Rosario Migoya Espinilla, fusilada el 27 de agosto de 1940, a la edad de 37 años... Rosario tenía seis hijos que fueron repartidos en instituciones religiosas y “alguno regalado a familias del régimen” (Eva Máñez, CTXT)

 "85 años después, hijos, nietos y bisnietos de once de las víctimas de la fosa 126 pueden por fin cerrar la herida abierta en el lugar donde yacían sus familiares. Diez hombres y una mujer comprometidos con la defensa de los valores que representaba la II República; valores de libertad, igualdad, progreso, solidaridad y ciudadanía, que hallaron en Paterna el pelotón de fusilamiento franquista y una fosa común. El de la 126 es el relato de las últimas fosas exhumadas en la localidad valenciana, la intrahistoria silenciada de la represión franquista que ahora por fin puede hacer su duelo y reconstruir las historias familiares ocultas por el terror institucionalizado. Familiares y militantes memorialistas se dieron cita el domingo 16 de febrero en el Memorial 2228 del cementerio de Paterna en una emotiva ceremonia organizada por las propias familias. En ella, se nombraron a todas las víctimas de la fosa 126, y los cuerpos identificados pudieron ser entregados a sus seres queridos.

Rosa Navarro Damiá, de 92 años, abrazaba la pequeña caja con los restos óseos y suspiraba “mon pare”. Cuenta Rosa que se acuerda de que su padre le enseñó a leer y que su madre “lo pasó muy mal” al quedarse viuda con tres criaturas. “En casa había mucho silencio y mucha pena, mi madre lloraba mucho, pero nunca nos inculcó ningún odio”, rememora. “Tuvimos que irnos a casa de una tía para poder comer y yo a los quince años a servir a Barcelona y luego a Francia. En aquel tiempo no teníamos derecho ni a hablar ni a respirar”. Rosa cuenta que la alegría no le cabe en el cuerpo. “Mi padre dio la vida para que todos viviéramos bien y eso nunca lo hemos olvidado en mi familia”, concluye rodeada de sus hijos y nietos que ahora la acompañarán al cementerio de su pueblo Benicull, para inhumar los restos óseos junto a los de su madre.

Entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre de 1940 fueron fusiladas 243 personas en Paterna, en cinco sacas –se llama saca a cada una de las veces que fusilaban a un grupo de republicanos en el Terrer–. De ellas, al menos 170 (algunas fuentes hablan de 200) fueron volcadas a una fosa de dos por dos metros y cinco de profundidad.

A la 126 se la llama la “fosa de la terra” porque muchos de ellos eran agricultores y jornaleros que, junto con chóferes, obreros, agentes de seguros y guardias civiles fieles a la República, provenían de diferentes lugares del País Valencià: Torrent, