"Las
muertes se han causado de manera consciente y voluntaria", afirma
tajante el letrado francoespañol desde su despacho en París en una
entrevista con eldiario.es. "Ha sido un ataque sistemático contra una
población civil", agrega. Está parafraseando, casi palabra por palabra,
lo que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entiende por
crímenes contra la humanidad.
Junto al genocidio, los crímenes de guerra
y de agresión, es una de las violaciones más graves del derecho
internacional que pueden ser juzgadas por este tribunal internacional
con sede en La Haya, que interviene cuando los países no pueden o no
están dispuestos a investigarlas y perseguirlas.
Su denuncia ha sido difundida por medios de comunicación
de toda Europa y ha sido aplaudida por organizaciones que defienden los
derechos de los migrantes, pero también
hay quien duda de que pueda
llegar a prosperar, como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del
Derecho y senador del PSOE, quien ha asegurado en Twitter que "pese a
las evidencias morales y políticas",
existen "considerables dificultades técnico-jurídicas" a la hora de que la solicitud tenga recorrido.
Branco,
que estuvo trabajando durante un año en la Fiscalía del tribunal
internacional, defiende que la demanda es "muy viable y muy difícil de
rechazar". "La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de
enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político",
esgrime el jurista, encargado también de la defensa del fundador
de Wikileaks, Julian Assange. La Corte ya examina la situación en Libia
desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la
investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muamar
el Gadafi en 2011.
Tras la presentación del escrito el pasado lunes, la portavoz comunitaria Natasha Bertaud defendió que la UE
"tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si sola" y
subrayó que "no es la política europea la que causa estas tragedias",
sino los traficantes que "explotan la miseria humana". Bertaud insistió
en que el presidente Jean-Claude Juncker ha dicho que poner fin a la
operación de salvamento en Italia Mare Nostrum en 2014, algo que los
abogados identifican como momento clave, "era un gran error". "En lugar
de culpar, hay que trabajar juntos", zanjó.
Han
estado dos años trabajando en el escrito que presentaron en La Haya el
pasado lunes. ¿Por qué decidieron emprender el proceso?
La
organización Forensic Architecture contactó con nosotros. Había hecho
un análisis de los que entonces todavía se llamaba "drama" en las costas
libias y que mostraba cómo justamente actores de la Unión Europea
habían dejado gente morir en lo que parecía una intervención muy extraña
de los guardacostas libios. Nos preguntaron qué nos parecía desde un
punto de vista jurídico. Empezamos a hacer trabajo de análisis y nos
dimos cuenta de que es una política sistemática de la Unión Europea que
podría ser juzgada.
¿Por qué considera importante que esa política llegue a la Corte Penal Internacional?
Es
esencial porque hoy en día, políticamente, tiene ventajas emprender
este tipo de acciones porque te permite resolver una cuestión que
aparece como problemática en el espacio público, como las migraciones,
sin pagar ningún coste. El problema es que la manera en la que la
resuelven hoy en día los políticos y los dirigentes de la Unión Europea
es a través de, simplemente, muertes.
Entonces, no les
cuesta nada favorecer esas muertes porque no hay ningún tipo de
imputación. Pero por eso se crearon herramientas como la Corte Penal
Internacional, para evitar, precisamente, que políticos abusen de sus
funciones y utilicen la violencia o cualquier método para obtener
beneficios políticos.
Cuando introducimos un riesgo para los políticos,
por ejemplo de prisión, como es el caso de la CPI, evidentemente
empiezan a integrar ese elemento en sus cálculos. Y piensan que tal vez
no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han conllevado
la muerte de 14.000 personas, en este caso. Tal vez, lo que no se
tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora, como las denuncias de
las ONG, quizás lo tengan más en cuenta.
Pero
no es la primera vez que la situación del Mediterráneo llega a los
tribunales. Hay casos que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. ¿Cuál sería la diferencia ahora?
Una
decisión de Estrasburgo no acarrea consecuencias penales, en particular
para los políticos. Entonces, evidentemente, pueden correr el riesgo,
pueden jugar con ciertas políticas para ser reelegidos y pueden
permitirse una condena de Estrasburgo. Pueden salirse con la suya.
Ahora, si se enfrentan a un procedimiento penal, es mucho más difícil
escaparse porque afecta a su vida individual, al igual que ellos juegan
con las vidas de los migrantes. La diferencia es fundamental a nivel de
culpabilidad, no es del Estado, sino del individuo.
¿Creen
que es jurídicamente posible que la Corte Penal Internacional entre a
juzgar a dirigentes de la UE por su política migratoria?
