"(...)Las mujeres de Paterna que se habían atrevido a cuestionar su papel
social sufrieron toda la gama de represalias que llevaron a cabo los
sublevados.
Tanto las generales como las específicas. Fueron asesinadas,
encarceladas, comparecieron ante consejos de guerra, fueron violadas,
se les administraron purgantes, se les rapó y fueron separadas de sus
hijos. Una represión ejemplarizante que las devolvió a la invisibilidad
de la que no habían debido salir.
Los asesinatos se produjeron en la primera oleada represiva del
verano bajo la cobertura de los bandos de guerra. Fueron los de María
Silva Cruz, Catalina Sevillano Macho, María Arias Pantoja y Antonia Moreno Becerra.
Las cuatro eran destacados símbolos de las transformaciones de los años
anteriores y sus muertes cumplían el papel de aviso y castigo. María
Silva, La Libertaria, no solo era la compañera de uno de los más destacados anarcosindicalistas locales, Miguel Pérez Cordón, sino el referente de Casas Viejas,
de quienes luchaban por un mundo nuevo. Catalina Sevillano Macho era
también compañera de otro destacado militante obrero local, Francisco
Vega García, que también fue asesinado.
María Arias Pantoja La Cuina representaba a
quienes ponían en cuestión el papel de la Iglesia católica. Se decía
que había sido una de las personas que habían impedido al cura dar misa y
le había perseguido para expulsarle del pueblo. Se le acusaba de
gritarle a Antonio Piñero Barroso que le detuviera cuando pasó ante su
taberna. Fue detenida, torturada, purgada y rapada. María terminó por
perder la cabeza y, entonces, la asesinaron
. Finalmente Antonia Moreno Becerra, La Culito o La Florera, estaba casada con José Barroso, hermano de Miguel Lagares,
otro destacado cenetista asesinado la noche de la ocupación del pueblo.
Había frecuentado el centro obrero e, incluso, al decir de algunos
vecinos, “presumido” de comunista. Logró esconderse pero terminaron por
encontrarla y la asesinaron, al parecer, junto al cementerio.
La misma noche de su ocupación la gran mayoría de los hombres
abandonaron el pueblo. Era lo que se había hecho en ocasiones anteriores
parecidas. Las mujeres, en su mayor parte, se quedaron en las casas. No
existía precedente del horror que había comenzado a desatarse. Aunque, a
medida que se fue conociendo, muchas emprendieron la huída.
Fueron los
casos, por ejemplo, de Catalina Silva Cruz, la hermana de La Libertaria y Ana Castejón Cote,
la compañera del asesinado Miguel Barroso Becerra. Que otras muchas lo
hicieron nos lo dicen los registros de entrada y salida de
correspondencia del ayuntamiento en los que constan las peticiones de
informes de conducta y certificado de bienes de las autoridades
franquistas.
Huyeron no solo para salvar la vida sino también para escapar a la
reinstauración completa del sistema patriarcal que se realizaba no solo
mediante el adoctrinamiento sino con esas represalias específicas. Se
trataba de que las mujeres volvieran a difuminarse en el espacio.
Como
declaró al juez la hija de un propietario asesinado en Utrera, no podía
recordar qué mujeres habían participado en el crimen porque “todas
vestían igual, con ropas oscuras y faldas”. Veamos dos ejemplos: el de
su forzado regreso al redil eclesial y el de la rapiña de bienes. El
primero castigaba su osadía y el segundo la reducía a la dependencia.
En septiembre de 1936 los hijos de Miguel Barroso y Ana Castejón Cote
y Miguel Pérez Cordón y María Silva Cruz fueron bautizados y cambiados
sus nombres. Un paso más para la vuelta a la “normalidad” de las cosas.
Ana y Miguel tenían cuatro retoños: Floreal, Acracia, Esperanza de
Libertad y Armonía. María y Miguel uno, Sidonio. Ninguno de sus padres
permanecía en Paterna. A María y Miguel Barroso los habían asesinado ya.
Miguel Pérez Cordón y Ana Castejón estaban en Málaga. También había
logrado escapar, de forma rocambolesca, a su fusilamiento Floreal de 19
años.
El día 20 Acracia, de 16 años, Esperanza de Libertad, de 10, y Armonía
de 4, fueron llevadas a la iglesia parroquial Nuestra Señora de la
Inhiesta. Allí les esperaban el párroco, Camilo García Valenzuela, y
quienes iban a apadrinarles. Acracia cambió su nombre por el de Julia María Soledad. El primero por el de su madrina, Julia Díez Fernández,
hija del alcalde de Unión Patriótica, y el segundo por la patrona del
pueblo cuya imagen había sido destruida en el asalto de abril de 1936.
