Maniatado, le subieron a un camión y le llevaron a su pueblo. Allí, le mantuvieron expuesto a la vista de todos, a la intemperie, durante un par de días, sin recibir cuidado alguno. Después de aquel episodio de humillación le llevaron a Calatayud, donde le hicieron limpiar cuadras durante unos días. Después, junto a otros vecinos de Villarroya, le metieron otra vez en un camión que les condujo hacia las afueras, hasta el barranco de la Bartolina. Allí, fueron todos fusilados... Antonio, el hermano de Manuel, era herrero de profesión, como el padre de ambos. Le mataron unos meses después, en octubre... Su esposa, Esperanza, había intercedido por él ante los militares... un guardia civil despechado por Esperanza logró que Antonio fuera asesinado antes de que llegase el indulto

 "(...)  Tenía 43 años cuando, en el verano del golpe de Estado, desapareció. Fue detenido en un lugar llamado El Orcajo. Maniatado, le subieron a un camión y le llevaron a su pueblo. Allí, le mantuvieron expuesto a la vista de todos, a la intemperie, durante un par de días, sin recibir cuidado alguno.

Después de aquel episodio de humillación le llevaron a Calatayud, donde le hicieron limpiar cuadras durante unos días. Después, junto a otros vecinos de Villarroya, le metieron otra vez en un camión que les condujo hacia las afueras, hasta el barranco de la Bartolina. Allí, fueron todos fusilados. En la documentación oficial de su defunción, consta como causa de la muerte “acción de guerra”.

Antonio, el hermano de Manuel, era herrero de profesión, como el padre de ambos. Le mataron unos meses después, en octubre. Tenía 39 años. A finales de verano, alguien le avisó de que la Guardia Civil iba a buscarle. Antonio, que sabía lo que le había pasado a su hermano, se echó al monte. Allí estuvo escondido mes y medio. 

Su esposa, Esperanza, intercedió por él ante los militares. Le aseguraron que si se entregaba no pasaría nada, que le prepararían un indulto. Según contaba la familia, un guardia civil despechado por Esperanza logró que Antonio fuera asesinado antes de que llegase el indulto. Le fusilaron contra la tapia del cementerio de Calatayud y nadie supo con certeza dónde le habían enterrado.(...)"                   (Elena Cabrera, eldiario.es, 12/06/23)

La fosa de los hombres buenos: cuando el fascismo fusilaba a curas y a médicos de pobres... junto al médico de pobres, un abogado que enseñaba a leer y escribir, y un cura conocido de Azaña y aficionado a la botánica, que compartía sus conocimientos con los vecinos... a un dirigente socialista le organizaron su muerte en público como un espectáculo festivo, con presencia de la banda musical de Ateca, pasquines de convocatoria y día sin escuela para los niños

 "La fosa del barranco de Cortasogas, en Calatayud, no muy lejana a la del paraje de La Bartolina (donde fueron enterrados los restos de tres centenares de republicanos asesinados por los sublevados durante la guerra y los primeros años de la dictadura), nunca ha dejado de ser, pese al silencio impuesto durante más de ocho décadas sobre su existencia, un acta del terrible grado de indiscriminación que caracterizó a la violencia franquista. De sus enterramientos clandestinos han sido recuperadas más de 9.000 víctimas en las últimas dos décadas.

Allí, en un lugar indeterminado del cauce del torrente, hoy seco, y de los campos que se extienden por sus alrededores, se encuentran los cadáveres de al menos cuatro personas fusiladas en el mes de agosto de 1936, aunque algunos datos apuntan a que podría haber hasta diez en dos fosas, cuya búsqueda va a comenzar a finales de este mes, más de 86 años después de su muerte.

"No está claro lo que hay allí. El mapa de fosas del Gobierno de Aragón habla de la existencia de una que habría desaparecido, pero seguramente hay dos: una con tres víctimas que se conocen y otra con restos de cinco o siete entre los que solo hay uno conocido", explica Javier Ruiz, arqueólogo de la entidad memorialista Arico (Asociación por la Recuperación y la Investigación Contra el Olvido).

El mapa de fosas del Gobierno central, por el contrario, registra el enterramiento como "no intervenido" y da por hecha la presencia en ella de dos víctimas, Eradio López y Germán Baquedano.

El médico que atendía gratis a los pobres

En los perfiles de tres de las cuatro víctimas identificadas por los testimonios de quienes participaron en los crímenes o los presenciaron coincide una constante. Esta es que desarrollaron labores asistenciales y formativas entre los sectores de la población más desfavorecidos de la zona: un hombre a quien denominaban el médico de pobres, un abogado que enseñaba a leer y escribir y un cura conocido de Azaña y aficionado a la botánica que compartía sus conocimientos con los vecinos.

"El objetivo es entregar los restos a los familiares", explica Julia Oliva, concejal del PSOE en Calatayud, que explica cómo "desde los años 70 hay allí un memorial colocado por uno de los hijos de Eradio, que de niño se fue a vivir a Barcelona con su madre viuda y al que el ayuntamiento le denegó el permiso para buscar los restos de su padre".

Él fue quien colocó la piedra con la inscripción "Eradio, 11-8-36", y también quién enterró en un nicho del cementerio municipal un arca con tierra del barranco de Cortasogas, donde cuatro décadas antes su padre había muerto fusilado.

"A Eradio lo llamaban el médico de los pobres. Mi madre me contaba cómo todas las tardes iba a visitar a enfermos en las Casas Baratas. No les cobraba e incluso les dejaba dinero para que pudieran comprar medicinas", recuerda Oliva, a la que también su madre le explicó cómo "su asesinato provocó un fuerte impacto" en la ciudad.

Eradio, médico de profesión que ejercía en la Azucarera local y estaba emparentado con una familia de industriales de la ciudad, "ostentó la vicepresidencia de la Agrupación Socialista de Calatayud en 1933 y es recordado como un hombre de gran corazón y como el médico de los pobres, pues asistía a los pacientes más humildes sin ninguna contraprestación". Así lo reseña el historiador Nacho Moreno en su libro La ciudad silenciada: segunda república y represión fascista en Calatayud (1931-1939).

Los sublevados acuñaron una retorcida versión de esa misma biografía: "Profesaba ideas marxistas y, valiéndose de su prestigio y cultura por ejercer la profesión de médico, hizo activa propaganda de ellas entre sus vecinos, siendo considerado como uno de los principales dirigentes del partido socialista en Calatayud". Y eso, en algunas cabezas, bastaba para justificar su muerte.

El abogado que enseñaba a leer en 'La ciudad maldita'

El médico de los pobres había estado recluido en el cuartel de Artillería Ligera de Calatayud, utilizado como cárcel en la primera fase de violenta represión desatada por los sublevados en las riberas del Jalón y el Perejiles desde el inicio del golpe, junto con Germán Baquedano y con Serafín Gracia.

Las biografías de los tres comparten, además de la coincidencia en la fecha, el lugar y la causa de su muerte el 11 de agosto de 1936 a manos de pistoleros facciosos en el barranco de Cortasogas, el rasgo común de haber desarrollado acciones asistenciales entre los sectores menos favorecidos de Calatayud y de otros pueblos de la comarca.

Baquedano acabó militando en el PSOE después de haber abandonado el seminario poco antes de su ordenación para estudiar Derecho. "Era abogado, profesor de piano y enseñaba a leer y escribir a las personas mayores", recoge Moreno en su investigación. En ella indica que "por su juventud militaba y era secretario de la sección local de las Juventudes Socialistas Unificadas, pero además en marzo de 1936 fue elegido vocal de la Agrupación Socialista de Calatayud".

 A esos cargos se les unía, recuerda Oliva, el de ser "muy amigo de Francisco Bueno, El Estirado", un dirigente socialista cuya muerte en público organizaron los sublevados como un espectáculo festivo, con presencia de la banda musical de Ateca, pasquines de convocatoria y día sin escuela para los niños.

Varias décadas después, una música muy distinta que la que sonó ese día, la de la desgarradora La ciudad maldita de Amaral que arranca narrando cómo "se escribió tu historia con tinta invisible / sobre una página negra que nadie pudo leer", recordaba la muerte de Baquedano, padre de una de sus tías, y la losa de silencio que la cubrió.

