La justicia condena a dos exdirectivos de Ford por los crímenes de la dictadura argentina... Todas las pruebas dan cuenta de la coincidencia de objetivos entre Ford y la dictadura: eliminar toda resistencia sindical de la fábrica

"Días atrás, la Cámara Federal de Argentina confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 operarios durante la última dictadura. Los condenados, en connivencia con los militares, montaron un centro clandestino de detención dentro de la planta ubicada en Buenos Aires. El abogado que representa a las víctimas le adelantó a El Salto que prepara una presentación judicial para que también responda la empresa (persona jurídica) por estos delitos de lesa humanidad: “Estamos frente a una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”.

De un lado de la mesa se sentaron los directivos de la empresa. Del otro, los delegados sindicales. El calendario que estaba sobre el escritorio tenía la fecha de aquella jornada: jueves 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura argentina.

El gerente de relaciones industriales de Ford Motor Argentina, Guillermo Galarraga, comunicó con un tono entre jocoso y violento que, a partir de ese momento, la empresa dejaba de reconocer la actividad sindical de sus trabajadores.

—¿Nos puede explicar por qué se interrumpe nuestra actividad sindical? —preguntó Juan Carlos Amoroso, uno de los delegados.

—Porque esta compañía pasa a ser objetivo y prioridad militar —dijo el directivo, sin más explicaciones.

Cuando los trabajadores se levantaron de sus sillas, Gallarraga lo miró a Amoroso y le dijo: “Dele saludos a Camps [de nombre Ramón, jefe de la Policía de Buenos Aires]”.

—No sé quién es —respondió.

—Ya te vas a enterar —lanzó el empresario, provocando las carcajadas de los otros directivos.

Amoroso y otros 24 trabajadores de la planta de la automotriz Ford, ubicada en la provincia de Buenos Aires (sigue en funcionamiento), “se enteraron” de Camps y de otros jefes militares a los pocos días. Fueron secuestrados —algunos en sus puestos de trabajo, en la línea de ensamblaje de la compañía— trasladados a un centro clandestino de detención montado en el campo de deportes de la planta, torturados y encerrados en distintas cárceles de la capital argentina.

Galarraga murió en 2016 a los 92 años. Logró sortear la Justicia. No así dos de sus alfiles, Pedro Müller (89), gerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de la mesa directiva de aquellos años; y Héctor Francisco Sibilla (94), jefe de seguridad de la planta. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los condenó por aquellos delitos de lesa humanidad.

Sus abogados apelaron la sentencia y el expediente pasó a la Cámara Federal de Casación. Este tribunal se expidió la semana pasada: confirmó las condenas y avaló toda la carga probatoria contra estos dos exdirectivos. Sobre Müller recayó una pena de 12 años de prisión, dos más que Sibilla, sentenciado a 10 años de encierro.

“Estamos hablando de una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”, explica Tomás Ojea Quintana, el abogado que representó a las víctimas. “Es un hito porque con esta ratificación queda comprobado lo que siempre se habló en ámbitos académicos y periodísticos: la complicidad de ciertos grupos económicos con el terrorismo de Estado. Y queda acreditado en un proceso justo donde se respetaron todas las garantías procesales. Estas dos personas han tenido los mejores bufetes de abogados”, detalla el letrado.

Condenas de esta naturaleza —agrega— tienen un solo antecedente en el mundo: los empresarios nazis sentados en el banquillo de los acusados durante los Juicios de Núremberg. “Se equivoca quien crea que ésta es una sentencia del pasado. Tiene que ver más que nunca con el futuro, con la necesidad de tener empresas comprometidas con los derechos humanos a la hora de hacer sus negocios”, aclara.

El próximo paso, adelanta Ojea Quintana, es llevar a juicio a esta firma multinacional. “Esta condena es contra individuos, contra personas físicas, contra dos exgerentes. Lamentablemente por restricciones legales no hemos podido todavía hacerle juicio a la empresa. Estamos preparándonos para eso. Los gerentes representaban a esta firma. ¿Qué tiene para decir Ford sobre esto? Eso es lo que queremos averiguar. Lo bueno de esta sentencia es que nos da pie a otra batalla legal”, subraya.

Tras el fallo judicial, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, invitó a la multinacional a “dar un paso institucional” sobre este oscuro pasado. “Es una buena ocasión para que la empresa Ford empiece de forma institucional a contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que protagoniza nuestro país“, reclamó.

De 1976 a esta parte (45 años), la automotriz hizo un solo descargo oficial sobre los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en su planta. Fue en 2007 cuando la agencia Business and Human Rights, que promueve los derechos humanos en las empresas, pidió su réplica sobre las denuncias que llegaban desde Argentina.

La respuesta fue la siguiente: “A partir de marzo de 1976, por decisión de un gobierno militar y por lo tanto fuera del control de la empresa, el Ejército Argentino colocó fuerzas dentro del predio de la empresa, que ya había sido incluido en un área militar por las autoridades. Las actividades realizadas por las fuerzas militares durante el tiempo que permanecieron en el lugar fueron absolutamente independientes y ajenas a los procedimientos y la política de Ford”.

La endeble justificación de la multinacional quedó totalmente desacreditada en el reciente fallo judicial argentino, según se desprende de los argumentos vertidos por uno de los jueces de la Cámara Federal, Alejandro Slokar, para justificar su voto a favor de la ratificación de las condenas: “Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, redactó en su sentencia.
Ford, la dictadura y una “coincidencia de objetivos”

Las pruebas ventiladas en el juicio oral —el testimonio de las víctimas, de testigos, archivos, fotos, documentos de la propia empresa, etc.— permitieron establecer que Müller y Sibilla fueron quienes facilitaron al Ejército las listas de los trabajadores que querían que fueran secuestrados y quienes autorizaron la instalación de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la fábrica.

Los militares utilizaban los carnets de la empresa con fotos y datos personales para llevar a cabo los secuestros. A Adolfo Sánchez, delegado sindical que participó de aquella reunión con Galarraga, lo secuestraron el domingo 28 de marzo en su casa. Los efectivos llegaron cuando estaba jugando en la cama con sus dos hijos. “Te vamos a tirar al río y desaparecer como todos los zurdos”, le dijeron.

Lo maniataron, lo metieron en el piso de un coche y se lo llevaron a una comisaría, donde fue vejado y torturado: Sanchez contó en el juicio que sus captores le mostraron la credencial de Ford, una copia exacta del carnet con el que ingresaba a trabajar a la planta.

“Las esposas de los trabajadores secuestrados, en busca de alguna respuesta, se entrevistaron una tarde con algunos jefes militares, quienes confesaron que habían actuado a pedido de Ford. Les mostraron un listado donde estaban los nombres de sus maridos. El papel tenía el logo de Ford. Esto se acreditó en el juicio”, agrega Ojea Quintana sobre “la contundencia” de la carga probatoria contra estos dos exgerentes.

“Es más: la mayoría de estos secuestros ocurrieron con las camionetas de Ford. Los militares cenaban en los comederos de la empresa. Todo muy burdo. Sentían una profunda impunidad”, afirma el abogado. “Todas las pruebas dan cuenta de la coincidencia de objetivos entre Ford y la dictadura: eliminar toda resistencia sindical de la fábrica”, explica sobre el nivel de complicidad.



Müller y Sibilla están, por el momento, en libertad. El Tribunal Oral de San Martín tiene ahora que pronunciarse sobre la prisión efectiva que solicitó la querella. Lo más probable es que, por la avanzada edad de ambos, se fije una prisión domiciliaria.

