Un concejal, Daniel Pérez, ha dejado en las redes su satisfacción por el atentado a Alejo Vidal-Quadras. “Hoy es un buen día”. Lo cerró a la noche cuando se supo que lo que estaba determinado a ser mortal se convertía en grave. “No acabó siendo un buen día”, manifestó al enterarse... Lo que distingue a un grupo político de una organización de malhechores, de una mafia, es que tienen muy clara la diferencia entre un crimen y una opción política (Gregorio Morán)

 "(...) Un concejal de los Comunes en el Ayuntamiento de Cubelles, una población de Barcelona a la vera de Tarragona, independentista irredento él y muy suyo, Daniel Pérez, ha dejado en las redes su satisfacción por el atentado a Alejo Vidal-Quadras. “Hoy es un buen día”. Lo cerró a la noche cuando se supo que lo que estaba determinado a ser mortal se convertía en grave. “No acabó siendo un buen día”, manifestó Pérez al enterarse.

No creo que esos discursos de odio, criminales en esencia, deban llevarse a los tribunales porque eso convertiría a la sociedad en Juzgados de Primera Instancia, pero sí existe una responsabilidad de partido, de grupo, de filiación y hasta de ciudadanía. Lo que distingue a un grupo político de una organización de malhechores, de una mafia, es que tienen muy clara la diferencia entre un crimen y una opción política. Si no es así estamos jodidos."

( Gregorio Morán  , Vox Populi, 02/12/23)

El intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es el acontecimiento de violencia política más previsible y explicable de la historia reciente... empezó en un circuito para alentar los discursos de odio contra los políticos que trazan las redes sociales, los medios de comunicación, influencers políticos y los movimientos de estetización de la violencia en las calles... y terminó en un hecho político gravísimo, comparable con acontecimientos como la violencia política que culminó con la toma del Capitolio en los Estados Unidos, la radicalización de grupos de derecha en Europa o las múltiples manifestaciones de violencia política en el Brasil de Bolsonaro... Toda esta movilización de fantasías autoritarias no sólo deteriora la calidad de la democracia sino que explica la secuencia trágica que vimos una y otra vez en esa noche imposible de olvidar

 "A pesar de la consternación que genera el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estamos ante la certeza de que se trata del acontecimiento de violencia política más previsible y explicable de la historia reciente. Esto que finalmente se materializa con brutalidad, que observamos en la crudeza registrada en la imagen del arma de fuego lanzada sobre una de las principales dirigentes del país, responde y se explica por un proceso social, político-ideológico y mediático muy claro y muy preciso. En la historia inmediata tenemos el hostigamiento y la persecución en el proceso judicial del fiscal reproducida por los medios de comunicación. Si a eso se le agregan las declaraciones desafortunadas de dirigentes políticos, los pedidos de pena de muerte, más la serie de acontecimientos que se vienen sucediendo sólo en el último año, hay un primer registro que explica por sí solo esa fotografía trágica.

Luego, hay que reponer el circuito para alentar los discursos de odio contra los políticos que trazan las redes sociales, los medios de comunicación, influencers políticos y los movimientos de estetización de la violencia en las calles. En este caso es contra una determinada orientación, pero en realidad es contra la vida política democrática en general. Esto emergió. Pasó por este circuito en donde se supone que las palabras no hacen nada y terminó en un hecho político gravísimo, comparable con acontecimientos como la violencia política que culminó con la toma del Capitolio en los Estados Unidos, la radicalización de grupos de derecha en Europa o las múltiples manifestaciones de violencia política en el Brasil de Bolsonaro. Esto podía pasar porque esa red de ideología, medios y tecnologías de comunicación estaban preparando, ni siquiera silenciosamente, este tipo de acontecimientos. El contexto político-ideológico marcado por una creciente intolerancia y el autoritarismo político merece de modo urgente nuestra atención.

En el transcurso de este último año se acumularon declaraciones y posicionamientos que componen el sistema dentro del que hay que pensar este hecho: las declaraciones explícitas del magistrado Rosenkrantz mediante las que descalifica la doctrina de uno de los principales partidos políticos del país, la profundización del sesgo en la persecución y la condena que hace el sistema judicial contra funcionarios y ex-funcionarios políticos (frente a los mismos hechos castiga sistemáticamente a unos y exculpa siempre a los otros), la desproporción entre los crímenes que se imputan y las penas que se proponen (con la pena de muerte siempre como acicate fundamental), la negación de la igualdad de las inteligencias para razonar públicamente, la normalización en los medios de comunicación de mensajes que abiertamente propician y justifican la desaparición de un partido político, la creciente estetización de la violencia en las redes sociales que discuten cuestiones políticas y, last but not least, las declaraciones de importantes dirigentes políticos, en algunos casos parlamentarios y líderes de fuerzas políticas, que plantean la disputa bajo la lógica anti-democrática del “ellos o nosotros”.

En todos estos casos se apela a una supuesta racionalidad de los pronunciamientos y las declaraciones públicas que justifican este tipo de destrucción masiva del adversario político, cuestión que no deja de generar efectos paradójicos en las identidades y las ideologías. 

El contexto político-ideológico marcado por una creciente intolerancia merece de modo urgente nuestra atención

 Estos pronunciamientos creen que siguen criterios elementales de racionalidad cuando llegan al punto de justificar la exclusión o directamente la violencia política. Racionalidad que aparece siempre como respuesta, como reacción defensiva frente a una amenaza: “Como ellos son violentos no nos queda otra alternativa que no sea la violencia”, “como hacen demandas infinitas de imposible cumplimiento no nos queda más que excluirlos”, “como critican la verdad de nuestras ideas sólo podemos asumirlos como incapaces para pensar por sí mismos”.

La distancia entre lo que devuelve el espejo en el que los ciudadanos se reconocen y las prácticas sociales en las que efectivamente desarrollan su vida social es algo que afecta y fisura desde dentro a todas las posiciones ideológicas. Pero estamos frente a algo diferente cuando un juez de la corte suprema hace una proclama en la que se convoca al filósofo liberal Rawls para luego terminar condenando con retórica jurídica a la doctrina comprensiva de un partido por el mero hecho de que pretenda alojar derechos sociales dentro de la constitución de un Estado racional. Lo mismo vale para el supuesto liberalismo del legislador que vocifera como praxis política recomendada la consigna “ellos o nosotros”. También para los funcionarios que se apresuran a identificar la crítica pública de decisiones políticas o jurídicas con un acto de incitación a la violencia.

Si se afirma que criticar en el espacio público las decisiones de un juez o de un funcionario es un acto de violencia y una irracionalidad política que el Estado tendría que sancionar, entonces lo que se propone es que todas las decisiones importantes del Estado, sobre todo las que tienen que resolver conflictos, deben tomarse dentro de un espacio cerrado y ser aceptadas en silencio. Pero ese modelo de gestión del capitalismo –porque en buena medida de eso trata la cuestión de fondo– no guarda relación con los principios de las democracias liberales. Más bien se parece al fundamento cotidiano de los Estados autoritarios y de los partidos políticos iliberales. Este es el juego de espejos invertidos en el que los partidos de derecha en Argentina sucumben y hoy les impide terminar de asumir su compromiso con una democracia pluralista basada en la protección de los derechos humanos.

Toda esta movilización de fantasías autoritarias no sólo deteriora la calidad de la democracia sino que explica la secuencia trágica que vimos una y otra vez en esa noche imposible de olvidar."            (Ezequiel Ipar, CTXT, 03/09/22; fuente Anfibia.)

La policía keniana asesina para beneficiar a promotores inmobiliarios

 "Más del 70% de las personas que habitan en Nairobi vive en apenas un 5% del espacio residencial de la ciudad. La policía keniana está desplazando -y a veces incluso matando- a estas personas para dejar sitio a promotores inmobiliarios y autopistas para ricos.

Evans Mutisya se sienta encorvado en una silla junto a la carretera en el asentamiento informal, o barrio marginal, de Mukuru kwa Njenga, en Nairobi, la capital de Kenia. La cabeza de este joven de quince años descansa pesadamente sobre las palmas de sus manos. Se retuerce de dolor. Ha pasado más de una semana ingresado en el hospital, donde los médicos han tratado de curarle una herida de bala.

El 27 de diciembre, mientras los residentes de Nairobi estaban en familia o viajaban a la costa para pasar las vacaciones, la policía keniana obsequió con balas a las empobrecidas personas que residen en Mukuru kwa Njenga. Decenas de familias, incluidos Mutisya y su familia, llevan más de dos meses durmiendo en un extenso asentamiento de tiendas de campaña, levantado sobre las ruinas de sus casas, destruidas en una campaña de demolición masiva del gobierno que comenzó en octubre. Los buldóceres destruyeron al menos 13.000 hogares, además de negocios y escuelas, y desplazaron a unas 76.000 personas.

