Un exgeneral israelí compara la represión contra los palestinos con la Alemania nazi

 "Amiram Levin conoce bien Cisjordania y la actuación del Ejército israelí en territorio palestino. General retirado actualmente, fue jefe del mando militar del norte del país, y antes estuvo al frente de los Sayeret Matkal, la unidad de fuerzas especiales más conocida de Israel. También fue director adjunto del Mossad.

En una entrevista a una radio pública israelí, Levin dijo que hay similitudes entre la represión de los palestinos y las políticas discriminatorias de la Alemania nazi. Le citaron unas palabras de un exgeneral en ese sentido hace unos años y confirmó que la situación recuerda a esa época. «Nos resulta difícil decirlo, pero esa es la verdad. Miren en Hebrón, miren las calles, calles que los árabes no pueden usar, sólo los judíos. Eso es exactamente lo que ocurría en esos países», refiriéndose a esa época de Alemnia.

Le preguntaron si existen similitudes específicas y lo confirmó. «Desde luego. Duele, no es agradable, pero esa es la realidad. Es mejor afrontarla, aunque sea duro, que ignorarla».

Levin, de 77 años, que después de su carrera militar se unió a las filas del Partido Laborista, califica a los partidos de extrema derecha presentes en el Gobierno de Netanyahu de «grupo mesiánico de criminales». «Vienen de zonas donde no hay democracia (se refieren a que viven en los asentamientos), vienen de Cisjordania, donde no ha habido democracia durante 56 años. Hay un completo apartheid».                     (Iñigo Sáenz de Ugarte , Guerra eterna, 13/08/23)

La viceprimera ministra de Finlandia, señalada por mensajes que llamaban a “escupir a mendigos y golpear a niños negros”

 "El Gobierno finlandés se enfrenta a una nueva crisis tras hacerse públicos una serie de comentarios racistas y violentos escritos por Riikka Purra –líder de la formación ultraderechista Partido de los Finlandeses, viceprimera ministra y ministra de Hacienda– en un blog de un compañero de partido.

La ministra ha reconocido en redes sociales haber escrito en el blog: “En ese momento me expresé en formas y palabras que hoy absolutamente no acepto y no usaría”. Los comentarios fueron publicados en 2008 en el blog del exlíder de la ultraderecha y actual presidente del Eduskunta (Parlamento finlandés), Jussi Halla-aho, quien fue condenado en 2012 por un delito contra la paz religiosa tras publicar en él opiniones islamófobas.

Aunque la ministra ha admitido haber escrito en el blog, no ha reconocido explícitamente ser la persona detrás del usuario 'Riikka' –que medios finlandeses asocian a la líder del partido ultra–. En los textos, la autora se refiere a las personas de raza negra con el calificativo despectivo de “neekerit”, a los musulmanes como “penes de moka” y a los inmigrantes procedentes de Turquía como “monos turcos”.

“Si alguno estáis en Helsinki, ¿alguien se apunta a escupir a mendigos y golpear a niños negros?”, escribió en el foro del blog en julio de 2008. Dos meses después publicó un “post” en el que aseguraba que si le dieran un arma, “habría cadáveres incluso en el tren de cercanías”.

“Sacados de contexto y evaluados hoy, algunos textos lucen aún peor. No acepto ningún tipo de violencia, racismo o discriminación. Quienes conocen mi forma de trabajar y mis valores lo saben”, ha señalado la ministra en una disculpa pública. “Pido perdón por mis estúpidos comentarios en redes hace 15 años y el daño y el resentimiento que comprensiblemente causaron”.

“Me involucré en la política años después de esos comentarios. Actúo y me comunico de manera diferente. Espero que mi desempeño en la política sea evaluado en base a lo que hago en mis cargos de confianza, como parlamentaria, ministra y presidenta del partido”, ha dicho. 

Dimisión de un ministro vinculado con grupos neonazis

El asunto ha provocado un gran escándalo en el país apenas diez días después de que el ministro de Asuntos Económicos, el ultraderechista Vilhelm Junnila, se viera obligado a dimitir por sus presuntos vínculos con grupos neonazis tras menos de dos semanas en el cargo.

“Creo que el Gobierno finlandés haría bien en adoptar una postura clara de tolerancia cero con el racismo. Si lo hiciera, sería una buena señal hacia el mundo”, dijo este martes a la prensa el presidente finlandés, Sauli Niinistö, desde Lituania, donde participa en la cumbre de la OTAN.

Por su parte, el primer ministro, el conservador Petteri Orpo, aseguró a los medios locales que no acepta el racismo “en ninguna de sus formas” y afirmó que los cuatro partidos que forman la coalición de Gobierno están comprometidos con los principios de igualdad y equidad.

Orpo quedó satisfecho con las explicaciones que ofreció su principal socia de Gobierno, la líder del Partido de los Finlandeses, y dijo que era necesario que Purra se distanciara públicamente de la violencia."                (eldiario.es, 12/07/23)

Dimite el ministro de Economía finlandés por sugerir el fomento de “abortos climáticos” en África

 "El ministro de Economía de Finlandia, el ultraderechista Vilhelm Junnila, ha dimitido este viernes, tras solo 10 días en el cargo y menos de 48 horas después de haber sobrevivido por un estrecho margen a una moción de censura motivada por sus vínculos con grupos neonazis. Unas declaraciones de Junnila, en las que proponía que Helsinki fomentara “los abortos climáticos” en África para reducir las emisiones globales de dióxido de cárbono, han propiciado que Demócratas Cristianos, uno de los socios minoritarios del nuevo Ejecutivo finlandés, el más derechista de la historia del país nórdico, exigiera su dimisión.

Junnila superó el pasado miércoles una moción en su contra impulsada por Los Verdes, a la que se sumaron el resto de formaciones de la oposición de centroizquierda y el Partido Popular Sueco de Finlandia (RKP), socio del Ejecutivo de coalición constituido la semana pasada y formado también por los cristianodemócratas, el ultraderechista Partido de los Finlandeses y el conservador Coalición Nacional. La moción fue rechazada en el Eduskunta (Parlamento) por 95 votos frente a 86, en un pleno en el que no participaron 11 diputados de la oposición, entre ellos Sanna Marin, la ex primera ministra socialdemócrata que fue derrotada por la derecha y la ultraderecha en las elecciones de abril. La ausencia de más de una decena de parlamentarios impidió que la moción prosperara, a pesar de contar con el respaldo del RKP, una formación que representa a la minoría de habla sueca y que tuvo constantes roces con el Partido de los Finlandeses durante los más de dos meses de negociaciones para formar Gobierno.

La moción de censura fue presentada por los lazos de Junnila con grupos neonazis y sus bromas y declaraciones extremistas y racistas. En marzo, en un acto de campaña, el político, de 41 años, felicitó a un compañero de partido por concurrir en el puesto 88 de las listas electorales, un número empleado en la simbología neonazi en referencia a Heil Hitler. Durante la legislatura pasada, el político ultraderechista fue el principal orador en varios actos organizados por el Movimiento de Resistencia Nórdico, un grupo neonazi ilegalizado en 2020 por el Tribunal Supremo. Junnila también compartió hace años varias fotografías polémicas en las redes sociales, entre ellas, una de un muñeco de nieve en su jardín con una evidente semejanza a un miembro del Ku Klux Klan.

 Tras superar la moción, y ser respaldado públicamente por Petteri Orpo, el primer ministro conservador, Päivi Räsänen, una diputada cristianodemócrata, publicó en Twitter que Junnila propuso en 2019, en una pregunta parlamentaria al Gobierno planteada por escrito, que Helsinki fomentara “los abortos climáticos” en los países africanos con mayor tasa de natalidad para reducir el impacto de la actividad humana en el medioambiente. Räsänen, que el año pasado fue absuelta tras ser acusada de incitación al odio por unos comentarios homófobos en las redes sociales, exigió a Junnila que aclarara si aún sostenía que el Gobierno finlandés debía promover los “abortos climáticos”.

En lugar de retractarse o matizar, este viernes por la mañana Junnila respondió a la diputada democristiana con una publicación en Facebook en la que afirmó que su propuesta de hace cuatro años “es una iniciativa totalmente en línea con el acuerdo de programa” del nuevo Gobierno finlandés. En un extenso mensaje, el ultraderechista argumentó que una drástica reducción de la natalidad en África mejoraría la calidad de vida en el continente, “empoderaría a mujeres y niñas” y supondría “un avance en la consecución de los objetivos climáticos”.

Tras la publicación de Junnila en la red social, Sari Essayah, líder cristianodemócrata y ministra de Agricultura, exigió la dimisión de su compañero en el Gobierno, menos de 36 horas después de que los cinco diputados de su partido votaran en contra de la moción de censura. “Estoy impactada. La idea de reducir la población mundial con el impulso de los abortos en África es ecofascismo de la peor clase”, declaró Essayah al diario Helsingin Sanomat.