Sin embargo, el “alivio” que sienten las víctimas no va a cambiar por este último veredicto. “Hay que entender que vienen denunciando esto desde hace décadas. Para ellos es un alivio enorme que unos jueces acrediten sus relatos y que el Estado responda con condenas a los responsables de aquellos delitos. Es una conquista inmensa”, asevera el abogado .
La importancia del “precedente jurídico”

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), en Argentina hay 30 causas abiertas contra agentes económicos por sus vínculos con la dictadura. Sin embargo, muchos de esos expedientes están frenados, con muy pocos avances en los últimos años.

Ojea Quintana cree que la confirmación de esta sentencia va a generar “un precedente jurídico” que va a “agilizar” estos expedientes.

“En esta sentencia, se despejaron aspectos jurídicos y técnicos acerca del análisis de la complicidad económica con la dictadura. Estamos hablando de aspectos jurídicos que siempre utilizan los abogados los acusados para buscar la absolución. Esperamos que la causa Ford contribuya a que los otros juicios pendientes puedan valerse de esta jurisprudencia”, explica.

El primer empresario condenado por delitos de Lesa Humanidad fue Marcos Levín, dueño en los años 70 de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. En marzo de 2016, otro tribunal de primera instancia ordenó una pena de 12 años de prisión por el ”secuestro y tormento" en 1976 de Víctor Cobos, uno de sus empleados. Su modus operandi consistía en ir en los coches de su empresa junto con policías para secuestrar a los sindicalistas que exigían por sus derechos laborales.

Al año siguiente, a diferencia de la causa Ford, la Cámara Federal de Casación revirtió el fallo. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, quien permanece en libertad.

Otro empresario enjuiciado (aún no condenado) es Carlos Pedro Tadeo Blaquier (94 años), dueño de Ingenio Ledesma (provincia de Jujuy), una de las empresas agroindustriales más grandes de Argentina. Está acusado por 29 secuestros, la mayoría de ellos cometidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches del Apagón, cuando 400 personas fueron secuestradas en Jujuy en medio de un corte de luz autogenerado para entrar en las casas de los trabajadores. Las víctimas y los testigos lograron identificar, pese a la oscuridad, que los grupos de tareas utilizaban las camionetas de esta empresa para trasladar a las personas que privaban de su libertad.

En julio de este año, la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Blaquier, por lo que el proceso judicial sigue en pie.

También están procesados los cuatro empresario que integraban el directorio de Ingenio La Fronterita (firma azucarera de Tucumán) por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio. Esta empresa también prestó sus instalaciones para que la dictadura instalase una base militar y un centro clandestino de detención.

La misma situación legal (procesamiento) tiene hoy el excoronel José María Menéndez —hermano de Luciano Benjamín Menéndez, célebre genocida y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército—, quien actuó entre 1974 y 1976 como gerente de la empresa Norwinco SA. Está acusado de facilitar los legajos de 12 trabajadores que fueron secuestrados, tres de los cuales permanecen desaparecidos.

“La gran batalla del proceso de Memoria, Verdad y Justicia está hoy en estos expedientes. Los exmilitares que todavía están en juicio ya no tienen ningún apoyo fáctico, ni político, ni militar. En cambio, estos agentes económicos todavía conservan mucho poder. Luchamos para tener más condenas como las de Ford. No es nada fácil”, concluye Ojea Quintana."                      (Andrés Actis, El Salto, 10/10/21)

Un año funesto: 274 asesinatos de líderes ambientalistas

"No sabemos sus nombres. No conocemos sus luchas. Ni sospechábamos que podían asesinarles por algo que nos concierne a todos, como es el medio ambiente del único planeta conocido en el que surgió la vida. La suya la perdieron por la defensa de sus montes, el agua, los bosques, los ríos o el aire. En muchos, casos muertes anunciadas de las que los criminales quedarán impunes porque se ocultan bajo un manto tejido con las palabras progreso, desarrollo, rentabilidad, inversión…

Y no son pocos: en 2018, 247 líderes y lideresas ambientales fueron tiroteados, macheteados o desaparecidos, según un informe de FrontLine Defenders. Suponen el 77% de los 321 defensores de derechos humanos muertos violentamente que la ONG irlandesa ha registrado. Padres, madres, abuelos, hijos e hijas que se enfrentaron desde sus minúsculas parcelas con los grandes… y los grandes no lo toleraron.

Desde que esta ONG hizo su primer informe en 2014 y hasta diciembre de 2017, ya han contabilizado 821 asesinatos debido a su labor pacífica en defensa de los derechos humanos; el 79% en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. La gran mayoría nunca fueron bien investigados, así que  pocos de los responsables o autores intelectuales están en las cárceles.

Tanto Front Line Defenders como Ecologistas en Acción,  que se ha hecho eco de este documento, destacan no son hechos aislados, aunque a menudo los poderes judiciales, policiales y políticos de sus países los disfrazan de ajustes de cuentas, accidentes, asaltos de maleantes…. Además, son crímenes precedidos por el acoso judicial, la criminalización, campañas de difamación en los medios, propiedad de los mismos poderes económicos y de ataques físicos. De hecho, casi la mitad de los defensores asesinados ya tenía amenazas de muerte. De los que las denunciaron, casi ninguno recibió ni protección ni apoyo por parte de las autoridades estatales.

Y si no los matan, los encarcelan, como el caso de Bernardo Caal Xol , defensor de los ríos, condenado a siete años y cuatro meses de prisión en Guatemala, por enfrentarse a dos hidroeléctricas, como denuncia la campaña Tierra de Alianza por la Solidaridad, que exige su libertad inmediata.

Muchas, además, son mujeres, con el agravante del género porque tienen que enfrentarse a las amenazas sexuales de las fuerzas de seguridad de sus países, de las empresas, de sus comunidades, incluso dentro de sus propios movimientos. 

Ellas, que quedan fuera de los cargos de más rango en las organizaciones, sufren campañas de desprestigio en las que las acusan de prostitutas, de malas madres, de abandono del hogar, de revoltosas… Y aún así cada vez hay más en las luchas de resistencia contra minas, hidroeléctricas, madereras o grandes terratenientes. Más Bertas Cáceres en comunidades pequeñas, enfrentándose a Goliats con los pies bien asentados en los grandes foros empresariales y financieros.

Ante este panorama, no es de extrañar que algunos intenten escapar. Pero no lo tienen fácil. Estos días de atrás, un líder indígena guatemalteco q’qchí llamado Arturo Coc Choj,  que salió de su aldea en Raxruhá (Alta Verapaz) huyendo de la pobreza y de la persecución por proteger un bosque, ha sido detenido en Texas (EEUU) como ‘prófugo de la Justicia’. 

Su hijo de 11 años, que viajaba con él, está en cautiverio en Nueva York, según la familia. La denuncia en su contra ante la Interpol provenía de un empresario turístico francés afincado en su territorio. Un ejemplo más de una criminalización que va más allá de las fronteras, dejando en papel mojado lo que es el derecho internacional al asilo y refugio.

Nada parece indicar que en 2019 las cosas vayan ir a mejor… De hecho, si en 2017  hubo 312 asesinatos de defensores y el 67% eran ambientales. En 2018, los crímenes han sido nueve más y el porcentaje de defensores de su territorio ha subido un 10%.