El cura que se hizo amigo de Azaña en un tren

El tercer fusilado era Serafín Gracia, el cura de Aldehuela de Grío, una pequeña población hoy abandonada del valle al que da nombre ese río. Procedente de una familia acomodada de Santa Cruz y aficionado a la botánica, compartía sus conocimientos con los vecinos de la zona, ya fuera para tareas agrícolas o para otros usos de las plantas.

De ideas republicanas, había coincidido en un viaje en tren con Manuel Azaña, presidente del Consejo de Ministros y de la Segunda República, con quien mantenía una relación epistolar de la que el cura hablaba abiertamente.

"Debía simpatizar con los ideales republicanos, pues se cree que organizaba mítines en la sede de Unión Republicana de Santa Cruz y se carteaba con Manuel Azaña", reseña Moreno, que explica cómo durante su detención en el cuartel fue sometido a un trato especialmente vejatorio y cómo "aunque la familia intentó interceder por su vida, nada pudieron hacer por él".

El historiador apunta como "posible" el hecho de que con ellos "fuera asesinado Faustino Ismael Oroz Moncín, otro joven comunista de 24 años, cuya partida de defunción sitúa la muerte ese mismo día", aunque este no se trata de un dato contrastado.

¿La segunda fosa de Cortasogas?

Varios datos apuntan a que en el barranco habría una segunda fosa con entre cinco y siete víctimas de los sublevados que habrían sido asesinados cuatro días más tarde, el 15 de agosto.

Uno de ellos sería Eugenio Castillo, comunista y afiliado a la UGT cuya familia regentaba una casa de comidas en Calatayud, frente al Mesón de La Dolores, y que había huido al monte una semanas antes, después de que un familiar le avisara de que un grupo de falangistas le andaba buscando.

Otro pariente le delató a la Guardia Civil cuando se encontraba en los montes de Orera, localidad de la que era originaria su familia, y uno más, marido de una prima, condujo el camión en el que fue trasladado hasta el barranco de Cortasogas para ser asesinado.

Hay dos versiones sobre cuántas víctimas murieron en esa razzia, una que indica que en el camión viajaron cinco personas y otra que sostiene que eran siete. "En la primera fosa hay tres víctimas y en la segunda lo hemos de aclarar", explica Ruiz, que anota que una de las primeras tareas se va a centrar en la recogida de la documentación disponible sobre el caso y en su ampliación mediante testimonios, aunque, "por desgracia, cada vez queda menos gente que pueda ofrecer el suyo, cada vez son más indirectos". (...)"          (Eduardo Bayona, Público, 15/10/22)

Trabajadores esclavos en tiempos de Franco

 "Millares de presos convertidos en trabajadores forzados ejercieron tareas agotadoras en la España bajo Franco, encuadrados en la “Redención de penas por el trabajo”.

Las prisiones de la dictadura de Francisco Franco fueron escenario de padecimientos físicos y morales infligidos a conciencia sobre centenares de miles de presas y presos. Los sufrimientos impartidos iban desde el hacinamiento, el hambre y los castigos arbitrarios hasta la presión insoportable de un adoctrinamiento político y religioso continuo y obsesivo. A lo cual se sumaba una tortura psíquica específica para los millares de condenados a muerte, mantenidos durante meses a la espera de una conmutación por pena de prisión o la consumación del asesinato judicial.

En particular en aquellos años en que, terminada la contienda no la sustituyó la paz sino “la victoria”, el empeño de la dictadura por someter de mil formas a los vencidos alcanzó hasta al propósito de privarlos de todas las condiciones para llevar una vida relativamente “normal”. Y el intento de disolver sus personalidades, hasta convertirlos en seres sumisos y “arrepentidos”, rotos los vínculos con las acciones del pasado y con las creencias profesadas antes de ser encarcelados.

La “redención” por el trabajo.

Con cárceles repletas y la fuerza laboral de la posguerra española disminuida por muertes y discapacidades en combate, exilios y prisiones, se inauguró con rapidez un dispositivo adicional al carcelario tradicional: Los trabajos forzados. El flamante “Nuevo Estado” abrevaba así en prácticas similares a los sistemas fascista y nazi que tanto admiraba por entonces. Claro que dándoles su toque particular, en la vena paternalista y “nacional-católica” que caracterizaba a la autodenominada “Nueva España”.

Los presos podrían “redimir” parte de su pena mediante la prestación de trabajo fuera o incluso dentro de las prisiones, bien a las órdenes de funcionarios estatales o en beneficio de empresas privadas. Esta modalidad fue instaurada ya antes del final de la guerra civil. Una norma la estableció en octubre de 1938 y el 1 de enero de 1939 comenzó a funcionar un organismo creado al efecto, el Patronato Central de Redención de Penas.

En la “orden” que da origen al Patronato puede leerse que se hará cargo de “la ingente labor de arrancar de los presos y de sus familiares el veneno de las ideas de odio y antipatria”. La finalidad económica de poner en movimiento a la potencial mano de obra recluida en las prisiones queda asociada desde el principio al objetivo de la “depuración” ideológica de los derrotados en la guerra civil.

Obras públicas, construcciones privadas, explotaciones mineras, fueron ámbitos apropiados para la explotación del trabajo de los presos. Incluso una parte de ellos eran destinados a lo que la dictadura consideraba una reparación directa del “daño” producido por los vencidos, al afectarlo a tareas de reconstrucción en las llamadas “regiones devastadas”. Así se vio a los forzados tomando parte en reconstrucciones y arreglos de antiguos campos de batalla, como Brunete o Belchite, o en áreas que habían sido objeto de bombardeos.

Quienes entraban en el proceso de “redención” continuaban privados de su libertad, sólo que a menudo fuera del recinto penitenciario tradicional, muchas veces en “colonias” o campamentos penitenciarios que permitían la utilización de la mano de obra de los prisioneros. Por cada día de trabajo eran compensados con la reducción del equivalente o más de la condena que debían cumplir. Era un sistema exclusivo para los condenados por “rebelión” u otras causas políticas. No se aplicaba a los encarcelados por delitos comunes, sino mucho más tarde.

Con el tiempo fueron habilitadas modalidades de trabajo en las mismas cárceles. Ello incluía “Talleres penitenciarios” en los que se producían diversos bienes. También prestaciones de mantenimiento y reparación de las propias instalaciones carcelarias. Se incorporaron asimismo actividades culturales, orientadas a reforzar la sumisión de los presos y auspiciar su “contrición” y “arrepentimiento”. Así una revista específica, Redención, a la que los partícipes del sistema estaban casi obligados a suscribirse y que era escrita por presos. Ponían de manifiesto con sus colaboraciones que habían dejado de ser “rojos” para convertirse en personas afectas a los valores del “Movimiento”.

Las presas también tuvieron su lugar en el trabajo esclavizado. Se habilitaron incluso talleres de “labores” para que pudieran reproducir los roles femeninos “decentes” y dejaran de ser una especie de “criaturas satánicas”, tal como describía el franquismo a las “rojas”.

Le entrada en el régimen laboral era “voluntaria” en lo formal. Ocurría que las vejaciones constantes en las cárceles, sumadas al sufrimiento de las horas interminables del encierro, hacían que los condenados del franquismo prefirieran cualquier otra salida a la prolongación de la vida en prisión. Lo que aparecía como una decisión “libre” era en realidad adoptada bajo una presión insoportable, llevada hasta el nivel de la deshumanización.

Existía además el estímulo de poder ayudar a la familia, bajo determinadas condiciones. Si el preso había contraído matrimonio religioso y tenía hijxs “legítimos”; esposa y vástagos podían recibir una asignación. Éstos pagos eran míseros, por ejemplo una peseta por hijx, Pero podían resultar significativos para grupos familiares por lo común hundidos en la miseria, víctimas de un entramado de discriminaciones y marginación por ser parientes de “penados”.

Con ser muy escasos, esos emolumentos eran superiores a la suma ridícula que recibía el propio “trabajador”, en muchxs casos reducida a media peseta diaria, cuando la jornada de trabajo era superior a 10 pesetas para los trabajadores comunes. En realidad se les asignaban dos pesetas, pero el resto les era descontado por “gastos de manutención”.

Con el tiempo, algunos de los trabajadores forzados fueron autorizados a recibir visitas o incluso a mantener una precaria convivencia con sus familias. Todo en condiciones muy duras, pero preferibles al entierro en vida en las celdas del régimen.