Quien le apadrinó fue Luis Orellana García, perteneciente a una de las
familias que había tomado un especial protagonismo en la Falange y en la
administración golpista local.
También ocupaba un destacado papel Juan Lobatón Ruiz, jefe de las
Milicias Patrióticas y de la Falange local en estos primeros momentos.
Fue el padrino de Soledad Trinidad, el nuevo nombre de la pequeña de 9 años Esperanza de Libertad. Su madrina fue Isabel Gutiérrez Caña.
El hermano de esta última, Rafael, apadrinó a la hija menor de Ana y
Miguel, Armonía, de 4 años.
Le impusieron, como a su hermana mayor, el
nombre de su madrina, Rosario, además del obligatorio
Soledad. Isabel y Rafael Gutiérrez eran hermanos de María, la
telefonista que la noche del 23 de julio avisó a la cercana Medina de
que el pueblo se había movilizado. Una insistencia que evidenciaba la
intencionalidad de expiación que guiaba a quienes protagonizaban, de
forma evidente, la alianza entre la espada y la cruz. La primera
limpiaba de la faz de la tierra a los progenitores, la segunda se
encargaba de hacer lo mismo con los nombres de su descendencia.
Unos días después, el 28 de septiembre, fue llevado a la iglesia el
pequeño de 17 meses Sidonio Pérez Silva. En esta ocasión quienes le
apadrinaron fueron sus abuelos paternos, Juan Pérez Mena y Antonia
Cordón Morales. Asesinada su madre y huido su padre, su custodia había
recaído en la tía paterna Francisca Pérez Cordón.
Ese
día Sidonio dejó de existir y nació Juan. Con estas ceremonias, como con
las de los matrimonios y entierros religiosos, dejaban claro, a quien
quisiera verlo, cuál era el lugar que le correspondía a la mujer y bajo
qué obediencia moral debía estar.
Los vencedores se dispusieron a repartirse el botín conquistado. Lo
harían mediante la apropiación del cuerpo de la mujer, en diversas
formas, y también de sus propiedades. Estuvieran a su nombre o a la de
su marido. Entre las 44 mujeres que Alicia Domínguez incluye en sus
apéndices como que sufrieron incautación de bienes no figura ninguna
paternera. Como tampoco ninguna de las 33 a las que les fue abierto
expediente por el Tribunal de Responsabilidades Políticas.
Datos que no
significan que no hubiera en Paterna mujeres que sufrieran tanto el robo
como la depuración. Veamos dos casos.
Petra Chacón Pantoja era la mujer de Manuel García González, también conocido en Paterna como El Sillero o El Petro.
Pertenecía a la directiva local de Izquierda Republicana y, en febrero
de 1936, formaba parte de la nueva comisión gestora municipal nombrada
tras el triunfo del Frente Popular. Fue otra de las personas que salvó
de casualidad la vida la madrugada del 24 de julio. Considerado como un
peligroso extremista, igual que dos de sus hijos acusados de participar
en el incendio de la iglesia, fueron a buscarlo a su casa.
Refugiado debajo de una cama le descerrajaron varios tiros y lo
dieron por muerto. No era así, herido pudo esconderse y pasar a la zona
republicana.
La presa se les había escapado, pero los sublevados no dejaron pasar
la oportunidad de arrebatarle el pago y la casa que tenía. Así que
apenas un mes más tarde, el 20 de agosto, Petra Chacón tuvo que
acompañar al empleado municipal Francisco Gómez Pérez para asistir a la
incautación de la finca y de todos los víveres y animales que en ella se
encontraban.
Después se dirigieron al pueblo e hicieron lo mismo con la
casa y el almacén. De un día para otro Petra había quedado en la más
completa indigencia. Manuel García nunca volvió a Paterna.
También se llamaba Petra, Petra Bustillos Pérez, la
mujer de Federico Villagrán Galán, el secretario del ayuntamiento de
Paterna. Sobre ambos cayó como un rayo el golpe de Estado. Federico,
hombre de ideas moderadas, formado en el ambiente liberal de una familia
de comerciantes, se encontró por su cargo en el ojo del huracán los
días de julio.
