La esclavitud sexual contra mujeres indígenas durante la guerra en Guatemala

"Fruto de las decisiones de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual por buscar justicia, en septiembre de 2011, la Alianza Rompiendo el Silencio y la Impunidad (...) presentó una querella penal por varios hechos de violencia cometidos contra mujeres de Sepur Zarco, sus familias y comunidades. 

Sepur Zarco es una comunidad del Estor, Izabal, en el nororiente del país, donde en los años más intensos del conflicto armado (1982 y 1983) se asentó un destacamento militar. 

La esclavitud sexual fue utilizada por el ejército y consistió en obligar a las mujeres, bajo amenaza de muerte a ellas y sus familias, a acudir recurrentemente a los destacamentos militares, en donde fueron violadas y forzadas a realizar oficios para sus violadores y asesinos de sus familias. Todo esto generó estigma y sentimientos de culpa que en la mayoría de los casos aún no señalan a los verdaderos responsables.

Resistir, llorar y reír con las otras, fueron algunas de las estrategias de sobrevivencia que encontraron varias mujeres, principalmente indígenas, víctimas de violencia sexual durante la guerra en Guatemala. No fue sino hasta años recientes que estas mujeres iniciaron un camino hacia la justicia que implicó, en primer lugar, romper el silencio y rechazar el olvido.

 

Las testigas de este caso son quince mujeres y cinco hombres quekchíes. En los años de la guerra los esposos de las mujeres fueron desaparecidos, acusados de “guerrilleros” por el hecho de realizar trámites para la titulación de la tierra. Después de esto, algunas de las mujeres huyeron a las montañas. Vieron morir de hambre y frío a sus hijas e hijos, a quienes enterraron con sus manos.

Otras fueron obligadas, en un contexto de terror y control territorial, a acudir al destacamento militar instalado en la comunidad para lavar la ropa y cocinar para los soldados, con los enseres que ellas proveían. Durante su permanencia en el destacamento, en tiempos que van desde los seis meses hasta los seis años, eran violadas de manera reiterada y sistemática.

Son varios los hechos de violencia extrema contra las mujeres, sus familias y comunidades, que están vinculados con este caso, que ilustra la magnitud de la política contrainsurgente del Estado guatemalteco durante la guerra. (...)

En 2012, las quince mujeres testigas dieron su testimonio ante un juzgado, en anticipo de prueba. El hecho alcanzó una cobertura mediática tan importante que logró poner en el debate social la violencia sexual como crimen de trascendencia internacional.

 

Durante 2013 avanzaron las diligencias judiciales: exhumaciones, identificación de testigos, elaboración de peritajes y otros. En 2014 fueron detenidos dos de los responsables de estos hechos: Esteelmer Reyes, teniente coronel, y Heriberto Valdez, excomisionado militar. 

Han sido acusados por delitos contra los deberes de humanidad en sus formas de violencia sexual, esclavitud sexual y esclavitud doméstica, todo como crímenes de guerra, además de otros hechos como desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Hay otros imputados perfilándose.

El caso Sepur Zarco es uno de los pocos en el mundo en donde tribunales nacionales conocen este tipo de crímenes. Dado el ambiente de impunidad que continúa prevaleciendo, este caso constituye un reto para la justicia transicional, la democracia y la verdadera paz en Guatemala."              (Maya Varinia Alvarado Chávez es directora ejecutiva de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG). , Kaos en la red, 02/05/2015)

Y todo sucedió en la plaza donde hacían el mercado. Hubo mujeres embarazadas a las que les abrieron el vientre y quitaron el bebé

"Me llamo Tiburcio Utuy, soy de Chajul. Fue en marzo de 1982. No te­­níamos comida y se organizó un grupo de tres personas para ir a buscar caña. Cuando estábamos caminando en la montaña, alcancé a ver la huella de un zapato y pensé que el ejército estaba emboscado, cuando de repente sentí que me agarraron soldados del ejército y yo grité, y en ese momento me dijeron: ‘No grites, hijo de puta’. 

Y después me empezaron a torturar, amarraron mis manos y mis pies bien duro hacia atrás, después me taparon la boca, y toda mi barriga se quedó adelante y mi cabeza se juntó con mis pies hacia atrás, y tenían puesto fuego, y fueron a traer tizones y me pusieron aquí en los ojos, en la barriga y en los testículos y luego mi respiración me salía abajo. Se abrió completamente mi barriga y los intestinos se me salieron”.

