durante el año 2005. Las autoridades lo permitieron porque estaban agradecidas a Estados Unidos de que les dejaran unirse a la OTAN.

El reportaje provocó que el Parlamento lituano pidiera una investigación a fondo. Su conclusión fue que la CIA estableció no uno, sino dos centros de detención: el primero en la escuela de equitación y el segundo en una casa situada en la misma capital, en Vilnius, informaron medios nacionales. Sin embargo, no se llegó a probar que esos edificios llegaran a albergar prisioneros. ¿Para qué se usaron entonces? “El verdadero propósito de las instalaciones no se puede revelar porque constituye un secreto de estado”, dijo el fiscal a la prensa lituana.

La excusa no aguantó mucho tiempo. El informe del Senado estadounidense sobre las torturas de la CIA desclasificado en 2014 mencionó en varias ocasiones el centro de detención “violeta”, abierto a principios de 2005 y que según numerosas investigaciones estaba en Lituania. Se desveló que uno de sus prisioneros, Mustafa Ahmad al-Hawsawi, necesitó de asistencia médica después de un interrogatorio, pero funcionarios locales se negaron a trasladarlo a un hospital cercano por miedo a que la prensa se enterase.

El incidente causó enormes tensiones con la CIA, que se cuestionó la disposición del país anfitrión a “participar como originalmente se había acordado", señalan los mismos cables. Estados Unidos cerró las instalaciones en 2006 y trasladó a sus prisioneros al centro de detención “marrón”, que según varias investigaciones estaba en Afganistán. Abu Zubaydah, el detenido que ya ganó un caso contra Polonia en Estrasburgo, ha denunciado que también pasó por Lituania y ha llevado a este país ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en un caso que está pendiente de decisión.

Rumanía: abusos en pleno Bucarest

Una investigación periodística de Associated Press y un medio local, publicada en diciembre de 2011, localizó el centro de detención de la CIA en Rumanía: un edificio de la Oficina Nacional de Información Clasificada situado en el norte de Bucarest, en un barrio residencial y a pocos minutos del corazón de la capital. Abrió en otoño de 2003 después de que la Inteligencia estadounidense vaciara el centro de Polonia.

Dos de los prisioneros que pasaron por allí fueron Janat Gul y Hassan Ghul. Acusados de ser facilitadores de Al-Qaeda, experimentaron alucinaciones después de sufrir privaciones de sueño durante decenas de horas. Un médico constató que Ghul sufría “fatiga fisiológica notable", “espasmos musculares abdominales y en la espalda", "parálisis leves en los brazos, las piernas y los pies” debido a las horas que pasaba “en posición colgante” y a los intensos regímenes de privación de sueño, hasta 59 horas seguidas en algunos casos, reflejan cables de la propia CIA.

En mayo de 2005 llegó a Rumanía Abu Faraj al-Libi, un supuesto miembro de Al-Qaeda detenido en Pakistán que sufrió durante un mes las “técnicas mejoradas de interrogación”. En ese periodo se quejó de una pérdida de audición, pero sus captores no lo creyeron y siguieron adelante. Sólo pararon cuando los doctores de la CIA avisaron de “inaceptables riesgos médicos o psicológicos”. Al-Libi fue trasladado un año más tarde a Guantánamo, donde le tuvieron que implantar un audífono.

Llegó un momento en el que el jefe del centro rumano contactó con sus superiores para comentarles sus preocupaciones: la función del edificio de Bucarest estaba pasando de “producir inteligencia” (conseguir información de prisioneros) a convertirse en unas “instalaciones de detención de larga duración”. Sin embargo, los planes se fueron al traste en unos meses. 

El Washington Post denunció en noviembre de 2005 la existencia de centros de la CIA en antiguas repúblicas soviéticas. No dio nombres de países, pero llevó a las autoridades rumanas a reclamarle a Estados Unidos que cerrara la cárcel “en horas”, cosa que sucedió semanas después.

Rumanía negó los hechos durante años, pero su exjefe de Inteligencia Ioan Talpes reconoció en 2014, en una entrevista con Der Spiegel online, que su país albergó “al menos” una de esas cárceles. La razón, al igual que Lituania, era favorecer su entrada en la OTAN. ¿No le preocupaba que allí se produjeran torturas? “Lo que hicieran allí los americanos era asunto suyo”, afirmó Talpes.

