Mostrando entradas con la etiqueta dd. Represión franquista: etapas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta dd. Represión franquista: etapas. Mostrar todas las entradas

2/11/23

El proyecto 'Cartografía de la desaparición forzada en Andalucía' registra la represión de Franco en 800 fosas comunes y 45.000 asesinados... Las cifras sitúan a la comunidad andaluza como uno de los territorios con más personas desaparecidas en el mundo

"Una serie de círculos amarillos marca el terror fascista en el sur de Europa. Cada redondel vela una retahíla de asesinatos de civiles a manos golpistas. El mapa está volcado a la izquierda –a ojos del lector–, porque ahí acumula más crímenes sin resolver. Es el dibujo de la represión de Franco que registra el proyecto 'Cartografía de la desaparición forzada en Andalucía' en 800 fosas comunes, 45.000 asesinados y 70 planos generales, provinciales y temáticos.

Las cifras sitúan a la comunidad andaluza como uno de los territorios con más personas desaparecidas en el mundo. El pueblo español sufre la gran oleada de violencia extrema franquista en el verano de 1936. Es el denominado “terror caliente” que explota tras el fracaso del golpe de Estado. Y en ese contexto de muerte y persecución continuada a los ‘rojos’, Andalucía suma más muertos que las dictaduras de Argentina y Chile juntas.

Desaparición forzada de Andalucía (DFA) realiza un rastreo íntegro a esta pedagogía del terror en estado puro: desde un encuadre general de los crímenes contra la humanidad a los traslados de víctimas a Cuelgamuros o el castigo machista y ejemplificador contra las mujeres. La visión poliédrica genera un repositorio argumentado e innegable que funciona como “antídoto contra el olvido, las verdades contadas a medias y contra el uso manipulador de los eufemismos”, apuntan sus creadores.

Cuatro colectivos producen el proyecto multidisciplinar, con base científica: Casa de la Memoria la Sauceda, La Vorágine Cultura Crítica, Human Rights Everywhere (HREV) y Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar. Los trabajos están financiados por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España.
Genocidio social franquista

La principal oleada de los crímenes que manchan el mapa sureño alcanza marzo del 37. Es el “terror caliente”. Pero la represión franquista tiene tres etapas que conforman el “genocidio social” que explica el historiador José Luis Gutiérrez Molina en uno de los textos que completa el mapeo.

Dos fallecidos en un accidente de tráfico frente al Estadio de la Cartuja en Sevilla
Cataluña consigue la gestión de sus trenes: ¿puede pedirla Andalucía?
Así está la investidura: fechas, acuerdos, amnistía y el lugar que ocupan las voces andaluzas
La Junta recula y volverá a cobrar canon de agua a los andaluces desde el año que viene
Cese fulminante del director del CAAC: la gaditana Jimena Blázquez, de Montenmedio, será la nueva responsable

El segundo periodo, la “justicia del terror”, discurre entre abril del 37 y el fin de la guerra. El último extiende la violencia al periodo de posguerra, cuenta el experto, que responde además a preguntas sobre cómo y por qué se ejerció el delito de desaparición forzada, qué buscaban los golpistas con la pedagogía del terror o cómo ésta varía dependiendo sus propias fases y de las diferentes provincias.

Con todo, la cartografía andaluza presenta un registro de 43.449 personas desaparecidas y 798 fosas comunes. El número de víctimas del franquismo está “dentro de un rango comprendido entre 43.077 y 46.600” entre 1936 y 1951. Aunque el repositorio está “en pleno proceso de actualización de datos”, que dejará nuevos mapas y aportaciones para Almería, Cádiz o Granada, señalan sus autores a lavozdelsur.es.
Mujeres asesinadas

Desaparecidas. Maltratadas. Mutiladas de la historia. Torturas, violaciones, secuestros, robo de bebés, rapados y aceite de ricino. Las mujeres sufren la violencia extrema fascista con una saña especial, como narra el proyecto en el texto titulado Mujeres y desaparición forzada: el terror “especial”, machista e invisible.

La represión de género sirve como venganza del fascismo español contra la emancipación femenina que promueve la democracia activada durante la Segunda República. La violencia patriarcal desprende una ejecución poliédrica: secuestro, violación, tortura, muerte y olvido. Y desaparición forzada. 

Todo queda pintado en un mapa lleno de círculos morados. Es el terror como pedagogía social, como elemento político y de adoctrinamiento machista. Un marco de barbarie que dibuja una triple represión para ellas: por su implicación social y política, por su relación familiar con ‘rojos’, y por el simple hecho de ser mujer, incide la cartografía andaluza.

“Los mapas de mujeres insisten en el tema de que mapeamos personas y por eso se incluyen retratos”, remarca. Ahí, en el atlas de las mujeres asesinadas, emerge un símbolo: “La foto de María Silva Cruz, la Libertaria, representa lo que el fascismo quiso borrar y por eso la ‘devolvemos’ al mapa”, precisa el geoactivista Fidel Mingorance, miembro del proyecto DFA.
Arquitectura de la matanza

La investigación andaluza incluye 70 mapas en formato imagen, otros online que facilitan la navegación por los enterramientos ilegales y un libro titulado Cartografía de la Desaparición Forzada en Andalucía (1936-1951). Con un objetivo: señalar cómo la sociedad civil “ha luchado desde hace décadas porque no queden bajo un manto de niebla amnésica las técnicas de aniquilamiento y terror utilizadas por los sublevados”. Y una clave, “humanizar lo representado”, las víctimas, a través de mapeos plagados de iconos y fotografías.

Como “un mapa simbólico en el que aparecen todas y cada una de las víctimas representadas con un icono”. Casi 45.000 figuras que representan a tantos civiles asesinados por los golpistas. Ilustraciones “ubicadas aleatoriamente por la geografía andaluza” y que provocan “una imagen simbólica y política que nos recuerda que son víctimas de un crimen atroz y que todas cuentan”.

Desaparición forzada de Andalucía también incluye “un mapa de denuncia de lo poco que ha hecho el Estado en el tema de las exhumaciones”. El “pequeño viaje a la desaparición forzada a través de los mapas”, en palabras de Mingorance, representa al cabo un “homenaje a familiares, asociaciones memorialistas, antropólogas y arqueólogas forenses, historiadores y periodistas, porque todo lo que vemos en verde en el mapa es gracias a estos colectivos”.

El proyecto sobre la cartografía del terror usa además un “tratamiento cartográfico clásico” con imágenes “estáticas” para representar los datos del repositorio y otros “como el frente de guerra o los campos de concentración”. La visita a la arquitectura de la matanza de Franco tiene un doble enfoque que aporta “una idea general sobre las víctimas” y otro provincial, para saber “si en tu pueblo o ciudad hay desaparecidos”.                           (Juan Miguel Baquero, La Vox del Sur, 01/110/23)

10/10/23

La guerra que no fue, la violencia que suscitó: Galicia como laboratorio del incipiente régimen franquista... Los que fusilan, pasean y meten en campos de concentración como consecuencia del golpe forman parte de un proceso de guerra total, de liquidación, de limpieza, de exterminio"... "Esa lógica capilar de la matanza en la que se va deteniendo y fusilando afectó hasta a los ricos. A los ricos los mataron por ricos"

 "Construir el régimen franquista desde el mismo 18 de julio de 1936 en que el golpe de Estado arribó a la Península española. Eso fue lo que hicieron los sublevados en aquellas zonas en las que no hubo guerra, en las que la rebelión de los alzados se hizo con la victoria sin apenas capacidad de resistencia por parte de los republicanos. Y eso fue lo que pasó, también, en Galicia, donde no hubo guerra pero sí violencia.

Una violencia descarnada que se materializó en arrestos indiscriminados, matanzas y reclusión en los primeros campos de concentración levantados en el bando golpista. Ahora, la monografía Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras (Prensas Universitarias de València, 2023) viene a poner algo de luz sobre este territorio periférico no siempre bien estudiado ni entendido por la historiográfica centralidad madrileña.

Compuesto por trabajos de docentes procedentes de las tres universidades gallegas, el libro se convierte en un corolario de voces que recorren diversos aspectos como la conspiración civil, la movilización civil y militar, los primeros poderes locales, las incipientes organizaciones femeninas, los debates conceptuales sobre las matanzas, la represión a la lengua y la cultura gallega (como sucedió después en el Euskadi y Catalunya), la represión a la mujer y la imposición de una moral católica.

"La guerra no fue una cuestión inevitable"

"Una de las premisas principales de la que partimos es que la guerra no fue una cuestión inevitable, sino que fue provocada por un golpe de Estado", introduce Francisco J. Leira, docente en la Universidad Isabel I y coordinador de la publicación junto a Lourenzo Fernández.

En Galicia aparecieron los primeros campos de reclusión para prisioneros

Es decir, la sociedad española en general y gallega en particular en 1936 era mucho más plural que esas dos Españas a las que muchos autores aluden, un relato que tiene sus ecos en la actualidad.

Si uno pone la lupa en la región más noroeste de España durante aquellos años, podrá apreciar cómo las cotas de analfabetismo en el mundo rural no eran óbice para que llegara la cultura y el conocimiento sociopolítico del momento casi al mismo nivel que a los lugares más industrializados y urbanos, como Ferrol y Lugo, dice Leira.

