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5/9/22

El intento de asesinato de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es el acontecimiento de violencia política más previsible y explicable de la historia reciente... empezó en un circuito para alentar los discursos de odio contra los políticos que trazan las redes sociales, los medios de comunicación, influencers políticos y los movimientos de estetización de la violencia en las calles... y terminó en un hecho político gravísimo, comparable con acontecimientos como la violencia política que culminó con la toma del Capitolio en los Estados Unidos, la radicalización de grupos de derecha en Europa o las múltiples manifestaciones de violencia política en el Brasil de Bolsonaro... Toda esta movilización de fantasías autoritarias no sólo deteriora la calidad de la democracia sino que explica la secuencia trágica que vimos una y otra vez en esa noche imposible de olvidar

 "A pesar de la consternación que genera el intento de asesinato de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, estamos ante la certeza de que se trata del acontecimiento de violencia política más previsible y explicable de la historia reciente. Esto que finalmente se materializa con brutalidad, que observamos en la crudeza registrada en la imagen del arma de fuego lanzada sobre una de las principales dirigentes del país, responde y se explica por un proceso social, político-ideológico y mediático muy claro y muy preciso. En la historia inmediata tenemos el hostigamiento y la persecución en el proceso judicial del fiscal reproducida por los medios de comunicación. Si a eso se le agregan las declaraciones desafortunadas de dirigentes políticos, los pedidos de pena de muerte, más la serie de acontecimientos que se vienen sucediendo sólo en el último año, hay un primer registro que explica por sí solo esa fotografía trágica.

Luego, hay que reponer el circuito para alentar los discursos de odio contra los políticos que trazan las redes sociales, los medios de comunicación, influencers políticos y los movimientos de estetización de la violencia en las calles. En este caso es contra una determinada orientación, pero en realidad es contra la vida política democrática en general. Esto emergió. Pasó por este circuito en donde se supone que las palabras no hacen nada y terminó en un hecho político gravísimo, comparable con acontecimientos como la violencia política que culminó con la toma del Capitolio en los Estados Unidos, la radicalización de grupos de derecha en Europa o las múltiples manifestaciones de violencia política en el Brasil de Bolsonaro. Esto podía pasar porque esa red de ideología, medios y tecnologías de comunicación estaban preparando, ni siquiera silenciosamente, este tipo de acontecimientos. El contexto político-ideológico marcado por una creciente intolerancia y el autoritarismo político merece de modo urgente nuestra atención.

En el transcurso de este último año se acumularon declaraciones y posicionamientos que componen el sistema dentro del que hay que pensar este hecho: las declaraciones explícitas del magistrado Rosenkrantz mediante las que descalifica la doctrina de uno de los principales partidos políticos del país, la profundización del sesgo en la persecución y la condena que hace el sistema judicial contra funcionarios y ex-funcionarios políticos (frente a los mismos hechos castiga sistemáticamente a unos y exculpa siempre a los otros), la desproporción entre los crímenes que se imputan y las penas que se proponen (con la pena de muerte siempre como acicate fundamental), la negación de la igualdad de las inteligencias para razonar públicamente, la normalización en los medios de comunicación de mensajes que abiertamente propician y justifican la desaparición de un partido político, la creciente estetización de la violencia en las redes sociales que discuten cuestiones políticas y, last but not least, las declaraciones de importantes dirigentes políticos, en algunos casos parlamentarios y líderes de fuerzas políticas, que plantean la disputa bajo la lógica anti-democrática del “ellos o nosotros”.

En todos estos casos se apela a una supuesta racionalidad de los pronunciamientos y las declaraciones públicas que justifican este tipo de destrucción masiva del adversario político, cuestión que no deja de generar efectos paradójicos en las identidades y las ideologías. 

El contexto político-ideológico marcado por una creciente intolerancia merece de modo urgente nuestra atención

 Estos pronunciamientos creen que siguen criterios elementales de racionalidad cuando llegan al punto de justificar la exclusión o directamente la violencia política. Racionalidad que aparece siempre como respuesta, como reacción defensiva frente a una amenaza: “Como ellos son violentos no nos queda otra alternativa que no sea la violencia”, “como hacen demandas infinitas de imposible cumplimiento no nos queda más que excluirlos”, “como critican la verdad de nuestras ideas sólo podemos asumirlos como incapaces para pensar por sí mismos”.

La distancia entre lo que devuelve el espejo en el que los ciudadanos se reconocen y las prácticas sociales en las que efectivamente desarrollan su vida social es algo que afecta y fisura desde dentro a todas las posiciones ideológicas. Pero estamos frente a algo diferente cuando un juez de la corte suprema hace una proclama en la que se convoca al filósofo liberal Rawls para luego terminar condenando con retórica jurídica a la doctrina comprensiva de un partido por el mero hecho de que pretenda alojar derechos sociales dentro de la constitución de un Estado racional. Lo mismo vale para el supuesto liberalismo del legislador que vocifera como praxis política recomendada la consigna “ellos o nosotros”. También para los funcionarios que se apresuran a identificar la crítica pública de decisiones políticas o jurídicas con un acto de incitación a la violencia.

Si se afirma que criticar en el espacio público las decisiones de un juez o de un funcionario es un acto de violencia y una irracionalidad política que el Estado tendría que sancionar, entonces lo que se propone es que todas las decisiones importantes del Estado, sobre todo las que tienen que resolver conflictos, deben tomarse dentro de un espacio cerrado y ser aceptadas en silencio. Pero ese modelo de gestión del capitalismo –porque en buena medida de eso trata la cuestión de fondo– no guarda relación con los principios de las democracias liberales. Más bien se parece al fundamento cotidiano de los Estados autoritarios y de los partidos políticos iliberales. Este es el juego de espejos invertidos en el que los partidos de derecha en Argentina sucumben y hoy les impide terminar de asumir su compromiso con una democracia pluralista basada en la protección de los derechos humanos.

Toda esta movilización de fantasías autoritarias no sólo deteriora la calidad de la democracia sino que explica la secuencia trágica que vimos una y otra vez en esa noche imposible de olvidar."            (Ezequiel Ipar, CTXT, 03/09/22; fuente Anfibia.)

27/4/22

Bárbara Lennie: “Mis abuelos secuestrados, mis padres exiliados, una tía desaparecida y otra torturada. Todo eso es parte de mi identidad”

 "La actriz Bárbara Lennie (Madrid, 38 años) se sienta en una terraza cerca del Museo del Prado, pide una botella de agua y mira, de reojo, el teléfono móvil que hace de grabadora. Lo aparta un poco.

Pregunta. Usted nace en Argentina.

Respuesta. Yo nazco en España.

P. Pues empezamos bien.

R. Mis padres se fueron de Argentina y me tuvieron en Madrid, y en cuanto pudieron, nos fuimos de nuevo a Buenos Aires. Allí viví hasta 1990. Después nos volvimos definitivamente a España.

P. ¿Por qué se fueron sus padres?

R. Exilio. Mi padre salió de Argentina a Brasil, y de ahí a España. Luego lo siguió mi madre. Tenían grados diferentes de militancia, los dos estaban en contra de la dictadura militar y fueron perseguidos.

P. La política.

R. Es parte de mi identidad. En mi familia lo ha atravesado casi todo. Mi tía es una desaparecida. Mi otra tía tuvo que exiliarse a Brasil, vive allí. Mis abuelos han estado secuestrados en la ESMA [Escuela Superior de Mecánica, centro de tortura de la dictadura], mi otra tía también fue torturada.

P. Sus abuelos.

R. Eran montoneros. Los secuestraron para interrogarlos por mi tía, su hija, a la que desaparecieron.

P. ¿Tiene hermanos?

R. Mi padre tuvo una hija con una mujer que también estuvo secuestrada en la ESMA. Joder, es un horror. En algún momento tengo que hacer algo con todo esto. Hace poco, mi primo me dio unos documentos de mis abuelos contando la historia de mi familia durante horas. Son documentos increíbles.

P. Volvieron a Argentina después.

R. Y convives con el miedo mucho tiempo. Sigues aterrado durante años. Pero cuando volvemos, ellos están saliendo de la oscuridad y yo vivo una infancia muy plena y muy luminosa.

P. Y regresan a Madrid, ya definitivamente.

R. Y aquí había burros. Y al lado de casa, gallinas. Fue un shock de cojones. Vivíamos en Pinar de Chamartín, que en aquella época era un poco far west. Yo sentía que, viniendo de Argentina, venía del progreso.

P. ¿Qué le pasó a Argentina?

R. Ponte a analizar tú lo que le pasó a Argentina. A Argentina le pasa todo todo el rato.

P. ¿Ha heredado el activismo político de sus padres?

R. Me gustaría haber heredado un poco más. Pero tengo muy claro que no voy a estar el resto de mi vida solo haciendo lo mío. No sé de qué manera lo canalizaré, pero lo haré. Tengo muy clara la sociedad en la que vivo. (...)"                      (Manuel Jabois, El País, 25/04/22)

25/4/22

Argentina se sumerge en la muerte de 500 indígenas en la masacre de Napalpí... El testimonio de una sobreviviente activa un juicio por la verdad sobre la matanza de personas de origen qom y mocoví ocurrida en 1924

 "Rosa Grilo tiene más de 100 años. No sabe exactamente cuántos, pero recuerda que era una niña el 19 de julio de 1924. Recuerda también el ruido del avión que volaba bajito y lanzaba desde el aire caramelos hacia el monte achaparrado. Y que cuando los indígenas corrían tras ellos les disparaban con una ametralladora.

