"10 de octubre de 1940. En la cárcel de Murcia, Ricarda Soba firmaba
un documento por el que se hacía cargo de Paquita, la hija recién nacida
de su prima Nieves Calvo, de 27 años, ejecutada ese mismo día, para
cumplir su última voluntad de entregársela al abuelo, que vivía en
Castro Urdiales.
Nieves había llegado desde esa localidad cántabra
acompañando a su marido, un ferroviario que fue destinado a Caravaca y
que luego fue líder comunista, al que también fusilaron; dejaba a cuatro
hijos, el mayor de siete años.
Militante en las Juventudes Socialistas Unificadas, se
convirtió en la primera concejal del pueblo, nombrada en agosto de 1936.
Asumió la difícil y arriesgada tarea de ejercer el poder municipal en
el transcurso de la guerra civil, en un momento en el que la
participación política e institucional de las mujeres era muy escasa.
Solo cinco tenían representación municipal en toda la región entre
febrero de ese año y marzo de 1939. Bastaron sus ideas y liderazgo para
acusarla de participar en el asalto a la prisión del Castillo de
Caravaca. La condenaron basándose en un testigo que creyó oírla. Ni
siquiera la vio. Incluso declaró que conocía los hechos por “rumor
público y comentario popular”.
Algo similar le ocurrió a la yeclana Eugenia Sánchez. La juzgaron y
la fusilaron sin pruebas. El día del crimen que se le imputó estaba
sirviendo en una boda. Así consta en su sumario, a tenor de diez
testimonios que fueron ignorados por el tribunal militar sin
comprobación alguna.
“Los juicios eran una pantomima, sin garantías, burdos montajes
construidos sobre supuestos delitos y denuncias falsas e interesadas”,
concluye el investigador e historiador Antonio Martínez Ovejero, después
de analizar durante años cientos de expedientes.
Las mujeres no suelen formar parte de la historia escrita. Con el
objetivo de “hacer más visible el esfuerzo y sacrificio de las murcianas
víctimas del franquismo”, Martínez Ovejero ha documentado los casos de
997 represaliadas por su doble condición de ser mujeres y de izquierdas.
Los archivos permiten hilar y entretejer los relatos en torno a esas
voces dormidas, silenciadas y luego olvidadas.
Pero no todo ese castigo
del aparato político, jurídico y social franquista consta en los
papeles: “Las fuentes documentales y administrativas sobre ellas son
mucho más escasas que las de sus compañeros republicanos”, advierte. A
lo que se añade la dificultad de una información soslayada por un acceso
restringido a los archivos militares. Su apertura es una cuenta
pendiente que los colectivos memorialistas esperan que resuelva la
futura Ley de Memoria Democrática; para reparar el derecho a la verdad,
para que sus nombres no se borren de la historia.
Es una historiografía más compleja y más dura, porque no solo las
castigaban con la cárcel, sino también de otras formas: a las torturas,
se añadía la violación. Rapadas, humilladas y paseadas públicamente. A
veces enterradas como “putas”. A menudo juzgadas en el ámbito moral y
privado por su comportamiento social, sexual y religioso. Tachadas de
tener “mala conducta” por ser “mujer sexualista”; “marxista, coqueta e
inmoral”; “concubina de”; “querida de”...
De Josefa López (50 años), condenada a doce años y un día, dijeron:
“Provocativa, va vestida de miliciana con el revólver a la cintura.
Portaba la bandera roja en cuantas manifestaciones se organizaban. No
faltaba una sola noche a la célula, tratando asiduamente con el
secretario del partido. Separada de su esposo, vivía amancebada con un
señor de la localidad”.
A Guillermina Fernández, de 27 años, la condenaron a seis años por
ser “roja, coqueta e inmoral” y por portar “pancartas y banderas en
todas las manifestaciones, excitando el espíritu revolucionario de las
hordas marxistas”.
Descritas como ateas, masonas, acérrimas antirreligiosas y
anticlericales, enemigas de la Iglesia por no asistir a misa o no
cumplir con sus deberes religiosos. Acusadas de saquear templos y
profanar imágenes. “En el santuario hizo burla sacrílega, poniéndose
sobre los hombros el manto de Nuestra Señora del Castillo, patrona de
Yecla”, rezaba el informe de Falange sobre María Rosa Martí, de 48 años,
a la que declararon “enemiga del glorioso Movimiento Salvador de
España”. Pasó a ser “la mujer marxista más peligrosa”.
Casi le cuesta la vida a la que fue la única de las 36 maestras
procesadas condenada a muerte, pena que al final le conmutaron por 30
años de prisión. Mientras la trasladaban a la cárcel de Valencia, supo
que habían fusilado a su marido. También perdió a su hijo José Juan
Martí, el mayor de seis, voluntario en el ejército republicano.
Capturado en Francia por los nazis, murió con 24 años en el campo de
exterminio de Gusen, satélite de Mauthausen.