Tiburcio es una de las víctimas de las masacres cometidas por el Ejército de Guatemala durante el conflicto interno que asoló este país durante 36 años. Su relato será escuchado, junto al de 150 testigos más de las matanzas, por el expresidente de Guatemala el general Ríos Montt.

 Es la primera vez en la historia que un tribunal de América Latina juzga a un expresidente por crímenes de genocidio. Otro de los responsables imputados, el general Romeo Lucas García, falleció en 2006.

 La guerra interna entre el Gobierno y la guerrilla se saldó con más de 200.000 muertos, la mayoría –un 83%– eran indígenas mayas que se vieron envueltos en una serie de torturas sistemáticas que formaban parte de un plan organizado desde el ejército para acabar con su etnia y así apoderarse de sus tierras, como afirma el informe Guatemala: memoria del silencio, elaborado en 1999 por la Comisión para el Establecimiento Histórico (CEH) y apoyado por la ONU. Tras la toma del poder en un golpe de Estado en 1982 por el general José Efraín Ríos Montt, la violencia alcanzó nuevos máximos de brutalidad.(...)

 Uno de los testigos de las masacres de la zona es Antonio Caba, vecino de la aldea de Ilom, población de la región Ixil. Antonio tenía 11 años cuando presenció la matanza de sus padres:

 “Era 1982, alrededor de las cinco de la mañana, mataron a 95 personas, nos obligaron a pasar sobre los muertos, las cabezas partidas, mucha sangre había en ese lugar. Y todo sucedió en la plaza donde hacían el mercado. Hubo mujeres embarazadas a las que les abrieron el vientre y quitaron el bebé”.   (...)

Entre 1944 y 1954 se produjo la llamada primavera democrática, en la que se llevaron a cabo, entre otras, reformas agrarias que favorecían a los más pobres. Estas transformaciones no gustaron a la multinacional estadounidense United Fruit Company, que tenía el monopolio de la fruta en Guatemala, ni a los terratenientes locales. 

La inteligencia estadounidense consideró las reformas como “comunistas” y las atribuyeron a la influencia soviética. En 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado en Guatemala –la llamada Operación Success– para destituir al presidente electo Jacobo Arbenz y colocar en su lugar al coronel Castillo Armas.

 Aquello significó el fin de las reformas, la prohibición de los sindicatos y el principio de una larga sucesión de generales y militares en el poder que utilizaron el ejército como fuerza represora de las demandas sociales. (...)

“En Guatemala existe un racismo claro contra la población maya, y esto se utilizó para destruirla sin que el resto de la sociedad hiciera nada al respecto”, señala la abogada española Almudena Bernabéu. Ella dirige el equipo legal internacional que reunió la prueba de genocidio para el caso que hoy se juzga en Guatemala. 

Un ejemplo claro de este racismo es la termi­­nología empleada por el ejército en las operaciones militares donde se refieren a los niños que asesinan como “chocolates”. “Así ocurrió en Ruanda, en la Alemania nazi, en los Balcanes…”, afirma Bernabéu.(...)

 El juez Santiago Pedraz decidió invitar entonces a declarar a los testigos de las matanzas a España. “Yo viajé a Madrid en 2008”, recuerda Tiburcio. “Para mí fue algo increíble que un juez por primera vez en mi vida escuchara todo lo que yo había sufrido”. Tiburcio nos presenta a su segunda mujer y a los hijos de su segundo matrimonio. 

Toda su familia anterior, hijos, esposa, primos, tíos, todos, fueron asesinados por el ejército. “Estoy intentando rehacer mi vida, pero hasta que no haya justicia no podremos cerrar las heridas”. Su testimonio será una de las piezas clave en el juicio de Guatemala.  (...)

En la cocina humea una olla que la esposa de Tiburcio ha puesto a fuego lento. Él agarra una silla y sin apenas pestañear narra su historia: “Me fueron a meter en un cuarto de la zona militar del Quiché. Estuve allí como 12 días. Era un cuarto lleno de sangre, la mera rastra de todas las personas que mataron.

 Allí había un montón de zapatos, de cinchos, de botas, como a dos metros para arriba, como dos mil personas que habían muerto ahí. Me golpearon, me quebraron la cabeza, me quebraron el pecho, me quebraron tres costillas, me arrancaron las uñas y los dientes y todos esos golpes sufrí, pero gracias a Dios aquí estoy vivo para denunciarlo”.  (...)