El último análisis de FrontLine Defenders se centra precisamente en los seis países que el año anterior aglutinaban el 85% de las muertes: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas, lugares donde los gobiernos parece que no van a frenar las trabas a los activistas ambientales, sino todo lo contrario. Basta escuchar al presidente brasileño Jair Bolsonaro, que dejará la Amazonía en manos del agronegocio, o al guatemalteco Jimmy Morales, cuestionado por su relación con grandes empresas del país, o al hondureño Juan Orlando Hernández, que calla sobre las caravanas de migrantes que huyen de su país. No se puede ser optimista.

El discurso en muchos de estos países es muy similar: los activistas ambientales amenazan la ‘seguridad nacional’ o amenazan ‘el progreso económico’, aunque se trate de un simple maestro, como Bernardo, o un campesino, como Arturo.

Ante ello, la respuesta de instituciones internacionales como la ONU, la Unión Europea, o de países como España, que por cierto tiene muchos intereses económicos en toda América Latina, no puede ser otra que exigir que la defensa y protección de los derechos humanos y ambientales sea obligatoria y vinculante para todas las empresas, así como la denuncia y persecución de la impunidad judicial con la que se cometen estos asesinatos de líderes comunitarios, casi todos anónimos, pero tan valiosos.

No hay optimismo, pero no podemos quedarnos parados."             (Rosa M. Tristán, Público, 21/01/19)

Víctor Manuel: “A mi abuelo lo mataron por dos estufas”

"Víctor Manuel ha convivido con decenas de perros. Pero nadie como Tula. Era capaz de bajar cada día con la cesta de la comida para su tío de Ribono a Mieres, donde trabajaba de taquillero en la estación. Tres kilómetros de trayecto. Y regresaba... Era un animal superdotado. Incluso para intuir su muerte. “No se me olvida como cuando ya estaba muy mal, mi abuelo cavó su fosa y ella se metió dentro para tumbarse antes de ser sacrificada”. Víctor reconocería esa tumba hoy a ojos cerrados, pero le da rabia que muchas otras anden sin que sepamos quienes las ocupan. (...)

Víctor es un músico de raíz y memoria, de enjundia y conciencia. “Un optimista escéptico”, se define. Y eso se desprende de su copla Digo España, un canto de amor con reproches, pero escrito con la cabeza alta: “Digo España y qué bien suena esa palabra: No la arrojo contra nadie y contra nada”, reza su estrofa principal. 

Un tema al que vuelve 36 años después de componer España, camisa blanca de mi esperanza: “Saboreo bien este país, aunque a ratos me gusta y otros, no. Nos pesa el término como a mi generación nos pesó en su día la bandera. 

La hemos encajado con el tiempo, con la naturalidad con que la han aceptado luego los más jóvenes después de ganar el mundial de fútbol”.

Las razones están no sólo en la canción en sí, también en el propio disco. Concretamente en temas como He cortado estas flores. Una topografía amarga de las cunetas. Un exordio cargado por el peso del silencio que vivió de niño: “A mi abuelo paterno lo fusilaron en Oviedo. Mi padre casi nunca me habló de ello. El miedo persistió en sus hijos pero no en los nietos”.

 Las preguntas le pesaron tanto que al morir su padre, quiso saber. “Accedí a su caso. Lo habían denunciado unos ferreteros de Mieres por haber robado, según ellos, dos estufas. La clase política ha ido a rebufo de un asunto tan doloroso. Lo fusilaron y lo enterraron en una fosa donde dicen que en los alrededores hay 1.800 más sin identificar. 

Yo iba con mi padre al cementerio de Oviedo y él dejaba unas flores en un lugar indeterminado, a ojo”. Pero con la imagen del abuelo fija en su cabeza y las razones mezcladas. “En vez de estufas, creyó que lo habían denunciado por una cesta de huevos. Aun así, cuando nos trajo a Madrid de visita una vez, nos llevó al Valle de los Caídos. Qué cosas, ¿no?”.  (...)"                  (Jesús Ruiz Mantilla , El País, 07/11/18)

Teresa Rodríguez demanda a un empresario por agresión machista

 

 El empresario Manuel Muñoz Medina, dueño de Guadarte, y Teresa Rodríguez, portavoz de Podemos en Andalucía

"La portavoz de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha emprendido acciones legales contra Manuel Muñoz Medina, director general de la empresa Guadarte, por un agresión sexista ocurrida el pasado martes en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla, en la inauguración de una exposición fotográfica por el aniversario de la agencia EFE. Según ha declarado en una entrevista a El País, ha presentado una solicitud de conciliación judicial, previa a la vía civil o penal, por “trato degradante y agresión sexista”.

Teresa Rodríguez ha relatado en un post de Facebook cómo el empresario la acorraló contra una pared y simuló besarla con la mano entre medias. En concreto, la agresión ocurre cuando Rodríguez acude a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero León. Tras visitar su despacho, dos hombres la interceptan: “Es entonces cuando el Sr. Muñoz Medina directamente se abalanza sobre mí y con un empujón me amordaza la boca con la mano mientras aproxima su boca a la mía y simula besarme en los labios con su mano de por medio”.

Muñoz Medina ha respondido en declaraciones a El Independiente que la agresión fue “una broma desafortunada” y la justifica porque había bebido previamente “unas copitas” en la sede de la institución con el resto de los miembros: “Estaba ebrio. Me he pasado siete pueblos”. Ahora, asegura, quiere pedir perdón a Teresa Rodríguez.

En estas declaraciones reconoce los hechos y ha asegurado sentirse “totalmente avergonzado”. “Posiblemente mi mujer o la suya también habrían reaccionado de la misma manera que ella”, ha reconocido.

En el momento de la agresión, la única persona que reacciona es una trabajadora que se encuentra con ellos, que pregunta “claramente escandalizada” si se conocen. Él responde que la conoce porque está “harto de verla en la tele”. “En ese momento me siento paralizada, humillada, ultrajada y siento deseos de marcharme lo antes posible de allí y lo único que me sale es preguntar “¿y usted quién es?”, continúa Teresa Rodríguez.

 “El Sr. Muñoz Medina, que seguía divertido ante lo que se había atrevido a hacer, ni corto ni perezoso, me dio una tarjeta corporativa donde figuraba que era Manuel Muñoz Medina, director general de Guadarte”. El empresario también es vocal en la propia Cámara de Comercio de Sevilla.

La agresión ocurre sin que nadie intervenga y con la connivencia de los presentes. El presidente de la Cámara “se limita a seguir la broma diciendo ‘ten cuidado que te vende un mueble'” y otros tres hombres que se encuentran en el lugar “se ríen por una situación que me resulta humillante y degradante”.

Además, Rodríguez ha cursado una queja en la Cámara de Comercio de Sevilla. Su presidente reconoció los hechos y pidió disculpas por no haber reaccionado de otra manera, según su relato.

La coordinadora de Podemos en Andalucía afirma que, como cargo público, tiene la obligación de “no dejar pasar actos de este tipo” para luchar contra la violencia machista y servir como ejemplo. “En mi caso, no es solo un derecho, es una obligación no dejar pasar actos de este tipo por su claro cariz sexista y por formar parte de lo que consideramos violencias machistas”, afirma en el post. 

“Entiendo que luchar contra las violencias machistas supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio en ningún caso y es por ello que lo hago público, también por quien lo sufre y no puede denunciarlo con el altavoz que la ciudadanía me ha otorgado”. (...)"             (eldiario.es, 23/12/16)

"Hace más de diez años hice una entrevista a los directivos de una agencia de publicidad. Al terminar comenzó la sesión de fotos, ese momento para el que casi nadie está preparado ni muestra entusiasmo.