Bien fuera por su dubitativa actitud en los momentos
claves, bien por las envidias profesionales y agravios personales que
tuviera con el nuevo alcalde, Julio Romero Franco, el caso es que la
tarde del 31 de julio fue detenido y trasladado a la cárcel de Medina
por orden del propio general Varela. Días después su casa, como lo
habían sido las de Gonzalo Cote Galán, Francisco Coca, alcalde y
dirigente de Izquierda Republicana, y Miguel Pérez Cordón, fue saqueada.
A partir de este momento Petra movió Roma con Santiago para sacar a
su marido del trance en el que se encontraba. Logró salvarle la vida
aunque no pudo evitarle un calvario de cuatro años de prisión. Ella
misma, maestra en la Escuela de Párvulos nº 1 de Jerez, fue depurada por
la Comisión Gestora Provincial de Primera Enseñanza. Durante un año, de
octubre de 1936 al mismo mes de 1937, fue suspendida de empleo y
sueldo. Después la repusieron, aunque la inhabilitaron para ejercer
cualquier cargo directivo y de confianza.
Entre los castigos y humillaciones que se impusieron específicamente a
las mujeres estuvieron los de la ingesta de purgantes y el rapado. Tanto
Maud Jolie, autora de un trabajo específico sobre la cuestión, como
Pura Sánchez han hecho hincapié en que la visión y los desfiles de
mujeres rapadas por las calles de las ciudades en las que triunfó el
golpe de Estado fueron habituales. Se trataba de una forma de destruir
su condición femenina y provocar su humillación. Afectó por igual a
burguesas de ciudades o pueblos que a militantes o familiares obreros.
La dimensión visual de la vejación era esencial. Mostraba la
violencia y la degradación física que provocaba y era un arma para
paralizar y aterrorizar al enemigo. Como las hazañas sexuales de los
cruzados con las “rojas” y las violaciones y mutilaciones que se
atribuían a las tropas mercenarias marroquíes. Un método, producto de
una mentalidad falócrata que, como proyecto institucional, convertía
esas prácticas en un arma de guerra más. Porque rapados, ingesta de
aceite de ricino, violaciones, acosos y desnudos fueron prácticas que se
extendieron por toda Andalucía.
Para la provincia de Cádiz basten recordar los ejemplos de las acusaciones de violaciones contra los Leones de Rota,
de Fernando Zamacola y el cabo de la Guardia Civil Juan Vadillo Cano en
los pueblos de la serranía gaditana.
O la documentada por Romero en Torre Alháquime.
En cualquier caso, como asegura Pura Sánchez, en todos los relatos de
las ocupaciones de pueblos por las tropas sublevadas se encuentran
episodios espeluznantes de violencia contra las mujeres que denotan su
carácter ejemplarizante. Como el que relata Manuel Velasco en la
localidad sevillana de Los Corrales. Allí, Victoria Macías Gutiérrez fue fusilada embarazada y su cadáver violado por un antiguo pretendiente rechazado.
En Paterna no está comprobado que se realizaran violaciones. Existen
rumores pero nada seguro. Lo que sí está confirmado es el empleo del
rapado y los purgantes. Entre quienes tuvieron que ingerir casi un litro
de aceite de ricino, migado en pan, estuvieron María, la hija de un
caminero de los Isletes, una de las hijas de Antonio Tenorio y Ana Gil, ambos encarcelados, y una hermana de Diego Díez Ríos, Diego Planes,
uno de los “topos”.
Aunque el caso que más se ha recordado en el pueblo
ha sido el de Ana Castejón Cote, la viuda del cenetista Miguel Barroso.
Un hecho que es ejemplar tanto para mostrar la especificidad de las
represalias contra las mujeres como la manipulación de la memoria
realizada durante el franquismo.
Ana, de 39 años, tras el asesinato de su compañero huyó a Málaga,
donde permaneció hasta que la ciudad fue ocupada en febrero de 1937.
Después, como otros muchos huidos, regresó al pueblo. La viuda de uno de
los más destacados cenetistas era la víctima propiciatoria para un
castigo ejemplar. Hasta que compareció ante el juez instructor su vida
fue un infierno.
Recordemos que ya le habían cambiado los nombres de sus
hijas. Además una, Trinidad, estaba acogida en casa de uno de los más
importantes falangistas locales. Ahora, ella misma, iba a pasar un
calvario como botín de guerra que era.