Demostramos
que han llevado a cabo un ataque sistemático contra una población
civil, las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo, y que estaban
dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías,
inclusive aliarse con mercenarios en Libia que han hecho el trabajo en
su nombre. Ellos los han financiado y los han apoyado operacionalmente.
Han
puesto en marcha una política extremadamente represiva sin que esto
acarree ninguna responsabilidad jurídica porque oficialmente no eran
ellos, sino los libios, lo que lo hacían. Nosotros desenmascaramos ese
sistema y demostramos que la verdadera responsable de los crímenes
masivos que tienen lugar en Libia –que el propio Macron ha calificado de
crímenes contra la humanidad– es la UE.
¿Qué papel jugaría entonces Libia, un Estado que no forma parte de la CPI ni se ha adherido al Estatuto de Roma?
Es
un papel de ejecutante. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya
está investigando en Libia los crímenes cometidos contra migrantes,
pero precisamente lo que nosotros queremos es que no se contente con los
ejecutantes de las políticas, sino que vaya a buscar a quienes las han
elaborado.
Libia no tiene ningún interés propio
en estas políticas migratorias, las tiene porque han negociado con la
Unión Europea toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas
diversas. Ese sistema existe desde la época de Gadafi.
El problema es
que con la caída de Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar
migrantes por decenas de miles y la sociedad europea estaba enfrentando
una gran crisis económica.
Frente a eso, la Unión
Europea reacciona con cierto pánico, intentando adoptar varias políticas
sucesivas. Primero empezó por dejar a la gente morir, para disuadirla
de cruzar. No funcionó porque los migrantes tenían más miedo de Libia
que de morir ahogados. Además, las ONG los estaban rescatando, por lo
que comenzó a criminalizarlas y a crear un segundo sistema, que fue de
externalización de la gestión de las cuestiones migratorias a Libia. El
problema es que la ha llevado a cabo con organizaciones criminales que
cometen crímenes gravísimos de los que la UE se ha vuelto de facto
corresponsable.
Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan?
Hay
tres niveles de responsabilidad. Primero, los responsables políticos,
que fijan sus objetivos políticos. Segundo, responsables administrativos
dentro de la Comisión Europea y las direcciones generales, que han
elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política. Luego están
quienes ejecutan esa voluntad política, Frontex y otros, o del lado de
Libia, evidentemente, los criminales que se asociaron con la Unión
Europea.
En cada etapa, hay que determinar quién es el
mayor responsable. ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de
él Hollande? ¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano?
Depende mucho de lo que la investigación demostrara y de la capacidad de
establecer quién, detrás de las apariencias, era el que pesaba más para
llevar a cabo estas políticas.
Evidentemente, el comisario griego de
migración actual [Dimitris Avramopoulos] tiene una responsabilidad muy
importante, de la misma manera que la comisaria europea de comercio
Cecilia Malmström. Pero antes de establecer con precisión quién debería
ser juzgado, se necesita una investigación, y pedimos que sea en estas
tres dimensiones.
Acusan a la UE de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles serían, a su juicio, estos delitos?
Hay
dos periodos. El primer período es la transición del programa Mare
Nostrum a Triton, en el cual se comete asesinato directo, dejando morir
por omisión -lo calificamos así-, a miles de personas a las que
podían salvar y rechazaron hacerlo.
La segunda parte son estos crímenes
cometidos por Libia por aliados de la Unión Europea en los campos de
detención. Los miembros de la UE se volvieron cómplices o
coperpetradores. En ellos, como han denunciado muchos documentos de ONG,
de la UE o de la ONU, hay tortura, asesinatos, violaciones
sistemáticas, detenciones arbitrarias y muchos crímenes más.
¿Por
qué consideran que el paso de la operación liderada por Italia Mare
Nostrum, que salvó miles de vidas, a Tritón fue clave y es una de las
pruebas que aportan para acusar a la UE?
Demostramos
cómo los dirigentes de la Unión Europea eran perfectamente conscientes,
antes de hacerlo, de que iba a provocar un auge inmenso de las muertes
en el Mediterráneo. Lo decidieron de manera consciente porque
consideraban que era prioritario poner fin a estos tránsitos migratorios
aunque esto provocara miles de muertos. Lo hicieron justamente para
adaptarse a una decisión del Tribunal de Estrasburgo,
el caso 'Hirsi',
que prohibía volver a llevar a territorios que no eran seguros a las
personas rescatadas. Entonces, a partir de ahí, la Unión Europea decidió
dejarlos en alta mar para no tener que acogerlos en sus países.