Dos de las conclusiones del informe del Senado sobre el programa de detención de la CIA son especialmente chocantes. La primera, que “las técnicas mejoradas de interrogación no fueron un medio efectivo para obtener información precisa”. Es decir, la tortura no funcionó porque las confesiones respondían a los deseos de los interrogadores, no a datos o nombres nuevos que pudieran ser utilizados por los Servicios de Inteligencia.

 La segunda, que de los 119 expedientes revisados por el Senado, “al menos 26 fueron arrestos erróneos” porque “no cumplían con los estándares legales de detención”. Es decir, más del 20% nunca debieron ser encarcelados porque no habían hecho nada.

¿Sabía Bush dónde estaban éstas y otras cárceles repartidas por medio mundo? El informe del Senado lo aclara: “El presidente pidió no ser informado de las localizaciones de los centros de detención de la CIA para asegurarse de no revelar la información de forma accidental”. Tal cual.

Estados Unidos se opone a la investigación

La pregunta ahora es hasta dónde podría llegar la investigación de La Haya. El Pentágono ya ha avisado de que la rechaza de pleno. Una de sus portavoces dijo que “ni contaría con garantías ni es apropiada”, y que cualquier pesquisa deberá ser hecha por ellos mismos. 

En el pasado, los obstáculos puestos por algunos Estados han echado al traste el trabajo de la Fiscalía, que ha visto derrumbarse casos enteros porque las pruebas desaparecían en el país donde habían sucedido los crímenes o los testigos cambiaban su testimonio a última hora.

Los países europeos señalados y Afganistán deben responder a las eventuales llamadas del tribunal porque sí han ratificado el Estatuto de Roma. Ahora bien, las autoridades afganas recelan mucho del movimiento de Bensouda. “Créame, no están nada contentos con su investigación, han hecho todo lo posible para paralizarla”, dijo a CTXT una alta fuente de La Haya.

La Corte Penal Internacional se basa en el principio de complementariedad, es decir, sólo interviene si detecta que las autoridades nacionales no hacen investigaciones o si éstas no son genuinas. Bensouda, en un informe reciente, dijo que tanto en Polonia como en Lituania y Rumanía “se están llevando a cabo investigaciones penales” sobre el asunto, pero les advierte que seguirá evaluando si esas pesquisas son auténticas y abarcan a “las mismas personas (…) identificada por la Fiscalía”.

El tono contra Estados Unidos es más duro: “No parece que se haya llevado a cabo ningún proceso para examinar la responsabilidad penal de quienes desarrollaron, autorizaron o asumieron la implementación por miembros de la CIA de las técnicas de interrogatorio”, señala la fiscal.

La Fiscalía de La Haya no tiene como política general ir a por los perpetradores directos de los crímenes, sino a por las máximas autoridades que dieron las órdenes de cometerlos. Mark Fallon, ex miembro del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, señala en su libro “Medios injustificables” a dos altos cargos. El primero es Geoffrey D. Miller, el general que extendió el programa de torturas de la CIA, primero en Guantánamo y más tarde en Irak. 

Se retiró en 2006, pero abogados franceses y alemanes han impulsado iniciativas legales en sus países para juzgarlo por crímenes de guerra. El segundo es nada menos que Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de Estados Unidos entre 2001 y 2006 que, según Fallon, autorizó personalmente al general Miller a aplicar las torturas.

¿Se atreverá La Haya procesar a autoridades como Rumsfeld? El caso representa una espada de doble filo para el tribunal. Serviría para limpiar su imagen de ser “una corte para África”, pues de momento todos sus condenados provienen del continente negro. 

Algunos sueñan con ver a altos cargos de la administración Bush sentados en el banquillo de los acusados y las expectativas creadas han sido importantes. Si finalmente la Fiscalía diera un paso atrás y no llegara a reunir pruebas suficientes para acusarlos de crímenes de guerra, su imagen pública se vería seriamente dañada.

Hagamos política-ficción e imaginemos que, eventualmente, la corte se atreviera a dictar esas órdenes de arresto. La prensa internacional abriría sus portadas con el movimiento de La Haya y se ganaría el respeto de actores que hasta el momento han visto sus pasos con desconfianza. No obstante, se haría evidente una de las grandes debilidades del tribunal: su dependencia de los Estados.