 El fotógrafo, al ver lo encorsetado de las poses, les pidió que sonrieran. “¡Mejor que nos haga ella un striptease, y ya verás cómo nos reímos!”, dijo el presidente de la compañía. “Ella ha venido a trabajar”, dijo mi colega. Disparó su cámara y nos fuimos. No volvimos a hablar de ese tema, ni él ni yo.

Han pasado esos más de diez años y he ganado en arrugas y en sarcasmo. También tolero menos determinadas cosas. Pero mi memoria no sólo recuerda aquellas palabras. También recuerda las risas, las malditas risas de los cómplices. 

Los que rieron la gracia ante la testosterona del jefe, no vaya a ser que. Los que asienten, los que miran para otro lado, los que se escudan en el “a mí no me gusta meterme en líos”, los que alimentan a esos tipejos.

Son los mismos que le rieron la agresión a Teresa Rodríguez. Una mujer que cayó en manos de un tipo que consideró oportuno arrinconarla, taparle la boca e intentar besarla en un acto oficial. Un tipo que pidió perdón y que puso el alcohol como culpable de su actitud deplorable y llena de bajeza. “Estaba ebrio, me pasé siete pueblos”, dijo Manuel Muñoz Medina.

 Pero esa actitud, esa “broma desafortunada” provocó las risas de algunos, los que consideraron gracioso y hasta normal que un hombre haga eso con una mujer. Teresa Rodríguez lo denunció y aprovechó su cargo y su notoriedad para poner voz a las mujeres que han sufrido y sufren ese tipo de vejaciones.

 La agresión, según explicó la propia Rodríguez, ocurrió sin que nadie interviniera y con la connivencia de los presentes. El presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, dice, "se limitó a seguir la broma diciendo 'ten cuidado que te vende un mueble'" y otros tres hombres que se encontraban en el lugar se rieron.

 Porque imaginemos ahora que en vez de ser una representante política la agredida hubiera sido una camarera o una azafata que en esos momentos estuviera trabajando en ese acto público. La misma actitud, las mismas risas… ¿qué habría hecho la víctima? ¿habría denunciado a su agresor o se habría zafado de él, huyendo avergonzada a otro sitio donde no pudieran ver su cara de miedo, su estupor ante lo ocurrido?  No tengo la respuesta a esta pregunta, pero me temo que se parece más a la segunda de las opciones.

Muñoz Medina ha dimitido de su puesto como vocal de la Cámara de Comercio de Sevilla, pero imagino que lo seguirán invitando a actos institucionales. Ya saben, se pasó siete pueblos pero es que se había tomado unos vinitos de más. Con tal de que a partir de ahora sólo le acerquen la bandeja con los refrescos, solucionado. Sigue siendo un empresario, uno de los nuestros, un hombre hecho a sí mismo.

Mientras tanto, los medios hemos aportado nuestra dosis de complicidad al asunto. “Teresa Rodríguez denuncia a un empresario que simuló besarla”, tituló el diario ABC el día de Nochebuena. A ver, simular besar a alguien no es lo que le ocurrió a la líder de Podemos en Andalucía. Y ese titular suaviza la agresión por una única razón: la ideología. 

Ahora imaginen que un concejal de Podemos en Andalucía comete esa misma agresión con una política del PP. Ahora imaginen que sus colegas le ríen la bravuconada, hacen chistes para completar el festival de humor. Ahora imaginen el titular de ABC. Malditos cómplices, y maldito silencio."                  (Ángeles Caballero, CTXT, 27/12/16)

Unanimidad mundial para llevar a la hidroeléctrica Desa ante la justicia por el asesinato de Berta Cáceres... y los más de 100 activistas medioambientales asesinados cada año, dos por semana

"(...) Berta Cáceres es Tomás García, su compañero asesinado la semana anterior. Son los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, es Daniel Humberto, Carlos Antonio Luna, Jeanette Kawas. Son los más de 100 activistas medioambientales asesinados cada año, los dos por semana y las continuas amenazas a sus movimientos y familias.

El mapa de densidad de este tipo de asesinatos señala los típicos países en vías de desarrollo perpetuo; no salen de ahí, es una franja asignada, un comprimido de riqueza subyugada a intereses ajenos que extorsionan y matan para que así siga siendo.

 En estos países los asesinos a sueldo son fáciles de encontrar, también la policía corrupta que mira hacia otro lado, las guerrillas paramilitares extranjeras, la connivencia criminal de sus gobiernos.

Ahora que se investigue lo que se quiera, pero ya se la han quitado del medio. Ya no hay problema. Muerto el perro se acabó la rabia. Una lección bien dada.

Tan descorazonados como descerebrados; así nada puede funcionar entre sus manos. Tan ingenuos los locos asesinos, tan ignorantes. Ellos no se han quitado del medio a nadie. Endemoniados locos, como me jode daros esa palabra, pero no sois más que eso. Locos en la enfermedad, por supuesto, no en la danza silenciosa. 

Rematadamente enfermos y ciegos a los que no mataríamos si pudiéramos. Al menos no peor de lo que nos matan ellos cada día. Especulando, intoxicando, vendiendo hasta nuestros huesos y los huesos de nuestros hijos.

No saben que Berta vive en nosotrxs, que la han acercado a miles de personas que no la conocían. Y la traen muerta y la traen más viva que nunca. Nos han quitado a un ser vivo espléndido, a una persona digna de encontrarse cómo y cuando fuera.

 A una madre, hermana, hija, compañera, hermana otra vez. Con apellido de colono pero lenca de corazón, indígena. Lenca, y por ello guardiana del río como una niña más. Y por ello protectora de la vida.

“En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maiz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo Lenca. Resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este Planeta”, dijo una vez Berta Cáceres.

No sé que estudió, quizás nada, como las demás. 

Bastó con abrir los ojos para ver que su maravilloso territorio, simbióticamente cuidado por sus ancestros durante generaciones, estaba amenazado de muerte por intereses espurios. Bastó con eso para entenderlo todo y nunca callar.

Berta y el Copinh no sólo representan la defensa de los derechos del pueblo Lenca o de los indígenas. Representaba los derechos de la autodeterminación de todos los pueblos, la liberación de Honduras de intereses ilegítimos impulsados desde la violencia sistemática y la impunidad. Representaba la defensa de todos los ríos y bosques del Planeta, la salvación de la humanidad mediante la lucha por la vida.

“Yo creo que dar la vida por la defensa de la vida no es morir, es vivir para siempre” - decía un longevo compañero suyo en uno de los entierros.

Basta con escuchar el comunicado de su hija, firme aun compungida, para entender que es así, que aquí nadie a muerto. Que ahora todos somos el espíritu de Berta, la lucha por la vida un ápice más iluminada por su etérea presencia.

Lideresa incansable y madre de cuatro hijos en un sistema mercantilista, racista y patriarcal. Símbolo de mujer trabajadora y libre, pues su trabajo no era una explotación laboral más, sino la dignificación de la dedicación en la vida.

En un tiempo en que los recursos amenazan con agotarse y el clima por sucumbir fatalmente a la presión humana, el acaparamiento de los recursos naturales por la fuerza avanza, ecofascismo a punta de machete y de dólar.

Estamos en un punto de inflexión, de vida o muerte reales. La guerra mundial de baja intensidad, millones de víctimas sin rostro, territorios rotos, secos, contaminados. Así la vida no puede durar mucho más.

Su valentía es ahora la de todas nosotras, su rostro sonriente, el nuestro. Es momento de dignificar, de defender y de cuidar. Honraremos la muerte y la lucha de nuestra compañera en cada territorio, exigiremos el fin de la impunidad y de la decapitación de la Paz, de la Justicia y del Planeta en el que vivimos.

