Human Rights Watch: “Erradicar virus ideológicos”: campaña de represión contra los uigures

"Human Rights Watch sobre la represión a que se ven sometidos los uigures, de mayoría musulmana, por parte del Estado chino, con medidas que incluyen el internamiento en campos de reeducación. Red.]

La formación tiene un único objetivo: aprender las leyes y reglamentos…, erradicar de las mentes pensamientos de extremismo religioso y terrorismo violento y curar enfermedades ideológicas. Si la educación no da fruto, seguiremos impartiendo enseñanza gratuita hasta que los estudiantes logren resultados satisfactorios y se gradúen sin problemas.

– Discurso del dirigente de la Liga de la Juventud Comunista de China, sección de Xinjiang, marzo de 2017

Lo que quieren es obligarnos a asimilarnos, a identificarnos con el país, de manera que en el futuro el nombre de uigur no sea más que un nombre, pero sin su significado.

– Tohti, quien se fue de Xinjiang en 2017, marzo de 2018

El gobierno chino viene aplicando desde hace tiempo políticas represivas contra los pueblos túrquicos musulmanes de la Región Autónoma Uigur de Xinjiang (RAUX), en el noroeste de China. Esta actividad se ha intensificado enormemente desde finales de 2016, cuando el secretario del Partido Comunista, Chen Quanguo, fue trasladado de la Región Autónoma del Tíbet para asumir el mando en Xinjiang.

El presente informe ofrece nuevas pruebas de detenciones, torturas y malos tratos de naturaleza arbitraria y masiva practicados por el gobierno chino con los musulmanes túrquicos en Xinjiang y detalla las prácticas sistemáticas y cada vez más generalizadas de control de la vida cotidiana en la región. Estos crecientes abusos violan derechos fundamentales a la libertad de expresión y religiosa y a la intimidad, así como garantías frente a la tortura y juicios injustos. 

Más en general, los controles gubernamentales sobre la vida cotidiana en Xinjiang afectan principalmente a los uigures y kazajos étnicos y a otras minorías, violando la prohibición de toda discriminación estipulada en el Derecho internacional.

El presente informe se basa principalmente en entrevistas con 58 antiguos residentes en Xinjiang, incluidos 5 exdetenidos y 38 familiares de detenidos. De las 58 entrevistadas, 19 personas habían abandonado Xinjiang desde enero de 2017. Proceden de las 14 prefecturas de Xinjiang.

En mayo de 2014, China lanzó su “Campaña de mano dura contra el terrorismo violento” en Xinjiang. 

Desde entonces, el número de personas formalmente detenidas se ha multiplicado por tres en comparación con el quinquenio anterior, de acuerdo con cifras oficiales y estimaciones de la ONG Defensores Chinos de los Derechos Humanos.

 El gobierno ha mantenido a personas en prisión preventiva en centros de detención y cárceles, que son instalaciones formales, y en campos de educación política, que carecen de cualquier base en la legislación china. A estos detenidos se les ha negado el derecho a un juicio justo y han sufrido torturas y otros malos tratos.

Así, los medios internacionales en Xinjiang han centrado su atención en los campos de educación política. Pese a que el gobierno chino no facilita información pública sobre el número de detenidos en dichos campos, estimaciones creíbles sitúan la cifra en alrededor de un millón. En estas instalaciones secretas, los internos están obligados a someterse a cursos de adoctrinamiento político durante días, meses e incluso más de un año. 

No son pocos los casos en que personas uigures, especialmente de Hotan y Kashgar, en el sur de Xinjiang –que las autoridades consideran focos antigubernamentales–, informan de que la mitad o más de sus familiares directos se hallan internados en campos de educación política, en prisión preventiva o en la cárcel. 

Por ejemplo, una mujer entrevistada declaró que su marido, sus cuatro hermanos y 12 sobrinos –es decir, todos los hombres de la familia– están detenidos en campos de educación política desde 2017.

Se ha informado de muertes habidas en los campos de educación política, suscitando sospechas respecto a posibles abusos físicos y psicológicos y al estrés provocado por las malas condiciones, la masificación y el confinamiento indefinido.

 Aunque se presta atención médica básica, las personas siguen detenidas incluso estando gravemente enfermas o siendo mayores; también hay adolescentes, mujeres embarazadas y amamantadoras, y personas discapacitadas. Antiguos internos informan de intentos de suicidio y severos castigos por desobediencia en los centros.

