China institucionaliza el trabajo forzoso de los uigures en Xinjiang

 "China ha institucionalizado el trabajo forzoso que en los últimos años ha impuesto entre los ciudadanos de la minoría musulmana uigur de Xinjiang. 

Según una investigación del académico alemán Adrian Zenz, experto en el análisis de las políticas de opresión de Pekín, hecha pública este lunes y a la que ha tenido acceso EL PAÍS, aquellos uigures que entre 2016 y 2020 fueron “movilizados” para ocupar un determinado puesto de trabajo en cualquier punto de la geografía china, muchos de ellos contra su voluntad, siguen siendo obligados a permanecer en él. 

Esta imposición es, de acuerdo con el análisis del experto, uno de los elementos clave del programa de crecimiento económico e industrial que el Gobierno de Xi Jinping ha diseñado para esta región localizada en el oeste del gigante asiático.

La nueva política laboral de Xinjiang, desgranada en el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Social y Económico de la región (2021-2025), aspira a consolidar el número de empleados obligados a trabajar y a multiplicarlos con la máxima de que “todas las personas capaces de trabajar deben trabajar”, independientemente de sus obligaciones familiares e incluso de sus condiciones físicas. Esta exigencia estaba anteriormente reservada, aclara Zenz, a “una persona por hogar”. De acuerdo con sus estimaciones, “entre dos y 2,5 millones de uigures están en riesgo de ser obligadas al trabajo forzoso”.

El análisis del experto alemán, basado en discursos y documentos oficiales, se centra únicamente en el trabajo forzoso impuesto al “excedente de trabajadores rurales” de Xinjiang, es decir, a mano de obra sobrante del sector primario. Investigaciones anteriores ya habían desvelado que también habían sido sometidos a este tipo de práctica muchos detenidos en lo que China llama eufemísticamente “centros de reeducación”, pero que, según ha confirmado la reciente filtración de Los archivos Policiales de Xinjiang, son en realidad campos de internamiento donde Pekín represalia con prácticas policiales violentas a la minoría uigur.

Sin embargo, desde 2019 no existen evidencias contundentes, según el académico, de que China siga utilizando la mano de obra de los reclusos de los campos de reeducación, que eran empleados de forma coercitiva habitualmente en sectores relacionados con la industria textil, como la recogida del algodón —el de Xinjiang representa más del 80% de la producción china y el 20% de la producción mundial—. Sin embargo, son sectores que requieren constantemente empleados. “Los trabajadores rurales sobrantes que rechazan la recolocación laboral exigida por el Estado siguen en riesgo de ser internados en campos de reeducación”, denuncia Zenz.

Una de las novedades del plan económico estatal diseñado para Xinjiang es la puesta en marcha del denominado Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Desempleo, un programa que combina la inspección sobre el terreno con el análisis de datos para detectar a aquellas familias que o bien se han empobrecido o bien han aumentado sus gastos. En 2021, según los documentos analizados por Zenz, Pekín envió a equipos para investigar y monitorizar la pobreza y la situación de ingresos de 12 millones de familias rurales en Xinjiang. De todas ellas, 774.000 fueron seleccionadas para lo que China llama “monitorización en tiempo real”.

Las historias reales que se esconden tras esta política que Pekín asegura que pretende luchar contra la pobreza de la zona desvelan que el Gobierno de Xi Jinping sigue valiéndose del trabajo forzoso para contar con más mano de obra, según Zenz. Ha sido la propaganda estatal sobre el Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana del Desempleo la que precisamente ha permitido conocer algunos de estos casos, que China exhibe como éxitos de impulso laboral. El investigador destaca uno de ellos en el que a un trabajador de la construcción con la tensión alta se le asignó una tarea que requería menos esfuerzo físico en una fábrica de ropa. Sin embargo, su mujer, que padecía una enfermedad renal, fue obligada a trabajar en la limpieza. “La medida sorprendente de asignar un trabajo físicamente exigente a una persona que aparentemente padece una enfermedad crónica posiblemente se deba a que este hogar estaba formado por siete personas”, explica el experto. Sin ningún adulto trabajando a pleno rendimiento, tras la reubicación del padre, “los ingresos de la familia probablemente caerían por debajo del límite de la pobreza”, lo que hizo saltar las alarmas del sistema chino.

“Políticas que apoyan a los holgazanes”

El pleno empleo se ha convertido en uno de los objetivos de la región. El secretario del Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang entre 2016 y hasta finales de 2021, Chen Quanguo, a quien se le atribuye la política de represión sistemática contra los uigures, afirmó el año pasado que “con el fin de evitar el regreso a la pobreza, [Pekín] no puede dar dinero para mantener a nadie para no caer en la trampa del bienestar y de las políticas que apoyan a los holgazanes”. Sus afirmaciones van en línea con las pronunciadas por Xi Jinping a finales de 2021, durante un discurso nacional en el que afirmó que China no debe sumarse a las “políticas del bienestar” que, según el mandatario chino, son estrategias erróneas practicadas por los regímenes populistas latinoamericanos, cuyo resultado es favorecer la aparición de “gente perezosa”.

 La maniobra estatal, basada en el uso de mano de obra forzosa, para lograr el pleno empleo en Xinjiang ha logrado importantes resultados económicos. El comercio directo con otros países aumentó en 2021 un 5,8%, según los datos de la aduana de Urumqi, la capital de la región. Adrian Zenz señala que es especialmente “preocupante” que el 51,5% de las exportaciones eran productos que requieren mano de obra intensiva, es decir, aquellos en los que con mayor probabilidad pueden ser empleados los uigures de manera forzosa.

Este aumento obedece fundamentalmente al incremento de las exportaciones con la Unión Europea, que crecieron un 13,6% el año pasado, y con países como Vietnam, con un aumento del 108,9%. Hacia Estados Unidos, las ventas cayeron, en cambio, un 61,3%, probablemente, según Zenz, por las sanciones de Washington contra Pekín, aunque el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea también han aplicado sanciones en el sector textil chino. Algunas empresas, como la sueca H&M o Nike, han apostado por no utilizar algodón procedente de Xinjiang.

Pero más allá de la pretendida lucha contra la pobreza, la imposición del trabajo es otra de las medidas para la asimilación de la minoría uigur en un país poblado principalmente por ciudadanos de la etnia han. El mismo Xi defendió en 2014, según un discurso confidencial desvelado en una filtración, que las personas desempleadas “provocarán problemas”, mientras que, el empleo en las empresas propicia “la interacción étnica, los intercambios y la mezcla” y hace que los grupos étnicos “estudien la cultura china”.

“La naturaleza sistémica del trabajo coercitivo en Xinjiang es el producto de objetivos políticos que solo pueden alcanzarse trasladando a millones de trabajadores uigures desde sus medios de vida rurales a otros industriales, rompiendo comunidades tradicionales y transfiriendo minorías étnicas a regiones de mayoría han”, sostiene Zenz. Las declaraciones del ministro de Exteriores chino, Wang Yi, que aseguró en mayo de 2021 que “no existe trabajo forzoso en Xinjiang, solo empleo voluntario”, hacen prever, según el investigador alemán, que Pekín “no tiene intención de abandonar sus objetivos políticos en la región, que dependen directamente” de la consolidación del trabajo forzoso."             (Patricia R. Blanco , Óscar Gutiérrez , El País, 06/06/22)

La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang... al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones

 "La brutal y extensa campaña de represión de China contra la minoría musulmana uigur de Xinjiang adquiere rostro por primera vez. 