“Los mismos que nos violaron durante el conflicto viven en la aldea con nosotros, se ríen de nosotras cuando pasamos, no hay justicia”, dice Teresa Sic. A ella la violaron 150 hombres de un destacamento militar junto con los PAC, las patrullas de autodefensa civil. 

Luego la volvieron a capturar y durante dos semanas la violaron a ella y a otra mujer cada día, dejándoles descansar solo para dormir. Según el informe de la CEH, unas 100.000 mujeres fueron violadas durante el conflicto armado, de las cuales el 35% eran niñas. El 97% de las violaciones han sido atribuidas al ejército y a las PAC.

Junto a Teresa está doña Faustina. Con su voz pausada habla de lo que vio en su aldea en los años ochenta: “A las muchachas las habían amarrado de las manos y los pies, en cuatro estacas, y así las habían violado. Estaban sin ropa y con señales de violación. Había una muchacha aún viva, pero que no podía hablar porque le habían cortado la boca”. 

María Toj acude a esta cita con su hermoso huipil de colores azules y rojos. Parece agotada y triste. Se apoya en su nieta para caminar. “Todo esto de dar testimonio lo hacemos solo por ellos”, dice señalándola. “No queremos que se vuelva a repetir”. Todas las mujeres coinciden con Feliciana cuando afirma que “toda violencia sin castigo del pasado es la consecuencia directa de la violencia del presente”.  (...)

“Acabar con todos los mayas es una tarea muy difícil, pero si destrozas a las mujeres, te aseguras que la población queda mermada y al final desparece, es una de las fórmulas más crueles de acabar con un pueblo”, afirma Paloma Soria, de la ONG Women’s Link Worldwide. (...)

Pablo fue testigo de estos bombardeos viendo morir a su hija: “Yo presencié cómo el ejército, tras haber sitiado la finca Sichel, arrojó granadas al interior de la misma. Como consecuencia de las granadas, cinco muchachas murieron, entre ellas mi hija Cristina”. Ataques como este obligaron a la población a huir de sus aldeas.

 Se calcula que hubo un millón y medio de desplazados, que tuvieron que ocultarse en las montañas sin comida, sin medicinas y sin ropa. Si salían “al claro”, como ellos decían, los mataban y así nacieron las comunidades de población en resistencia (CPR). En las huidas, muchos perdieron a sus familiares.

“Los niños que se extraviaban eran asesinados o quemados. Les clavaban hachas en la cabeza, los degollaban, a veces nos bombardeaban con helicópteros mientras huíamos”, recuerda entre sollozos Feliciana Macario.  (...)

Ante nuestros ojos desfilan bolsas negras con restos óseos que son apiladas y etiquetadas por los investigadores forenses. Buscan a los 45.000 desparecidos que forman parte de las 200.000 víctimas del genocidio.(...)

 “Muchas de las personas que cometieron esos crímenes están hoy en el poder”. (...)

“Aquí fueron arrojados”, dice mientras señala uno de los agujeros de más de 17 metros del cementerio donde nos encontramos, “los restos de las personas ladinas que ahora serían las nuevas generaciones de líderes de Guatemala. En estas fosas yacen con un tiro en el cráneo escritores, periodistas, pensadores, sindicalistas…”.

 Peccerelli habla del racismo que aún existe en su país: “Hemos exhumado miles de cuerpos de víctimas mayas asesinadas por el Estado, y la sociedad guatemalteca no le ha dado importancia a lo que allí ocurrió. Quizá ahora vean la realidad, aquí hay familias iguales que las de ellos. La sociedad tiene que asumir su pasado y dejar de diferenciar si los muertos son mayas o no”. 

En Guatemala hay quien piensa que es mejor no abrir las heridas, pero Peccerelli se muestra contundente: “Las heridas nunca se cerraron, están abiertas e infectadas”.  ( Ofelia de Pablo , Javier Zurita , El País, 15 ABR 2013)

“Algunos soldados estaban enfermos de sífilis o gonorrea. La orden fue que estos pasaran los últimos, cuando los sanos ya habían violado a la víctima”

"Incluso en una sociedad endurecida por la violencia como la guatemalteca, los testimonios de las mujeres de la etnia Ixil víctimas de violaciones masivas durante las incursiones militares en las comunidades campesinas, conmocionó este martes a todo el país, en una nueva sesión espeluznante del juicio por genocidio contra el exdictador Efraín Ríos Montt. 