Portavoces oficiales chinos han negado que se hayan producido abusos; a su vez, califican dichos campos de “centros de formación profesional y formación para el empleo” para “criminales implicados en delitos menores”. Sin embargo, no permiten ninguna inspección independiente de esas instalaciones por parte de Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos ni medios de comunicación.

En los últimos años, el gobierno chino ha destinado enormes recursos financieros, humanos y técnicos al control social en Xinjiang. Las autoridades han contratado a decenas de miles de vigilantes de seguridad y han construido numerosas comisarías de conveniencia y puestos de control en la región. 

Han seguido de cerca las redes familiares y sociales de la gente como indicadores de su grado de fiabilidad política. El gobierno detiene a personas y las somete a controles más estrictos, no solo sobre la base de su propio comportamiento o creencia, sino también de los de miembros de su familia, una forma de castigo colectivo contrario al Derecho internacional en materia de derechos humanos.

Tal vez la medida represiva más innovadora –y preocupante– en Xinjiang sea el uso por parte del gobierno de sistemas de vigilancia masiva de alta tecnología. Las autoridades de Xinjiang proceden a la recogida masiva y obligatoria de datos biométricos, como muestras de voz y ADN, y emplean inteligencia artificial y bases de datos masivos para identificar, caracterizar y seguir a todo el mundo en Xinjiang. 

Las autoridades contemplan estos sistemas como una serie de filtros que permiten seleccionar a personas que muestran cierto comportamiento o ciertos rasgos que según ellas suponen una amenaza para el poder del Partido Comunista en Xinjiang. Estos sistemas también han permitido a las autoridades implementar un control muy selectivo, sometiendo a la gente a restricciones diferentes en función del grado de fiabilidad percibido.

Las autoridades han intentado justificar la mano dura y golpear con dureza a los supuestos terroristas y extremistas de una manera precisa y a fondo en nombre del mantenimiento de la estabilidad y la seguridad en Xinjiang. Portavoces oficiales de Xinjiang afirman que la raíz de estos problemas está en las problemáticas ideas de los túrquicos musulmanes.

 Entre dichas ideas se incluyen lo que las autoridades califican de dogmas religiosos extremos y asimismo cualquier sentimiento de identidad china ajena a la etnia han, ya sea islámica, túrquica, uigura o kazaja. Las autoridades insisten en que tales creencias y afinidades deben corregirse o erradicarse.

Durante los últimos cinco años ha salido a la luz una serie de incidentes violentos atribuidos a autores uigures en Xinjiang y otros lugares de China, y se ha informado de que combatientes uigures se han unido a grupos extremistas armados en el extranjero. El gobierno ha impuesto restricciones mucho mayores a los uigures que a otras minorías étnicas.

 Sin embargo, desde finales de 2016, los kazajos étnicos que viven en su mayor parte en el norte de Xinjiang han sido objeto, cada vez más, de la Campaña de Mano Dura. Ahora bien, el objetivo difuso de la Campaña de Mano Dura de castigar y controlar a los túrquicos musulmanes en Xinjiang en razón de su identidad no puede justificarse al amparo de la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad pública.

El trato dado a todos los túrquicos musulmanes en Xinjiang –tanto los internos en centros de detención como los que están ostensiblemente libres– presenta similitudes preocupantes. Dentro de los campos de educación política, los internos están obligados a aprender el chino mandarín, a cantar alabanzas al Partido Comunista de China y a memorizar normas aplicables ante todo a los musulmanes túrquicos. 

Quienes están en libertad han de asistir una vez a la semana, o incluso una vez al día, a ceremonias de izado de la bandera china, a sesiones de adoctrinamiento político y ocasionalmente a clases de chino mandarín.

Dicen a los internos que no les permitirán salir del campo hasta que hayan aprendido por lo menos un millar de caracteres chinos o que se considere que se han convertido en súbditos leales chinos; los túrquicos musulmanes que viven fuera de los campos tienen restringida su libertad de movimientos, una medida que va desde el arresto domiciliario hasta la prohibición de abandonar la localidad o el país.

 Dentro de los campos, castigan a las personas que practican pacíficamente su culto religioso; fuera, las restricciones religiosas del gobierno son tan severas que de hecho prohíben el islam. En el interior, los detenidos son vigilados de cerca por los guardias y no pueden comunicarse con sus familias y amigos. Quienes viven en su casa son espiados por sus vecinos, agentes y sistemas tecnológicos de control de masas, y no se les permite entrar en contacto con quienes se hallan en el extranjero.