 En cambio, aquello no fue motivo suficiente para poder parar el alzamiento en la región. "Las nuevas autoridades gallegas que se imponen casi de inmediato comienzan a establecer unas incipientes políticas que luego serán mucho más perfeccionadas y que terminarán impuestas en el resto del Estado a medida que avanza la guerra y la posguerra", adelante este historiador.

Se refiere, por ejemplo, a la militarización de la sociedad a través del servicio militar de los hombres y de la Sección Femenina en el caso de las mujeres. De hecho, el 30 de julio todos los lugares de Galicia en los que hay un cuartel de la Guardia Civil están ocupados.

Para ello fue necesaria la depuración de todos los cargos públicos, lo que se tradujo en cambios que afectaron desde el Gobierno civil y militar de la región hasta el alcalde del pueblo más pequeño. Incluso se dio cierto debate sobre la procedencia de esos nuevos poderes, si provenían de la vieja política de la dictadura de Primo de Rivera o los nuevos políticos surgidos de la guerra.

En Galicia predominó una mezcla de todos ellos. Además, esta región también protagonizó la aparición de los primeros campos de reclusión para prisioneros antes de que se crearan los campos de concentración franquistas, ya coordinados entre sí a partir de 1938.

La guerra total, la guerra de exterminio

La guerra sin trincheras que se vivió en Galicia dejó tras de sí una violencia inusitada. El objetivo era tratar de borrar toda la sociedad civil que se había creado durante los años previos una vez conseguido el poder.

Los que se mantuvieron fieles al régimen republicano conocieron ese destino en sus propias carnes al igual que ya lo hicieron aquellos que intentaron defender la legalidad democrática en Ferrol.

"Ese fue el territorio que más aguantó el golpe, justo donde más presencia militar había. No es algo contradictorio aunque lo parezca: el alzamiento triunfó pese a que la sociedad compleja que existía no estaba a su favor, únicamente porque la resistencia no fue capaz de oponerse" añade Leira.

 Lourenzo Fernández, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) también ha coordinado este libro. Según explica, la idea de la guerra sin trincheras dice mucho más que unas simples palabras: "Esto que ha prevalecido de que a la gente la mataban en la guerra no es verdad. Los que fusilan, pasean y meten en campos de concentración como consecuencia del golpe forman parte de un proceso de guerra total, de liquidación, de limpieza, de exterminio".

A pesar de que las máximas autoridades militares se mantuvieron fieles a la República, como ocurrió en la mayor parte del Estado, la trama golpista liderada por un coronel del Estado Mayor consiguió desarmarles y tomar el poder. "Hay barricadas, resistencia, pero no mucha. La capacidad popular de parar el golpe es muy leve, algo parecido a lo que ocurrió en Chile o Argentina. ¿Cómo poder hacerlo si los militares fieles son detenidos?", se cuestiona el historiador.

 

La jerarquía temporal ante la muerte

Fernández: "A los ricos los mataron por ricos"

Si de preguntas se trata, Fernández recalca las que considera clave: "¿Por qué tenían que fusilarlos? ¿Por qué en algunos casos tardaron un mes en matar a dirigentes obreros y a los jefes militares no lo hacen hasta que llega la batalla de Madrid?".

La nueva genealogía de la contienda desarrollada por los investigadores gallegos concluye que el proceso de matanza se extiende de forma intensiva hasta mayo de 1937. Es en ese periodo de tiempo cuando los alzados intentan asesinar a las autoridades más elevadas, como gobernadores civiles y diputados.

"Si esa gente más destacada es capaz de librarse, entonces es posible que no la maten", comenta el catedrático. Es decir, se dio cierta jerarquía temporal. Después llegó el fatídico desenlace de otros personajes, tales como médicos masones o republicanos, profesionales liberales y mediana burguesía.

"Esa lógica capilar de la matanza en la que se va deteniendo y fusilando afectó hasta a los ricos. A los ricos los mataron por ricos", añade el mismo Fernández. Por eso, las cuatro provincias gallegas pronto se convirtieron en un laboratorio de lo que la dictadura haría en otros lugares, tal y como evidencian diferentes capítulos de Galicia, un golpe sin cuartel, una guerra sin trincheras.

Las prostitutas, víctimas del nacional-catolicismo

La monografía también aborda otros aspectos como la inculcación de una férrea moral católica y todo lo que eso conllevaba para las mujeres. Ellas, vistas como el ángel del hogar cuya obligación era cuidar del marido y los hijos por el nacional-catolicismo imperante, eran reprimidas en el caso de salirse de ese canon, aunque la mísera pobreza les obligara a ello.

Es el caso de las prostitutas, estudiado por las investigadoras Tamara López y Ana Cabana. "La prostitución fue un fenómeno que siempre incomodó al régimen por ir en contra del modelo ideal femenino franquista", dice la primera de ellas, investigadora de la USC y miembro del Grupo Histagra-Cispac.

La conclusión principal a la que han llegado las expertas es que el franquismo siempre intentó invisibilizarlas a ojos de la sociedad. Tras estudiar minuciosamente la documentación del Patronato de Protección a la Mujer, han visto de qué forma afectó el paso de una prostitución permitida bajo ciertos preceptos a su abolición.

Sucedió en 1956. Hasta entonces, las meretrices que quisieran ejercer debían someterse a unos análisis para prevenir el contagio de enfermedades venéreas. En cambio, el motivo real del régimen para hacer esto era tenerlas controladas.

Todo cambió cuando se abolió la prostitución. El papel lo aguanta todo, claro, no así la realidad. Y es que las prostitutas, mujeres pobres en su totalidad, no aguantaron el hambre que pasaban, por lo que la única diferencia que se dio fue su expulsión hacia las periferias de las ciudades.

Encerrar a las mujeres para corregirlas

Mientras tanto, el Patronato continuaba con su funcionamiento: "Velaban por la buena moral y costumbres. Observaba a menores de entre 16 y 25 años que pudieran estar en peligro de corrupción y si veían que se salían fuera de esa moral, las internaban", relata López.

 Recluidas en los centros adscritos al Patronato, todos religiosos, debían pasar ocho horas estudiando, otras ocho de sueño y las ocho restantes de diversión. Una diversión que encontraban en las actividades del centro: costura y cocina.

Asimismo, los centros estaban obligados a impartir, al menos, los estudios primarios a las jóvenes. "La documentación nos dice que no fue así porque en 1961 hay una carta del Patronato que les da un ultimátum: o las niñas reciben la educación básica, o dejarán de enviar dinero; aunque el dinero siempre faltaba en los centros para proporcionar un mínimo a las mujeres", finaliza la investigadora gallega."                     (Guillermo Martínez, Público, 07/10/23)

31/3/23

Sevilla recupera los restos de más de 1.700 víctimas del franquismo en una de las mayores fosas de Europa... Sevilla fue una de las provincias donde más se mató. En torno a las 13.000 personas [unas 3.300 en Sevilla]. De ahí viene la fama de Queipo

 "Sevilla ha completado la exhumación de la fosa de Pico Reja, que comenzó a excavarse hace tres años y de la que se han extraído más de 1.700 cadáveres de represaliados tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. Así lo recoge el último trabajo hecho público por Aranzadi, la sociedad que se ocupa de los trabajos técnicos, que fueron impulsados por el Ayuntamiento de Sevilla y apoyados por el Gobierno de España, la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla.

El Ayuntamiento organiza este martes un acto con el que rematar las tareas, que culminan así un trabajo concienzudo y que supone, según Aranzadi, "la mayor fosa común abierta en Europa occidental desde Srebrenica (Bosnia y Herzegovina)". "No queda ni un hueso de víctima. Las familias en un acto simbólico cerrarán con una pala el último espacio que queda", aseguran a Público los responsables de la excavación. El 28 de marzo está previsto que se haga un entierro.

"Se libera la mayor parte del terreno de la fosa en un 99,56%, salvo una zona con restos quemados de víctimas, espacio que permanecerá hábil hasta los primeros días de febrero, momento en el que se completará la exhumación de la última víctima", se recoge en el último informe –aún provisional– de principios de mes. Este trabajo ya se ha culminado.

En ese informe, se explican los últimos pasos que se han dado en estos días en la fosa: recuperar los últimos cuerpos, con indicios de que fueron quemados. "Se alcanza el piso de la fosa en todas las partes del espacio de intervención salvo en los dos o tres metros cuadrados donde quedan los últimos restos de víctimas. Aparecen diversos cuerpos afectados por el fuego, sin que el sedimento se muestre torrefactado, de modo que cabe deducir que estos cuerpos, en algunos casos con daños al nivel del hueso, sufrieron esta exposición a altas temperaturas en algún otro emplazamiento", prosigue.

"Tanto las últimas evidencias de víctimas exhumadas en este mes como la revisión de materiales aportan claras pruebas criminales", se lee en el trabajo. Los expertos aportan fotografías de orificios de entrada y de salida de proyectiles en cráneos, de roturas antes de muerte de hueso –un fémur izquierdo por impacto de proyectil–, además de fracturas de húmero "por el impacto de un proyectil a alta velocidad" y de alambres de cordada de presos. Este tipo de pruebas –y otras registradas mes a mes en los demás informes– permiten a Aranzadi afirmar que hay "evidencias de represaliados" en 1.786 cuerpos.