La reducción del período carcelario a trueque de las jornadas laborales cumplidas no tendría como resultado la libertad, sino la “condicional” sometida a todo tipo de controles, expuesta a variados abusos por parte de las autoridades franquistas y con frecuencia acompañada del difícil o imposible acceso al trabajo. El horizonte de marginación, persecuciones y pobreza extrema remataba el itinerario que iba del preso “tradicional” al que “redimía” su pena y de allí al “liberado” en un país del que se ha dicho era una “inmensa prisión”.

La ideología de la “redención”.

La Iglesia fue una pieza fundamental en toda la arquitectura represiva y de control social del franquismo. El sistema de reducción de los penados al trabajo semiesclavo no podía ser la excepción. Todo lo contrario, el componente clerical estuvo en su esencia, para hacerlo funcionar y darle sustento doctrinario.

Un sacerdote jesuita con formación científica, José Agustín Pérez del Pulgar, elaboró la fundamentación por escrito del régimen “redentor”, en un folleto titulado “La solución que España da al problema de sus presos políticos” Por cierto no a título personal sino presentando al “Caudillo” como el espíritu creador de un mecanismo que se presentaba como “avanzado” en lo conceptual, de un talante ético “magnánimo” y orientado por la “caridad cristiana”.

A la hora del elogio a la iniciativa “redentora” todo exceso cabe. Se la califica de “…pieza admirable de jurisprudencia cristiana que supera en solicitud, en previsión, en caridad y en justicia cuanto ha producido jamás la legislación penal humana.”

Más allá de esos “embellecimientos” discursivos, el sacerdote resalta los méritos económicos del sistema, que aminora los gastos que ocasionan los presos e incluso permite sostener en parte a sus familias sin que el costo recaiga sobre el llamado “auxilio social”.

El sistema unía lo útil a lo agradable…para los patrones. Del Pulgar destacaba que los españoles esclavizados podían ser enviados a zonas inhóspitas o “regiones deshabitadas” donde era difícil contratar obreros “libres”. También que aquéllos no podían cambiar de patrón ni dejar el trabajo, forzados a estar siempre a disposición de los empresarios.

Asimismo se establecía que los “patronos de obras particulares” pagarían al Estado el salario íntegro de los obreros, mientras que los organismos públicos sólo pagarían una porción menor. Y allí mismo se efectuaba la estimación que el promedio de lo pagado por las autoridades sería de 4,75 pesetas diarias y la empresa privada abonaría 14 pesetas. Los comentarios sobran. Los empresarios compensaban los salarios pagados con beneficios que obtenían por su colaboración con la labor “redentora”.

Cabe transcribir una observación del padre Pérez: “…se comprende que un recluso que se decide a observar buena conducta y a mostrarse sumiso y arrepentido puede reducir considerablemente el tiempo y a mitigar el rigor de su condena.”

Allí radica una vez más la idea clave: El menoscabo al preso hasta hacerlo renegar de cualquier impulso de rebeldía y llevarlo a la abjuración de sus ideas previas. Su pasado de izquierdista, de luchador social o al menos de “desafecto” a los militares sublevados debía quedar remitido a una especie de “vida anterior”. Tras cuya clausura definitiva quedaba un ser sin memoria, carente de pensamiento propio, guiado por un espíritu obediente y con la supervivencia como finalidad casi única.

El ya mencionado periódico Redención encierra otra contribución doctrinaria. Ya no mediante el pergeño de fundamentaciones del sistema, sino al generar una propaganda por la práctica, expresada por algunos de los mismos cautivos, prestos a mostrar el abandono de sus ideales y el sometimiento a las indicaciones de las autoridades de la prisión y de los infaltables clérigos que tomaban parte en el control de sus personas. En un informe oficial se enuncia:

“El mejor instrumento de la propaganda inmediata son los mismos reclusos arrepentidos o desengañados, los cuales ejercen un ascendiente personal mayor que el nuestro y conocen mejor la psicología de los propios compañeros. Este ha sido el acierto principal del semanario Redención.”

El objetivo casi explícito es el de socavar la capacidad de resistencia de los presos y los lazos de solidaridad entre ellos. Se buscaba la multiplicación de propagandistas, no ya instalados desde arriba sino en el seno de la propia comunidad carcelaria.

El Valle de los Caídos y la redención de penas.

Miles de presos esclavizados trabajaron en uno de los proyectos más desmesurados del franquismo: La gigantesca obra que en el sitio llamado Cuelgamuros, no lejos de Madrid, aunó una cripta tallada en el interior de la roca, una cruz altísima y un convento. Un peculiar cementerio para lxs triunfadores, incluido un sepulcro para José Antonio Primo de Rivera y la futura tumba de Franco.

Disparatado artilugio al servicio del auto-homenaje y la propaganda, el Valle tuvo un proceso constructivo que abarcó casi dos décadas, a partir de 1940. Los penados en “redención” cumplieron tareas pesadas y riesgosas, con la excavación de la piedra y la manipulación de los escombros como aspectos destacados. Varios murieron en accidentes por derrumbes o percances similares. Otros vieron su sistema respiratorio y su vida misma arruinados por la silicosis, mal mortal asociado a la inhalación del polvo de las excavaciones.

Además del beneficio simbólico para el dictador y sus corifeos, la mano de obra carcelaria jugó en favor del menor costo de los trabajos para el Estado. Y fue fuente de ganancias de los concesionarios privados de las obras, que contaron con una fuerza de trabajo sin opciones. A la que mezclaron trabajadores “libres”, de modo de extraer los mayores beneficios de unos y otros.

El sistema de trabajos forzados constituye en sí mismo una síntesis de la vocación y práctica totalitaria del régimen encabezado por Francisco Franco. Juristas, curas, militares, funcionarios penitenciarios, guardiacárceles, ministros de Justicia, sumaron sus esfuerzos para concebir, regular, poner en funcionamiento y controlar el sistema. La corrupción asociada llenó muchos bolsillos. Las ganancias de los “empleadores” privados contribuyeron a consolidar el patrimonio de varias grandes empresas.

Como contracara, los prisioneros esclavizados buscaron con desesperación abandonar los recintos de encierro, ganar un poco de “aire puro”, aliviar en algo la triste suerte de sus familias. También la abreviación de las penas interminables que les había impuesto una legislación tiránica, por obra de tribunales sin garantías de defensa y condicionados en su contra.

No se crea que la vigencia de la funesta “redención” se circunscribió a los tiempos iniciales de la dictadura. Mantuvo su funcionamiento hasta el final del régimen, como una evidencia más de lo muy relativo de la “liberalización” que se atribuye a sus últimos años.

Otro capítulo infame entre las tinieblas de cuatro décadas. Y un eslabón más de la cadena de impunidades que montó la en su momento tan elogiada “transición”, con su disposición al “olvido” y al “perdón” de uno de los regímenes más criminales del siglo XX."                (Daniel Campione , Rebelión, 09/09/2022)

En Tenerife no hay cadáveres en las cunetas porque están en el fondo marino... los metían con las manos atadas en sacos con piedras y los tiraban por la borda al mar. Hay identificadas unas 2.500 víctimas del franquismo en Canarias, con nombres y apellidos. Pero hay muchos desaparecidos más

 "Conocer el pasado es clave para entender el presente. Pero a veces ese pasado es peliagudo, terrible y fue sepultado para no levantar ampollas. Jorge Fonte (Santa Cruz de Tenerife, 1967) lo tenía muy claro cuando comenzó la escritura de 'El hijo del apotalado' (editorial Milenio), que desembarcó hace unas semanas en las librerías de todo el país.

(...) Jorge Fonte reconoce que hubo un detalle que le llamó la atención tras leer muchos libros sobre la Guerra Civil y la postguerra. «Todos los libros daban el nombre y los apellidos de las víctimas, pero no el de los falangistas que los perseguían. Yo me centro en El Hierro y me parecía importante decir quién persigue a quién, quién denunciaba, quién iba por la noche a casa del alcalde y lo llevaba preso. Me centré en los huidos y el caso del alcalde de Firgas», rememora.

Identificar a los falangistas herreños

Para saber qué herreño formó parte de la Falange acudió a los archivos de la Delegación del Gobierno. «Ya sabía de la pertenencia de Pastor Fonte y quería saber quiénes fueron los demás. Me puse a investigar en esos archivos. Hay documentación que se ha perdido y otra que imagino que ayudaron a que se perdiera. Pero el que es ratón de bibliotecas sabe buscar. En aquella época, el barco llegaba dos veces a la semana a la isla. Para viajar había que solicitar un permiso en la Delegación del Gobierno y esos permisos sí que se conservan. Al principio, en los primeros años del llamado alzamiento, todos los falangistas estaban henchidos de orgullo y por eso en esos permisos junto a sus nombres aparecía que eran parte de ese partido. Empecé a apuntar los nombres y así identifiqué a todos los que ejercían como falangistas en la isla desde 1936 en adelante».