La Campaña de Mano Dura de Xinjiang también ha tenido repercusiones en el extranjero. Las autoridades de esta región han declarado delito punible mantener relaciones con extranjeros, lo que afecta sobre todo a personas con conexiones con una lista oficial de “26 países sensibles”, entre ellos Kazajstán, Turquía, Malasia e Indonesia.

 Personas que han estado en estos países, que tienen familiares allí o que se comunican por cualquier otra razón con habitantes de los mismos, han sido interrogadas, detenidas e incluso procesadas y encarceladas. Las personas entrevistadas informan de que incluso han detenido a quienes tienen contactos con países que no figuran en dicha lista o que han sido sorprendidas utilizando WhatsApp u otros programas de comunicación extranjeros.

 Y en los últimos años, el gobierno chino ha intensificado las presiones sobre otros gobiernos para que devuelvan a la fuerza a China a los uigures que viven en sus respectivos países.

Human Rights Watch ha constatado asimismo que la Campaña de Mano Dura ha dividido familias, quedando algunos miembros en Xinjiang y otros en el extranjero, interceptados inesperadamente por el refuerzo de los controles de pasaportes en los cruces de frontera. En ocasiones ha habido niños retenidos en un país sin sus padres. 

Dado que las autoridades de Xinjiang castigan a la gente que se comunica con sus familias en el extranjero, muchos entrevistados han declarado que han perdido el contacto, incluso con niños pequeños, durante meses o más de un año. Otros han declarado que sus familias, cuando logran comunicarse con ellas, han recibido instrucciones de las autoridades de presionarles para que vuelvan a Xinjiang, o de obtener información detallada sobre su vida en el extranjero. 

Debido a ello, muchos kazajos y uigures étnicos en el extranjero viven atemorizados y con ansiedad, especialmente en países que mantienen estrechas relaciones con Pekín, pues sienten que se hallan a merced del gobierno chino pese a vivir al otro lado de la frontera o no tener siquiera la nacionalidad china.

***

Las violaciones de los derechos humanos en Xinjiang tienen actualmente una amplitud y un alcance que no se conocía en China desde la Revolución Cultural de 1966-1976. La creación y proliferación de campos de educación y otras prácticas abusivas indican que el propósito de Pekín de transformar Xinjiang a su propia imagen y semejanza constituye una operación a largo plazo.

También es evidente que China no prevé un coste político significativo de su campaña abusiva en Xinjiang. Su influencia global le ha ahorrado en gran medida toda crítica pública. Y su posición como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas implica que puede vetar cualquier acción internacional, ya se trate de sanciones impuestas por el Consejo, ya de querellas criminales ante la Corte Penal Internacional, a la que China no se ha adherido.

Los obstáculos políticos para reclamar responsabilidades a China por sus violaciones no eximen a Naciones Unidas y los gobiernos de su deber de proteger los derechos humanos. Deben recurrir a foros internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para llamar la atención del mundo sobre estas cuestiones, en particular en la Revisión Periódica Universal de China, y proponer una acción concertada, como el establecimiento de un mandato especial de investigar la Campaña de Mano Dura. 

Si Naciones Unidas no establece un mecanismo para investigar los abusos en Xinjiang, los gobiernos interesados deberían crear el suyo propio para reunir pruebas de detenciones arbitrarias y otros abusos.

Si estas iniciativas no consiguen cambiar la política china en Xinjiang, los gobiernos deberían adoptar de todos modos medidas unilaterales para enviar un mensaje firme a las altas esferas del gobierno chino de que ponga fin a esas grotescas violaciones. Los políticos deberían aprovechar todas las oportunidades para echar en cara públicamente al presidente Xi los abusos de su gobierno en Xinjiang.

El secretario del partido Chen Quanguo y otros altos cargos responsables de la Campaña de Mano Dura deberían ser objeto de sanciones selectivas, mediante instrumentos como la Ley Global Magnitsky de EE UU y los protocolos de concesión de visados. Habría que imponer mecanismos adecuados de control de exportaciones para denegar a China tecnologías que faciliten los abusos. 