Fue llevada al cuartel de la Falange, donde la raparon salvo dos
moñitos en los que le colocaron cintas con los colores de la bandera
monárquica y la falangista. Después le obligaron a ingerir medio litro
de ricino con pan. A continuación la pasearon por las calles hasta que
llegaron a la iglesia. Los vecinos se fueron acumulando ante el
espectáculo. Sus gritos acompañaron el camino de Ana Castejón hasta el
templo.
Allí le esperaba el párroco, Camilo García Valenzuela. Tras un
rato, para acabar de exorcizar los restos del diablo que no hubiera
logrado expulsar el aceite, fue sacada por una puerta lateral y devuelta
a su encierro. El 3 de marzo compareció ante el teniente de la Guardia
Civil de Medina, Manuel Martínez Pedré, quien ejercía de juez
instructor, con la ayuda del guardia local Manuel Marín Galindo como
secretario, de la causa abierta contra ella y otras diez mujeres de
Paterna.
Lo ocurrido con Ana Castejón tiene todos los elementos que
caracterizaron a los castigos franquistas contra las mujeres que se
habían atrevido a hacerse visibles. Fue tratada como un botín de guerra.
Su cuerpo no le pertenecía, había pasado a ser de los vencedores y,
como tales, hacían con él lo que creían oportuno. En este caso
humillarla y destruirla como mujer mediante el rapado y el ricino. Para
que su destrucción como ser humano fuera completa debía ser visible.
De
ahí que fuera paseada por las calles ante la mirada de sus vecinos. Hay
que decir que éstos aprovecharon el momento, unos de grado y otros de
fuerza, para manifestar su adhesión al nuevo estado de cosas y disipar
cualquiera sospecha de complicidad con la martirizada. Así que la
insultaron, amenazaron y dirigieron todos los improperios que les
parecieron.
Que la llevaran a la iglesia no era gratuito. Tenía que regresar al
redil de la moral cristiana. Se había vanagloriado de que no acudía al
templo y escapado a su tutela en el matrimonio y los bautizos de sus
hijos. El purgante le expulsaba el comunismo del cuerpo, el párroco,
Camilo García Valenzuela, terminaría el exorcismo volviéndola a situar
en el terreno de la invisibilidad que le correspondía. Así que la
sacaron por la puerta falsa. La representación del terror había
terminado.
Durante años se mantuvo la historia de que, por intervención
de la madre del cura, Ana salió del pueblo y se refugió en Setenil de
las Bodegas. Una versión que hizo fortuna, quizás, para calmar la mala
conciencia de la población por su participación en tal auto de fe.
Los golpistas disfrutaban de los frutos de su política de terror.
Consolidar su victoria no era tan fácil. La provincia gaditana no sólo
era uno de los puntos fuertes del anarquismo sino que su estructura
social hacía imposible la eliminación física total. Debían castigarse a
los elementos más transgresores e incorporar al “Movimiento” al resto.
Una tarea en la que tenían un papel fundamental acciones como las que
había sufrido Ana Castejón y en la que habían participado, haciéndose
cómplices, muchos de sus vecinos. Emergía una sociedad basada en el
silencio, el miedo y la corrupción. Mientras, Ana, tras su expiación
moral, debía pagar el castigo social. Comparecería ante un consejo de
guerra.
4. El castigo de los hombres
Fueron numerosos los vecinos que comparecieron ante la justicia de
los vencedores. Entre 1937 y 1945, al menos, casi doscientos, 191,
paterneros estuvieron en el punto de mira de los jueces militares. De
ellos 27 fueron mujeres. Una cuarentena terminaron procesados, 12 de
ellas mujeres. Unas cifras que no agotan con seguridad todas las
encausadas. Existen indicios documentales de que además del que
conocemos hubo otro consejo de guerra colectivo de mujeres.
En el
fichero del archivo del Tribunal Militar Territorial 2 existe la
referencia a un consejo de guerra ante el que compareció Juana Granado Torrejón.
Puede que sea la primera procesada de uno colectivo o que solo le
afectara a ella. El deficiente funcionamiento de ese archivo ha impedido
que pueda acceder a él para comprobarlo, que funciona gracias a la
voluntad de los trabajadores.