Es hora de recordar las palabras de Berta Cáceres: "Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar sólo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. 

El río Gualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida".

Esos países del titular somos todos y todas, pues no hay otro país ni otra nacionalidad mayor que la defensa de la vida."                  (Eva García Moreno, El salmón contracorriente, 07/03/16)

En ese momento todos le golpearon con las culatas de las fusiles...

"(...) Sebastián López Santana, falangista y mano derecha del Conde de la Vega, mayordomo fiel y torturador, encabezaba la partida de fascistas. 

 El caso del joven anarquista era distinto a otros, no querían llevarlo donde desaparecían a la mayoría, su parentesco con un jefe del ejército, el coronel Juan Melián Alvarado, les obligaba a ser más discretos en su crimen, no querían alterar a su familia, aunque sabían que el muchacho era odiado por el militar, pero la situación exigía un asesinato “impoluto”, sin testigos, incluso entre los miembros de los sediciosos, se exigía “gente de confianza”, “manos limpias” de sangre, la sangrienta estrategia programada, impecable, como le gustaba al fiel escudero del criminal Conde, el que siempre le buscaba las mejores mujeres entre las aparceras, las más jóvenes y bellas, que eran obligadas a mantener relaciones sexuales en la mansión del sur, de lo contrario, si se resistían, eran violadas por el viejo amo y sus sicarios de azul.

-Qué fácil es matar a un hombre inocente cobardes, no saben luchar como hombres sino como ratas, -dijo el joven con la voz rota por la afonía de los cinco días de brutal tortura, secuestrado en el centro de detención de la calle Luis Antúnez-

En ese momento todos le golpearon con las culatas de las fusiles, se echaron sobre el como depredadores sobre su víctima, el chico de 22 años no se quejaba, les miraba a sus caras con una dignidad desconocida para aquellos seres insensibles al sufrimiento ajeno.

Al no poder levantarse por partirle las dos piernas lo arrastraron hacia el fondo del barranco, donde estaba la milenaria chimenea, el agujero terrible y oscuro rodeado de maleza, zarzas y una vegetación espesa que casi lo tapaba, camuflando un abismo conocido por muy pocas personas.

Lo arrojaron nada mas llegar al borde, no hizo falta ninguna orden, iban como autómatas, con las ideas muy claras, todo planificado, hasta el último detalle, cuando se hizo el silencio recogieron una de las alpargatas del joven, varios botones de su camisa destrozada, la boina negra, todo metódicamente, como quienes llevaran cientos de años haciendo lo mismo, destruyendo la vida y la esperanza, el aire puro de la libertad."            (Viajando entre la tormenta, 22/03/16)

'Manuela, ¿tú por aquí?, pero si tenías que estar enterrada con tu marido'

“La víspera de fusilar a mi padre mi tía me llevó a la cárcel a verlo por última vez. Mi padre cogido a la reja, parece que estoy viéndolo, me dijo: "Filla les ganes que té el padre d'abrasarte y les ganes se quedarà". ["Las ganas que tiene tu padre de abrazarte y con las ganas se va a quedar"]. 

Pero, antes de entrar, mi tía me dijo que iba a ver a mi padre por última vez y que no me cayera una lágrima [para no entristecerlo aún más]. Y no lloré. Como prometí a mi tía, no me cayó ni una sola lágrima, pero desde aquel día he sido incapaz de llorar. Cuando me emociono, me queda aquí dentro una cosa que me ahoga, pero no puedo llorar… tampoco soy capaz de reír. Aquello me impactó de tal forma que no he vuelto a ser una persona normal, porque lo normal es poder llorar y reír.” (...)

 “Mi padre, José Celda Beneyto, era labrador. Era un hombre alto y fuerte [moreno y de ojos verdes, medía 1,82 metros, un gigante en aquella época]. Era de esos hombres de los que solo sale uno por generación. Cuando lo detuvieron, con 45 años, fueron a por él al campo. Allí solo quedó la azada. No hubo testigos. Nadie sabía qué le había pasado. Nosotras [su esposa y sus dos hijas] estábamos en casa esperándole, para comer. Cuando vimos que no llegaba fuimos al campo a ver qué le pasaba y allí no estaba”.

“Fueron los falangistas, dirigidos por José Mascarell, creo que ese era el apellido, al que todos en Massamagrell conocían por su apodo de El Morret”, comenta Vicent G. Devís, periodista y sobrino nieto de Pepe Celda. “Este hombre le acusaba de que había intentado matarle. En realidad, habían tenido un rifirrafe años antes en plena plaza del pueblo, cuando Pepe se negó a trabajar para él y le acabó gritando: 'Los que se aprovechan de los trabajadores habrían de estar en un barco agujereado en medio del mar.'”

“El Morret se la guardó durante años, hasta que en 1939 por fin tuvo la oportunidad de saldar cuentas con él y aprovechó su condición de falangista para incluirlo en el lote de aquellos 15 hombres, conocidos posteriormente como 'los 15 de Massamagrell', a los que acusaba de haber matado a uno de sus hermanos. Como ya ha contado Pepica, ella y su padre estaban en Amposta, en la campaña del arroz, cuando se registraron estos hechos, así que Pepe Celda era inocente”. (...)

 “Primero lo llevaron al ayuntamiento de Massamagrell”, enlaza Josefa, e inmediatamente aclara: “Entonces, los ayuntamientos, conventos y colegios estaban llenos de personas detenidas por política.” 

“De allí”, prosigue Vicent, “los trasladaron a una naves en Sagunto. A su mujer también la detuvieron y la encerraron en el convento de Santa Clara, allí había monjas que llevaban pistola al cinto”. “Las niñas, con menos de 10 años, quedaron desamparadas, abandonadas, nadie les prestó atención. Consiguieron pasar una noche con su padre en Sagunto y otra con su madre, en Santa Clara. Luego unos tíos se hicieron cargo de ellas”.

Pepica sostiene que su padre no tenía filiación política ni sindical, pero Vicent aclara que “era afiliado de Izquierda Republicana, el partido de Manuel Azaña, de ideología moderada. De hecho, Pepe era hombre de misa. Otra cosa era Manuela, su mujer, natural de Massalfassar y comunista militante, una especie de Pasionaria y, como Dolores Ibárruri, muy brava”. Vicent se muestra convencido de que, aparte de por el desaire a El Morret, se llevaron a Pepe por la ideología de su mujer.  (...)

Manuela, la madre, también fue juzgada, “pero era valiente y decidida como la Pasionaria. Hizo frente a las acusaciones que se formularon en su contra y dijo que ella cosía pantalones para los soldados de la República y que convenció a otras para que lo hiciesen por caridad”, cuenta el sobrino de Josefa.  (...)

 De nada habían servido las advertencias de una de las hermanas de Pepe, que vivía en la Pobla de Farnals, y que, según señala Vicent, les advirtió de que “los nacionales estaban ya en Sagunto. Les pidió que retirasen el retrato de la Pasionaria que tenían en casa y que colocasen en su lugar algún cuadro de contenido religioso, La última cena, El Corazón de Jesús o cualquier otro. 

También le dijo a Pepe que, en caso de que tuviera algún delito de sangre o de otro tipo, que había barcos en Gandía, en Valencia y en Alicante, y que abordase cualquiera de ellos y, en cualquier caso, que se ocultara durante los primeros días de ocupación, que siempre eran los peores. José respondió que no, que solo había pertenecido a Izquierda Republicana, un partido de centro izquierda, que era un simple labrador, que no había participado en ningún tipo de actos violentos y que él se quedaba”.