La exhumación superó ampliamente las cifras esperadas y el Ayuntamiento tuvo que poner más dinero para completar los trabajos en el verano de 2022. Así lo explican los científicos: "Se culmina la exhumación de todas las evidencias vinculadas a la actividad funeraria, cuya presencia ha provocado una importante distorsión en el planeamiento de los trabajos desde el primer día. A falta de flecos mínimos casi puede decirse lo mismo de las víctimas". La expectativa era hallar en torno a 850 víctimas del franquismo –han sido 1.786– y otros 250 restos propios de enterramientos "legales".

Finalmente, en total, de la fosa se habían intervenido a finales de enero 10.075 "sujetos" de los que, además de los asesinados tras el golpe, 4.781 eran personas "en ataúdes" –de las que se han descontado 60 víctimas–, 3.343 "restos en desconexión anatómica" y la "actividad funeraria", es decir, en osarios, y otros 165 restos aislados extraídos en las prospecciones de los primeros meses.

Sobre los trabajos en la fosa, Remedios Málvarez y Arturo Andújar han elaborado el documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde.

"Ha sido una tarea muy dificultosa. Sevilla fue una de las provincias donde más se mató. En torno a las 13.000 personas [unas 3.300 en Sevilla]. De ahí viene la fama de Queipo. Los estudios que se han hecho han ido sacando lentamente, muy lentamente las cifras, que son estimaciones. El franquismo tuvo 40 años, en los que fueron destruyendo documentos. Falta documentación, hay una carencia documental", asegura a Público el historiador Francisco Espinosa, autor, entre otros trabajos, de La Justicia de Queipo.

¿Dónde está Blas Infante, considerado padre de la Patria Andaluza, fusilado en agosto de 1936? "Vete a saber dónde. Ese es un terreno que es muy difícil penetrar en él. Es un ejercicio muy difícil de saber y más en una ciudad como Sevilla donde se mató tanto y durante tanto tiempo", reflexiona Espinosa.

Entre las víctimas enterradas en la fosa de Pico Reja, se ha especulado con que, además de Infante, podría estar el último alcalde republicano de Sevilla, Horacio Hermoso, y se ha escrito que acogería los restos de varios miembros de la columna minera de Riotinto

Para Espinosa es muy relevante haber terminado la exhumación: "Para los familiares es muy importante identificar, pero en muchos casos, eso es imposible", afirma. Después, añade que también deben completarse las investigaciones y "explicar por qué están ahí los muertos: Que se cuente lo que sucedió".

El golpe en Sevilla

De la lectura de los trabajos de los historiadores se puede elaborar un relato de cómo se vivió en Sevilla el golpe del 18 de julio de 1936 y la represión posterior. Así describe Hugh Thomas en La Guerra Civil Española la toma del control de Sevilla por Queipo de Llano: "No tenía relación con la ciudad […] había llegado allí el 17 de julio en su coche oficial (un Hispano Suiza) […] Se instaló durante la mañana del 18 de julio en un despacho del cuartel general que había sido abandonado por el calor. […] Luego cruzó el pasillo y fue a ver al general Fernández Villa-Abrile, […] jefe de Andalucía".

Al ver que este no se decidía a apoyarlo, Queipo lo arrestó y tomó el control del regimiento, que era "una fuerza muy pequeña para apoderarse" de una ciudad del tamaño de Sevilla. Pero el comandante del cuartel de Artillería y sus oficiales apoyaron el golpe. Prosigue Thomas: "Se llevaron cañones de grueso calibre a la plaza de San Fernando y se cercó el gobierno civil. […] Una bomba alcanzó el gobierno y el gobernador civil telefoneó a Queipo y se rindió. […] Entonces la guardia civil de Sevilla se sumó a la sublevación. A última hora de la mañana, el centro de la ciudad estaba en manos de Queipo". "Luego, Queipo se apoderó de la emisora de radio. A las ocho de la tarde transmitió la primera de su famosa serie de arengas".

Antes de que sucumbiera al golpe, Radio Sevilla, según Thomas, había hecho "un llamamiento a la huelga general y pidió a los campesinos de los pueblos vecinos que acudieran a recibir armas". Pero el número de armas era "muy reducido". "Durante la tarde, los obreros construyeron barricadas en los suburbios", escribe Thomas.

Aquí, su relato entronca con la escalofriante investigación que hizo el historiador José María García Márquez, publicada en la web Todos los nombres,  sobre la represión militar en El Cerro del Águila y Amate, dos barrios obreros –los "suburbios" de Thomas– de Sevilla. Los datos del padrón de 1935 arrojan 6.179 habitantes en Amate y 5.915 en El Cerro, con tasas de analfabetismo del 67,8 en El Cerro y del 35,7 en Amate.

Escribe García Márquez: "Los vecinos […] se enteraron muy pronto. Muchos vecinos que en esos momentos salían de trabajar llevaron a sus barrios de primera mano las noticias de los tiroteos que se estaban produciendo en el centro de la ciudad […] Incluso se pudieron escuchar en la lejanía […] los disparos que la artillería hizo para forzar la rendición del Gobierno Civil".

 "Los militantes –prosigue García Márquez– más jóvenes y destacados de las organizaciones políticas y sindicales de la izquierda sevillana en ambos barrios, empezaron a reunirse y agruparse. […] La primera decisión que tomaron fue la búsqueda de armas. Solamente algunos tenían pistolas y en algún caso escopetas de caza. Y aunque sobraban brazos para empuñarlas, la falta de armas se convirtió en la tarea más urgente. […] Para evitar que las fuerzas del ejército cruzaran con facilidad el Tamarguillo, cortaron árboles a modo de barricadas. […] El número total de hombres que se consiguió armar en los dos barrios no pasó en ningún momento de unos cuarenta componentes aproximadamente, y la mayoría de ellos con escopetas, algunas inservibles y otras obsoletas".

Al principio, los golpistas se ocuparon de tomar otras zonas de Sevilla, pero al cabo de unos días, "quedaría claro que los deseos de defensa de El Cerro y Amate […] iban a resultar irrealizables ante las fuerzas del ejército". "Salvo una pequeña resistencia […], todo terminaría muy pronto. En la mañana del 23 de julio las fuerzas [golpistas] entraron en el barrio sin resistencia alguna y se empezaron a practicar numerosas detenciones. […] No conocemos detalles de la forma en que se llevó a cabo la ocupación de ambos barrios. Algún testimonio oral indicaba que en Amate se prendió fuego", escribe García Márquez.

Oleada de detenciones

Una vez que la ciudad y sus barrios quedaron en poder de los golpistas "se desató una enorme oleada de detenciones de hombres y mujeres, para lo que bastó una simple sospecha de izquierdista, un carnet de afiliado a un sindicato o una delación oportuna de un vecino. […] El terror que producían estas detenciones, sobretodo de madrugada, se extendió con rapidez a medida que iban llegando noticias por doquier de la desaparición de numerosos vecinos y el asesinato de varios de ellos que se fueron conociendo por sus familias", escribe García Márquez.

El primer caso fue el de Juan Mancebo Almendro, factor ferroviario que trabajaba en la estación de Camas y que vivía en El Cerro con su mujer Eugenia y tres hijos en la calle Julio Verne. "Su cadáver apareció el 24 de julio de 1936 en las tapias de la piscina de Los Remedios, según le dijeron dos testigos a su mujer. Unos días después, el día 1 de agosto, se conoció la muerte de Antonio Camacho López, conocido en el barrio por Camacho y poco después, la de Joaquín González Nuevo, que tenía una imprenta. […] No sabemos si Antonio Muñoz Codina, sepulturero en el cementerio de Sevilla, llevaría noticias al barrio de lo que allí estaba ocurriendo, pero dos compañeros suyos de trabajo, Sebastián Tejido Holgado, portero del cementerio, y Antonio Molina Merchán, sepulturero como él, informaron de su muerte en agosto de 1936, después de haber sido detenido", escribe García Márquez.

La fosa de Pico Reja fue abierta en 1925 y, según el Ayuntamiento de Sevilla, "estaba en uso el 18 de julio de 1936". Fue allí "donde se empezaron a depositar las primeras víctimas de la represión y de los combates en el centro de la ciudad. El 6 de agosto el administrador del Cementerio informó que estaba a punto de llenarse, suponiendo que se colmataría a finales de ese mes". Una vez colmatada, ante la falta de espacio se abrieron otras dos fosas en el costado contrario, conocidas como Antigua y Monumento y años después en el lateral derecho de nuevo otras dos –una reutilizada-, Antigua 1940, Rotonda de los Fusilados 1942.

Este periodo de represión duró varios meses, en los que se sucedieron los asesinatos. "Las detenciones prosiguieron sin cesar y con ellas las desapariciones", escribe García Márquez, que va desgranando en su escrito nombre tras nombre. Por fin, en noviembre de 1936 "parecía que la represión disminuía y cada vez eran más esporádicos los registros y detenciones de madrugada".

 Espinosa explica que hubo dos fases en la represión, una primera basada en los bandos de guerra, que, en resumen, "permitía acabar con la vida de cualquiera en el momento que se quisiera: ese al paredón". "Esa primera fase es durísima. Hacen lo que les da la gana, avanzan y van matando gente. En esa etapa cae la mayor parte de la gente y no quedan huellas, vamos sacando cifras y cantidades, pero son todas aproximadas siempre. El mapa de las fosas comunes coincide con la violencia y terror de esos primeros meses", asegura Espinosa.