Saber los nombres fue capital para narrar un hecho histórico como el falso fusilamiento en El Pinar. «Los libros de historia te dicen que un grupo de falangistas llegó al Pinar, pero yo sé quién era falangista, en El Hierro, en noviembre de 1937. Tengo un documento oficial que me dice quién lo era. Allí no sucedía como en Gran Canaria o en Tenerife, donde la Falange podía tener miles de miembros. En El Hierro era diez. Hay que reivindicar tanto el nombre de las víctimas como de los que participaron. No se trata de un acto de venganza, sino de justicia. Si nombro a Pastor Fonte, también tengo que citar a los demás que estaban con él en el partido. Por honor, honestidad y respeto a la historia y a las víctimas», defiende.

«No culpo a las personas, culpo al sistema, al franquismo y a la ideología fascista que fomentó y permitió una serie de conductas que no deberían existir», añade.

Los apotalados

¿Qué es un apotalado? Eso mismo se preguntó Jorge Fonte cuando investigada para una novela que acabó por colocar este canarismo en su título. «Todo nace de una anécdota que me contaron. En El Hierro no hubo víctimas mortales. Es la única isla del archipiélago que en su geografía no cuenta con víctimas de la Guerra Civil. Murieron herreños durante la contienda y después, pero no en la isla. Lo que sí que hubo, y está documentando en el libro de Cabrera, fue más de 200 personas que fueron denunciadas y trasladadas a la prisión de Fyffes, en Tenerife, y algunas a Gando, en Gran Canaria. Y algunos acabaron apotalados. En Tenerife no hay cadáveres en las cunetas porque están en el fondo marino, sobre todo en el tramo de la costa entre Valleseco y San Andrés, donde cerca de la costa hay un precipicio marino de más de 2.000 metros», explica Fonte.

«Hablando con los hijos de alguna de las víctimas, uno me dijo que su abuelo murió apotalado. Fue la primera vez que escuchaba esa palabra. Le pedí que me lo contara y me explicó que los metían con las manos atadas en sacos con piedras y los tiraban por la borda al mar. Hay identificadas unas 2.500 víctimas del franquismo en Canarias, con nombres y apellidos. Pero hay muchos desaparecidos más. Algunos consiguieron emigrar a Venezuela, pero otros muchos acabaron en el fondo del mar», señala con pesar. 

(...)  Una biznieta me ha facilitado muchos datos y está tan sorprendida como indignada al conocer la historia, ya que no sabía nada sobre lo que hizo su bisabuelo. En la familia se decía que estuvo en política, pero no se hablaba de nada más», apunta el escritor"                 (Victoriano Súarez Lamo, Canarias7, 04/09/22)

Felipe Acedo Colunga, el creador de la “solución final” de la represión franquista... el responsable de la fórmula sistemática “para exterminar” a los defensores del orden constitucional

 "El fiscal Felipe Acedo Colunga fue el ideólogo de las tesis defendidas en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia entre 1937 y 1939. También a él se le debe la creación del plan que determinó cómo debía llevarse a cabo la depuración de todos los colectivos fieles a la República. Fue inflexible con los defensores de la Constitución republicana. Dio forma a una norma penal destinada a exterminar al enemigo, como se aclara en la investigación Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista (Editorial Crítica), de los historiadores Francisco Espinosa, Guillermo Portilla y Ángel Viñas. La obra descubre un personaje cruel y decisivo, que actuó en la sombra en la construcción de los criterios sistemáticos para ejecutar un gran crimen contra la humanidad durante la Guerra Civil y la dictadura, como indica el juez Baltasar Garzón en la introducción del ensayo.

El “horror penal”, como lo define Garzón, que imagina Acedo Colunga queda patente en la Memoria del final del Ejército de Ocupación, redactada el 15 de enero de 1939, que aplicó “con generosidad” sobre aquellos que defendieron al Gobierno salido de las urnas y al orden constitucional. Para Francisco Espinosa el objetivo de este documento –hallado en el Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla– fue mantener viva la represión. “Aunque la guerra hubiera terminado, la campaña seguía vigente”, apunta el historiador. Y solo cesó en 1944, durante cierto tiempo, cuando la dictadura necesitó abrirse al mercado internacional. Cuando Franco comprobó que los aliados mirarían para otro lado ante la existencia del fascismo español, la maquinaria judicial militar volvió a encenderse.

Primero, reprimir. Luego, afirmar y justificar: “Demostrar al mundo de forma incontrovertible y documentada nuestra tesis acusatoria contra los sedicentes poderes legítimos, a saber, que los órganos y las personas que el 18 de julio de 1936 detentaban el poder adolecían de tales vicios de ilegitimidad en sus títulos y en el ejercicio del mismo, que, al alzarse contra ellos el Ejército y el pueblo, no realizaron ningún acto de rebelión contra la Autoridad ni contra la Ley”, puede leerse en el objetivo de la memoria.

El redactor del infierno

El fiscal del horror, ideólogo jurídico de tan cruenta represión, procedía de la rama de aviación del ejército. Durante la República ya se había mostrado como un convencido antidemócrata y participó en el golpe de Sanjurjo, el 10 de agosto de 1932. Con el tiempo llegaría a ser, entre otros cargos, gobernador civil de Barcelona entre 1951 y 1960.

Francisco Espinosa cuenta a este periódico que su encuentro casual con la Memoria en los archivos militares demuestra lo que muchos se han empeñado en negar hasta el momento: “Que los militares tenían un proyecto ideológico de control y exterminio. No pudieron matar a toda la gente que les habría gustado. Dejaron vivos a los que tenían que trabajar el campo”, apunta el historiador, que advierte que Acedo Colunga era admirador de la Alemania nazi.

Lo asombroso, añade, es que este documento tan significativo pero tan poco conocido se haya conservado. Tiene cerca de 90 páginas mecanografiadas y, a simple vista, va sin firmar. El nombre de Felipe Acedo Colunga está al final del documento. Era un archivo de uso interno, orientado a las auditorías y no para salir de los círculos castrenses, en el que quedan detallados los fundamentos ideológicos de la represión. En esas páginas el final del horror puso negro sobre blanco su experiencia de “limpieza” de las poblaciones andaluzas según eran ocupadas por el ejército franquista. Su misión empezó en Málaga, donde hicieron miles de consejos de guerra en unos meses… “y se carga cerca de 4.000 personas”, cuenta Espinosa. Sin la farsa de los Consejos de Guerra. 

En noviembre de 1936, Acedo Colunga fue nombrado director de la Fiscalía del Ejército de Ocupación. Tres años después solicitó la pena de muerte para Julián Besteiro, presidente de las Cortes durante la Segunda República y también del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y de la Unión General de Trabajadores (UGT). El tribunal desechó la petición y fue condenado a cadena perpetua, que se concretó en 30 años de reclusión. El político murió en prisión. 

La judicatura pendiente

El plan para la represión penal de los desafectos al Movimiento Nacional funcionó desde el primer día. La Memoria maldita es el boceto para concluir legalmente el exterminio físico, moral y económico de los defensores de la República. A estos se les consideró enemigos ilegítimos carentes de derechos y como tal los asesinaron sin escrúpulos y sin consecuencias. 

Baltasar Garzón se pregunta si, una vez pasada la Transición por España, pasó la judicatura por la Transición. “¿Hasta cuándo han persistido esos conceptos terribles, inhumanos y fascistas en nuestras normas legales? ¿Cuándo y hasta dónde se produjo el cambio de mentalidad y cultura en la judicatura, una estructura cerrada y endogámica? ¿Cuánto hay que trabajar aún para arrancar las raíces de aquel odio implantado con tanto rigor?”, se pregunta el juez en la introducción del ensayo.