Y los gobiernos deberían adoptar medidas para ayudar a sus propios ciudadanos perjudicados por las políticas chinas en Xinjiang, concediendo el asilo a quienes corren el riesgo de ser devueltos a Xinjiang para ser perseguidos. Asimismo, deberían investigar la intimidación por parte del gobierno chino de las comunidades túrquicas musulmanas de la diáspora e invocar la legislación nacional. 

 Los gobiernos interesados deberían asegurar el seguimiento de los cambios en materia de derechos humanos en Xinjiang, incluida la creciente represión gubernamental de la población túrquica musulmana, a fin de asegurar una respuesta internacional rápida, incluida la condena pública y sanciones selectivas."                 (Viento Sur, 19/09/2018;

Le metieron un tiro en la frente a su perro. Por txakurra

"A S.A. le entraron de noche en la finca e hicieron pintadas a los caballos. ¡Cómo brillaba el GORA ETA en aquellos lomos asustados! 

A J.L.V., tras darle fuego al coche de su mujer, le enviaron la llave del portal con una amable nota: “Tenemos 47 copias y 47 personas dispuestas a darlo todo por eliminarte”. 

A M.T.C. e I.L. les atacaron a menudo la librería y una vez montaron una hoguera con los libros. Los nazis hicieron lo mismo con los de Freud y él se equivocó: “Es el progreso, en la Edad Media me habrían quemado a mí”. 

A J.R, seis décadas más tarde, le lanzaron una lluvia de cócteles, le abrasaron el 55% del cuerpo y le desintegraron la cara. Ahora es otro. Heine anduvo más certero: “Donde queman libros quemarán a seres humanos”.

A C.O. le asesinaron al hermano y por honrar la reliquia le pedían luego a gritos: “¡Hija de puta, devuélvenos la bala!”. 

A J.A.M. le destrozaron el medio de vida -una ferretería- y a P.E. -una furgoneta y utensilios de jardinería-. 

A A.S. lo lincharon casi hasta la muerte entre 17 púgiles y solo uno se mostró arrepentido de tan justo combate. 

A J.Y. al menos lo trataron de don Javier antes de secuestrarlo y matarlo. Había hierba en su estómago, o quizás caracoles como en las tripas de los fusilados de San Cristóbal. 

A J.M.A. le recordaban cómo evitar ese destino: “¡A., paga y calla!”. ¿Seguimos?

Y es que algunos ya reducen el llamado conflicto a una mera lucha, dos bandos, demasiado larga. Y no: muchísimo más que un ajedrez bélico, fue un buceo profundo en un pozo séptico de inhumanidad. Una cosa es mirar adelante y otra romper el retrovisor. 

A M.A. se le colaron en casa y le metieron un tiro en la frente a su perro. Por txakurra.

Por Xabi Larrañaga"            (Noticias de Navarra.  Sábado, 21 de Enero de 2017)

El nuevo racismo se legitima en la incompatibilidad e irreductibilidad de las culturas, de modo que al Otro se le niegan sus valores y su ser cultural

"El objetivo de todo nacionalismo es la unidad cultural, la construcción de la unidad desde la diversidad para dar lugar a una totalidad diferenciada, coherente y armoniosa. Sin embargo, las culturas no son totalidades perfectamente delimitadas y congruentes con un grupo poblacional, se encuentran en constante evolución y son porosas.

 Como señala Turner, el nacionalismo esencializa la cultura cuando la convierte en propiedad de un grupo étnico; la ‘reifica’ como entidad separada al poner un énfasis excesivo en su carácter definido y delimitado; y la fetichiza al convertirla en insignia de identidad grupal. 

Pero, además, cuando la cultura se hace descansar sobre una base natural el nacionalismo penetra en el territorio del racismo. Al acecho, el racismo sabe que como las culturas son inestables, asalta la tentación de naturalizarlas, pues una cultura disfrazada de naturaleza reclama obediencia. 

Aunque en el nacionalismo vasco todavía afloran tics racistas, como la parodia de Andoni Ortuzar sobre los virus infecciosos de los españoles (Hitler hacía referencia a los virus judíos), ya no sustentan racismo biologicista de Arana que inscribía una diferencia esencial en la naturaleza de vascos y maquetos. Ya nadie defiende la existencia de razas con atributos naturales asociados a características intelectuales y morales.