Decenas de miles de fichas policiales, fotografías y documentos oficiales de altos cargos del Partido Comunista de China (PCCh), a los que ha tenido acceso EL PAÍS, ofrecen una prueba sin parangón de la magnitud del sistema carcelario instaurado en esta región de la franja occidental china y la paranoia que guía las políticas de Pekín contra las minorías étnicas. La investigación periodística de este archivo, liderada por Adrian Zenz, académico alemán y experto en el análisis de las políticas de opresión china en la zona, en colaboración con 14 medios de 11 países, bajo el título Los archivos policiales de Xinjiang, permite identificar a miles de reclusos de centros de reeducación construidos por China, entre ellos a menores de edad; clasificar los cargos, la mayoría de escasa consistencia, que les mantienen entre rejas; mostrar a través de imágenes tomadas en el interior de las instalaciones las prácticas de detención, interrogatorio y maltrato llevado a cabo por los agentes contra los presos; las instrucciones para el ejercicio policial en los centros propias de la rutina carcelaria, y, finalmente, analizar la transcripción de discursos públicos de los máximos dirigentes del PCCh en Xinjiang, entre ellos su secretario general Chen Quanguo, en los que se apuntala, siguiendo las instrucciones de Pekín, la doctrina de máxima seguridad frente a los presos, a los que se disparará incluso “a matar” si atentan contra los campos o tratan de escapar.

“Detrás de esta represión sistemática”, señala Zenz en conversación telefónica con EL PAÍS, “está el temor y paranoia expresados por [el presidente chino] Xi Jinping sobre la resistencia de los uigures al intento del Estado de controlarlos”. Según el estudio realizado por este académico, miembro de la Fundación en Memoria de las Víctimas del Comunismo, con sede en Washington, el confinamiento de uigures en campos de reeducación es el “mayor internamiento de una minoría étnica religiosa desde el Holocausto”. Al menos un millón de ciudadanos, la mayoría uigures, han sido encerrados en campos de reeducación repartidos por la geografía de Xinjiang, según una cifra consensuada por periodistas, académicos y Naciones Unidas.

Los archivos policiales de Xinjiang han sido obtenidos por una fuente anónima externa a través de sofisticadas operaciones de intrusión en los sistemas informáticos operados por la Oficina de Seguridad Pública (OSP), la policía china, en los condados de Konasheher, en la prefectura de Kashgar, y Tekes, en la prefectura de Ili Kazakh. El responsable de este hackeo, que prefiere no identificarse por razones de seguridad, ha actuado por iniciativa propia, sin condiciones ni mandato de ninguno de los investigadores involucrados en el proyecto. Los documentos e imágenes han sido verificados por este grupo de periodistas, así como la existencia de tres centros de reeducación de los que se han obtenido los archivos, gracias a un proceso de geolocalización a partir de las fotografías tomadas por los agentes. Hany Farid, profesor experto de la Universidad de Berkeley en el análisis forense de imágenes, ha certificado de igual modo que no hay evidencias de manipulación en los archivos fotográficos.

La prefectura de Kashgar, en la denominada oficialmente Región Autónoma Uigur de Xinjiang, en el vértice fronterizo con Kazajistán y Kirguizistán, es precisamente una de las paradas previstas en el viaje oficial iniciado este lunes por la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. La visita a los centros de reeducación para uigures, etnia mayoritaria en esta región de unos 25 millones de habitantes, es una de las demandas fundamentales trasladadas a Bachelet por parte de organizaciones en defensa de los derechos humanos. El Gobierno de Xi reconoció por primera vez la existencia de estas instalaciones en la publicación de un libro blanco (documento de referencia que guía la política estatal) en octubre de 2018. No obstante, Pekín rechaza las acusaciones sobre la represión de las minorías en Xinjiang y defiende que estos centros sirven para la educación y formación de “estudiantes”, que cuentan con libertad de movimiento. El régimen denomina a este tipo de internados carcelarios “centro de educación y formación en habilidades profesionales”.

Un 12% de adultos encerrados

Los archivos policiales de Xinjiang muestran una realidad muy diferente. Sirva de ejemplo, según el análisis de las miles de fichas policiales en Konasheher (el registro de los servicios de seguridad abarca a unos 286.000 ciudadanos, casi toda la población de este condado), analizado el censo en el periodo 2017-2018, se concluye que al menos el 12,3% de la población adulta sufrió algún tipo de internamiento en centros de reeducación, de detención (destinados a los internos que esperan condena), o prisiones.

Ante las preguntas sobre el contenido de la filtración, un portavoz de la Embajada china en Estados Unidos, Liu Pengyu, ha manifestado en un correo electrónico lo siguiente: “Los asuntos de Xinjiang está relacionados, en esencia, con la lucha contra el terrorismo violento, la radicalización y el separatismo, no los derechos humanos o la religión. Frente a la grave y compleja situación contra el terrorismo, Xinjiang ha tomado una serie de medidas de desradicalización decisivas, sólidas y efectivas. Como resultado, Xinjiang no ha visto ningún caso de terrorismo violento durante varios años seguidos”.

Además, tras la publicación de los documentos, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino Wang Wenbin, ha tachado este martes las informaciones de “un nuevo ejemplo de las fuerzas antichinas de calumniar a China”, informa Macarena Vidal Liy desde Pekín. “No es más que una repetición de un vuejo truco”, ha considerado en la rueda de prensa diaria de su ministerio. “Esparcir rumores y mentiras no logrará engañar al mundo, ni puede tapar el hecho de que Xinjiang disfruta de estabilidad y prosperidad, y sus residentes disfrutan de unas vidas felices y plenas”, ha sostenido, reiterando el argumento con el que Pekín responde a las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Xinjiang.

Los archivos policiales de Xinjiang contienen, entre otros documentos, 5.074 retratos tomados en comisarías o centros de confinamiento del condado de Konasheher entre el 6 de enero y el 25 de julio de 2018. Esta es una de las grandes aportaciones hechas por este proyecto de investigación al estudio de la represión china. De estas fotos, 4.989 han podido ser atribuidas a una persona con información detallada en los archivos. EL PAÍS ha analizado una muestra final de 2.884 fichas fotográficas de detenidos que cuentan con datos concretos adjuntos en los archivos obtenidos de la red de informaciones de la OSP china. El grueso de los internados son menores de 30 años (69%), un total de 2.001 ciudadanos. También predominan los hombres, 2.490 (86%), frente a las mujeres, 394 (14%). Su análisis permite afirmar que entre los reclusos hay personas de todas las edades (entre los 15 y los 73 años) y de todos los niveles educativos (desde quienes nunca han recibido educación a universitarios).

Esta investigación periodística se une a otra media docena que desde el año 2019 tratan de dar prueba de la magnitud de la campaña de represión sistemática del régimen comunista contra los uigures, etnia que en su gran mayoría profesa el islam. Xinjiang, que hace frontera hacia el oeste con siete países del Asia Central, es de especial relevancia para Pekín, en primer lugar, por ser lugar de paso en su renovada ruta de la seda, y, en segundo lugar, por razones de seguridad: la denominada China interior está copada, tanto en la esfera social, como en la política y económica, por la mayoritaria etnia han. Esta región, ubicada en la zona oriental de la histórica Turquestán, entre el mar Caspio y el desierto del Gobi, con una historia y cultura ligada a los pueblos túrquicos, de rasgos faciales diferenciadores en relación con los han, ha mantenido un tradicional anhelo de autonomía que Pekín ha rechazado hasta su práctica aniquilación.

El traslado de ciudadanos de la etnia han, en un esfuerzo de modificar la demografía de Xinjiang, derivó a finales de la primera década de este siglo en fuertes enfrentamientos. Uno de los episodios más sangrientos fue el choque entre las comunidades uigur y han en julio de 2009 en Urumqi, capital de la región, que se saldó con alrededor de 200 muertos. Tras varios atentados de grupos separatistas armados, Xi dio luz verde en mayo de 2014 a la campaña de nombre Golpe fuerte contra el terrorismo violento, en la que se enmarca la actual escala de represión en toda la región.