A la voluntad sistemática de exterminar a los defensores del orden constitucional y a todo su entorno Francisco Espinosa la llama “lobotomía de la zona izquierda” de España. “Lo que sale del franquismo ya no tiene nada que ver con lo que fue durante la República, ni el PCE ni el PSOE fueron igual. Ese es el efecto real de todo aquel proyecto de Acedo Colunga, crear una sociedad nueva en la que se borrara cierta línea de pensamiento”, sostiene Francisco Espinosa. Hoy, cuenta, afloran las consecuencias."                     (Peio H. Riaño   , eldiario.es, , 14 de junio de 2022)

“La represión franquista fue un holocausto”

 "(...) la violencia política que yo estudio en mi libro es una violencia judicial, es una violencia que se produce a partir de febrero o marzo de 1937, en donde comienza a funcionar el Consejo de Guerra Permanente de Córdoba, que se crea en esas fechas, y sigue funcionando durante toda la guerra y durante la inmediata posguerra. Este Consejo de Guerra Permanente se desplazaba a los pueblos, conforme iban siendo ocupados por las tropas sublevadas y, como digo, siguió funcionando de 1937 a 1939 y, por supuesto, en la inmediata posguerra durante los años 40. Su primer presidente fue un coronel de la Guardia Civil, Evaristo Peñalver Romo, pero en él participaron muchos militares del escalafón que habían tenido una cierta vinculación con la sublevación y otros que no la habían tenido pero que se incorporaron a toda esta magna operación represiva, de exclusión política, que supuso la represión desarrollada como consecuencia de la guerra.

A esto, la pensadora alemana Hannah Arendt le dio un nombre muy concreto, la existencia de una comunidad de castigo, es decir, una red necesaria que fue la que, de alguna manera, protagonizó toda esta represión tan importante que se desarrolló en la España derrotada a partir del 1 de abril de 1939. Los historiadores decimos, y yo creo que no dejamos de llevar razón, que el 1 de abril de 1939 no vino la paz, vino la victoria, con todo lo que ello significó.

P. Esa represión franquista en Córdoba conllevó miles de asesinatos. ¿Fue un auténtico genocidio?

R. Sé que hay historiadores, concretamente la persona que inició toda la investigación sobre la Guerra Civil y la represión en la provincia de Córdoba, el profesor Francisco Moreno Gómez, que suele utilizar el término genocidio para denominar efectivamente el tipo de represión que se realizó sobre los republicanos, sobre los derrotados en la guerra. Pero el término genocidio tiene unas connotaciones teóricas que fueron expuestas en su momento por un politólogo polaco en relación al análisis de lo que había ocurrido con los judíos perseguidos por el régimen nacionalsocialista -me estoy refiriendo a Rafael Lemkin-, politólogo que de alguna manera conceptualiza el término genocidio y lo refiere a un grupo social concreto, un grupo racial en este caso.

En el caso español, yo creo que la represión sobre los vencidos se expandió no solo sobre un grupo social. Fueron represaliadas personas de diferente condición social, de diferentes situaciones comarcales… digamos que no hay una concreción de grupo al cual va dirigida la represión. Yo quiero llamarle más crímenes de lesa humanidad, atentado masivo contra los derechos humanos o, como lo ha llamado mi compañero británico Paul Preston, holocausto. Más que conceptualizar el término genocidio que tiene unas connotaciones muy muy concretas.

 P. Y ese número que siempre se cita de más de 4.000 represaliados en los cementerios de Córdoba, no sé si es comparable con algún otro episodio.

R. Yo creo que, en nuestra Historia Contemporánea, no. La represión en Andalucía en general y en nuestra provincia en particular y nuestra ciudad fue terrible, fue tremenda. Cualquier muerte es injustificable -en la Guerra Civil se han intentado justificar-, pero lo que ocurrió en Córdoba no tiene ninguna explicación que pueda entrar en la mente que aplique un mínimo de razón. Ya he dicho que fue una ciudad en la que no hubo resistencia. Prácticamente, no hubo guerra. Pues se aplicó una represión durísima. Y la razón de todo esto ¿cuál es? Los historiadores le hemos encontrado una explicación: durante los meses de marzo y abril previos al golpe de Estado de julio, entre los círculos militares golpistas que estaban preparando lo que posteriormente iba a ser la sublevación militar, circularon una serie de documentos que son conocidos desde el punto de vista historiográfico como ‘Instrucciones reservadas’. Así lo llamó la propia cúpula militar que estuvo vinculada al golpe de Estado. Y en estas Instrucciones reservadas, firmadas por quien en ese momento ya era cabeza del golpe de Estado, el general Mola, planteaba que cuando se produjera la sublevación, la represión debería ser inmediata, potente, generalizada. Porque decía, más o menos con estas palabras: el enemigo es poderoso y está bien organizado.

Entonces, ¿quiénes fueron el objetivo fundamental de esa represión? Evidentemente esa represión -que fue larga en el tiempo porque se mantuvo no solo durante la Guerra Civil sino todos los años 40 e incluso durante el resto de la dictadura-, tuvo un objetivo muy concreto que no fue otro que erradicar las políticas que la República había intentado poner en marcha desde abril de 1931, políticas educativas, políticas de transformación de la estructura agraria, políticas culturales, políticas en relación con la articulación del estado… En fin, políticas reformistas, modernizadoras, en absoluto revolucionarias como se ha intentado decir desde alguna perspectiva historiográfica interesada. Y esas políticas reformistas conllevaban quienes la sostuvieron. Entonces, el objetivo de la represión fue erradicar esas políticas y a los apoyos sociales que las mantuvieron y las intentaban hacer posibles. ¿Y quiénes eran estos apoyos sociales? Alcaldes, concejales, diputados, dirigentes políticos, dirigentes sindicales… Todo eso está en los capítulos en los que yo, de alguna manera, he insistido en mi trabajo de investigación. 

 También mujeres, que es muy interesante ver qué tipo de represión se plantea sobre las mujeres. En los aproximadamente 11.000 expedientes que yo he visto entre expedientes, sumarios de consejos de guerra, expedientes de responsabilidades políticas, de conmutación de pena y diversa documentación vinculada con lo que fue la Justicia Militar de Guerra, he conseguido localizar aproximadamente 750 expedientes de mujeres. A las mujeres se las represalió no solo por ser de adscripción republicana, algunas de ellas fueron militantes del grupo Mujeres Antifascistas o del llamado Socorro Rojo Internacional o incluso de algunos partidos políticos como el Partido Socialista, el Partido Comunista, algunos grupos republicanos… Pero, aparte de ese “delito”, se le imputaba también otro tipo de cuestiones de carácter moral. No es extraño ver en los expedientes sumariales de Consejos de Guerra que se abren sobre mujeres, que son mujeres llamadas ‘de dudosa moralidad’, se dice que viven amancebadas, que son mujeres que no cumplen con sus obligaciones religiosas, que no se han hecho cargo de la educación religiosa de sus hijos, que son mujeres dadas a esa ‘vida licenciosa’… Es decir, intentan elaborar una serie de cargos que atañen a las cuestiones más íntimas de cada uno de nosotros, intentando imputarlo como cargos, como delitos, que evidentemente son considerados a lo largo del desarrollo del sumario. Es decir, a las mujeres no solo se les juzga, se les imputa e incluso se les condena por su posible adscripción republicana, sino por el hecho de ser mujeres, mujeres con determinado compromiso social. Y además por intentar desarrollar el modelo de mujer que era todo el modelo opuesto al que los sublevados, fundamentalmente Falange Española, estaba intentando llevar adelante.

 P. En todos esos estudios, ¿ha habido algo puntual que le haya sorprendido, que le haya marcado especialmente?

R. Muchas, muchas historias que claro que sorprenden cuando uno las analiza. Porque la Guerra Civil, y esto es una cuestión que yo siempre que tengo oportunidad lo digo, no es una guerra de buenos y malos. No era una guerra donde los buenos eran los buenos que intentaban defender los valores patrios y la España de siempre, y los malos eran los rojos, los republicanos, los que estaban intentando introducir ideologías foráneas que nada tenían que ver con lo que históricamente había sido España, etcétera, etcétera. Esa visión simplista, esa visión maniquea de la Guerra Civil, hay que desterrarla.

Efectivamente, cuando uno se adentra en los documentos, es cuando se da cuenta de la complejidad de cualquier sociedad. Y cuestiones que no son políticas, ideológicas o las que uno pueda pensar que llevaron al enfrentamiento de un grupo de españoles contra otros, son las que habitualmente hay y existen las típicas rencillas, problemas, historias familiares, enfrentamientos, problemas de reparto de tierras, de envidias… que afectan a cualquier sociedad y que se ven implicadas en un momento de Guerra Civil. Y esto con frecuencia sale en los expedientes.

