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28/5/24

CNN: El horror... se trata de algo más que de simple venganza... Especialmente reveladoras son las condiciones de un hospital de campaña del campo de detención, que alberga a palestinos mutilados en la salvaje destrucción de Gaza por Israel o heridos por palizas de soldados israelíes. Están esposados a camillas fila tras fila, con los ojos vendados y desnudos salvo por un pañal para adultos. No se les permite hablar. Allí yacen día tras día, noche tras noche, en un estado de absoluta privación sensorial, sin nada que les distraiga de sus heridas y su dolor. En medio de todo esto, los médicos internos israelíes pueden utilizar su carne expuesta y vulnerable como lienzo para la experimentación... Allí se les permite utilizar a los palestinos como poco más que ratas de laboratorio y se les anima a llevar a cabo procedimientos médicos para los que no están cualificados. Un denunciante declaró a la CNN: «Me pidieron que aprendiera a hacer cosas en los pacientes, realizando procedimientos médicos menores que están totalmente fuera de mi experiencia». Estas intervenciones se realizaban a menudo sin anestesia... ¿Por qué no evocaría eso, para el público occidental, recuerdos de Josef Mengele, el tristemente célebre médico nazi que consideraba a los internos de los campos de concentración menos que humanos, mero forraje para sus experimentos?

"En una brumosa mañana de noviembre de hace 21 años, intentaba desesperadamente permanecer camuflado. Oculto entre el follaje de un naranjal de la Galilea rural israelí, me apresuré a fotografiar un monótono edificio de hormigón que no aparecía marcado en ningún mapa.

Incluso la señal de tráfico original que identificaba el lugar como Instalación 1391 había sido retirada después de que una investigación del periódico local Haaretz revelara que albergaba una prisión secreta.

Fui el primer periodista extranjero en rastrear la instalación 1391, la mayor parte oculta en un complejo fuertemente fortificado construido en la década de 1930 para reprimir la resistencia al dominio británico en Palestina.

Durante décadas, Israel mantuvo cautivos en secreto en el lugar a ciudadanos extranjeros, en su mayoría árabes, desconocidos para los tribunales israelíes, la Cruz Roja y los grupos de derechos humanos. Muchos eran ciudadanos libaneses secuestrados durante los 18 años de ocupación israelí del sur del Líbano. Pero también había jordanos, sirios, egipcios e iraníes.

Este lugar pronto sería conocido como «lugar negro», término popularizado por la invasión de Irak por Washington ese mismo año. Basándose en las técnicas perfeccionadas por Israel en la Instalación 1391, Estados Unidos torturaría, en los meses y años siguientes, a iraquíes y a otras personas en Abu Ghraib y en el Campo X-Ray de Guantánamo.

Nadie sabía cuántos cautivos había en la Instalación 1391 de Israel, cuánto tiempo llevaban allí o si había más prisiones de este tipo.

Sin embargo, los primeros testimonios de los reclusos revelaron condiciones espeluznantes. Durante la mayor parte del tiempo, se les mantenía en un estado de privación sensorial, obligándoles a llevar gafas oscurecidas, excepto cuando se les torturaba. En un caso que más tarde llegó a los tribunales, un libanés cautivo había sido sodomizado con una porra por el «Mayor George», torturador en jefe del centro.

El mayor George llegaría a ser jefe de las relaciones de la policía israelí con la población palestina de Jerusalén. 

Otra prisión secreta

Era difícil no acordarse de la Instalación 1391 este mes, cuando la CNN publicó una investigación sobre una nueva prisión secreta israelí, Sde Teiman.

Esta prisión se creó hace meses para procesar no a extranjeros, sino a miles de hombres y niños palestinos, víctimas de la ocupación israelí, secuestrados en las calles de Gaza y Cisjordania desde que Hamás perpetró un ataque de un día el 7 de octubre. Unos 1.150 israelíes murieron y 250 fueron arrastrados a Gaza como rehenes.

Al igual que en el caso de la Instalación 1391, las revelaciones sobre los horrores que tienen lugar en el nuevo lugar negro de Israel apenas han recibido atención por parte de los medios de comunicación occidentales.

La CNN, conocida por suprimir las atrocidades israelíes de su cobertura por orden de los ejecutivos, debe ser aplaudida por hacer por fin lo que los medios de comunicación occidentales a menudo afirman falsamente que es su papel: pedir cuentas al poder.

Titulado «Atados, con los ojos vendados, en pañales», el extenso artículo detalla las condiciones degradantes y brutales a las que son sometidos los palestinos secuestrados en Gaza y Cisjordania.

Se desconoce el número de palestinos que pasan por el secreto campo de detención, situado en el desierto del Néguev. Pero las fotos por satélite muestran que el lugar se está ampliando rápidamente, presumiblemente para alojar a cada vez más «prisioneros».

Algunos palestinos que han salido totalmente destrozados de este sistema de encarcelamiento -en el que el mundo vio desfilar a hombres y niños atados con bridas, casi desnudos y con los ojos vendados por las calles y estadios de Gaza en noviembre y diciembre- empezaron a contar sus experiencias hace meses.

Como era de esperar, los medios de comunicación occidentales ignoraron en gran medida los testimonios.

Incluso cuando el personal de Sde Teiman empezó a revelar historias de terror hace semanas, los medios occidentales bostezaron colectivamente, salvo la CNN.
Patrón de fallo de los medios de comunicación

Esta pauta de fracaso se viene observando desde hace meses en las páginas de Middle East Eye.

Por ejemplo, los medios de comunicación occidentales han evitado cuidadosamente mirar los informes israelíes según los cuales una parte de los muertos del 7 de octubre no eran víctimas de Hamás, sino del famoso «procedimiento Aníbal» del ejército israelí, un protocolo que consiste en matar a otros israelíes antes que dejarlos cautivos.

Los periodistas occidentales siguen evitando en su mayoría poner de relieve el hecho de que Israel está privando activamente de alimentos y agua a toda la población de Gaza, un crimen incuestionable contra la humanidad. En su lugar, los periodistas se hacen eco de sus propios gobiernos al calificar esta hambruna inducida por Israel de «crisis humanitaria«, como si se tratara de un desafortunado desastre natural.

Los medios de comunicación también ocultan el hecho de que las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y Reino Unido, están ayudando directamente a Israel en su hambruna masiva de la población de Gaza, tanto negando la financiación a la principal agencia de ayuda de la ONU, Unrwa, como negándose a ejercer cualquier presión significativa sobre Israel para que permita la entrada de ayuda.

Haciéndose eco de la administración Biden, los medios de comunicación siguen dudando en calificar las acciones de Israel en Gaza como lo que son, prefiriendo una evaluación ocasional de boca harinosa de que Israel «puede estar en riesgo» de cometer crímenes de guerra. Ninguno apunta a la idea general de que todos estos «posibles» crímenes de guerra individuales equivalen indiscutiblemente a un genocidio.

Esa ofuscación se ha hecho aún más difícil de mantener con la solicitud esta semana por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) de órdenes de detención por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, junto con tres dirigentes de Hamás.

No obstante, los medios de comunicación han hecho hincapié en la indignación de Israel y de la administración Biden ante el tribunal más que en el fondo de sus acusaciones, incluida la de que Israel está exterminando a los palestinos de Gaza mediante una inanición planificada.

Los medios de comunicación evitan la claridad en estos temas porque la claridad sería inconveniente. ¿Por qué? Porque, como veremos, el propósito de los medios de comunicación occidentales es crear una narrativa que sirva a los gobiernos occidentales en la consecución de sus objetivos generales de política exterior en Oriente Medio, rico en petróleo, no poner fin al sufrimiento sin límites en Gaza o hacer que Israel rinda cuentas por sus crímenes. 

Utilizados como ratas de laboratorio

Como revelaron a CNN un puñado de informantes, los palestinos permanecen encarcelados durante semanas en Sde Teiman mientras son torturados, tanto en los interrogatorios formales como en las condiciones en las que permanecen recluidos.

Se les obliga a permanecer sentados al aire libre con los ojos vendados en un delgado colchón durante el calor del desierto y a dormir en el frío de la noche desértica. Continuamente esposados, se les obliga a permanecer inmóviles y en silencio. Por la noche, los perros los persiguen. Cualquiera que hable o se mueva corre el riesgo de ser golpeado salvajemente hasta romperle los huesos.

Hombres palestinos fueron detenidos y desnudados por las fuerzas israelíes en Gaza antes de ser trasladados a un lugar no revelado (Screengrab/X)

Las manos y las piernas de las personas permanecen atadas con bridas durante tanto tiempo que, según el informe, algunas han necesitado la amputación de miembros.

Como relató un informante israelí a la CNN, ninguno de estos abusos tiene que ver con la recopilación de información. «Se hicieron por venganza», admitió. Los reclusos son sacos de boxeo para los soldados y guardias israelíes.

Pero se trata de algo más que de simple venganza. Entender lo que está ocurriendo en Sde Teiman proporciona una imagen más clara de lo que está ocurriendo a una escala mucho mayor, incluso más industrial, en Gaza.

Especialmente reveladoras son las condiciones de un hospital de campaña del campo de detención, que alberga a palestinos mutilados en la salvaje destrucción de Gaza por Israel o heridos por palizas de soldados israelíes.

Están esposados a camillas fila tras fila, con los ojos vendados y desnudos salvo por un pañal para adultos. No se les permite hablar.

Allí yacen día tras día, noche tras noche, en un estado de absoluta privación sensorial, sin nada que les distraiga de sus heridas y su dolor. En medio de todo esto, los médicos internos israelíes pueden utilizar su carne expuesta y vulnerable como lienzo para la experimentación.

Según un denunciante, el centro de detención se ha ganado rápidamente la reputación de ser «un paraíso para los internos».

Allí se les permite utilizar a los palestinos como poco más que ratas de laboratorio y se les anima a llevar a cabo procedimientos médicos para los que no están cualificados.

Un denunciante declaró a la CNN: «Me pidieron que aprendiera a hacer cosas en los pacientes, realizando procedimientos médicos menores que están totalmente fuera de mi experiencia».

Estas intervenciones se realizaban a menudo sin anestesia. A diferencia de los médicos de Gaza, los médicos israelíes tienen fácil acceso a los analgésicos. No utilizarlos es una opción.

Falta personal médico

Con los medios de comunicación occidentales tan dispuestos a colaborar en la deshumanización de los palestinos, es importante recordar quiénes son estos «prisioneros».

Israel quiere hacernos creer que su objetivo es Hamás y que las personas que «detiene» -el eufemismo ampliamente aceptado, utilizado por la CNN en este artículo, para referirse a las personas que Israel toma como rehenes- son palestinos sospechosos de tener vínculos con el grupo militante.