De los que conocemos, una, María Velasco Panal, fue
juzgada junto a su marido Luis Pérez Ibáñez. Otras 11 comparecieron
juntas en uno de esos consejos colectivos, que tanto gustaban a la
Auditoría andaluza para aliviar la carga de trabajo. Fueron Cristobalina Sánchez Lima, Antonia Sevillano Macho, Ana Castejón Cote, María
Tenorio Gil, Josefa Rosado García, Ana Gil Naranjo, María Villegas
García, Josefa García Lozano, Ana Ramírez Sánchez, Ana Menacho Gómez y
Adelaida Galvín Colón. Todas pertenecían a familias
izquierdistas del pueblo y participado en la vida social y sindical de
los años anteriores. Sus maridos habían sido destacados militantes
obreros o concejales del ayuntamiento. Unos ya habían sido asesinados.
Como los de Ana Castejón, viuda de Miguel Barroso, María Villegas
García, viuda del histórico dirigente cenetista Martín Menacho,
Cristobalina Sánchez Lima, viuda de uno de los conocidos como Los Chaleros,
y Ana Ramírez Sánchez, viuda de José Vega García, de la directiva del
centro obrero. Otros estaban huidos. Eran los casos de Antonia Sevillano
Macho, hermana de la asesinada Catalina y compañera de Miguel García
Lozano, peligroso extremista para las autoridades; Josefa Rosado García
que estaba casaba con José Madera García, cenetista acusado de
participar en la quema de la iglesia; Josefa García Lozano, mujer de
otro destacado anarcosindicalista, Francisco Caballero Torrejón; Ana
Menacho Gómez, mujer de Juan García García y Adelaida Galvín Colón,
mujer de José Jiménez García.
María Tenorio Gil era soltera, pero su familia estaba considerada
como izquierdista y además, sus amistades eran de izquierdas. Como le
sucedía a su madre Ana Gil Naranjo.
María Velasco regresó en 1939 al finalizar las operaciones militares. Lo
hizo junto a su marido Luis Pérez Ibáñez, concejal del ayuntamiento y
militante de Izquierda Republicana. Las demás, en 1937, tras la
ocupación de Málaga. Tenían entre 21 y 75 años y, salvo una, estaban
casadas.
Aunque en febrero de 1937 cinco eran ya viudas y dos
desconocían dónde estaban sus maridos. Una vez en la localidad fueron
detenidas, ingresadas en el depósito carcelario del pueblo primero y en
la prisión de Medina después. Finalmente, trasladadas al penal de El
Puerto de Santa María a la espera de la vista del consejo de guerra.
Sus peripecias desde julio de 1936 habían sido muy parecidas.
Marcharon a la zona republicana durante el verano, entre julio y
septiembre. ¿El motivo? Que tenían miedo por las cosas que habían visto y
oído, por la militancia sindical o política de sus maridos o por la
suya misma. Huyeron solas o en compañía de esposos e hijos. Las que
regresaron en 1937, tras estar unos días en la sierra, alejándose del
avance rebelde, se habían dirigido por La Sauceda y Jimena hacia Ronda y
la costa malagueña. Marbella, Estepona o San Pedro de Alcántara habían
sido sus primeros destinos. Después llegaron a Málaga o a otras
poblaciones cercanas como Alfarnatejo, Campanilla o Coín. Allí
trabajaron en las más diversas faenas hasta la ocupación de la provincia
malagueña. Entonces, empujadas por la desesperación o por sus captores,
regresaron a Paterna. María Velasco continuó su peregrinaje, por las
provincias de Almería y Granada, hasta 1939.
Tanto los informes de sus vecinos como los de las autoridades locales
se preocuparon en destacar que todas tenían ideas marxistas, que
algunas habían acudido al centro obrero, participado en actos públicos
de forma destacada e, incluso, estaban quienes habían alentado a los
hombres a comportarse como tales durante las jornadas de julio y tenían
“mal ambiente” en el pueblo. Unas conductas que eran incompatibles con
las que se esperaba de su condición femenina. “Una callejera que no se
dedicaba a las faenas de su casa” y había alentado a los hombres a
rebelarse, aseguraba el testigo José Colón Torres de Ana Castejón.
Como
tampoco era muy amante de las tareas domésticas Adelaida Galvín Colón
que prefería, en opinión del juez instructor, apedrear a los curas y
animar a los vecinos a desplazarse a Cádiz a un mitin de Largo
Caballero. De Antonia Sevillano Macho decía el cabo de la Guardia Civil,
Manuel Marín Galindo, que tenía una conducta privada “bastante
defectuosa” y era una “vocinglera e insultante”.