Otra cuestión que a mí me parece importante y también sale en los expedientes y afecta al tema de la represión existente en la retaguardia republicana: es la dimensión anticlerical que tiene la represión que se desarrolla por parte de los republicanos en su propia retaguardia. He dicho antes que la represión hubo en los dos lados -a mí no me gusta hablar de bandos porque solo hubo un bando, el bando que se sublevó contra la legalidad constitucional republicana-, me gusta mejor hablar de zonas. Hubo efectivamente represión en ambas zonas, pero fue una represión profundamente asimétrica. ¿Por qué digo esto? Asimétrica porque la represión que desarrollaron los sublevados fue planificada, se desarrolló a lo largo del tiempo, tuvo unos objetivos muy claros… Y la represión que se desarrolló en la zona republicana, fue una represión no espontánea, porque también tenía sus objetivos muy claros. Y sus objetivos eran fundamentalmente aquellos que los republicanos, las milicias sindicales y republicanas, pensaron que eran los protagonistas de la sublevación militar. ¿Y quienes eran esos protagonistas? Pues eran sectores burgueses, sectores acomodados, sectores vinculados a la derecha más tradicional y más rancia que había incluso anunciado la sublevación militar para llevar a España a donde se quería conducir...Y lo que me resulta alarmante, por ser una cuestión importante, es la dimensión anticlerical. Uno se pregunta por qué en la zona republicana hay esta tendencia anticlerical y se convierte en uno de los elementos clave de su represión. Pues sencillamente porque la Iglesia estuvo durante muchísimo tiempo aliada con las clases poderosas y, el pueblo, estas milicias sindicales que intentan detener el golpe de Estado, pues se dan cuentan de que la Iglesia ha tomado partido a lo largo de la II República por los poderosos. Y desafortunadamente en muchos de los pueblos, en muchos de los municipios cordobeses donde no triunfa el golpe de Estado y van a ser controlados por las milicias republicanas, uno de los primeros sujetos represaliados son los sacerdotes. Hay muchos sacerdotes que son pasados por las armas en pueblos como Bujalance, Cañete de las Torres, la mayor parte de los pueblos de Los Pedroches… hay sacerdotes que son ejecutados porque se les imputa, a la Iglesia como institución no a determinadas personas, haber sido soporte de los poderosos.

 P. ¿Qué opinión tiene de que aún haya nombres vinculados al franquismo en el callejero de Córdoba?

R. Si los historiadores tienen utilidad, si la Historia tiene función social para algo como decía antes, es para que sirva para crear un mayor conocimiento del pasado y una mayor conciencia democrática. Yo, en este sentido, tengo que decir que fui propuesto por el anterior equipo municipal (gobierno de PSOE e IU en el Ayuntamiento de la capital entre 2015 y 2019) para formar parte de la Comisión Local de Memoria Histórica. Elaboramos, como historiadores, mi compañero Francisco Acosta -profesor del Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras- y yo mismo, unos informes historiográficos sobre el posible cambio de nombres en el callejero. Aquello nos costó un trabajo de documentación importante y naturalmente nos llevó a intentar hacer ver a la administración municipal la utilidad que podía tener nuestro trabajo. Nosotros fuimos propuestos como parte de una comisión en la que también había sindicalistas, asociaciones vecinales, asociaciones memorialistas, representantes de todos los partidos políticos presentes en la Corporación municipal… y nuestro informe fue aprobado, efectivamente, pero he de reconocer con la abstención o el voto en contra del PP y de Ciudadanos para determinados nombres que han sido, quizás, los más conflictivos y que todo el mundo sabe. A juicio nuestro, siguen estando todavía en el debe de la administración municipal. Esos nombres no son otros que los de Antonio Cañero, José Cruz Conde y Conde de Vallellano. No se soluciona el problema quitando en el callejero ‘Conde’, ‘José’ y ‘Antonio’. Yo creo que si estos documentos sirven para algo es para ofrecer a la sociedad y a la clase política una documentación que le sirva para que las decisiones que tomen estén ajustadas a lo que ha sido la Historia de esta ciudad y de la España contemporánea.

 P. ¿A quién le interesa que no se tenga Memoria Histórica?

R. Pues no lo sé, no le debería interesar a nadie. Yo creo que asumir la Historia es una cuestión de obligado cumplimiento. Muchas veces, en el debate político, yo oigo decir cuando se tiran argumentos unos a otros, ‘Dejad a los historiadores que hagan esto, que se dediquen al tema y no hablemos los políticos’. Pues bien, aquí estamos los historiadores. Si nuestro trabajo tiene un sentido es este que acabo de comentar para intentar ofrecerlo al conjunto de la sociedad. No entiendo que pueda haber todavía un sector de la sociedad española que quiera desconocer la Historia. El pueblo alemán tuvo que hacer un ejercicio de mirar hacia atrás en los años 60, de darse cuenta de que había convivido con la barbarie y en alguna medida se había puesto de lado. Pues ese ejercicio de mirar hacia atrás y de asunción de su propia Historia, es algo que me parece que es beneficioso, es algo que hace que la sociedad sea cada vez más sana y más capaz de asumir los errores que haya podido cometer.

Y, en ese caso, pues efectivamente si la Guerra Civil fue un error que nunca debió haber ocurrido y que tuvo una génesis muy concreta que no fue otra que el fracaso de un golpe de Estado que al mantener un poco la oposición de sectores fieles a la República pues fue a desembocar en el conflicto armado que duró casi tres años, y luego las consecuencias políticas de ese conflicto armado que no fueron otras que una dictadura de 40 años… Pues yo creo que asumir nuestra Historia, asumir lo que ha pasado, no debería ser un problema para nadie.

P. Volviendo al caso de Córdoba, en la actualidad hay por fin un acuerdo de las administraciones para exhumar las fosas de represaliados. Pero las familias llevan más de 85 años esperando. ¿Qué opinión tiene al respecto?

R. Ese acuerdo, afortunadamente, se ha conseguido, por parte de la administración central, autonómica y local y se han iniciado algunos trabajos de exhumación en el cementerio de La Salud. Pero el gran problema es que esto viene con retraso, porque yo llevo ya mucho tiempo dedicado a cuestiones relacionadas con la recuperación de la Memoria Histórica, aunque mi función es como historiador, como asesor, pero hay familias que llevan reivindicando esto desde la etapa de la Transición democrática por lo menos o incluso desde antes. Y por razones lógicas, muchos son familiares mayores, que están dejando de vivir llevándose a la otra vida la pena de no haber podido intentar resolver el problema que ha sido su leitmotiv durante muchísimo tiempo para muchos de ellos.

Entonces, a mí que exista el acuerdo me parece formidable, que las tres administraciones estén a una en este sentido, vale. Porque yo creo que de todos los problemas que encierra la Memoria Histórica, el problema más importante sin duda más que cualquier otro es el de las exhumaciones, el tema de las fosas comunes, el tema de los desaparecidos. Ninguna democracia que se considere del siglo XXI, avanzada, puede seguir existiendo con este asunto así. Pero lo que es cierto es que por unas razones o por otras, se demora. Es una cuestión desde el punto de vista administrativo, de los recursos, pues pasa un mes, pasa otro… se da un paso adelante pero realmente esto debería tener mayor agilidad.

Ayer (por el martes) comentaba con el exfiscal Jiménez Villarejo que estuvo en Córdoba presentando sus obras completas, cuando se apruebe definitivamente si es que alguna vez se hace la nueva Ley de Memoria Histórica y Democrática que está actualmente en el Parlamento, ese problema (el de las exhumaciones) debe ser una preocupación intensiva del Estado a través de cualquiera de sus administraciones, mucho más eficaz de lo que le viene siendo hasta ahora, tendrá que contemplarse.

Porque son problemas de Memoria Histórica otros como por ejemplo la anulación de las sentencias de los consejos de guerra que fueron falladas por tribunales que parece que la nueva Ley reconoce que no son legales, cualquier otra de los temas clásicos… Pero fundamentalmente el problema clave de la Memoria Histórica es el problema de los desaparecidos, de las fosas. Y la única solución es que el Estado acelere todos los trámites que esto tenga solución de una vez por todas.