Ante la presión de los diputados cristianodemócratas y suecófonos, Junnila anunció su dimisión a través de un comunicado: “A pesar de la confianza del partido y de mi grupo parlamentario, veo el asunto de la siguiente manera: considerando la continuación del Gobierno y la reputación de Finlandia, creo que me resulta imposible continuar de manera satisfactoria como ministro”.

La polémica en torno al ya exministro de Economía estuvo a punto de provocar la caída del Ejecutivo menos de una semana después de ser constituido, ya que Riikka Purra, vice primera ministra y líder del Partido de los Finlandeses, amenazó con abandonar la coalición si prosperaba la moción de censura. El caso de Junnila, el segundo ministro que menos tiempo ha permanecido en el cargo en la historia de Finlandia, ha evidenciado las dificultades que va a tener Orpo para mantener cohesionado el Gobierno cuatripartito que encabeza, en el que los ultraderechistas controlan siete ministerios, entre ellos algunos clave como Justicia o Interior."                 (Carlos Torralba , El País, 30/06/23)

El mayor secuestro de la historia: los ‘métis’ del Congo Belga... Niños y niñas mestizos fueron arrebatados a sus madres congoleñas, aislados en instituciones y, con el fin de la colonización, expatriados a Bélgica

 "El título de este artículo bien podría parecer una exageración para atraer lectoras y lectores dentro de la infinita variedad que ofrece Internet, pero no responde más que a la realidad de la sorprendente historia que, de manera resumida, vamos a contar. Se trata del secuestro de unos 20.000 niños y niñas, en los territorios entonces denominados Congo Belga y Ruanda-Urundi, llevado a cabo por un país europeo, civilizado y democrático: Bélgica.

Son relativamente conocidas las atrocidades que sufrió el Congo en su primera etapa de colonización, cuando era una finca particular del rey belga Leopoldo II. Cuando éste se lo cedió a Bélgica, los ojos del mundo miraban al nuevo dueño de lo que pasó a llamarse Congo Belga, esperando que no repitiera las inhumanas condiciones a las que había sometido el anterior rey al pueblo congoleño. Éstas sólo podían mejorar, y así fue, pero para Bélgica el Congo y sus habitantes seguían siendo un rico botín al que había que exprimir al máximo.

La Carta Colonial, base de todas las leyes que regirían la colonia belga a partir de 1908, creó dos categorías de seres humanos en las que los congoleños y congoleñas no eran ciudadanos, sino súbditos. Se le podían seguir aplicando castigos físicos, tenían limitada la movilidad por el país y, en las nuevas ciudades que surgían, tenían sus propios barrios, completamente ajenos a los de los blancos, en los que debían recluirse tras acabar su jornada laboral. Durante todo el dominio colonial belga del Congo (al que se unieron, tras el Tratado de Versalles, los territorios de Ruanda-Urundi) las autoridades belgas se cuidaron de que los congoleños no pudieran aspirar en sus vidas a pasar de ser oficinistas, soldados, peones o criadas, limitando de tal forma su educación a todos los niveles que, en el momento de la independencia congoleña en 1960, sólo había 33 licenciados universitarios nativos.

El mestizaje, la realidad que rompe la baraja

Dividida así la sociedad entre europeos y congoleños, la estructura social parecía ser la ideal para explotar convenientemente las riquezas del Congo. Pero entonces surgió el mestizaje y los belgas no supieron muy bien qué hacer con él. La relaciones entre hombres blancos y mujeres congoleñas habían sido permitidas en los primeros tiempos coloniales, bajo la propiedad de Leopoldo II, que incluso las alentaba como medida de «higiene sexual» en un país sin mujeres blancas, pero pocos años después de pasar a ser dominio belga muchas voces empezaron a alzarse contra las consecuencias de esas relaciones: mestizos con madres congoleñas y la mitad de su sangre blanca. Aplicando leyes del siglo XIX, los niños y niñas mestizos, los métis, pasaban a ser tutelados por el Estado y las instituciones religiosas, que se ocupaban de ellos al ser considerados niños «abandonados». Eso ocurría desde el momento en que el padre blanco, como ocurría en la mayoría de los casos, no los reconocía como hijos y quedaban a cargo de sus madres congoleñas, que disponían de pocos recursos.

¿Por qué esa prevención frente a los ‘métis’?

La prohibición de relaciones entre hombres blancos y mujeres nativas no surtieron ningún efecto. Fueran relaciones amorosas o bajo coacción, llegando incluso a matrimonios «de hecho» –en los que, a veces, el marido blanco cambiaba a una esposa por otra–, la evidencia de éstas era la existencia de métis. Como dice la antropóloga Ann Laura Stoler, el mestizaje amenazaba el prestigio de los blancos y evidenciaba la degeneración europea y su decadencia moral. Pero más allá de la vergüenza, los mestizos levantaban miedo entre los colonizadores.

 Son muchos los testimonios que advertían del riesgo del mestizaje, como, por ejemplo, el de Joseph Pholien, jurista y posteriormente primer ministro, que 1913 temía la posibilidad de que los mestizos formaran una clase «ambiciosa y amargada» que organizara revueltas contra los europeos, o el de Paul Crockaert, que fuera ministro de colonias, que en 1935 pedía evitar las uniones «desparejas», de las que saldría una sangre y una mezcla étnica «indeseable».

¿Cómo ‘solucionaron’ el problema del mestizaje?

Con la ley en la mano, y hecha la trampa que convertía en «abandonados» a niños y niñas que tenían madres y que cuidaban de ellos, el siguiente paso era arrebatárselos a estas mujeres como fuera y llevárselos lejos, con la intención de que no volvieran a verlos. Sencillamente secuestrar: «separar, alejar».

Los métodos utilizados fueron diversos, como narra Assumari Budagwa, que ha investigado el tema durante los últimos 20 años. En unos casos la policía simplemente llegaba a las casas y se llevaba a los niños; en otros se engañaba a las madres para que firmaran autorizaciones, que muchas veces no entendían, con la promesa de que su hijo o hija viviría en mejores condiciones. Cuando no accedían, se pasaba a la coacción o a declararlas «legalmente» muertas, lo que convertía a sus hijos en huérfanos.

Aislados del mundo, de sus congéneres, de su cultura

Creciendo muchos de ellos en la convicción de que habían sido abandonados por sus padres, ya fuera por su posible condición de subversores del orden establecido o por la parte «blanca» que corría por sus venas, los métis fueron aislados del resto de niños congoleños en las instituciones en las que se les ingresó. Más aún, se quiso marcar la diferencia con la población negra haciéndoles sentirse superiores a ellos, tanto en la forma de vestir como al recibir mejor alimentación, hasta avergonzarse de sus orígenes.

 Es revelador el comentario que hacía Marianne, una mujer que fue ingresada de niña en uno de los internados más investigados, el de Save, en la actual Ruanda, ante la visita de su madre: «Ella vino, nos saludó, estábamos ahí, a su lado, y muchas veces no éramos amables con ella porque era negra, porque no queríamos a nuestras madres. Nos daba vergüenza que fueran negras».

Se acerca la independencia

A finales de la década de 1950 nada parecía poder detener ya la independencia del Congo Belga y de Ruanda-Urundi, como la de otros muchos países africanos. ¿Qué iba a ocurrir entonces con los métis ingresados por miles en todos estos territorios? Una comisión ministerial había desaconsejado, al final de los años 30, que niños y niñas mestizos pudieran ser trasladados en algún momento a Bélgica, pero la inminente salida de los colonizadores llevó a que en determinadas instituciones se organizara una especie de evacuación hacia la metrópoli de estos niños y niñas.

Con promesas o amenazas, sus madres autorizaron que cientos de niños fueran trasladados a Bélgica, donde se ocuparon de ellos organizaciones benéficas que crearon sus propios archivos y desperdigaron a los métis por todo el país –incluso fuera de las fronteras belgas–, llegando a separar a hermanos y evitando cualquier posibilidad de contacto entre las madres y las parejas que los acogían o adoptaban. Una de estas organizaciones advertía a una pareja, contactada por la madre, de que todas ellas eran «negras ignorantes», sin mala fe, pero que se aprovecharían de ellos.

Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos

La forma en que se trasladó e integró en Bélgica a los métis hace complicado no sólo conocer sus orígenes, sino siquiera saber qué son: ¿belgas, congoleños, apátridas? La nacionalidad sólo se otorgó a los hijos de belgas –legítimos, legitimados o reconocidos– y Bélgica no admitió los certificados de nacimiento de la administración colonial –si bien en muchos casos sólo existían certificados de bautismo– creando un auténtico embrollo administrativo que ha dificultado la vida de los métis en Bélgica. Casarse o simplemente viajar constituía un problema. Eso los convirtió, como decía uno de ellos, el cineasta Georges Kamanayo, en «belgas de tercera categoría».