El tribunal no dispone de policía propia y necesita que los Estados hagan las detenciones, pero los norteamericanos, con toda seguridad, se negarían a enviar a los suyos a La Haya. 

Habría llamamientos a la comunidad internacional en nombre de las víctimas y los derechos humanos, pero todo quedaría en una declaración de intenciones. Al final se impondría esa incómoda verdad que no gusta oír en La Haya: la Justicia universal sólo se aplica allí donde los grandes poderes la permiten. " (David Morales Urbaneja, CTXT, 07/01/18)

Trump, sobre se Putin é un asasino: "Nós temos moitos asasinos. Ou pensa que somos un país inocente?"

"Voume levar ben con el [con Vladimir Putin]? Non teño nin idea. E é moi posíbel que non", dixo Donald Trump nunha entrevista este domingo en Fox News cando foi inquirido a respeito das súas relacións co presidente ruso.

O xornalista saltou entón como un resorte e dixo: "Mais Putin é un asasino", unha declaración máis editorial [Fox News é un dos meios máis conservadores dos EUA] do que informativa.

Trump repentizou moi no seu estilo con esta resposta: "Nós temos unha chea de asasinos" e a seguir interpelou ao xornalista:  "Ou pensa que somos un país inocente?".

O Kremlin pediu formalmente desculpas a Fox News pola designación do líder ruso como asasino -"Putin is a killer", foi a frase literal.

Durante a entrevista, Trump defendeu o seu discurso de que Washington debe procurar a alianza con Moscova no combate contra o Daesh."             (Sermos Galiza, 06/02/17)

A cincuenta años del genocidio en Indonesia (1965)

"Fue una mortífera confabulación la cual podría ser definida de manera sucinta, como un complot para el derrocamiento del popular presidente de Indonesia, Ahmed Sukarno y el exterminio físico de sus principales aliados; un pogromo cuidadosamente concebido desde los tecnocráticamente despiadados tanques de ideas estadounidenses, agencias de espionaje como la CIA y naturalmente en estos asuntos, el Pentágono[1]. 

Esta no bien esclarecida matanza perpetrada en octubre del año de 1965, catalogada como uno de los mayores crímenes masivos del siglo XX, resultó en millones de muertos, centenares de miles de encarcelados, torturados, vejados y en el establecimiento de una feroz, corrupta y longeva dictadura militar.

El origen inmediato de tan luctuosos hechos fue la instrucción en los denominados "contingency, planning" to prevent a PKI take over (“planes de contingencia”, para prevenir una toma de poder del Partido Comunista de Indonesia PKI), financiados por la Fundación Ford[2], a la par de conspiraciones de la dirección de la CIA en Washington, todos ellos buscando a la vez la eliminación física del Presidente Sukarno y del PKI, por entonces el partido comunista más fuerte del mundo en una nación fuera de la llamada “Cortina de Hierro”, con unos tres millones de miembros, unos diez y siete de base de apoyo y un pasado intensamente anticolonialista, en una nación hasta 1945 bajo dominio holandés luego de tres siglos y medio de sometimiento a vasallaje.

Concretamente el ‘Plan Yakarta’ fue llevado a la práctica a partir del 1 de octubre de 1965, con el pretexto de sofocar un supuesto ‘golpe de estado comunista’, el cual condujo al castigo ‘espontáneo’ de masas ‘incontroladas’; todo ello acreditado con pruebas desvirtuadas posteriormente. El ominoso general Suharto y su grupo de militares reaccionarios, controló todos los hilos de la trama, deshaciéndose de mandos superiores leales al presidente Sukarno (fueron asesinados seis generales) y a la vez neutralizando a este en prácticamente todos sus poderes de Jefe de Estado y de gobierno[3]. Al cabo de unas pocas semanas se había instaurado una cruelísima dictadura militar que duró más de 30 años desarrollando con lujo de detalles el papel de aguerrida defensora del capital extranjero.

Las operaciones de propaganda intensiva en el plan estuvieron al orden del día:

“Los periódicos del ejército se dedicaron a difundir historias espeluznantes del asesinato de los jefes del ejército, alegando que sus cuerpos habían sido mutilados antes y después de sus muertes. Estas historias incluyen especulativas acusaciones de extracciones de los ojos y los genitales realizadas por miembros del Movimiento de Mujeres de Indonesia (Gerwani), organización afiliada estrechamente con el PKI. Otros elementos claves de la campaña de propaganda del ejército de octubre 1965, fue el énfasis en el asesinato de la hija del general Nasution (su funeral fue la chispa que desató la violencia contra el PKI), y la elevación de los generales asesinados a la categoría de 'Héroes de la Revolución'. El objetivo de la campaña de propaganda fue el inflamar la opinión pública contra el PKI, dejando así al presidente Sukarno sin un aliado importante”[4].