 “Pensaban que era mercadería. Y dice mi abuelito: ‘No vayan, porque ese está llevando la bomba, vamos a huir. Fue la gente a buscar la mercadería, y cuando están todos juntos largan la bomba”, recuerda. Las prevenciones del abuelo salvaron a Rosa Grilo, la última sobreviviente de la masacre de Napalpí, una cacería humana que terminó con 500 indios qom y moqoit muertos a tiros y machetazos.

Grilo está lúcida y vive con sus hijos en un paraje rural de la provincia de Chaco, en el norte argentino. Su voz grabada se escuchó este martes en el inicio de un juicio sin precedentes en América Latina, que intenta echar luz sobre lo ocurrido en aquel paraje argentino perdido en el tiempo. Ya no quedan policías ni terratenientes ni políticos responsables vivos; por eso no habrá consecuencias penales. Pero el juicio servirá para que una nueva historia oficial entierre a la aún vigente, esa que dice que los muertos en Napalpí fueron consecuencia de un enfrentamiento entre tribus.

La masacre de Napalpí comenzó con una revuelta. Cientos de indígenas se negaron a seguir trabajando en las plantaciones de algodón de la reducción por un salario que se pagaba en ropa y vales de comida. A la matanza le siguieron meses de persecución a los sobrevivientes que, como Rosa, se habían ocultado con sus familias en el monte. Así lo contó ya entonces el exdirector de la reducción Enrique Lynch Arribálzaga, en una carta que envió al Congreso: “La matanza de indios por la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores. Parece que los criminales se hubieran propuesto eliminar a todos los que se hallaron presentes en la carnicería del 19 de julio (...), para que no puedan servir de testigos”. Sus denuncias no prosperaron. Los sobrevivientes se ocultaron en el monte y nunca más hablaron de lo ocurrido y los terratenientes de la zona celebraron lo que consideraron un proceso de pacificación.

 Hace 15 años, Juan Chico, un qom formado como historiador, decidió urgar en el pasado. Creo la Fundación Napalpí, golpeó decenas de despachos oficiales y recorrió el monte. Logró dar así con cinco sobrevivientes, entre ellos Rosa Grilo y Pedro Valquinta, un moqoit fallecido en 2015 a los 108 años. La voz de Valquinta sonó este martes ante el tribunal. “Tengo 105 años, no me acuerdo que año era, yo tenía 12 años o 10. Había muchos ricos nuevos que estaban cortando el bosque. Y a los mocovíes los mataban. Y ahí les disparaban. Llegaron mocovíes a trabajar y ahí los mataron, les mandaron los policías”, dice en un vídeo grabado en 2012.

Juan Chico murió el año pasado víctima de la covid-19, pero la rueda ya giraba sin él. El fiscal Diego Vigay tomó el caso y logró el apoyo oficial para la instrucción de un juicio de la verdad, el primero referido a una matanza indígena. “El objetivo es que las víctimas tengan derecho a la verdad, como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos para delitos de lesa humanidad. Es además un aporte a la no repetición y a una sentencia que imponga medidas de reparación simbólica”, dice Vigay. “Napalpí fue siempre un tema tabú para las familias y los testigos se mantenían en silencio. No dimensionan el valor histórico de esos testimonios”, explica el fiscal.

Desde este lunes, pasarán por el tribunal chaqueño unos 50 testigos, entre sobrevivientes, familiares e investigadores. Serán cruciales las fotos sacadas antes de la masacre por el etnólogo alemán Robert Lehmann-Nitsche, conservadas en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Así descubrió la imagen del avión cuyo sonido aún atormenta a Rosa. “En ella, Lehmann-Nitsche escribe en alemán ‘avión contra levantamiento indígena”, explicaba en 2018 en una entrevista con EL PAÍS Mariana Giordano, historiadora e investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. En otras fotos se ve a indígenas con un pañuelo blanco anudado en el brazo, señal de que “eran de los buenos”.

El sitio de la masacre se llama hoy Colonia Aborigen. Todos saben que allí hay una fosa común donde fueron enterrados los muertos de 1924. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAS), trabajó durante un mes en la zona, pero no pudo dar con la fosa. Encontró, en cambio, los restos de un hombre de unos 40 años con una herida en el pie. “Sería de aquellos que intentaron escapar y murieron cerca de la masacre”, dice Vigay. “Estaba enterrado a menos de 30 centímetros, lo que coincide con la versión de que los que morían eran enterrados allí mismo, a poca profundidad”. Los peritos no pierden la esperanza de encontrar la fosa común. “No es fácil, porque han cambiado las referencias. Pero tenemos testimonios que dicen que los pozos de agua estuvieron muchos años con grasa y sangre y la fosa estaría vinculada a una corriente subterránea que ahora estamos estudiando”, explica el fiscal.

 David García, referente de la Fundación Napalpí, confía en que el juicio por la verdad servirá para se entienda en la sociedad la dimensión histórica de la masacre. “Puede impactar tener un espacio de pacificación dentro de las políticas estatales, entre comunidades, criollos e indígenas. Tenemos además nueva generación muy buena, con expectativa distintas y otras miradas”, dice. Si la salud se lo permite, Rosa Grilo se acercará al tribunal para que todos escuchen su testimonio. Repetirá allí lo que ha contado decenas de veces: el avión, las explosiones, la muerte de su padre, la huida al monte con su abuelo y el silencio con el que ocultó a los criollos lo que había vivido. “No estoy mintiendo yo, lo que pasó, pasó”, dice ahora Rosa, a la espera de una memoria reparadora."                  (Federico Rivas Molina , El País, 19/04/22)

11/10/21

La justicia condena a dos exdirectivos de Ford por los crímenes de la dictadura argentina... Todas las pruebas dan cuenta de la coincidencia de objetivos entre Ford y la dictadura: eliminar toda resistencia sindical de la fábrica

"Días atrás, la Cámara Federal de Argentina confirmó las condenas de dos exdirectivos de la automotriz multinacional Ford por los secuestros y torturas a 24 operarios durante la última dictadura. Los condenados, en connivencia con los militares, montaron un centro clandestino de detención dentro de la planta ubicada en Buenos Aires. El abogado que representa a las víctimas le adelantó a El Salto que prepara una presentación judicial para que también responda la empresa (persona jurídica) por estos delitos de lesa humanidad: “Estamos frente a una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”.

De un lado de la mesa se sentaron los directivos de la empresa. Del otro, los delegados sindicales. El calendario que estaba sobre el escritorio tenía la fecha de aquella jornada: jueves 25 de marzo de 1976, un día después del golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura argentina.

El gerente de relaciones industriales de Ford Motor Argentina, Guillermo Galarraga, comunicó con un tono entre jocoso y violento que, a partir de ese momento, la empresa dejaba de reconocer la actividad sindical de sus trabajadores.

—¿Nos puede explicar por qué se interrumpe nuestra actividad sindical? —preguntó Juan Carlos Amoroso, uno de los delegados.

—Porque esta compañía pasa a ser objetivo y prioridad militar —dijo el directivo, sin más explicaciones.

Cuando los trabajadores se levantaron de sus sillas, Gallarraga lo miró a Amoroso y le dijo: “Dele saludos a Camps [de nombre Ramón, jefe de la Policía de Buenos Aires]”.

—No sé quién es —respondió.

—Ya te vas a enterar —lanzó el empresario, provocando las carcajadas de los otros directivos.

Amoroso y otros 24 trabajadores de la planta de la automotriz Ford, ubicada en la provincia de Buenos Aires (sigue en funcionamiento), “se enteraron” de Camps y de otros jefes militares a los pocos días. Fueron secuestrados —algunos en sus puestos de trabajo, en la línea de ensamblaje de la compañía— trasladados a un centro clandestino de detención montado en el campo de deportes de la planta, torturados y encerrados en distintas cárceles de la capital argentina.

Galarraga murió en 2016 a los 92 años. Logró sortear la Justicia. No así dos de sus alfiles, Pedro Müller (89), gerente de manufacturas y segundo en la escala jerárquica de la mesa directiva de aquellos años; y Héctor Francisco Sibilla (94), jefe de seguridad de la planta. En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín los condenó por aquellos delitos de lesa humanidad.

Sus abogados apelaron la sentencia y el expediente pasó a la Cámara Federal de Casación. Este tribunal se expidió la semana pasada: confirmó las condenas y avaló toda la carga probatoria contra estos dos exdirectivos. Sobre Müller recayó una pena de 12 años de prisión, dos más que Sibilla, sentenciado a 10 años de encierro.

“Estamos hablando de una sentencia histórica para Argentina y para el mundo”, explica Tomás Ojea Quintana, el abogado que representó a las víctimas. “Es un hito porque con esta ratificación queda comprobado lo que siempre se habló en ámbitos académicos y periodísticos: la complicidad de ciertos grupos económicos con el terrorismo de Estado. Y queda acreditado en un proceso justo donde se respetaron todas las garantías procesales. Estas dos personas han tenido los mejores bufetes de abogados”, detalla el letrado.