El ciudadano uigur Abdurahman Hasan es uno de las personas que ha confirmado la veracidad de las fichas policiales al identificar a su mujer durante una entrevista mantenida en Estambul (Turquía) con la británica BBC News, que forma parte del grupo de medios detrás de esta investigación. Hasan, un hombre de negocios de Kashgar, que viajaba con frecuencia al extranjero, una actividad que habitualmente levanta sospechas en Pekín, abandonó Xinjiang en enero de 2017, en plena campaña de represión. En el verano de ese año, su mujer, Tunsagul Nurmemet, entonces de 21 años, fue detenida, junto a la madre de Hasan. Según consta en su ficha, Nurmemet fue condenada por “reunir una multitud para alterar el orden social, buscar peleas y provocar problemas”. “Su vida se basó en su familia y tampoco interactuaba mucho con los demás”, explicó Hasan durante la conversación en la ciudad turca. “Ella solo visitaba familiares, no sé si tenía muchos amigos. No tenía una gran red social, ¿cómo pudo reunir una multitud?”. Su sentencia asciende a 16 años de encierro.

El retrato obtenido a partir de Los archivos policiales de Xinjiang muestra a una Nurmemet irreconocible en relación con la foto de carné disponible hasta ahora en bases de datos de uigures víctimas de la represión china. Según la información que recibió Hasan en aquel verano de 2017, su mujer y su madre habían sido “llevadas a estudiar”.

Esta versión, la del estudio, coincide con muchas otras escuchadas por familiares de los desaparecidos . Así fue con Nursiman Abdureshid, de 33 años, entrevistada por EL PAÍS también en Estambul. Sus familiares aparecen en fichas de la policía en la prefectura de Kashgar. En el verano de 2017, Abdureshid, que residía ya en Turquía desde hacía dos años, conoció gracias a una llamada a unos parientes que su padre y su hermano pequeño habían sido llevados a un “programa de educación”. El mayor de sus hermanos se encontraba ya desde 2016 encerrado por una supuesta deuda no cubierta. Le pidieron que no llamara más, que sus familiares estaban bien. En junio de 2020, Abdureshid logró que la embajada china en Turquía confirmara las penas impuestas, todas superiores a una década entre rejas. “Pregunté cuáles eran las razones por las que les habían condenado”, relata durante la entrevista Abdureshid, “y me dijeron que por ‘perturbar el orden social’ y que podrían tener la intención de participar en actividades terroristas”. El padre de la joven había sido funcionario del Estado y miembro del PCCh. Ella cree que su salida de Xinjiang, sumada a la de su otra hermana, que vive en EE UU, desató las sospechas y la represión contra su familia.

Los archivos policiales de Xinjiang cuentan también con decenas de fotografías tomadas por las autoridades y servicios de seguridad en el condado de Tekes, en la prefectura de Illi Kazakh. Una treintena de esas imágenes, tomadas entre abril de 2017 y septiembre de 2018, corresponde a escenas tomadas en el interior del centro de reeducación de ese condado. A diferencia de lo expuesto públicamente por Pekín, la acción de los agentes dentro de las instalaciones, su armamento y el trato de los reclusos dista enormemente de lo que se espera de un centro de formación profesional.

Esposas, capuchas y la ‘silla del tigre’

En las fotografías, los reclusos son trasladados de un lugar a otro encapuchados y con esposas en las muñecas. Hay agentes armados con palos, normalmente de etnia uigur, pero también con rifles de asalto y material antidisturbios, que generalmente portan uniformados de etnia han. Los interrogatorios, según el carrete de fotos sacado de Tekes, se desarrollan en las conocidas como sillas tigre, que forman parte del repertorio de instrumentos usados para la tortura en China, según recoge la ONG Human Rights Watch. Varias secuencias de estos documentos muestran prácticas habituales ya expuestas en la filtración Los cables secretos de China, como la inyección de reclusos, en este caso de varones, normalmente para aportes alimenticios o análisis, así como la obligatoriedad de recitar a diario la doctrina del campo de confinamiento o recibir en grupos la propaganda de autoridades locales.

Se estima que un millón de ciudadanos han pasado por estos centros de reeducación, una cifra que podría resultar muy conservadora, a la vista de lo expresado en uno de los discursos políticos más reveladores incluidos en la filtración. Se trata del pronunciado por el ministro de Seguridad Pública, Zhao Kezhi, en su visita a Urumqi, el 15 de junio de 2018, y clasificado como “documento secreto”. Este archivo transcrito concuerda con las informaciones y fotografías en prensa local del dirigente comunista durante su estancia en la capital de Xinjiang. Zhao, según este papel, cifró durante su comparecencia en dos millones los ciudadanos de Xinjiang “influenciados” por el independentismo, así como otros dos millones por pensamientos extremistas religiosos. Son dos de los tres “demonios” que Pekín sitúa en su particular eje del mal: terrorismo, separatismo e islamismo radical.

Zhao se felicita por la estabilización de Xinjiang a través de la campaña Golpe fuerte contra los terroristas ―”tan pronto como asomen la cabeza”, dice el ministro chino―. El dirigente del PCCh informó durante su discurso de que 20.000 “terroristas” habían sido “destruidos” ―no concreta ni quiénes eran, ni su destino final―, un número que superaba en más de cinco veces el total de los 10 años anteriores. Zhao felicitó en su intervención al líder de esta campaña de “estabilización” de Xinjiang, el secretario general del PCCh en la región (2016-2021), Chen Quanguo, sancionado por Estados Unidos por la violación de los derechos humanos de las minorías étnicas en Xinjiang.

Chen, un ejemplo para Pekín por su desempeño en Tíbet antes de asumir el cargo en Xinjiang, es considerado el gran artífice de la represión contra los uigures y, en especial, de la proliferación de centros de reeducación a partir del año 2017. Las palabras de Chen en los discursos contenidos en Los archivos policiales de Xinjiang dan fiel cuenta del nivel de opresión llevada a cabo en estas instalaciones destinadas al castigo y confinamiento. En una de las intervenciones ante los suyos, el 28 de mayo de 2017, este dirigente comunista califica de “humano” el internamiento en estos centros por el simple hecho de contar con aire acondicionado, raciones de comida diarias y la posibilidad de que los presos reciban visitas.

Pese a que el análisis de los documentos contenidos en la filtración Los cables secretos de China permitía concluir que el tiempo habitual de internamiento en los centros de reeducación era de un año, el enviado de Pekín a la región puso en tela de juicio con sus palabras aquel mayo de 2017 incluso la libertad de algunos reclusos. “Si salen”, manifestó Chen, “los problemas vuelven inmediatamente, esa es la realidad de Xinjiang”. El tono es más radical en una nueva comparecencia transcrita y que data del 18 de junio de 2018. “Nadie debe nunca planear atacar las instalaciones de un internamiento”, pronunció Chen, “tan pronto como haya alguien que se mueva [contra los centros], se debe abrir fuego con determinación”. En esa misma intervención y recordando los actos violentos en Urumqi de 2009, Chen sostuvo que las fuerzas de seguridad deben actuar ante los que desafíen la ley bajo la premisa “matar primero y luego reportar”.

Las palabras del secretario general del PCCh en Xinjiang hasta el pasado año no cayeron en saco roto. Varios documentos incluidos en la memoria de archivos obtenida de los sistemas informáticos de la policía china en la zona convierten la doctrina de Chen en un pilar fundamental en los protocolos de actuación ante, por ejemplo, intentos de huida de los “estudiantes”, una obsesión dentro de la paranoia de vigilancia desplegada por Pekín. Uno de esos documentos relata cómo enfrentarse a una fuga: se avisará a las autoridades locales, se cortarán carreteras y se enviarán a fuerzas especiales. “Si los estudiantes no escuchan los consejos”, dice la instrucción, “la policía armada puede disparar un tiro de advertencia”. Si persisten en su intento de escapar se abrirá fuego “a matar”.

