"Debemos abandonar la práctica de la tortura porque la información que proporciona ya no es fiable". Es decir, no porque se trate de una salvajada moralmente reprobable, sino porque como método de obtención de información ya no es eficaz, puesto que los activistas de Al Qaeda se entrenan para soportarla. Si alguien se hubiera expresado en semejantes términos en un seminario jurídico europeo, los asistentes le hubieran saltado al cuello restregándole por la cara la Declaración Universal de Derechos Humanos y los convenios internacionales correspondientes.

Pero no, el que así hablaba era uno de los participantes estadounidenses en el Foro de Seguridad Global sobre Terrorismo Internacional, organizado por la Escuela de Leyes de la Universidad de Nueva York, entre la complacencia general de los asistentes y la mirada atónita de los jueces antiterroristas Jean Louis Bruguière, de Francia, Baltasar Garzón y Fernando Andreu, de España, y la fiscal Dolores Delgado.

Y es que la mayoría de los norteamericanos que han participado en el seminario, muchos implicados en la lucha contra el terrorismo, escenifican claramente ese viejo principio de "entre que sufra mi madre o que sufra la suya, que sufra la suya" y no se plantean dilemas éticos sino que son fervientes partidarios de la eficacia a cualquier precio. Su única preocupación es Estados Unidos y reducir la amenaza terrorista. Lo demás es accesorio.

De muy poco sirve que los jueces españoles reclamen el respeto a la ley y argumenten que para ser eficaz es necesario que las pruebas sean válidas en un proceso penal para poder condenar a los terroristas y que las confesiones obtenidas bajo torturas son nulas ante cualquier tribunal que se precie de tal.

Eso sí, siempre respetuosos con la libertad de expresión, permiten que año tras año se escuche la voz disidente de un neoyorquino musulmán de origen iraní que plantea que la política de Estados Unidos en Irak y Afganistán genera odio y tiene parte de la culpa de los ataques que recibe. Sin embargo, nada de ese discurso cala entre el medio centenar de asistentes. Ni siquiera se le replica. Simplemente se le ignora.

Otro de los participantes destaca que Obama mantiene prácticamente las mismas medidas contra el terrorismo que Bush. El manual es el mismo, insiste, pero el triunfo de Obama ha permitido que podamos desprendernos de las "cosas tontas" de la política de Bush por las que la gente nos odia. Se supone que esas cosas tontas son las torturas de Abu Ghraib, los vuelos y las cárceles secretas de la CIA o el limbo jurídico de Guantánamo.

Pero en lo fundamental, el guión se mantiene. Así, el seminario analiza el Predator Drone, el avión teledirigido utilizado en varios países como instrumento de vigilancia, pero también para cometer asesinatos selectivos contra dirigentes y grupos terroristas. Garzón no pone reparos a que esos aviones no tripulados se usen como los satélites para obtener información e incluso como armamento convencional en casos de guerra, pero es tajante al rechazar que sea legal emplearlos para asesinar a objetivos terroristas fuera de los conflictos bélicos.

Sin embargo, los participantes estadounidenses se muestran entusiasmados por disponer de una herramienta tan eficaz contra los terroristas. Lo único que afea tan brillante dispositivo es que el 20 % de las bajas que causa (una de cada cinco) son civiles inocentes, mujeres y niños. Por lo que se propone que se trate de reducir tan dramático porcentaje. Garzón advierte de que actuaciones de ese tipo pueden constituir crímenes contra la humanidad y ser perseguidos por la comunidad internacional para evitar la impunidad.

¿Saben cuál fue la reacción a la advertencia de que podrían estar causando crímenes contra la humanidad? Que el Predator Drone tiene un problema: tras su uso no hay posibilidad de obtener datos de inteligencia, ya que los sospechosos a los que habría que interrogar están muertos. Impresionante." (El País, ed. Galicia, España, 10/05/2010, p. 21)

¿Llevamos la tortura en los genes?

"Un documental de la televisión francesa muestra a personas participando en un juego que consiste en aplicar descargas eléctricas a los concursantes rivales. Los participantes disponen de unas palancas, conectadas a la corriente y a los rivales, con las que aplican descargas a los supuestos participantes.