Condenas de esta naturaleza —agrega— tienen un solo antecedente en el mundo: los empresarios nazis sentados en el banquillo de los acusados durante los Juicios de Núremberg. “Se equivoca quien crea que ésta es una sentencia del pasado. Tiene que ver más que nunca con el futuro, con la necesidad de tener empresas comprometidas con los derechos humanos a la hora de hacer sus negocios”, aclara.

El próximo paso, adelanta Ojea Quintana, es llevar a juicio a esta firma multinacional. “Esta condena es contra individuos, contra personas físicas, contra dos exgerentes. Lamentablemente por restricciones legales no hemos podido todavía hacerle juicio a la empresa. Estamos preparándonos para eso. Los gerentes representaban a esta firma. ¿Qué tiene para decir Ford sobre esto? Eso es lo que queremos averiguar. Lo bueno de esta sentencia es que nos da pie a otra batalla legal”, subraya.

Tras el fallo judicial, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, invitó a la multinacional a “dar un paso institucional” sobre este oscuro pasado. “Es una buena ocasión para que la empresa Ford empiece de forma institucional a contribuir con el proceso de Memoria, Verdad y Justicia que protagoniza nuestro país“, reclamó.

De 1976 a esta parte (45 años), la automotriz hizo un solo descargo oficial sobre los delitos de lesa humanidad que ocurrieron en su planta. Fue en 2007 cuando la agencia Business and Human Rights, que promueve los derechos humanos en las empresas, pidió su réplica sobre las denuncias que llegaban desde Argentina.

La respuesta fue la siguiente: “A partir de marzo de 1976, por decisión de un gobierno militar y por lo tanto fuera del control de la empresa, el Ejército Argentino colocó fuerzas dentro del predio de la empresa, que ya había sido incluido en un área militar por las autoridades. Las actividades realizadas por las fuerzas militares durante el tiempo que permanecieron en el lugar fueron absolutamente independientes y ajenas a los procedimientos y la política de Ford”.

La endeble justificación de la multinacional quedó totalmente desacreditada en el reciente fallo judicial argentino, según se desprende de los argumentos vertidos por uno de los jueces de la Cámara Federal, Alejandro Slokar, para justificar su voto a favor de la ratificación de las condenas: “Ford Argentina actuó mancomunadamente con las fuerzas armadas y de seguridad, con el fin de ejercer el poder represivo contra sus empleados. Para ello fue decisivo el trabajo en conjunto con los directivos, a los fines de individualizar y acallar a sus dirigentes gremiales, proscribir las huelgas y organizaciones sindicales y evitar de ese modo cualquier entorpecimiento que pudiera repercutir negativamente en los niveles de producción”, redactó en su sentencia.
Ford, la dictadura y una “coincidencia de objetivos”

Las pruebas ventiladas en el juicio oral —el testimonio de las víctimas, de testigos, archivos, fotos, documentos de la propia empresa, etc.— permitieron establecer que Müller y Sibilla fueron quienes facilitaron al Ejército las listas de los trabajadores que querían que fueran secuestrados y quienes autorizaron la instalación de un centro clandestino de detención en las instalaciones de la fábrica.

Los militares utilizaban los carnets de la empresa con fotos y datos personales para llevar a cabo los secuestros. A Adolfo Sánchez, delegado sindical que participó de aquella reunión con Galarraga, lo secuestraron el domingo 28 de marzo en su casa. Los efectivos llegaron cuando estaba jugando en la cama con sus dos hijos. “Te vamos a tirar al río y desaparecer como todos los zurdos”, le dijeron.

Lo maniataron, lo metieron en el piso de un coche y se lo llevaron a una comisaría, donde fue vejado y torturado: Sanchez contó en el juicio que sus captores le mostraron la credencial de Ford, una copia exacta del carnet con el que ingresaba a trabajar a la planta.

“Las esposas de los trabajadores secuestrados, en busca de alguna respuesta, se entrevistaron una tarde con algunos jefes militares, quienes confesaron que habían actuado a pedido de Ford. Les mostraron un listado donde estaban los nombres de sus maridos. El papel tenía el logo de Ford. Esto se acreditó en el juicio”, agrega Ojea Quintana sobre “la contundencia” de la carga probatoria contra estos dos exgerentes.

“Es más: la mayoría de estos secuestros ocurrieron con las camionetas de Ford. Los militares cenaban en los comederos de la empresa. Todo muy burdo. Sentían una profunda impunidad”, afirma el abogado. “Todas las pruebas dan cuenta de la coincidencia de objetivos entre Ford y la dictadura: eliminar toda resistencia sindical de la fábrica”, explica sobre el nivel de complicidad.



Müller y Sibilla están, por el momento, en libertad. El Tribunal Oral de San Martín tiene ahora que pronunciarse sobre la prisión efectiva que solicitó la querella. Lo más probable es que, por la avanzada edad de ambos, se fije una prisión domiciliaria.

Sin embargo, el “alivio” que sienten las víctimas no va a cambiar por este último veredicto. “Hay que entender que vienen denunciando esto desde hace décadas. Para ellos es un alivio enorme que unos jueces acrediten sus relatos y que el Estado responda con condenas a los responsables de aquellos delitos. Es una conquista inmensa”, asevera el abogado .
La importancia del “precedente jurídico”

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), en Argentina hay 30 causas abiertas contra agentes económicos por sus vínculos con la dictadura. Sin embargo, muchos de esos expedientes están frenados, con muy pocos avances en los últimos años.

Ojea Quintana cree que la confirmación de esta sentencia va a generar “un precedente jurídico” que va a “agilizar” estos expedientes.

“En esta sentencia, se despejaron aspectos jurídicos y técnicos acerca del análisis de la complicidad económica con la dictadura. Estamos hablando de aspectos jurídicos que siempre utilizan los abogados los acusados para buscar la absolución. Esperamos que la causa Ford contribuya a que los otros juicios pendientes puedan valerse de esta jurisprudencia”, explica.

El primer empresario condenado por delitos de Lesa Humanidad fue Marcos Levín, dueño en los años 70 de La Veloz del Norte, una empresa de transporte de pasajeros ubicada en Salta y con sede en Tucumán. En marzo de 2016, otro tribunal de primera instancia ordenó una pena de 12 años de prisión por el ”secuestro y tormento" en 1976 de Víctor Cobos, uno de sus empleados. Su modus operandi consistía en ir en los coches de su empresa junto con policías para secuestrar a los sindicalistas que exigían por sus derechos laborales.

Al año siguiente, a diferencia de la causa Ford, la Cámara Federal de Casación revirtió el fallo. La Corte Suprema todavía no revisó la situación de Levín, quien permanece en libertad.

Otro empresario enjuiciado (aún no condenado) es Carlos Pedro Tadeo Blaquier (94 años), dueño de Ingenio Ledesma (provincia de Jujuy), una de las empresas agroindustriales más grandes de Argentina. Está acusado por 29 secuestros, la mayoría de ellos cometidos entre el 20 y el 27 de julio de 1976 en lo que se conoció como las Noches del Apagón, cuando 400 personas fueron secuestradas en Jujuy en medio de un corte de luz autogenerado para entrar en las casas de los trabajadores. Las víctimas y los testigos lograron identificar, pese a la oscuridad, que los grupos de tareas utilizaban las camionetas de esta empresa para trasladar a las personas que privaban de su libertad.

En julio de este año, la Corte Suprema dejó sin efecto la falta de mérito con la que la Cámara Federal de Casación había beneficiado a Blaquier, por lo que el proceso judicial sigue en pie.

También están procesados los cuatro empresario que integraban el directorio de Ingenio La Fronterita (firma azucarera de Tucumán) por los delitos de violación de domicilio, privaciones ilegales de la libertad con apremios y vejaciones, violación sexual y homicidio. Esta empresa también prestó sus instalaciones para que la dictadura instalase una base militar y un centro clandestino de detención.

La misma situación legal (procesamiento) tiene hoy el excoronel José María Menéndez —hermano de Luciano Benjamín Menéndez, célebre genocida y excomandante del Tercer Cuerpo de Ejército—, quien actuó entre 1974 y 1976 como gerente de la empresa Norwinco SA. Está acusado de facilitar los legajos de 12 trabajadores que fueron secuestrados, tres de los cuales permanecen desaparecidos.

“La gran batalla del proceso de Memoria, Verdad y Justicia está hoy en estos expedientes. Los exmilitares que todavía están en juicio ya no tienen ningún apoyo fáctico, ni político, ni militar. En cambio, estos agentes económicos todavía conservan mucho poder. Luchamos para tener más condenas como las de Ford. No es nada fácil”, concluye Ojea Quintana."                      (Andrés Actis, El Salto, 10/10/21)

21/9/21

Inés Ramonda, torturada durante la dictadura de Videla: "Mi testimonio ante la Justicia es el legado que le dejo a mis hijas"

 "Han tenido que pasar más de cuarenta años para que un tribunal escuchara el testimonio, en su doble calidad de víctima y testigo, sobre la detención ilegal que sufrió por parte de militares argentinos que asaltaron su casa para llevarla a un centro de detención y tortura clandestino en la ciudad de Córdoba (Argentina).