“Los campos de reeducación”, concluye Zenz, académico que, por su estudio de la represión china en Xinjiang, ha sido sancionado por las autoridades de Pekín, “están diseñados para cambiar las mentes de los uigures, sus corazones, para deshacer la lealtad a su cultura, historia, su herencia túrquica, incluida la fe religiosa; cambiar todo eso, cortarlo de raíz y orientarlo hacia el Partido Comunista de China”.                    (Óscar Gutiérrez , Patricia R. Blanco , El País, 24/05/22)

«A causa de Guantánamo, China pudo hacer lo que hace ahora contra los musulmanes. Utilizan el mismo argumento, la misma analogía: ‘Estos musulmanes son malos, son extremistas, hay que internarlos en campos'»

 "Spencer Ackerman escribe sobre los veinte años en que ha estado en funcionamiento la prisión de Guantánamo, uno de los símbolos más poderosos de la Guerra contra el Terror promovida por EEUU desde los atentados del 11S. 

780 presos han pasado por sus instalaciones en la base situada en territorio cubano desde que entrara en funcionamiento el 11 de enero de 2002. Desde entonces, 731 han sido transferidos a otros lugares. Nueve murieron mientras estaban en la prisión. 39 permanecen allí.

El periodista traza una línea continua entre la cárcel de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA enclavadas en varios países del mundo durante varios años:

«El Pentágono en los últimos veinte años ha insistido con frecuencia en las diferencias entre Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA. Las fuentes oficiales sostienen que nadie ha sufrido ‘waterboarding’ en Guantánamo y que ahora –aunque no en septiembre de 2003– los detenidos en Guantánamo cuentan con asesoramiento legal, por todo lo que pueda servir para los 39 hombres que aún están allí. (…)

Pero, a pesar de todas las objeciones del Pentágono, la herencia de la CIA llega hasta Guantánamo. La lógica de la CIA en las prisiones secretas era la lógica militar de Guantánamo: un lugar fuera del alcance de la ley. Los procedimientos de interrogatorio en Guantánamo –el uso de perros, el asalto sexual, la privación del sueño, etc.– eran copias en casete de las brutales técnicas de tortura en estéreo de la CIA. El personal médico de la CIA mantenía vivos a los detenidos para que soportaran otra sesión de tortura. El personal médico militar de Guantánamo administraba alimentos por la fuerza a los detenidos (en huelga de hambre) de una forma que ha sido descrita como tortura, todo para que los detenidos no pusieran en evidencia a EEUU al morir encarcelados.

Aun más importante es el hecho de que Guantánamo y las prisiones secretas (de la CIA) encerraron a muchas de las mismas personas, hombres como Majid Khan y Abu Zubaydah, para los que el cautiverio en manos de la CIA fue relativamente breve y el cautiverio militar, relativamente extenso. Al principio de la Guerra contra el Terror, la CIA, al temer las revelaciones, se preguntó qué pasaría con varias de las personas a las que había torturado demasiado como para ser liberadas. Para muchos de ellos, la respuesta fue Guantánamo».

Ackerman cita las palabras de Omar Deghayes, uno de los antiguos presos de Guantánamo puestos en libertad que se reunieron hace unos días para compartir su experiencia. Deghayes, hijo de un abogado que fue ejecutado por el Gobierno de Gadafi, es un libio con residencia legal en Reino Unido que fue detenido en Pakistán en 2002 y enviado a Guantánamo, donde pasó cinco años antes de ser puesto en libertad.

«A causa de Guantánamo», dice Deghayes, «China pudo hacer lo que hace ahora contra los musulmanes. Utilizan el mismo argumento, la misma analogía: ‘Estos musulmanes son malos, son extremistas, hay que internarlos en campos'».

Al igual que en EEUU, el Gobierno chino utilizó un atentado masivo –31 personas fueron asesinadas y 141 resultaron heridas por terroristas uigures en una estación de tren en 2014– para lanzar una campaña «contra el terrorismo, la infiltración y el separatismo» que no se limitó a los grupos armados de Xinjiang, sino que se extendió a toda la población musulmana de la región.

´Los documentos oficiales chinos conocidos demuestran que Xi se inspiró en algunos elementos de la respuesta norteamericana al 11S.

«Debemos ser tan duros como ellos», dijo Xi en una reunión con dirigentes del partido refiriéndose a los enemigos del Estado, «y no demostrar ninguna misericordia».            (Íñigo Sáenz de Ugarte, blog, 12/01/22)

"La cárcel de Guantánamo sigue abierta 20 años después.

 «Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden.

«La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros (…) y también prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos». Palabra de Joe Biden.

Entre las declaraciones del primer párrafo y las del segundo pasaron casi 13 años. Las primeras las pronunció Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama al comienzo de su primer mandato, durante la 45ª Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009 ante gobernantes y representantes de 70 países.

Las otras declaraciones son también de Joe Biden, pero del Biden presidente, y las pronunció el pasado 27 de diciembre.

Biden pareciera seguir hasta ahora paso a paso el camino transitado por Obama.

Obama aseguró durante la campaña electoral de 2008 que el cierre de Guantánamo sería una de sus primeras medidas al llegar al poder. Lo repitió poco después de haber asumido la presidencia -el 20 de enero de 2009- pero no lo hizo y en 2015, en el penúltimo año de su segundo mandato, llegó su arrepentimiento por no haber cerrado ese campo de concentración del siglo XXI ni bien llegar a la Casa Blanca: «No lo hice porque en ese momento teníamos un acuerdo bipartidista de que debía cerrarse. Pensé que teníamos consenso y que lo haríamos sosegadamente. Sin embargo, la política se volvió dura y la gente comenzó a asustarse por la retórica sobre Guantánamo. Lo más factible fue dejarlo abierto».

Aún así, consciente de que la historia recordaría su incumplimiento, en febrero de 2016 volvió a repetir que aún pretendía cerrar Guantánamo: «No quiero trasladar el problema al siguiente presidente, sea quien sea. Si no resolvemos esto ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a prolongar esto otros 15, 20, 30 años?»

El 19 de enero de 2017, solo un día antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente saliente envió una carta al Congreso criticando que se siguiera bloqueando el cierre de Guantánamo, y apeló, como ya lo había hecho muchas veces antes, a ser pragmáticos, a pensar en términos económicos: «Los costos de mantenerlo abierto superan con creces las complicaciones que implica cerrarlo».

El costo de mantener abierta la prisión se convirtió durante todos estos años en un elemento vital en el debate sobre el futuro de la misma, asignándosele más importancia incluso que a la flagrante violación de los derechos humanos que supone.

La cárcel más cara del mundo

Guantánamo es sin duda la cárcel más cara del mundo. Con el número de prisioneros que tiene actualmente, 39, custodiados por 1.800 soldados, cada prisionero cuesta 13 millones de dólares al Pentágono, teniendo en cuenta el sueldo de los militares y del personal civil, la infraestructura existente, cuarteles, centro médico, cine, comedores e instalaciones de ocio para la tropa, actuaciones en vivo de grupos de country y rock llevados desde EEUU.

Obama, al igual que ahora Biden, cargaron toda la responsabilidad en el Partido Republicano.

Pero, ¿fue realmente el buenismo lo que lo impidió el cierre, la supuesta ingenuidad de los gobiernos de Obama y Biden (2009-2016), su intento de lograr un acuerdo de Estado con los republicanos para cerrar Guantánamo, en vez de utilizar la vía de una Orden Ejecutiva?

El tiempo para hacerlo fue en sus dos primeros años de mandato, antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2010, ya que en esos comicios, como se preveía, los republicanos triunfaron, recuperaron electores, pasaron a controlar la Cámara de Representantes e hicieron un gran avance también en el Senado. De esta forma Obama se encontró cada vez con más obstáculos para sacar adelante sus promesas electorales.

Y es un escenario que también puede volverse a repetir ahora, en las elecciones legislativas de medio mandato de Biden de noviembre próximo, si el presidente sigue perdiendo puntos los próximos meses.

Gobernadores demócratas en contra del traslado de presos a EEUU

La versión que tanto Obama en su momento como Biden ahora han dado para justificar que la prisión de Guantánamo no se haya podido cerrar es cierta solo en parte. El Gobierno Obama-Biden en 2009 no sólo se encontró con el rechazo del Partido Republicano, sino también se tuvo que enfrentar a la negativa de varios de sus propios gobernadores demócratas.