Con el fin de hacer más extensiva, aparecer como no premeditada la masacre y ser percibida como no relacionada con el gobierno, a los asesinatos masivos fueron vinculados grupos armados afiliados a religiones como Nahdlatul Ulama (UN) de carácter islámico, o el mismo Partido Católico y sus jóvenes del Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), así como otras milicias no confesionales[5], constituyendo verdaderos destacamentos paramilitares de todas las tendencias derechistas por toda Indonesia.

En un ambiente de crisis económica, las víctimas de la matanza por su parte constituían un amplio abanico de combativas organizaciones sociales de base como el Barisan Tani Indonesia (BTI –Sindicato Indonesio de Agricultores), el Sindicato de Trabajadores de Indonesia (SOBSI), Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia (Lekra - Instituto de Cultura Popular de Indonesia), Gerwani (Movimiento de Mujeres Indonesias) y la organización juvenil Pemuda Rakyat (Juventud del Pueblo). 

Los miembros de estos movimientos comparten por estos años una extensa agenda política nacionalista con el PKI[6]. Es evidente la intensión directa de extinguir físicamente los elementos que pudieran articular un frente de unidad de acción en los sectores más oprimidos de Indonesia.

Inicialmente el Presidente Sukarno por su carácter de líder patriarcal del país no fue tocado, manteniendo su criterio independiente; inclusive este se negó a proscribir legalmente al PKI, hasta su arresto en 1967.

Ya en la perpetración de los crímenes, los miembros del PKI y sus organizaciones afiliadas que figuraban en listas especiales, en ocasiones fueron conducidos por miembros de las fuerzas armadas o de los contingentes paramilitares religiosos y demás para su interrogatorio, a menudo bajo tortura. 

También por lo general estuvieron detenidos inicialmente en prisiones temporales y posteriormente llevados a lugares boscosos para ser asesinados con cuchillos, palos, bayonetas, armas de fuego o golpeados hasta la muerte. Sus cuerpos terminaron arrojados en fosas comunes. En otros casos, los cadáveres fueron tirados al mar, en cuevas, ríos principales, en calles transitadas o mutilados y colgados para su exhibición pública como una forma adicional de terror generalizado[7]. Ninguna atrocidad fue escatimada. (...)

Las estimaciones sobre el número total de personas muertas en esta masacre continuada por varios años, oscilan entre quinientos mil y dos millones; empero, signos inequívocos de su mortífera enormidad fueron registrados, como el que en Java oriental y en el norte de Sumatra el olor a carne descompuesta invadió el aire y los ríos resultaron imposibles de atravesar por la aglomeración de cuerpos humanos[8], lo cual nos puede dar una idea del tipo de monstruosidades a las que nos referimos, las cuales incluían por supuesto a mujeres y niños.

Como si fuera poco, de entre 600 y 750 mil personas resultaron encarceladas por periodos que iban entre uno y treinta años, para lo cual fueron ‘habilitados’ cientos de centros de confinamiento por todo el archipiélago indonesio, llegándose a instituir una especie de trabajo esclavo; en los reclusorios incontables personas murieron de desnutrición y enfermedades no tratadas[9]. 

Otros, los más ‘afortunados’, subsistieron detenidos cerca de casa, donde sus familias les podrían proporcionar alimentos siendo liberados hacia el año 1972. Una vez puestos en libertad enfrentaron rígidas restricciones para obtener empleo, se debían someter a un registro obligatorio y a la vigilancia permanente de las autoridades locales y la pérdida de derechos políticos.

 Hubo una constante estigmatización en familias enteras a causa de que por lo menos uno de sus integrantes fuera miembro del PKI o de grupos aliados; incluso los agentes gubernamentales se apoderaron de las esposas (una práctica local de guerra), de quienes figuraron en los listados[10]. Toda garantía penal resultó transgredida para los sobrevivientes. Ni un solo acusado resultó inocente en los ‘procesos judiciales’[11].    (...)