Las tensiones llegaron a su punto culminante el 27 de diciembre cuando se produjeron enfrentamientos entre la policía y quienes residían en el barrio. En aquel momento Mutisya esta dentro de una de esas tiendas improvisadas. “La policía lanzó gases lacrimógenos y el gas entró en la tienda”, cuenta Mutisya en voz baja. “Salí corriendo de la tienda para ir al tanque de agua que hay en la calle y lavarme la cara”.

 En ese momento un agente de policía disparó al adolescente en la parte baja de la espalda y la bala le salió delante del estómago. El exceso de adrenalina le hizo huir del agente, que se abalanzó sobre él, y Mutisya acabó desplomándose cuando otras personas que había en el lugar se agolparon para ayudarle. Desde que le dieron el alta en el hospital, no se puede tumbar de espaldas ni de frente debido al dolor insoportable de la herida de bala. Según los vecinos, la policía disparó y mató a otras dos personas ese mismo día, y decenas de personas resultaron heridas.

Los derribos y desalojos de Mukuru kwa Njenga han sacado a la luz las injusticias históricas y la corrupción estatal que configuran el rápido desarrollo urbano de Nairobi. Mientras que estos proyectos han proporcionado comodidades y beneficios a las personas ricas de la ciudad, han provocado una violencia extrema contra las personas pobres de los asentamientos informales, que conforman la mayoría de la población de Nairobi.

“Ojalá no hubiera gobierno”, afirma Mutisya con un gesto de dolor mientras se levanta despacio de la silla. “Destruyeron nuestro hogar y luego volvieron para dispararnos. Todos estaríamos mejor en Kenia si no existiera este gobierno. Ojalá se fueran y nos dejaran en paz”.

“Lo destruyeron todo”

La primera tanda de derribos en Mukuru kwa Njenga, uno de los mayores barrios marginales de Nairobi, empezó el 10 de octubre. El gobierno anunció sus planes con solo dos días de antelación. Los buldóceres, acompañados de la policía armada, arrasaron las casas para despejar una franja de treinta metros de ancho a lo largo de la carretera Catherine Ndereba, con el fin de dejar espacio libre para construir la nueva autopista de Nairobi, financiada por la empresa estatal china China Road and Bridge Corporation y destinada a descongestionar el tráfico en la ciudad.

Mukuru kwa Njenga, a unos 11 kilográmetros del distrito empresarial central, está situado entre la zona industrial de la ciudad y el aeropuerto internacional. La autopista de diecisiete millas unirá el aeropuerto internacional con el distrito empresarial de la ciudad y con las zonas residenciales de lujo. La nueva carretera ampliará considerablemente las autopistas existentes e incluye una ruta elevada que sigue el trazado de las carreteras antiguas, por cuyo uso se espera que los automovilistas paguen entre 1 y 15 dólares de peaje. Las personas que residen en Mukuru kwa Njenga, por su parte, o no pagan alquiler o pagan unos 13 dólares de alquiler. El propio proyecto ha sido polémico y se ha calificado de carretera para ricos, lo que pone de manifiesto el desarrollo de la ciudad a beneficio de las élites y que ahonda las desigualdades.

Es probable que no se permita circular por la nueva autopista a los matatus, unos microbuses que son la forma más popular de transporte para las personas pobres de la ciudad, pero que suponen una molestia para las ricas. Solo el 13.5% de las personas que residen en Nairobi utilizan vehículos privados, el resto de la población o bien camina, o utiliza autobuses o matatus. Hace tiempo que se crítica que el desarrollo de las infraestructuras de Nairobi atiende en gran medida las necesidades de la minoría de la élite de la ciudad, pero ignora las de la mayoría pobre.

No obstante, las personas que residen en Mukuru kwa Njenga habína accedido a desalojar pacíficamente la franja de treinta metros de terreno situada a lo largo de la carretera Catherine Ndereba para permitir el inicio de las demoliciones. Pero unas semanas después esas demoliciones se convirtieron rápidamente en una caótica apropiación de terreno en la que participaron altos cargos del gobierno y promotores privados, que aprovecharon las demoliciones destinadas a construir la autopista para despejar un terreno adyacente de 300 acres, el lugar donde se encuentra el actual asentamiento de tiendas de campaña.

“No nos agradaban esas demoliciones para construir la autopista”, afirma Minoo Kyee, una activista de veintiséis años del Centro de Justicia Comunitaria de Mukuru, cuya oficina también fue arrasada en medio de las demoliciones. “Pero la gente lo acabó aceptando y se trasladó para que se pudiera construir la autopista. Después, aproximadamente un mes más tarde, decidieron destruirlo todo”. Según Kyee, las personas residentes protestaron durante tres días a principios de noviembre por el aumento de las demoliciones, que se habían producido sin previo aviso. “Vinieron cientos de policías con camiones que disparaban cañones de agua contra la gente”, recuerda. Los buldóceres arrasaron miles de hogares. Al menos una persona murió aplastada cuando trataba de recuperar sus pertenencias. La policía quitó los teléfonos móviles de quienes pretendían filmar el caos y los arrojó bajo los buldóceres. Los medios de comunicación solo acudieron a Mukuru kwa Njenga una semana después de que empezaran las demoliciones, que siguieron todavía tres semanas más.

La familia de Ramadhan Jarso había vivido en este terreno desde 1972 y afirma ser propietaria del terreno en el que vivían. Según la legislación keniana, si alguien vive en una propiedad sin ser molestado, sin recibir órdenes de desalojo, durante más de doce años, puede reclamar la propiedad. Sin embargo, esta reclamación podría ser un tanto endeble ante un tribunal en el caso de las personas que residen en Mukuru kwa Ngenga, que durante décadas se han tenido que enfrentar a disputas por la tierra. Con todo, aunque carecen de título de propiedad, todo el mundo en la comunidad de Mukuru kwa Njenga sabía que esa parcela de terreno pertenecía a la familia Jarso. Ramadhan Jarso nació y creció aquí, y vivió en una casa con su ahora embarazada mujer y dos hijos de once y cuatro años. También había construido otras casas, hechas en gran parte de láminas de estaño, que alquilaba a unas veinte personas, con lo que lograba reunir al mes unos 30.000 chelines kenianos (266 dólares) de los alquileres.

 “Conseguimos ahorrar algo de dinero y lo invertimos en construir casas de mejor calidad, hechas de hormigón”, me dice este treintañero en el lugar donde se encontraban su antigua casa y las que tenía en alquiler, todas ellas reducidas ahora a escombros. “Pero antes de que pudiéramos alquilarlas y recuperar parte de lo que habíamos invertido, llegaron los buldóceres y lo demolieron todo”. Está claramente afectado. Dice que no pudo rescatar ninguna de sus posesiones cuando llegaron las demoliciones.“Después ni siquiera podía mirar mi parcela”, me dice, “era demasiado doloroso verlo. No podía soportarlo. Perdimos todo aquello por lo que habíamos trabajado toda la vida y por lo que nuestros padres habían trabajado toda su vida… en un solo día”.

Ahora Jarso tiene que alquilar una vivienda junto al lugar en que se demolieron las casas por 5.000 chelines kenianos (44 dólares) al mes. Desde que se produjeron las demoliciones no ha visto a su hermano mayor, con el que creció, porque las familias se tuvieron que dispersar en diferentes direcciones. “Lo perdimos todo, de modo que ninguno de nosotros se puede permitir pagar el transporte para vernos”, afirma. “Desde que nací, no he pasado un solo día sin tener a mi hermano a mi lado. Ahora hace meses que no lo veo”. Y añade: “ahora vivo tal como vine al mundo, con nada. No estaba en contra de que la autopista pasara por aquí. Pero se aprovecharon de eso y decidieron destruir nuestras vidas. No les importamos a esas personas. Es malvado lo que nos han hecho aquí. Te pueden quitar la vida y no sentirán nada. Incluso trataron de matarme el otro día”. Se levanta la manga de la camiseta y muestra una herida provocada por una bala que le rozó el brazo, cuando el pasado mes de diciembre la policía abrió fuego contra las personas que residen en las tiendas.

Una injusticia histórica

Según Diana Gichengo, defensora local de los derechos humanos, el conflicto de Mukuru kwa Njenga es el resultado de décadas de corrupción política e injusticias históricas. Los asentamientos en la zona se iniciaron en la década de 1950 y como la mayoría de los asentamientos informales de Nairob, se produjeron en terrenos públicos y se convirtieron en una fuente de mano de obra barata para las poblaciones blanca y asiática que residían en las zonas urbanas segregadas de la capital, donde no se permitía vivir a las personas africanas. Después de la independencia la población de los asentamientos informales se disparó y se triplicó en dos décadas, ya que muchas personas emigraron de los pueblos a la capital en busca de trabajo. Pero aunque las personas africanas se trasladaron a zonas de Nairobi a las que antes se les negaba el acceso, no cambiaron estas disparidades de poder entre los asentamientos informales y el resto de la ciudad.