Por respeto a la dignidad de las víctimas, la juez Jazmín Barrios, que preside el juicio por las atrocidades cometidas entre 1982 y 1983, pidió a la prensa no revelar las identidades de estas mujeres, que rememoraron ante la justicia el horror vivido hace tres décadas.

La primera de las declarantes narró que todo empezó cuando cuatro soldados tocaron la puerta de su humilde choza. Entraron a la fuerza cuando la entreabrió. “Lo primero que preguntaron fue si les dábamos comida a los guerrilleros. Les respondí que ni siquiera los conocía”, dijo la testigo.

 “En la casa estaba mi hija, de unos 17 años, y dos de sus hermanos pequeños. Los soldados la desnudaron, le separaron las piernas con fuerza y empezaron a violarla, enfrente de los niños, quienes lloraban de miedo”.

Con la voz quebrada, esta mujer relató que, cuando quiso auxiliar a su hija, uno de los soldados le pegó un culatazo en la boca del estómago y otro en la cara. La fuerza del golpe, añadió, la hizo caer. Perdió un ojo. Añadió que su hija fue violada por los cuatro en la cama del matrimonio. 

A preguntas de la defensa, añadió que no podría reconocer a los victimarios, pero que tiene la certeza de que eran soldados. En medio de la agresión, los niños pudieron huir y buscar refugio en las montañas.

 Otra testigo dijo que un grupo de soldados llegó hasta su casa sobre las nueve de la noche. La llevaron a un descampado, donde la violaron y dejaron abandonada, desnuda. Añadió que en esa fecha tenía un bebé de 30 días, que murió calcinado cuando los militares quemaron su casa. “Ni siquiera pude enterrarlo, porque la casa estaba en cenizas y yo tenía mucho miedo”, añadió. (...)

Los testimonios, muchos de ellos ya recogidos en el informe de la Comisión Esclarecimiento Histórico (CEH), patrocinada por la ONU, o en el Remhi del obispo Juan Gerardi, adquieren una nueva dimensión cuando cobran vida en mujeres que ahora oscilan entre los 50 y los 60 años, en aquel entonces, apenas adolescentes.

“Si tenés marido, entonces te violan entre cinco y diez soldados. Si sos soltera, entonces son 15 o 20”, dijo una. “Mi tío iba por un camino con su hija y una nieta, cuando se toparon con una patrulla militar. Lograron agarrar a las muchachas. A la niña, de siete años, la mataron, porque fueron muchos los soldados que pasaron sobre ella”.

Los añadidos de crueldad ponen, literalmente, los pelos de punta. “Algunos soldados estaban enfermos de sífilis o gonorrea. La orden fue que estos pasaran los últimos, cuando los sanos ya habían violado a la víctima”. A esto hay que sumar los embarazos no deseados. Todos los testimonios coinciden en señalar a los autores como miembros del Ejército, o de las PAC."            (El País, 02/04/2013)   

“En mi casa encontré los cadáveres de mi mujer y de mis hijos, de cinco y dos años”

"En el tercer día del juicio por genocidio contra el expresidente Efraín Ríos Montt, los supervivientes de las masacres perpetradas por el Ejército contra población civil desarmada continuaron narrando este jueves el horror vivido durante la guerra civil que ensangrentó el país centroamericano entre 1960 y 1996 y, en concreto, durante el mandato de Ríos Montt (1982-83). En primer plano, el principal imputado escuchaba, tieso como un maniquí y sin mostrar emoción alguna, los relatos del salvajismo con que las tropas a su mando masacraron comunidades rurales indígenas enteras.

“Mi padre tenía 82 años en el momento de ser asesinado. Lo encontré tirado en una casa vecina. Su cuerpo estaba cubierto de sangre”, contó Diego Velázquez, quien a preguntas de la juez precisó que el asesinato ocurrió el 20 de julio de 1982. No pudo precisar si había sido víctima de las balas de los soldados, o había muerto a machetazos. “Solo recuerdo que estaba cubierto de sangre”, dijo a través de un intérprete.