Después, en noviembre, como identifica García Márquez, le sucede una segunda fase en la represión, que arranca en noviembre del 36. "Ya se habían consolidado, ya tenían ayuda de Alemania y de Italia, deciden meterse en una estructura represiva judicial-militar, y organizar consejos de guerra. Se monta entre noviembre del 36 y febrero del 37 y se consolida después. Para saber lo que fue la represión, la segunda fase ofrece más información, a la mayor parte los inscriben en los registros civiles. Esta fase dura hasta el 45. El terror aminora hacia los años 50. Sevilla en el proyecto de los golpistas era el punto de llegada del ejército de África, tenían que tomarlo. Era un punto estratégico".

Así, "cuando muchos creían que la represión ya había pasado, se pusieron en marcha los consejos de guerra sumarísimos". Uno de sus víctimas fue Antonio Pérez Gutiérrez, de 28 años, casado y también vecino de Amate, donde se dedicaba al cuidado de una piara de cabras que tenía. "Había sido –escribe García Márquez– secretario de la sociedad de Cabreros y Vaqueros adherida a la CNT. Su detención se llevó a cabo el 29 de agosto de 1936 y pasó en comisaría y en prisión los terribles meses del verano y otoño, librándose de las numerosas sacas que se produjeron […]". 

"Cuando parecía que su calvario había terminado fue procesado. El informe de la Guardia Civil que se envió al juez militar decía que asaltaba los trabajos de los cortijos próximos a esta capital y con sus cabras causaba toda clase de daños en las fincas. Estas canalladas escritas por el benemérito cuerpo de la Guardia Civil, sin pruebas de ninguna clase, eran suficientes para condenar a un hombre", remacha el historiador. Pidió clemencia al auditor de guerra Bohórquez –sacado de la Basílica de la Macarena, donde estaba enterrado, junto con Queipo hace unos meses–, pero, según García Márquez, "evidentemente Antonio Pérez desconocía qué clase de sujeto era".             (Raúl Bocanegra , Público,  20/02/23)

16/4/21

Sobre la represión franquista... la perfecta relación entre el crimen y el reparto de una inmensa fortuna entre militares y falangistas. El objetivo: el botín. Se robó a los vivos y a los muertos. El jefe de la gestora amenazó con vengar la huida de un izquierdista asesinando a sus tres hijas. Un familiar quiso librarlas ofreciéndose a pagarle una cantidad que resultó tal alta que decidió denunciar el hecho a Queipo, ante lo cual el otro acabó con la vida de los cuatro. José María Gil Robles compró armas en Portugal con el dinero de los saqueos para dárselas a los fascistas de Badajoz

Falangistas de Montijo (Badajoz).  Archivo municipal de Montijo

"Los expedientes constituyen una lección práctica de historia con múltiples derivaciones. Los casos estudiados han sido divididos en ocho bloques: represión, conflictos internos, irracionalidad del terror, violencia contra la mujer, denuncias, marcha hacia el frente, saqueos y lucha por la vida. Los robos, saqueos y extorsiones, propiciados por la situación, ocuparon un lugar primordial. 

Estas últimas se disfrazaron en muchas ocasiones de «multas» y «donativos» que se vieron obligados a pagar los dudosos o no afectos e incluso gente de derechas. Una y otra vez se muestra la indefensión total en que quedaron los vencidos y la impunidad absoluta en que se movieron moros, legionarios, falangistas y militares. 

Solo en un caso, el de un falangista que violó a una anciana, se produjo una condena dura, lo cual se entiende si tenemos en cuenta que muchos de los que engrosaron las milicias de Falange eran vulgares delincuentes comunes recién salidos de prisión y carentes de agarre alguno. 

También fueron frecuentes las denuncias anónimas y las venganzas. Los límites eran tan difusos que no solo estuvo en juego la vida de los vencidos y sus bienes, sino la de cualquiera que se encontrase en el camino de los golpistas por muy de orden que fuera. Nadie podía estar seguro y de ello son buena muestra casos como los de Eduardo Cerro, Cano Gascón o el padre de Ezquer Gabaldón.

La impunidad era absoluta.

La documentación militar nos permite asomarnos a situaciones que de otra forma solo podríamos imaginar, como la toma de San Vicente de Alcántara, contada excepcionalmente por las propias autoridades republicanas, o los saqueos que siguieron a la ocupación de pueblos como Hornachos o en la propia capital de provincia. Moros y legionarios tenían permiso para robar lo que se les antojara durante varias horas y para vender lo robado antes de la marcha. Todo valía: los relojes de los muertos, lo sacado de los comercios asaltados y hasta los ajuares de las casas saqueadas y las máquinas de coser.

 La obsesión de unos y otros era el botín. Uno de los casos más flagrantes en este sentido es la actuación del falangista Agustín Carande Uribe en Ronda. Los dos procesos a que se vio sometido, de los que salió triunfante con la complicidad de los militares, representan la perfecta relación entre el crimen y el reparto de una inmensa fortuna entre militares y falangistas.

 Crimen, dinero y alcohol era la mezcla habitual. El último elemento fue el lubricante que mantuvo el engranaje represivo. El objetivo: el botín. Se robó a los vivos y a los muertos. Los expedientes de confiscación de bienes, que de nuevo reunirán a militares, jerarcas falangistas y juristas, no dejaron escape posible: había que sacar dinero de donde fuera. Con motivo o sin motivo. Nadie podía controlar que, en medio, el dinero se desviara en beneficio de algunos.

 Todos fueron testigos de los enriquecimientos súbitos y de cómo cereal, ganado, ropa, objetos de adorno, muebles o vehículos acaban en poder de cierta gente, que incluso hacían ostentación de ellos. Estas historias pudrieron la vida local, no ya entre vencedores y vencidos, totalmente hundidos, sino entre los sectores supuestamente favorables al golpe. 

La lucha entre clanes adquirió a veces carácter violento y exigió la intervención de los militares, que asistían al espectáculo convencidos de su misión providencial en un país que no tenía remedio. Mucha gente nunca se perdonó haber aconsejado a los suyos que no huyeran en el convencimiento de que nada malo habían hecho. Los criterios de los militares golpistas fueron variando según las circunstancias. 

Así, hubo gente asesinada en 1936 que tras la guerra solo habría pasado por la cárcel un tiempo e incluso hubieran salido libres de condena. La razón es simple: al principio necesitaban matar más para imponerse por el terror; a partir de 1939 hasta se podían permitir el lujo de dejar rojos con vida. Esto, además de hacerles parecer «justos» y tranquilizar la conciencia, ofrecía otra ventaja, ya que, llegado el momento, cuando el nazi-fascismo inició el declive, interesó haber salvado a alguno por lo que pudiera pasar. 

La vida de los de abajo no valía nada. Lo muestra bien un caso de Azuaga. El jefe de la gestora amenazó con vengar la huida de un izquierdista asesinando a sus tres hijas. Un familiar quiso librarlas ofreciéndose a pagarle una cantidad que resultó tal alta que decidió denunciar el hecho a Queipo, ante lo cual el otro acabó con la vida de los cuatro. 

El mismo valor tuvo la vida de varios huidos de Valverde de Leganés que, creyendo en los bandos que aseguraban que nada les ocurriría si se entregaban por no haber cometido delito alguno, cayeron víctimas de la llamada «ley de fugas», una fórmula rutinaria cuya finalidad no era otra que ocultar el crimen. Todo valía en la «lucha contra el marxismo». 

Casos excepcionales de los que quedó huella accidentalmente. En todo momento existió el firme propósito de ocultar todo lo relacionado con la represión. Lo vemos en los numerosos casos de personas cuya defunción nunca fue inscrita en el Registro Civil, en los documentos secuestrados por los represores, como en el caso de Fregenal, o en Don Álvaro, donde una familia desapareció sin dejar huella, empezando por el hijo de 14 años.

 

Fue entonces el gran momento de ascenso de mediocres, malvados o simplemente de aquellos que en modo alguno estaban preparados para llevar adelante las tareas que les fueron encomendadas, personas a las que las circunstancias confirieron un enorme poder sobre los demás. Me refiero a individuos como Rodrigo González Ortín, el encargado de fijar la memoria de «la revolución en Extremadura» cuyo pasado turbio todos ignoraban; Gustavo Hervella Urdaniz, el hijo del notario de Montijo; el comandante Blanco, el jefe militar de Almendralejo que veía rojos por todas partes; el jefe provincial de Falange Arcadio Carrasco, capaz de matar a un hombre de un disparo en la cabeza en la mitad de una plaza llena de gente porque allí «olía a rojo»; su segundo Agustín Carande Uribe, sinónimo del terror fascista; Victoriano Aguilar Salguero, jefe de milicias falangista implicado en hechos graves; el violento jefe local Conrado Calvo Borreguero, el fascista Guillermo Jorge Pinto denunciando rojos, o el nazi Ernest Moerl, instructor de milicias falangistas en Mérida y criminal confeso. Y, en general, todos los militares que formaron parte de la maquinaria represiva, tanto de Sevilla como de Badajoz. Del estilo de Carrasco es buena muestra la entrevista que le hizo Antonio Meca en el Hoy de 3 de noviembre de 1936:

—¡Pero sea discreto! (Carrasco).