El periódico The New York Times haciendo gala del periodismo más belitre posible (es imposible el desconocimiento de la magnitud del crimen), catalogó la gigantesca matanza y castigo prolongado a los sobrevivientes como ‘un destello de luz en Asia’ y de ‘Las mejores noticias de Asia para occidente desde hace mucho tiempo’[12]. (!)

En medio de todo este pavoroso panorama, salta a la vista la construcción detallada y cuidadosamente dirigida de un ‘enemigo interno’, al cual odiar con la ferocidad en los escenarios de represión donde opera la DSN.

Así mismo, se erigió una violenta redistribución a gran escala de propiedades, ‘legalizada’ en 1975 con un decreto de la dictadura atribuyendo los bienes del PKI al estado, o sea a la camarilla militar[13]. Esta con el fin de enriquecerse sin ningún recato actuó como una banda de delincuentes mafiosos, por la vía de comisiones o de ‘empresas conjuntas, etc.[14]’ (suena conocido).

Aquí salta a la vista el que dicho plan haya centrado su atención en el exterminio físico de personas notables, líderes, dirigentes, con profesiones de algún conocimiento social, etc., con el propósito de devastar el partido tenido como bestia a extirpar de la faz de la tierra, en la forma aprovechable de listados de nombres recopilados desde 1962, de personas tenidas como enemigas internas y sus colaboradores y simpatizantes, entregados a los verdugos indonesios por parte de la CIA bajo la dirección del posterior jefe de este ente, William Colby[15].

Los listados con nombres de seres humanos a ejecutar y/o torturar por los métodos relatados, fueron suministrados por el gobierno de EE.UU. a específicos funcionarios protagonistas del verdadero golpe contra el presidente Sukarno:

“Las listas fueron entregadas por partes, dijo Martens, las encabezaban los mandos superiores de la organización comunista. Se suministraron miles de nombres a un emisario indonesio durante varios meses. El delegado receptor era un ayudante de Adam Malik, ministro del gobierno indonesio quien fue un aliado de Suharto en el ataque a los comunistas”[16].

El jefe de la estación de la CIA en Yakarta, Joseph Lazarsky, reveló que todo había sido coordinado desde la mismísima oficina en Langley, por tanto recopilado con minuciosidad que superaba a lo perpetrado por el mismísimo servicio de espionaje local[17].

 Como es de esperarse en estos casos, la embajada de Washington en Indonesia negó tener información sobre tan cruenta operación[18]: la consabida apelación a la cínica negación plausible. En el momento del golpe de estado ejecutado y la subsecuente matanza brutal, el presidente de EE.UU. era Lindon B. Johnson y su Secretario de Defensa Robert McNamara, estando comprometidos ya en la Guerra de Vietnam (1955-1975), no muy lejos de Indonesia, con las consecuencias devastadoras ya conocidas.

El infausto conjunto de crímenes estuvo apoyado materialmente a través del suministro de fondos por parte de la CIA a fin de pagar matones locales, sobornos a militares, ‘ayuda’ militar, ‘consejeros’, etc., junto con la ‘sugerencia’ de la instauración semi legal de destacamentos paramilitares de matanza, procediendo con prolijidad y entrenamiento provistos por la potencia[19]; también armas de corto alcance fueron suministradas por el ejército de Estados Unidos[20]. Los objetivos estaban predefinidos y los medios para tan siniestros fines estuvieron acordes. (...)

Con el tiempo algunos verdugos han hablado. Un funcionario estadounidense estrechamente involucrado en los hechos diría posteriormente con notoria desvergüenza: "Probablemente he matado a un montón de gente, y posiblemente tengo mucha sangre en mis manos, pero eso no es del todo malo. Hay un momento en el que tienes que golpear duro y en un momento decisivo.[22]"

Casi treinta años después, luego del derrocamiento de Sukarto (1998), en 2004 se da impulso a una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que abarca los asesinatos de 1965-1966, no obstante, en 2006 la idea fue abandonada por presiones gubernamentales. Recientemente encuentros de las víctimas de esta purga anticomunista de los años sesenta, con conferencistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto para la Protección de Testigos y Víctimas, han sido hostigados vehementemente por grupos violentos (paramilitares) en Sumatra Occidental y Java Central.  (...)