El 70% de las personas que habita en Nairobi vive en los asentamientos informales que suponen solo el 5% de la superficie residencial de la ciudad. Estas viviendas se suelen construir con chapa ondulada y carecen de acceso a sistemas adecuados de alcantarillado, electricidad o agua. A solo cinco minutos en coche de Mukuru kwa Njenga están las lujosas zonas residenciales de la ciudad en las que hay relucientes apartamentos de gran altura que sobresalen entre las zonas de verdes bosques.

En las décadas posteriores a la independencia la corrupción política generalizada hizo que estas tierras públicas en las que se encuentran los asentamientos informales pasaran a manos de particulares pertenecientes a la élite política de Kenia, que a menudo utilizaban esas tierras como aval para conseguir préstamos de los bancos. Cuando los propietarios de la tierra no podían devolver los préstamos, los bancos se quedaban con la propiedad de la tierra.

El Dr. Nicholas Orago, director ejecutivo del grupo de defensa de derechos humanos Hakijamii y abogado de los residentes desplazados, afirma que propietarios privados que todavía son desconocidos utilizaron como aval las tierras disputadas, en las que ahora se asientan varias filas de tiendas improvisadas. Según Orago, se habían tachado de los documentos que los abogados han recibido del Ministerio de Tierras los nombres de los propietarios, junto con la historia del terreno antes de que el banco lo adquiriera.

En la década de 1970 el Banco Nacional subastó el terreno al no devolver el préstamo sus propietarios y lo vendió a Orbit Chemical Industries, una empresa que fabricaba productos químicos industriales y fertilizantes. Los siguientes treinta años Orbit intentó expulsar vía judicial a los residentes del terreno, sin éxito. “De modo que, para recuperar el dinero que había gastado en comprar el terreno, [Orbit Chemicals] lo dividió en unas 1.300 unidades y las vendió a diferentes personas”, explica Orago. Por supuesto, no se informó de esas adquisiciones de tierras a las personas que vivían en Mukuru. Orbit no había delimitado estas unidades sobre el terreno, sino que se limitó a parcelar la zona y a venderlas en base a un mapa de papel del terreno. Una vez que se despejó la zona en la que se iba a construir la carretera en Mukuru kwa Njenga a lo largo de la carretera Catherine Ndereba, “alguien aprovechó esa situación para empezar a demoler y expulsar a la comunidad de este otro trozo de tierra que ha sido objeto de disputa”, afirma Orago.

Según este miembro de Hakijamii, el hecho de que participaran buldóceres y maquinaria de construcción propiedad de los Servicios Metropolitanos de Nairobi (NMS) junto con cientos de policías sugiere que el gobierno está implicado: “Eran altos cargos del gobierno, que tienen intereses en este terreno en particular, y utilizan la maquinaria y los recursos del gobierno para despejar el terreno y demarcarlo con el fin de poder llevar a cabo su propia construcción”.

Me dice que ha conseguido los nombres de cien de los nuevos propietarios de tierras, la mayoría de los cuales son conocidos promotores privados de Nairobi, que probablemente quieren sustituir a quienes viven en los barrios marginales por edificios de gran altura destinados a los residentes acaudalados de la ciudad. Sin embargo, los altos cargos del gobierno implicados “quieren permanecer en la sombra para poder seguir utilizando los recursos del Estado en su propio beneficio”.

Kangethe Thuku, vicedirector general de NMS, pasó a estar en excedencia tras el incidente sucedido en plenas investigaciones sobre el uso indebido de equipos oficiales del gobierno durante las demoliciones; sin embargo, desde entonces ha sido ascendido a otro puesto. Se cree que tanto Augustine Nthumbi, comandante de la policía de Nariobi que supervisó las demoliciones, como James Kianda, comisario del condado en el Ministerio del Interior y Coordinación del Gobierno Nacional, tienen intereses en el terreno. No obstante, Orago afirma que “quien tiene la sartén por el mango y da las instrucciones debe de ocupar un aposición muy alta en la jerarquía del gobierno», más que estos altos cargo, ya que las entidades gubernamentales desobedecieron recientemente una directiva presidencial para detener los desalojos.

Mukuru kwa Njenga está situado dentro de los límites de la ciudad, lo que hace que el valor de sus terrenos sea extremadamente alto y muy codiciado por los promotores privados que tratan de sacar el máximo beneficio posible del desarrollo de Nairobi. Según Orago, un acre de tierra en Mukuru kwa Njenga se tasa actualmente en 250 millones de chelines kenianos (más de 2.2 millones de dólares), un precio que supera con creces el precio de los terrenos de las zonas más acomodadas de la ciudad. Por consiguiente, este terreno de 300 acres que es objeto de disputa vale miles de millones de chelines kenianos o más de 665 millones de dólares.

El 27 de diciembre, el día en que Mutisya y Jarso recibieron los disparos, algunos de los nuevos propietarios de la tierra, a los que los vecinos del barrio llaman los “cárteles”, habían llegado al lugar para colocar balizas con el fin de demarcar las parcelas que supuestamente constaban en sus títulos de propiedad, lo que provocó una furiosa resistencia entre quienes vivían en Mukuru kwa Njenga. La policía acudió al lugar para defender a los nuevos propietarios y hubo intensas batallas callejeras entre la policía y los vecinos.

Los desalojos forzosos son frecuentes en los asentamientos informales de Nairobi, pero rara vez se producen demoliciones a esta escala y que provocan una crisis humanitaria. A lo largo de los años Mukuru se ha enfrentado a varias campañas de demolición anteriores, lo mismo que otros asentamientos informales situados cerca de los barrios de lujo de la ciudad. En la mayoría de estos casos, se utilizó maquinaria y recursos gubernamentales sin la debida autorización. A pesar de que los vecinos y vecinas contaban con títulos de propiedad expedidos por el ayuntamiento de la ciudad, en 2020 miles de personas, la mayoría madres solteras y niños, se quedaron en la calle debido a las demoliciones en el asentamiento informal de Kariobangi para dejar libre un terreno en el que construir un vertedero de aguas residuales, muy probablemente destinado a un futuro barrio rico planificado por la familia del presidente keniano Uhuru Kenyatta, según activistas locales.

Amenazas constantes

Kyee pensó que la casa de su familia se había salvado de las demoliciones que duraron semanas. “En realidad estaba durmiendo en aquel momento”, afirma Kyee. “Afortunadamente, mi primo se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir, corrió a mi casa y me despertó. Tuvimos suerte porque pudimos sacar algunas de nuestras pertenencias de la casa”. Kyee habla conmigo en el lugar en el que se encontraba su casa, que compartía con su madre, su padre y su hermano. Varios de sus vecinos están sentados sobre un tronco colocado encima de montones de hormigón en el lugar que utilizan para encender fuego durante las frías noches. Incluso las personas del barrio desplazadas que se mudaron a lugares cercanos suelen volver de día a donde se produjeron las demoliciones para estar ahí y charlar, y tratar de mantener el sentido de comunidad que se les ha arrebatado.

Sobre los escombros también se levantan tiendas de campaña de forma cuadrada hechas de sábanas y espuma de poliestireno, porque las familias que venden chang’aa, un alcohol tradicional, reconstruyeron sus viviendas en el mismo lugar que estaban antes de las demoliciones para que sus fieles clientes pudieran encontrarlas.

La familia de Kyee está ahora dispersa por diferentes viviendas de alquiler. Antes de que les demolieran la casa no pagaban alquiler. “Todos pasamos apuros, de modo que solíamos juntar todo lo que ganábamos al mes para hacer la compra y comer juntos”, explica Kyee. “Ahora estamos todos separados y tenemos que pagar el alquiler en dos lugares”, cada uno de los cuales cuesta unos 2.500 chelines kenianos (22 dólares). “La vida no es la misma, se ha vuelto mucho más dura”. Al hablar de los y las vecinas ahora desplazados explica: “Nos conocíamos todos. Éramos como una gran familia, de modo que no solo destruyeron nuestras casas, sino también muchas de nuestras redes sociales y sistemas de apoyo”.

Mary Kathike, de cincuenta y nueve años, solo pudo salvar un colchón pequeño y algunos utensilios antes de que la casa en la que había vivido desde 1999 quedara reducida a escombros. Vivía allí con su marido, tres hijos y tres nietos pequeños. Al igual que Kyee, ahora la familia tiene que pagar un alquiler en varios lugares. Los niños pequeños no han ido a la escuela desde las demoliciones porque el dinero que se usaba para pagar las tasas escolares se destina ahora al alquiler. “Tenemos mucho estrés”, me dice Kathike. «Hemos vivido en esa casa durante dos décadas, así que no sabemos cómo vamos a poder rehacer nuestras vidas. Dormimos muy mal por la noche porque nos da miedo que vuelvan otra vez las excavadoras y arrasen toda la zona”. No es un temor infundado: si las y los vecinos de Mukuru kwa Njenga no hubieran presentado una feroz batalla, probablemente habrían demolido toda la barriada. Las y los vecinos se han negado a abandonar el terreno y luchan con uñas y dientes contra el corrupto desarrollo de Nairobi.