—Ataré esta entrevista con todo cariño (periodista).

Y Carrasco añade:

—Además, usted me inspira absoluta confianza; pero si dijera algo con mala intención, ya sabe: ¡le fusilaremos!

Me lo dice muy cortésmente, muy finamente, pero… con cara de hacerlo.

La documentación permite acceder a lugares y situaciones que solo vieron víctimas y victimarios, como la checa azul instalada en el Casino de Mérida, en cuya biblioteca se conservaban sortijas, carteras, documentos, fotografías y otros muchos objetos de los desgraciados que pasaron por allí para ser interrogados y maltratados antes de ser conducidos al muro del cementerio; o el saqueo de la casa que Gloria Mira Agudo, farmacéutica de 49 años asesinada en Mérida, tenía en Carmonita, o la pantomima judicial montada en Torremejía, con un tribunal formado por falangistas de Mérida presididos por un guardia civil que acabó en cuestión de horas con la vida de veintiséis vecinos. 

Eran los «consejos de guerra» sobre el terreno de los que apenas nos ha llegado documentación y que anteceden a la puesta en marcha de la mecánica judicial militar en febrero de 1937. Para la historia queda la imagen de José María Gil Robles comprando armas en Portugal con el dinero de los saqueos para proporcionárselas a los fascistas de Badajoz tras la ocupación de la ciudad. Todo ello con el visto bueno de Yagüe.

 Hubo acontecimientos que desquiciaron la vida a mucha gente, incluso a los que tenían el poder. A la altura de octubre de 1936 todos estaban convencidos de que la caída de Madrid era cuestión de días. La propaganda en este sentido era general. El mismo Antonio Bahamonde ya contó alguna historia surrealista, como la de aquella delegación carlista que salió de Sevilla en olor de multitudes con la idea de marchar en procesión y celebrar misa en la Puerta del Sol cuando la ciudad fuese ocupada y que acabó como el rosario de la aurora tras deambular de un lado para otro en las cercanías de la capital. También el Requeté de Badajoz construyó un altar para celebrar otra misa en Madrid, cuya foto puede verse en el Hoy de 4 de noviembre de 1936.

 Lo cierto es que el triunfo final que ya parecía seguro se frustró el 7 de noviembre, dando lugar a una nueva situación y a una larga guerra que no parecía tener fin y de la que todos acabaron hartos. Esto acarreó importantes cambios en la vida local, que se llenó de suscripciones para todo, de un sinfín de concentraciones patrióticas cada vez que lo ordenaba el mando y de diferentes quintas que fueron obligadas a sumarse a la lucha. 

Las suscripciones están en la base de numerosos conflictos locales que dieron lugar a la apertura de diligencias y causas, y la llamada a filas envenenó la vida local al permitir que unos se libraran, los que podían permitírselo, y otros, los que no tenían agarres, los obreros y los propios hijos de los que habían sido eliminados, tuvieran que partir. Los sospechosos de izquierdismo iban a la Legión. 

Algunos sumarios posteriores a 1939, como los de Muñoz Murillo (Azuaga) o Franco Noriega (Feria), permiten intuir, como se ha dicho antes, que, llegado un momento, los propios militares consideraron oportuno mostrar que la justicia franquista también podía ser «justa», entendiendo por tal que, utilizando la misma mecánica que antes llevó a la tumba a miles de personas, ahora podían ser magnánimos. 

Así, hombres como los citados, a los que solo unos años antes hubieran aplicado de inmediato el bando de guerra por tratarse simplemente de personas de izquierdas sin otro cargo que haber defendido la República, ahora solo eran condenados a muchos años de prisión que finalmente, dada la ingente población penal y el lamentable estado de las prisiones, quedaban reducidos a tres o cuatro.

 El panorama que se nos ofrece muestra la base sobre la que se edificó la dictadura. Un mundo de violencia y terror en el que una parte de la sociedad se impuso totalmente a la otra y que en ocasiones desbordó las previsiones incluso de aquellos que se unieron a la sublevación. Lo que la gente veía era a los falangistas que dominaban y regían sus vidas, pero los que realmente dirigían todo aquello eran los militares y la Guardia Civil, que eran los que con la sublevación habían conservado y protegido los privilegios de la oligarquía. 

Las historias que se cuentan, que dan comienzo cuando aún se estaba eliminando gente con los bandos de guerra, concluyen con el propio final de la guerra civil. A partir de entonces serán los procedimientos sumarísimos de urgencia los que mantendrán a plena máquina el ciclo represivo abierto en 1936. Coincidiendo con el principio del fin del nazismo en Europa en 1942-1943 se abre una nueva etapa. A partir de entonces ya nada sería igual. 

En España se percibe el cambio de signo en el menor número de consejos de guerra y en la disminución de sentencias de muerte, que van reduciéndose hasta desaparecer en 1944. Pero el descanso fue breve, ya que a finales de esa misma década y en los primeros años de la siguiente la lucha contra la guerrilla y sus apoyos activaría de nuevo la maquinaria judicial militar.

El final de Hitler y Mussolini debió de helar la sangre a más de uno. Los informes, filtrados por los británicos y que circularon por medios falangistas, sobre la persecución de los fascistas y el asalto a las casas de los dirigentes constituían un aviso de lo que podía pasar con el desenlace de la guerra mundial. Finalmente todos respiraron tranquilos: nadie tendría que rendir cuentas por lo que se venía haciendo desde 1936."                                     (Francisco Espinosa es historiador. CTXT, 03/04/21)

3/6/20

La posguerra franquista en las comarcas valencianas: fusilamientos, corrupción y quema de libros en hogueras públicas

"En 19 de los 22 municipios que conforman la comarca de L'Horta Nord se produjeron "matanzas políticas" en la inmediata posguerra franquista. Hubo 305 muertos en la zona, según el recuento del historiador Pau Pérez Duato, coautor junto a Álex Gutiérrez Taengua de La postguerra a les comarques valencianes. L'Horta Nord i la partida judicial de Xàtiva (Diputación de València, 2020).

El poder municipal en la comarca de L'Horta Nord se disputó entre militares y jerarcas provinciales de Falange. "Cuando hay élites históricas fuertes en algunos pueblos, los militares les devuelven el poder mientras que en pueblos con élites más débiles, entran en juego los falangistas", explica por teléfono a eldiario.es Pau Pérez Duato (Rafelbunyol, 1988).

Los nuevos alcaldes de la comarca habían sido, en general, víctimas de la violencia en la retaguardia republicana, lo cual profundizó la "beligerancia revanchista con que se organizaron los núcleos locales de la dictadura", escribe el historiador. Solo entre abril y junio de 1939, inmediatamente después de la ocupación del territorio valenciano por las tropas del general Franco, más de un millar de vecinos de la comarca fueron detenidos.

El trabajo, fruto de una beca de la delegación de Memoria Histórica de la Diputación de València, analiza la actuación diametralmente opuesta de cada ayuntamiento de la comarca: mientras en Montcada, con dirigentes de la derecha moderada, hubo avales y peticiones de conmutación de penas para sus vecinos republicanos, otros municipios como Rafelbunyol o Massamagrell redactaron completos listados de militantes o simpatizantes de la izquierda que propiciaron detenciones masivas.

La investigación también retrata la corrupción de los nuevos gobiernos municipales "ligada a las fricciones internas franquistas". Pocos alcaldes y concejales duraron más de dos años seguidos, según las actas consultadas por el historiador en los archivos municipales.

"Graves tensiones internas sobre la corrupción local agravaron las discrepancias políticas de los franquistas y generaron situaciones de inestabilidad y crisis en las corporaciones municipales", escribe Pau Pérez Duato. El gobernador civil, Francisco Javier Planas de Tovar, tuvo que intervenir, entre otros, en el Ayuntamiento de Godella, en el que los casos de corrupción "se repetían constantemente".

El empresariado local aprovechó el nuevo contexto para revertir ciertas victorias de los trabajadores acaecidas durante la II República. En La Yutera Española, situada en la localidad de Foios, los propietarios de la empresa despidieron a 185 trabajadores durante la primera semana de abril de 1939 (la cifra aumentaría más tarde hasta los 248). Por el contrario, en La Papelera del Grao SA, "los falangistas mediaban con los empresarios para que contrataran a antiguos combatientes", explica el historiador.

Otra pata del nuevo poder franquista fue la Iglesia. "Los curas de cada localidad ostentaban un poder significativo en las decisiones de los gobiernos, con los que colaboraron para borrar cualquier vestigio de las ideas republicanas entre la población desde los primeros días de la etapa franquista", señala el libro.

El domingo 2 de abril de 1939, cuando las tropas recién habían ocupado la ciudad de València, en Tavernes Blanques, una localidad cercana, las nuevas autoridades organizaron una "misa de campaña" para celebrar el aplastamiento de la II República. Al finalizar el acto religioso, los falangistas locales "prendieron fuego a una selección de libros de la biblioteca pública, supuestamente contrarios a la religión y a la moral tradicionalista, en una hoguera pública". Allí ardieron, entre otros ejemplares, libros de Blasco Ibáñez y Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.