Esa
fue la primera razón. La segunda fue simplemente disuadir a estas
personas, pero no se puede usar la muerte para ello. Es el límite que
marca el Derecho internacional penal. Se pueden llevar a cabo políticas
migratorias más restrictivas o más abiertas según los intereses
políticos de cada sociedad, pero un límite es el hecho de causar de
manera consciente y voluntaria la muerte de miles de personas. Sea cual
sea la opinión sobre las cuestiones migratorias, es un acto criminal no
en el sentido moral, sino de la ley.
En
el escrito repiten la misma idea, que tenían "conocimiento pleno" de
las consecuencias de sus políticas. ¿En qué se basan para hacer esta
afirmación?
Nos apoyamos en documentos
internos, inclusive de Frontex, que demuestran que los dirigentes
europeos conocen la situación. Cuando ellos hablan de tragedia, la
realidad es que fue una tragedia provocada.
Sin
embargo, hay quien ha cuestionado la viabilidad jurídica y el recorrido
que puede tener su denuncia ante la Corte Penal Internacional.
A
nivel jurídico, no hay duda de que nuestra demanda es muy viable y muy
difícil de rechazar. Hemos puesto mucho esfuerzo en que sea así, por eso
hemos tardado tanto en hacerla pública. La cuestión es si la Corte
tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel
internacional y político. Pero esa es una cuestión que no nos incumbe
ni es de nuestro interés.
Nosotros consideramos que debe hacerse
justicia cuando hay casos tan graves. La Corte ha juzgado pocos casos y
ha llegado en uno de ellos a condenar a un individuo por la muerte de 30
personas [Germain Katanga]. Aquí estamos hablando de 14.000 muertes. Es
uno de los casos, de lejos, más graves que la CPI tendría que tratar.
No podemos anticiparnos pensando que por razones políticas no abriría
una investigación.
Es una investigación muy fácil de
llevar a cabo. Hay un acuerdo de cooperación entre la UE y la Corte que
la autoriza a investigarla como quiera. Sería suficiente con que los
funcionarios de la Corte fueran a las oficinas ministeriales y de la
Comisión Europea de París, Bruselas, Roma y Berlín para investigar
cuáles fueron las cadenas de responsabilidad que se establecieron. No es
ir a investigar en un terreno de guerra, por lo que no hay razón para
no hacerlo.
Es decir, se muestra confiado en que la demanda puede seguir adelante.
Si
la Unión Europea considera que es inocente, no debería oponerse a la
investigación, que ya está abierta, para demostrar su inocencia. Me
parece cada día más viable. La Comisión Europea ya ha reaccionado a
través de su portavoz admitiendo los hechos que denunciamos: admitió que
la UE cometió "un error" en su política migratoria que ha causado miles
de muertos.
La única diferencia entre ellos y
nosotros es que nosotros intentamos demostrar, y creo que demostramos,
que no fue un error, sino que fue intencionado. Si tienes una crisis con
miles de muertos y una institución que reconoce su implicación en esa
crisis, lo mínimo es investigar y asegurarse de que no fue voluntaria.
¿De qué sirve la Corte Penal Internacional si no es para hacer este
trabajo?
¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía? ¿Abrir un examen preliminar?
Pedimos
que abra una investigación rápida y vaya a las capitales que he
mencionado a interrogar a las personas que han participado en esta
política. A partir de ahí, que decida muy rápido si hay que acusar a
alguien y a quién de la muerte de estas personas. El examen preliminar
tienen que hacerlo sobre nuestro escrito.
Pero a
nuestro juicio deberían abrir la investigación inmediatamente. Una vez
se establezca que se han cometido actos criminales, hay que ir a buscar a
quien los ha cometido. Pero la práctica criminal ya está establecida,
ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros en nuestra investigación. Desde
un punto de vista jurídico debería tardar un par de meses, si tarda más
será por razones políticas, en nuestra opinión. Aunque la Fiscalía puede
abrir una investigación bajo secreto y no darnos noticias.
En el escenario de que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio en la Corte, ¿qué puede pasar?
La
única cuestión por resolver es si estas políticas se decidieron a nivel
de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande estuvieron
implicados. Lo que es seguro es que Merkel fue prevenida de la comisión
de crímenes contra la humanidad en Libia, como citamos en el escrito.
Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el Gobierno libio para
extender la cooperación sobre cuestión migratoria recibió un telegrama
de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de
Libia tenían condiciones de vida similares a las de campos de
concentración. Para Merkel será muy difícil negar que sabía lo que
pasaba en Libia. Al firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía, por
lo menos, cómplice de estos actos."