Juan López Mateo, sobreviviente de una matanza en una aldea de Nebaj (departamento de Quiché, al norte del país), perdió a su familia el 2 de septiembre de 1982. Salvó la vida porque había salido muy temprano a trabajar la milpa (sembradío de maíz). “Cuando volvía a la aldea escuché el llanto de un niño pequeño, lo que me alertó de que algo malo estaba ocurriendo”, narró. Conforme se acercaba al poblado, “escuché disparos.

 Eran como las diez de la mañana”, dijo. Logró llegar a su vivienda a eso de las tres de la tarde, cuando los soldados ya se habían marchado. “En mi casa encontré los cadáveres de mi mujer y de mis hijos, de cinco y dos años”, contó con la voz entrecortada.

Preguntado por si había visto a más personas asesinadas, se limitó a responder que “eran muchas”, pero que después de 31 años no podía arriesgar una cifra. Sí recordó que uno de sus niños había sido asfixiado con un lazo y el otro tenía la cabeza destrozada a golpes. Los soldados también quemaron la casa y destruyeron todos sus bienes. “Fue el Ejército”, expresó sin sombra de duda.

Cuando llegué a casa, encontré a mis suegros y a mis tres hijos muertos. También mataron las cuatro vacas que tenía

Otro de los testimonios, Pedro Álvarez Brito, contó ante el tribunal que los militares asesinaron a toda su familia. “El Ejército rodeó la casa”. Su hermana, “recién parida con el bebé”, otro de sus hermanos pequeños y él mismo lograron refugiarse en un temascal (baño maya de vapor), desde donde vieron cómo la totalidad de los habitantes de la aldea fueron introducidos, a la fuerza, en una casa.

“Uno de los soldados”, añadió, “empezó a apropiarse de las gallinas y pollos de la familia” dueña de la casa. Recuerda que las aves eran 60, el mayor patrimonio doméstico. “Por mala suerte, una de las gallinas, que no se dejaba capturar, se metió en el temascal”, lo que hizo que él y sus hermanos fueran descubiertos y conducidos, también a la fuerza, a la vivienda.

 “Luego quemaron la casa”, contó Brito. El relato de otros supervivientes abundó en esa imagen: que los soldados rociaron de gasolina las viviendas y les prendieron fuego para quemar a la gente viva.

“No sé cómo lo hice, pero logré escapar entre las llamas y me refugié bajo un árbol. Así estuve, escondido como un animal acorralado, por ocho días, sin comer ni beber. Desnudo y sin abrigo”. Como los militares habían asesinado a sus padres y sus hermanos mayores, quedó solo. “Ahora solo pido justicia, para que mis hijos no sufran una experiencia semejante”, concluyó.

Particularmente crueles resultaron los testimonios acerca de ataques perpetrados desde helicópteros. “Disparaban contra todo lo que se movía. Así murieron indiscriminadamente niños, mujeres y ancianos”, narró una mujer septuagenaria.

Disparaban desde helicópteros contra todo lo que se movía. Así murieron indiscriminadamente mujeres, niños y ancianos

En Villa Hortensia de San Juan Cotzal (Quiché), “el 10 de septiembre de 1982 ingresaron los militares. Se llevaron a todos los pobladores y quemaron las casas. Mi padre, Nicolás Gómez, fue de los que murieron ese día”, relató Inés Gómez. En la misma incursión, el Ejército mató a toda la familia de otro de los supervivientes: “Cuando llegué a mi casa, encontré a mis suegros y a mis tres hijos muertos. También mataron las cuatro vacas que tenía”.

Pedro Meléndez tenía diez años en 1982, cuando presenció el asesinato de su padre y tío. “Mi papá —dijo en el tribunal— murió baleado. A mi tío le cortaron el cuello con un machete”. El drama no terminó entonces. Los sobrevivientes buscaron refugio en las montañas, donde vio morir de hambre a sus hermanos, de cinco, tres y un año de edad.

Las denuncias se repiten y todas coinciden en describir un mismo patrón en el ataque. Solo cambian el lugar y la fecha.

 “Creo que el Ejército, que nos vigilaba, aprovechaba que los hombres salíamos a nuestras labores agrícolas para entrar a la aldea, violar y matar a las mujeres”, dijo Juan López Matón, quien puntualizó que muchos de quienes lograron refugiarse en las montañas murieron de hambre, “pues los soldados quemaban las cosechas”.