Sin embargo, uno de los testimonios más significativos de los abusos de Sde Teiman recogidos por la CNN procede del Dr. Mohammed al-Ran, el canoso jefe de cirugía del ahora destruido hospital indonesio de Gaza.

Fue «detenido» -secuestrado- por Israel en diciembre y trasladado a Sde Teiman. No hay indicios de que participara en un combate armado contra las tropas israelíes invasoras ni de que estuviera vinculado a Hamás de ninguna otra forma. Fue secuestrado, junto con otros miembros del personal médico, mientras trabajaba en un turno de tres días en otro centro médico, el Hospital Baptista de Al Ahli al Arabi.

Se había visto obligado a huir del hospital indonesio después de que Israel lo bombardeara y el personal recibiera fuertes palizas.

Un número incalculable de personal médico ha sido asesinado o desaparecido por Israel durante sus ataques sistemáticos contra los hospitales de Gaza. La destrucción del sector sanitario del enclave es otro flagrante crimen contra la humanidad que los medios de comunicación occidentales han evitado cuidadosamente identificar.

El contraste con la certeza implacable de los medios de comunicación sobre los crímenes de guerra de Rusia en Ucrania hace poco tiempo es realmente marcado.

Los grupos de derechos humanos intentan desesperadamente localizar a estos rehenes palestinos con recursos de habeas corpus, igual que antes intentaron encontrar a los extranjeros cautivos en la Instalación 1391. Los tribunales israelíes se han mostrado deliberadamente obstruccionistas.

En un caso de prueba, el grupo israelí de derechos humanos HaMoked, que fue fundamental en la identificación de la Instalación 1391, ha estado solicitando al Tribunal Supremo de Israel -entre cuyos jueces hay algunos que viven en asentamientos judíos ilegales de Cisjordania- que encuentre a un técnico de rayos X palestino desaparecido desde febrero.

Fue capturado por las tropas israelíes en el hospital Nasser, en el sur de Gaza. Se sospecha que está retenido en Sde Teiman.

Según HaMoked, más de 1.300 palestinos de Gaza están desaparecidos, presuntamente bajo custodia israelí, entre ellos 29 mujeres.

Se sabe que otro cirujano, el Dr. Adnan al-Bursh, figura entre las más de dos docenas de palestinos que han muerto en misteriosas circunstancias en cautiverio israelí. Lo más probable es que fuera torturado hasta la muerte o posiblemente asesinado en un procedimiento médico fallido.


Abusos «sin precedentes»

En una prueba más de que esta oleada de violencia contra los presos no guarda relación alguna con las sospechas de que pertenezcan a Hamás o hayan participado en el atentado del 7 de octubre, durante el fin de semana se conocieron detalles de los implacables y salvajes abusos sufridos por el preso palestino más destacado detenido por Israel.

Marwan Barghouti, del Movimiento Palestino de Liberación Nacional dirigido por el presidente palestino Mahmoud Abbas – archienemigo de Hamás – lleva 22 años encerrado. A veces llamado el «Mandela palestino», Barghouti está considerado un futuro líder potencial del pueblo palestino.

Según sus compañeros de prisión y grupos de derechos humanos, Barghouti apenas se reconoce tras una serie de palizas, una de las cuales le ha dejado con dificultades para ver por el ojo derecho.

Según los informes, sufre dolores constantes por una supuesta luxación de hombro resultante de una agresión, lesión que no ha sido tratada.

Según su abogado israelí, lo han arrastrado por el suelo esposado y desnudo delante de otros reclusos de la prisión de Ayalon.

Barghouti ha perdido mucho peso debido a las severas restricciones alimentarias impuestas a todos los presos palestinos desde octubre y se le ha negado el acceso a libros, periódicos y televisión.

Tal Steiner, del grupo israelí de derechos humanos Comité Público contra la Tortura en Israel, declaró a The Guardian que Barghouti estaba siendo sometido a abusos «sin precedentes» y que ese tipo de tortura se había convertido en «norma» para los 8.750 palestinos que se sabe que están encarcelados desde octubre.

El ministro del gobierno que supervisa el servicio penitenciario israelí, Itamar Ben Gvir, pertenece al partido declaradamente fascista Poder Judío, cuyas raíces ideológicas en el kahanismo consideran explícitamente a los palestinos poco más que alimañas. 

Fichas de negociación

Los medios de comunicación occidentales se han centrado sin cesar en el sufrimiento de los más de 100 rehenes israelíes que siguen retenidos en Gaza, aunque siguen sin mencionar que gran parte de ese sufrimiento se deriva de las acciones de Israel.

Los rehenes, como los palestinos de Gaza, están bajo la lluvia de bombas de Israel. Y, al igual que los palestinos, se enfrentan a una continua escasez de alimentos provocada por el bloqueo de la ayuda por parte de Israel. La violencia indiscriminada contra Gaza afecta tanto a los rehenes como a los palestinos.

Sin embargo, según los informes de la CNN y los medios de comunicación israelíes, parece probable que muchos de los miles de palestinos secuestrados por Israel desde octubre se enfrenten a un destino mucho más cruel que el de los rehenes israelíes de Gaza.

A Hamás le interesa mantener a los rehenes israelíes lo más a salvo posible porque son valiosas monedas de cambio para sacar al ejército israelí de Gaza y liberar a los palestinos de lugares de tortura como Sde Teiman.

Israel no se enfrenta a tales presiones. Como potencia ocupante y Estado cliente favorito de Washington, puede infligir cualquier castigo que desee a los palestinos sin apenas repercusión.

Esa es otra faceta de los últimos siete meses que los medios de comunicación se niegan a reconocer. 

Destruir la ayuda

Mientras tanto, se difama a la opinión pública occidental si intenta calificar los crímenes de Israel de genocidio o explicar cómo se está desarrollando el genocidio. Esto se hace eco de las sospechas de una abrumadora mayoría de jueces de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en enero y está implícito en la solicitud de órdenes de detención presentada esta semana por el fiscal jefe de la CPI.

La reciente, perversa e interesada redefinición occidental del antisemitismo -una victoria para los grupos de presión pro-Israel- equipara el odio a los judíos con la crítica a Israel más que con el odio real a los judíos.

Según la nueva definición de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto, es antisemita establecer un paralelismo entre las acciones de Israel y el genocidio con el que los occidentales están más familiarizados: el Holocausto.

Convenientemente para Israel, las instituciones occidentales pueden ahora negar una lección demasiado obvia de la historia y la psicología humana: las víctimas de abusos son muy capaces de cometerlos ellas mismas.

La reconstrucción de la CNN del hospital de campaña de Sde Teiman muestra a palestinos deshumanizados -atados, con los ojos vendados y desnudos- en filas de camillas listos para ser sometidos a experimentos. ¿Por qué no evocaría eso, para el público occidental, recuerdos de Josef Mengele, el tristemente célebre médico nazi que consideraba a los internos de los campos de concentración menos que humanos, mero forraje para sus experimentos?

¿Qué ecos deben sentir los occidentales al ver cómo extremistas judíos de los asentamientos ilegales de Israel tienden emboscadas a los camiones de ayuda que se dirigen a Gaza, destrozan los suministros que necesita desesperadamente una población hambrienta, queman los camiones y golpean a los conductores, todo ello mientras los soldados y la policía israelíes permanecen impasibles, permitiendo que se produzca la destrucción?

¿Cómo podría ser erróneo -antisemita, nada menos- reflexionar sobre si un racismo brutal y genocida similar impulsó a los extremistas en Alemania en 1938 cuando se ensañaron contra los judíos en la Kristallnacht?

¿Y qué decir de quienes han comparado la pequeña Gaza con un campo de concentración durante los 17 años de asedio israelí por tierra, aire y agua, con palestinos enclaustrados privados de libertades básicas y de lo esencial para vivir? ¿O los que ahora llaman a Gaza campo de exterminio mientras Israel mata de hambre a la población?

¿Son tales apreciaciones realmente una prueba de odio a los judíos? ¿O son la prueba de que estos observadores han entendido bien las lecciones de la historia y del Holocausto? La degradación y el abuso sistemáticos de un pueblo deberían considerarse siempre un crimen contra nuestra humanidad común.

El deber moral de todos nosotros es detener estas atrocidades, no abstenernos de juzgarlas y contemplarlas en silencio hasta su conclusión lógica.

Cámaras de tortura

Los actuales horrores que Israel está infligiendo a los reclusos de Sde Teiman y, a una escala aún mayor, a los palestinos del campo de exterminio de Gaza, son mucho más que una simple venganza por el 7 de octubre.

Sde Teiman es la pequeña cámara de tortura, reflejo de la mucho mayor cámara de tortura de la propia Gaza, donde las bombas y el hambre están consiguiendo precisamente los mismos fines.

Hasta hace siete meses, el objetivo de Israel era mantener a los palestinos como un pueblo sometido, esclavizado y sin esperanza, confinado en una serie de campos de concentración en Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Se esperaba que permanecieran mudos en su sufrimiento e invisibles para el mundo exterior.

A largo plazo, se asumió que los palestinos preferirían huir de su inmiseración en estas tierras permanentemente ocupadas y colonizadas.

La revuelta de los esclavos del 7 de octubre – brutal y fea como lo han sido tales revueltas a lo largo de la historia – fue una conmoción devastadora. No sólo para un Israel aferrado a su proyecto colonial racista y práctico de subyugar al pueblo palestino. También fue una sacudida para el proyecto colonial más amplio de Occidente, en el que Israel está tan estrechamente integrado.

En el «orden basado en reglas» de Washington, la única regla significativa es que lo que Washington y sus clientes quieren, lo consiguen. El planeta, sus recursos y sus pueblos son considerados poco más que juguetes por la superpotencia mundial en jefe.

No se puede permitir que las revueltas contra este orden -ya sean las promovidas por Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano, los Houthis en Yemen o el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán- se conviertan en un modelo. El «orden basado en reglas» debe restaurarse con el salvajismo necesario para enseñar a los colonizados y esclavizados cuál es su lugar.

Ese era el mensaje de los propios lugares negros que Washington necesitaba en su inútil «guerra contra el terror», desde Abu Ghraib hasta Guantánamo, lugares que se basaban en las experiencias israelíes de «quebrar» a los reclusos de la Instalación 1391.

La complicidad de las instituciones occidentales en el actual genocidio de Israel no es una anomalía. No deriva de un malentendido o una confusión. La clase política y mediática occidental ve el genocidio de Gaza tan claramente como el resto de nosotros. Pero para ellos está justificado, incluso es necesario. Hay que enseñar a los colonizados y oprimidos que la resistencia es inútil.