Conocimiento, reconocimiento y ¿reparación?

Todos estos hechos apenas son conocidos para la sociedad belga. La propia presidenta del Senado, Christine Defraigne, reconocía en 2017 no saber nada de ello hasta un año antes. Fueron en esos años cuando las instituciones belgas comenzaron a reconocer su culpa, sin matices, y a pedir perdón. La Iglesia católica lo hizo en 2017 y dos años después, el entonces primer ministro Charles Michel reconoció lo ocurrido ante el parlamento y pidió disculpas, citando, incluso, el sufrimiento que habían causado a todas estas personas.

Si bien el Estado belga ha tomado medidas para investigar lo ocurrido y facilitar que los métis que viven en Bélgica puedan conocer sus orígenes, muchos de ellos, ante el daño irreparable que sufrieron y que se traslada a sus familias y sus descendientes, siguen exigiendo reparaciones económicas, una valoración del daño moral y la declaración de crimen de lesa humanidad sobre aquellos hechos."                 

(JULIÁN GÓMEZ-CAMBRONERO ALCOLEA, La Marea, 20/04/23;  Puedes leer una versión más amplia de este artículo en la web ‘El Congo en español’)

Las “masacres de Volinia”, la aniquilación de entre 70.000 y 100.000 civiles polacos a manos del brazo armado de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), el llamado Ejército Insurgente Ucraniano (UPA), a finales de marzo de 1943

 "Miroslaw Hermaszewski (1941-2022) fue el primer y, hasta la fecha, único astronauta polaco. En 1978 formó parte de la tripulación de la Soyuz 30 y cumplió misión en la estación orbital soviética Salyut-6. Después de eso, alcanzó el generalato y fue condecorado con la medalla de Héroe de la Unión Soviética, la más alta distinción de la URSS, raramente concedida a extranjeros. Muchos años después del hundimiento del bloque del Este, en julio de 2013, el jubilado astronauta concedió una entrevista al canal de televisión polaco TVN 24 en la que ofreció detalles desconocidos de su biografía. En Polonia se conmemoraba entonces el setenta aniversario de las “masacres de Volinia”, es decir, la aniquilación de entre 70.000 y 100.000 civiles polacos a manos del brazo armado de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN), el llamado Ejército Insurgente Ucraniano (UPA). Hermaszewski nació en un pueblo de Volinia llamado Lipniki y tenía dieciocho meses cuando las unidades del UPA llegaron una noche de finales de marzo de 1943.

“Asesinaron a 182 personas de nuestro pueblo, entre ellos dieciocho de nuestra familia inmediata, mi abuelo murió de siete golpes de bayoneta en la cabeza”, explicó. El pequeño Miroslaw se salvó de milagro, porque su madre lo tomó en brazos y huyó con él campo a través. “Los bandidos vieron que una mujer corría con un niño en brazos y empezaron a dispararnos”. Uno de ellos les persiguió y disparó a  la madre en la cabeza a corta distancia pero falló, solo fue herida en la sien y en la oreja, cayó inconsciente y el niño huyó^[1].

Al día siguiente de aquella entrevista, el Parlamento polaco aprobó una resolución sobre las matanzas de polacos del periodo 1942-1945 en Volinia y Galitzia oriental, territorios que habían pertenecido a la segunda república polaca hasta la disolución del Estado polaco de 1939, condenando la masacre de “alrededor de 100.000 ciudadanos polacos, hombres, mujeres, ancianos y niños” a manos de los nacionalistas ucranianos de Ucrania Occidental. La resolución consideraba que “la dimensión organizada y masiva del crimen de Volinia lo caracteriza como una limpieza étnica con aspectos de genocidio”. Al mismo tiempo, el Parlamento expresaba su agradecimiento “a los ucranianos que actualmente ayudan a documentar los crímenes y conmemorar a las víctimas”, pese a que el gobierno ucraniano no autoriza excavaciones en los escenarios de las matanzas.

En septiembre de 2016, el Parlamento ucraniano, la Verjóvnaya Rada, rechazó las consideraciones de la Cámara polaca con cuatro argumentos: 1) que los polacos también mataron ucranianos, 2) que el número de víctimas polacas no pudo exceder los 30.000, porque en aquellos momentos en Volinia no había tanta población, 3) que “está bien establecido” que los perpetradores fueron agentes de la policía secreta soviética disfrazados de combatientes de la OUN/UPA (pese a que desde junio de 1941 la región estaba ocupada por los alemanes y los soviéticos se habían retirado, derrotados) y 4) que evocar este asunto solo sirve a los intereses rusos^[2].  (...)"                   (Rafael Poch, CTXT, 18/04/2023)

Tras incendio del Sabarmati Express, en la estación de Godhra, provocando la muerte de unos 60 peregrinos hindúes, entre ellos 25 niños, durante tres días, frente a la inacción de las fuerzas de seguridad y el Gobierno estadual, se inició una matanza que no excluyó violaciones, saqueos y la destrucción e incendio de cientos de propiedades de musulmanes... cientos de mujeres y niñas sufrieron las formas más aberrantes de violencia sexual para luego ser quemadas vivas

 "Cuando no se cumplían cinco meses de su asunción como Ministro Jefe (gobernador) del Estado de Gujarat, el actual Primer Ministro de India, Narendra Modi, cargaba sobre sí con la matanza de aproximadamente 2.000 indios musulmanes “cazados” por las hordas fascistas de su partido, el Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio), junto a la fuerza madre del supremacismo hindú, la Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) (Asociación Nacional de Voluntarios), responsables, entre otros crímenes, del magnicidio de Mahatma Gandhi.

La razia había comenzado tras un hecho, al menos confuso, que derivó en el incendio del Sabarmati Express, en proximidades de la estación de la ciudad de Godhra, provocando la muerte de unos 60 peregrinos hindúes, entre ellos 25 niños, que viajaban a los templos de Ahmedabad. De esos hechos fueron responsabilizados militantes islámicos e incluso se intentó implicar agentes enviados por Pakistán. Las pruebas que avalan dichas acusaciones jamás fueron aportadas.

A partir de ese momento, y por tres días, frente a la inacción de las fuerzas de seguridad y el Gobierno estadual, se inició una matanza que no excluyó  violaciones, saqueos y la destrucción e incendio de cientos de propiedades de musulmanes. Matanzas que superaron en cantidad y sadismo a las de Nellie en 1983, Delhi en 1984, Bhagalpur en 1989 y Bombay en 1992-1993, que habían sido las más sangrientas hasta la de Gujarat en 2002.

Tras el baño de sangre todos apuntaron a responsabilizar a Modi, dada la pasividad de las fuerzas policiales y la presencia de sus correligionarios en las calles alentando a exterminar a los enemigos de la Hindutva (identidad hindú) el concepto supremacista de los nacionalistas indios, ya que no solo toleró, sino que animó a los fanáticos. En investigaciones posteriores se encontró que se había ordenado a la policía y funcionarios del Gobierno direccionar los ataques con objetivos absolutamente especificados, dando pie a considerar que incluso el incendio del tren había sido un atentado de “falsa bandera” con la clara intención de provocar los desbordes posteriores. Según lo informado por el Tribunal, cientos de mujeres y niñas sufrieron las formas más aberrantes de violencia sexual para luego ser quemadas vivas.

Tras una larga investigación realizada por el Equipo Especial de Investigación (SIT) y ordenada por la Corte Suprema de India en 2012, Narendra Modi fue absuelto de cualquier complicidad con los hechos de violencia. El SIT también negó las afirmaciones, que señalaban al Gobierno estatal por no haber hecho lo suficiente para evitar los disturbios. Un año después surgieron otras acusaciones acerca de que el SIT había ocultado pruebas, lo que tampoco fue atendido.

Las causas respecto al incendio del tren y las matanzas que se sucedieron transitaron diferentes comisiones investigativas y tribunales, alcanzado a condenar a una treintena de personas, pero ninguna que pudiera conectarse directamente con el entonces Ministro Principal.

Los hechos de febrero y marzo del 2002 solo fueron el preámbulo de más conflictos religiosos entre hindúes y musulmanes que dejaron a lo largo de India miles de muertos.

Desde entonces, y tras la llegada de Modi al poder central de India en 2014, las provocaciones y ataques, que en muchos casos terminan en linchamientos y asesinatos contra la comunidad islámica, la primera minoría religiosa del país con más de 220 millones de integrantes, no han dejado de sucederse, informándose, prácticamente a diario, ataques, saqueos y muertos, lo que tiene características de limpieza étnica o, en este caso, religiosa.