El proceso, para el que la fiscalía ha presentado 205 testimonios entre peritos y testigos, continuará hasta que preste declaración el último de ellos. El hecho de que los supervivientes, indígenas, no hablen español incide en la lentitud del juicio."      (El País, 21/03/2013 )

“Cuando volví, la aldea estaba quemada”

“Era solo un niño”, dijo al inicio de su testimonio Diego Soto Santiago, uno de los supervivientes de un ataque del Ejército de Guatemala en el área Ixil (Quiché, norte), en 1982. “Cuando regresé, toda la aldea estaba quemada”. Con la voz quebrada añadió que quienes se le adelantaron en el retorno, “enterraban a sus muertos”.

En el histórico juicio por genocidio iniciado el martes en Guatemala contra el exdictador Efraín Ríos Montt, un anciano de 86 años, los testimonios de los testigos propuestos por la Fiscalía se repiten como las letanías del rosario.

 Tres décadas después, sus relatos estremecedores confirman uno tras otro los horrores documentados en los informes de Esclarecimiento Histórico, patrocinado por la ONU, o el de Recuperación de la Memoria Histórica, del malogrado obispo Juan Gerardi, en los que se documentan barbaridades como que muchos niños eran asesinados a golpes contra las rocas.

Están documentados casos de canibalismo en los que los asaltantes se comieron los sesos del pequeño. O que algunos de los soldados abrían con las bayonetas los vientres de las embarazadas, como parte de la orgía de sangre que protagonizaban en lo profundo de la selva.

“Yo era campesino y me dedicaba a cuidar la milpa [plantaciones de maíz] cuando llegaron los soldados”, declaró ayer Nicolás Brito. “Unos logramos huir. Los demás fueron capturados”. La acción de la que huyó Brito tuvo lugar el 25 de marzo de 1982, dos días después de que Ríos fuera aupado al poder por un golpe de Estado.

 Allí murieron 35 personas. Los hombres que salvaron la vida, continuó Brito, fueron obligados por el Ejército a integrase en las tenebrosas Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), utilizadas como delatoras de vecinos sospechosos de ayudar a la guerrilla.

 Las PAC llegaron a operar con tal autonomía, que muchos de sus crímenes obedecían a rivalidades personales o para apropiarse de los bienes de sus víctimas. Sólo en unos pocos casos sus líderes han llegado a los tribunales.

Otro testigo, Bernardo Gusal, señaló que incorporarse a las PAC era obligatorio, al igual que cultivar alimentos destinados a la tropa. Quien osara negarse, era encarcelado y golpeado salvajemente. “Llegaban todos los días y nos arrebataban los alimentos. Y nos recordaban que en la región, ellos ‘eran la ley”.     (El País, 20/03/2013)  

¿Hubo genocidio en Guatemala?

"Como se ha dicho al principio de este artículo en el último año el tema del genocidio ha estado en las controversias que hemos observado en Guatemala. Los motivos son los que también ya se han mencionado y la respuesta no se ha hecho esperar.

 Lo que nos han dicho el candidato y luego presidente Otto Pérez Molina, los defensores de los militares sindicados y los voceros de AVEMILGUA es que en Guatemala no hubo genocidio porque jamás hubo la intención de eliminar parcial o totalmente al pueblo maya.

Como verdad histórica el genocidio es la eliminación física de personas en gran escala. Genocidio es pues una matanza de grandes proporciones. Y esto es lo que hubo en Guatemala al menos entre 1960 y 1996: 150 mil ejecuciones extrajudiciales y 45 mil desapariciones forzadas. 

Durante el siglo XX hubo al menos cuatro genocidios que se consideran los de mayor envergadura. El primero de ellos fue el cometido por el Estado turco contra los armenios entre 1915 y 1917 en el contexto de la primera guerra mundial (entre un millón y medio y dos millones de armenios asesinados). 

El segundo gran genocidio fue el cometido por los nazis contra los judíos (aunque también contra los gitanos) fundamentalmente entre 1942 y 1945 (6 millones de judíos inmolados).

 El tercer gran evento fue el genocidio en 1965 de entre 500 mil y un millón de personas en Indonesia al calor de una vasta represión anticomunista.

 El cuarto gran genocidio fue el de los Tutsis cometido en 1994 por los Hutus en Ruanda, durante el cual en unos cuantos meses, entre 500 mil y un millón de Tutsis fueron asesinados por los Hutus con el amparo del Estado de Ruanda.