Ella es Inés Ramonda (Córdoba, 1957) y el 21 de abril de 1976, cuando ocurrieron los hechos, tan solo tenía 18 años. En aquellas fechas también fue secuestrado su novio Máximo José Juárez, a quien las Fuerzas Armadas jamás devolvieron a su familia. Su nombre y restos engrosan la lista de los 30.000 desaparecidos que se calcula que aún hay en Argentina a consecuencia del golpe de Estado y dictadura de Rafael Videla.

En una conversación telefónica con Público, Ramonda repasa sus inicios de militancia, el secuestro que sufrió, las torturas que le infligieron, el silencio impuesto de los años posteriores y cómo, con el paso del tiempo y el empuje de sus tres hijas y su marido, ha ido superando aquellos dos días que marcaron su vida.

 "Yo empecé a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) –el brazo político del Ejército Revolucionario Popular (ERP)– cuando entré a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 1975 y, a veces, íbamos a pintar en las paredes de algún barrio, repartir folletos y demás, pero no gran cosa. Aún no se había producido el golpe pero las cosas ya andaban complicadas, sobre todo porque funcionaban grupos paramilitares en el país".

Videla encabezó el golpe de Estado en Argentina el 24 de marzo de 1976 y, menos de un mes después, Ramonda sufría en su piel las consecuencias más directas. "Unos señores que se identificaron como personal militar del ejército argentino entraron de forma violenta en mi casa. Instantes después, trajeron a una compañera de mi facultad para que me reconociera, y me señaló. Me cubrieron la cabeza con una toalla y a mi padre le obligaron a arrodillarse contra la pared. También me pusieron unas gafas muy oscuras y me esposaron las manos. Creo que nunca viví una vergüenza tan grande", comienza a relatar la afectada, quien recalca que jamás mostraron orden alguna sobre su detención ni un documento que lo legitimara.

Dos días secuestrada

"Me subieron a un vehículo. Recuerdo que iba en el asiento de delante y me abrazaba uno de los militares que entró buscarme a casa. Conseguí ver un poco por el rabillo del ojo y me percaté que estábamos yendo a la zona en la que yo me había criado", continúa. Ramonda se refiere al centro de detención y tortura La Perla, situado a las afueras de la capital de la provincia.

 "Después de tomar todos mis datos, me quitaron las lentes y me vendaron los ojos. En todo momento, tuve mis manos atadas. Después me sometieron a interrogatorios muy violentos y fui testigo auditivo de las torturas y la represión que llevaban a cabo en el lugar. En un momento dado, vi en muy mal estado a la hermana de la compañera de la facultad que me reconoció antes en mi casa. A día de hoy, ellas dos siguen desaparecidas", relata Ramonda.

 Durante los interrogatorios fue objeto de torturas, agresiones verbales y manoseos. Así explica ella misma el ahogamiento que le produjeron: "Me pusieron boca abajo en una camilla que terminaba en un cubo de agua. Me sumergían en él, cada vez por más tiempo, ya que veían que no les daba ninguna información. Esa agua estaba asquerosa y tragarla afectó a mi estómago. Estuve muy descompuesta".

 No paraban de pedirle información sobre sus compañeros, datos como dónde vivían o quiénes eran. "Yo sabía nombres, pero esa situación me produjo tal bloqueo mental que aún lo mantengo. No era información muy prolífica porque éramos células muy pequeñas y uno tenía escaso acceso a los demás, incluso no utilizábamos nuestro nombre real para protegernos. Así, si uno caía y no conseguía aguantar las torturas, por mucho que dijera nunca nos encontrarían por nuestro nombre. Yo sí que podía haber dicho alguna cosa, pero nunca lo hice", rememora la afectada. El bloqueo mental fue de tal envergadura que cuando todo pasó no recordaba dónde vivía su novio, una casa en la que había estado decenas de veces. "Como a tantos otros compañeros, también perdí al mío. Eso sí que fue un duro trago de digerir", agrega.

 Mientras tanto, su padre, suboficial mayor de aeronáutica de las Fuerzas Armadas argentinas, intentaba por todos los medios saber dónde estaba su hija, en esos momentos desaparecida. A los dos días, la devolvieron a su casa. "Mi padre les agradeció que me llevaran y se pensaba que era por las gestiones que él había realizado, pero le dijeron que no, que ellos no sabían nada de eso. En realidad, no conozco que haya otro caso similar al mío porque lo normal era o que te tuvieran recluido en La Perla trabajando para ellos o que te desaparecieran. No llego a comprender por qué me soltaron, pero no dejo de ser una privilegiada por salvarme en un momento en que tu vida dependía del humor que tuviera el guardia de turno".

En su casa nunca se habló de lo que había sucedido. "Era como si no hubiera pasa nada. Cuando yo quería hablar sobre ello, mi padre me frenaba en seco. De hecho, cuando me devolvieron a mi casa y me fui a bañar, después ya estaban quemando la ropa que me había quitado y todo lo que me pudiera comprometer políticamente. Nunca se tocó el tema, era como un acto considerado deshonroso. Siempre se ocultó como una cosa vergonzante", explica Ramonda. Pero tuvieron que pasar muchos años para que eso cambiara. "Lo peor de todo es que hasta hace unos 15 años yo pensaba que era así. Llevo con mi marido 42 años y su familia es como si fuera la mía propia, y sin embargo ninguno de ellos sabe nada de esto. En realidad, todavía me cuesta estar bajo la mirada crítica del otro".

Han sido años de silencio, recuerdo y ahogo interior. "Igual que yo me salvé, mataron a Máximo. Su madre era de España, así que decidieron sacar del país a sus dos hermanos más pequeños, que tenían la nacionalidad española. Sus padres se quedaron por acá haciendo averiguaciones, pero con los años también retornaron a España. De hecho, hace no mucho me llamaron del equipo de antropología forense para el reconocimiento de restos. Querían cotejar unos que habían encontrado con los de él y me pidieron que les ayudara a encontrar alguna muestra genética, porque no dejaron ninguna en el banco donde las guardan. Sé que están en España pero no consigo ubicarles. Ojalá vía embajada puedan enviar el material, a ver si van a recuperar los restos de mi compañero y no hay nadie que los retire", confiesa la represaliada.

De madres a hijas

Preguntada sobre si su padre conocía la militancia revolucionaria que llevaba a cabo, Ramonda responde negativamente de manera tajante. "No lo podía saber. Era una cosa muy reñida con su carácter castrense". En cambio, cuando se menciona la relación que tenía con su madre, el tono cambia: "Mi mamá siempre fue mi compinche. Teníamos ideas muy parecidas. Si ella viviera, ahora mismo estaría en todas las marchas por el aborto libre, seguro y gratuito. Además, fue ella quien se encargó de recoger todos los documentos, periódicos, revistas y carteles que a mí me podían comprometer para hacer una hoguera con ellos, pero guardó algunas cosas que con el paso del tiempo me dio. Diez años después de todo, cuando ya no corría peligro, me entregó fotografías de mis compañeros de militancia, al igual que la única imagen que conservo de Máximo. Sí, sí, mi mamá me bancó y cubrió en muchas cosas".

El único momento en el que Ramonda se emociona es al bajar en la línea genealógica. Su voz se quiebra, para por momentos, las palabras caen a cuentagotas y las frases se vuelven algo intermitentes. "Mis tres hijas me apoyan siempre y, gracias a ellas, me he animado a muchas cosas. Siempre se turnan para acompañarme cuando tengo que ir a los juzgados o a realizar algún trámite de la denuncia. Me emociona ver cómo toman las banderas y siguen en la lucha. Mi declaración en el juicio es el legado que yo les doy, que les dejo, y espero que les sirva", acierta a enunciar la protagonista.

La ignorancia continúa

Preguntada por el miedo a contar lo que le ocurrió en 1976, Ramonda responde que "todavía existe cierto castigo en la mirada del otro porque fueron dos realidades muy distintas, dos mundos paralelos en donde en uno desaparecía y otro hacía como si no pasara nada". Sin ir más lejos, el esposo de su hermana, que también cursaba en la UNC al mismo tiempo que ella, nunca se enteró de nada.

"Yo le pregunto por algún compañero al que hicieron desaparecer, si conoce a alguien a quien le allanaron la casa, y dice que él no sabe nada de eso, aunque más bien no lo quiere saber. Todavía hay mucha gente que vive en ese universo paralelo, personas con mi misma edad que te sigue mirando con los mismos prejuicios que hace 40 años", concretiza.

Y se despide con un mensaje para los más jóvenes: "Jamás hay que bajar los brazos si la causa es justa. Desde el lugar en el que cada uno esté hasta donde pueda. Es verdad que a veces se tarda mucho en conseguir las cosas, pero no dejarlo de intentar es la única forma de lograrlo; y siempre hay que recordar la historia, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetirla, y no se repite la parte más linda precisamente".

Este relato será uno más de los 43 que desde el pasado 9 de septiembre las víctimas están aportando en el juicio oral de la causa denominada "Herrera/Diedrich", en la que se investiga si un total de 18 imputados, entre policías y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad. Como contexto global, en Córdoba se han celebrado 11 juicios en los que se han visto inmersas 873 víctimas de la dictadura militar de Videla; y se han dictado 151 condenas a 103 personas. Por otra parte, también ha habido 26 acusados absueltos y 15 imputados han muerto durante el transcurso de la investigación. Que sus nombres, el de las víctimas, torturados y desaparecidos, pero también el de los genocidas, no se borren de la historia."                      (Guillermo Martínez, Púlico, 21/11/20)

13/6/19

La primera llamada de Cecilia Viñas a su familia se produjo en diciembre de 1983, días después de la llegada de la democracia a Argentina. Llevaban más de seis años sin saber de ella. La última llamada se produjo tres meses después. Y luego... nunca más se supo... Cecilia Viñas fue la única desaparecida de la que se tuvo información durante la democracia... Fue un caso único de la dictadura militar...