Sde Teiman, como el campo de exterminio de Gaza, cumple su propósito. Está ahí para quebrar el espíritu humano. Está ahí para convertir a los palestinos en colaboradores voluntarios de su propia destrucción como pueblo, de su propia limpieza étnica.

Y al mismo tiempo se está dirigiendo un mensaje subliminal al público occidental: éste también podría ser su destino si no se une a los vítores de las atrocidades cometidas por Israel en Gaza."


(Jonathan Cook , Premio Especial de Periodismo Martha Gellhorn, Middle East Eye, 24/05/05/24, traducción DEEPL)

9/2/23

Un agricultor palestino estaba labrando sus tierras cuando un grupo de colonos israelíes le atacó, rompiéndole ambos brazos. A continuación el ejército israelí arrestó al palestino por "herir a uno de los colonos"

Shine McShine @Shine_McShine

Un agricultor palestino estaba labrando sus tierras cuando un grupo de colonos israelíes le atacó, rompiéndole ambos brazos. A continuación el ejército israelí arrestó al palestino por "herir a uno de los colonos":

"Israeli settlers attacked a Palestinian man, breaking both his arms. Then the army arrested him" (Mondoweiss, 13/09/22)

Cuando llegó la ambulancia de la media luna roja para atender al agricultor herido los colonos israelíes rajaron las ruedas del vehículo para evitar que el hombre fuese trasladado a un hospital.

1:10 p. m. · 16 sept. 2022
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25/1/23

Grupos de derechos humanos critican la inacción del fiscal de la Corte Penal Internacional en un año en el que más de 200 palestinos, entre ellos muchos niños, fueron asesinados en Cisjordania y la Franja de Gaza

 "Han pasado casi dos años desde que la Corte Penal Internacional (CPI) comenzó a investigar los crímenes de guerra cometidos en Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Oriental, y Gaza. Pero la CPI aún no ha dado pasos concretos para hacer avanzar la investigación.

Frustradas por el ritmo glacial de la investigación de la CPI y la falta de claridad sobre cómo y cuándo avanzará la investigación, tres organizaciones palestinas de derechos humanos emitieron el 6 de diciembre una declaración conjunta ante la Asamblea de Estados Partes en el Estatuto de Roma (órgano de gestión de la CPI), en la que afirmaban,

    "No hemos visto ningún paso concreto en esta investigación, ninguna acción por parte del Fiscal para romper el círculo vicioso de la impunidad. La situación sobre el terreno se deteriora año tras año, mes tras mes, día tras día. Sentimos que nos han dejado solos en nuestra lucha. Y las víctimas palestinas están perdiendo la esperanza".

La noticia inicial de la investigación de la CPI llegó el 3 de marzo de 2021, cuando Fatou Bensouda, entonces fiscal jefe de la CPI, anunció la apertura de una investigación formal sobre los crímenes de guerra cometidos en Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y la Franja de Gaza, durante y desde la "Operación Borde Protector" de Israel de 2014, en la que murieron 2.251 palestinos.

Tras un examen preliminar de cinco años, Bensouda halló una base razonable para creer que las fuerzas israelíes habían cometido los crímenes de guerra de homicidio intencionado, lesiones graves causadas intencionadamente, uso desproporcionado de la fuerza y traslado de israelíes a territorio palestino.

Bensouda también determinó que había base razonable para investigar posibles crímenes de guerra cometidos por palestinos, como ataques intencionados contra civiles, utilización de civiles como escudos humanos y tortura y homicidio voluntario.

 Las tres organizaciones palestinas de derechos humanos que emitieron la declaración conjunta este mes para expresar su preocupación por la falta de avances en la investigación de la CPI son el Centro Palestino de Derechos Humanos (un grupo que protege los derechos humanos y promueve el Estado de derecho de acuerdo con las normas internacionales), el Centro Al-Mezan de Derechos Humanos (un grupo que protege los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, en el territorio palestino ocupado) y Al-Haq (que documenta las violaciones de derechos humanos en el territorio palestino ocupado).

"En 2021, la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía se percibió como un gran avance", escribieron los grupos en su declaración conjunta. "Tras años de frustración, esperábamos que fuera el comienzo de una nueva era de rendición de cuentas por los graves crímenes cometidos en la Palestina ocupada".

 Sólo este año, añadieron los tres grupos, más de 200 palestinos, entre ellos muchos niños, fueron "asesinados por el régimen colonial de colonos de Israel en Cisjordania y la Franja de Gaza". También señalaron que la querida periodista palestina de Al-Jazeera Shireen Abu Akleh "fue asesinada a sangre fría por un francotirador israelí a plena luz del día" y que seis destacadas organizaciones palestinas de la sociedad civil, entre ellas Al-Haq, fueron clausuradas tras ser designadas falsamente como "organizaciones terroristas."

 A pesar de estos acontecimientos, escribieron las tres organizaciones, la Fiscalía de la CPI no ha emitido ni una sola declaración sobre Palestina. Contrastaron la inacción del fiscal de la CPI sobre Palestina con la situación de Ucrania, sobre la que la Fiscalía ha sido muy proactiva.

"También es crucial que se aplique el mismo nivel de atención, actividad y recursos a otras situaciones, incluida Palestina, para evitar percepciones de selectividad y politización", escribieron los grupos. "Las víctimas no deben competir por la justicia y el doble rasero no debe tener cabida en la justicia".

El 21 de noviembre, Bezalel Smotrich, jefe del partido de extrema derecha israelí Sionismo Religioso, calificó a las organizaciones palestinas de derechos humanos de amenaza existencial para Israel. Dijo que el gobierno israelí entrante debe tomar medidas legales y de seguridad contra ellas, incluyendo "confiscar sus fondos."

Carta abierta a Karim Khan

Fiscal de la CPI Karim Khan. (Tribunal Penal Internacional de la ONU para la ex Yugoslavia, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Dos días después, 198 organizaciones palestinas, regionales e internacionales de la sociedad civil -entre ellas el Gremio Nacional de Abogados, el Centro de Derechos Constitucionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Asociación Internacional de Abogados Demócratas- escribieron una carta abierta al fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, en la que denunciaban "las oportunidades perdidas de hacer declaraciones preventivas en el último año".

Las organizaciones citaron los homicidios de palestinos por parte de Israel "sin provocación clara", así como las redadas y agresiones contra fieles en la mezquita de Al Aqsa y Al Haram Al Sharif, en la Jerusalén Oriental ocupada.

Tres de las seis "organizaciones terroristas" designadas, señalaron las organizaciones de la sociedad civil, han estado proporcionando a la fiscalía de la CPI información sobre "presuntos delitos graves cometidos por ciudadanos israelíes dentro de la jurisdicción de la Corte".

Los grupos citaron la Convención sobre el Apartheid, que enumera como "acto inhumano" del apartheid la "persecución de organizaciones y personas privándolas de sus derechos y libertades fundamentales por oponerse al apartheid".

Las organizaciones de la sociedad civil escribieron al fiscal de la CPI: "Aunque la persecución de estas organizaciones por parte de Israel podría obstaculizar el trabajo de la CPI, no ha habido ninguna reacción pública por parte de su oficina". Las OSC instaron a la Fiscalía a:

   -Condenar públicamente y pedir a Israel que anule las designaciones terroristas;
   -Afirmar públicamente que la Fiscalía examinará los crímenes cometidos por Israel durante su ofensiva militar no provocada de agosto de 2022;
    -Agilizar urgentemente la investigación de la CPI sobre la situación de Palestina, incluidos los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución; y
    -Emitir declaraciones preventivas para disuadir a Israel de cometer crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

El primer ministro designado, Benjamin Netanyahu, está formando "el gobierno de extrema derecha más radical de Israel hasta la fecha", escribió el martes la abogada Diana Buttu, ex asesora del equipo negociador de la Organización para la Liberación de Palestina, en un artículo de opinión publicado en The New York Times.

Es probable que el gobierno de Netanyahu se muestre receptivo a la sugerencia de Smotrich de perseguir a las organizaciones palestinas de derechos humanos incluso con más severidad que el gobierno anterior, que las calificó de "terroristas" y cerró sus oficinas.

 Presión de Washington

 Además, el principal facilitador de la ocupación ilegal israelí de territorio palestino, el gobierno de Estados Unidos -que proporciona anualmente a Israel 3.800 millones de dólares en ayuda militar- está ejerciendo presión implícitamente sobre Khan para que dé largas a la investigación de la CPI sobre los crímenes israelíes.

Cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitó Jerusalén en julio, él y el primer ministro israelí, Yair Lapid, concluyeron un acuerdo en el que afirmaban que "continuarían trabajando juntos para combatir todos los esfuerzos... para señalar injustamente [a Israel] en cualquier foro, incluyendo las Naciones Unidas o la Corte Penal Internacional".

Aunque Estados Unidos se niega a adherirse a la CPI, ha intentado sistemáticamente socavarla, expresando "serias preocupaciones por los intentos de la CPI de ejercer su jurisdicción sobre personal israelí".

Pero el 15 de marzo, 100 senadores estadounidenses (a los que les cuesta ponerse de acuerdo en cualquier cosa) aprobaron por unanimidad la SR 546, que "anima a los Estados miembros a solicitar a la CPI o a otro tribunal internacional apropiado que tome las medidas oportunas para investigar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas de Rusia".

Para los palestinos y sus aliados, la hipocresía estadounidense es palpable. Estados Unidos critica selectivamente a algunos países (como Rusia y China) por sus violaciones de derechos humanos, pero ignora señaladamente la ocupación ilegal por Israel de territorio palestino y su comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra el pueblo palestino.

Quienes se oponen a los crímenes de Israel deben hacer constar su firme oposición a que Estados Unidos permita la opresión de los palestinos por parte de Israel, tanto a sus congresistas como a la Casa Blanca.

Mientras el gobierno estadounidense no reciba una respuesta significativa, seguirá facilitando la ocupación ilegal de Israel y violando los derechos humanos del pueblo palestino. La gente también puede unirse al movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones para poner fin al apoyo internacional a la opresión de los palestinos por Israel y presionar a Israel para que cumpla el derecho internacional."


(Marjorie Cohn es profesora emérita de la Facultad de Derecho Thomas Jefferson, ex presidenta del Gremio Nacional de Abogados. Consortium News, 16/12/22; traducción DEEPL)

30/6/22

Juana Ruiz: “He sido utilizada por Israel por ser española y palestina”... “En la cárcel me he dado cuenta de la verdadera cara de Israel”... “me han asustado los interrogatorios, que han mostrado un odio infernal”... “Los israelíes sienten más miedo que nosotros. Tienen que cambiar el chip y ser más humanos”... no deja de mencionar a cada momento a sus compañeras presas en la prisión de Damon, en un bosque de las afueras de Haifa (norte de Israel). “No me dejaron sola. Me hacían reír, entrar en una rutina para evitar que me deprimiera. A esas mujeres extraordinarias se lo debo todo por su cariño”

 "Ahora solo quiero ver el mar, las montañas. Estar con mi familia, los amigos”. Cuatro días después de salir de una prisión israelí, Juana Ruiz Sánchez, de 63 años, conversó con buen ánimo en la tarde del viernes con un grupo de medios españoles, entre ellos EL PAÍS, en su casa de Beit Sahur (Cisjordania), situada a un kilómetro de la basílica de la Natividad de Belén. 