Después de ser condenado a muerte, José Celda fue trasladado a la cárcel Modelo de Valencia. Allí conoció el horror de las “sacas”, de las rondas nocturnas para reunir a los presos que iban a ser inmediatamente pasados por las armas. El pelo se le encaneció totalmente en tan solo ocho días. (...)

Como nos había visto llorar tanto, por eso el 13 de septiembre de 1940 nuestra tía nos dijo que no quería que se nos cayese ni una lágrima. Ese día el centinela sí nos dejó pasar”.

Pepica asegura que ella y su hermana cumplieron, pero que “no sucedió lo mismo con otros familiares de presos, que se aferraban a las rejas y no había manera de que se soltasen y salieran”. Para Josefa, aquello “era normal, porque había quien allí dentro dejaba hijo y marido, los tenían delante y sabían que no los iban a ver más. 

 Cuando subimos al tranvía que pasaba delante de la Modelo, todas aquellas personas iban llorando, y una señora muy enjoyada comentó en tono despectivo que aquello parecía el anuncio del Juicio Final, luego, al ver cuántos éramos, se quedó encogida”.  (...)

Pura, hermana de Pepe, y uno de sus sobrinos acuden al cementerio de Paterna, donde se encuentra el “Paredón de España”, frente al que los pelotones de ejecución franquistas fusilaron a unas 2.000 personas entre 1939 y 1956. Se esconden entre unos algarrobos y el chico sube a uno de los árboles, “menos mal que no lo cogieron, porque lo hubiesen matado allí mismo”, comenta Pepica.

 Desde allí, cuenta Josefa que el chaval logra ver el asesinato de “los 15 de Massamagrell”, parte de los 39 ejecutados aquella jornada. También presencia cómo “uno de los soldados se negó a disparar contra otro de los condenados, porque aquel hombre era su padre. Sus compañeros lo desarmaron, lo maniataron, los colocaron juntos y los mataron allí mismo, porque no eran voluntarios, como pretendían hacernos creer”.  (...)

Tras el fusilamiento, Pura se cuela en el cementerio, localiza a Leoncio Badía Navarro, un republicano al que habían indultado a cambio de convertirse en enterrador, y le convence para que sitúe los cuerpos de los “15 de Massamagrell” en la fosa 126, que ya se disponía a cerrar, porque ya contenía 200 cuerpos, en lugar de en el fondo de la siguiente zanja. Abonan 25 pesetas (casi 50 euros) por cada uno. 

Con ese dinero pagan, entre otras cosas, el ataúd. Leoncio permite que coloquen debajo de la nuca de cada cadáver una botellita —unas de medicina, otras de perfume— con un papel en su interior con el nombre y apellidos del finado, la fecha de la ejecución y el lugar de procedencia. En este caso, “José Celda Beneyto. 14 de septiembre de 1940. Massamagrell”.

 El sepulturero también permite que le corten un mechón de pelo a José Celda, como que la familia tenga un recuerdo. “Conservo la onda de pelo, tengo la botellita y también la bala”, el proyectil del tiro de gracia. Al ser tan alto, a Pepe las balas del pelotón le impactaron en el pecho, mientras que a los demás les alcanzaron en la parte alta del torso y la cabeza. (...)

“Tras el fusilamiento de mi padre y la encarcelación de mi madre, nos quedamos solas. Desde muy pequeñita, con solo 9 años, me pasé la vida sin padre ni madre, sin poder ir al colegio, ganándome la vida fregando y haciendo lo que podía para poder comer. Me tocó vivir con una tía, luego con otra y otra, y también ir a Valencia a la plaza del Collado, allí había un quiosco de un amigo de mis padres, que me cogió de recadista. Iba para ocho días y me quedé seis años”, recuerda.

“Mi madre no me podía mantener, tenía que ganarme yo el pan. Además, tuve mala suerte en el matrimonio y nunca he tenido cariño de padres, ni de marido, ni ayuda. Tuve dos hijas y me tocó sacarlas adelante a mí sola, porque yo he sido muy trabajadora y muy cabezota, como mi padre, y ahora estoy hecha polvo. Estoy marcada, estoy marcada”, repite como una letanía.   (...)

“Nos trasladamos a Massalfassar, el pueblo de mi madre, porque no podíamos vivir en Massamagrell, estábamos señaladas. Por si no se lo cree, le voy a poner un ejemplo: una vez que mi madre y yo regresamos a Massamagrell a comprar algo, porque Massalfassar era muy pequeño y no había casi nada, caminábamos por la calle cuando el que había denunciado a mi padre [El Morret], le dijo a mi madre: 'Manuela, ¿tú por aquí?, pero si tenías que estar enterrada con tu marido'”.

“En otra ocasión, mi madre y yo íbamos en el tren, veníamos de Alicante, y oímos a unos de la Falange que decían: 'Ahora mataremos a los padres y luego a los hijos, y así exterminaremos a la raza de los rojos'. Y nosotras calladas, porque entonces no podías decir nada. Eso sí, a veces pasábamos por el tejado a la casa de los vecinos para escuchar la [Radio] Pirenaica, que entonces se hacía mucho, pero había mucho miedo y no tienes derechos, eras 'roja' y nada más”. (...)"                 (Fernando I. Lizundia, Info Libre, 24/05/2015)

La represión franquista como origen del tráfico de niños en España (de 10.000 a 200.000)

"De todo ello trata Historias robadas, del abogado Enrique J, Vila Torres, especializado en estos casos del tráfico ilegal de niños y asesor de Anadir, asociación dedicada a la defensa de los afectados por estos robos de niños.

Vila Torres nos relata de forma novelada un ramillete de casos, sobre todo, referidos a la etapa en que, ya fuera de la originaria finalidad de control ideológico que tuvo en las primeras décadas del régimen franquista, el tráfico de niños se convirtió en un puro y duro negocio criminal que ha llegado hasta los años ochenta.

Victorioso el franquismo, uno de sus objetivos represores fue tratar de eliminar toda influencia de los vencidos considerándolos como una deformación de la raza española, ideología en la que tuvieron papel decisivo los planteamientos del psiquiatra del régimen Vallejo- Nágera que llegó a mantener que era necesario combatir «la propensión degenerativa de los muchachos criados en el bando republicano», aconsejando que éstos debían quedar bajo el control de la red asistencial falangista o católica como medio necesario para garantizar «una exaltación de las cualidades biopsíquicas raciales y la eliminación de los factores ambientales que en el curso de las generaciones conducen a la degeneración del biotopo».

Sobre estos u otros parecidos fundamentos racistas represores se fundamentó la base legal que condujo al tráfico de niños que se desarrolló durante la primera etapa del franquismo.

La orden del Ministerio de Justicia del 30 de marzo de 1940 estableció que las presas tendrían el derecho de amamantar a sus hijos y tenerlos con ellas en las prisiones hasta que cumpliesen los tres años.

Lo que parecía un acto humanitario se convirtió, sin embargo, en la base para las deportaciones infantiles hacia las instituciones asistenciales franquistas que llegaron a alcanzar alrededor de los 10.000 niños.

Y a partir de esas instituciones se desarrolló con el beneplácito del Estado un intenso tráfico de los hijos de las presas del franquismo que eran entregados sin el conocimiento y el permiso de sus padres en adopción a familias partidarias del régimen que solían realizar una profunda labor de adoctrinamiento de los niños contra la ideología que profesaban sus padres biológicos.