Muchas de las personas que viven en las tiendas del asentamiento, que parece un campo para personas desplazadas, son mujeres y niños. Parecen angustiados, hambrientos y asustados. Pero también están en la primera línea de esta lucha; su presencia crea la barrera más importante frente a los planes de los nuevos propietarios de apoderarse de la zona e instalar vallas alrededor del terreno, que luego podrían utilizar para demandar por invasión de propiedad privada a cualquier vecino de Mukuru que intentara entrar, una táctica habitual entre los promotores privados de Nairobi.

Frida Mwende, de treinta y dos años, está sentada con su bebé de dos meses en brazos en un sofá colocado sobre los escombros, entre tiendas de campaña situadas el terreno disputado. Esta madre de ocho hijos estaba en el hospital dando a luz cuando se produjeron las demoliciones y desde entonces vive en una de las tiendas de campaña. Perdió todas sus posesiones y su marido la abandonó tras los desalojos. “No tenemos dinero para comida o para el alquiler, así que creo que para él fue demasiado ver demoler nuestra casa. Decidió huir del estrés”, me dice. “Y ahora me he quedado aquí sola. Tengo miedo porque oímos muchas amenazas», dice Mwende. Una niña pequeña vestida con un vestido morado brillante tropieza con un charco de agua negra formado por las aguas residuales desenterradas durante las demoliciones, que salpica de manchas el vestido. “Todas las noches corren rumores de que nos van a echar. Vendrá gente con pangas [machetes] y quemarán nuestras tiendas para que la gente pueda entrar y hacer bonitos edificios para los ricos”.

El 6 de enero la oficina del presidente Kenyatta anunció que las demoliciones y los desalojos en Mukuru kwa Njenga “carecían de sensibilidad y eran innecesarios”, que se iba a permitir regresar a los vecinos desplazados y se les iba a proporcionar ayuda para reasentarse en las tierras que son objeto de disputa. El gobierno también aseguró a las y los vecinos que les iba a proporcionar ayuda para regularizar su asentamiento. Horas después del anuncio del presidente Kenyatta, sobre las 2 de la mañana del día siguiente, una veintena de agentes de policía uniformados entraron en la zona para desalojar por la fuerza las tiendas. Pero las y los vecinos de Mukuru, que no eran tan ingenuos como para confiar en las declaraciones del gobierno, estaban preparados. Desde que se produjeron las demoliciones tiene un sistema de seguridad rotatorio en torno al terreno que es objeto disputado en el que hombres jóvenes vigilan la zona por turnos. Las y los vecinos me mostraron un vídeo en el que se puede oír a la gente gritando ruidosamente cada vez más fuerte a medida que se unen más vecinos para alertar a todo el mundo en la zona de Mukuru de que la policía estaba ahí. Las y los vecinos arrojaron piedras a los policías y le obligaron a retirase. Los vecinos encontraron después el documento de identidad del subcomisario superior del condado del Ministerio del Interior y Coordinación del Gobierno Nacional, y suponen que se le cayó al suelo durante el enfrentamiento.

“Aquí nadie se fía de este gobierno”, afirma Frank Bett, vicepresidente del Centro de Justicia Comunitaria de Mukuru: “Desde que se produjeron los desalojos nos han hecho varias promesas y no se ha cumplido ninguna. Han pasado tres meses desde esos desalojos y el gobierno no ha hecho nada. La gente sigue durmiendo en tiendas de campaña y la policía nos sigue atacando. Creeremos lo que dice el gobierno cuando lo veamos. Hasta entonces, nadie les cree».

Josiah Kariuki, de treinta y cinco años, quiere enseñarme su pequeña e improvisada tienda de campaña y me invita a entrar. Hay un colchón pequeño en un espacio estrecho y sucio. «Mira lo que nos han hecho. He vivido aquí durante veintiocho años”, dice Kariuki, madre de un niño de seis meses. “Estaba en el mercado cuando ocurrieron las demoliciones, así que no pude salvar ninguna de mis cosas”. Nos dice que la Cruz Roja ha donado mantas y otros artículos a las personas desplazadas. “No creo que no ayuden nunca”, dice refiriéndose al gobierno y añade: “Eran parte de esas demoliciones. Ayudaron a destruir nuestras vidas y ahora pretenden decirnos que nos van a ayudar. Aquí, en Mukuru, no tenemos gobierno, solo tenemos a Dios. Y Dios es el único que vendrá a ayudarnos”.                (Jaclynn Ashly |  , Rebelión, 08/02/2022)

«En cualquier conflicto hay un momento en el que se enciende una luz roja: cuando a mi adversario dejo de tratarlo como un igual y empleo términos que lo deshumanizan como rata, bestia o alimaña»

 "El gallego José Manuel Sabucedo es un psicólogo social, catedrático de la Universidad de Santiago de Compostela, experto en acción colectiva y violencia política y reconciliación. Durante la noche de ayer, en la jornada de reflexión, se prestó a una entrevista ante Xabier Fortes en ‘La noche en 24 horas’ de RTVE sobre el clima de agresividad y ataques continuos que vive la política española desde la irrupción de la extrema derecha.

«Lo que yo explico en clase a mis estudiantes es que en la sociedad existen conflictos y estos son positivos, nos ayudan a crecer. Sin embargo, hay una línea roja en todos los conflictos, que es cuando yo empiezo a calificar a mi adversario utilizando temas que lo desligitimicen o lo deshumanicen», señaló Sabucedo.

El psicólogo explicó que «nosotros hemos trabajado mucho en su momento con temas de movimientos violentos, como ETA, Ruanda, Colombia… y nos hemos encontrado siempre con la misma situación, que es lo que trato de explicar a mis estudiantes».

 La deshumanización del adversario

«En cualquier conflicto hay un momento en el que se enciende una luz roja: cuando a mi adversario dejo de tratarlo como un igual y empleo términos que lo deshumanizan como rata, bestia o alimaña», afirmó el eminente psicólogo.

«Lo que supone esto cognitivamente es que si yo estoy enfrentado con un grupo al cual llamo alimañas o rata, estoy deshumanizando a ese grupo y así ya no forma parte de la especie humana. Si al mismo tiempo digo que ese grupo es nocivo para mi grupo, yo me siento legitimado para eliminarlo. ¿Cómo no voy a hacerlo, si hace daño a mi grupo?», señala Sabucedo.

«Esta es la línea roja que no debía haberse traspasado, y sin mentar partidos, que estamos en jornada de reflexión, están jugando al tema de la deshumanización del adversario y la prensa juega un papel importante», finalizó."                

 ( Entrevista a José Manuel Sabucedo, Javier F. Ferrero, Contrainformación , 04 mayo 2021)

La política china para “estabilizar” el Xinjiang a base de paternalismo violento

"Cuando Estados Unidos sufrió los atentados del 11 de septiembre de 2001, su gobierno utilizó la ocasión para bautizar su nueva campaña imperial como “guerra contra el terrorismo”. 

Se invadieron países, se destruyeron Estados y sociedades enteras, se legalizó la tortura y se crearon centenares de cárceles secretas en decenas de países al margen de todo derecho. Miles de sospechosos pasaron por una de ellas, Guantánamo, que continúa abierta. Aunque el nivel de los crímenes del gobierno chino en lugares como Tibet o Xinjiang no llegan, ni de lejos, a esas enormidades, hay cierta pauta común.

China también sufrió serios atentados. Por citar algunos, en 2009 una violenta revuelta de la minoría uigur en Urumchi, la capital de Xinjiang, dejó un abultado balance de incendios y saqueos, y unos 160 muertos, casi todos ellos chinos han a manos de uigures. En 2013, activistas uigures arrollaron a la multitud con un coche en la Plaza Tiananmen de Pekín (cinco muertos). 

Cuatro meses después, en marzo de 2014, otro grupo uigur atacó con cuchillos indiscriminadamente en la estación de autobuses de Kunming, en el sur de China, matando a treinta personas e hiriendo a más de un centenar. Miles de uigures nutren como guerrilleros las filas de los grupos armados yihadistas en Siria e Irak.

La respuesta china a esta realidad se ha visto agudizada por la estrategia de la nueva ruta de la seda (BRI), que traza importantes ejes comerciales y logísticos a través de Asia Central, cuya puerta china es la región de Xinjiang. Por un lado hay que aplastar al yihadismo local, por otro hay que “normalizar” una importante puerta de salida de la nueva ruta de la seda.