En la madrugada del pasado 13 abril dos docenas de soldados irrumpieron en esa misma morada para detener a la cooperante madrileña y llevársela aterrorizada una mazmorra en Israel. Diez meses después ha regresado con diez kilos menos y la sombra de la extenuación en la mirada, pero sin haber perdido un ápice del apego a la condición humana.

“En la cárcel me he dado cuenta de la verdadera cara de Israel”, relata mientras sus hijos, María y George, ofrecen café, té y pastas a los periodistas, y su marido, el palestino Elías Rishmawi, observa complacido su regreso al hogar. Todos parecen felices. Juana Ruiz también goza al fin de la serenidad familiar tras un largo cautiverio. “Los israelíes sienten más miedo que nosotros. Tienen que cambiar el chip y ser más humanos”, razona sin aparente sombra de rencor sobre un Estado obsesionado con la seguridad. “Pero tengo miedo, aún no ha acabado mi condena”, advierte, “y me han asustado los interrogatorios, que han mostrado un odio infernal”.

 En noviembre, la cooperante española aceptó una condena a 13 meses de cárcel ante un tribunal militar israelí por “prestar servicios a una organización ilegal” y “tráfico de divisas en Cisjordania”, dentro de la ONG palestina Comités de Trabajo para la Salud, con la que colaboraba desde hacía 28 años. El acuerdo alcanzado por su abogado con la Fiscalía castrense le eximió de ser encausada por graves cargos de terrorismo y la puso a salvo de una prolongada permanencia entre rejas a la espera de juicio. El lunes vio confirmada su libertad condicional con tres meses de antelación.

“Espero que Israel recule y le dé un país, aunque sea pequeñito, a los palestinos. Y que sean vecinos. Algo tiene que cambiar. Se está creando mucho odio y debemos volvernos más humanos, no pensar en muertes, en guerras”, argumenta al ser preguntada sobre la creación de un Estado palestino.

Ruiz asegura que el trato físico en prisión ha sido “correcto”. “Mentalmente, ha sido otra historia”, admite. “Todavía me pregunto el porqué. La experiencia ha sido demoledora: la separación de mi familia, aislada”. Se interroga por lo ocurrido en busca de respuestas, sin dejar de mencionar a cada momento a sus compañeras presas en la prisión de Damon, en un bosque de las afueras de Haifa (norte de Israel). “No me dejaron sola. Me hacían reír, entrar en una rutina para evitar que me deprimiera. A esas mujeres extraordinarias se lo debo todo por su cariño”.

 —Cuando en agosto llegó esposada y con grilletes al tribunal militar de Ofer (Cisjordania) no parecía estar recibiendo un trato normal.— se le plantea durante el encuentro con la prensa.

—No lo era. Era mi primera vista. Una sesión de 20 minutos que me supuso tres días de periplo. Me trasladaron a varias prisiones. Me despertaron muy temprano. Estuve 12 horas esperando a comparecer ante el tribunal. Es una manera de presionar. Estaba muy mal. Volví destrozada.

Ruiz padece de una enfermedad crónica por la que está medicada. Una muñequera de color beis protege su mano izquierda. “Aún no he podido ir al médico”, confiesa. “He estado en la cárcel con muchos dolores: se me dormía el brazo y he aguantado a base de calmantes”.

La entereza en el penal de Damon con sus compañeras se desvanece, sin embargo, al recordar el primer mes de detención. “Me desarmé totalmente. Caí en una depresión, en lloros. En no querer comer ni ducharme”, relata con semblante sombrío. “Me sometieron a continuos interrogatorios. Me llevaban desde la cárcel de Sharon [en la zona de Tel Aviv] hasta un centro de detención de Ashkelon [junto a la franja de Gaza]. Pasaba 12 horas fuera de mi prisión habitual y volvía totalmente extenuada”, detalla.

En la cárcel de mujeres cercana a Haifa escuchaba los mensajes de su familia en el programa de la radio palestina dedicado a los presos en Israel. En 10 meses solo tuvo tres visitas familiares y dos llamadas telefónicas, aparte de los breves encuentro a voces en la sala de vistas del tribunal militar de Ofer.

“Me acusaron de financiación de terrorismo, pero yo solo era una empleada de una ONG que trabajaba en la presentación de los proyectos de cooperación, no en su ejecución, que era auditada por instituciones españolas”, puntualiza. “Mi ideología es la humanidad, los derechos civiles, en absoluto estoy relacionada con cuestiones políticas. He trabajado 28 años con la organización sanitaria y nunca me han planteado dudas sobre su legalidad”.

 Ruiz considera que su proceso ha sido una causa general contra las ONG humanitarias palestinas: “Yo solo soy como un clavo, pequeñito, pero fundamental. Un punto débil. Soy española, pero también tengo ciudadanía palestina y por eso me han utilizado en Israel para enviar un mensaje de propaganda a Europa y cortar el flujo de financiación a las ONG”.

“Tengo la conciencia tranquila”

“Creo que esa ha sido la intención de Israel con mi detención, pero el resultado ha sido todo lo contrario. Toda la gente ha demostrado estar conmigo en Palestina y en España. Tengo la conciencia tranquila”, replica para defender su inocencia.

 El lunes por la tarde, cuando le anunciaron su liberación, se echó a llorar antes de abrazarse con todas sus compañeras. “Estaba en estado de choque”, describe su peripecia. Cuando llegó al puesto de control de Yamala, entre Israel y Cisjordania, cerca de Yenín, no había acudido aún el representante consular español que iba a recogerla. “Un taxista palestino me vio desorientada. ‘Soy una presa que acaba de salir’, le expliqué. ‘No necesito un taxi. Solo un móvil para decirle a mi marido que ya estoy libre”. Se lo ofreció de inmediato, recuerda entre sonrisas.

“Enseguida vino el vicecónsul y hablé por teléfono con el ministro español”, explica sobre su comunicación de urgencia con el titular de Exteriores, José Manuel Albares. “Me pidió que se lo cuente todo cuando vaya a Madrid”. La sentencia le prohíbe trabajar en ONG palestinas durante cinco años. “Estoy cansada, tengo problemas de salud y pronto cumpliré la edad de jubilación. La cárcel me ha hecho pensar. Quiero vivir a caballo entre España y Palestina”, adelanta sus próximos planes, cuando pueda viajar a España a partir del 13 de mayo.

 “Me gustaría escribir unas memorias, sobre mi experiencia desde que llegué a Palestina en 1985 y contar lo que ha pasado ahora en la prisión”. Pero antes quiere “dar las gracias a la ciudadanía española” por el apoyo que ha recibido para lograr su excarcelación. “A veces no nos damos cuenta de lo solidaria que es la gente en España”, concluye emocionada. “Nuestro país tiene mucha más humanidad que otros. Me siento muy orgullosa de él”."               (Juan Carlos Sanz , El País, 12/02/22)

9/6/22

Israel pone en marcha el desplazamiento forzoso de un millar de palestinos

 "La yerma desolación de la aldea de Fajit se halla a apenas 50 kilómetros al sur de Jerusalén, pero parece el fin del mundo. Las desérticas colinas del sur de Hebrón arden ya a las nueve de la mañana del primer día de junio mientras las excavadoras arrasan la vivienda de Wadja Abu Shahar.

 “Mi madre me trajo al mundo en esta tierra, y este polvo es lo primero que respiré. Nunca me marcharé de aquí”, gime esta palestina de 60 años rodeada de su familia. Las palas del buldócer acaban de reventar los tubos que sostenían las tiendas que les servían de alojamiento y almacén de aperos. Sustituían a las construcciones que 20 días atrás habían sido derribadas por la llamada Administración Civil del Ejército, órgano que gestiona la ocupación de los territorios palestinos desde 1967.

En la comarca de Masafer Yata, soldados y policías de fronteras han dejado sin vivienda a punta de fusil a 68 palestinos, la mitad de ellos menores de edad, desde que el Tribunal Supremo reconoció el mes pasado la declaración como campo de tiro de 3.300 hectáreas de tierras dictada por las Fuerzas Armadas en 1981. Las fuerzas de seguridad han intensificado las demoliciones desde que los jueces rechazaron el último recurso presentado por más de un millar de habitantes del sur de Cisjordania, amenazados ahora de expulsión después de haber batallado desde hace más de dos décadas en los tribunales contra su desahucio. En 1999, más de 700 beduinos fueron desplazados por la fuerza de sus hogares de las rocosas colinas del sur de Hebrón, pero el Supremo israelí suspendió la orden castrense de desalojo y ordenó que regresaran a sus tierras. Ahora ha dado luz verde a la expulsión.

“Ya nada es igual. Ya no tenemos protección legal. Los militares pueden presentarse sin previo aviso cuando quieran para volver a derribar las construcciones que consideren ilegales”, reconoce Nidal Abu Yunis, alcalde de la mancomunidad de Masafer Yata, ante los restos de la vivienda de la campesina Wadja Abu Shahar. Otros 12 habitantes de la aldea se encontraban en su misma situación, pensando dónde iban a dormir esa noche.

El aplastamiento de las estructuras con maquinaria pesada impide que puedan ser reutilizadas. En un improvisado consejo municipal, el alcalde Abu Yunis se reunió de urgencia con las familias de la aldea para organizar la reconstrucción tras las demoliciones. “Nos quedamos para seguir resistiendo”, propuso el regidor a los vecinos.

Ovejas y cabras pastaban entre los escombros. Operarios contratados por la Administración Civil del Ejército habían retirado poco antes los escasos muebles y utensilios de los beduinos. Camastros, cocinas y sillas permanecían al sol mientras las excavadoras iban arrasando uno tras otro tres cobertizos y dos viviendas. Desde la valla de la escuela comarcal, construida gracias a donaciones de Italia, Francia y Reino Unido, decenas de alumnos observaban cómo se derrumbaba el paisaje de la aldea.