En consonancia con lo anterior, las desapariciones forzosas, la tortura, los malos tratos aberrantes, etc., son usuales en la Indonesia contemporánea, especialmente contra quienes reivindican alguna autonomía local, reclaman un derecho conculcado, protestan ante la operación inadecuada de una gran empresa, o acaso aquellos que por exigir la aparición con vida de alguien retenido por las fuerzas armadas son tiroteados[26]. La libertad de expresión y religiosa en un clima de tales características resulta en mero enunciado. Aquí una muestra precisa del presente de Indonesia en el campó de los Derechos Humanos:

“A Titus Simanjuntak los militares lo desnudaron, lo golpearon y a continuación, mientras lo pisoteaban, lo obligaron a lamer las manchas de su propia sangre que caían al suelo…[27]”

En pasados días Christine Legarde Directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) decía sin pestañear al visitar Yakarta:

“El mundo necesita economías como la de Indonesia a fin de establecer, forjar y activar nuevas formas de cooperación global. Unas que reflejen cambios en curso del paisaje global, donde economías dinámicas como Indonesia tienen su lugar legítimo”[28].

Ese “lugar legítimo” en el casino económico mundial, ha costado y sigue costando al pueblo indonesio, literalmente, sangre. (...)"                  (Alberto Rojas Andrade , Rebelión,  23/09/2015)

"De todas sus cacerías, Gibbs guardó trofeos: ya fueran pedazos de las víctimas –dedos, en general- o dientes"

"Condenado un soldado de EE UU por asesinar a civiles afganos. El sargento Calvin Gibbs guardaba los restos de sus víctimas como trofeos. Otros tres soldados le ayudaron a matar a civiles en Kandahar.

Culpable de todos los cargos que se le imputaban como líder de un grupo de soldados estadounidenses que mató a tres civiles afganos por simple placer. El sargento Calvin Gibbs consideraba que las bajas norteamericanas se pagaban con la vida del enemigo aunque este no estuviera en el frente y así entre enero de 2010 y mayo de 2011 asesinó a tres afganos en crímenes que hizo pasar por ataques contra su división.

El vengador escuadrón de la muerte estaba compuesto, además de Gibbs, por otros tres soldados cuyo testimonio ha sido clave para lograr la condena de Gibbs. Esos tres uniformados se declararon con anterioridad culpables y buscaron acuerdos con la fiscalía a cambio de contar con detalle las atrocidades cometidas por Gibbs.

En noviembre de 2009, el sargento se convirtió en jefe de la tercera sección de la Quinta Brigada de Asalto de la Segunda División de Infantería del Ejército de Tierra, estacionada en Kandahar. A partir de entonces se dedicó a reclutar a otros tres soldados para llevar a cabo su particular venganza contra el enemigo.

“El sargento Gibbs tiene carisma; tiene una de esas personalidades que todo el mundo sigue”, dijo el militar a cargo de la acusación, Robert Stelle, al presentar su cierre del caso el pasado miércoles. “Pero es todo basura. Tenía su propia misión: asesinato y depravación”.

Asesinato de un joven, casi un niño, en enero de 2010 en un pequeño pueblo. Gibbs lanzó una granada contra el cuerpo de Gul Mudin sin previo aviso cuando este cuidaba un campo de su familia.

El sargento se justificó ante sus superiores diciendo que el joven les había atacado antes. El escuadrón de la muerte llegó a tomarse fotos con su "primer trofeo de caza", imágenes que hoy se pueden ver en internet y que son muy cruentas.

A esa brutal muerte le seguirían otras dos. La de un hombre llamado Marach Agha, acribillado con un AK-47, y la de un mulá, Allah Dad, al que reventó con una granada dentro de una fosa tras haberle separado de su mujer e hijos.

De todas sus cacerías, Gibbs guardó trofeos: ya fueran pedazos de las víctimas –dedos, en general- o dientes. En su pierna izquierda lleva tatuadas seis calaveras y al menos tres de ellas pertenecen a víctimas que no pertenecían a ningún Ejército o la insurgencia.

Gibbs sucumbió a la tentación de presumir de sus fechorías e impuso a su alrededor un sistema de terror por el que nadie se atrevía a denunciarle. Quien lo intentó sufrió el ostracismo y una brutal paliza. Fue el caso del soldado Justin Stoner, que finalmente superó el pánico y se atrevió a delatarlo, lo que abrió el camino para un consejo de guerra contra Gibbs." (El País, 11/11/2011)