 P. ¿Cómo debería hacerse esa reparación a las víctimas y sus familiares?

R. Pues mediante un reconocimiento social. Yo creo que las víctimas no exigen otra cosa que el hecho de que se les reconozca, por ejemplo si utilizamos lo que ha sido objeto de mi investigación en esta obra, el hecho de que esos juicio fueron ilegales. Y deben ser declarados, no injustos como la Ley de Memoria Histórica de 2017 del Gobierno de Zapatero planteó, sino nulos de pleno derecho. Nadie puede ser condenado a muerte o a una dura condena de prisión como lo fueron en cientos y miles de casos, por ser militante de un partido político, de un sindicato, por haber sido concejal o alcalde de su pueblo…es decir, por el ejercicio de derechos que estaban especialmente protegidos por la Constitución de 1931. No se explica uno que esto tengan que ser cargos en una visión de la Justicia Militar muy tremenda, por llamarlo de alguna manera. Porque a estas personas se les aplicó el Código de Justicia Militar de 1890 y se les acusó fundamentalmente del delito de rebelión militar. Uno no termina de explicárselo porque lo que se produce es una paradójica inversión: los que se rebelaron fueron quienes juzgaron. Los que fueron juzgados lo único que hicieron fue defender la legalidad vigente en aquel momento que no era otra que la legalidad de la II República.

 P. ¿Siguen abiertas heridas de entonces en la sociedad actual?

R. Sí siguen abiertas, claro, evidentemente. Y la prueba de ello está en que sigue existiendo una demanda social importante -aunque no se puede decir que sea generalizada-, de información, de documentación. Que el tema de la Guerra Civil está en el debate social y en el debate político, eso no hay que abrir las páginas de cualquier periódico, asistir a cualquier tertulia, ver cualquier debate parlamentario, para ver que efectivamente la Guerra Civil y sus consecuencias, la dictadura franquista, están ahí. Y la prueba manifiesta de esto que digo es que, por ejemplo, en estos días el diario El País está sacando por fascículos una obra que fue editada por primera vez en 1961: La Guerra Civil Española del profesor británico Hugh Thomas. Una obra que ha tenido decenas de ediciones y que en 2022 tiene una nueva reedición. ¿Qué quiere decir esto? Que existe efectivamente una demanda de conocimiento sobre la Guerra Civil y sus consecuencias que está ahí y es evidente. (...)

 P. Una última pregunta. ¿El ser humano es capaz de dimensionar el momento histórico que está viviendo?

R. Me haces una pregunta complicada, me parece que es muy difícil tener una respuesta. El mundo que estamos viviendo nos produce una cantidad de cuestiones que son tan teóricamente lejanas en nuestro espacio en el que vivimos, pero tan cercanas en nuestro día a día, que hoy por hoy como individuo difícilmente podemos procesarla y ser capaces de sacar de ello las condiciones en las que podemos vivir.

Yo me estoy acordando ahora de que no muy lejos de nosotros, aunque parezca lejano en el espacio, se está produciendo un conflicto de unas dimensiones importantísimas -el conflicto ruso-ucraniano-, y probablemente mucha gente piense que nos coge un poco lejano porque es una cuestión que está en el espacio del Este europeo. Pero realmente cada vez vamos a ser capaces de no estar más ajenos a estas cuestiones, no solo por el impacto que los medios de comunicación proyectan sobre el desarrollo del propio conflicto, sino por su propia relevancia y consecuencias económicas que las sufrimos día a día en el proceso inflacionista, en los precios de la luz, en la escasez de productos, en la llegada de emigrantes…

Es decir, como individuos es muy difícil que seamos capaces de ver en un momento hacia dónde va todo esto que nos está ocurriendo y ser capaces de procesarlo para ver qué idea me puedo hacer yo como ciudadano del siglo XXI. Yo creo que todos los días recibimos mensajes que nos cambian un poquito."                 

(Entrevista a  Antonio Barragán, Catedrático y doctor en Historia Moderna y Contemporánea, licenciado en Ciencias Políticas, Premio de Investigación de Historia Social ‘Juan Díaz del Moral’ y Premio de Ensayo ‘Corpus Barga’, Carmen Reina, Cordópolis, 01/05/22)

Sobre la represión franquista... la perfecta relación entre el crimen y el reparto de una inmensa fortuna entre militares y falangistas. El objetivo: el botín. Se robó a los vivos y a los muertos. El jefe de la gestora amenazó con vengar la huida de un izquierdista asesinando a sus tres hijas. Un familiar quiso librarlas ofreciéndose a pagarle una cantidad que resultó tal alta que decidió denunciar el hecho a Queipo, ante lo cual el otro acabó con la vida de los cuatro. José María Gil Robles compró armas en Portugal con el dinero de los saqueos para dárselas a los fascistas de Badajoz

Falangistas de Montijo (Badajoz).  Archivo municipal de Montijo

"Los expedientes constituyen una lección práctica de historia con múltiples derivaciones. Los casos estudiados han sido divididos en ocho bloques: represión, conflictos internos, irracionalidad del terror, violencia contra la mujer, denuncias, marcha hacia el frente, saqueos y lucha por la vida. Los robos, saqueos y extorsiones, propiciados por la situación, ocuparon un lugar primordial. 

Estas últimas se disfrazaron en muchas ocasiones de «multas» y «donativos» que se vieron obligados a pagar los dudosos o no afectos e incluso gente de derechas. Una y otra vez se muestra la indefensión total en que quedaron los vencidos y la impunidad absoluta en que se movieron moros, legionarios, falangistas y militares. 

Solo en un caso, el de un falangista que violó a una anciana, se produjo una condena dura, lo cual se entiende si tenemos en cuenta que muchos de los que engrosaron las milicias de Falange eran vulgares delincuentes comunes recién salidos de prisión y carentes de agarre alguno. 

También fueron frecuentes las denuncias anónimas y las venganzas. Los límites eran tan difusos que no solo estuvo en juego la vida de los vencidos y sus bienes, sino la de cualquiera que se encontrase en el camino de los golpistas por muy de orden que fuera. Nadie podía estar seguro y de ello son buena muestra casos como los de Eduardo Cerro, Cano Gascón o el padre de Ezquer Gabaldón.

La impunidad era absoluta.

La documentación militar nos permite asomarnos a situaciones que de otra forma solo podríamos imaginar, como la toma de San Vicente de Alcántara, contada excepcionalmente por las propias autoridades republicanas, o los saqueos que siguieron a la ocupación de pueblos como Hornachos o en la propia capital de provincia. Moros y legionarios tenían permiso para robar lo que se les antojara durante varias horas y para vender lo robado antes de la marcha. Todo valía: los relojes de los muertos, lo sacado de los comercios asaltados y hasta los ajuares de las casas saqueadas y las máquinas de coser.

 La obsesión de unos y otros era el botín. Uno de los casos más flagrantes en este sentido es la actuación del falangista Agustín Carande Uribe en Ronda. Los dos procesos a que se vio sometido, de los que salió triunfante con la complicidad de los militares, representan la perfecta relación entre el crimen y el reparto de una inmensa fortuna entre militares y falangistas.

 Crimen, dinero y alcohol era la mezcla habitual. El último elemento fue el lubricante que mantuvo el engranaje represivo. El objetivo: el botín. Se robó a los vivos y a los muertos. Los expedientes de confiscación de bienes, que de nuevo reunirán a militares, jerarcas falangistas y juristas, no dejaron escape posible: había que sacar dinero de donde fuera. Con motivo o sin motivo. Nadie podía controlar que, en medio, el dinero se desviara en beneficio de algunos.

 Todos fueron testigos de los enriquecimientos súbitos y de cómo cereal, ganado, ropa, objetos de adorno, muebles o vehículos acaban en poder de cierta gente, que incluso hacían ostentación de ellos. Estas historias pudrieron la vida local, no ya entre vencedores y vencidos, totalmente hundidos, sino entre los sectores supuestamente favorables al golpe. 

La lucha entre clanes adquirió a veces carácter violento y exigió la intervención de los militares, que asistían al espectáculo convencidos de su misión providencial en un país que no tenía remedio. Mucha gente nunca se perdonó haber aconsejado a los suyos que no huyeran en el convencimiento de que nada malo habían hecho. Los criterios de los militares golpistas fueron variando según las circunstancias. 