El historiador Álex Gutiérrez Taengua (Xàtiva, 1989) ha investigado 17 archivos, de los que ha obtenido una selección de 2.500 documentos escritos sobre la represión franquista en la partida judicial de Xàtiva. Entre el 31 de marzo y el 12 de abril de 1939, todos los pueblos que conforman la partida judicial de Xàtiva fueron ocupados por las tropas franquistas.

El investigador sostiene que, solo en el mes de abril de 1939, más de 23.700 personas fueron detenidas, un enorme volumen que desbordaba la capacidad penitenciaria y que dio pie a "la aparición de prisiones habilitadas y campos de concentración, lugares de tránsito donde se esperaría el traslado a otros centros de reclusión o a las ejecuciones", escribe el historiador.

El estudio sobre la partida judicial de Xàtiva también coincide en que casi cada consistorio tenía una "perfil represor concreto" que crea "diferencias y similitudes respecto a sus homólogos más próximos". Las entrevistas orales realizadas por Gutiérrez Taengua, también autor de Per a tots els públics(Alfons el Magnànim, 2019), concluye que el hambre fue un "elemento definitorio de la posguerra" y un vector de castigo y control; en el municipio de Barxeta, recuerda el historiador, se prohibió trabajar los domingos.

Aunque las sanciones fueron "muy diversas" según cada municipio, las causas siempre fueron las mismas: "la participación o el vínculo con los ayuntamientos republicanos", escribe Álex Gutiérrez.

El historiador defiende que lo más interesante de la perspectiva local es la "capacidad de explicar la cotidianidad del franquismo, una realidad rugosa en contraposición a la necesaria uniformidad que presentan estudios más amplios". "Explicar algo a nivel local permite que la gente de a pie pueda entender el proceso de otra manera", señala.

Álex Gutiérrez, en una entrevista telefónica con este diario, lamenta la "falta de recursos destinados a los archivos" a pesar de que los municipales son "muy interesantes". "He entrado en algunos que eran más un almacén de cosas que sobran que un archivo", apostilla el historiador."               (Lucas Marco, eldiario.es, 30/05/20)

25/9/19

Tras el atentado de la calle del Correo, el régimen y el Ejército franquista involucraron a decenas de personas y procesaron a 22 dirigentes comunistas, a sabiendas de que estaban construyendo un proceso falso y espúreo porque le interesaba a la propaganda del régimen

"Cuando Carlos Enrique Bayo Falcón trabajaba arduamente en conocer  las cloacas del Estado, en esa investigación interminable que le está llevando hasta las calderas de Vulcano en el infierno organizado por José Manuel Villarejo y sus sicarios, no imaginaba que la rabia que posee a los que se han visto desenmascarados por él iba a llevarles a acusarme a mí, su madre, y a Eliseo Bayo, su padre, de ser terroristas. Acusación que no es ninguna novedad dado que el Juzgado nº 1 de Jefes y Oficiales de Madrid del Ejército franquista ya lo hizo en 1974.

Lo que más lamenta Carlos Enrique es que sea Manuel Cerdán, otro periodista a quien tiene que llamar colega, quien escriba infames libelos contra él en defensa del tal Villarejo. Ciertamente tampoco yo imaginé, cuando estaba apaleándome Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, policía de la Brigada Político Social de Madrid que nos torturó a cientos de militantes antifranquistas durante las decenas de años que duró su imperio en la casa del terror, que transcurridas más de cuatro décadas desde aquel desdichado suceso todavía seguirían inscribiéndome en el censo de terroristas.

Ciertamente en aquellos momentos no pensé en lo que sucedería en el futuro, porque durante los nueve días que duraron los interrogatorios estuve convencida de que yo no tenía futuro ya que me iban a matar allí. Allí mismo, en los despachos de la Brigada Político Social de Madrid, en el edificio de la Puerta del Sol, donde se instaló la cámara de los horrores de la represión franquista, bajo los golpes de Antonio González Pacheco, más conocido como Billy el Niño, y la mirada atenta del comisario Conesa, con la participación de tres policías más cuyo nombre nunca supe, uno con la cara torcida y todos de mirada aviesa.

Pero alguna vez en aquellos días, que fueron nueve, hundida en el in pace del calabozo medieval del sótano de la DGS, en los momentos en que  recuperaba la consciencia y comprobaba que seguía respirando, volvía a abrigar la esperanza de sobrevivir e imaginaba un futuro de democracia en mi país, en el que se honrara la memoria de tantas víctimas de la insania fascista, se hiciera justicia y se reparara el daño causado.

Lo que no podía prever es que muerto el dictador, aprobada la Constitución y construido el Estado democrático permaneciera intacto el aparato represivo de la dictadura y que sus servidores como José Manuel Villarejo siguieran actuando largos años utilizando las mismas prácticas. Y que los torturadores  quedaran libres e impunes, paseando por las calles de Madrid, como Billy el Niño, sin que yo pueda abrigar ninguna esperanza de que se les encause y juzgue,  y que miles de víctimas de la represión fascista seguirían en las cunetas, en los campos y en los cementerios sin que sus restos sean recuperados y enterrados con dignidad.

Pero lo que excede de mi imaginación y capacidad de adivinación es que  incluso periodistas cuya profesión ha de estar al servicio de la verdad, pudieran seguir utilizando medios de comunicación legales para seguir difundiendo las mentiras que el franquismo supo construir al estilo gebbelsiano.
Menos imaginaba que uno de ellos fuera precisamente Manuel Cerdán, periodista que presume de demócrata y liberal y cuyas informaciones sobre los crímenes del GAL he utilizado para documentar mi novela El Honor de Dios. Pero ciertamente, los que no ha denunciado han sido los crímenes franquistas. 

No sé que Cerdán haya apoyado nunca la querella contra Billy el Niño y otros criminales de la DGS franquista que ha de dirimirse en Argentina, ya que en España no hay juez ni fiscal que se atreva. Ni que haya recordado, aun solo a manera de homenaje, a tantas víctimas que yacen en las cunetas, en los campos, en los cementerios de España, sin que merezcan honrosa sepultura, en este año en que  conmemoramos los asesinatos de las 13 Rosas y los fusilamientos de los militantes del FRAP y de ETA, el 27 de septiembre de 1975, con cuyas muertes terminó sus crímenes el dictador.

Manuel Cerdán utiliza su ingenio para descalificar a Carlos Enrique Bayo Falcón diciendo que tiene unos padres terroristas, que fueron incluso organizadores del atentado de Carrero Blanco, porque le interesa defender a ese producto del hampa más canallesca que se llama Villarejo y que ha hundido en la ignominia al aparato represivo del Estado, que hoy se pretende democrático.

 Pero no utilizará su pluma ni su medio de comunicación para defender la verdad de lo sucedido en aquel proceso del atentado de la calle del Correo, en el que el régimen y el Ejército franquista involucraron a decenas de personas y procesaron a 22 dirigentes comunistas, a sabiendas de que estaban construyendo un proceso falso y espúreo  que le interesaba a la propaganda del régimen.

Tampoco Cerdán se molestará en solicitar que se desvele el misterio de que nunca se llevara a cabo el juicio de aquel proceso por el que 22 personas fuimos torturadas y encarceladas durante meses, y sin que ya en la Transición y construyendo el Estado de Derecho jamás se desvelara por qué fuimos detenidos Eliseo y yo, secuestrados y trasladados de Barcelona a Madrid, hundidos en las cámaras de tortura de la DGS, de las que salí para el hospital, mantenidos en prisión durante nueve meses, y después de excarcelados por el Tribunal de Orden Público nunca se nos volvió a interrogar ni a citar ni a enjuiciar, como en aquellos procesos del régimen nazi, Noche y Niebla, de los que nunca se sabía nada.

No comprendo bien qué beneficio obtiene Manuel Cerdán alimentando la calumnia franquista de que Eliseo Bayo y yo fuimos autores de los atentados de Carrero Blanco y de la calle de Correo. No sé si cree que con ello desprestigia a mi hijo Carlos Enrique, como si los crímenes de los padres debieran ser purgados por los hijos, lo que resulta totalmente ridículo cuando nadie decente en la profesión ignora que es un prestigioso periodista con varias décadas de experiencia y éxitos profesionales, y los y las lectoras informadas conocen su entrega y buen hacer en desvelar los misterios de la cloacas del Estado, con los sacrificios que le ha comportado.

Pero lo que es evidente es que además de las cloacas del Estado también existen las cloacas del alma humana que están aposentadas en Manuel Cerdán."                     (Lidia Falcón, Público, 10/08/19)

5/7/19

“Al contrario que en el caso de los republicanos, para los golpistas la represión constituyó la base de su acción desde el mismo 17 de julio; conscientes de que eran minoría decidieron imponerse por el terror mediante un calculado plan de exterminio efectuado pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, que se extendió durante nueve años (1939-1945)”

“Al contrario que en el caso de los republicanos, para los golpistas la represión constituyó la base de su acción desde el mismo 17 de julio; conscientes de que eran minoría decidieron imponerse por el terror mediante un calculado plan de exterminio efectuado pueblo a pueblo y ciudad a ciudad, que se extendió durante nueve años (1939-1945)”, escribió hace más de una década el historiador Francisco Espinosa Maestre (Villafranca de los Barros, Badajoz, 1954).