Lo que dio lugar frecuentemente, como ocurrió en uno de los casos que nos relata el autor, al rechazo explícito por parte de los niños de sus verdaderos padres.

Sin embargo, cuando pasados los años de posguerra esa política represora del régimen fue abandonada, el tráfico de niños no desapareció, sino que continuó como un negocio ilegal y muy lucrativo, aprovechando las redes y la experiencia de la etapa anterior.

No estamos hablando de algunos casos puntuales, sino que el número de las víctimas de ese criminal comercio puede ascender alrededor de las 200.000, como calcula el autor extrapolando los casos de su experiencia forense.

Ni fueron actuaciones aisladas, sino el resultado de una trama articulada formada por médicos, enfermeras, funcionarios y religiosas que lograron sustanciosos beneficios ( la venta de uno de esos niños podía costar a los falsos padres varios cientos de miles de pesetas) con su comercio de carne humana a través del engaño a las familias sobre los cuerpos de los presuntos niños fallecidos y falsificando los datos de los registros institucionales y civiles y amparándose para todo ello en el Código Civil español en el que prevalecía el derecho de los padres a mantener el anonimato de las adopciones." (La Nueva España, Ine.es, 24/03/2011)

«Hubo gente que hasta el año 1966 no pudo tener nada en papeles, porque automáticamente se lo iban a embargar»

"Oculta por la brutalidad de los ajusticiamientos y las humillaciones, la represión económica que sufrieron los republicanos a manos de los fascistas ha pasado casi desapercibida. Les robaron la tierra, los animales y las despensas.

Primero, de forma salvaje; después, a través de procesos penales. Un documental de Patxi Egilaz rescata del olvido esta injusticia. (...)

La mayoría de los represaliados, sin embargo, no ha recuperado nada: ni sus tierras ni el género de sus tiendas, ni sus caballerías ni las vacas, ni el dinero ni los muebles. Sobre esta represión, tan dura como la de la sangre, porque lanzó a la miseria a viudas y huérfanos, se ha dejado caer el manto del olvido.

El Estado español no quiere ni oír hablar de devolver lo que se quitó a los particulares. Patxi Egilaz, guiado por los historiadores de Gerónimo de Ustariz, acaba de terminar un documental en el que se recoge la voz de estas personas, de aquellos niños a los que la guerra les dejó sin nada.

El documental lleva por título «Nos quitaron todo» y cuenta con la participación de Eguzki Bideoak y Memoriaren Bideak.

En Nafarroa, el mapa de la represión económica, en un primer momento, encaja como un guante con el de la represión física, el de los ajusticiamientos y la humillación. Y no pocas de esas muertes esconden detrás motivos económicos como quedarse con las tierras de alguien, cuando no la pura envidia y la codicia.

Fue pura rapiña, en caliente. Ocurrió en los mismos pueblos y alcanzó a las mismas familias de las víctimas, fundamentalmente en la Zona Media y Erribera.

Las tierras constituyeron el botín fundamental, ya que el 70% de la gente era campesina. Buena parte de ellas eran fincas en propiedad, aunque pocas familias conservan los documentos que dieran pie a una posibilidad de recuperarlas.

A muchos de ellos también les quitaron su derecho sobre el comunal, el derecho a trabajar parte del campo colectivo que habían tenido durante toda su vida. Por otra parte, los republicanos que poseían un ultramarinos, una tienda o un estanco vieron cómo entraban y se lo llevaban todo, sin capacidad para reaccionar de ninguna manera.

En ocasiones, tuvieron que soportar los robos repetidamente, porque los franquistas esperaban al siguiente pedido para regresar de nuevo. (...)

«La represión se centró en un primer momento en tierras, pero también en talleres y estancos, camiones», explica Egilaz. Los datos generales no están del todo claros porque nunca se ha hecho un estudio con la profundidad necesaria sobre esa «represión en caliente».(...)

Entre ellas se encuentra el relato de Josefina Lamberto, la hermana de Maravillas. «A esta familia, además de matarle al padre y violar y asesinar a la hermana de 14 años, les quitaron cuanto tenían.

Ella no recuerda si poseían o no esas tierras en propiedad. Sí se acuerda de la yegua y de que no quedó nada en la cocina». A consecuencia de ello, su madre acabó en Iruñea pidiendo limosna.

Otra historia se ubica en Sartaguda, donde un rojo tenía un taller de carpintería; en cuanto llegaba el pedido, los franquistas entraban y se lo llevaban; al final, el taller se tuvo que cerrar.

De esa familia, viven hoy Félix y Paz Moreno, que la recuerdan con viveza. A su padre, el carpintero, llegaron un día y se lo llevaron; nunca volvió. A su madre la raparon al cero para humillarla. (...)

Después de esta oleada represiva de la que tan poco se habla, se produjo una segunda tanda. Menos salvaje, pero más minuciosa. Nació amparada en la ley de 1939 de Responsabilidades Políticas, en febrero. Esta ley establecía una lista de delitos, como la pertenencia a determinados partidos o haberse marchado a una zona roja y no haber vuelto en dos meses, etc.

Por allá pasaron quienes se enfrentaron al bando nacional y a quienes no se les consideró lo suficientemente patriotas. Para eso se contaba con los testimonios acusadores de guardias civiles, falangistas y curas. Estos crímenes se castigaban principalmente con multas. El objetivo era conseguir fondos para el nuevo Estado.

De hecho, el tribunal especial se llamaba Juzgado de Incautación de Bienes de Pamplona. Obviamente, quienes habían perdido la guerra no tenían con qué pagar, así que el embargo era inmediato. En los documentos de ese tribunal aparecen las listas de qué se le incautó a cada familia.

El tribunal era implacable y, de hecho, no se esperaba a la sentencia para empezar con un «embargo preventivo» de las propiedades de rojos y nacionalistas. Este tribunal tuvo un recorrido temporal mayor del que cabría esperar y hubo casos que tardaron en fallarse décadas.

«Hubo gente que hasta el año 1966 no pudo tener nada en papeles, porque automáticamente se lo iban a embargar», recuerda el director de «Nos quitaron todo». (...)

Esta represión con amparo legal se escapa del mapa tradicional al que se vincula la represión a los republicanos, centrada principalmente en la mitad sur de Nafarroa. El campo de actuación del Juzgado Especial de Incautación de Bienes alcanzaría también a Iruñerria, la muga con Iparralde y Sakana para perseguir a las familias de los gudaris que lucharon en el Frente del Norte.

Y también en Carcar, porque firmaron un manifiesto solidario en favor de Javier Monzón.

La documentación que ha dejado es abundante, con sentencias extensas y detalladas en las que se desgranan las posesiones incautadas y el lugar donde se encuentran. Seguir esta pista para conocer a manos de quiénes fueron a parar las tierras resulta un poco más complicado por diversos motivos, como las concentraciones parcelarias.

Sin embargo el patrón común, según Egilaz, es que acabaron en manos de los oligarcas de cada pueblo, del rico de turno. Resulta mucho más complicado determinar dónde acabaron los bienes perecederos, el género y los animales, pero las víctimas lo recuerdan bien.

«Algunos cuentan cómo los veladores de su casa acabaron en el ayuntamiento o que el piano fue a parar a manos de las monjitas», recuerda. Setenta años después, nada de esto se ha recuperado, porque ni Madrid ni el Gobierno navarro se han atrevido a devolverles lo que les quitaron, ya sea con violencia o con la ley de por medio. (...)