Modi también ha articulado políticas estatales de provocación contra la comunidad musulmana como la Ley de enmienda de ciudadanía (CAA), que permite acceder a la nacionalidad india a migrantes indocumentados provenientes de Pakistán, Bangladesh y Afganistán de las minorías hindú, sij, budista, jain, parsi y cristiana, que puedan demostrar ser originarios de alguno de esos tres países, dejando claramente afuera a los musulmanes, incluso a miles de ellos nacidos en India que por no ser registrados al momento de nacer están perdiendo no solo la nacionalidad india, sino que corren el riesgo de ser expulsados de su país.

En 2019 Nueva Delhi anuló el artículo 370 de la Constitución india, con más de 70 años de vigencia, que otorgaba autonomía de estado a Jammu y Cachemira, una región en disputa con Pakistán desde 1947, de mayoría musulmana, que desde la partición ha generado tres guerras y miles de choques fronterizos que producen centenares de muertos.

Más allá de sus antecedentes supremacistas, que lo asocian al nazisionismo, a Trump, Orban y Bolsonaro. Narendra Modi como Primer Ministro de India -dada la potencialidad económica de su país, cuya población se encuentra superando a la de China para convertirse en la más numerosa del planeta, la que lo hace un mercado extraordinario y codiciado para cualquier otra nación del mundo, a lo que se suma su membresía en la alianza económica de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica)- se convierte, en una figura bienvenida y esperada en los foros internacionales y se le recibe con expectativas en sus visitas oficiales a cualquier país, por lo que nadie está dispuesto a recordarle sus “pecadillos” de lesa humanidad contra la comunidad musulmana.

Instrumentos de la memoria

Más allá del blindaje político, diplomático y mediático del que usufructúa Modi, de pronto surgen voces, ecos del pasado que lo señalan como un genocida y de eso trata The Modi Question, el documental en dos episodios que ha exhibido la BBC, el primer capítulo el 17 de enero y el segundo el día 24. Documental que se centra en el rol de Modi durante la masacre de Gujarat en 2002 y que además indaga en su carrera en el Bharatiya Janata Party, según ellos el partido político más grande del mundo superando al Partido Comunista Chino, hasta alcanzar a convertirse en el Primer Ministro Jefe de Gujarat.

La investigación de la BBC halló memorándums reservados en los que se detalla la conducta de Modi que en su momento había recibido fuertes críticas por parte de gobiernos occidentales, entre los que se incluye el británico, donde se encontró que los hechos de Gujarat tenían todos los componentes de una limpieza étnica.

Modi, desde hace décadas, ha sido acusado de complicidad en la violencia de Gujarat, aunque parece incombustible, ya que a partir de su llegada al poder en 2014 se ha desarrollado un culto a la personalidad o vyakti puja, solo comparable al de Hitler, Mussolini o Franco, el cual no solo se reduce al renombrar calles, estadios con su nombre o gigantografias con su imagen, en rutas, estaciones de tren o aeropuertos. Llegando al punto de que durante la pandemia los certificados de vacunación tenían grabada la fotografía de Modi.

Así, para evitar la exhumación del horroroso pasado de Modi con la serie británica, Nueva Delhi, ha prohibido de plano su exhibición invocado leyes de emergencia.

Según el Gobierno indio, el documental es “una pieza de propaganda diseñada para impulsar una narrativa particular desacreditada”. Además se refiere a la falta de objetividad y la mentalidad colonialista “que persistenten y son descaradamente visibles”. También el documental fue objetado en una declaración firmada por 300 exmagistrados, funcionarios y figuras prominentes del país que acusaron a la BBC de impulsar una agenda imperialista y constituirse en juez y jurado para resucitar las tensiones entre hindúes y musulmanes.

Al mismo tiempo el Ministerio de Información y Radiodifusión de la Unión India ordenó que no se emitan segmentos apoyándose en normativas del 2021, las que permiten la censura en caso de emergencia. Al mismo tiempo se ordenó a Twitter y YouTube que se eliminen las cuentas que transmitieron esos segmentos, basándose en que se estaba socavando la soberanía y la integridad de India con acusaciones infundadas que transmiten basura anti-India, disfrazada de información. A lo que la BBC respondió que su documental “fue investigado rigurosamente de acuerdo con los más altos estándares editoriales”.

Leyes como las que han permitido este acto de censura son las que han hecho descender a India en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras del puesto 140 en 2013 al 150 en 2022, en un improbable intento de detener el pasado."                       (Guadi Calvo , Rebelión, 26/01/2023)

¿Por qué la violencia policial es invisible para muchas personas en Perú?

 "Durante ya casi seis semanas, los mensajes del gobierno (amplificados muchas veces por sus aliados políticos en las redes sociales y medios de comunicación) se han concentrado en reforzar una asociación clave: manifestante = terrorista.

En una conexión en vivo, el camarógrafo o camarógrafa de un noticiero logra captar el momento exacto en que una policía golpea y lanza al suelo a una mujer detenida, durante la intervención del gobierno en la Universidad de San Marcos, Lima.

 La escena es brutal. Pero lo más alucinante del clip es que, mientras eso ocurre, el camarógrafo o camarógrafa se esfuerza en mostrar ese episodio de violencia, el conductor del programa está más preocupado por la reja que todo el mundo vio siendo derribada por un tanque policial. Y por eso, desde el set le pregunta a la reportera en la calle:

-¿Esa reja ha sido derribada por policía o por alumnos?

Ese pequeño momento, en apariencia insignificante, contiene una parte esencial del clima en que vivimos en el Perú. Durante ya casi seis semanas, los mensajes del gobierno (amplificados muchas veces por sus aliados políticos en las redes sociales y medios de comunicación) se han concentrado en reforzar una asociación clave: manifestante = terrorista. No importa por qué protesta una persona ni cómo lo hace, el manifestante es un terrorista al que hay que anular incluso antes de que pueda empezar a manifestarse y sin presencia de fiscales. Los llamados «actos vandálicos» contribuyen de manera eficiente con su espectacularidad a solidificar esa idea. Sean reales o fabricados, son la «evidencia» que el ‘terruqueo’ necesita.

Los mensajes de ‘terruqueo’ son ametrallados 24/7 por el gobierno, congresistas, periódicos, noticieros, amplificados de forma orgánica por redes como Whatsapp, de manera que el clima social e ideológico que respiramos es uno donde, para muchos, las personas que protestan ya no son personas: son enemigos. Vándalos o a punto de serlo. Y, como enemigos de la patria, merecen odio y castigo inmediato, en el mismo lugar de los hechos, sin investigación ni proceso judicial de por medio. El lenguaje y la propaganda cotidiana alimentan ese sentido común donde «los buenos ciudadanos» nos enfrentamos básicamente a monstruos antisociales.

Entonces, si una policía golpea a una «terrorista», en realidad no está golpeando a un ser humano, sino al enemigo. Y estamos ante una violencia -la del Estado- que se ha vuelto ya no solo tolerable sino invisible, parte del paisaje, y hasta deseable.

Por eso, un periodista que cree que efectivamente la Policía está interviniendo y salvándonos de terroristas alojados en la universidad de San Marcos, ya ni siquiera tiene que tomar la decisión antiética de ocultar la violencia policial. Ocurre que, para su lógica, esa violencia que otras personas advierten no es violencia sino pura rutina policial. Quizá por eso el presentador no «ve» (o decide no ver) lo que el camarógrafo intenta mostrar, la golpiza a una mujer, y más bien se interesa por el estado de los objetos.

El «terruqueo» es una herramienta útil para un gobierno autoritario y populista, pero también tiene un inmenso costo social. Las heridas y violencias que «el terruqueo» cultiva no se borran así nomás después de las elecciones. De hecho, el «terruqueo» es parte de nuestra inacabable posguerra: aunque ya la mayoría de los actores de ese momento desaparecieron de la vida pública, los políticos en actividad no están dispuestos a que el lenguaje de esos años y su violencia se vayan también mientras les sean útiles."          (Marco Avilés , Rebelión, 26/01/2023; Blog del autor: Choloblog)

China institucionaliza el trabajo forzoso de los uigures en Xinjiang

 "China ha institucionalizado el trabajo forzoso que en los últimos años ha impuesto entre los ciudadanos de la minoría musulmana uigur de Xinjiang. 

Según una investigación del académico alemán Adrian Zenz, experto en el análisis de las políticas de opresión de Pekín, hecha pública este lunes y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aquellos uigures que entre 2016 y 2020 fueron “movilizados” para ocupar un determinado puesto de trabajo en cualquier punto de la geografía china, muchos de ellos contra su voluntad, siguen siendo obligados a permanecer en él. 

Esta imposición es, de acuerdo con el análisis del experto, uno de los elementos clave del programa de crecimiento económico e industrial que el Gobierno de Xi Jinping ha diseñado para esta región localizada en el oeste del gigante asiático.