"La primera llamada de Cecilia Viñas a su familia se produjo en diciembre de 1983, días después de la llegada de la democracia a Argentina. Llevaban más de seis años sin saber de ella. La última llamada se produjo tres meses después. Y luego... nunca más se supo.

"Veo a mi viejo y me dice: 'Llamó tu hermana'... Lo miré para ver si no estaba chapa [loco]... Mi viejo, con total convencimiento, decía que era ella, 'que era la gorda'", recuerda su hermano Carlos, que no tiene ninguna duda de que era Cecilia: 'Estaba totalmente angustiada. Pero era ella. Seguridad total. Podrían haber puesto a una actriz con la voz angustiada, pero había códigos que conocíamos ella y yo... Cecilia habla con mi papá, pero con la voz 'soplada', tratando de que nadie escuche... 

Desde la primera llamada decía: 'En cualquier momento me largan'... Y también dice 'nos trasladan', como si fuera un grupo de rehenes al que mantenían secuestrado".

Nadie sabía nada de Cecilia desde el 13 de julio de 1977, cuando fue secuestrada junto a su marido, Hugo Penino, en el contexto de la ola siniestra de la Junta Militar argentina. Cecilia Viñas estaba embarazada de siete meses. 

 Años más tarde se desvelaron varias cosas: Hugo Penino quizá fue asesinado el mismo día de su secuestro. Cecilia no. Cecilia daría a luz dos meses después en una habitación cutre del centro clandestino de detención de la ESMA (Escuela Mecánica de la Armada).

Otra muestra del salvajismo político de esos días: el padre de Hugo, marido de Cecilia, era primo de un general.

 Tras la desaparición, fueron a verle para preguntarle por el paradero de Hugo y Cecilia. La reunión no salió bien (por decir algo). Lo recuerda el hermano de Cecilia: "Mi viejo llamó al padre de Hugo, que era primo hermano del general [Osvaldo René] Azpitarte, a cargo del V Cuerpo de Ejército. 

Fueron a verlo, y el tipo de forma muy cruda les dijo que cada fuerza hacía lo que quería con sus secuestrados. 'Si los tuviera yo, y ellos habrían estado en la joda, no los ven más', les dijo… Y Azpitarte era pariente de Hugo... Salieron devastados de la reunión". En efecto, con familiares así, quién necesita enemigos. Era la guerra total y absoluta contra la subversión, su entorno y todo aquello que se moviera.

Lo cuenta el periodista e historiador Marcelo Larraquy en su nuevo libro, 'Los días salvajes', historias olvidadas de una década crucial (1971-1982). Larraquy, autor de clásicos como 'López Rega, el peronismo y la Triple A' o 'Galimberti: de Perón a Susana, de Montoneros a la CIA', vuelve a su tema favorito: la narración de una época convulsa que trasciende el caso argentino: sus libros sirven como espejo de qué ocurre cuando la política se polariza a lo bestia, la revolución choca con la represión y los artefactos políticos más extraños se suceden. O la Argentina de los setenta como laboratorio político del crudo siglo XX.

Busquen a mi hijo

De entre todas las historias de 'Los días salvajes', quizá la más dura sea la de Cecilia Viñas. Una de las llamadas a su familia desde su confinamiento quedó grabada. Es estremecedora. Cecilia sospecha (con razón o sin ella) que la novia de su padre (hija de un comandante) pudo irse de la lengua sobre su antigua militancia sindical y precipitar su secuestro. Aquí la llamada:

Una vida normal truncada salvajemente por lo peor de la política. "Después del golpe militar [Hugo y Cecilia] decidieron mudarse a Buenos Aires y abandonar la militancia hasta que la situación se aclarara. Hugo Penino consiguió empleo en Ford Copello y Cecilia en Nexo Publicidad. Había hecho un curso sobre tarjetas perforadas, una de las primeras herramientas informáticas para guardar datos. Los dos tenían buenos sueldos. Una vez, su madre le avisó que el Ejército había ido a su casa de Mar del Plata a preguntar por ella, pero Cecilia continuó en su trabajo. Quería hacer una vida normal. Ya estaba casada y esperaba un hijo", cuenta Larraquy.

Su hermano Carlos recuerda así en el libro los meses previos al secuestro: "Cecilia pensaba que no tenía nada que esconder. Ninguno de los dos era clandestino. Yo estuve con ellos un mes antes del secuestro. No tenían ningún temor. Ella, con la pancita; los dos muy felices; todo bien. Lo que tenía Cecilia es que largaba todo lo que se le venía a la cabeza. 

Yo le decía: 'Bajá los decibelios porque los tipos están muy pesados'. Y hablamos de la pareja de mi viejo, una mina bastante reaccionaria, hija de un comandante de Gendarmería, con un cuñado en la Marina, y mi hermana discutía bastante sobre la situación del país. Yo le decía que se hiciera la boluda".

Democracia pervertida

¿Cómo logró Cecilia hablar con sus padres desde su secuestro y por qué no volvió a saberse de ella? No se sabe con certeza. Quizá le dejaron hacer llamadas para minar a la familia y pedir un rescate. La democracia había llegado a Argentina, sí, pero el enloquecido tren de la represión no detuvo su marcha de un día para otro, sino que se fue ralentizando. Suena muy crudo, pero había mucha gente viviendo de eso tras años de represión contra la disidencia por parte de estratos oficiales y/o clandestinos del Estado. 

Uno de los lados sórdidos de la transición argentina es que el secuestro se había convertido en industria, y una industria no se desmonta en dos días, del secuestro político habíamos pasado a la extorsión criminal sin coartadas.

"Cecilia Viñas fue la única desaparecida de la que se tuvo información durante la democracia. Esto implicaba que, aun en el gobierno de Alfonsín, había una fuerza militar que todavía tenía secuestrados-desaparecidos en algún centro clandestino... Fue un caso único de la dictadura militar. Una secuestrada-desaparecida en 1977 que comenzó a llamar a su familia en diciembre de 1983, diez días después de que Alfonsín asumiera el gobierno.

 En las conversaciones hablaba de 'traslados', y 'guardias'... Una de las conversaciones fue grabada. La escuchó el ministro del Interior, Antonio Tróccoli, en su despacho el 30 de abril de 1984. El ministro transpiró: había una desaparecida que estaba viva", escribe Larraquy.

"El 29 de abril de 1983, la dictadura militar había resuelto dar por muertos a los "desaparecidos": 'Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos, y que no se encuentran exiliados o en la clandestinidad, a los efectos jurídicos y administrativos se consideran muertos, aun cuando no se pueda precisar hasta el momento la causa y la oportunidad del eventual deceso, ni la ubicación de sus sepulturas', aseveraba el 'Documento Final', para dar por cerrados los debates acerca de "la lucha contra la subversión", cuenta el libro. Pero Cecilia Viñas vivía, aunque nunca dieron con ella. El que sí apareció fue... su hijo.

En otra de las llamadas a su familia, el 14 de enero de 1984, Cecilia preguntó cómo estaba su hijo. En 1977, sus secuestradores le dijeron que lo habían entregado a su familia tras el parto. Pero no era cierto. Según su hermano, enterarse de eso "fue tremendo para Cecilia", que en la siguiente llamada rogó a su madre: "Busquen a mi hijo".

El hijo de Cecilia Viñas y Hugo Penino nació en la Sala de Embarazadas del centro clandestino de la ESMA el 7 de septiembre de 1977. El bebé se lo quedó el capitán de navío Jorge Vildoza, subdirector de la ESMA. Todo esto se supo llegada la democracia y tras la movilización de las familias de Cecilia y Hugo. Pero Vildoza burló la acción de la justicia argentina, se benefició de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, se dio a la fuga con su familia, pasó por varios países y su rastro se perdió.

"Una luz de justicia se abrió muchos años más tarde en los juicios por las embarazadas despojadas de sus hijos en centros clandestinos. Un programa de televisión de España, 'Quién sabe dónde', se interesó por la historia de Cecilia, en forma coincidente con el juez español Baltasar Garzón, que aceptó tomar juicios por bebés apropiados, que consideró imprescriptibles", recuerda el libro. El hermano de Cecilia lo recuerda así: "Creo que eso fue en el año 97. Me presenté con mi mamá a la justicia en España y en la televisión. Pudimos pagar solo un pasaje; del otro se hizo cargo el programa. Contamos la historia, presentamos fotos. Seguimos denunciando a Vildoza como apropiador del hijo de Cecilia y Hugo. El programa tuvo mucha repercusión".

El hijo perdido de Cecilia se enteró entonces de su historia. "Javier se contactó con los tribunales federales argentinos. Es probable que se hubiera enterado del programa en España, o que hubiese leído en internet acerca de las denuncias contra el capitán Vildoza. Se dispuso a hacer los análisis de sangre. Estaba cansado de vivir con dos identidades. Su apropiador le había dicho que había sido adoptado".