Así, hubo gente asesinada en 1936 que tras la guerra solo habría pasado por la cárcel un tiempo e incluso hubieran salido libres de condena. La razón es simple: al principio necesitaban matar más para imponerse por el terror; a partir de 1939 hasta se podían permitir el lujo de dejar rojos con vida. Esto, además de hacerles parecer «justos» y tranquilizar la conciencia, ofrecía otra ventaja, ya que, llegado el momento, cuando el nazi-fascismo inició el declive, interesó haber salvado a alguno por lo que pudiera pasar. 

La vida de los de abajo no valía nada. Lo muestra bien un caso de Azuaga. El jefe de la gestora amenazó con vengar la huida de un izquierdista asesinando a sus tres hijas. Un familiar quiso librarlas ofreciéndose a pagarle una cantidad que resultó tal alta que decidió denunciar el hecho a Queipo, ante lo cual el otro acabó con la vida de los cuatro. 

El mismo valor tuvo la vida de varios huidos de Valverde de Leganés que, creyendo en los bandos que aseguraban que nada les ocurriría si se entregaban por no haber cometido delito alguno, cayeron víctimas de la llamada «ley de fugas», una fórmula rutinaria cuya finalidad no era otra que ocultar el crimen. Todo valía en la «lucha contra el marxismo». 

Casos excepcionales de los que quedó huella accidentalmente. En todo momento existió el firme propósito de ocultar todo lo relacionado con la represión. Lo vemos en los numerosos casos de personas cuya defunción nunca fue inscrita en el Registro Civil, en los documentos secuestrados por los represores, como en el caso de Fregenal, o en Don Álvaro, donde una familia desapareció sin dejar huella, empezando por el hijo de 14 años.

 

Fue entonces el gran momento de ascenso de mediocres, malvados o simplemente de aquellos que en modo alguno estaban preparados para llevar adelante las tareas que les fueron encomendadas, personas a las que las circunstancias confirieron un enorme poder sobre los demás. Me refiero a individuos como Rodrigo González Ortín, el encargado de fijar la memoria de «la revolución en Extremadura» cuyo pasado turbio todos ignoraban; Gustavo Hervella Urdaniz, el hijo del notario de Montijo; el comandante Blanco, el jefe militar de Almendralejo que veía rojos por todas partes; el jefe provincial de Falange Arcadio Carrasco, capaz de matar a un hombre de un disparo en la cabeza en la mitad de una plaza llena de gente porque allí «olía a rojo»; su segundo Agustín Carande Uribe, sinónimo del terror fascista; Victoriano Aguilar Salguero, jefe de milicias falangista implicado en hechos graves; el violento jefe local Conrado Calvo Borreguero, el fascista Guillermo Jorge Pinto denunciando rojos, o el nazi Ernest Moerl, instructor de milicias falangistas en Mérida y criminal confeso. Y, en general, todos los militares que formaron parte de la maquinaria represiva, tanto de Sevilla como de Badajoz. Del estilo de Carrasco es buena muestra la entrevista que le hizo Antonio Meca en el Hoy de 3 de noviembre de 1936:

—¡Pero sea discreto! (Carrasco).

—Ataré esta entrevista con todo cariño (periodista).

Y Carrasco añade:

—Además, usted me inspira absoluta confianza; pero si dijera algo con mala intención, ya sabe: ¡le fusilaremos!

Me lo dice muy cortésmente, muy finamente, pero… con cara de hacerlo.

La documentación permite acceder a lugares y situaciones que solo vieron víctimas y victimarios, como la checa azul instalada en el Casino de Mérida, en cuya biblioteca se conservaban sortijas, carteras, documentos, fotografías y otros muchos objetos de los desgraciados que pasaron por allí para ser interrogados y maltratados antes de ser conducidos al muro del cementerio; o el saqueo de la casa que Gloria Mira Agudo, farmacéutica de 49 años asesinada en Mérida, tenía en Carmonita, o la pantomima judicial montada en Torremejía, con un tribunal formado por falangistas de Mérida presididos por un guardia civil que acabó en cuestión de horas con la vida de veintiséis vecinos. 

Eran los «consejos de guerra» sobre el terreno de los que apenas nos ha llegado documentación y que anteceden a la puesta en marcha de la mecánica judicial militar en febrero de 1937. Para la historia queda la imagen de José María Gil Robles comprando armas en Portugal con el dinero de los saqueos para proporcionárselas a los fascistas de Badajoz tras la ocupación de la ciudad. Todo ello con el visto bueno de Yagüe.

 Hubo acontecimientos que desquiciaron la vida a mucha gente, incluso a los que tenían el poder. A la altura de octubre de 1936 todos estaban convencidos de que la caída de Madrid era cuestión de días. La propaganda en este sentido era general. El mismo Antonio Bahamonde ya contó alguna historia surrealista, como la de aquella delegación carlista que salió de Sevilla en olor de multitudes con la idea de marchar en procesión y celebrar misa en la Puerta del Sol cuando la ciudad fuese ocupada y que acabó como el rosario de la aurora tras deambular de un lado para otro en las cercanías de la capital. También el Requeté de Badajoz construyó un altar para celebrar otra misa en Madrid, cuya foto puede verse en el Hoy de 4 de noviembre de 1936.

 Lo cierto es que el triunfo final que ya parecía seguro se frustró el 7 de noviembre, dando lugar a una nueva situación y a una larga guerra que no parecía tener fin y de la que todos acabaron hartos. Esto acarreó importantes cambios en la vida local, que se llenó de suscripciones para todo, de un sinfín de concentraciones patrióticas cada vez que lo ordenaba el mando y de diferentes quintas que fueron obligadas a sumarse a la lucha. 

Las suscripciones están en la base de numerosos conflictos locales que dieron lugar a la apertura de diligencias y causas, y la llamada a filas envenenó la vida local al permitir que unos se libraran, los que podían permitírselo, y otros, los que no tenían agarres, los obreros y los propios hijos de los que habían sido eliminados, tuvieran que partir. Los sospechosos de izquierdismo iban a la Legión. 

Algunos sumarios posteriores a 1939, como los de Muñoz Murillo (Azuaga) o Franco Noriega (Feria), permiten intuir, como se ha dicho antes, que, llegado un momento, los propios militares consideraron oportuno mostrar que la justicia franquista también podía ser «justa», entendiendo por tal que, utilizando la misma mecánica que antes llevó a la tumba a miles de personas, ahora podían ser magnánimos. 

Así, hombres como los citados, a los que solo unos años antes hubieran aplicado de inmediato el bando de guerra por tratarse simplemente de personas de izquierdas sin otro cargo que haber defendido la República, ahora solo eran condenados a muchos años de prisión que finalmente, dada la ingente población penal y el lamentable estado de las prisiones, quedaban reducidos a tres o cuatro.

 El panorama que se nos ofrece muestra la base sobre la que se edificó la dictadura. Un mundo de violencia y terror en el que una parte de la sociedad se impuso totalmente a la otra y que en ocasiones desbordó las previsiones incluso de aquellos que se unieron a la sublevación. Lo que la gente veía era a los falangistas que dominaban y regían sus vidas, pero los que realmente dirigían todo aquello eran los militares y la Guardia Civil, que eran los que con la sublevación habían conservado y protegido los privilegios de la oligarquía. 

Las historias que se cuentan, que dan comienzo cuando aún se estaba eliminando gente con los bandos de guerra, concluyen con el propio final de la guerra civil. A partir de entonces serán los procedimientos sumarísimos de urgencia los que mantendrán a plena máquina el ciclo represivo abierto en 1936. Coincidiendo con el principio del fin del nazismo en Europa en 1942-1943 se abre una nueva etapa. A partir de entonces ya nada sería igual. 

En España se percibe el cambio de signo en el menor número de consejos de guerra y en la disminución de sentencias de muerte, que van reduciéndose hasta desaparecer en 1944. Pero el descanso fue breve, ya que a finales de esa misma década y en los primeros años de la siguiente la lucha contra la guerrilla y sus apoyos activaría de nuevo la maquinaria judicial militar.

El final de Hitler y Mussolini debió de helar la sangre a más de uno. Los informes, filtrados por los británicos y que circularon por medios falangistas, sobre la persecución de los fascistas y el asalto a las casas de los dirigentes constituían un aviso de lo que podía pasar con el desenlace de la guerra mundial. Finalmente todos respiraron tranquilos: nadie tendría que rendir cuentas por lo que se venía haciendo desde 1936."                                     (Francisco Espinosa es historiador. CTXT, 03/04/21)