“Ayub, Nahgan, Fadi y Shadin dormirán esta noche al raso”

“Ayub, de nueve años; Nahgan, de 12; Fadi, de 12, y Shadin, de 14, van a dormir esta noche al raso”, pasaba lista, circunspecto, Haitam Abu Sabah, de 43 años, director del centro educativo donde estudian un centenar de escolares de primaria y secundaria de Masafer Yata. “Ya no sabemos cómo ayudar a estos niños en estado de choque; las demoliciones se están convirtiendo en una rutina”, detallaba el director junto a otros dos profesores. “Hace ya tiempo que dejaron de tener una vida normal”, sentenciaba bajo las fotografías de Yasir Arafat, líder histórico palestino, y Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina. “Israel se jacta de ser un Estado de derecho, pero a nosotros solo nos aplican hechos consumados”, protestaba Abu Sabah, antes de argumentar: “Y Europa, que nos ayudó al construir esta escuela, ahora mira para otro lado y solo tiene ojos para Ucrania”.

La Delegación (Embajada) de la UE para Palestina ha advertido a través de Twitter de que la decisión del Tribunal Supremo supone una quiebra de la legislación internacional, ya que, como poder ocupante, Israel tiene la obligación de proteger a la población civil. En Estados Unidos, 83 senadores y congresistas demócratas se han dirigido al Departamento de Estado para que evite la expulsión de los palestinos de Masafer Yata, informa el diario israelí Haaretz. 

Activistas palestinos, israelíes y extranjeros se juegan el tipo a diario campo a través para documentar las expulsiones. Se ven obligados a recorrer pistas impracticables con todoterrenos para evitar que los soldados les confisquen los vehículos por haber irrumpido en el campo de tiro militar. Documentan el reiterado drama que viven a pleno sol familias beduinas que ven arrasadas sus viviendas y viven bajo permanente amenaza de expulsión. La pacifista israelí Yasmin Eran Baradi, de 22 años; el fotógrafo palestino de Masafer Yata Nasser Nawayeh, de 34, o el voluntario argentino Bruno (declina facilitar su apellido), de 38, miembro de la ONG cristiana Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina e Israel, son algunos de los que graban vídeos y toman imágenes que llegan hasta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

“Nuestra principal misión es evitar el sufrimiento de la población civil”, resume Nawayeh, que colabora con la ONG israelí B’Tselem. “Nuestra gente está empezando a tomarse en serio que después de la decisión del Supremo las cosas van a ir a peor”, advierte. Desde Ginebra, la relatora especial para los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, Francesca Albanase, ha advertido junto con otros expertos de la ONU de que “situar en riesgo de desplazamiento forzoso y expulsión arbitraria a los residentes en Masafer Yata supone una violación del derecho humanitario internacional”. “El Tribunal Supremo ha dado carta blanca al Gobierno israelí para perpetuar la opresión de los palestinos”, remacha la relatora Albanese, quien resalta que la vulneración de la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe el desplazamiento forzoso de población en territorio ocupado, puede constituir un crimen de guerra.

Para Israel, que controla en exclusiva el 60% de Cisjordania comprendido en la llamada Área C de los Acuerdos de Oslo (1993), los beduinos de Masafer Yata son nómadas que no han residido permanente en esa comarca, incluida en el Área C, cuya gestión escapa a la Autoridad Palestina. El Supremo ha acabado reconociendo las alegaciones de las Fuerzas Armadas de que las tierras de las colinas del sur de Hebrón estaban deshabitadas al declararse la zona como campo de tiro y maniobras, y que los actuales ocupantes deben ser desalojados por razones de seguridad. Las autoridades israelíes, sin embargo, han autorizado o tolerado la construcción de colonias judías en las inmediaciones de la zona militar, como el asentamiento de Maon o la colonia salvaje (no reconocida por el Gobierno) de Havat Maon.

La cercana aldea palestina de Um al Jair, con un centenar de vecinos, está separada por una valla de seguridad del colindante asentamiento de Carmel (450 habitantes). Los pastores palestinos alegan que compraron sus tierras en 1948, recién llegados desde la desértica zona de Adar, al noreste del Negev, tras ser expulsados del recién creado Estado de Israel. Los colonos judíos fundaron el moshav (granja cooperativa) de Carmen en 1982 sobre terrenos expropiados a los beduinos de Um al Jair, donde la Administración Civil del Ejército deniega sistemáticamente la licencia de construcción por razones de seguridad.

Una quinta parte del Área C ha sido declarada zona militar para campos de tiro y maniobras desde el inicio de la ocupación. “Delimitar un sector como zona de maniobras es un paso previo habitual para expulsar a la población palestina de una parte de Cisjordania”, sostiene la ONG pacifista israelí B’Tselem. “El paso siguiente es ceder más adelante parte del territorio a organizaciones de colonos para que levanten asentamientos”.

Escenario de guerra entre los escombros

La aldea de Markaz de Masafer Yata es ahora un escenario de guerra. Las demoliciones de mayo se entremezclan con los derribos acometidos el primer día de junio. “Quieren que nos vayamos de aquí desesperados”, sentencia Mohamed al Nayar, de 67 años, quien acaba de asistir a la destrucción de sus tiendas de campaña y cobertizos agrícolas provisionales, al igual que otros siete vecinos de la aldea. Su esposa rehúsa hablar con los visitantes mientras contempla con mirada perdida su sofá en un solar sembrado de cascotes. Al Nayar, entretanto, trata de asearse bajo el grifo en un lavadero de cocina que aún sigue en pie.

—¿Dónde van a dormir esta noche?

—En una cueva, como si fuera una tumba, replica Al Nayar, quien señala la oquedad excavada en un desmonte.

Su familia se afana en volver a conectar la bomba del pozo para que el agua vuelva a fluir por el lavadero, milagrosamente intacto entre los escombros de Markaz como un improbable símbolo de permanencia. Sobre los más de 1.000 beduinos de esta tierra yerma pesa la amenaza de uno de los mayores desplazamientos forzosos de población desde el inicio de la ocupación israelí de los territorios palestinos, de la que ahora se cumplen 55 años."          (Juan Carlos Sanz , El País,  06/06/22)

18/4/22

El informe sobre el apartheid de la Facultad de Derecho de Harvard deja a quienes defienden a Israel sin palabras

 "El Laboratorio Internacional de Derechos Humanos (IHRC) de la Facultad de Derecho de Harvard publicó últimamente un informe que encuentra que el trato de Israel a las y los palestinos en Cisjordania equivale al delito del apartheid.

El estudio «Apartheid in the Occupied West Bank: A Legal Analysis of Israel’s Actions» salió a la luz el 28 de febrero a raíz de cinco informes más amplios sobre el apartheid publicados desde 2020, y justo antes de que el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en los territorios palestinos ocupados publicara otro informe sobre el apartheid el 21 de marzo.

Preparado por el laboratorio de derechos humanos de la facultad de derecho, coordinado con la Asociación de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos Addameer, con sede en Ramalá, el informe se publicó sin eco mediático y recibió una cobertura mínima de prensa. Y, hasta ahora, no ha recibido ninguna condena pública por parte del lobby israelí. El Estado de Israel reaccionó solo con una declaración superficial y no sustantiva de su embajador en la ONU, Gilad Erdan, de que «los que escribieron el informe en nombre de Harvard… decidieron deslegitimar al estado judío debido a sus puntos de vista antisemitas».

Aunque solo tiene 22 páginas, el informe incluye 130 notas a pie de página que respaldan adecuadamente el texto y permiten a las y los lectores profundizar más. El enfoque estrecho del informe arroja luz sobre los instrumentos y procesos legales personalizados implementados desde 1967 para privar a las y los palestinos de Cisjordania de sus derechos humanos, civiles y políticos.

La descripción precisa de la guerra de leyes por la que Israel, con impunidad, ha intimidado, confundido, humillado, ultrajado, encarcelado, torturado y matado a palestinos y palestinas desde 1967 genera un impacto acumulativo irresistible. Los artículos individuales de la letanía no son en sí mismos nuevos, pero verlos representados en su totalidad coordinada es ver cómo la máquina israelí de la injusticia hace su trabajo antihumano.

Dada la potencia del informe y el prestigio de la marca Harvard, no hay duda de que el lobby finalmente perseguirá al IHRC. La formulación del embajador israelí en sus comentarios insinúa la probabilidad de que se intente presionar a Harvard y a la Facultad de Derecho de Harvard para que se desvinculen de «quienes lo han escrito en nombre de Harvard», es decir, el laboratorio internacional de los derechos humanos de la facultad de derecho de Harvard, el IHRC.

Mientras tanto, las y los autores del informe han sido circunspectos, al igual que el órgano de las Naciones Unidas al que se presentó el informe. La Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, que fue convocada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en mayo de 2021, había pedido a los grupos de la sociedad civil que documentaran posibles violaciones del apartheid. (Addameer y el grupo de asistencia jurídica e investigación Al-Haq habían enviado otro informe de este tipo en enero de este año, titulado «Afirmando y manteniendo un régimen de apartheid sobre el pueblo palestino en su conjunto»).

Después de una descripción meticulosa del crimen de apartheid en el derecho internacional, incluida una explicación clara de cómo y por qué los grupos étnicos, como el palestino (o el Rohinga de Myanmar), se consideran «grupos raciales» según la ley, el estudio de Harvard-Addameer describe el «sistema legal dual que afianza la supremacía judía israelí» en Cisjordania.

Comienza citando lo que el comandante de las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército israelí) en Cisjordania expresó a las y los palestinos en 1967:

«Todos los poderes del gobierno, legislación, nombramiento y administración pertenecientes a la región o a sus residentes ahora estarán exclusivamente en mis manos y serán ejercidos solo por mí o por cualquier persona designada por mí o que actúe en mi nombre».

Cincuenta y cinco años después, este poder dictatorial, que podría ser comprensible inmediatamente después de una reciente ocupación de un territorio enemigo, se ha ejercido e institucionalizado inquebrantablemente. El poder se despliega a través de órdenes militares, más de 1.800 de las cuales se han abatido sobre las y los palestinos, pero nunca sobre las y los colonos israelíes en asentamientos ilegales reservados a las y los judíos que se han extendido por todo el territorio palestino ocupado.

Las órdenes militares definen las “infracciones a la seguridad» que van desde el terrorismo hasta los delitos de tráfico. Son procesados en tribunales militares, cuyo funcionamiento está evidentemente sujeto al Tribunal Supremo de Israel, que, a lo largo de los años, ha hablado severamente de las muchas y estrictas garantías que deben controlar al poder militar. De hecho, sin embargo, el tribunal se remite a las conclusiones y determinaciones del ejército israelí. Así, por ejemplo, a partir de 2021, el informe dice que, de los cientos de revisiones del Tribunal Supremo de las órdenes de detención administrativa, solo una ha dado lugar a la revocación de una orden.

