"(...) Además del número de los asesinados, otros aspectos como el de los
cientos y cientos de detenidos durante las primeras semanas certifican
que Navarra actuó de laboratorio experimental de una estrategia que
perseguía la total anulación y amedrentamiento de los sectores que no
apoyaron el golpe de estado.
En este sentido, no hay que olvidar que la
gestión de la limpieza política desarrollada en Navarra estuvo en manos
de auténticos expertos en la la guerra desde los despachos, como
Marcelino de Ulíbarri.
Este carlistón pasaría de la Junta Central
Carlista de Guerra de Navarra, el órgano que gestionaría la limpieza
política por el lado tradicionalista, a ocupar los cargos más altos de
las responsabilidades represoras en el organigrama del estado franquista
a partir de 1938 y sería el diseñador de la práctica de decomiso y
vaciado sistemático de los ficheros de las organizaciones políticas y
sindicales de izquierda y nacionalistas con el fin de implementar una
represión científica.
Navarra, asimismo, habría sido un campo de pruebas en lo relativo al
proceso de brutalización de ciudadanos corrientes instigado desde las
autoridades militares y desde las milicias carlista y falangista con el
fin de que el mayor número de personas posibles se mancharan las manos
con sangre.
Los responsables últimos del proceso de limpieza política
(entendiendo por tales a los mandos militares y a los dirigentes de los
órganos de gestión de la represión por parte del Requeté y de la
Falange, así como a las élites socioeconómicas navarras que estuvieron
presentes en ellos) supieron involucrar a numerosos sectores de la
sociedad navarra que se mantuvieron en la retaguardia, llegando hasta la
base de la misma y haciendo que muchas personas quedaran contaminadas
por el mismo por medio de los rituales de cohesión primaria de grupo
desarrollados en torno al ejercicio de la violencia.
Dinámicas de ideologización exacerbada, en los que también
participaron la prensa y la Iglesia, alentaron la deshumanización del
adversario político con sus mensajes de cruzada y de reconquista para
así contrarrestar los posibles escrúpulos de conciencia de los
milicianos derechistas de base. Republicanos de izquierda, socialistas,
comunistas, anarquistas y nacionalistas vascos fueron presentados como
enemigos absolutos que no merecían ningún tipo de piedad.
Los responsables últimos de dicho proceso hicieron partícipes de su
estrategia exterminadora no sólo a la red de ejecutores que pusieron en
práctica la misma y que sería mucho más amplia de lo que nunca podamos
llegar a conocer, sino también a toda una miríada de colaboradores que
trabajaron en la sombra en labores de castigo y vigilancia de diferente
naturaleza, garantizando así el silencio de todos ellos y su impunidad
global de cara al futuro en todos los órdenes.
Por otra parte, la brutalidad de la limpieza política desarrollada en
Navarra no sólo queda manifestada por las ya referidas elevadas cifras
de asesinatos y de detenciones, sino también por el maltrato a los
presos en los centros de detención, por las características de las sacas
y de los asesinatos (en muchos casos, no producto de fusilamientos,
sino de ejecuciones a cañón tocante) y por los rituales despiadados que
tuvieron lugar.
El tremendo impacto de todo lo anterior provocó que los familiares de
los víctimas, absolutamente desasistidas por parte de la sociedad
navarra, tuvieran que asumir, e interiorizar hasta lo más hondo, el
olvido y la desmemoria como pauta forzada de conducta ante la brutalidad
del hecho represivo del que nadie podía conocer hasta dónde podía
llegar ni su fecha de caducidad.
En numerosas familias se renunció a la
reivindicación de la memoria de sus familiares asesinados, represaliados
o vejados, rompiéndose la cadena de la memoria para su transmisión a
los miembros más jóvenes de las mismas con lo que éstos ya no pudieron
disponer de la información necesaria para una toma de conciencia
articulada en base al alcance de los acontecimientos en el propio
linaje.
(...) hasta el año 2000 pervivió el “pacto de silencio o de olvido” fomentado
desde los partidos políticos mayoritarios durante de la Transición por
el que, en aras del espíritu de la reconciliación, se adoptó una especie
de convención de no remover temas acerca de la guerra civil que
pudieran suscitar divisiones en la opinión pública.
Esa política fue
perjudicial porque fomentó en el caso de la derecha el negacionismo y la
subestimación de las responsabilidades de los ideológica o
familiarmente próximos en la generación de sufrimiento al adversario
político. No obstante, a pesar de los avances, aquel pacto se ha
prolongado, como ha quedado dicho, en relación con los victimarios, en
una especie de convención mayoritariamente acordada. (...)
Resulta llamativo comprobar que las responsabilidades de los
carlistas han sido minimizadas, en parte por el relato de autoindulto de
aquellas elaborado desde el propio carlismo desde fechas muy tempranas,
en parte porque hijos y nietos de requetés abundan en todos los
partidos actuales.
Por todas esas razones, los asesinos de la guerra civil han gozado de
impunidad no sólo jurídica, sino también historiográfica y
memorialística. Nadie se ha enfrentado a ningún procedimiento judicial
en una interpretación in extenso de la ley de amnistía de 1977.
Asimismo, hasta ahora la historiografía y la memoria circulante han
aceptado la consideración de los responsables como un tabú a respetar. (...)" (
Fernando Mikelarena, Sociología Crítica, 07/06/16)