Varios de ellos se negaron a que se trasladara a prisioneros de Guantánamo a cárceles de máxima seguridad en sus respectivos territorios, alegando problemas de seguridad.

Sostuvieron que eso convertiría a sus Estados en blanco de ataques terroristas, utilizando así el mismo argumento en definitiva que el esgrimido por los gobernadores y congresistas republicanos.

La resistencia interna del sector más conservador del Partido Demócrata se sumó al rechazo del Partido Republicano. Se repitió de esta forma el mismo rechazo interno que Obama tuvo a su plan para que se formara una comisión de investigación parlamentaria para delimitar responsabilidades políticas y penales por los crímenes cometidos por la Administración Bush bajo su Guerra contra el Terror.

El hecho de que varios congresistas y senadores demócratas e incluso miembros del Gobierno sumaran su rechazo al del Partido Republicano impidió que se pudiera investigar y penalizar el vasto plan de la Administración Bush para blindar legalmente la tortura sistemática a los prisioneros, los secuestros de la CIA, sus cárceles secretas, los asesinatos, los tantísimos daños colaterales sufridos por la población civil en Afganistán, Irak o Pakistán.

Sin duda Barack Obama no es culpable de haber recibido como herencia de George W.Bush una penosa situación económica y una prisión de ultramar con 242 prisioneros en situación de total irregularidad legal, pero, o por falta de firmeza y decisión o por no poner a prueba a su propio partido, no usó las herramientas que tenía a su alcance para acabar con esa situación.

Obama no dio un fuerte golpe en la mesa como muchos creían que haría dadas las ambiciosas promesas sociales y en materia de derechos humanos que hizo durante su campaña electoral.

Con su actitud colaboró en definitiva para tender un manto de impunidad sobre los crímenes cometidos durante los ocho años de Bush en la Casa Blanca, prolongando aún más el creciente nivel de decadencia moral de Estados Unidos.

Sólo 8 de los 779 prisioneros fueron condenados por los tribunales militares

Desde que el 11 de enero de 2002 llegó el primer grupo de prisioneros afganos a Guantánamo, hace ahora 20 años, pasaron por esa cárcel 779 hombres de 49 nacionalidades distintas, mayoritariamente afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes con edades comprendidas entre los 13 y los 89 años al momento de ser capturados.

Durante los gobiernos de Bush se transfirió a sus países de origen o a terceros países por falta de cargos en su contra a 537 de ellos, tras sufrir torturas físicas y psicológicas durante años y sin recibir posteriormente ni disculpas ni compensación económica alguna.

Por su parte, en los ocho años de la Administración Obama se liberaron o transfirieron a otros 199 prisioneros; Trump liberó solo a uno y Biden a uno también en el año que lleva en el poder. Quedan aún 39 prisioneros que llevan más de una década presos, a 28 de los cuales no se les ha acusado todavía de ningún delito concreto.

Durante estos 20 años al menos 9 presos se ‘suicidaron’ en oscuras circunstancias, 3 de ellos aparecieron en junio de 2006 colgados en sus celdas con las manos atadas a la espalda.

Cientos de presos llevaron a cabo prolongadas huelgas de hambre en protesta por los maltratos sufridos y se les impuso por la fuerza sondas gastroesofágicas para alimentarlos y mantenerlos con vida.

En todos estos años los tribunales militares de Guantánamo sólo han condenado a 8 prisioneros; otros varios esperan desde hace mucho tiempo ser transferidos a distintos países y a otros se les considera ‘peligrosos’, pero al no haber pruebas contra ellos siguen en prisión por tiempo indefinido.

El 23 de junio de 2016, en los últimos meses de Obama en el poder, el entonces relator especial de las Naciones Unidas en materia de tortura, Juan Méndez, denunció en The New York Times que llevaba desde 2004 (bajo el Gobierno Bush) intentando conseguir que le autorizaran ver a los presos de Guantánamo, pero que no lo consiguió ni con el gobierno republicano ni con el demócrata.

Como hemos visto al inicio de este artículo, el pasado 27 de diciembre el presidente Biden criticaba al Congreso por no aprobar los fondos que requirió para poder transferir a parte de ellos a terceros países y al resto a cárceles de máxima seguridad en territorio continental estadounidense.

Pero desde sus propias filas le dicen que es cuestión de voluntad política hacerlo.

Donald Trump también se enfrentó en su momento con obstáculos en el Congreso para que le aprobaran los fondos federales necesarios para continuar la construcción del muro con México, pero sin embargo logró sortear el problema detrayendo dinero de otras partidas presupuestarias.

Los sectores más progresistas critican a Biden que a pesar de sus críticas al Congreso por no autorizarle esos fondos aprobó igualmente la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA en sus siglas en inglés), el presupuesto de Defensa de 760.000 millones de dólares para el año 2022 (un 5% más que en 2021 a pesar de que se ha retirado las tropas de Afganistán). Aceptó de esta forma las cláusulas específicas que contiene esa ley impidiéndole destinar parte de esos fondos para trasladar prisioneros y cerrar Guantánamo.

Y si esa ley salió adelante con esas cláusulas, al igual que sucedió en 2009, cuatro meses después de llegar Obama al poder y que se repitió varias veces más en votaciones similares, es porque muchos congresistas y senadores demócratas también la votaron.

En aquellos primeros debates sobre el tema en 2009 Obama ya vio rechazado su pedido de que se destinaran 80 millones de dólares de un presupuesto de 91.300 millones de dólares destinados a financiar las guerras de Irak y Afganistán y otros temas de seguridad, para poder cerrar la cárcel. En el Senado 90 votaron en contra y solo 6 demócratas a favor.

El Partido Demócrata tiene un crónico y serio problema interno.

Presionan a Biden para que cierre la prisión ‘de una vez por todas’

Casi 13 años después de aquella votación de 2009, cuando era vicepresidente, Biden está recibiendo ahora cada vez más presiones para no seguir los pasos de Obama sobre el tema.

En enero de 2021 ocho ex relatores de la ONU sobre Derechos Humanos reclamaron en un comunicado conjunto a Biden que cerrara de inmediato la cárcel: «Guantánamo es un lugar de arbitraridad y abusos, de torturas y malos tratos donde las leyes quedan suspendidas y la Justicia rechazada».

Veinticuatro senadores demócratas reclamaron al presidente el cierre de Guantánamo «de una vez por todas» y poco después, en mayo pasado, 78 personalidades políticas, académicas y 23 ex cancilleres de América Ltina se sumaron al pedido. «El cierre enviaría un mensaje claro y significativo al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se sitúa esa prisión», dijeron en su carta.

En agosto pasado fueron 75 los congresistas demócratas que instaron a Biden a cerrar la prisión por «representar una traición fundamental a nuestros valores y a nuestro compromiso como país con el estado de derecho».

En un gesto inédito en noviembre pasado incluso siete oficiales estadounidenses integrantes de un tribunal militar en Guantánamo publicaron una carta denunciando las brutales torturas sufridas de manos de agentes de la CIA por uno de los detenidos capturados en Pakistán en 2003 que aún permanece en prisión, Majid Khan. Los altos cargos militares firmantes calificaron esos maltratos de «mancha en la fibra moral de Estados Unidos».

El testimonio de Khan ante el tribunal, de 39 páginas, ejemplifica con crudeza en primera persona por lo que han pasado cientos de prisioneros en esa prisión de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión que trasladó a los primeros prisioneros a Guantánamo partió de la base de Morón

La prisión de la base naval que EEUU mantiene ilegalmente en la Bahía de Guantánamo, en territorio cubano no solo revela la hipocresía moral de la democracia estadounidense, sino también de la Unión Europea y la OTAN.