Según el informe Harvard-Addameer, las y los palestinos pueden ser procesados por cosas como:

«Entrar en una zona militar cerrada´, que puede ser una designación adjunta en el momento a una zona de protesta, o ‘pertenencia y actividad en una asociación ilegal’ (hay que tener en cuenta que el ejército israelí se ha arrogado el poder de declarar como ‘asociaciones ilegales’ grupos que abogan por «incitar al odio o al desprecio, o la excitación de la desafección contra” las autoridades de ocupación israelíes).

«Del mismo modo, hay órdenes militares que criminalizan las reuniones de más de 10 personas que ‘podrían interpretarse como políticas’ si tienen lugar sin permiso; la publicación de material que «tenga un significado político»; y la ostentación de «banderas o símbolos políticos» sin aprobación militar previa. La expresión pacífica de la oposición a la ocupación puede ir en contra de las órdenes militares que criminalicen a cualquier persona que «intente, oralmente o de otra manera, influir en la opinión pública en la región [Cisjordania] de una manera que pueda dañar la paz o el orden público»; «publique palabras de elogio, simpatía o apoyo a una organización hostil, a sus acciones o a sus objetivos”; o cometa un “acto o una omisión que provoque un perjuicio, un daño o una perturbación de la seguridad de la región o de las fuerzas de defensa israelíes”.

Si este conjunto de órdenes no cubre algún «acto u omisión», o un discurso o un silencio, que no les guste a los comandantes israelíes, los términos se modifican fácilmente o se puede emitir una nueva orden. Cualquier persona palestina que quiera discutir sobre su presunto delito es fácilmente detenida, y encarcelada, utilizando la detención administrativa, un proceso de encarcelamiento simplificado que, según el estudio:

«no está sujeto a una orden judicial y no es necesario revelar los cargos al detenido. La Orden Militar nº 1651 otorga además al ejército israelí amplios poderes para privar a un detenido del derecho a comunicarse con un abogado y a ser llevado ante un juez cuando debiera corresponder. En el curso de los procedimientos administrativos para confirmar una orden de detención administrativa, los tribunales militares pueden basarse exclusivamente en «pruebas secretas» no puestas a disposición de la persona detenida. Si se confirma la orden de detención, la ordenanza establece que el comandante militar puede prorrogar la orden de detención cada seis meses, sin límite de tiempo total».

Miles de hombres, mujeres, niñas y niños palestinos son encerrados de esta manera cada año. Durante su encarcelamiento, pueden experimentar «prácticas corrientes de tortura y malos tratos, incluidas palizas, agresión física y tortura posicional», dice el estudio, basándose en la larga historia de Addameer de defensa de los prisioneros contra los abusos.

En cuanto a la tortura, las decisiones del Tribunal Supremo de Israel son particularmente nobles en apariencia y completamente ineficaces en la práctica. Los jueces han declarado que «la tortura y los malos tratos a los detenidos son ilegales, haciendo hincapié en la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional», dice el estudio Harvard-Addameer. Pero el tribunal también ha «reconocido escenarios de ‘bomba de relojería’ en los que la ‘necesidad’ podría ser una posible defensa penal para usar ‘métodos de interrogatorio físico'». Los jueces han insistido en que la «defensa de necesidad» debe aplicarse solo si el trato de una persona no es tan severo como para constituir tortura, una determinación que dependería de las «circunstancias concretas» en cada caso. Por lo tanto, los interrogadores militares tienen la apertura que necesitan para justificar siempre los «interrogatorios de necesidad».

Recientemente, el tribunal ha aclarado que la excepción de «bomba de relojería» no significa que el peligro sea inminente, sino simplemente que hay una necesidad inmediata de obtener información. En otras palabras, no se necesita ninguna bomba. «En la práctica», dice el estudio, el tribunal «ha creado una grave laguna» que permite «el uso de la tortura y los malos tratos contra las y los detenidos palestinos con impunidad».

Según el estudio, las y los palestinos también están «privados del derecho a ser juzgados ante un tribunal independiente e imparcial». «Los fiscales, los oficiales administrativos y, lo que es más importante, los jueces de los tribunales militares son todos oficiales militares israelíes», escriben los autores, señalando que la imparcialidad de los jueces está «fundamentalmente socavada» porque están sujetos al «sistema de disciplina y promoción dentro del ejército».

Dada la sofocante opresión que este régimen impone a los palestinos de Cisjordania, se puede entender por qué a veces se dice que su suerte es peor en ciertos aspectos que la de quienes viven en la Franja de Gaza. Además, el informe señala cómo «la supresión de la libertad de asociación y reunión palestina se ha intensificado en los últimos años, y la criminalización de las asociaciones «ilegales» se ha extendido recientemente a seis destacadas organizaciones de la sociedad civil palestina», incluidas Al-Haq y la propia Addameer.

Irónicamente, se cree que la razón principal por la que los seis grupos han sido declarados ilegales es una represalia contra su colaboración con la ONU y la Corte Penal Internacional y otros organismos que buscan investigar las condiciones en Palestina-Israel.

Habiendo descrito la parodia de la justicia del apartheid, el informe concluye:

«Estos marcos e instituciones, junto con las políticas israelíes a largo plazo de confiscación y despojo de tierras, de restricción de la circulación de los palestinos y expansión de las colonias israelíes ilegales, sirven sistemáticamente al propósito de privilegiar y mantener la dominación de los israelíes judíos sobre los palestinos».

A pesar de su silencioso despliegue, la alta calidad del estudio y su asociación con Harvard probablemente signifiquen que desempeñará un papel importante en el reconocimiento de la realidad del apartheid de Israel. Michael Lynk, el Relator Especial de las Naciones Unidas, me dijo que el estudio está «excepcionalmente bien investigado y razonado» y que «se basó en él en [su] informe de la ONU porque era convincente y riguroso». En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en marzo, Lynk señaló las «características despiadadas del gobierno de “apartheid” de Israel en el territorio palestino ocupado, que no se practicaban en el Sudáfrica». Escribió que particular que: «Ante los propios ojos de la comunidad internacional, Israel ha impuesto a Palestina una realidad de apartheid en un mundo post-apartheid».

Su informe no encontró escasez de comentarios, «en su mayoría positivos y algunos injuriosos y con insultos, que realmente no añaden nada al debate», dice Lynk, en otras palabras, la ausencia habitual y completa de críticas sustantivas de cualquiera de las pruebas y de los análisis legales en los que se basa el veredicto de apartheid. Lynk se negó a especular sobre la falta de respuesta al informe Harvard-Addameer.

El silencio del lobby israelí puede explicarse por el hecho de que la prensa aún no ha publicado el informe, pero parece inconcebible que el lobby deje sin oposición la idea de que Harvard, el sanctasanctórum de la academia estadounidense, respalde una condena tan implacable de Israel. El IHRC puede tener que vérselas con algunos inconvenientes. Al menos, es probable que la relación del laboratorio con Addameer sea atacada.

La propia Addameer, por supuesto, corre el riesgo de sufrir represalias directas por parte de Israel, que, como se mencionó, ya la declaró una «asociación ilegal», junto con las otras cinco distinguidas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, en octubre de 2021. Israel no ha proporcionado pruebas concretas de los vínculos «terroristas» que afirma que justifican las prohibiciones. Solo se han invocado supuestas «pruebas secretas», lo que ha llevado a los países occidentales a retrasar la imposición de sus propias sanciones antiterroristas. Además, hasta la fecha, Israel ha retrasado en gran medida la ejecución de las órdenes.

Este enfoque in terrorem es análogo a la forma en que Israel utiliza miles de órdenes de demolición emitidas contra estructuras palestinas pero mantenidas en suspenso, a veces durante años, para mantener una amenaza continua de demolición repentina. Si Israel decide que Addameer, por ejemplo, ha ido demasiado lejos al exponer los crímenes de apartheid, podría, además de atacar físicamente las oficinas y al personal de Addameer, presionar a las personas arrestadas para que den falso testimonio contra Addameer a cambio de un indulgente acuerdo de declaración de culpabilidad. Tales pruebas podrían presentarse a otros países para que sancionaran a Addameer y a su personal (y, por supuesto, la falsa acusación contra Addameer, y tales pruebas, serían citadas por el lobby israelí en ataques contra la IHRC para que Harvard condenara el informe del apartheid).

Sin embargo, la publicación del informe es una victoria para los derechos humanos de las y los palestinos. Además, la cautela mostrada por los líderes del lobby israelí parece mostrar que están empezando a medir la creciente magnitud del movimiento contra el apartheid a medida que continúa creciendo, el potencial del concepto de apartheid para aclarar las percepciones públicas y desencadenar la indignación pública, y el riesgo de que los endebles ataques ad hominem contra quienes denuncian el apartheid solo puedan hacer crecer la atención sobre los informes y alienarse a las y los partidarios más desinformados del estado judío."                 (Steve France , Rebelión, 16/04/2022)

9/2/22

Palestina: las secuelas mentales de un conflicto sin fin... Muchos hombres se desquitan con sus esposas de toda la ira y la frustración que acumulan... Las siguientes causas son los efectos psicológicos provocados por invasiones del hogar por parte del Ejército israelí o de colonos (12%) y los derivados de presenciar actos de violencia (11%). Otras tienen que ver con demoliciones de viviendas, encarcelamientos, arrestos, muertes de familiares o allegados relacionadas con el conflicto… Esta combinación de violencia política y doméstica es una fuerza motriz de psicopatologías sin perspectiva de cesar... “Generalmente, un trauma es algo con un principio y un fin, pero aquí el trauma siempre está presente, de manera que nunca tienes el tiempo necesario para detenerte y asimilarlo, nunca tienes el tiempo para sanar”

 "Cuando un niño huele la debilidad, le brota a veces un obsceno apetito de violencia. Esto es más natural si el niño nació en un campo de refugiados en el que también nacieron sus padres, al que fueron desplazados de jóvenes sus abuelos y que es un gueto reseco y desdichado en el que una de sus distracciones es tirarle piedras al salir de clase a los soldados, equipados con fusiles de asalto, que vigilan la entrada al campo.

El martes 23 de noviembre a mediodía, un día soleado y fresco en Cisjordania, caminaba por el campo de refugiados de Al Arroub, teléfono en mano. Justo cuando abría la mochila para guardarlo, unos niños se acercaron y dijeron what is your name y fuck you, como si fueran dos frases contiguas de bienvenida. Después otro dijo money, alguno me agarró del brazo, alguno intentó meter la mano en mi mochila, alguno me dio la primera patada por detrás, otro la segunda, otro me pegó un tirón de la chaqueta, todos se reían y chillaban excitados y ya no eran dos o tres o cuatro como hace medio minuto, sino a lo mejor una docena, no lo sé, porque yo solo decía stop, stop, stop y tiraba hacia delante, y alguno me dio la tercera patada mientras repetían money, fuck you, what is your name y gritaban cosas en su idioma. Angustiado, apuré el paso hasta alcanzar a Hassan, el chófer. Seguí andando sin mirar atrás. Él se giró y los detuvo, aunque le costó, según me dijo después: “Me repitieron todo lo que te estaban diciendo en árabe, y mejor no te lo cuento”, se compadeció Hassan, su cigarrillo rubio en la mano, su barba perfilada, gafas de aviador.