La nueva política laboral de Xinjiang, desgranada en el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Social y Económico de la región (2021-2025), aspira a consolidar el número de empleados obligados a trabajar y a multiplicarlos con la máxima de que “todas las personas capaces de trabajar deben trabajar”, independientemente de sus obligaciones familiares e incluso de sus condiciones físicas. Esta exigencia estaba anteriormente reservada, aclara Zenz, a “una persona por hogar”. De acuerdo con sus estimaciones, “entre dos y 2,5 millones de uigures están en riesgo de ser obligadas al trabajo forzoso”.

El análisis del experto alemán, basado en discursos y documentos oficiales, se centra únicamente en el trabajo forzoso impuesto al “excedente de trabajadores rurales” de Xinjiang, es decir, a mano de obra sobrante del sector primario. Investigaciones anteriores ya habían desvelado que también habían sido sometidos a este tipo de práctica muchos detenidos en lo que China llama eufemísticamente “centros de reeducación”, pero que, según ha confirmado la reciente filtración de Los archivos Policiales de Xinjiang, son en realidad campos de internamiento donde Pekín represalia con prácticas policiales violentas a la minoría uigur.

Sin embargo, desde 2019 no existen evidencias contundentes, según el académico, de que China siga utilizando la mano de obra de los reclusos de los campos de reeducación, que eran empleados de forma coercitiva habitualmente en sectores relacionados con la industria textil, como la recogida del algodón —el de Xinjiang representa más del 80% de la producción china y el 20% de la producción mundial—. Sin embargo, son sectores que requieren constantemente empleados. “Los trabajadores rurales sobrantes que rechazan la recolocación laboral exigida por el Estado siguen en riesgo de ser internados en campos de reeducación”, denuncia Zenz.

Una de las novedades del plan económico estatal diseñado para Xinjiang es la puesta en marcha del denominado Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Desempleo, un programa que combina la inspección sobre el terreno con el análisis de datos para detectar a aquellas familias que o bien se han empobrecido o bien han aumentado sus gastos. En 2021, según los documentos analizados por Zenz, Pekín envió a equipos para investigar y monitorizar la pobreza y la situación de ingresos de 12 millones de familias rurales en Xinjiang. De todas ellas, 774.000 fueron seleccionadas para lo que China llama “monitorización en tiempo real”.

Las historias reales que se esconden tras esta política que Pekín asegura que pretende luchar contra la pobreza de la zona desvelan que el Gobierno de Xi Jinping sigue valiéndose del trabajo forzoso para contar con más mano de obra, según Zenz. Ha sido la propaganda estatal sobre el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Desempleo la que precisamente ha permitido conocer algunos de estos casos, que China exhibe como éxitos de impulso laboral. El investigador destaca uno de ellos en el que a un trabajador de la construcción con la tensión alta se le asignó una tarea que requería menos esfuerzo físico en una fábrica de ropa. Sin embargo, su mujer, que padecía una enfermedad renal, fue obligada a trabajar en la limpieza. “La medida sorprendente de asignar un trabajo físicamente exigente a una persona que aparentemente padece una enfermedad crónica posiblemente se deba a que este hogar estaba formado por siete personas”, explica el experto. Sin ningún adulto trabajando a pleno rendimiento, tras la reubicación del padre, “los ingresos de la familia probablemente caerían por debajo del límite de la pobreza”, lo que hizo saltar las alarmas del sistema chino.

“Políticas que apoyan a los holgazanes”

El pleno empleo se ha convertido en uno de los objetivos de la región. El secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang entre 2016 y hasta finales de 2021, Chen Quanguo, a quien se le atribuye la política de represión sistemática contra los uigures, afirmó el año pasado que “con el fin de evitar el regreso a la pobreza, [Pekín] no puede dar dinero para mantener a nadie para no caer en la trampa del bienestar y de las políticas que apoyan a los holgazanes”. Sus afirmaciones van en línea con las pronunciadas por Xi Jinping a finales de 2021, durante un discurso nacional en el que afirmó que China no debe sumarse a las “políticas del bienestar” que, según el mandatario chino, son estrategias erróneas practicadas por los regímenes populistas latinoamericanos, cuyo resultado es favorecer la aparición de “gente perezosa”.

 La maniobra estatal, basada en el uso de mano de obra forzosa, para lograr el pleno empleo en Xinjiang ha logrado importantes resultados económicos. El comercio directo con otros países aumentó en 2021 un 5,8%, según los datos de la aduana de Urumqi, la capital de la región. Adrian Zenz señala que es especialmente “preocupante” que el 51,5% de las exportaciones eran productos que requieren mano de obra intensiva, es decir, aquellos en los que con mayor probabilidad pueden ser empleados los uigures de manera forzosa.

Este aumento obedece fundamentalmente al incremento de las exportaciones con la Unión Europea, que crecieron un 13,6% el año pasado, y con países como Vietnam, con un aumento del 108,9%. Hacia Estados Unidos, las ventas cayeron, en cambio, un 61,3%, probablemente, según Zenz, por las sanciones de Washington contra Pekín, aunque el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea también han aplicado sanciones en el sector textil chino. Algunas empresas, como la sueca H&M o Nike, han apostado por no utilizar algodón procedente de Xinjiang.

Pero más allá de la pretendida lucha contra la pobreza, la imposición del trabajo es otra de las medidas para la asimilación de la minoría uigur en un país poblado principalmente por ciudadanos de la etnia han. El mismo Xi defendió en 2014, según un discurso confidencial desvelado en una filtración, que las personas desempleadas “provocarán problemas”, mientras que, el empleo en las empresas propicia “la interacción étnica, los intercambios y la mezcla” y hace que los grupos étnicos “estudien la cultura china”.

“La naturaleza sistémica del trabajo coercitivo en Xinjiang es el producto de objetivos políticos que solo pueden alcanzarse trasladando a millones de trabajadores uigures desde sus medios de vida rurales a otros industriales, rompiendo comunidades tradicionales y transfiriendo minorías étnicas a regiones de mayoría han”, sostiene Zenz. Las declaraciones del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que aseguró en mayo de 2021 que “no existe trabajo forzoso en Xinjiang, solo empleo voluntario”, hacen prever, según el investigador alemán, que Pekín “no tiene intención de abandonar sus objetivos políticos en la región, que dependen directamente” de la consolidación del trabajo forzoso."             (Patricia R. Blanco , Óscar Gutiérrez , El País, 06/06/22)

La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang... al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones

 "La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang adquiere rostro por primera vez. 

Decenas de miles de fichas policiales, fotografías y documentos oficiales de altos cargos del Partido Comunista de China (PCCh), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, ofrecen una prueba sin parangón de la magnitud del sistema carcelario instaurado en esta región de la franja occidental china y la paranoia que guía las políticas de Pekín contra las minorías étnicas. La investigación periodística de este archivo, liderada por Adrian Zenz, académico alemán y experto en el análisis de las políticas de opresión china en la zona, en colaboración con 14 medios de 11 países, bajo el título Los archivos policiales de Xinjiang, permite identificar a miles de reclusos de centros de reeducación construidos por China, entre ellos a menores de edad; clasificar los cargos, la mayoría de escasa consistencia, que les mantienen entre rejas; mostrar a través de imágenes tomadas en el interior de las instalaciones las prácticas de detención, interrogatorio y maltrato llevado a cabo por los agentes contra los presos; las instrucciones para el ejercicio policial en los centros propias de la rutina carcelaria, y, finalmente, analizar la transcripción de discursos públicos de los máximos dirigentes del PCCh en Xinjiang, entre ellos su secretario general Chen Quanguo, en los que se apuntala, siguiendo las instrucciones de Pekín, la doctrina de máxima seguridad frente a los presos, a los que se disparará incluso “a matar” si atentan contra los campos o tratan de escapar.

“Detrás de esta represión sistemática”, señala Zenz en conversación telefónica con EL PAÍS, “está el temor y paranoia expresados por [el presidente chino] Xi Jinping sobre la resistencia de los uigures al intento del Estado de controlarlos”. Según el estudio realizado por este académico, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, el confinamiento de uigures en campos de reeducación es el “mayor internamiento de una minoría étnica religiosa desde el Holocausto”. Al menos un millón de ciudadanos, la mayoría uigures, han sido encerrados en campos de reeducación repartidos por la geografía de Xinjiang, según una cifra consensuada por periodistas, académicos y Naciones Unidas.