El 11 de enero de 2002, solo cuatro meses después del inicio de la invasión de Afganistán y de la cruzada de Bush-Blair y Aznar, EEUU transportaba en avión de carga militar desde ese país asiático a Guantánamo, engrillados y encapuchados, al primer contingente de prisioneros capturados en su Guerra contra el Terror.

Ninguno de sus aliados europeos y de otros países objetó que EEUU decidiera unilateralmente trasladar a esos prisioneros a un territorio sin ley, en el que no se aplicaban ni las leyes federales estadounidenses ni se les reconocía como prisioneros de guerra tal como establecen las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.

De hecho ese primer contingente de 23 prisioneros que llegó a Guantánamo tras más de veinte horas de viaje y que el Pentágono mostró con orgullo con sus monos naranja, encadenados y arrodillados a pleno sol del Caribe frente a sus celdas de rejas al aire libre, hizo escala en España.

El vuelo RCH7502 de un C-17 de las fuerzas armadas estadounidenses había partido de la base de Kandahar, en Afganistán, el día 10 de enero, llegó a la Base Aérea de Morón de la Frontera a las dos de la madrugada del día 11 GMT según los registros aeroportuarios, donde los prisioneros fueron trasladados a un avión C-141 con el que llegaron a Guantánamo a las 18.50 GMT.

Sólo sería la primer escala de este tipo en suelo español, al que seguirían otras similares en distintos países de la UE, y a las que pronto se sumarían las 1.080 escalas de los vuelos de la CIA en aviones camuflados transportando clandestinamente prisioneros no solo a Guantánamo sino también a cárceles secretas en Europa y muchos otros países para ser interrogados y torturados.

No hace tantos años que se produjeron estos hechos. Nadie pagó ni política ni penalmente por esos crímenes en Estados Unidos, pero nadie pagó tampoco en España ni en el resto de Europa por esa complicidad de años en la cual hubo muchos protagonistas y sin la cual no se hubieran podido cometer."              (Roberto Montoya, Other news en español, 11/01/22)

La política china para “estabilizar” el Xinjiang a base de paternalismo violento

"Cuando Estados Unidos sufrió los atentados del 11 de septiembre de 2001, su gobierno utilizó la ocasión para bautizar su nueva campaña imperial como “guerra contra el terrorismo”. 

Se invadieron países, se destruyeron Estados y sociedades enteras, se legalizó la tortura y se crearon centenares de cárceles secretas en decenas de países al margen de todo derecho. Miles de sospechosos pasaron por una de ellas, Guantánamo, que continúa abierta. Aunque el nivel de los crímenes del gobierno chino en lugares como Tibet o Xinjiang no llegan, ni de lejos, a esas enormidades, hay cierta pauta común.

China también sufrió serios atentados. Por citar algunos, en 2009 una violenta revuelta de la minoría uigur en Urumchi, la capital de Xinjiang, dejó un abultado balance de incendios y saqueos, y unos 160 muertos, casi todos ellos chinos han a manos de uigures. En 2013, activistas uigures arrollaron a la multitud con un coche en la Plaza Tiananmen de Pekín (cinco muertos). 

Cuatro meses después, en marzo de 2014, otro grupo uigur atacó con cuchillos indiscriminadamente en la estación de autobuses de Kunming, en el sur de China, matando a treinta personas e hiriendo a más de un centenar. Miles de uigures nutren como guerrilleros las filas de los grupos armados yihadistas en Siria e Irak.

La respuesta china a esta realidad se ha visto agudizada por la estrategia de la nueva ruta de la seda (BRI), que traza importantes ejes comerciales y logísticos a través de Asia Central, cuya puerta china es la región de Xinjiang. Por un lado hay que aplastar al yihadismo local, por otro hay que “normalizar” una importante puerta de salida de la nueva ruta de la seda.

“Reeducar”

La política china para “estabilizar” Xinjiang recuerda más a las “campañas de reeducación” de la Revolución Cultural maoísta que a la guerra contra el terror de Washington. La diferencia con la época de Mao es que si entonces era la gente de la ciudad la que era enviada al campo para reeducarse, ahora es un ejército de semivoluntarios chinos de las ciudades quienes acuden a las zonas rurales para “reeducar” a los uigures, considerados como una especie de atávicos y peligrosos paletos.

Desde 2014 cerca de un millón de funcionarios chinos han sido enviados a hogares uigures a convivir en ellos durante ciertos periodos con el objetivo de “enseñarles a vivir correctamente”. Se trata de que los uigures seleccionados aprendan a beber cerveza como estos “hermanos mayores” que ni rezan a Alá, ni se dejan barba, ni se ponen pañuelos.

 En 2018 el diario oficial chino Global Times informó de que 1,1 millón de funcionarios habían sido asignados para estas humillantes experiencias de convivencia a 1,69 millones de “ciudadanos de minorías étnicas en Xinjiang” (léase uigures y también algunos kazajos). 

Estos visitantes realizan un informe de la familia asignada y valoran su nivel de aceptación del modo chino de vida: su apego a la tradición patriarcal y a la religión se considera una especie de enfermedad. En los casos más graves, el enfermo será ingresado en los llamados “Centros de transformación a través de la educación”, también designados como “centros de enseñanza contra el extremismo” o “centros de enseñanza vocacional”. Esta realidad es descrita por el antropólogo Darren Byler como “paternalismo violento”.

Una mina para la propaganda

Desde esta realidad, los aparatos de propaganda de Estados Unidos, a través de Radio Free Asia, las ONG´s vinculadas a la CIA, senadores como el ultra Marco Rubio ( y desde allí los habituales medios de comunicación del establishment), han lanzado desde hace más de un año una intensa campaña contra el adversario chino.

La población uigur de Xinjiang ronda los diez millones, sobre un total de 21 millones. La campaña pretende que “un millón”, dos e incluso tres millones de uigures, según Radio Free Asia, han pasado por estos “campos”, lo que tiene todo el aspecto de una inflada exageración.

Sobre lo que ocurre en esos centros se sabe poco. “Muchos detalles de ese sistema carcelario se ocultan y se desconocen, de hecho hasta el propio objetivo último de los campos no está del todo claro”, reconocía el New York Times en un despacho del 15 de mayo de 2018. 

La oscuridad no impide que los más audaces se tiren a la piscina: “En China, cada día es una Kristallnacht”, titulaba el 3 de noviembre el Washington Post, sugiriendo el holocausto uigur. Muchos testimonios periodísticos beben de fuentes como Adrian Zenz, un académico alemán vinculado a think-tanks ultraconservadores y al World Uyghur Congress, financiados por tapaderas de la CIA como el National Endowment for Democracy (NED). Nada fiable.

Esta campaña que ha llegado profusamente a las páginas de nuestra prensa establishment, apenas ha tenido eco en países musulmanes. China ha llevado a cabo allí una contracampaña, invitando a clérigos musulmanes a visitar Xinjiang. En Indonesia, principal país asiático musulmán, se ha neutralizado por completo la acción realizada por la embajada de Estados Unidos. 

“Funcionarios americanos en Yakarta se han dado cuenta de que la embajada china en Indonesia ha hecho el mismo trabajo que ellos, pero con un mayor presupuesto”, se queja amargamente esta semana el Wall Street Journal. La opinión indonesia sobre “los campos de concentración para uigures” ha cambiado después de que los chinos invitaran a una delegación de personalidades indonesias a Xinjiang.

Más allá de esta guerra de propagandas, lo que está claro es que la situación en Xinjiang no es un “contubernio extranjero”, sino que es un problema interno muy serio que el adversario imperial intenta utilizar. Sus elementos son: una cruda represión, una autonomía sin verdadera soberanía, rechazo, paternalismo y control hacia la cultura tradicional islámica más allá de lo puramente folclórico, una modernidad que los uigures no pueden gobernar y que consideran destructiva, y, finalmente, una angustia demográfica derivada del constante incremento de población han en su región, en la que ya no son mayoría. En resumen, un catálogo muy parecido al de Tibet. 