El 82% de los participantes en el Juego de la Muerte aplicó las descargas a los rivales. Unas descargas inexistentes puesto que el documental era un experimento sociológico y los supuestos rivales eran actores. Los responsables del programa han dicho que querían exponer los peligros de los programas de la televisión actual y poner en entredicho los principios y códigos morales en el primer plano del debate público.

El Juego de la Muerte tiene todas las características de una prueba tradicional de un programa de televisión, con un público gritando y enfervorecido, y una azafata glamorosa instando a los jugadores a participar. Christophe Nick, creador del documental, ha asegurado que se han quedado “asombrados” de que, pese a que se trataba de descargas -falsas, aunque esto último no lo sabían los concursantes-, muchos de los participantes no dudaron en aplicar las descargas a los rivales.

Los resultados reflejan diferencias considerables con el experimento llevado a cabo hace 50 años en la Universidad de Yale por el psicólogo social Stanley Milgram. Nick ha asegurado que su experimento demuestra que el poder de la televisión aumenta aún más la capacidad de desobedecer en determinadas situaciones." (Factual, 17/03/2010)

Torturadores sin castigo

"Nadie ha perseguido ni perseguirá a los políticos que dieron la orden de buscar todos los resquicios legales posibles para practicar torturas sobre los detenidos, empezando por el ex presidente Bush y siguiendo con su vicepresidente, Dick Cheney, y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld. El actual presidente, Barack Obama, señaló acerca de estas escabrosas cuestiones, pocas semanas después de llegar a la Casa Blanca, que no pensaba mirar hacia el pasado. (...)

Fueron los abogados de la Casa Blanca quienes, en vez de señalar a los políticos los límites de la ley, se dedicaron a forzar sus límites para dar a los interrogadores permiso legal para someter a los interrogados a largas privaciones de sueño, ahogamiento con agua hasta el límite de la asfixia, lanzamiento violento contra la pared o utilización intimidatoria de perros. Consiguieron, además, que juristas y políticos se enzarzaran en bizantinas e indecentes discusiones sobre los límites de la tortura.

La realidad se fue ocupando, en paralelo con los informes legales, de desbordar esas frágiles fronteras, puesto que los interrogadores que reciben este tipo de autorizaciones las interpretan como una carta blanca para actuar sobre los interrogados sin otro límite más que el evitar infligirles la muerte. De esta lamentable política contra los derechos humanos surgieron las torturas fotografiadas o filmadas de Abu Ghraib y las que no han dejado rastro perpetradas en las numerosas cárceles secretas abiertas por la CIA en distintos países. (...)

Ahora, el caso ha quedado zanjado favorablemente para los rábulas que justificaron las torturas, sobre todo John Choo Yoo y Jay Bybee, los dos juristas más preeminentes en estas sucias labores. El Departamento de Justicia ha decidido que no son "culpables de conductas incorrectas" a pesar de que utilizaron una forma de razonamiento legal errónea, por lo que no corresponde comunicar las faltas a sus respectivos colegios de abogados para que procedan a su castigo profesional." (LLUÍS BASSETS: Torturadores sin castigo. El País, ed. Galicia, internacional, 25/02/2010, p. 10 )

La banalidad del verdugo

"Son muchos los que afirman que todo ser humano es un torturador en potencia, aunque sólo ejercerá como tal si se dan las circunstancias propicias para ello. Según esta teoría, si todavía somos respetables ciudadanos adversos a la tortura es sólo porque la vida no nos ha deparado aún ninguna situación suficientemente extrema, en la que todos llegaríamos a practicarla. Inquietante posibilidad, que, en la siniestra hipótesis de resultar cierta, rebajaría drásticamente nuestra autoestimación como especie viviente.

Recordemos algunos casos de especial significación. El doctor Josef Mengele era un joven médico y antropólogo alemán que, en la II Guerra Mundial, fue reclutado para una unidad de infantería. Herido en el frente ruso, fue declarado no apto para el combate. La enfermedad de un oficial médico del campo de concentración de Auschwitz motivó que fuera designado para sustituirle.

Allí Mengele se encontró con miles de condenados a muerte a su absoluta disposición para todo tipo de atroces experimentos de laboratorio. Aquello hizo emerger su verdadera y profunda naturaleza criminal, que en otras circunstancias (sin guerra, sin nazismo, sin campos de exterminio) probablemente no hubiera llegado a manifestarse jamás.