El caso se reabrió. La mujer de Jorge Vildoza, Ana María Grimaldos, fue condenada a seis años de prisión en 2015 por apropiación de bebé. Jorge Luis Magnaco, médico responsable de los partos clandestinos en la ESMA, había sido condenado antes a 17 años. A día de hoy se desconoce el paradero de Jorge Vildoza

Escribe Larraquy en el prólogo del libro: "'Los días salvajes' no contiene todos los episodios centrales de la década de 1970, ni siquiera los más sobresalientes… Los episodios de este libro pueden parecer dispersos o dispares, pero hay fuerzas ciegas que los reúnen a todos. La fuerza de las expectativas colectivas no resueltas. La fuerza de las ideas y de las ilusiones, de los odios. La fuerza del miedo, de las tragedias, de lo que se quiso y no se pudo. De lo que se padeció.

Quizás esas fuerzas ciegas, rescatadas desde el mar de los acontecimientos, leídas en conjunto, puedan ofrecer una versión integrada y consistente de una época más olvidada que reconocida, más traumática que asimilada".

Repetimos: La fuerza de las expectativas colectivas no resueltas. La fuerza del miedo, de las tragedias, de lo que se quiso y no se pudo. De lo que se padeció."                (Carlos Prieto, El Confidencial, 12/05/19)

2/1/19

La Justicia argentina condena, por primera vez, a ex directivos de la Ford por su participación en el secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa, todos delegados sindicales, en su propio centro de trabajo, un centro clandestino de tortura en la propia fábrica, durante la dictadura militar

"La justicia argentina ha vuelto a hacer historia al condenar, por primera vez, a dos ex altos cargos de empresas privadas vinculadas con la detención y tortura de personas durante la dictadura militar. 

El hito no es, ni mucho menos, menor. Esta condena –los fundamentos jurídicos se conocerán en marzo-, que inaugura la sanción de la responsabilidad de civiles en delitos de lesa humanidad vinculados con el Terrorismo de Estado, marca el camino para depurar las responsabilidades de muchos grandes empresarios en la dictadura argentina -los activistas prefieren el término cívico-militar para resaltar la participación de grandes empresas en el proceso-. 

Pedro Müller, ex jefe de Manufactura de la planta de la empresa Ford en la localidad bonaerense de General Pacheco –a escasos kilómetros de la ciudad de Buenos Aires-, ha sido condenado a 10 años de prisión y Héctor Sibilla, ex jefe de Seguridad de la planta, a 12 al “considerarse probado que fueron partícipes necesarios” en el secuestro y tortura de 24 trabajadores de la empresa en 1976.

La condena, hecha pública este martes en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín también condenó a 15 años de prisión al que fuera jefe del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, Omar Rivero por su participación en los hechos. Todos los trabajadores eran delegados sindicales. Los tres acusados fueron condenados por los cargos de “detención ilegal” y “tormentos agravados”.


El marco en el que se produjeron estos gravísimos delitos fue el de la dictadura militar que gobernó a sangre y fuego la República argentina entre 1976 y 1983. Sólo un día después del golpe de estado (que sucedió el 24 de marzo del 76) los directivos de la empresa mantuvieron una reunión con los representantes de los trabajadores en la que se anunció la disolución de la Comisión Interna (órgano de representación de los trabajadores) bajo la excusa de que “la empresa Ford Argentina pasa a ser objetivo y prioridad militar”. 

La reunión, según explica una nota publicada por el Centro de Estudios Legales y Sociales, acabó con una velada amenaza hacia uno de los sindicalistas. Guillermo Galarraga, gerente de relaciones industriales de la compañía, dijo: “Amoroso, dele saludos a Camps” –en relación al Coronel Ramón Camps, célebre represor durante el ‘proceso militar argentino’-. Al preguntar que quién era ese Camps, Galarraga respondió “ya se va a enterar”.

Esta condena es, sencillamente, histórica. “Hasta el momento ya tenemos unos 850 condenados por hechos relacionados con la represión y el terrorismo de Estado durante la dictadura: pero siempre son los que tuvieron a cargo la ejecución de los hechos, o quienes dieron las órdenes o los que pusieron los recursos para ello desde el ámbito militar”, explica Elizabeth Gómez Alcorta, abogada que ha participado en la causa y que investiga otros 25 casos similares.

 “Ahora queda demostrado que una empresa puede usar las estructuras de la producción y sus recursos para llevar adelante delitos de lesa humanidad contra los trabajadores”, añade. Aquí reside lo realmente novedoso. “Esto no lo habíamos visto nunca”.

La causa dio inicio en 2002. Y en todos estos años han pasado muchas cosas. Entre ellas la muerte de uno de los imputados –el ya mencionado Guillermo Galarraga- y de 12 de los 24 trabajadores que fueron secuestrados y torturados en su propio centro de trabajo. Y ahí está la clave de todo. Los gerentes implicados organizaron, en connivencia con las autoridades militares, un centro clandestino en la propia fábrica dónde los trabajadores señalados –por su militancia política o sus reclamos laborales- eran detenidos ilegalmente y torturados.

Carlos Propato era delegado sindical cuando lo secuestraron. “Aquel 13 de abril de 1976 me arruinaron la vida. Y más allá de los años de cárcel, y los destrozos físicos que me hicieron –en alusión a las torturas- lo peor que nos pasó es que nos marcaron con una cruz a fuego en la frente. Los trabajos no nos duraban más de 15 días y muchas familias quedaron totalmente destruidas. Yo vendía pan casero para poder sobrevivir”, rememora.

Hoy Propato ya es “un hombre grande” y no hay día que no recuerde el infierno que se inició en las instalaciones de la Ford en Argentina. Pero hoy es un día de celebración: “simples obreros han podido demostrar que una de las multinacionales más poderosas del mundo participó en la dictadura argentina. Estamos muy contentos y emocionados, porque fueron muchos años de trabajo y por el camino quedaron 30.000 compañeros”, sentenció el ex trabajador de Ford en alusión a los desaparecidos de la dictadura argentina.

Pero más allá de los años de condena, los fundamentos jurídicos del caso o las consecuencias que esto puede acarrear en el futuro, el fallo del tribunal bonaerense tiene un alto contenido simbólico. “Nadie está exento de la responsabilidad o está amparado por la impunidad si evita mancharse las manos de sangre”, señala la letrada Gómez Alcorta.

 “Lo novedoso y diferente del fallo es que se prueba la responsabilidad empresarial en la comisión de delitos de lesa humanidad y eso no había pasado antes en ninguna parte: ni en los Juicios de Nuremberg". En esto, Argentina también marca el camino a seguir."                 (José J. Jiménez, eldiario.es, 12/12/18)

11/12/17

Las mujeres detenidas evitaban ir al baño porque allí era donde los guardias las violaban a su antojo

"Las mujeres detenidas evitaban ir al baño porque allí era donde los guardias las violaban a su antojo. No era el objetivo inicial del recinto de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), pero sí un ejemplo del infierno en el que se convirtió uno de sus edificios, el Casino de Oficiales, en Buenos Aires (Argentina). 

Gran cloaca de la dictadura de Videla (1976-1983), fue uno de los mayores centros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) y un agujero negro para los Derechos Humanos: desde allí se hizo desaparecer a cerca de 4.000 personas a través de los ‘vuelos de la muerte’, aviones que los arrojaban todavía vivos al mar.

Este miércoles, por primera vez y después de cuatro décadas, la Justicia argentina condenó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad practicados en la ESMA: las 54 imputaciones por delitos contra 789 víctimas se saldaron con 29 cadenas perpetuas, 6 absoluciones y penas de prisión de entre 8 y 25 años para el resto de acusados.

Hace 10 días visité la ESMA y el edificio Casino de Oficiales sigue siendo aterrador. Dentro del recinto arbolado, de 17 hectáreas y salpicado por una decena de construcciones, el centro de oficiales centralizó las detenciones y las torturas. 

En la tercera planta y en la buhardilla yacían los detenidos, en nichos de 200 por 70 centímetros, sobre finos colchones en el suelo, con las manos siempre esposadas, grilletes en los tobillos y atados a una bala de cañón de 20 kilos. Dos ruidosos extractores daban algo de ventilación al espacio de reclusión. Las pequeñas ventanas estaban tapiadas y apenas entraba algo de luz natural, rebotada desde los camarotes aledaños.

Pero poco importaba la luz porque los detenidos tenían, en todo momento, la cabeza cubierta con una capucha (por eso estas dos dependencias eran conocidas como ‘Capucha’ y ‘Capuchita’). Unos pasaban así entre 10 y 15 días. Otros, años. Podían subirse la capucha hasta la nariz sólo para comer. Excepcionalmente, también podían descubrirse en el baño. 

Los médicos controlaban que los presos comiesen lo indispensable para seguir con vida: mate cocido con pan, una taza de caldo, dos panes con carne fría, algo de agua, una naranja.
Tras el internamiento, se les drogaba con pentotal, se les desnudaba y se les trasladaba a los ‘vuelos de la muerte’. 

Entre los casos más aterradores, destacan los de las mujeres: además de las violaciones en los baños, las embarazadas permanecían en la ESMA hasta que daban a luz. Entonces, las madres eran enviadas a los ‘vuelos de la muerte’ y sus hijos entraban en la red clandestina de tráfico de bebés robados.