Cuando obtuvo la libertad condicional, tras cinco años, se instaló
con sus hijos en Cheste (Valencia), su pueblo natal. “En Yecla no la
hubieran dejado vivir”, opina Martínez Ovejero. Porque lo que hacía que
mereciera “más castigo que los demás” era que “tomó parte activa en los
actos del partido socialista, sin dar la cara, pero organizándolo todo
con la cultura propia de su profesión”.
Lo que realmente molestaba era su carrera profesional: “Propagó con
la autoridad de maestra las absurdas y ridículas doctrinas del marxismo.
En sus clases envenenaba el espíritu de niños inocentes, arrastrándolos
hacia una vida de perversión y maldad que tuvo como consecuencia la
quema de iglesias y saqueos. No solamente maniobra con niños, sino
también con muchachos ya crecidos, a los que arrastraba a las filas del
ejército rojo”, describió el aparato falangista en su informe.
Fue expulsada del cuerpo de magisterio. No encajaba en las labores
propias de su género ni en esa nueva España que relegaba a la mujer a la
reclusión en el sacrosanto ámbito doméstico y familiar. “Contra el
feminismo, feminidad” era la consigna que se daba en el 39 en el
periódico falangista Arriba.
Rufino Garrido Martínez, investigador y miembro de la Federación de
Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia, recalca que
“la situación de la mujer durante el régimen franquista retrocedió
radicalmente hasta una posición humillante que la redujo a un ser
permanentemente tutelado y supeditado a la voluntad de un hombre”, y
recuerda que la Constitución republicana de 1931 había aprobado el
sufragio femenino, el divorcio, el matrimonio civil y el aborto, así
como otras normas de carácter laboral.
Pero “no sólo había que derogar las leyes republicanas, sino castigar
ejemplarmente a aquellas que habían tenido algún tipo de liderazgo o se
habían distinguido profesionalmente”, prosigue Martínez Ovejero. Y esta
represión afectaba aún más al mundo rural, porque “las mejor situadas
escaparon de esta realidad”, explica Pedro María Egea Bruno, catedrático
de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia.
Solían firmar las sentencias con la huella dactilar, porque no sabían
leer ni escribir. En aquel momento la mitad de la población era
analfabeta. Con la idea de “sembrar España de escuelas”, se había puesto
en marcha la reforma educativa como primer paso para la igualdad.
Educación para no “vivir siempre esclava” y “lograr la independencia que
es propia de nuestro sexo”, promulgaron en Caravaca en 1938 la
Agrupación de Mujeres contra la Guerra y el Fascismo y la Agrupación de
Mujeres Libres. “Nuestro lema es el estudio, nuestra casa la escuela y
nuestros guías los libros”, decía el manifiesto.
“Libros que nos enseñen a defendernos” era lo que le pedían a María
Galindo, secretaria agraria del PCE en Ocaña (Toledo). Desde los 7 años
en las tareas del campo, sin tiempo de ir al colegio, por la noche
aprendía a leer y escribir. Su padre, propietario de unos pequeños
pedazos de tierra, tenía que emplear los brazos de sus hijas, que además
trabajaban para terratenientes, de sol a sol y por dos pesetas. Los
jornales de todos los miembros de la familia solo daban para pagar los
abonos y las semillas.
María sabía de olivares y viñas, y de luchas campesinas: “Llevaba
sobre mis lomos lo mismo que un hombre, pero ellos ganaban el doble”,
contaba a sus 23 años en el diario Mundo obrero. Algunas veces protestaban y entonces las dejaban en paro. Hasta que la necesidad apretaba de nuevo y volvían a deslomarse.
Con la marcha de los compañeros al frente comenzaron a ocupar los
puestos vacantes y a estar en la dirección de las colectividades y los
sindicatos: “Las mujeres han cogido la yunta y siguen haciendo el
barbecho”, relataba María. Era habitual que los comités de Mujeres
Antifascistas se ofrecieran a realizar cualquier trabajo, “sea el que
fuere y por rudo que sea”. La guerra truncó sus sueños de estudios y
viajes, y luego llegó la cárcel al año de instalarse con su pareja en el
municipio murciano de Villanueva del Río Segura. Los dos presos, y los
dos indultados tras el decreto de octubre de 1945 para los delitos
cometidos antes del 39.
Se reenganchó en la militancia. Solo había transcurrido un año cuando
la detuvieron por segunda vez. Estaba embarazada. Después de dar a luz
solicitó la libertad condicional porque tenía fiebres puerperales. Se la
denegaron. Tras dos intentos frustrados de indulto, salió de la celda
en el 54. Tenía 37 años. Fue la que tuvo la condena más larga (38 años) y
más tiempo pasó en la cárcel (13). “En Murcia, aunque las sentencias
solían ser de 30, casi ningún hombre cumplió más de siete”, apunta
Martínez Ovejero.