El embargo de tierras a los campesinos en Erribera y la Zona Media asestó un golpe mortal a un movimiento comunero por la colectividad de la tierra que había nacido unas décadas antes y que llegó a su punto álgido durante los años de la II República.

«La tesis que lanzamos en el documental es que el desencadenante de la represión en Nafarroa es que tuvo un origen propiamente económico, sin quitar por ello peso a la religión», matiza Egilaz. Los oligarcas aprovecharon la guerra para acabar de raíz con la conflictividad en torno a la tierra. (...)

Los vencidos se vieron obligados a entregar el dinero que atesoraban en moneda republicana, que ya no era válida tras la guerra. No obstante, las personas de fidelidad acreditada al régimen sí que podían cambiarla.

Muchos de quienes entregaron su dinero guardan hoy en día los recibos. Están organizados a nivel estatal y llevaron el debate al Parlamento español, que se negó a devolverles ese dinero. Cada peseta de entonces serían tres euros al cambio, más intereses." (Federación Estatal de Foros por la Memoria, 01/04/2011)

"En Moaña... se constituíu un tribunal paralelo con patronal e armadores que decidía sobre a vida e a morte"

(traductor gallego-español)

"P. No caso de José Fernández, comandante Sotomayor, fundador do PSOE na Pobra e logo no PCE, cita a armadores apelidados "B.". Prevención?

R. Aínda hoxe, o persoal que quere escribir está ameazado se dá nomes. Pero no limiar de Jesús Pérez Besada á reedición de Yo robé el Santa María, as memorias de José Fernández, está escrito "J. B.". Alí todo o mundo sabe quen é.

Outros armadores de Bouzas adicábanse a ir a San Simón a sinalar traballadores. Que a patronal das Rías Baixas se implicou nas represalias é unha verdade histórica.

P. Como a presenza en Marín do nazi Bruno Schweitzer, adestrador de falanxistas.

R. Era do Partido Nazi, pero sabemos pouco del. O tal Bruno tamén xoga un papel esencial na represión no Morrazo. Está escrito en Nacidas, as memorias do mariñeiro Luís Pérez Álvarez, como no local da Seara, hoxe local dos vellos, a sede da CNT en Moaña que el construíra, se constituíu un tribunal paralelo con patronal e armadores que decidía sobre a vida e a morte. Contou coa presenza de Bastarreche, xefe da base naval de Marín.

Aí hai unha conxunción entre militares, patronal e falanxistas que é case paradigma. Estamos falando de Moaña, na altura o principal porto sardiñeiro de Galicia.

Os principais cadros sindicais daquela flotiña mariñeira foron asasinados, fondeados na ría e non apareceron máis: José Paz Pena, os irmáns Cancelas ou Cándido Giráldez." (DIONÍSIO PEREIRA: "Aínda queda franquismo dabondo e determínanos politicamente". El País, Galicia, 01/04/2011)

La destrucción de las familias

(traductor gallego-español)

"En el corazón de O Salnés es donde empieza, en el año 1936, esta trágica historia que, por desgracia, se repitió demasiadas veces en otros muchos puntos de Galicia y España durante aquellos meses. Elena Barreiro, sobrina de Ramón Barreiro, explica que su tío entonces contaba sólo 19 años. Su "pecado" fue ser "poeta e escritor, publicaba no xornal, pero como escribía cousas que non lle conviñan aos que mandaban, pois o sacaron de diante, liquidárono". Temiéndose cuál iba a ser su final, Ramón Barreiro decidió huir "escondeuse no monte, nos muíños do Batán na Armenteira", dice su sobrina.

La familia Barreiro conoció entonces el "modus operandi" que utilizaron los represores para que sus padres desvelaran el paradero del fugitivo: "Violaron a súa nai diante do seu home, queimáronlle os ollos e deixárona cega. Ao meu avó rompéronlle as pernas e tivo que andar toda a súa vida con muletas, torturáronos para que dixeran onde estaba, pero seguramente nin eles o sabían", relataba Elena ayer ante los restos de su tío.

Finalmente lo atraparon y su historia se cruzó en una cuneta de Curro el 15 de septiembre de 1936 con la de Castor Cordal. Allí ambos eran ejecutados a sangre fría en la curva de la carretera que se dirige hacia Pontevedra, en donde hoy en día está ubicado el restaurante "El Abuelo Pintos".
Una vez muerto, los asesinos de Ramón Barreiro todavía tuvieron tiempo para mutilarlo cortándole el dedo en el que llevaba una sortija con una tijera de podar. También se llevaron una chaqueta. Sus allegados nunca más supieron del paradero del cadáver hasta que hace unos meses la Asociación de la Memoria Histórica les indicó que podía estar enterrado en Curro. Ni tan siquiera supieron durante años si estaba vivo o muerto, ya que los represores quisieron prolongar la incertidumbre de las familias asegurando que ambos habían huido a Portugal.

Sin embargo, los hermanos de la otra víctima, Castor Cordal, un electricista cambadés –en concreto de Corbillón– sabían que esto no era cierto y que su hermano había sido asesinado.
Una hermana de Castor todavía vive. Tenía 9 años cuando lo mataron. Pese a que era su deseo, su edad le impedía estar ayer en Curro mientras los restos de su hermano eran exhumados. No obstante, una sobrina de Castor, Luisa Cordal, relataba todo lo que ella les contó a lo largo de su vida.

Les explicó cómo cuando detuvieron Castor éste les dijo: "Miñas irmáns eu vou para morrer, pero algún día vengarédesme. Saberedes quen me entregou e quen me matou e teredes que convivir con eles toda a vosa vida". "E si que o souberon", remacha Luisa. Esa "venganza" que pedía su tío se convirtió ayer en la "dignificación de todos aqueles que, coma el, perderon a vida por defender un réxime elexido democraticamente", que "poidamos andar coa cara ben levantada", decir que "fomos víctimas dun atropelo brutal e criminal a todos os niveis", añade otro de los sobrinos de Castor, Lois Cordal.

Las últimas palabras que dirigió Castor a sus hermanas no fueron la única evidencia de su muerte. Luisa explica como los comerciantes de Corbillón que se dirigían aquella mañana hacia Pontevedra para vender sus productos en el mercadillo se encontraron en la cuneta con los dos cadáveres y reconocieron el de su vecino.

También cuenta como descubrieron el lugar exacto en el que había sido enterrado por varios vecinos de Barro y como cada año acudían a depositar flores y unas velas en esta zona del cementerio el día de Difuntos. Sin embargo ni esto se les permitía. Se enteraron de lo que hacían en su pueblo "e tiveron que deixar de facelo polas ameazas, eran como apestadas". Así, en silencio, tuvieron que llorar a Castor hasta ahora. Luisa dice que su hermana por fin respira "aliviada": "Dinos que agora xa pode morrer tranquila e feliz ao saber que os catro ósos que están aí podémolos levar a onde xa descansan os seus pais", dice emocionada.

Sus sobrinos lo recuerdan como una persona "que sólo facía ben". Nació en una familia muy humilde de 13 hermanos. Él destacó y se hizo electricista, simpatizaba con la CNT y defendía los derechos de los trabajadores. Esta vinculación sindical "e as envidias" –aseguran que los señores de la casa en la que había servido como criado y que lo delataron no soportaron que Cordal destacase profesionalmente– lo pusieron en el punto de mira de los falangistas. Tenía 27 años cuando fue asesinado. Cuentan sus familiares que sus ejecutores le rompieron un brazo tras levantarlo con el puño cerrado en alto momentos antes de que lo mataran." (Faro de Vigo.es, 22/10/2009)