 En la actualidad, la ESMA organiza una visita guiada por supervivientes una vez al mes. El centro, reconvertido en un museo al servicio de la memoria histórica, es un ejemplo mundial de educación y concienciación para las nuevas generaciones. Todos los días hay decenas de visitas organizadas por colegios e institutos para que los jóvenes conozcan las atrocidades cometidas."                (Daniel Ayllón, La Marea, 30/11/17)

17/5/16

Represores de la dictadura argentina utilizaron cuentas 'off shore' para ocultar bienes de desaparecidos

"Los papeles de Panamá descubren que militares de la dictadura de Argentina, condenados por crímenes de lesa humanidad, escondían en paraísos fiscales bienes que incautaban a sus víctimas en el centro de detención y exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada. La investigación ha sido frenada por el Ejecutivo del empresario Mauricio Macri. 

Represores de la violenta dictadura militar de Argentina (1976-1983), algunos de ellos condenados por crímenes de lesa humanidad, escondieron en paraísos fiscales los bienes que robaron a sus víctimas. 

 En concreto, han aparecido con cuentas en paraísos fiscales, aún activas, integrantes de lo que fue el Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), que en la práctica fue un centro clandestino de detención y exterminio donde se torturaba y asesinaba a personas capturadas que el gobierno no reconocía tener detenidas.

El diario argentino Página 12 ha desvelado que hay registros en Panamá, Miami y Sudáfrica a nombre de Ricardo Miguel Cavallo, condenado por crímenes contra la humanidad, y de Norma Radice, hermana de Jorge Radice, también condenado por crímenes de lesa humanidad por su participación en el centro clandestino de detención y exterminio del Grupo de Tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). 

La información, sin embargo, no es del todo sorprende. La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina logró probar que empresas radicadas en paraísos fiscales habían estado inyectando importantes cantidades de dinero a empresas argentinas vinculadas a los mencionados militares.

El organismo anticorrupción argentino llegó a pedir la colaboración de los organismos y entidades financieras de los países donde se encontraban las empresas al entender que podría tratarse de lavado de dinero del robo de bienes a los desaparecidos.

Según informa Página 12, la aparición de las cuentas en los papeles de Panamá confirmaría lo que hasta ahora había sido una mera hipótesis: que las sociedades existen y que están constituidas por los represores argentinos condenados por crímenes de lesa humanidad.

La investigación del organismo argentino, sin embargo, ha sido frenada de raíz por el nuevo Gobierno argentino del empresario Mauricio Macri, que ha desactivado las investigaciones sobre crímenes de lesa humanidad dentro de la UIF y amenaza con tirar al traste las investigaciones realizadas y los nuevos descubrimientos en el marco de los papeles de Panamá."                (Público, en Rebelión, 14/05/16)

9/7/15

Será difícil calcular cuántos padres murieron o se dejaron morir de angustia y de tristeza, cuántos otros enloquecieron...

"(...) Los excluidos no tienen justicia que los defienda. He ido a la villa treinta y uno, de Retiro, para solidarizarme con los sacerdotes que ayunan en repudio por la crueldad con que se pretendió echar a la gente, derribando sus precarias construcciones con salvajes topadoras.

Al regresar a casa, durante la noche he podido ver por televisión cómo se agredía a unos obreros que se negaban a desalojar una fábrica, golpeados con violencia, tratados como delincuentes por una sociedad que no considera un delito negarles a los hombres su derecho al trabajo; expropiándoles, incluso, hasta las pocas leyes laborales que los protegían.

También he visto a la policía corriendo con palos y tanques hidráulicos a vendedores ambulantes, en lugar de encarcelar a los que se están robando hasta las últimas monedas y tienen dinero y poder para comprar a esa justicia que cae con despiadada dureza sobre un pobre ladrón de gallinas.
 Como el muchacho que me escribió desde una cárcel cordobesa pidiéndome un ejemplar del Nunca más autografiado. Mientras ese hombre estaba preso por un delito menor, en un gesto aberrante se puso en libertad a los culpables de haber desangrado a la patria.

Con gran amargura, la tarde en que escuché la noticia de los indultos, me encerré en mi estudio sin deseos de ver a nadie, mientras volvían a mi mente las imágenes del horror, aquellos escenarios del suplicio.

En los años que precedieron al golpe de Estado de 1976 hubo actos de terrorismo que ninguna comunidad civilizada podría tolerar. Invocando esos hechos, criminales de la más baja especie, representantes de fuerzas demoniacas, desataron un terrorismo infinitamente peor, porque se ejerció con el poderío e impunidad que permite el Estado absoluto, iniciándose una caza de brujas que no sólo pagaron los terroristas, sino miles y miles de inocentes.

Cuando el país amaneció de esa pesadilla, el presidente Alfonsín, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, ordenó a los tribunales militares enjuiciar a los culpables de ese histórico horror. Luego, como estatuye la Constitución, el fuero civil daría la última palabra. Finalmente se nombró una comisión de civiles que, a través de una investigación paralela, aportó pruebas a la labor de los tribunales.

El horror que día a día íbamos descubriendo dejó a todos los que integramos la Conadep, la oscura sensación de que ninguno volvería a ser el mismo, como suele ocurrir cuando se desciende a los infiernos. Siempre recordaré la entereza ética y espiritual de las personalidades de la ciencia, la filosofía, varias religiones y el periodismo, que integraron la comisión.

El informe era transcripto por dactilógrafas que debían ser reemplazadas cuando, entre llantos, nos decían que les era imposible continuar su labor. En más de cincuenta mil páginas quedaron registradas las desapariciones, torturas y secuestros de miles de seres humanos, a menudo jóvenes idealistas, cuyo suplicio permanecerá para siempre en el lugar más desgarrado de nuestro corazón.

El terrorismo de Estado provocó también la destrucción de las familias de los desaparecidos. Padres y madres, en su atormentada fantasía, enterraron y resucitaron a sus hijos, sin saber, siquiera, la monstruosa realidad. Será difícil calcular cuántos padres murieron o se dejaron morir de angustia y de tristeza, cuántos otros enloquecieron. 
Como ocurrió con Miguel Itzigson, mi gran amigo, que en sus años finales tuvo como único objetivo recuperar a su hija, lograr alguna vez la verdad y la justicia. Pero el enfrentamiento con aquel horror, hecho de la crueldad de unos y la indiferencia de otros, acabó quebrando su admirable temple. Se dejó morir de tristeza.

El día en que la Conadep entregó el informe al presidente de la nación, la plaza de Mayo desbordaba de hombres, mujeres, jóvenes y madres con sus criaturas en brazos, que de ese modo daban su apoyo a aquel acontecimiento fundamental de nuestra historia. Ya que Nunca Más deberíamos reiterar los hechos que nos hicieron trágicamente famosos, cuando la prensa del mundo entero escribía en castellano la palabra "desaparecido".

Lamentablemente, las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, y luego los indultos, han abortado aquella voluntad soberana que hubiese sido un ejemplo de lucha ética, que hubiera tenido consecuencias ejemplares para el futuro de nuestra patria. 
Porque la tragedia que vivió la Argentina no será olvidada jamás por los que poseen un corazón noble; no sólo por quienes han presenciado aquel infierno, sino también por la condena de todos los seres de conciencia del mundo. 
Como lo demuestra la investigación que en otros países llevan adelante seres como el juez Baltasar Garzón, con quien estuve durante mi último viaje a España. La sangre, el horror y la violencia cuestionan a la humanidad entera, y nos demuestran que no podemos desentendernos del sufrimiento de ningún ser humano.

Ernesto Sábato, "Antes del fín", 1999. En Búscame en el ciclo dela vida, 24/06/2015)

15/12/10

13.000 personas están acampadas en un parque donde murieron cuatro inmigrantes en un desalojo violento



"Argentinos y extranjeros pobres multiplican la usurpación de parcelas para construir sus casas.

Argentinos y extranjeros pobres han multiplicado en los últimos dos días las ocupaciones de tierras en general en desuso para construir sus casas en Buenos Aires y sus alrededores. Hace 10 días había comenzado la usurpación del parque Indoamericano, en el barrio de Villa Soldati, donde han acampado 13.000 personas y donde murieron cuatro inmigrantes -un paraguayo y tres bolivianos-, pero ahora se han instalado chabolas de cartón, madera, chapa y plástico en otros siete terrenos, algunos públicos y otros privados.

Sucede que primero la Policía Federal, que responde a Fernández, organizó junto con las fuerzas metropolitanas, del alcalde de Buenos Aires, el conservador Mauricio Macri, un operativo conjunto de desalojo en Villa Soldati, pero dos de los extranjeros murieron en la represión y entonces la presidenta de Argentina ordenó que sus agentes se retiraran de la zona. Los otros dos crímenes también ocurrieron en confusas grescas.

La viuda de una de las víctimas responsabiliza a la Policía Metropolitana, que también se marchó del parque porque Macri consideró que sola no podía emprender el desalojo. El otro muerto fue víctima de la violencia de vecinos que fueron a agredir a los okupas con armas de fuego y piedras ante la ausencia policial.