“Reeducar”

La política china para “estabilizar” Xinjiang recuerda más a las “campañas de reeducación” de la Revolución Cultural maoísta que a la guerra contra el terror de Washington. La diferencia con la época de Mao es que si entonces era la gente de la ciudad la que era enviada al campo para reeducarse, ahora es un ejército de semivoluntarios chinos de las ciudades quienes acuden a las zonas rurales para “reeducar” a los uigures, considerados como una especie de atávicos y peligrosos paletos.

Desde 2014 cerca de un millón de funcionarios chinos han sido enviados a hogares uigures a convivir en ellos durante ciertos periodos con el objetivo de “enseñarles a vivir correctamente”. Se trata de que los uigures seleccionados aprendan a beber cerveza como estos “hermanos mayores” que ni rezan a Alá, ni se dejan barba, ni se ponen pañuelos.

 En 2018 el diario oficial chino Global Times informó de que 1,1 millón de funcionarios habían sido asignados para estas humillantes experiencias de convivencia a 1,69 millones de “ciudadanos de minorías étnicas en Xinjiang” (léase uigures y también algunos kazajos). 

Estos visitantes realizan un informe de la familia asignada y valoran su nivel de aceptación del modo chino de vida: su apego a la tradición patriarcal y a la religión se considera una especie de enfermedad. En los casos más graves, el enfermo será ingresado en los llamados “Centros de transformación a través de la educación”, también designados como “centros de enseñanza contra el extremismo” o “centros de enseñanza vocacional”. Esta realidad es descrita por el antropólogo Darren Byler como “paternalismo violento”.

Una mina para la propaganda

Desde esta realidad, los aparatos de propaganda de Estados Unidos, a través de Radio Free Asia, las ONG´s vinculadas a la CIA, senadores como el ultra Marco Rubio ( y desde allí los habituales medios de comunicación del establishment), han lanzado desde hace más de un año una intensa campaña contra el adversario chino.

La población uigur de Xinjiang ronda los diez millones, sobre un total de 21 millones. La campaña pretende que “un millón”, dos e incluso tres millones de uigures, según Radio Free Asia, han pasado por estos “campos”, lo que tiene todo el aspecto de una inflada exageración.

Sobre lo que ocurre en esos centros se sabe poco. “Muchos detalles de ese sistema carcelario se ocultan y se desconocen, de hecho hasta el propio objetivo último de los campos no está del todo claro”, reconocía el New York Times en un despacho del 15 de mayo de 2018. 

La oscuridad no impide que los más audaces se tiren a la piscina: “En China, cada día es una Kristallnacht”, titulaba el 3 de noviembre el Washington Post, sugiriendo el holocausto uigur. Muchos testimonios periodísticos beben de fuentes como Adrian Zenz, un académico alemán vinculado a think-tanks ultraconservadores y al World Uyghur Congress, financiados por tapaderas de la CIA como el National Endowment for Democracy (NED). Nada fiable.

Esta campaña que ha llegado profusamente a las páginas de nuestra prensa establishment, apenas ha tenido eco en países musulmanes. China ha llevado a cabo allí una contracampaña, invitando a clérigos musulmanes a visitar Xinjiang. En Indonesia, principal país asiático musulmán, se ha neutralizado por completo la acción realizada por la embajada de Estados Unidos. 

“Funcionarios americanos en Yakarta se han dado cuenta de que la embajada china en Indonesia ha hecho el mismo trabajo que ellos, pero con un mayor presupuesto”, se queja amargamente esta semana el Wall Street Journal. La opinión indonesia sobre “los campos de concentración para uigures” ha cambiado después de que los chinos invitaran a una delegación de personalidades indonesias a Xinjiang.

Más allá de esta guerra de propagandas, lo que está claro es que la situación en Xinjiang no es un “contubernio extranjero”, sino que es un problema interno muy serio que el adversario imperial intenta utilizar. Sus elementos son: una cruda represión, una autonomía sin verdadera soberanía, rechazo, paternalismo y control hacia la cultura tradicional islámica más allá de lo puramente folclórico, una modernidad que los uigures no pueden gobernar y que consideran destructiva, y, finalmente, una angustia demográfica derivada del constante incremento de población han en su región, en la que ya no son mayoría. En resumen, un catálogo muy parecido al de Tibet. 

¿Quiénes son?

Si dividimos las más de cincuenta nacionalidades reconocidas en China en dos grupos según su grado de afinidad con los chinos han, los uigures son la mayor minoría del grupo de los más diferentes. Muchos de ellos sienten una gran aversión hacia la cultura china, que es, al mismo tiempo, la que les aporta la modernidad. Esa situación les crea un conflicto muy complicado. 

En la idiosincrasia uigur, la religión desempeña un papel central. El islam es la esencia de su reivindicada diferencia con la cultura china. Es un atributo nacional. Ese atributo está secuestrado por el enojoso control ejercido sobre la religión por la administración china. Y ese control es un dato milenario de la “correcta y natural” tradición política china hacia las religiones, algo inaceptable para una cultura de tradición religiosa como la uigur.

En Xinjiang, como en Tibet, el Estado se mete en cuestiones como el control de los clérigos, la prohibición de ir a mezquitas a los menores de dieciocho años, e incluso en el llevar barba. La religión es refugio. Otros refugios menos importantes como la arquitectura tradicional llevan años siendo demolidos sin contemplaciones por el martillo de la modernización. En la antes pintoresca ciudad de Kashgar, la administración hace lo mismo que se hizo en Pekín con los barrios tradicionales de hutong: sanear/destruir.

Que no haya condiciones para una autonomía real en Xinjiang no solo tiene que ver con defectos del gobierno chino. El nacionalismo uigur es tan poco democrático como el gobierno chino. En su vertiente religiosa es integrista, y en lo poco que queda de su tradición laica panturquista es ferozmente excluyente y agresivo. Por ahí tampoco hay que hacerse excesivas ilusiones.

 Los uigures suelen ser comparados con los tibetanos, pero en realidad están peor. En condiciones normales en Xinjiang hay más represión y más miedo que en Tibet. El patrocinio extranjero y de diversas onegés del irredentismo uigur es mucho menor. Los uigures son musulmanes, una religión poco “sexy” en Occidente, al lado del budismo tibetano. Y finalmente, no hay un líder nacional uigur comparable al Dalai Lama.

Es poco probable que Pekín cambie su política esencial en Xinjiang. Los chinos están convencidos de que la modernización, el desarrollo económico, aliviará y suavizará poco a poco esos conflictos nacionales, pero la realidad es tozuda, y sugiere que una modernización que se percibe como foránea y disolvente de la propia cultura no hace más que exacerbar el desafío."                        (Rafael Poch, CTXT, 18/12/19)

Trump propuso disparar a migrantes en las piernas, según 'The New York Times'

"El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió hace unos meses disparar en las piernas a los migrantes que cruzaban irregularmente la frontera con México, según un artículo publicado este martes por The New York Times.

Este diario neoyorquino, que citó a una docena de funcionarios de la Casa Blanca bajo condición de anonimato, hizo una reconstrucción de las semanas que en marzo y abril condujeron a la reestructuración del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política migratoria estadounidense.

De acuerdo a este artículo, Trump, frustrado por el aumento del flujo migratorio en la frontera con México y por el fracaso de las estrategias hasta ese entonces adoptadas para frenarlo, propuso en privado una serie de medidas heterodoxas. El presidente, por ejemplo, propuso complementar el muro en la frontera con un foso lleno de agua y repleto de caimanes y serpientes; un proyecto para el que hasta llegó a pedir un presupuesto a sus asesores según The New York Times.

En ese contexto, Trump también quiso electrificar la barrera fronteriza o instalar en su parte superior púas que pudiesen perforar el cuerpo humano. Fue entonces cuando el presidente propuso disparar en las piernas a los migrantes para que no pudieran avanzar.

En 2018 Trump ya autorizó disparos en algunos casos

Trump ya dijo en noviembre de 2018 que los militares desplegados en la frontera estaban autorizados a abrir fuego en caso de ser atacados por migrantes que en ese entonces iban hacia EE.UU. en caravana procedente de Honduras.

Esta vez, sin embargo, el presidente fue más allá al sugerir que se les disparase por el mero hecho de cruzar sin papeles la frontera.

Según las fuentes consultadas por The New York Times, en ambos casos los asesores tuvieron que aclarar a Trump que no estaba permitido disparar a los migrantes.  (...)"              (Público, 02/10/19)

El inspirador teórico de la primera ETA, Federico Krutwig, señalaba que «es una obligación para todo hijo de Euskal Herria oponerse a la desnacionalización, aunque para ello haya que emplear la revolución, el terrorismo y la guerra. El exterminio de los maestros y de los agentes de la desnacionalización es una obligación que la naturaleza reclama de todo hombre»

"En su comedia ‘Asinaria’, Plauto escribió una frase que luego, mutilada, popularizaría Thomas Hobbes: «el hombre es un lobo para el hombre». Ha sido cierto en varios sentidos. Uno, que la violencia política impregna la historia de la humanidad. Hay manchas de sangre en cada página. 