¿Quiénes son?

Si dividimos las más de cincuenta nacionalidades reconocidas en China en dos grupos según su grado de afinidad con los chinos han, los uigures son la mayor minoría del grupo de los más diferentes. Muchos de ellos sienten una gran aversión hacia la cultura china, que es, al mismo tiempo, la que les aporta la modernidad. Esa situación les crea un conflicto muy complicado. 

En la idiosincrasia uigur, la religión desempeña un papel central. El islam es la esencia de su reivindicada diferencia con la cultura china. Es un atributo nacional. Ese atributo está secuestrado por el enojoso control ejercido sobre la religión por la administración china. Y ese control es un dato milenario de la “correcta y natural” tradición política china hacia las religiones, algo inaceptable para una cultura de tradición religiosa como la uigur.

En Xinjiang, como en Tibet, el Estado se mete en cuestiones como el control de los clérigos, la prohibición de ir a mezquitas a los menores de dieciocho años, e incluso en el llevar barba. La religión es refugio. Otros refugios menos importantes como la arquitectura tradicional llevan años siendo demolidos sin contemplaciones por el martillo de la modernización. En la antes pintoresca ciudad de Kashgar, la administración hace lo mismo que se hizo en Pekín con los barrios tradicionales de hutong: sanear/destruir.

Que no haya condiciones para una autonomía real en Xinjiang no solo tiene que ver con defectos del gobierno chino. El nacionalismo uigur es tan poco democrático como el gobierno chino. En su vertiente religiosa es integrista, y en lo poco que queda de su tradición laica panturquista es ferozmente excluyente y agresivo. Por ahí tampoco hay que hacerse excesivas ilusiones.

 Los uigures suelen ser comparados con los tibetanos, pero en realidad están peor. En condiciones normales en Xinjiang hay más represión y más miedo que en Tibet. El patrocinio extranjero y de diversas onegés del irredentismo uigur es mucho menor. Los uigures son musulmanes, una religión poco “sexy” en Occidente, al lado del budismo tibetano. Y finalmente, no hay un líder nacional uigur comparable al Dalai Lama.

Es poco probable que Pekín cambie su política esencial en Xinjiang. Los chinos están convencidos de que la modernización, el desarrollo económico, aliviará y suavizará poco a poco esos conflictos nacionales, pero la realidad es tozuda, y sugiere que una modernización que se percibe como foránea y disolvente de la propia cultura no hace más que exacerbar el desafío."                        (Rafael Poch, CTXT, 18/12/19)

Human Rights Watch: “Erradicar virus ideológicos”: campaña de represión contra los uigures

"Human Rights Watch sobre la represión a que se ven sometidos los uigures, de mayoría musulmana, por parte del Estado chino, con medidas que incluyen el internamiento en campos de reeducación. Red.]

La formación tiene un único objetivo: aprender las leyes y reglamentos…, erradicar de las mentes pensamientos de extremismo religioso y terrorismo violento y curar enfermedades ideológicas. Si la educación no da fruto, seguiremos impartiendo enseñanza gratuita hasta que los estudiantes logren resultados satisfactorios y se gradúen sin problemas.

– Discurso del dirigente de la Liga de la Juventud Comunista de China, sección de Xinjiang, marzo de 2017

Lo que quieren es obligarnos a asimilarnos, a identificarnos con el país, de manera que en el futuro el nombre de uigur no sea más que un nombre, pero sin su significado.

– Tohti, quien se fue de Xinjiang en 2017, marzo de 2018

El gobierno chino viene aplicando desde hace tiempo políticas represivas contra los pueblos túrquicos musulmanes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (RAUX), en el noroeste de China. Esta actividad se ha intensificado enormemente desde finales de 2016, cuando el secretario del Partido Comunista, Chen Quanguo, fue trasladado de la Región Autónoma del Tíbet para asumir el mando en Xinjiang.

El presente informe ofrece nuevas pruebas de detenciones, torturas y malos tratos de naturaleza arbitraria y masiva practicados por el gobierno chino con los musulmanes túrquicos en Xinjiang y detalla las prácticas sistemáticas y cada vez más generalizadas de control de la vida cotidiana en la región. Estos crecientes abusos violan derechos fundamentales a la libertad de expresión y religiosa y a la intimidad, así como garantías frente a la tortura y juicios injustos. 

Más en general, los controles gubernamentales sobre la vida cotidiana en Xinjiang afectan principalmente a los uigures y kazajos étnicos y a otras minorías, violando la prohibición de toda discriminación estipulada en el Derecho internacional.

El presente informe se basa principalmente en entrevistas con 58 antiguos residentes en Xinjiang, incluidos 5 exdetenidos y 38 familiares de detenidos. De las 58 entrevistadas, 19 personas habían abandonado Xinjiang desde enero de 2017. Proceden de las 14 prefecturas de Xinjiang.

En mayo de 2014, China lanzó su “Campaña de mano dura contra el terrorismo violento” en Xinjiang. 

Desde entonces, el número de personas formalmente detenidas se ha multiplicado por tres en comparación con el quinquenio anterior, de acuerdo con cifras oficiales y estimaciones de la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos.

 El gobierno ha mantenido a personas en prisión preventiva en centros de detención y cárceles, que son instalaciones formales, y en campos de educación política, que carecen de cualquier base en la legislación china. A estos detenidos se les ha negado el derecho a un juicio justo y han sufrido torturas y otros malos tratos.

Así, los medios internacionales en Xinjiang han centrado su atención en los campos de educación política. Pese a que el gobierno chino no facilita información pública sobre el número de detenidos en dichos campos, estimaciones creíbles sitúan la cifra en alrededor de un millón. En estas instalaciones secretas, los internos están obligados a someterse a cursos de adoctrinamiento político durante días, meses e incluso más de un año. 

No son pocos los casos en que personas uigures, especialmente de Hotan y Kashgar, en el sur de Xinjiang –que las autoridades consideran focos antigubernamentales–, informan de que la mitad o más de sus familiares directos se hallan internados en campos de educación política, en prisión preventiva o en la cárcel. 

Por ejemplo, una mujer entrevistada declaró que su marido, sus cuatro hermanos y 12 sobrinos –es decir, todos los hombres de la familia– están detenidos en campos de educación política desde 2017.

Se ha informado de muertes habidas en los campos de educación política, suscitando sospechas respecto a posibles abusos físicos y psicológicos y al estrés provocado por las malas condiciones, la masificación y el confinamiento indefinido.

 Aunque se presta atención médica básica, las personas siguen detenidas incluso estando gravemente enfermas o siendo mayores; también hay adolescentes, mujeres embarazadas y amamantadoras, y personas discapacitadas. Antiguos internos informan de intentos de suicidio y severos castigos por desobediencia en los centros.

Portavoces oficiales chinos han negado que se hayan producido abusos; a su vez, califican dichos campos de “centros de formación profesional y formación para el empleo” para “criminales implicados en delitos menores”. Sin embargo, no permiten ninguna inspección independiente de esas instalaciones por parte de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos ni medios de comunicación.

En los últimos años, el gobierno chino ha destinado enormes recursos financieros, humanos y técnicos al control social en Xinjiang. Las autoridades han contratado a decenas de miles de vigilantes de seguridad y han construido numerosas comisarías de conveniencia y puestos de control en la región. 

Han seguido de cerca las redes familiares y sociales de la gente como indicadores de su grado de fiabilidad política. El gobierno detiene a personas y las somete a controles más estrictos, no solo sobre la base de su propio comportamiento o creencia, sino también de los de miembros de su familia, una forma de castigo colectivo contrario al Derecho internacional en materia de derechos humanos.

Tal vez la medida represiva más innovadora –y preocupante– en Xinjiang sea el uso por parte del gobierno de sistemas de vigilancia masiva de alta tecnología. Las autoridades de Xinjiang proceden a la recogida masiva y obligatoria de datos biométricos, como muestras de voz y ADN, y emplean inteligencia artificial y bases de datos masivos para identificar, caracterizar y seguir a todo el mundo en Xinjiang. 