Los archivos policiales de Xinjiang han sido obtenidos por una fuente anónima externa a través de sofisticadas operaciones de intrusión en los sistemas informáticos operados por la Oficina de Seguridad Pública (OSP), la policía china, en los condados de Konasheher, en la prefectura de Kashgar, y Tekes, en la prefectura de Ili Kazakh. El responsable de este hackeo, que prefiere no identificarse por razones de seguridad, ha actuado por iniciativa propia, sin condiciones ni mandato de ninguno de los investigadores involucrados en el proyecto. Los documentos e imágenes han sido verificados por este grupo de periodistas, así como la existencia de tres centros de reeducación de los que se han obtenido los archivos, gracias a un proceso de geolocalización a partir de las fotografías tomadas por los agentes. Hany Farid, profesor experto de la Universidad de Berkeley en el análisis forense de imágenes, ha certificado de igual modo que no hay evidencias de manipulación en los archivos fotográficos.

La prefectura de Kashgar, en la denominada oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el vértice fronterizo con Kazajistán y Kirguizistán, es precisamente una de las paradas previstas en el viaje oficial iniciado este lunes por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La visita a los centros de reeducación para uigures, etnia mayoritaria en esta región de unos 25 millones de habitantes, es una de las demandas fundamentales trasladadas a Bachelet por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos. El Gobierno de Xi reconoció por primera vez la existencia de estas instalaciones en la publicación de un libro blanco (documento de referencia que guía la política estatal) en octubre de 2018. No obstante, Pekín rechaza las acusaciones sobre la represión de las minorías en Xinjiang y defiende que estos centros sirven para la educación y formación de “estudiantes”, que cuentan con libertad de movimiento. El régimen denomina a este tipo de internados carcelarios “centro de educación y formación en habilidades profesionales”.

Un 12% de adultos encerrados

Los archivos policiales de Xinjiang muestran una realidad muy diferente. Sirva de ejemplo, según el análisis de las miles de fichas policiales en Konasheher (el registro de los servicios de seguridad abarca a unos 286.000 ciudadanos, casi toda la población de este condado), analizado el censo en el periodo 2017-2018, se concluye que al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones.

Ante las preguntas sobre el contenido de la filtración, un portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha manifestado en un correo electrónico lo siguiente: “Los asuntos de Xinjiang está relacionados, en esencia, con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, no los derechos humanos o la religión. Frente a la grave y compleja situación contra el terrorismo, Xinjiang ha tomado una serie de medidas de desradicalización decisivas, sólidas y efectivas. Como resultado, Xinjiang no ha visto ningún caso de terrorismo violento durante varios años seguidos”.

Además, tras la publicación de los documentos, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin, ha tachado este martes las informaciones de “un nuevo ejemplo de las fuerzas antichinas de calumniar a China”, informa Macarena Vidal Liy desde Pekín. “No es más que una repetición de un vuejo truco”, ha considerado en la rueda de prensa diaria de su ministerio. “Esparcir rumores y mentiras no logrará engañar al mundo, ni puede tapar el hecho de que Xinjiang disfruta de estabilidad y prosperidad, y sus residentes disfrutan de unas vidas felices y plenas”, ha sostenido, reiterando el argumento con el que Pekín responde a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.

Los archivos policiales de Xinjiang contienen, entre otros documentos, 5.074 retratos tomados en comisarías o centros de confinamiento del condado de Konasheher entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018. Esta es una de las grandes aportaciones hechas por este proyecto de investigación al estudio de la represión china. De estas fotos, 4.989 han podido ser atribuidas a una persona con información detallada en los archivos. EL PAÍS ha analizado una muestra final de 2.884 fichas fotográficas de detenidos que cuentan con datos concretos adjuntos en los archivos obtenidos de la red de informaciones de la OSP china. El grueso de los internados son menores de 30 años (69%), un total de 2.001 ciudadanos. También predominan los hombres, 2.490 (86%), frente a las mujeres, 394 (14%). Su análisis permite afirmar que entre los reclusos hay personas de todas las edades (entre los 15 y los 73 años) y de todos los niveles educativos (desde quienes nunca han recibido educación a universitarios).

Esta investigación periodística se une a otra media docena que desde el año 2019 tratan de dar prueba de la magnitud de la campaña de represión sistemática del régimen comunista contra los uigures, etnia que en su gran mayoría profesa el islam. Xinjiang, que hace frontera hacia el oeste con siete países del Asia Central, es de especial relevancia para Pekín, en primer lugar, por ser lugar de paso en su renovada ruta de la seda, y, en segundo lugar, por razones de seguridad: la denominada China interior está copada, tanto en la esfera social, como en la política y económica, por la mayoritaria etnia han. Esta región, ubicada en la zona oriental de la histórica Turquestán, entre el mar Caspio y el desierto del Gobi, con una historia y cultura ligada a los pueblos túrquicos, de rasgos faciales diferenciadores en relación con los han, ha mantenido un tradicional anhelo de autonomía que Pekín ha rechazado hasta su práctica aniquilación.

El traslado de ciudadanos de la etnia han, en un esfuerzo de modificar la demografía de Xinjiang, derivó a finales de la primera década de este siglo en fuertes enfrentamientos. Uno de los episodios más sangrientos fue el choque entre las comunidades uigur y han en julio de 2009 en Urumqi, capital de la región, que se saldó con alrededor de 200 muertos. Tras varios atentados de grupos separatistas armados, Xi dio luz verde en mayo de 2014 a la campaña de nombre Golpe fuerte contra el terrorismo violento, en la que se enmarca la actual escala de represión en toda la región.

El ciudadano uigur Abdurahman Hasan es uno de las personas que ha confirmado la veracidad de las fichas policiales al identificar a su mujer durante una entrevista mantenida en Estambul (Turquía) con la británica BBC News, que forma parte del grupo de medios detrás de esta investigación. Hasan, un hombre de negocios de Kashgar, que viajaba con frecuencia al extranjero, una actividad que habitualmente levanta sospechas en Pekín, abandonó Xinjiang en enero de 2017, en plena campaña de represión. En el verano de ese año, su mujer, Tunsagul Nurmemet, entonces de 21 años, fue detenida, junto a la madre de Hasan. Según consta en su ficha, Nurmemet fue condenada por “reunir una multitud para alterar el orden social, buscar peleas y provocar problemas”. “Su vida se basó en su familia y tampoco interactuaba mucho con los demás”, explicó Hasan durante la conversación en la ciudad turca. “Ella solo visitaba familiares, no sé si tenía muchos amigos. No tenía una gran red social, ¿cómo pudo reunir una multitud?”. Su sentencia asciende a 16 años de encierro.

El retrato obtenido a partir de Los archivos policiales de Xinjiang muestra a una Nurmemet irreconocible en relación con la foto de carné disponible hasta ahora en bases de datos de uigures víctimas de la represión china. Según la información que recibió Hasan en aquel verano de 2017, su mujer y su madre habían sido “llevadas a estudiar”.

Esta versión, la del estudio, coincide con muchas otras escuchadas por familiares de los desaparecidos . Así fue con Nursiman Abdureshid, de 33 años, entrevistada por EL PAÍS también en Estambul. Sus familiares aparecen en fichas de la policía en la prefectura de Kashgar. En el verano de 2017, Abdureshid, que residía ya en Turquía desde hacía dos años, conoció gracias a una llamada a unos parientes que su padre y su hermano pequeño habían sido llevados a un “programa de educación”. El mayor de sus hermanos se encontraba ya desde 2016 encerrado por una supuesta deuda no cubierta. Le pidieron que no llamara más, que sus familiares estaban bien. En junio de 2020, Abdureshid logró que la embajada china en Turquía confirmara las penas impuestas, todas superiores a una década entre rejas. “Pregunté cuáles eran las razones por las que les habían condenado”, relata durante la entrevista Abdureshid, “y me dijeron que por ‘perturbar el orden social’ y que podrían tener la intención de participar en actividades terroristas”. El padre de la joven había sido funcionario del Estado y miembro del PCCh. Ella cree que su salida de Xinjiang, sumada a la de su otra hermana, que vive en EE UU, desató las sospechas y la represión contra su familia.

Los archivos policiales de Xinjiang cuentan también con decenas de fotografías tomadas por las autoridades y servicios de seguridad en el condado de Tekes, en la prefectura de Illi Kazakh. Una treintena de esas imágenes, tomadas entre abril de 2017 y septiembre de 2018, corresponde a escenas tomadas en el interior del centro de reeducación de ese condado. A diferencia de lo expuesto públicamente por Pekín, la acción de los agentes dentro de las instalaciones, su armamento y el trato de los reclusos dista enormemente de lo que se espera de un centro de formación profesional.