En la América contemporánea probablemente los genocidios más significativos fueron los observados en Guatemala (200 mil personas aproximadamente entre 1960 y 1996) y el de Argentina (30 mil personas entre 1973 y 1984). Pero en el caso guatemalteco y el argentino, la verdad histórica se contrapone a la verdad jurídica porque el concepto jurídico de genocidio se ampara en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio adoptada por la ONU el 9 de diciembre de 1948. 

En términos sucintos, como lo recuerda Arenales Forno a propósito del Estatuto de Roma, la Convención de la ONU considera genocidio cuando se hacen acciones para eliminar parcial o totalmente a grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. Todavía en 1946 los ponentes de la resolución de la ONU incluían en la anterior lista a los grupos “políticos”, los cuales fueron eliminados porque hubo oposición de la Unión Soviética y otros países. 

Es este vacío en el cual se sustenta la triquiñuela jurídica que pretende escamotear para Guatemala la categoría de genocidio para calificar la matanza ocurrida en éste país.   

En efecto a diferencia de los genocidios armenios, judíos o tutsis, en Guatemala el genocidio no estuvo encaminado a hacer una limpieza racial, étnica o de algún grupo nacional. El sentido del genocidio fue el de una de sus variantes, como lo es el “politicidio”, es decir la eliminación de un grupo político: los comunistas (reales o supuestos).

 Desde ese punto de vista, apoyándose en un vacío jurídico que tiene la Convención de la ONU, en Guatemala no habría habido genocidio. Pero el vacío jurídico como lo han señalado los especialistas en el tema origina una monstruosidad jurídica: la desigualdad frente a la ley. Solamente hay genocidio si se habla de grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos.

 Si se trata de grupos políticos no se puede hablar de genocidio. Desde esta perspectiva el genocidio en la Indonesia de los años sesenta del siglo XX no sería tal. Ni tampoco lo sería la matanza en Guatemala…

Como verdad histórica indudablemente en Guatemala hubo un genocidio. Pero también es posible demostrar que lo hubo en el plano de la verdad jurídica. La inmensa mayoría de las víctimas del genocidio en Guatemala fueron integrantes de algunos de los grupos étnicos que existen en el país. 

Y en 1982, independientemente de los ladinos que fueron asesinados, un grupo étnico fue particularmente atacado siguiendo todos los cánones del genocidio que estableció en 1948 la ONU: la etnia ixil en el departamento de El Quiché."                               (Sin Permiso, 11/03/2012, 'La negación del genocidio en Guatemala', de Carlos Figueroa Ibarra)  

"Después, las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdugos, antes de ser violadas y asesinadas por estos"

"Salvajismo con las mujeres, incluidas las embarazadas, brutalidad con los niños, incluidos los bebés. Monstruosas mutilaciones masculinas y femeninas, previas a los asesinatos. Empalamientos, personas quemadas vivas, aberrantes formas de asesinar que aseguraban largos días de agonía. Difícil tarea, la de describir lo indescriptible.

Pero trabajosamente se hizo, y el fruto documental de ambos informes citados quedó ahí, y ahí sigue para la posteridad. (...)

Según los hechos establecidos, los soldados -unos 40 kaibiles-, al irrumpir en Las Dos Erres, separaron a las mujeres y niños de los hombres. Estos fueron reunidos en la escuela, donde fueron torturados y finalmente asesinados. Las mujeres con los niños fueron encerrados en la pequeña iglesia evangélica de la comunidad.

Después, las mujeres fueron obligadas a cocinar y servir la comida a sus verdugos, antes de ser violadas y asesinadas por estos. Las violaciones y asesinatos se cometieron con especial sadismo, y los cadáveres fueron arrojados a un pozo, utilizado como fosa común. Igualmente, los niños fueron también asesinados y arrojados al mismo pozo.

Dos exkaibiles, miembros entonces de aquella unidad militar, hoy retirados, radicados en México y testigos voluntarios de la Fiscalía, aportaron al juicio, por videoconferencia, detalles escalofriantes sobre la actuación de los acusados.

Por ejemplo, uno de los criminales ahora condenados, el subinstructor kaibil Manuel Pop Sun, se llevó por la fuerza a una niña hasta ocultarse con ella en una zona de matorrales próxima al poblado, donde la violó.

Regresó con ella, la decapitó y la arrojó al pozo. Otros detalles igualmente horribles vinieron a configurar el contenido de la sentencia.