Las autoridades contemplan estos sistemas como una serie de filtros que permiten seleccionar a personas que muestran cierto comportamiento o ciertos rasgos que según ellas suponen una amenaza para el poder del Partido Comunista en Xinjiang. Estos sistemas también han permitido a las autoridades implementar un control muy selectivo, sometiendo a la gente a restricciones diferentes en función del grado de fiabilidad percibido.

Las autoridades han intentado justificar la mano dura y golpear con dureza a los supuestos terroristas y extremistas de una manera precisa y a fondo en nombre del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad en Xinjiang. Portavoces oficiales de Xinjiang afirman que la raíz de estos problemas está en las problemáticas ideas de los túrquicos musulmanes.

 Entre dichas ideas se incluyen lo que las autoridades califican de dogmas religiosos extremos y asimismo cualquier sentimiento de identidad china ajena a la etnia han, ya sea islámica, túrquica, uigura o kazaja. Las autoridades insisten en que tales creencias y afinidades deben corregirse o erradicarse.

Durante los últimos cinco años ha salido a la luz una serie de incidentes violentos atribuidos a autores uigures en Xinjiang y otros lugares de China, y se ha informado de que combatientes uigures se han unido a grupos extremistas armados en el extranjero. El gobierno ha impuesto restricciones mucho mayores a los uigures que a otras minorías étnicas.

 Sin embargo, desde finales de 2016, los kazajos étnicos que viven en su mayor parte en el norte de Xinjiang han sido objeto, cada vez más, de la Campaña de Mano Dura. Ahora bien, el objetivo difuso de la Campaña de Mano Dura de castigar y controlar a los túrquicos musulmanes en Xinjiang en razón de su identidad no puede justificarse al amparo de la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública.

El trato dado a todos los túrquicos musulmanes en Xinjiang –tanto los internos en centros de detención como los que están ostensiblemente libres– presenta similitudes preocupantes. Dentro de los campos de educación política, los internos están obligados a aprender el chino mandarín, a cantar alabanzas al Partido Comunista de China y a memorizar normas aplicables ante todo a los musulmanes túrquicos. 

Quienes están en libertad han de asistir una vez a la semana, o incluso una vez al día, a ceremonias de izado de la bandera china, a sesiones de adoctrinamiento político y ocasionalmente a clases de chino mandarín.

Dicen a los internos que no les permitirán salir del campo hasta que hayan aprendido por lo menos un millar de caracteres chinos o que se considere que se han convertido en súbditos leales chinos; los túrquicos musulmanes que viven fuera de los campos tienen restringida su libertad de movimientos, una medida que va desde el arresto domiciliario hasta la prohibición de abandonar la localidad o el país.

 Dentro de los campos, castigan a las personas que practican pacíficamente su culto religioso; fuera, las restricciones religiosas del gobierno son tan severas que de hecho prohíben el islam. En el interior, los detenidos son vigilados de cerca por los guardias y no pueden comunicarse con sus familias y amigos. Quienes viven en su casa son espiados por sus vecinos, agentes y sistemas tecnológicos de control de masas, y no se les permite entrar en contacto con quienes se hallan en el extranjero.

La Campaña de Mano Dura de Xinjiang también ha tenido repercusiones en el extranjero. Las autoridades de esta región han declarado delito punible mantener relaciones con extranjeros, lo que afecta sobre todo a personas con conexiones con una lista oficial de “26 países sensibles”, entre ellos Kazajstán, Turquía, Malasia e Indonesia.

 Personas que han estado en estos países, que tienen familiares allí o que se comunican por cualquier otra razón con habitantes de los mismos, han sido interrogadas, detenidas e incluso procesadas y encarceladas. Las personas entrevistadas informan de que incluso han detenido a quienes tienen contactos con países que no figuran en dicha lista o que han sido sorprendidas utilizando WhatsApp u otros programas de comunicación extranjeros.

 Y en los últimos años, el gobierno chino ha intensificado las presiones sobre otros gobiernos para que devuelvan a la fuerza a China a los uigures que viven en sus respectivos países.

Human Rights Watch ha constatado asimismo que la Campaña de Mano Dura ha dividido familias, quedando algunos miembros en Xinjiang y otros en el extranjero, interceptados inesperadamente por el refuerzo de los controles de pasaportes en los cruces de frontera. En ocasiones ha habido niños retenidos en un país sin sus padres. 

Dado que las autoridades de Xinjiang castigan a la gente que se comunica con sus familias en el extranjero, muchos entrevistados han declarado que han perdido el contacto, incluso con niños pequeños, durante meses o más de un año. Otros han declarado que sus familias, cuando logran comunicarse con ellas, han recibido instrucciones de las autoridades de presionarles para que vuelvan a Xinjiang, o de obtener información detallada sobre su vida en el extranjero. 

Debido a ello, muchos kazajos y uigures étnicos en el extranjero viven atemorizados y con ansiedad, especialmente en países que mantienen estrechas relaciones con Pekín, pues sienten que se hallan a merced del gobierno chino pese a vivir al otro lado de la frontera o no tener siquiera la nacionalidad china.

***

Las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang tienen actualmente una amplitud y un alcance que no se conocía en China desde la Revolución Cultural de 1966-1976. La creación y proliferación de campos de educación y otras prácticas abusivas indican que el propósito de Pekín de transformar Xinjiang a su propia imagen y semejanza constituye una operación a largo plazo.

También es evidente que China no prevé un coste político significativo de su campaña abusiva en Xinjiang. Su influencia global le ha ahorrado en gran medida toda crítica pública. Y su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implica que puede vetar cualquier acción internacional, ya se trate de sanciones impuestas por el Consejo, ya de querellas criminales ante la Corte Penal Internacional, a la que China no se ha adherido.

Los obstáculos políticos para reclamar responsabilidades a China por sus violaciones no eximen a Naciones Unidas y los gobiernos de su deber de proteger los derechos humanos. Deben recurrir a foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para llamar la atención del mundo sobre estas cuestiones, en particular en la Revisión Periódica Universal de China, y proponer una acción concertada, como el establecimiento de un mandato especial de investigar la Campaña de Mano Dura. 

Si Naciones Unidas no establece un mecanismo para investigar los abusos en Xinjiang, los gobiernos interesados deberían crear el suyo propio para reunir pruebas de detenciones arbitrarias y otros abusos.

Si estas iniciativas no consiguen cambiar la política china en Xinjiang, los gobiernos deberían adoptar de todos modos medidas unilaterales para enviar un mensaje firme a las altas esferas del gobierno chino de que ponga fin a esas grotescas violaciones. Los políticos deberían aprovechar todas las oportunidades para echar en cara públicamente al presidente Xi los abusos de su gobierno en Xinjiang.

El secretario del partido Chen Quanguo y otros altos cargos responsables de la Campaña de Mano Dura deberían ser objeto de sanciones selectivas, mediante instrumentos como la Ley Global Magnitsky de EE UU y los protocolos de concesión de visados. Habría que imponer mecanismos adecuados de control de exportaciones para denegar a China tecnologías que faciliten los abusos. 

Y los gobiernos deberían adoptar medidas para ayudar a sus propios ciudadanos perjudicados por las políticas chinas en Xinjiang, concediendo el asilo a quienes corren el riesgo de ser devueltos a Xinjiang para ser perseguidos. Asimismo, deberían investigar la intimidación por parte del gobierno chino de las comunidades túrquicas musulmanas de la diáspora e invocar la legislación nacional. 

 Los gobiernos interesados deberían asegurar el seguimiento de los cambios en materia de derechos humanos en Xinjiang, incluida la creciente represión gubernamental de la población túrquica musulmana, a fin de asegurar una respuesta internacional rápida, incluida la condena pública y sanciones selectivas."                 (Viento Sur, 19/09/2018;