“No participaron en delitos de sangre, por lo que más bien juzgaban a
esa mujer que rompía el esquema del patriarcado”, insiste Egea. “La
mayoría tenía un compromiso social, más que político, que en parte era
una forma de rebeldía”, añade Martínez Ovejero. Otros delitos
recurrentes fueron los de “blasfemar durante todo el periodo rojo” o
insultar a derechistas.
Les atribuían culpas por provocar: “Se las calificaba de víboras”,
comenta Egea. “Alentaba con sus gritos a los hombres, apelando a su
masculinidad, para que asaltaran el cuartel de la guardia civil”, según
el expediente de Blasa Herrero, una jornalera de Jumilla de 42 años. La
consideraron “la mujer más peligrosa para su pueblo y para la causa
nacional”.
A Blasa la iban a ejecutar el 21 de julio de 1942, pero en el último
momento su nombre salió del listado de los reclusos que en esa madrugada
estarían en las tapias del cementerio de Espinardo frente al pelotón de
fusilamiento. Horas antes, el médico había certificado que padecía un
cáncer en la matriz en estado avanzado. “Cada vez que la movían se
desangraba”, dice Garrido a la luz del expediente penitenciario. Sufría
hemorragias copiosas y síncopes intensos; extrema desnutrición, atrofia
muscular, fatiga y debilidad. Agonizaba.
No obstante, pese al pronóstico del facultativo –“no ha de durar más que
poco tiempo”–, el gobernador militar ordenó realizarle un
reconocimiento cada ocho días “para una vez restablecida proceder al
cumplimiento de la ley”. Una semana más tarde se constató que seguía
grave, “en una forma estacionaria, a pesar de su casi completa falta de
ingestión de alimentos”. Ya no habría más partes. Murió nueve días
después por “un coma acidósico secundario a carcinoma uterino”.
Los informes de la guardia civil, el alcalde y Falange señalaron que
participó “activamente y con extrema crueldad” en una manifestación en
la que fueron asesinados dos jóvenes falangistas que habían perpetrado
un ataque contra la casa del pueblo, matando a un trabajador socialista e
hiriendo a otro.
La procesaron junto con otros trece jumillanos. A pesar de que en el
juicio no se pudo demostrar nada, la sentencia llegó seis años después
de los sucesos con siete condenas a muerte. “La venganza estaba
servida”, continúa Martínez Ovejero. La brutal maquinaria represora que
el régimen emprendió tras la guerra estaba en marcha, y todo valía para
penalizar aquellas vidas relegadas que chocaban con el nuevo sistema que
se pretendía instaurar.
Hay un patrón común de acusaciones por actuaciones de carácter
multitudinario donde era difícil saber el grado de implicación, pero
“alguien tenía que pagar”, sostiene. Para impartir justicia estaban el
alcalde, los jerarcas, las familias de los caídos por Dios y por España,
la guardia civil, la policía y la Iglesia, que trataban de conseguir de
los tribunales militares el castigo que creían más adecuado para las
rojas del pueblo. El historiador lo llama “lobby político vengativo local”.
Esa venganza bíblica del ojo por ojo, que iba más allá de lo
cuantitativo, alimentaba un ánimo sancionador por parte del Estado que
parecía no tener límites. Al ciezano Antonio Martínez, menor de edad, se
le imputó asesinato y fue ajusticiado en uno de los patios de la cárcel
mediante garrote vil. Garrido, después de ver miles de expedientes
procesales de la prisión provincial, contabilizando 525 ejecuciones de
hombres y mujeres, cree que se trataba de seguir castigando a la familia
de Josefa Martínez, madre del joven, incluso cinco años después de que
la fusilaran.
Según Martínez Ovejero, el carácter familiar de la represión hacía
que al menos un 12% de los procesados tuviera algún otro pariente en la
misma situación, incluyendo a veces familias completas, como la de
Escolástica Gaspar, La Pasionaria murciana, y sus cuatro hijos.
Fueron detenidas por ser madres, hijas, hermanas, novias o esposas de
desafectos al régimen, para usarlas como rehenes con el fin de
averiguar el paradero del escondido y provocar la entrega del fugado.
Así le ocurrió a María Fernández, casada con el alcalde de Alguazas,
que, tras entregarse para liberarla, sobrevivió a las torturas, huyó de
la cárcel de Mula, y consiguió llegar a Francia a pie después de tres
meses. Ocho compañeros quedaron por el camino.
La principal preocupación de las presas era quién cuidaría de sus
padres e hijos. En torno a ese sufrimiento se realizaron innumerables
peticiones de libertad condicional. Porque antes, como ahora, ellas eran
las que sostenían el sistema de cuidados. Cuenta de esa angustia es que
Pascuala Marín entregara su bebé a una hija una vez condenada a muerte,
pena que al final sorteó. O la última voluntad de Nieves." (Loreto Mármol, CTXT, 20/02/21)