Recordemos un hecho que nos fue relatado personalmente por un exmiembro del Gobierno del presidente democristiano Vinicio Cerezo. En 1986, al ser nombrado ministro, se le asignó como escolta un antiguo kaibil.

Al saber que la hija de este sufría una grave dolencia de la vista, abocada a la ceguera salvo que recibiera un tratamiento muy caro y especializado, el ministro, compadecido de aquella desgracia, insoluble en una familia de muy pocos recursos, le consiguió ese tratamiento en Estados Unidos.

Cuando se lo comunicó al padre, recibió esta tremenda respuesta: "Agradezco sus desvelos por mi niña, pero sepa que serán totalmente inútiles. Porque lo que le ocurre a mi hija es el castigo que Dios me envía a mí, por las atrocidades que yo cometí con los niños mayas cuando era kaibil".

¿Qué horrores infanticidas cometería aquel sujeto para experimentar un remordimiento patológico de tal magnitud? (...)

Uno de ellos es el general Héctor López Fuentes, exjefe del Estado Mayor del Ejército (1982-1983). Contra él pesan acusaciones de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad, perpetrados principalmente contra comunidades mayas, crímenes "en los que sus pueblos quedaron destruidos, sus habitantes de todas las edades fueron asesinados, y las mujeres y las niñas fueron sistemáticamente violadas", precisa Margot Wallstrom, representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.

Otro de los jefes recientemente capturados y procesados es el coronel Rafael Bol de la Cruz, exdirector de la Policía Nacional, responsable de la detención ilegal y desaparición en 1984 del que fue dirigente sindical y estudiantil Edgar Fernando García, además de una serie de desapariciones forzadas mientras dirigió aquel viejo y corrupto cuerpo policial.

El tercero de los jefes militares aludidos es el también coronel retirado Marco Antonio Sánchez Samayoa, encarcelado desde 2009 y condenado ya a 53 años de prisión como responsable del secuestro y desaparición definitiva de ocho personas en la aldea de El Jute, en 1981." (PRUDENCIO GARCÍA: Guatemala: ensañamiento y perversidad. El País, ed. Galicia, 26/08/2011, p. 27)

Testimonios de víctimas del genocidio maya que investiga la audiencia nacional

“Aquel día, 13 de marzo de 1982, Jesús Tecú Osorio, superviviente del genocidio maya, presenció 177 asesinatos. Tenía 10 años.

Cuando los militares del Ejército Nacional de Guatemala y las Patrullas de Autodefensa Civil llegaron a su aldea, a Río Negro, a las seis de la mañana, ya no quedaban hombres. O les habían asesinado o habían huido. "Las mujeres rogaban que no las mataran, decían que ya no tenían maridos, que hicieran con ellas lo que quisieran. Nos pusieron a todos boca abajo. Vi cómo violaban a las adolescentes. Vi degollar a mujeres, colgarlas de los árboles, ahorcarlas. Vi cómo una de ellas se resistía, boca abajo, y cómo uno de los militares le pegaba dos machetazos al bulto que llevaba a la espalda, un bebé. A las cuatro de la tarde sólo quedaban vivas 10 mujeres. Entonces, uno de los patrulleros me dijo: 'Ahora no te voy a matar. Te vas a venir conmigo'. Y le seguí hasta Xococ", relató a EL PAÍS.

Tecú vivió dos años con el asesino de su familia, que le utilizó de "esclavo" hasta que su hermano mayor, el único que había sobrevivido a la masacre, recuperó su custodia. (…)

Juana González -nombre ficticio que escoge para la entrevista- también busca justicia en España… Los militares mataron a 253 de los 280 habitantes de su aldea el 15 de julio de 1982. Juana, de 45 años, recuerda entre lágrimas el método utilizado: "Metieron a toda la gente en una casa. Yo huí cerca, al monte. Vi humo. Olía mucho a quemado. Los niños gritaban. Los estaban quemando. Cuando amaneció, fui a la casa. Había muchísimas personas ardiendo en el fuego. Pensé que una de las mujeres llevaba la misma ropa que mi madre pero estaba debajo de muchos cuerpos y no le podía dar la vuelta para comprobarlo". Casi toda su familia murió en esa casa. Margarita, otra de las testigos protegidos, describe una escena casi idéntica, otro año, en otra aldea. "Mi familia murió en la masacre. Yo conseguí escapar, vivir, y tengo que contarlo. Hacerles justicia". (El País, ed. Galicia, España, 07/02/2008, p. 18)