En 1957 el entonces comandante francés Paul Aussaresses participaba en la llamada batalla de Argel contra las fuerzas del FLN que luchaban por la independencia de aquel territorio. En un libro publicado en 2001, siendo ya un anciano general alejado del servicio activo, Aussaresses confesó desvergonzadamente las indignidades (asesinatos disfrazados como suicidio, torturas hasta la muerte a simples sospechosos) que él había protagonizado personalmente 44 años atrás. Crímenes y torturas perfectamente inútiles, pues Argelia logró su independencia pocos años después. Aquel tardío alarde, cínicamente publicitado, le valió ser expedientado, despojado de su rango y del derecho a usar el uniforme, y expulsado de la Orden de la Legión de Honor por decisión de su Gran Maestre, el entonces presidente Chirac. (...)

En 1973, el capitán Jorge Silva, de la Fuerza Aérea de Chile, fue capturado por su actitud adversa al golpe de Pinochet. En la AGA (Academia de Guerra Aérea) fue torturado con brutales descargas eléctricas. En una ocasión, como consecuencia de un exceso de voltaje, se le produjo una hemorragia nasal. Sus torturadores, creyendo que estaba sin conocimiento o tal vez muerto, le retiraron la capucha, lo que, pese a su estado, le permitió verles las caras.

¿Y quiénes eran? Pues nada menos que los entonces comandantes de su mismo cuerpo Edgar Ceballos y Ramón Cáceres (hoy condenados por la justicia chilena), a los que Silva conocía y apreciaba. Sin aquel golpe militar, ambos comandantes hubieran seguido siendo aparentemente dignos de aprecio como compañeros y como superiores. Pero llegó la barbarie pinochetista y pudieron dar rienda suelta a su insospechada capacidad criminal. (...)

¿Podemos concluir, en consecuencia, que todos nosotros, tan respetables dentro de un mundo normal regido por leyes (aunque imperfectas) y castigos (aplicados a las conductas criminales), nos convertiríamos en desalmados torturadores tan pronto como esas leyes dejaran de regir y esos castigos dejaran de amenazarnos? Nuestra respuesta es rotundamente negativa.

No todos los seres humanos somos torturadores en potencia. Pero algunos sí que lo son. No todos lo somos, ni lo seríamos aunque nos garantizaran la impunidad. Ni aunque nos pagaran grandes sumas por ejercer esa repugnante actividad. Pero, incluso afirmando que no todos seríamos capaces de hundirnos en esa infamia, la cuestión es: ¿sólo lo sería un pequeño porcentaje de sádicos y psicópatas, o también lo sería un número considerable de individuos tenidos por normales?

Lamentablemente, los estudios efectuados en diversas universidades norteamericanas (experimento Milgram y otros) registraron porcentajes preocupantes de individuos normales capaces de torturar a sus semejantes, con el simple requisito de que se les proporcione una motivación supuestamente válida: la obediencia a una autoridad que les garantice la impunidad.

A la vista de tantos casos trágicos -reales y nada experimentales- que llenan los informes de las diferentes Comisiones de la Verdad y de los organismos defensores de derechos humanos, no podemos sustraernos a la gran pregunta: ¿cuántos de nuestros vecinos, cuántos de nuestros colegas de profesión, cuántos de nuestros parientes, cuántas de las personas aparentemente normales con las que departimos y nos cruzamos a diario, demostrarían su capacidad como torturadores si se dieran determinadas situaciones? ¿Cuántos se pondrían a aplicar descargas eléctricas de alto voltaje al cuerpo de sus semejantes, o tantas otras formas de destrozar a un ser humano? ¿Cuántos y quiénes lo harían si colapsaran las admirables garantías que, por ejemplo, proporciona una Constitución como la nuestra?

(...) nosotros diríamos: los ciudadanos de cualquier sociedad en paz y democracia tenemos que convivir con la penosa incógnita de cuántos de nuestros semejantes con los que nos cruzamos, no identificados en absoluto como peligrosos, serían capaces de aniquilar nuestra dignidad e integridad física si las circunstancias se lo permitieran." (PRUDENCIO GARCÍA: Incógnitos torturadores futuros. El País, ed. Galicia, Opinión, 28/04/2009, p. 27 )