El campo de Al Arroub se creó en 1949 para dar refugio a familias que huyeron o fueron expulsadas de sus tierras por la fundación de Israel, un hecho histórico que afectó a más de 700.000 personas y que los palestinos conocen como la Nakba —la Catástrofe—. Tres cuartos de siglo después, ahí sigue Al Arroub, sumando generaciones nacidas en una barriada cenicienta a cuya entrada está un checkpoint israelí con su torre de vigilancia; una barriada con servicios básicos pobres, sobrepoblada, con empleos escasos y más que precarios y frecuentes enfrentamientos con los militares. En mayo, en una manifestación en el campo contra el bombardeo de Israel sobre Gaza, Obaida Jawabra, uno de esos chavales que crecen aquí mamando el conflicto, murió por impacto de bala. Según B’Tselem, ONG israelí centrada en la defensa de los derechos humanos en los territorios palestinos: “Los soldados, de acuerdo con nuestra información, le dispararon después de que les lanzara cócteles molotov”. El Ejército israelí afirma que los hechos han sido investigados y “se encuentran en revisión”. Jawabra había sido arrestado por primera vez a los 14 años. Cuando murió tenía 17. Estudiaba para ser cocinero.

Este Al Arroub, en síntesis, es la clase de sitio en mayor o menor medida dejado de la mano de Dios donde lleva trabajando Médicos Sin Fronteras desde su nacimiento en Francia en el año 1971. La ONG cumplió el 22 de diciembre pasado su 50º aniversario. Cuando comenzaron, eran unos 300 voluntarios. Hoy son más de 45.000 profesionales (sanitarios, personal logístico, administrativos…), con proyectos en más de 70 países, siete millones de donantes individuales y una capacidad de captación de fondos que llegó en 2020 a 1.900 millones de euros. Han estado en los peores desastres que ha sido capaz de generar la humanidad en estas últimas décadas —en el ya dilatado estropicio afgano, desde tiempos de la invasión soviética; a principios de los noventa en las hambrunas en el Cuerno de África; en 1994 en el genocidio de Ruanda y la posterior epidemia de cólera en los campos de refugiados de Zaire; en la masacre de Srebrenica; en la guerra siria desde 2012; tantos otros— y han estado allí donde la naturaleza se ha desbocado bíblicamente —tsunamis, ciclones, terremotos—; pero también han ido tomando conciencia de la necesidad de atender, al tiempo, otras formas de desamparo menos atroces, crisis humanitarias silentes y no tan perentorias, lo que nos conduce con ellos adonde los críos te saludan con una sonrisa solar a la vez que te mandan al infierno; a esa Cisjordania oprimida, traumatizada, deprimida, machacada emocionalmente en la que Médicos Sin Fronteras considera urgente trabajar por la salud mental.

—No es de extrañar lo de los niños.

—Es lo que cabe esperar —responde Lucía Uscategui, psicóloga de la ONG—. En ellos encontramos muchos cuadros de depresión, lo que pasa es que en su caso no se manifiesta metiéndose debajo de una cobija con ganas de morirse como ocurre con un adulto, sino como hiperactividad, dificultad para seguir instrucciones, bajo rendimiento escolar, agresividad.

Entre la población infantil que atienden abunda la ansiedad, se detectan problemas cognitivos serios y es recurrente la incontinencia urinaria, en ocasiones hasta los 13 o los 14 años. Como escribió Eyad el Sarraj (1943-2013), psiquiatra pionero de la salud mental en Gaza: “Los niños que lanzan piedras no son de piedra”.

O lo que es lo mismo: los niños que te dicen fuck you también se hacen pis en la cama.

Uscategui explica que los muchachos viven “presionados por todas partes”. “Por un lado los soldados, por otro los colonos israelíes, por otro sus propias familias, que aquí tienen una naturaleza muy jerárquica y vertical. Todo esto, en un espacio tan restringido como un campo de refugiados, los vuelve muy reactivos”, dice esta colombiana especializada en psicología infantil y supervisora del equipo de salud mental de la organización en Hebrón, en cuya demarcación se encuentra el campo. Son seis psicólogos, dos psiquiatras y tres consejeros, un auxilio estimable teniendo en cuenta que la ciudad de Hebrón (230.000 habitantes) solo dispone de un centro de atención con un psiquiatra y dos psicólogos. La directora de salud mental del Ministerio de Sanidad palestino, Samah Jabr, explica: “Nuestros recursos son limitados y la demanda es enorme. Vivimos en un contexto de opresión crónica y se calcula que más de un 20% de nuestra población sufre psicopatologías”. En España, por ejemplo, esta cifra rondaría la mitad, según datos del Ministerio de Sanidad.

En Al Arroub, la ONG realiza sus actividades en un centro comunitario. Hacen terapia de grupo con niños. En el vestíbulo se pueden ver sus dibujos y una chocante labor de manualidades que llevaron a cabo: una maqueta del propio campo de refugiados en el que malviven. También hacen terapia de grupo con las madres de los niños. Presenciamos una sesión dirigida por Jalal Hamdan, un joven terapeuta de mirada grave, expresión templada y cuyo árabe suena acogedor como la voz del almuédano cuando llama a orar de madrugada.

Asisten 10 mujeres. Empiezan el encuentro aplaudiendo porque una ha tenido un hijo. Luego van diciendo una a una cuántos tienen para actualizar el cómputo total. Son 76, si hemos contado bien. Durante la sesión, Hamdan les mencionará la conveniencia de la planificación familiar. Una de ellas bromeará diciendo que eso no es fácil: “Parece que competimos por ver cuál de nosotras tiene más hijos”.

Pero el tema central es otro. Durante una hora les habla de la posibilidad de convertir el hogar en un espacio de “protección y seguridad” para sus niños. “En un contexto como este hay muchos factores de presión que se nos van de las manos. Nos enfocamos en el factor familiar porque es el único que podemos controlar”, razona. “Lo más valioso es que aprendamos a hablar con nuestros hijos y a escucharlos. La comunicación familiar es la mejor manera de prevenir que los miedos que tengan se les queden dentro mucho tiempo y deriven en problemas psicológicos”. También les recuerda lo nocivo que es para los niños ver a sus padres peleándose y les sugiere que sean comprensivas con sus maridos cuando la familia está tiesa de dinero, lo habitual en Al Arroub. Hamdan precisará luego que este es el mayor motivo de frustración entre los hombres (no ser quién de proveer es no ser hombre) y una fuente de crisis domésticas. Cuando toca este punto, una asistente interviene: “Hace años, mi hija pequeña le pidió a mi marido un séquel [moneda israelí]. Él le dijo que no tenía. Le juró por Alá que no tenía ni un séquel, y era verdad, porque no cobraba hasta dentro de tres días. Esto afectó mucho a mi marido. Se quedó muy triste. Aún hoy, mi hija, que ya es mayor y está casada, se acuerda de aquella vez que su padre no pudo darle un séquel”. Hamdan: “Por eso, en este caso debemos apoyarlos, no hacerlos sentir inútiles, no atacarlos. Si la esposa ataca al esposo, habrá tensión, ¿y quién paga el precio de la violencia? Vosotras y también vuestros hijos. Si ellos ven a sus padres pegar a sus madres, le pegarán a sus hermanas. Los imitarán, porque la violencia en una familia es infecciosa”.

En una sociedad conservadora y metida en una olla exprés como la palestina, el machismo es material explosivo. “Cada vez atendemos más casos por violencia doméstica, un 40% del total”, detalla Lucía Uscategui. “Muchos hombres se desquitan con sus esposas de toda la ira y la frustración que acumulan”.

Las siguientes causas de consulta con el equipo de salud mental de Médicos Sin Fronteras son los efectos psicológicos provocados por invasiones del hogar por parte del Ejército israelí o de colonos (12%) y los derivados de presenciar actos de violencia (11%). Otras tienen que ver con demoliciones de viviendas, encarcelamientos, arrestos, muertes de familiares o allegados relacionadas con el conflicto… Esta combinación de violencia política y doméstica es una fuerza motriz de psicopatologías sin perspectiva de cesar. Uscategui incide en este último aspecto: “Generalmente, un trauma es algo con un principio y un fin, pero aquí el trauma siempre está presente, de manera que nunca tienes el tiempo necesario para detenerte y asimilarlo, nunca tienes el tiempo para sanar”. Según su explicación, en los Territorios Palestinos Ocupados (denominación oficial de Naciones Unidas) se sufre una modalidad particularmente insidiosa del trastorno de estrés postraumático: aquel que se repite en bucle y jamás alcanza a ser pos.

 En Trauma y recuperación (1997), la psiquiatra Judith Herman, de la Escuela Médica de Harvard, escribió: “El peor miedo de cualquier persona traumatizada es que vuelva a ocurrir el momento de horror, y este miedo se cumple en las víctimas de abuso crónico. No resulta sorprendente que la repetición del trauma amplifique todos los síntomas de hiperactivación del síndrome de estrés postraumático. Las personas crónicamente traumatizadas están siempre hipervigilantes, ansiosas y agitadas”. En Hebrón, ejemplifica Uscategui, para percibir esto basta con salir a caminar por la calle y ver a los hombres encadenar a lo largo del día cigarrillos y vasitos de café árabe muy cargado. Ciertamente, el palestino parece un pueblo tan moroso como erizado.

“Aquí la ansiedad es un asunto exacerbado”, afirma la psicóloga, “se palpa la sensación de que se está demasiado alerta, de que no hay sosiego”. “Y el otro gran problema es la depresión, la falta de sentido vital; a veces algunos, desesperados, nos dicen que lo mejor que podrían hacer es lanzarse contra un checkpoint para que le disparen los soldados”. Ya ha habido casos así, según dice. Esta forma de suicidio cumpliría, además, la doble función de quitarse la vida sin que recaiga sobre la familia el oprobio del pecado, al pasar por martirio.

Médicos Sin Fronteras tiene una sala de consulta fija para salud mental en Hebrón y también se desplaza en coche hasta comunidades aisladas. En la consulta entrevistamos una mañana a Raghda, una mujer de 48 años que fue atendida por la ONG tras serle diagnosticado un trastorno de estrés postraumático. Solicita que solo aparezca su nombre de pila. Para las fotografías, por seguridad, se cubre el rostro con el hiyab.