Finalmente, el Gobierno argentino envió el sábado a la Gendarmería y la Prefectura Naval para evitar nuevos choques, pero no para desalojar el parque de 100 hectáreas. En contraposición a la idea de Macri de desahuciarlos, el Ejecutivo de Fernández reclama que el alcalde les dé viviendas dignas. (...)

Las nuevas ocupaciones fueron acometidas por pequeños grupos de personas, en algunos casos, y por hasta 200 familias, en otros. Cuatro ocurrieron en otros barrios porteños (dos en Villa Lugano, uno en Barracas y otro en el Bajo Flores) y tres en el área metropolitana de Buenos Aires (dos en Bernal y otro en González Catán).

Los ocupantes tomaron desde terrenos fiscales, algunos donde se iban a construir viviendas sociales, hasta un campo público de fútbol o sedes de empresas, en varios casos en quiebra. Algunas tomas fueron pacíficas, pero en una un agente de policía fue herido de bala la noche del lunes. Al mismo tiempo, un grupo de personas no identificadas intentó sin éxito saquear un supermercado en Villa Soldati." (El País, 14/12/2010)

29/4/10

Asesinos de niños

"A su lado, el general Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo, condenado en otro caso por haber mandado torturar al hijo de un militante comunista, un infortunado muchacho de 13 años llamado Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en una playa uruguaya. Cuando abandonaron su salita, camino de la prisión en la que, de momento, cumplirán su condena, los dos militares fueron cubiertos con escudos de la policía, protegidos de los posibles escupitajos que lanzaban familiares de sus víctimas." (El País, ed. Galicia, internacional, 22/04/2010, p. 6)

22/1/10

La picana

" La locura colectiva instalada en el país suramericano durante el desgobierno de los generales llevaba al oficial de fragata Jorge Tigre Acosta a dejar la picana apoyada en los genitales del detenido Martín Grass y marcharse a tomar un café. A la vuelta, se jactaba de traducir en diagnóstico médico la intensidad de los alaridos del supliciado: "Ese pajarito no va a volar más".

La fiscalía considera probado que Acosta y Astiz dirigían los servicios de información de la ESMA y los grupos que "secuestraron, robaron y saquearon"; coordinaron todo para que "mientras los detenidos eran torturados, otro grupo estuviera listo para salir a secuestrar, según los datos que se obtenían bajo tormento".

Todos los prisioneros permanecían engrilletados, y su alojamiento en los calabozos era infrahumano, sin asistencia sanitaria y apenas alimentados, y se les obligaba a escuchar los gritos de dolor por las torturas a sus compañeros. Atadas a camastros metálicos de la ESMA, las monjas francesas fueron martirizadas con descargas eléctricas, vejadas con cachiporras y ferozmente golpeadas en interrogatorios presenciados por Astiz y otros, según el relato fiscal. Finalmente, fueron arrojadas al mar vivas en los denominados vuelos de la muerte." (El País, Domingo, 10/01/2010, p. 6)

24/9/09

El alarde del verdugo

"El piloto argentino detenido en Valencia alardeaba ante sus colegas de haber participado en los "vuelos de la muerte"

Julio Alberto Poch fue piloto del régimen del general Videla. Participó del horror de lanzar desde el aire a los detenidos por la feroz dictadura que sembró el terror entre 1976 y 1983 en Argentina. Lo contaba. Se felicitaba de ello. Así se lo contaron al juez argentino que persigue por torturas y asesinatos a quienes hicieron desaparecer a más de 30.000 personas; y se lo contaron los que desde hace años son compañeros de Poch en la línea comercial aérea holandesa Transavia. (...)

Julio Alberto Poch tiene 57 años. Fue teniente de la Armada argentina. Pilotó aviones que vaciaron un pasaje vivo sobre el mar y el Río de la Plata para garantizarse la muerte por ahogamiento de sus víctimas. Eran los llamados "vuelos de la muerte". En 1981 abandonó Argentina y se trasladó con su familia a Holanda. Tiene doble nacionalidad. Y siguió ganándose la vida volando, transportando pasajeros como piloto de línea. Su último destino, una empresa de low cost (vuelos baratos).

A Poch le perdió la boca, la arrogancia y la chulería. Y el juez Sergio Torres, encargado de perseguir a los pilotos de los "vuelos de la muerte", no desaprovechó la oportunidad.

Torres tenía conocimiento, después de un viaje a Holanda en 2008 en busca precisamente de antiguos militares colaboradores de la dictadura de Videla, de que un piloto, Julio Alberto Poch, había reconocido ante sus propios compañeros de Transavia lo que consideraba una hazaña, una gloria, una heroicidad: haber tirado vivos desde el aire a secuestrados por la dictadura. (...)

Según explicó Alexis Banylis, de la Agrupación Hijos, un compañero de Poch relató cómo en un viaje a Bali conoció de su boca el estremecedor relato de los vuelos de la muerte. Sin pudor, sin dolor, sin vergüenza." (El País, ed. Galicia, España, 24/09/2009, p. 15)

14/3/08

Robo de niños

“Una argentina hija de desaparecidos denuncia a sus padres adoptivos. La fiscalía pide 25 años para la pareja como coautores del 'robo' del bebé.

"Que la sociedad deje de aceptar que se roben hijos de otras personas". Asediada por los periodistas pero con el ánimo firme, María Eugenia Sampallo acababa de escuchar en la sede de los tribunales de Buenos Aires cómo la fiscalía pedía 25 años para los tres autores del robo de un bebé. Sampallo es a la vez la denunciante y el objeto del robo porque esta argentina de 30 años ha sentado en el banquillo por primera vez en la historia de su país al hombre que, prácticamente recién nacida, la arrancó de su madre y a la pareja que la recibió y la crió. (…)

Hasta llegar a este punto Sampallo ha tenido que luchar, literalmente desde niña, para conocer la verdad. Una determinación que surgió un día de 1986 cuando el matrimonio formado por Osvaldo Rivas y Cristina Gómez Pinto envió a su hija de ocho años a una psicóloga para darle una noticia: en realidad era una niña adoptada y sus verdaderos padres habían muerto en un accidente. La chiquilla comenzó a preguntar insistentemente por detalles sobre sus padres biológicos y un año después Rivas y Gómez Pinto accedieron a revelar que su madre había sido una empleada doméstica.

La curiosidad infantil no se detuvo y la versión cambió ligeramente para convertir a la niña en hija de una azafata europea. Finalmente y varios años después explicaron, ya no a una niña sino a una adolescente, que había sido abandonada en la puerta del hospital Militar de Buenos Aires y recogida por un amigo de la familia, el capitán Enrique Berthier, quien se la había entregado.

Pero, como dice un proverbio judío, "con una mentira suele irse muy lejos, pero sin esperanzas de volver". El matrimonio no soportó la tensión y se separó apenas dos años después de tratar de engañar a la niña. Y un día, cuando ésta volvió a casa, la madre, Cristina Gómez, con quien se había quedado, le anunció que "unas viejas" la querían separar de ella. Se trataba de las Abuelas de Plaza de Mayo, quienes buscaban a los niños nacidos en los centros de tortura de la dictadura militar cuyas madres habían sido asesinadas. Pero una prueba de sangre realizada para averiguar si ella era uno de estos casos dio resultado negativo.

Sin embargo, ya no había vuelta atrás y estaba claro que un grave engaño flotaba en el aire. El ambiente se volvió irrespirable y Cristina Gómez le hacía constantes reproches a la chica. "Me decía que yo no era agradecida con ellos por lo que habían hecho por mí y que si no fuera por ellos yo estaría tirada en una zanja", declaró Sampallo ante el tribunal. Cuando cumplió 19 años se marchó de casa sin llevarse ningún recuerdo de la vida que había tenido con los que se proclamaron sus padres adoptivos.

Sampallo, que todavía desconocía que se llamaba así, volvió a someterse a análisis en 2000. (…)

La prueba fue un éxito y por primera vez desde que era niña María Eugenia supo una verdad sobre su origen. En realidad es la hija de Leonardo Sampallo y Mirta Barragán. Ambos fueron secuestrados, ella embarazada de seis meses. El resto de la historia lo conocía demasiado bien.” (El País, ed. Galicia, Internacional, 13/03/2008, p. 10)

8/2/08

Las víctimas levantan muros de silencio con la esperanza de olvidar

“Eloy fue testigo de cargo y querellante contra el comisario Miguel Etchecolatz, en aquellos años negros jefe de la policía de Buenos Aires. En la querella la acompañaba Jorge Julio López, secuestrado dos meses después en un momento crucial del proceso, en septiembre de 2006, cuando ambos trataban de añadir el delito de genocidio a los de homicidio, detención ilegal y torturas, por los que finalmente, Etchecolatz fue condenado a cadena perpetua, como el año pasado el sacerdote Christian von Wernich. De Jorge Julio López nunca se ha vuelto a saber. (…)

Ella reconoció al comisario Etchecolatz por su tono de voz en un programa de televisión. Fue el detonante. Habían pasado casi 20 años y hasta ese momento no había reunido fuerzas para contar su peripecia.

"No es fácil", afirma, justificando los muros de silencio que levantan las propias víctimas con la quimera de borrar así la atrocidad que, como sombra alargada, los culpabiliza sólo por sobrevivir. Ni siquiera se sabe su número.” (El País, ed. Galicia, Galicia, 07/02/2008, p. 8)