Probablemente alcanzaron su extensión máxima durante los siglos XIX y, sobre todo, XX, centuria que el historiador Tony Judt caracterizó como «un lamentable historial de dictaduras, violencia, abuso autoritario del poder y supresión de los derechos individuales». Tenía en mente el pasado reciente de Europa, pero el de España no le va a la zaga: Guerra Civil, régimen franquista, terrorismo de ETA, de extrema derecha, de los Grapo, del GAL, el yihadismo…

Los perpetradores de tales agresiones se inspiraban en el principio de que el fin justifica los medios, por muy inmorales que estos sean. Si para alcanzar una meta supuestamente noble es necesario emplear la violencia, se emplea sin titubear. El coste humano es lo de menos. En opinión de Hegel, hacer avanzar las ruedas de la historia requiere pisotear algunas florecillas al borde del camino.

El recurso a las armas no ha sido monopolio de una doctrina concreta. Al contrario, se trató de un planteamiento que han compartido sectores de la totalidad del arco político: el fundamentalismo religioso, la ultraderecha, el nacionalismo radical, la extrema izquierda… Se ha matado en nombre de Dios, el progreso, la utopía, la reacción, la raza o la bandera. De cualquiera de ellas. Basten dos ejemplos cercanos. 

En 1933, el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, aseveraba que «la violencia puede ser lícita cuando se emplea por un ideal que la justifique. La razón, la justicia y la Patria serán defendidas por la violencia cuando por la violencia –o por la insidia– se las ataque».

 Treinta años después el inspirador teórico de la primera ETA, Federico Krutwig, señalaba que «es una obligación para todo hijo de Euskal Herria oponerse a la desnacionalización, aunque para ello haya que emplear la revolución, el terrorismo y la guerra. El exterminio de los maestros y de los agentes de la desnacionalización es una obligación que la naturaleza reclama de todo hombre».

Este tipo de discursos del odio incitó a los victimarios, pero no les vale como excusa: por muy condicionados que estuviesen, ejercieron la violencia por voluntad propia. Son responsables de sus terribles actos. Y es que los perpetradores no pisoteaban simples florecillas, sino que hicieron sufrir o desaparecer de la faz de la tierra a seres humanos con una vida, con familia, amigos, profesión, proyectos…

Desde el Holocausto, ya no se percibe a las víctimas como el precio a pagar, pero, por desgracia, no es raro que se relativice su verdad; se invite a pasar página; se patrimonialice el daño, poniéndolo al servicio de una causa particular; se remarquen agravios comparativos entre ellas, estableciendo jerarquías; y se las divida entre buenas (las nuestras) y malas (las que sentimos ajenas), negando o tergiversando su memoria, utilizando a las primeras para legitimar a posteriori la violencia contra las segundas. 

Frente a esa miope, tribal y peligrosa instrumentalización del dolor, hay que reivindicar su dimensión universal. Como sostiene el filósofo Reyes Mate, «si alguien reconoce a una víctima, tiene que reconocer a todas». De otro modo, demuestra no haber entendido a ninguna.

Tampoco parece correcto privatizar el trauma o mezclar a los damnificados. Supondría borrar su significado político y difuminar la culpabilidad de los perpetradores de la violencia. Hace falta una atención individualizada, con proyección pública; estudiar, analizar y difundir cada historia en su complejidad: la biografía de la víctima, con nombre y apellidos, su contexto, así como la evolución, las ideas y los métodos de los victimarios. 

Para fomentar la investigación, las exposiciones, la pedagogía y los homenajes, resulta imprescindible contar con centros de memoria especializados. Diferentes, sí, aunque complementarios. De esta manera, con el concurso de todos, lograremos dar a las víctimas la centralidad en un relato histórico riguroso.

Echar la vista atrás es un ejercicio costoso, que nos enfrenta a episodios incómodos. ¿De verdad merece la pena el esfuerzo? En ‘El lugar de la memoria’, uno de los últimos proyectos de la añorada Bakeaz, el ensayista Martín Alonso explicaba que recordar ejerce dos funciones. 

Por un lado, responde a una misión reparadora y terapéutica para los damnificados y sus seres queridos. Por otro, la memoria de las víctimas tiene un papel proactivo y profiláctico: es una vacuna contra el fanatismo y la radicalización; el estímulo de una sociedad cívica, democrática y tolerante.

En este punto conviene hacer justicia a Plauto retomando su cita, pero esta vez copiándola entera: «el hombre es un lobo para el hombre, no un hombre, cuando desconoce quién es el otro». Cobra un nuevo sentido, que también podemos aplicar a la memoria: conocer la experiencia de las víctimas nos sirve para no ver a los demás como un otro al que perseguir y devorar, sino como a nuestros iguales, con quienes podemos empatizar y dialogar. En definitiva, recordamos para resistir la tentación de volver a lugares tan oscuros como Auschwitz.

Recordemos."                  

(GAIZKA FERNÁNDEZ SOLDEVILLA , El Correo, Sábado, 10 noviembre 2018)

"El Ejecutivo mexicano está detrás del narcotráfico y de los delincuentes que asesinan periodistas en México"

"M.H.: Quiero empezar refiriéndome a la situación de un país donde usted vivió muchos años, donde tiene un gran reconocimiento intelectual y profesional. Cuando comento que Guillermo Almeyra es miembro de la Academia de Ciencias de México, es uno de los dos cientistas sociales junto a Ana Poniatowska que integran la Academia, mucha gente se sorprende del reconocimiento que el pueblo mexicano le ha hecho. 

En México se está viviendo una situación particularmente grave, es uno de los dos países más violentos del mundo luego de Siria, donde se está desarrollando una guerra y han destruido todo, donde 5 millones de personas han tenido que migrar. Ultimamente en México ha tomado estado público el asesinato de periodistas, en estos momentos hay un periodista que está desaparecido hace varios días.

 

G.A.: Entre los asesinatos últimos está el del compañero Valdez, después de la compañera Miroslava, ambos de La Jornada, periódico en el que trabajo. Él un hombre de izquierda, ella una luchadora permanente por los derechos democráticos que han sido asesinados no por el narcotráfico como pretende el gobierno, sino por el poder y el sistema capitalista. 

El narcotráfico no podría matar si no tuviera la complicidad de los gobiernos estatales y nacional, no podría subsistir si no tuviera el apoyo de EE. UU. que es el principal consumidor y tampoco si se suprimiera el secreto bancario y se controlaran las cuentas, porque el narcotráfico necesita lavar dinero y los bancos lavan el dinero del narcotráfico en México impunemente. 

Ha sido un asesinato del sistema, del Estado y de la delincuencia, del sistema capitalista del cual el narcotráfico es una de las partes porque mueve miles de millones de dólares y del sistema político y de la disgregación del Estado, porque lo mataron a medio día en la calle, y sabiendo que estaba amenazado de muerte no tenía protección. 

Quieren acallar a los que los denuncian y, sobre todo, a las voces del periodismo de oposición, es un golpe contra La Jornada y todos nosotros. Todo demócrata en todas partes del mundo debe denunciar estos asesinatos a periodistas, porque no es un asesinato de un trabajador solamente, que ya de por sí es monstruoso, sino también el asesinato de un trabajador que informa y abre conciencia, es un atentado contra los derechos democráticos y la información. 

M.H.: Ayer nos visitó un compañero que hace cuatro años fue herido con balas de plomo aquí, en oportunidad del desalojo de la Sala Alberdi. Hay tres policías siendo juzgados, hoy se van a conocer los alegatos y esperemos que tengan la sanción que se merecen. 

Pero este periodista atacado, que es de un medio alternativo llamado DTL, denunciaba que se escuchó en el momento de la represión que la orden había sido dada por el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, ni siquiera por la justicia. Esto abona lo que usted está señalando respecto del papel que juega el poder político en este tipo de casos.

 

G.A.: En efecto, es así. La CIDH, que averiguó por ejemplo sobre el caso de los desaparecidos en Ayotzinapa, no pudo investigar a uno de los principales responsables y probablemente la mano concreta que secuestró y asesinó, no pudieron entrar en los cuarteles del Ejército de Iguala, no pudieron hablar con ninguno de los militares. 

El Poder Ejecutivo está detrás del narcotráfico y detrás de los delincuentes que asesinan. En México ya hay varios gobernadores pertenecientes al partido gobernante que están presos por narcotráfico, uno de ellos viene del PRI y está preso desde hace años; era el gobernador de Quintana Roo y un agente de narcotráfico en Colombia y en EE. UU.