 Se define como un historiador crítico, que tiene entre sus referentes a Josep Fontana, E.P. Thompson y los franceses de la Escuela historiográfica de los Annales. Francisco Espinosa es autor de La justicia de Queipo: violencia selectiva y terror fascista en la II División en 1936 (2000); La primavera del Frente Popular. Los campesinos de Badajoz y el origen de la guerra civil (2007) y Lucha de historias, lucha de memorias. España, 2002-2015 (2015), entre otros libros. 

En el informe sobre la represión franquista que redactó en 2008, el historiador distinguía tres etapas: la primera (17 de julio de 1936-febrero de 1937), caracterizada como de “represión salvaje” con los llamados “bandos de guerra”; la segunda fase, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945, fue la de los “consejos de guerra sumarísimos de urgencia” (tal vez se pueda percibir una disminución en el ritmo de la represión a partir de 1943, matiza Espinosa Maestre); y, en tercer lugar, la “gran oleada represiva” de finales de los años 40 y los años 50, en la que fueron eliminados decenas de guerrilleros y sus bases de apoyo. La entrevista a Francisco Espinosa tiene lugar antes de que imparta una conferencia en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València.

 -La conferencia en el Fórum de Debats de la Universitat de València aborda la represión como “gran secreto” del franquismo. ¿Por qué la consideras un “secreto” y una “cuestión pendiente”?

Porque todavía seguimos sin saber la dimensión real que tuvo. Hay una documentación oculta que a estas alturas no se ha permitido que veamos. Así, en los archivos militares hay miles de documentos que están cerrados a la investigación; la documentación eclesiástica es otro fondo al que tampoco hemos podido acceder, al igual que parte de la documentación judicial o de la guardia civil y la policía.

-¿Qué recomendarías, además de paciencia, a los jóvenes investigadores?

Espero que en algún momento, que no sé cuándo será, se tome la decisión de abrir esos archivos. Pero será otra generación la que los estudie, y no –por razones de edad- quienes empezamos a finales de los 70 y principios de los 80. A ellos les tocará afrontar ese reto, cuando se tenga acceso a los archivos y los documentos; los que hayan quedado después de la quema y la destrucción que hayan llevado a cabo, que es algo que también han hecho, y es posible que aún se destruyan más.

-Pero la investigación avanza. Un reciente libro del periodista Carlos Hernández de Miguel, Los campos de concentración de Franco. Sometimiento, torturas y muerte tras las alambradas (Ediciones B, 2019) documenta la existencia de 296 campos de concentración franquistas…

Parece ser que la primera investigación realizada, la del historiador Javier Rodrigo, fue incompleta. 
El libro que mencionas ha ampliado los campos en un tercio, ya que se conocía la existencia de aproximadamente 200 (En el artículo “Internamiento y trabajo forzoso: los campos de concentración de Franco”, publicado en 2006 en la revista Hispania Nova, Javier Rodrigo apunta que en España hubo “más de 180 campos -104 de ellos estables- donde a los prisioneros de guerra se les internaba, reeducaba, torturaba, aniquilaba ideológicamente y preparaba para formar parte de la enorme legión de esclavos que construyeron y reconstruyeron infraestructuras estatales, como parte del castigo que debían pagar a la ‘verdadera’ España”. Nota del entrevistador).

-En el libro Violencia roja y azul: España, 1936-1950 (Crítica, 2010), del que fuiste coordinador, cifras en al menos 130.199 las víctimas de la represión franquista, pero en alguna ocasión has alertado de la “obsesión por las cifras” (“el franquismo siempre tuvo claro que el debate sobre la represión nunca debía salir del ámbito numérico”, afirmas). ¿Por qué razón?

Entrar en una batalla cifras son ganas de perder el tiempo, se entra en un marasmo. Creo que es una discusión que no tiene sentido alguno. Lo único que nos sirve en la investigación y la reflexión es trabajar con nombres y apellidos; es esto lo que soporta todo aquello que podamos afirmar. Por ejemplo, en la ciudad de Badajoz sí podemos decir que fueron 1.400 las víctimas, pero habría que añadir que se trata de una documentación incompleta, que procede en general de los registros civiles y en estos no estaba inscrita ni la mitad de las personas que tendrían que figurar; estamos, por tanto, a la espera de tener acceso a los archivos militares que nos permitan contar con más información.

-Entre 2005 y 2010, fuiste coordinador científico del proyecto Todos los Nombres, iniciativa que promueven la CGT de Andalucía y la asociación Nuestra Memoria (Actualmente hay registradas 98.760 personas, 826 microbiografías y 1.436 documentos).

Hicimos en este caso una base de datos, de los represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y el norte de África. Introduje las investigaciones que había realizado sobre Badajoz y Huelva, después fueron añadiéndose otras muchas de gente que había hecho investigaciones locales y provinciales.

-En 2003 publicaste La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz. Llevas años investigando y escribiendo sin ejercer como docente en la universidad y, por otra parte, al margen de las grandes tribunas mediáticas. ¿Con qué problemas te has encontrado?

Te ves obligado a llevar otra ruta. Y no sólo respecto a los contenidos. Hay temas sobre los que la universidad no ha querido investigar hasta muy tarde. Cuando terminé la carrera, quise hacer la tesina e investigar sobre el golpe militar y la represión en Sevilla. En la universidad me dijeron que no había perspectiva suficiente, que tenía que pasar todavía más tiempo. Era en torno al año 80. 

No había vías abiertas para hacer estudios de estas características y, por tanto, tenías que hacerlos fuera. Incluso si se hacían estos trabajos tardíamente –en los años 90- también había unos límites. El cambio empezó, parcialmente, en los años 90 del siglo pasado. Pero ocurrió que todo se mezcló después con la oleada “revisionista”, dentro de la universidad también ha habido investigadores que han seguido la ruta del “revisionismo”.

-En el artículo “La memoria de la represión y la lucha por su reconocimiento” (revista Hispania Nova, 2006), escribiste: “La primera gran división que se produce tras el golpe militar del 18 de julio es la que separa a la España donde triunfa la sublevación de la España donde fracasa. Dicho de otra forma: en media España no hubo guerra civil alguna sino sólo golpe militar y represión”. ¿Destacarías algún ejemplo de represión especialmente silenciado?

Yo creo que en todas las provincias, por ejemplo en las que yo he estudiado –Huelva, Badajoz o Sevilla-, hay episodios locales, provinciales y nacionales que llamarían la atención; pequeñas historias que pueden sacarse pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, y que darían un buen campo para la difusión. Encontramos muchos casos en Huelva, en Cádiz también hay algunos ejemplos muy interesantes y en Sevilla ni te cuento…

-Por otra parte, ¿a qué obedece tu polémica con el catedrático de Historia Social y del Pensamiento Político, Santos Juliá, colaborador del diario El País desde 1980? ¿Y con otros escritores?

Lo que hubo, en el caso de Santos Juliá, creo que fue simplemente soberbia por su parte. Mi escrito fue una crítica ante la actitud despreciativa que tenía respecto a las investigaciones de la represión. Como él tenía púlpitos y su opinión se difundía ampliamente, creí conveniente responderle. Y marcarlo también a él como una persona contradictoria.

 Esto no le debió gustar nada, a pesar de que lo único que utilicé fueron datos objetivos. La respuesta fue la de una persona prepotente; no respondió a las cuestiones que se plantearon (las críticas de Francisco Espinosa Maestre están expuestas en el artículo “De saturaciones y olvidos. Reflexiones en torno a un pasado que no puede pasar”, publicado en 2007 en la revista Hispania Nova. Nota del entrevistador). 

En cuanto a los escritores Javier Cercas, Andrés Trapiello y Antonio Muñoz Molina, se trata simplemente de que uno está ya cansado de que, dada la trascendencia que tienen por lo mediáticos que son y el apoyo que reciben de grupos potentes como PRISA, vayan de historiadores. Y uno se harta. No se conforman con ser novelistas. En el caso de Cercas, la cuestión viene de una novela que hizo –El monarca de las sombras (2017)- y en la que quería “salvar” a su tío abuelo, que era un fascista cualquiera.

-Fuiste autor, en 2008, del “informe sobre la represión”, unido a la causa abierta por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Hay historiadores que, por el contrario, consideran que la llamada “memoria histórica” implica una politización de la historia y, además, enlodarla en polémicas poco rigurosas. ¿Estás de acuerdo?

Es la actitud que ha tenido la academia y la universidad ante el reto que les supuso el boom de la memoria. Algunos lo han dicho claramente: la memoria fue una losa que se les vino encima; de hecho, les obligaba a salirse de su “sitio”, de la fortaleza que son las universidades, para tener que entrar en el ámbito público. 

Y entrar, además, en un terreno que a la mayoría no les apetecía. El caso es que, para cualquiera que sepa un poco de Historia, la memoria es un recurso más de la Historia. Hay terrenos en los que la historia no entra –porque no existe documentación de todo- y sin embargo los testimonios orales resultan muy válidos e interesantes. Sin ellos, no tendríamos la información. 

Así ocurre en todo lo referente a prisiones, torturas o violaciones, hechos que sucedieron en aquella época de manera frecuente y no los encuentras reflejado en los documentos.

-¿Son compatibles el rigor científico y el compromiso del historiador a la hora de investigar?

Me parece simplemente que la historia debe ser rigurosa y objetiva, pero no imparcial. Todos tenemos ideología.