Ana, Adelaida y Antonia eran consideradas las más peligrosas
extremistas del pueblo. Las tres habían convivido con algunos de los más
destacados cenetistas. Quedaba claro para los instructores que no sólo
habían cometido “delitos de adhesión a la rebelión” sino que se habían
saltado la principal norma que regía la conducta femenina: la pasividad.
Consciente o inconscientemente lo escribió el ponente en la sentencia.
Las procesadas no habían permanecido en una actitud pasiva, como era su
obligación femenina, si consideraban al nuevo Estado perjudicial para
sus intereses de clase. Por el contrario, se habían fugado al campo
enemigo para auxiliarle y cooperar con él.
Tampoco podía faltar la utilización de términos dirigidos a
denigrarlas. Como ha estudiado Pura Sánchez, los franquistas utilizaron
el lenguaje para crear o modificar significados de términos existentes
con los que referirse tanto a la nueva realidad que creaban como a los
vencidos. En el caso de la mujer se les arrebató cualquier término que
las dignificara, como el tratamiento, para designarlas con otros
peyorativos y genéricos.
Una forma más tanto de describir sus
actuaciones, que consideraban impropias, como de devolverlas al
anonimato. Estas mujeres paterneras fueron descritas como individuas
vocingleras, insultantes, amancebadas, “callejeras” y exaltadas.
Además, los testigos ponían la nota local, utilizando términos como
el de “carilanteras”. Finalmente, como supremo argumento, las
principales acusadas tenían “mal ambiente” en el pueblo. Tanto que su
vuelta había generado alarma y “consternación” entre las personas
“honradas”.
De las 11 fueron procesadas y condenadas 8. Las tres citadas más
María Villegas García, Cristobalina Sánchez Lima, Ana Menacho Gómez,
Josefa García Lozano y Josefa Rosado García. Las demás -María Tenorio
Gil, Ana Gil Naranjo y Ana Ramírez Sánchez- vieron sus procesamientos
sobreseídos y puestas en libertad. De lo que no se libraron, al menos la
primera, fue del rapado y del ricino.
Por su parte María Velasco Panal
no escapó a las acusaciones de ser “avanzada”, “bulliciosa y
comprometedora”, de conducta indeseable, “adicta a la chusma del Frente
Popular” y, por supuesto, carilantera. Desconozco la pena que se le
impuso aunque fue puesta en libertad en la cárcel de Gerona el verano de
1940.
Quien se llevó la peor parte fue Ana Castejón. Sobre ella se volcó
todo el rencor y las represalias de las que eran capaces. La habían
agredido y violado físicamente y ahora la hacían desaparecer del pueblo.
Fue condenada, a diferencia de sus compañeras, por cooperación y
“adhesión” a la rebelión. Lo que le valió una condena a perpetuidad.
Nunca regresaría a Paterna.
Tras pasar por diversas cárceles fue puesta
en libertad en septiembre de 1941 en la de Palma de Mallorca. Se instaló
en Torre Alháquime y, después, en Setenil, en donde en 1945 vivía
“dedicada a las labores de su sexo” en el casino de la localidad en
compañía de su hija Trinidad. No fue la única que no volvió a Paterna.
Tampoco lo hicieron Ana Sevillano y Cristobalina Sánchez, que se
establecieron en El Puerto de Santa María y Jerez.
5. En el túnel
Asesinadas, humilladas, encarceladas, las mujeres paterneras pagaron
una importante contribución de sangre. Como la población española en
general. Decenas de miles de muertos, millones de vidas destrozadas.
Desde luego en la piel de toro ibérica no regía el dicho de que para que
todo permaneciera igual hacía falta cambiar todo. Ni las mínimas
reformas republicanas fueron aceptadas. A sangre y fuego se impuso el
movimiento que, cosas de la física, no se movía.
De quienes he escrito eran una representación escogida del mundo que
pretendían eliminar los sublevados. Primero lo hicieron con parte de sus
familias, después, con las que terminaron cayendo en sus manos. Además
tuvieron que pagar ser mujeres. Iglesia y organismos de adoctrinamiento
franquistas, como la Sección Femenina, se encargaron de
volverlas a colocar en su sitio. Tuvieron que pasar décadas para que
pudieran ocupar determinados puestos, concurrir a ciertas oposiciones,
poder aprender en una escuela mixta, casarse por lo civil, divorciarse,
librarse de la patria potestad paterna y marital, abrir una cuenta en un
banco, viajar sin consentimiento, conocer y utilizar los métodos
anticonceptivos, etc.