Hay una polución, es un problema político, por eso la gente une el “Los queremos vivos” con “Fuera Peña” y con “Fue el Estado”, reconoce que son el Estado capitalista y el Presidente los responsables."                                      (Entrevista a Guillermo Almeyra, editorialista internacional de La Jornada (México), Mario Hernandez , Rebelión, 15/06/17)

Aznar: "Puede usted estar seguro, y pueden estar seguras todas las personas que nos ven, de que les estoy diciendo la verdad: el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva"

"(...) El informe Chilcot corrobora lo que ya no es posible poner en duda, y nos presta una de esas buenas oportunidades para recordar y hurgar en la herida que en aquellos días de 2003 nos dolió a unos, para que hoy avergüence a otros. ¿Cómo no volver, por ejemplo, al 13 de febrero de 2003?. 

Ese día Sáenz de Buruaga entrevistó a José María Aznar en Antena 3, con gran audiencia. En un momento de la entrevista que nadie que lo presenciara habrá olvidado, Aznar, mirando fijamente a la cámara, afirmó, literalmente:  "Puede usted estar seguro, y pueden estar seguras todas las personas que nos ven, de que les estoy diciendo la verdad: el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva, tiene vínculos con grupos terroristas y ha demostrado a lo largo de la historia que es una amenaza para todos".

Sabemos ya, porque ya está escrito en la historia, que no se trató de una afirmación imprudente, sino de una mentira deliberada, que luego repitió ante el Congreso de los Diputados. Sabemos que la decisión estadounidense de hacer fuego sobre Irak, tomada en círculos poblados de halcones, dólares y petroleras, no fue un cálculo erróneo motivado por la prisa, sino una decisión fría y alevosa que buscaba un saldo positivo para sus patrocinadores. 

Sabemos también que Aznar comprometió el apoyo de España sin condicionarlo a que se obtuvieran o no los apoyos y autorizaciones de la comunidad internacional exigidos para darle legitimidad, y que los motivos de la intervención eran distintos de los que se esgrimieron ante la opinión pública.

Pero lo peor es que quienes decidieron y defendieron aquella agresión armada sabían que con ella estaban condenando a una muerte injusta a una muchedumbre de inocentes. Lo sabían, claro que sí, y se les dijo. Se les dijo desde parlamentos y embajadas, desde el propio Consejo de seguridad de la ONU, desde el Vaticano y desde la opinión pública en aquellas enérgicas manifestaciones. Esa era la parte del problema de la que no nos hablaban. 

Lo viví con angustia en aquellos días dramáticos previos a la invasión, y lo dejé escrito con estas palabras: “morirán madres, morirán niños de cuatro y seis años que ahora mismo están jugando o aprendiendo a leer, se romperán familias y biografías, piernas y troncos, los hospitales se quedarán sin suministro eléctrico, los jóvenes alimentarán un compromiso de venganza, quedarán heridos y deportados; una población tan inocente y con tanto derecho a vivir como nosotros, que ya es víctima del sátrapa a quien quieren castigar, sufrirá en sus carnes una abrumadora acometida militar llena de metralla y fuego, esa que duele y mata”.  Lo sabían.

Yo no llevaría a Aznar a un tribunal, porque es seguro que saldría absuelto. Si buscan en el Código Penal (arts. 581 y ss.) y tienen costumbre de leer textos penales comprenderán que es difícil encontrar algún precepto en el que pueda subsumirse la conducta de Aznar: 

España puede hoy declarar la guerra a Marruecos porque sí, para hacerse con sus costas y sus campos, y eso no sería delito si cumple formalmente con los “procedimientos constitucionales”, (art. 588), que son de carácter formal. La vulneración de la legalidad internacional en la declaración de guerra no está contemplada como delito en nuestro Código Penal. 

La condena que Aznar merece no es penal, sino política y moral. No me apunto a llamar a Aznar criminal de guerra o genocida, porque no lo es. A mí me importa más decir algo de lo que estoy seguro: que aquella fue la mayor infamia de nuestra historia democrática. Quisiera explicar en qué consiste, exactamente, para mí, esa infamia: consiste en que José María Aznar y su Gobierno asumieron, promovieron y difundieron un discurso que deliberadamente prescindía de la incómoda perspectiva de las víctimas, que le estropeaban el discurso.

 Lo perverso fue, justamente, el intento denodado y patético de dar una legitimidad moral y política a una matanza sobre la base de mentiras asumidas complacientemente. Aznar optó por el discurso de los despachos, de los intereses, del poder y del juego, en el que se sintió a gusto y reconocido por los círculos a los que pretendía agradar, pero para ello tuvo que ignorar a la opinión pública y a las víctimas. Había que engañar a la opinión pública y había que descontar a las víctimas.

 Sin ellas, sin las víctimas, podía envolverse y enredarse en los intereses de España, en la seguridad de Occidente, en la geoestrategia, en las ventajas de la asociación con Estados Unidos, en la influencia internacional y en Sadam Hussein, pero ahí está lo inequívocamente inmoral: convertir a los muertos (que finalmente fueron centenares de miles) en una variable contingente, colateral y secundaria a la hora de calcular el saldo previsible de una operación.

 Aznar optó por ser desleal con su país, engañándolo en un asunto grave, y cruel con las víctimas, ignorándolas para que no le estropeasen su momento de gloria y la imagen de estadista con la que quería ser recordado. Eso merece una comisión de investigación parlamentaria.

Es una obligación moral volver a sentir la vergüenza de la imagen de aquel “pronunciamiento militar” de las Azores, en el que Bush, Blair y Aznar, como unos coroneles golpistas, dieron un envalentonado y cutre ultimátum de veinticuatro horas a la ONU para que legitimase una decisión que había sido tomada hacía meses en determinados circuitos de poder no muy preocupados por la legalidad internacional. 

La justificación, lo recuerdo bien, fue idéntica a la de cualquier golpe de Estado: atacarían militarmente al margen de la oposición del Consejo de Seguridad, porque la ONU se había mostrado “ineficaz” e incompetente para responder adecuadamente a amenazas o desórdenes inadmisibles.

 Ahí estaban ellos para conseguir, con prontitud y eficacia, sacar la cuestión del laberinto de la ONU y darle la solución “adecuada”. Ahí estaban para “hacer lo que había que hacer”, compensando con su audacia la parálisis de la ONU. Y ahí estaba Aznar, convencido de que la opinión pública de su país acabaría comprendiendo que se había equivocado al no confiar en él y en su idea del papel que España tenía que jugar. Todavía duele.

Es necesario hurgar en la herida, sí, y no decir que de aquello ya pasó mucho tiempo. La publicación del informe Chilcot nos devuelve a todo aquello, y a mí me invita a recordar que nunca me sentí menos español que cuando nuestra ministra de Asuntos Exteriores defendió en el Consejo de Seguridad la oportunidad de la invasión, y que nunca me he sentido más español que aquel domingo en que el nuevo Presidente recién investido anunciaba la orden de la retirada. Si simbólica fue, como decían, la participación de España en aquélla guerra, simbólico fue el gran valor de la retirada. 

Nada de pasar página. Tenemos derecho a una restitución moral. El informe Chilcot debería provocar una comisión parlamentaria de investigación que permitiera llegar a una condena política, determinando si hubo o no una mentira consciente y estratégica sobre las razones del apoyo de España a aquella guerra, quiénes y cómo intervinieron en aquella decisión, qué intereses, contraprestaciones, negocios o favores se escondieron debajo de esa mentira. 

 No es agua pasada. La guerra injusta nunca es agua pasada. Y aquella infamia no ha prescrito, porque los daños físicos y morales que se causaron todavía duelen. Una reprobación expresa del expresidente Aznar no llegaría a destiempo. "                    (Miguel Pasquau Liaño, CTXT, 11-07-16)

Estados Unidos: una matanza al día

"(...) 92 muertos por arma de fuego al día

En Estados Unidos mueren una media de 92 personas al día por arma de fuego. Son 1,45 millones de muertes —por asesinato, suicidio o accidente— desde 1970, una persona cada 16 minutos. El columnista de The New York Times Nicholas Kristof llamó la atención sobre esta cifra asegurando que son más fallecidos que en todas las guerras en las que ha estado implicado el país en toda su historia. Según la campaña Brady contra la Violencia por Armas de fuego, otras 297 personas resultan heridas al día por disparos.

29,7 homicidios por cada millón de habitantes

Estados Unidos lidera la comparación con Canadá y varios países europeos, elaborada por el diario The Guardian, que además muestra sus enormes diferencias con otras naciones. Sus 29,7 muertos por arma de fuego por cada millón de ciudadanos quedan lejos de los 7,7 de Suiza, 5,5 en Canadá o 2,7 en Dinamarca.