-Se habla de la excepcionalidad española en cuanto a la pervivencia de la dictadura y sus consecuencias; ¿se idealiza, en ese caso, la ruptura de Italia y Alemania –después de 1945- con el fascismo y el nazismo?

La singularidad de España viene ya marcada por el modelo de Transición, por una dictadura que duró 40 años y porque tenemos una derecha que no ha roto y continúa unida ideológicamente al franquismo; por otro lado, tenemos un centro izquierda, que sería el PSOE, que no va más allá de 1978. Ninguno de los dos partidos tiene interés en reivindicar la II República o los valores que quedan de lo que representó la República.

-Una de las polémicas (políticas) recientes es la decisión del gobierno del PSOE de exhumar, del Valle de los Caídos, los restos del dictador. ¿Eres partidario de esta medida? ¿Y respecto a las 34.000 personas allí enterradas?

Creo que los restos de Franco habría que sacarlos, no deberían estar en el Valle de los Caídos. Y en cuanto a los restos de todos los demás, sacarlos también del “mamotreto” aquel y darles una sepultura digna, como a cualquier otra persona. Respecto al Valle de los Caídos, es tal el dinero que cuesta mantenerlo anualmente –y con las temperaturas que hay en aquel roquedal- que lo más lógico me parece abandonarlo a su suerte. 

¿Convertirlo en un lugar para la memoria de las víctimas? No le veo sentido alguno a esa propuesta, creo que no podrá ser nunca un “lugar de memoria” de nada. Aquello es, por lo visto, un caos total, los huesos están fuera y las cajas rotas, la gente que lo ha visto pinta un panorama terrible… Por tanto, los restos que se puedan sacar e identificar, que se identifiquen, y los que se puedan entregar a los familiares, que se proceda; y al resto, que se les pueda dar una sepultura digna en algún otro sitio.

-Algunos investigadores apuntan que 20.000 presos políticos participaron en las obras de construcción del Valle. ¿Cómo has observado el litigio respecto a la exhumación del dictador?

El hecho de que sea la familia de Franco la que esté provocando el retraso en la resolución, adoptada por el Congreso de los Diputados, de sacar a Franco del Valle de Cuelgamuros ya me parece una anomalía total. Que además el Tribunal Supremo suspenda la exhumación porque pudiera haber consecuencias para los recurrentes y para el interés público, creo que es una cosa rara e impropia de un país democrático.

-Por último, el auto del Tribunal Supremo que decidió la suspensión cautelar de la exhumación consideró a Franco jefe del Estado desde octubre de 1936, cuando esa fecha ejercía Manuel Azaña como presidente de la República. ¿Se trata de un error?

Me parece simplemente que los jueces que han escrito ese auto son de ideología franquista. Ellos y mucha gente más, que se sienten dentro de la onda franquista, consideran que Franco era el jefe de Estado el 1 de octubre de 1936."                     

17/7/18

“Mantenía la mente en blanco para aguantar los 200 puñetazos que recibí”

"La primera vez que Adolfo Rodríguez fue detenido y torturado por Billy El Niño tenía 18 años. Era 1972, en Madrid, y en esa época ya había comenzado su militancia en el PCE, organización desde la que luchó contra el franquismo durante tres años. 

Dos años más tarde, en 1974, volvió a caer en manos de Billy El Niño, entonces ya militaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR).

Profesor de economía ya jubilado y actualmente responsable del Área Autonómica de Municipalismo de Podemos Comunidad de Madrid, Rodríguez, que actualmente tiene 61 años, ha presentado hoy, junto a Julio Gomáriz Acuña —detenido y torturado por su militancia en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)— y con el apoyo de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina por los crímenes del franquismo (Ceaqua) dos querellas contra Antonio González Pacheco, ‘Billy El Niño’, y José María Escrihuela, policía del régimen ya fallecido.

“La primera vez me detuvieron en mi casa, allí me estaban esperando Billy El Niño y otro al que conocíamos como ‘El gitano’”, explica Rodríguez. Antes señala que ya le tenían fichado, desde que tenía 17 años, pero esa fue la primera vez que sufrió torturas. “Estaba a unos cien metros de casa y me esposaron, me amenazaron con pegarle un tiro a mi padre y después comenzaron los golpes y las amenazas en la Comisaría de Tetuán”, continúa.

Aunque no está seguro de cuántas horas duró la paliza que le dieron el primer día de detención en la Dirección General de Seguridad porque le quitaron el reloj, calcula que fue hasta las 1:30 de la madrugada. “Yo mantenía la mente en blanco para aguantar los puñetazos y codazos”, recuerda Rodríguez, quien rememora cómo en esa época hablaban entre los compañeros del “segundo grado” en los interrogatorios.

 “A mí no llegaron a ponerme corriente eléctrica ni esas cosas, fueron básicamente palizas”. También intentaron obligarle a “hacer el pato”, una práctica que consiste en hacer que la víctima se agachara, poniéndole las esposas por detrás de las curvas y obligarla a andar. “Es una tortura muy eficaz porque la gente suele hacerlo por miedo y consiguen su humillación. Conmigo lo intentaron, pero no lo hice”.
Cuando llegué al Tribunal de Orden Público declaré únicamente las torturas que sufrí, los 200 golpes que conté que recibí en esas tres horas de tortura
Tras ser detenido y torturado, Rodríguez se negó a firmar ninguna declaración. Le acusaban de terrorismo —por acudir a una manifestación—, atentado —porque durante la detención, Billy El Niño se pilló la mano con una puerta— y lesiones —por las supuestas lesiones sufridas por los agentes de policía—. 

“Cuando llegué al Tribunal de Orden Público declaré únicamente las torturas que sufrí, los 200 golpes que conté que recibí en esas tres horas de tortura, pero negué todos los hechos que me imputaban”. 

El activista recuerda que años después, cuando fue al archivo de Salamanca en búsqueda de documentación sobre los procesos judiciales en los que estuvo implicado, encontró una declaración también sin su firma a pesar de que era exculpatoria.

La segunda vez

La segunda vez que fue detenido y torturado fue en enero de 1974. Entonces militaba en la LCR y estudiaba en la Facultad de Económicas. “Me detuvieron con otros seis compañeros en la facultad, cuando íbamos a tener una reunión para organizar actividades en contra de la condena de muerte a Puig Antich, que fue ejecutado en marzo”, señala.

Rodríguez afirma, que, sin embargo, fueron varias las veces que Billy El Niño y otros policías acudieron a su casa. “Creo que tenía una obsesión conmigo porque yo no era un activista de peso, era conocido en la universidad pero ya está”, afirma.

Cuando le detuvo por segunda vez, Rodríguez afirma que a Billy El Niño le dio “cierto ataque de histeria” y se tiró sobre él, intentando ahogarle. El resto de agentes se lo tuvieron que quitar de encima, pero entre los gritos que le lanzó se encontraba una frase que le permitió identificar a un policía infiltrado en el Partido del Trabajo de España (PTE) y que se encontraba entre las seis personas que habían sido detenidas junto a él.

En esta segunda detención también hubo palizas en las que Billy El Niño participó en al menos dos ocasiones, pero fueron menos los golpes recibidos. “También los conté, fueron 60 o 70”, señala Rodríguez.

 Ahora le acusaban de agitador político y de actuar en reuniones en protesta contra el Consejo de Guerra que condenó a Puig Antich. Como en la anterior ocasión, se negó a declarar otra cosa que no fueran las torturas que había sufrido durante su detención. Fue absuelto tras pasar dos meses en una prisión para menores de 21 años.

Nueve querellas contra Billy El Niño

Con las querellas de Adolfo Rodríguez y Julio Gomáriz Acuña son ya nueve las presentadas contra Billy El Niño y otros policías del régimen por torturas, aunque en febrero, el Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid decidió archivar una de ellas, interpuesta por Felisa Echegoyen, por “no apreciar crímenes de lesa humanidad”. 

“Muchos jueces no se atreven a aplicar la justicia universal, porque los delitos de tortura no prescriben, y fueron aplicados contra decenas de miles de personas de manera sistemática”, señala Rodríguez. “Si hay algún juez o jueza que tenga un sentido alto de la justicia podría ser que le dé trámite a la querella, que es lo que esperamos, y que se consiga abrir un camino para revertir la Ley de Amnistía [de 1977], que perdonó tanto a las violadores como a las personas violadas”, continúa.

Billy El Niño tiene actualmente cuatro condecoraciones por “mérito policial” que incrementan en un 50% su pensión. El pasado mes, el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció que estudiaría revocar estas condecoraciones. “Es una muestra de lo que fue en este país la transición”, afirma Rodríguez sobre las condecoraciones. 

 “Durante 30 años los partidos oficiales lo han tratado como algo modélico, y ahora se ven las enormes injusticias que hubo, que un torturador destacado y posiblemente un asesino —ya que hay indicios de que pudo estar implicado en los asesinatos de la calle Atocha— no solo esté libre sino que haya tenido negocios, una vida acomodada y que haya podido mantener casi con toda seguridad esa vocación que le llevaba a torturar, que parecía más una cuestión personal que ideológica, y que encima tenga cuatro medallas muestra que este país es un país profundamente enfermo”, continúa. “Sobre la mentira no se construye nada, solo podredumbre”, concluye."                       (Ter García, El Salto, 13/07/18)