Esposas, capuchas y la ‘silla del tigre’

En las fotografías, los reclusos son trasladados de un lugar a otro encapuchados y con esposas en las muñecas. Hay agentes armados con palos, normalmente de etnia uigur, pero también con rifles de asalto y material antidisturbios, que generalmente portan uniformados de etnia han. Los interrogatorios, según el carrete de fotos sacado de Tekes, se desarrollan en las conocidas como sillas tigre, que forman parte del repertorio de instrumentos usados para la tortura en China, según recoge la ONG Human Rights Watch. Varias secuencias de estos documentos muestran prácticas habituales ya expuestas en la filtración Los cables secretos de China, como la inyección de reclusos, en este caso de varones, normalmente para aportes alimenticios o análisis, así como la obligatoriedad de recitar a diario la doctrina del campo de confinamiento o recibir en grupos la propaganda de autoridades locales.

Se estima que un millón de ciudadanos han pasado por estos centros de reeducación, una cifra que podría resultar muy conservadora, a la vista de lo expresado en uno de los discursos políticos más reveladores incluidos en la filtración. Se trata del pronunciado por el ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, en su visita a Urumqi, el 15 de junio de 2018, y clasificado como “documento secreto”. Este archivo transcrito concuerda con las informaciones y fotografías en prensa local del dirigente comunista durante su estancia en la capital de Xinjiang. Zhao, según este papel, cifró durante su comparecencia en dos millones los ciudadanos de Xinjiang “influenciados” por el independentismo, así como otros dos millones por pensamientos extremistas religiosos. Son dos de los tres “demonios” que Pekín sitúa en su particular eje del mal: terrorismo, separatismo e islamismo radical.

Zhao se felicita por la estabilización de Xinjiang a través de la campaña Golpe fuerte contra los terroristas ―”tan pronto como asomen la cabeza”, dice el ministro chino―. El dirigente del PCCh informó durante su discurso de que 20.000 “terroristas” habían sido “destruidos” ―no concreta ni quiénes eran, ni su destino final―, un número que superaba en más de cinco veces el total de los 10 años anteriores. Zhao felicitó en su intervención al líder de esta campaña de “estabilización” de Xinjiang, el secretario general del PCCh en la región (2016-2021), Chen Quanguo, sancionado por Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de las minorías étnicas en Xinjiang.

Chen, un ejemplo para Pekín por su desempeño en Tíbet antes de asumir el cargo en Xinjiang, es considerado el gran artífice de la represión contra los uigures y, en especial, de la proliferación de centros de reeducación a partir del año 2017. Las palabras de Chen en los discursos contenidos en Los archivos policiales de Xinjiang dan fiel cuenta del nivel de opresión llevada a cabo en estas instalaciones destinadas al castigo y confinamiento. En una de las intervenciones ante los suyos, el 28 de mayo de 2017, este dirigente comunista califica de “humano” el internamiento en estos centros por el simple hecho de contar con aire acondicionado, raciones de comida diarias y la posibilidad de que los presos reciban visitas.

Pese a que el análisis de los documentos contenidos en la filtración Los cables secretos de China permitía concluir que el tiempo habitual de internamiento en los centros de reeducación era de un año, el enviado de Pekín a la región puso en tela de juicio con sus palabras aquel mayo de 2017 incluso la libertad de algunos reclusos. “Si salen”, manifestó Chen, “los problemas vuelven inmediatamente, esa es la realidad de Xinjiang”. El tono es más radical en una nueva comparecencia transcrita y que data del 18 de junio de 2018. “Nadie debe nunca planear atacar las instalaciones de un internamiento”, pronunció Chen, “tan pronto como haya alguien que se mueva [contra los centros], se debe abrir fuego con determinación”. En esa misma intervención y recordando los actos violentos en Urumqi de 2009, Chen sostuvo que las fuerzas de seguridad deben actuar ante los que desafíen la ley bajo la premisa “matar primero y luego reportar”.

Las palabras del secretario general del PCCh en Xinjiang hasta el pasado año no cayeron en saco roto. Varios documentos incluidos en la memoria de archivos obtenida de los sistemas informáticos de la policía china en la zona convierten la doctrina de Chen en un pilar fundamental en los protocolos de actuación ante, por ejemplo, intentos de huida de los “estudiantes”, una obsesión dentro de la paranoia de vigilancia desplegada por Pekín. Uno de esos documentos relata cómo enfrentarse a una fuga: se avisará a las autoridades locales, se cortarán carreteras y se enviarán a fuerzas especiales. “Si los estudiantes no escuchan los consejos”, dice la instrucción, “la policía armada puede disparar un tiro de advertencia”. Si persisten en su intento de escapar se abrirá fuego “a matar”.

“Los campos de reeducación”, concluye Zenz, académico que, por su estudio de la represión china en Xinjiang, ha sido sancionado por las autoridades de Pekín, “están diseñados para cambiar las mentes de los uigures, sus corazones, para deshacer la lealtad a su cultura, historia, su herencia túrquica, incluida la fe religiosa; cambiar todo eso, cortarlo de raíz y orientarlo hacia el Partido Comunista de China”.                    (Óscar Gutiérrez , Patricia R. Blanco , El País, 24/05/22)

Un joven supremacista de 18 años asesinó a diez personas e hirió a otras tres en un barrio de mayoría negra de Búfalo... Antes del ataque escribió un manifiesto que denunciaba el “genocidio blanco” y acusaba a las personas de color de buscar “reemplazar” a la población blanca... En su manifiesto, el joven supremacista aclara que llevaba planeando el atentado desde enero de 2022, y que había elegido Búfalo por ser la localidad con más población negra cercana a su casa... Más de la mitad de los votantes que se autoidentifican como republicanos (es decir, sobre un 15% del electorado) están de acuerdo con esta “teoría”

Descifrando la Guerra@descifraguerra

Un joven supremacista de 18 años asesinó ayer a diez personas e hirió a otras tres en un barrio de mayoría negra de Búfalo, Nueva York. El autor, que disparó a sangre fría a sus víctimas, recorrió 320 kilómetros para perpetrar el ataque y lo retransmitió en directo por Twitch.

El joven fue detenido y será investigado por “un crimen de odio y un caso de extremismo violento por motivos raciales”. Antes del ataque escribió un manifiesto que denunciaba el “genocidio blanco” y acusaba a las personas de color de buscar “reemplazar” a la población blanca.

En el arma del joven supremacista se pueden leer los nombres de John Earnest, que asesinó a una mujer judía en una sinagoga, y el del noruego Anders Breivik que asesinó a 77 personas en 2011. También se puede leer la palabra "nigger" cerca del cañón del arma.

El joven supremacista ha declarado que se radicalizó en 2020 durante el confinamiento. Se dedicó a consultar varios foros de extrema derecha. Ha declarado que se ha inspirado en el atentado de Chirstchurch de 2019, en Nueva Zelanda, donde fueron asesinadas 51 personas.

En su manifiesto, el joven supremacista aclara que llevaba planeando el atentado desde enero de 2022, y que había elegido Búfalo por ser la localidad con más población negra cercana a su casa.

1:12 p. m. · 15 may. 2022
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"El terrorismo que no cesa. El tradicional tiroteo del fin de semana es esta vez distinto.

 El periódico satírico The Onion lleva publicando desde el el año 2014 la misma noticia después de un tiroteo: “'No Way To Prevent This,' Says Only Nation Where This Regularly Happens” (No hay manera de prevenir esto, dice la única nación donde esto sucede con regularidad).

 El texto es siempre más o menos idéntico; sólo cambia la ciudad, el número de víctimas, y la foto que lo acompaña. Hubo una época que lo sacaban tras cada tiroteo, pero incluso ellos se hartaron de la broma y sólo lo sacan en casos realmente espantosos. La noticia sólo “hace gracia” (es un decir) porque es estrictamente cierta: Estados Unidos sufre un tiroteo; Estados Unidos mira las imágenes horrorizado; Estados Unidos se encoge de hombros y se resigna que nadie hará nada para evitarlo. 

La matanza de la semana

Ayer en Buffalo, Nueva York, tuvimos otro, esta vez con diez muertos y tres heridos. El autor, un tal Payton S. Gendron es un chaval de 18 años que vivía en un pueblucho rural en los condados del Southern Tier del estado. El tipo se montó en el coche y condujo más de 300 kilómetros para ir al Tops Friendly Markey, un supermercado, en el barrio con mayor población de color de la ciudad.

Una vez allí, pertrechado con un casco, fusil de asalto y chaleco antibalas, disparó a cuatro personas en el aparcamiento. Sin detenerse, entró en el edificio, donde un guardia de seguridad intentó detenerlo a balazos, pero el chaleco antibalas le protegió. Tras matar al guardia, se paseó por el supermercado matando a tanta gente como pudo hasta que llegó la policía. Fue entonces cuando se puso una pistola en el cuello, pero los agentes le persuadieron para que no se suicidara.

Lo obvio

Supongo que no hará falta repetir lo obvio, pero lo repito de nuevo: es incomprensible que un chaval de 18 años en este país pueda comprarse un fusil de asalto. Es incomprensible que un chaval de 18 años pueda comprarse un chaleco antibalas. Es incomprensible que esto siga sucediendo, una y mil veces, y nadie haga nada para solucionarlo. 