Más de un millar de tiroteos desde Sandy Hook

La matanza en una escuela infantil de Connecticut en 2012 sacudió a Estados Unidos , pero ese estupor no logró impulsar reformas para regular las armas. Desde entonces, el país ha sido testigo de 1.052 masacres, en los 1.066 días transcurridos desde entonces, en las que ha muerto más de cuatro personas. En estos tres años han muerto 1.312 personas y otras 3.700 han resultado heridas, según el recuento de Mass Shooting Tracker.

Más menores que policías

Mueren más niños menores de 6 años por arma de fuego que policías en activo, según los datos del Centro de Control de Enfermedades estadounidense, en 2013 82 niños perdieron la vida por un disparo, frente a 27 agentes.

Un tiroteo a la semana

Este calendario de The Washington Post ha registrado más de una matanza con múltiples víctimas todas las semanas del segundo mandato del presidente Obama. En este vídeo también están recopiladas sus intervenciones y cómo ha evolucionado su mensaje en reacción a cada una de las grandes masacres de los últimos años. (...)

Casi tantas armas como ciudadanos

Estados Unidos representa el 4,4% de la población mundial, pero sus ciudadanos poseen el 42% de las armas en manos civiles de todo el mundo. Con 321 millones de habitantes, las autoridades calculan que hay unas 270 millones de armas de uso privado entre su población, lo que representa la proporción más alta del mundo.

Cuantas más armas, más muertes

Varios estudios como este de la revista Mother Jones han demostrado que los estados donde hay más armas por ciudadano, también hay más muertes por disparos. Los grupos y políticos que rechazan la regulación de las armas argumentan en muchas ocasiones que la violencia de actos como el de San Bernardino podría combatirse —o reducir sus efectos— si más ciudadanos portaran armas. (...)"              ( Cristina F. Pereda  , El País, Washington 3 DIC 2015)

Un partido de fútbol fue la espoleta del ataque que causó la masacre de Odessa

"Aunque nadie esperaba que una tarde de fútbol acabara con más de 40 muertos, tan solo una chispa sirvió para incendiar Odessa el pasado viernes.

 En la costera ciudad del sur de Ucrania, los enfrentamientos entre ultras de fútbol y habitantes prorrusos derivaron en un incendio provocado en la Casa de los Sindicatos de la ciudad, dejando al menos 42 muertos, a los que se añadían otros cuatro durante los choques.

El Chornomorets, equipo local, se enfrentaba al Metalist de Járkov, la segunda ciudad del país, situada a más de 700 kilómetros al este, casi fronteriza con Rusia, cuyo alcalde fue tiroteado por la espalda al mostrase leal al Gobierno de Kiev. 

Los aficionados de ambos equipos se unieron para cantar y celebrar su apoyo a los nuevos líderes de Ucrania, sabedores de que podrían encontrar problemas en esta ciudad de habla rusa, pero nadie esperaba que la cadena de acontecimientos tuviera ese final.  

" Todo lo que pasó fue como en una película de terror ", asegura Nadiya Yashan, seguidor del Chornomorets, que acusa a los militantes prorrusos de comenzar las provocaciones y ataques a distancia a los aficionados. " Nunca esperamos una emboscada de tal escala y que la Policía hiciera tan poco", critica en la televisión ucraniana.

 Durante varias horas, los choques entre los hinchas y los prorrusos, envolvieron las calles de la ciudad, hasta que los enfrentamientos llegaron a un edificio sindical de la época soviética, la Casa Regional de los Sindicatos, donde se agrupaban decenas de rebeldes contrarios al gobierno del país.

La tarde había comenzado con la fraternidad entre algunos seguidores de ambos equipos, que se habían citado para ir juntos al estadio mostrando su apoyo a las nuevas autoridades pro occidentales y  su desprecio por el presidente ruso, Vladimir Putin. 

Y es que desde el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovich, los aficionados más fervorosos de algunos equipos de fútbol ucranianos han comenzado a dejar de lado las rivalidades deportivas antes de los partidos para mostrar su apoyo a la unidad de Ucrania, a menudo cantando el himno nacional y canciones contra Putin.

Según el portal de noticias local www.viknaodessa.od.ua, el punto de partida de los disturbios fue cuando los partidarios de los ambos equipos encaraban la calle griega. Allí, un grupo de hombres armados, con máscaras y vestidos de negro, los atacaron pistola en mano. Las imágenes de televisión muestran cómo la Policía, equipada con escudos, intenta formar una barrera entre los aficionados y los activistas prorrusos.

La respuesta de los hinchas fue dividida: unos contestaron a pedradas y otros trataron de huir. Sin embargo, las razones del cambio de itinerario de los seguidores no está del todo claro. Unos dicen que los partidarios de Kiev se enteraron de que se habían producido disparos en la plaza Kulikovo Polé , o campo Kulikovo, y acudieron allí para averiguar lo que había sucedido. Otros dicen que fueron allí a incendiar la acampada que los partidarios de Rusia habían construido.

 Los cierto es que las tiendas de campaña y las carpas fueron calcinadas y algunos partidarios de Moscú decidieron esconderse en el edificio más cercano, afirma la web. Ese edificio era la enorme casa sindical, de cinco pisos de altura.

"¿Quién los dejó entrar y por qué? Simplemente no lo sé", relata un vecino de Odessa. No está claro quién comenzó a lanzar los cócteles molotov, pero un funcionario de la ciudad sugiere que el fuego pudo haber comenzado en la tercera planta, lo que indica que la causa del incendio fue algo más que una bomba incendiaria arrojada desde el exterior. Aunque eso no ha sido confirmado.

"Los camiones de bomberos llegaron muy tarde. El fuego estaba en su pleno apogeo. Los que no habían sido aturdidos por el humo, empezaron a saltar por las ventanas. Es un edificio alto, así que puedes imaginar lo que pasó", recuerda un testigo. 

Algunos hablan de una " tercera fuerza", una referencia a lo que Kiev llama "saboteadores " prorrusos, acusados ​​de fomentar el malestar en Ucrania para detener sus vínculos con la UE y mantenerse ligados al Kremlim. Moscú ha negado cualquier responsabilidad en los hechos. De hecho acusa al gobierno de Kiev del ataque.

Algunos testigos aseguran que personas de ambos bandos trataron de ayudar a las personas atrapadas en el edificio. Algunos llevaban andamios, escaleras y cuerdas para sacar a la gente. Pero también hay imágenes que muestran cómo individuos armados disparaban contra la fachada y lanzaban objetos, impidiendo la huida de los atrapados.

El edificio, ahora carbonizado, está rodeado de flores y de cientos de personas que piden a Rusia una intervención, una respuesta. El anuncio de la Policía, que iniciará una investigación, no va a calmar los ánimos. Los habitantes de habla rusa tienen poca confianza en los agentes."            (Público, 04/05/2014)

Sharon telefoneó al presidente Bush y le pidió permiso para asesinar a Arafat. Bush se lo concedió y Arafat murió.

"Un equipo científico suizo confirmó ayer que los restos de Yaser Arafat contienen una elevada cantidad de polonio, una sustancia radioactiva que podría estar tras la repentina muerte del histórico líder palestino en 2004.

Los rumores acerca de que la muerte de Arafat fuera en realidad un asesinato se han sucedido sin descanso desde entonces. (...)

Arafat se encontraba asediado en la Muqata de Ramala cuando empezó a sentirse indispuesto. En seguida viajó a un hospital militar del área de París donde fue tratado. Sin embargo, falleció pocos días después sin que los médicos franceses explicaran con claridad la causa de la muerte.

En aquel momento Ariel Sharon era primer ministro. La segunda intifada había estallado cuatro años antes y estaba en pleno apogeo. Arafat alentó la revuelta desde la Muqata cuando vio que las “negociaciones” con Israel no conducían a ninguna parte; al contrario, los israelíes, como hacen ahora, iban consolidando año a año la ocupación ante el consentimiento tácito de Estados Unidos y Europa.

La segunda intifada golpeó con fuerza al Estado judío y no sería de extrañar que Sharon se vengara de Arafat envenenándolo.

De hecho, existe un documento inequívoco en ese sentido, un libro que se publicó en Francia dos años después de la muerte de Arafat: Ariel Sharon: entretienes intimes avec Uri Dan, Ariel Sharon: entrevistas intimas con Uri Dan.

Su autor es Uri Dan, un conocido periodista israelí que bajo la tapadera del periodismo trabajó para el Mossad en Europa y durante décadas fue amigo íntimo de Sharon.

Cualquier estudioso de la vida de Sharon tiene que recurrir necesariamente a la obra de Uri Dan, puesto que él fue su confidente y publicó numerosos trabajos sobre el primer ministro con el visto bueno del propio Sharon.

Uri Dan cuenta que él estaba al lado de su amigo Sharon cuando éste telefoneó al presidente Bush y le pidió permiso para asesinar a Arafat. Bush se lo concedió y al cabo de unos pocos meses Arafat murió."                   (Eugenio García Gascón, 06/11/2013)