 El nuevo racismo se legitima en la incompatibilidad e irreductibilidad de las culturas, de modo que al Otro se le niegan sus valores y su ser cultural y es percibido como alguien que no tiene cabida en la sociedad. Según Wieviorka operan dos lógicas: la diferenciación que tiende a rechazar los contactos y las relaciones, y la inferiorización que lleva a la descalificación del Otro presentándolo como taimado, corrupto, despreciable o ignorante.

Las dos vertientes del nacionalismo vasco llevan décadas inmersas en una titánica cruzada cultural. De un lado, el nacionalismo democrático en la tarea de institucionalización político-administrativa del país; de otro, el ala radical con su proyecto de exclusión de elementos extraños a su diseño social.

 Una vez derrotada militarmente ETA, principalmente desde el nacionalismo radical se propone un marco interpretativo con dos bandos en torno a un conflicto. Dice Bauman que, «lo más cruel de la crueldad es que deshumaniza a las víctimas antes de destruirlas». La deshumanización se produce cuando un ser humano es excluido de la categoría moral de ser persona, cuando tiene lugar la desconexión moral.

 Bandura propuso los siguientes mecanismos de desconexión: 1) justificación de la agresión; 2) etiquetaje eufemístico; 3) comparación paliativa o ventajosa; 4) difusión y desplazamiento de la responsabilidad; 5) minimización de las consecuencias y 6) culpabilización de la víctima.

Pues bien, los mecanismos de desconexión que deshumanizaban a la víctima para luego agredirla sin el peso moral de la conciencia fueron articulados en una ideología sólo por el nacionalismo radical. 

Desde variadas instancias (medios de comunicación, enseñanza, organizaciones políticas y sindicales, etcétera) se elaboró un discurso que etiquetaba al agredido (txakurra) y al agresor (los jóvenes descarriados de Arzalluz); minimizaba o ridiculizaba el mal («Ortega Lara vuelve a la cárcel» decía un titular de Egin cuando aquel fue liberado); comparaba la violencia de ETA con la legítima del Estado de derecho; culpabilizaba a la víctima (algo habrá hecho); desplazaba u oscurecía la responsabilidad o, en fin, justificaba sin más el asesinato por el conflicto. 

Exceptuado un periodo muy determinado de terrorismo anti-ETA y de violencia ilegal de Estado que los constitucionalistas han repudiado, nunca el constitucionalismo activó dinámicas de desprecio, nunca tuvo lugar una respuesta organizada a la violencia del nacionalismo radical. La hipótesis del conflicto se desvanece porque nunca el constitucionalismo se organizó para deshumanizar a quien luego sería agredido.

Karl Jaspers publicó en 1946 –fecha del juicio de Nuremberg– un pequeño texto titulado ‘La cuestión de la culpa’ y en el que se preguntaba por la responsabilidad por los crímenes nazis. ¿De quién fue la culpa? ¿De un puñado de criminales? ¿De una coyuntura histórica? 

Jaspers estableció cuatro conceptos de culpa: penal, moral, política y metafísica. La culpa penal concierne al delincuente que transgrede el código penal. Sin embargo, los crímenes fueron posibles porque una mayoría de alemanes fueron espectadores que se desentendieron de las agresiones. Por ello, para Jaspers fueron moralmente culpables de las atrocidades. En tercer lugar, hubo una culpa política porque amplias capas de ciudadanos se dedicaron a medrar en un Estado criminal.

El Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco obvia el concepto de culpa. Señala que «es propio de la condición humana el rechazo impulsivo de la culpa. Nadie quiere cargar con ella…el pasado nos aleja porque estimula el miedo al dolor de la culpa».

 El plan no contempla la existencia de culpa moral porque sostiene que tenemos una sociedad adulta con unas cuantas ideas claras (sic), cuando aquí el terrorismo fue posible porque la mayor parte de los vascos se limitaron a observar las atrocidades. 

Y tampoco se hace referencia a la culpa política que concierne a los partidos nacionalistas que obtuvieron ventajas políticas y consolidaron su poder por el acoso a los constitucionalistas. Con la sociedad vasca ya muy fracturada, los nacionalistas no sólo tratan de ocultar la culpa moral y política, sino que, además, unos se identifican con el pasado violento; y otros, con las heridas del terrorismo nacionalista aún abiertas, tienen la osadía de proponer un nuevo Estatuto. Y dicen que quieren construir una plaza pública en la que tengan cabida todas las familias políticas…"              (IÑAKI UNZUETA /  Profesor de Sociología, EL CORREO 11/12/13, en Fundación para la Libertad)