 En esta matanza el asesino se encontró con un guardia armado, pero dio igual, porque no son sólo las armas, sino el hecho que en este país hay toda una subcultura de millones de personas que se pasan la vida jugando a ser Rambo y pueden ir acorazados por el mundo, no sólo equipados con toda clase de rifles, pistolas y escopetas. Eso de que “a good guy with a gun” es el mejor antídoto contra los tiroteos resultó ser, como de costumbre, una fantasía.

Una masacre distinta

Las matanzas son recurrentes, pero esta de Buffalo es, sin embargo, distinta. El asesino, como muchos fanáticos en años recientes, ha dejado un largo, detallado manifiesto explicando por qué fue a Buffalo a matar a gente. Gendron cree que existe una conspiración en Estados Unidos para atraer inmigrantes de color al país para reemplazar la población blanca, y decidió tomar cartas en el asunto, incluso retransmitiendo en directo el evento en Twitch.

Es fácil saber de dónde sacado este chaval sus ideas e identificar cómo se ha radicalizado: la replacement theory, la basura racista de la que escribe, es algo de lo que habla Tucker Carlson cada noche, todos los días de la semana, en Fox News.

 Es algo que no sólo escuchan, sino que comparten, legisladores republicanos como Matt Gaetz:

 Esto no se limita, por cierto, a legisladores más o menos marginales e investigados por pedofilia (en serio) como Gaetz, sino a gente como Elise Stetefanik, número tres del partido en la cámara de representantes, Dan Patrick, teniente gobernador de Texas, o J.D. Vance, reciente ganador de las primarias republicanas al senado en Ohio, y alguien que ha recibido el apoyo entusiasta de Trump.

 Muchas otras voces del partido llevan meses haciendo guiños a la teoría, aunque no de forma tan explícita como Carlson.

Toda esta retórica, por supuesto, no cae en oídos sordos. Más de la mitad de los votantes que se autoidentifican como republicanos (es decir, sobre un 15% del electorado) están de acuerdo con esta “teoría”, porque es perfectamente normal, a estas alturas, que un porcentaje deprimente de votantes republicanos crea esencialmente cualquier estupidez imaginable.

El problema es que hablar no es gratis, y las palabras tienen consecuencias. Payton Gendron simplemente cogió lo que escuchaba en Fox o de gente como Ben Shapiro, Mark Levin, y el resto de basura radioactiva del movimiento conservador americano, lo resumió en un manifiesto que Carlson podría leer en antena el lunes y nadie notaría la diferencia respecto a su retórica habitual, y respondió como le pedían.

Radicalización y violencia

Es fácil ver todo esto y decir que sí, de acuerdo, Fox News le ha radicalizado, pero la diferencia es que si alguien en Albacete lee demasiado 4Chan y decide lanzar una cruzada homicida para remediarlo deberá conformarse con ir a una ferretería, mientras que en Estados Unidos se podrá comprar un fusil de asalto. Hemos visto matanzas jihadistas, matanzas cometidas por veganos (¡!) y matanzas de izquierdistas recalcitrantes. Los jihadistas, veganos e izquierdistas, sin embargo, no tienen un canal de noticias las 24 horas del día repitiendo esta clase de basura, ni todo un ecosistema mediático absolutamente gigantesco ganando toneladas de dinero alimentando el odio, ni el segundo partido político del país riéndoles las gracias.

Os sugiero que leáis este largo, estupendo artículo en el Atlantic sobre la iglesia evangélica en Estados Unidos. Los evangélicos son personajes recurrentes en esta página; hablé sobre su radicalización con cierto detalle el año pasado. El texto, escrito por alguien que conoce el movimiento bien, habla sobre las profundas divisiones internas dentro de estas iglesias, y como muchos pastores descubren horrorizados cómo sus congregaciones han sido tomadas por toda clase de teorías de la conspiración enloquecidas. Algunos responden defendiendo la verdad y explicándoles a sus feligreses qué está sucediendo. Otras, viendo oportunidad de negocio (porque la religión es un mercado competitivo en Estados Unidos), abrazan la politización con entusiasmo, aúllan sobre la lucha del bien y del mal y se apuntan al carro de las tonterías más radicales del país. 

 Hay una industria de la radicalización en Estados Unidos, alimentada por las redes sociales, pero desde luego en absoluto pilotada por estas. Lo que están haciendo lleva a matanzas como la que vimos ayer en Buffalo, pero también a cosas infinitamente más graves como el asalto al congreso o el creciente autoritarismo y conspiranoia de un sector cada vez mayor del GOP. Trump era un síntoma, no una causa, pero ha acelerado este proceso.

Que conste, esto no es una historia de dos mitades del país, o dos extremos. Es sobre quizás la mitad, quizás menos, del partido republicano, un 10-15% del electorado de Estados Unidos. Pero Batasuna nunca pasó del 18% del voto en los años de plomo en el País Vasco, y todos sabemos que acabó sucediendo. El GOP, o el sector más radical del partido, suena como Batasuna."           (Roger Senserrich ,  Four freedoms, 14/05/22)

Amnistía internacional califica a Israel de Estado de ‘apartheid’

 "Amnistía Internacional (AI) se suma a las organizaciones israelíes, como B’Tselem, e internacionales, como Human Rights Watch, que califican a Israel como Estado de apartheid por su trato discriminatorio a la población palestina bajo su control mediante un “sistema de opresión y dominación”. Estas acusaciones, contenidas en un informe presentado este martes en Jerusalén por la secretaria general de AI, Agnès Callamard, desataron el lunes una ofensiva preventiva del Ministerio de Exteriores israelí, que las tachó de “falsas” y basadas en el “antisemitismo”.

En el informe de 182 páginas El apartheid israelí contra la población palestina, Amnistía documenta que “confiscaciones masivas de tierras y propiedades palestinas, homicidios ilegítimos, traslados forzosos, restricciones a la circulación y negación de la nacionalidad y la ciudadanía son elementos de un sistema que, según el derecho internacional, equivale a apartheid (...) con violaciones de derechos que, constituyen un crimen de lesa humanidad, según la definición del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional (TPI)”. AI pide al TPI que incluya el delito de apartheid en sus investigaciones en curso y reclama a los Estados que ejerzan la jurisdicción universal para juzgar a los responsables.

El ministro de Exteriores israelí, Yair Lapid, pidió el lunes en un vídeo que no se difundiera el informe de AI, organización que calificó de “radical”. Su departamento afirmó que el documento “niega el derecho a existir de Israel como Estado nación del pueblo judío con un lenguaje que le demoniza y que echa leña al fuego del antisemitismo”.

La inusual reacción previa del jefe de la diplomacia israelí pone de relieve la preocupación de su Gobierno ante el creciente coro de voces en la esfera internacional que definen como apartheid la discriminación sufrida por los palestinos. La ofensiva diplomática se produce también después de que la fiscalía del Tribunal Penal Internacional, con sede en La Haya, abriese en marzo del año pasado una investigación por crímenes de guerra en Palestina.

“Vivan en Gaza, Jerusalén Oriental, Hebrón (Cisjordania) o en la propia Israel, los palestinos son tratados como un grupo racial inferior al que se priva sistemáticamente de sus derechos”, ha asegurado la secretaria general de Amnistía en un comunicado. “Las políticas de segregación, desposesión y exclusión en los territorios que están bajo control de Israel constituyen apartheid”, concluye Callamard.

AI señala que su informe es fruto de más de cuatro años de investigaciones de las 70 secciones de la organización en todo el mundo, que suman 10 millones de miembros. “Hubiésemos deseado un intercambio de información con el ministro de Exteriores israelí, pero nos pusimos en contacto con él en octubre y aún no nos ha contestado”, declaró el lunes a France Presse la responsable de AI. “Criticar las políticas del Estado de Israel no es antisemitismo, que es algo que nosotros denunciamos en todo el mundo”, puntualizó Callamard.

Amnistía Internacional asegura haber documentado actos prohibidos en la Convención contra el Apartheid y en el Estatuto de Roma en todas las zonas bajo control de Israel, aunque reconoce que se cometen con más frecuencia y violencia en los territorios ocupados desde hace más de medio siglo. “Las autoridades israelíes promulgan múltiples medidas para negar deliberadamente a la población palestina sus derechos y libertades fundamentales, como draconianas restricciones a la circulación (...) traslados forzosos, detenciones administrativas (indefinidas y sin cargos), torturas y homicidios ilegítimos”, resume un comunicado sobre el informe, que hace hincapié en la muerte de más de dos centenares de palestinos a manos de francotiradores del Ejército israelí en las manifestaciones de 2018 y 2019 en la frontera de Gaza."            (Juan Carlos Sanz, El País, 01/02/22)