La primera vez que sintió que se le venía el mundo encima fue en 2013, cuando, recién terminada su casa, recibió una orden de demolición del Ejército israelí por supuesta construcción ilegal. Aquella orden, recurrida, permanece en suspenso. Solo un año más tarde el mundo se le vino encima otra vez, con más peso. Uno de sus cinco hijos tuvo un rifirrafe con un colono adolescente y, según su relato, el colono se chivó a los soldados. Su hijo fue arrestado y estuvo dos semanas preso. Tenía 12 años. De acuerdo con la ONG palestina Addameer, de defensa legal, el Ejército arresta cada año a unos 700 menores palestinos, y según una investigación de Save the Children, realizada con 471 de ellos, un 81% afirma que fue golpeado y un 47% no recibió asistencia legal. Raghda asegura que no pudieron ver a su hijo mientras estuvo encerrado.

 “Imagínate lo que es tener a tu hijo en una prisión sin saber nada de lo que le está pasando”, dice. Finalmente, recuerda, soltaron al muchacho tras pagar una fianza y con la advertencia de que no debía acercarse a colonos ni a militares. Durante toda su adolescencia, Raghda vivió procurando que su hijo, progresivamente más enrabietado, no pusiera un pie en la calle, y esperándose lo peor cada vez que lo hacía. Aquello los puso a todos neuróticos. Un día descubrió que su hijo pequeño ahorraba a sus espaldas para comprarse un cuchillo con el que vengar a su hermano mayor. El niño tenía seis años.

 En 2019, Raghda pidió auxilio. “Toda madre en Palestina vive en condiciones difíciles, y nos hemos hecho fuertes, pero a veces llegas al límite y necesitas que te ayuden. Nuestra salud mental es la base para que podamos seguir siendo fuertes para los que tenemos alrededor”, afirma. Termina la entrevista llorando, abrazada a la traductora. Unos minutos después se acerca y pide excusas por haberse emocionado. “Lo siento”, dice. Ya no lleva la cara tapada y se aprecia un rostro más gastado que el que correspondería a su edad si Raghda no hubiera sido Ragh­da: una madre de familia numerosa en una zona del casco antiguo bajo control del Ejército y denominada simple, patéticamente —­con toda su historia, toda su belleza— con una letra y un número, nada más: H2.

En 1997, Israel y la OLP de Arafat firmaron el acuerdo de Hebrón, que repartió la ciudad en dos partes, H1, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, un 80% del municipio, y H2, controlada por Israel, un 20% pero con valor estratégico porque engloba asentamientos de sus colonos y el corazón del centro histórico con la Tumba de los Patriarcas o mezquita de Ibrahim, erigida según las religiones del libro sobre el sepulcro de Abraham. El templo se dividió en una zona para el culto judaico y otra para el musulmán después de que en 1994 Baruch Goldstein, un colono originario del Bronx neoyorquino, matase con un fusil a 29 árabes que oraban de madrugada. El recrudecimiento del control militar desde los noventa ha convertido el barrio en un lugar inhóspito para los palestinos, que siempre vivieron allí. Un tercio de sus viviendas han quedado abandonadas; la calle de Al Suhada, su arteria comercial, está desierta, flanqueada por edificios con puertas y ventanas clausuradas con chapas herrumbrosas. El zoco es un dédalo anémico en el que han techado con rejillas algunas callejuelas porque los colonos les tiran cosas: cosas como piedras o sillas de plástico; cosas como heces. Según datos de la ONG Breaking the Silence (Rompiendo el silencio), compuesta por exmilitares israelíes contrarios a la ocupación, en H2 hay 22 checkpoints y 64 barreras de otro tipo, así como calles y zonas a las que los palestinos tienen el acceso restringido o directamente prohibido —áreas “esterilizadas”, en la terminología antiséptica del Ejército—.

“Este era uno de los mejores sitios para vivir en Hebrón, y mira lo que es ahora. ¿Eres capaz de imaginarte el centro de Madrid así un jueves a mediodía?”, pregunta Ori Givati, de Breaking the Silence, mientras nos da un recorrido por el lugar, observados por soldados con el fusil en sus manos y el dedo tan cerquita del gatillo que se les escaparía una bala con un estornudo.

En H2 viven unos 30.000 palestinos y alrededor de 800 colonos protegidos por más de 1.000 militares. Givati afirma que el hostigamiento de los colonos a los árabes es continuo y permitido por los soldados. “A los colonos no se les aplica la ley y por eso sus acciones violentas son un hecho cotidiano”, sostiene el activista.

En Wadi al Hussein, una zona agrícola de H2, reside Randa Abu Sifan, de 47 años. Por una pista pedregosa se llega a su casa, aislada, rodeada de asentamientos. Bajo un cuadro con un versículo del Corán, con voz pétrea y monocorde habla de las agresiones de los colonos radicales. De las piedras que les tiran a diario, de los insultos a Mahoma, de las amenazas de muerte, de los olivos y los almendros que les han quemado. Su hermana, que vive en la casa pegada a la suya, tiene cámaras de vigilancia y muestra dos vídeos nocturnos recientes. En uno, un tipo se acerca y dispara con una pistola contra la fachada. En otro, un grupo de civiles con armas largas entra en el patio de la vivienda y se va tras forcejear con el cuñado de Abu Sifan. Hace años, durante un pico de conflictividad, dos familiares fueron heridos de bala, dice. Toda esta violencia afectó mentalmente a sus dos hijas desde muy pequeñas y recurrieron a Médicos Sin Fronteras, que sigue tratando a una de ellas, con 18 años, por recurrentes ataques de pánico. Randa Abu Sifan valora la ayuda psicológica de la ONG. Le resulta indiferente el estigma que aún rodea aquí a la atención psicológica: “Me da igual lo que digan. Lo que me importa es que mis hijas estén bien”.

En Palestina, el tabú de la salud mental afecta más a los hombres que a las mujeres. En 2021, Médicos Sin Fronteras atendió a alrededor de 1.000 mujeres y 600 hombres. “Ellos son más distantes y tienden a pedir terapia de grupo, no individual”, dice Lucía Uscategui.

Por supuesto, hay excepciones.

Otro día en la consulta de la ONG en Hebrón, un hombre llamado Shadi cuenta que está muy apenado porque Messi ya no está en el Barcelona, aunque a Shadi, que pide que no aparezca su apellido, le han pasado cosas bastante peores que la marcha de Messi.

A sus 38 años ha estado cuatro veces preso (dos en cárceles palestinas, dos en israelíes) y en la última condena, en un penal palestino, fue torturado, según denuncia. Insiste en que quede constancia de que quien lo torturó, a su juicio, “solo se representaba a sí mismo”, no a sus autoridades. Aquello lo hundió en una depresión. “No me sentía integrado en la sociedad, estaba siempre nervioso, no quería seguir viviendo”, dice. En 2019 comenzó una terapia que duró un año y medio. Shadi ha mejorado. Ha tenido su primer hijo, ha empezado a paladear “el lado bueno de la vida” y ha “expulsado a un rincón” los recuerdos tormentosos.

—¿Qué era lo que más sentía antes de ir a terapia: odio, desesperación o frustración?

—Odio —responde—. En esta tierra es demasiado difícil amar y demasiado fácil odiar.

Al llegar a casa de Haroon Abu Aram, en las áridas colinas al sur de Hebrón, su madre nos dice pasen y en la cama del cuarto hay una figura cubierta de pies a cabeza por una sábana blanca, como un cadáver bajo un sudario. “Lo tapo así cuando quiere dormir”, dice Fa­resah, le retira la sábana y aparece él despierto, con la mirada de cera y esa respiración sorda, ahogada. El 1 de enero de 2021 un soldado le disparó a quemarropa, la bala le atravesó el cuello, le dañó la médula espinal, sobrevivió, se quedó tetrapléjico. Junto a la cama hay una máquina de oxígeno y un aspirador de secreciones, y encima un aparato de aire acondicionado a 26 grados de temperatura. El ambiente de la habitación es sofocante.

Lo que le sucedió a este joven de 30 años fue grabado por alguien y subido a internet. El lugar se encuentra en Masafer Yatta, una zona desértica, de tradición beduina, que forma parte del Área C, el 60% del territorio cisjordano que quedó bajo control exclusivo de Israel con los Acuerdos de Oslo (1993), y donde es constante la presión para desalojar a los palestinos que siguen viviendo en sus aldeas. El día de Año Nuevo, varios militares llegaron a donde unos vecinos estaban construyendo una casa y se enzarzaron en una discusión con ellos en la que se metió Abu Aram. En el vídeo se ve cómo los soldados pretenden quitarles un generador eléctrico. La melé dura menos de dos minutos, lo que tarda en oírse la detonación de un arma de fuego y luego el espanto agudo de una mujer que grita. Un palestino yace inmóvil, boca arriba en el suelo. Lleva los pies descalzos.

Según la ONG israelí Yesh Din, el supuesto responsable ha sido identificado y falta que la Fiscalía militar decida si lo lleva a juicio. El Ejército solo afirma que los hechos han sido investigados y “se encuentran en revisión”. Faresah no espera que se haga justicia: “Ellos son más fuertes. Pueden matarnos, no pasa nada”.

Haroon Abu Aram creció en el páramo cuidando cabras —lo que más le gustaba, cuenta—, y hasta aquel primero de enero le iba razonablemente bien. Tenía trabajo de albañil, fecha para su boda. Ahora está incapacitado y su compromiso se ha disuelto. Su madre habla, él escucha en silencio. Ella asevera que después de que le disparasen, los soldados impidieron que llegase una ambulancia. Abu Aram interviene con dificultad: “Se querían deshacer de mí”. Al final, sus vecinos lo condujeron a un hospital. Estuvo internado primero en Hebrón, luego en Tel Aviv. Una asociación de un kibutz (una colonia agrícola israelí) los ayudó con los gastos médicos. Después de meses ingresado, en los que una vez intentó, retorciendo el cuello, que se le desconectase el respirador artificial, lo han traído a casa. Faresah percibe que le ha mejorado un poco el ánimo al estar con sus hermanos y sus amigos. Él, de momento, no está en terapia. Ella sí. “Tengo que mantenerme entera. Si yo me debilito, mi familia se debilita, y es mi deber cuidar de Haroon”, dice la madre, que pide —”inshallah”, si Dios quiere— “que pueda al menos volver a mover las manos”. Hoy, como cada tarde, volverán a poner la televisión del cuarto para ver la serie favorita de su hijo, Nimer Bin Adwan, la historia romántica de un beduino en el desierto de Jordania."                    (Pablo de Llano , Saúl Ruiz Mata , El País Semanal, 06/02/22)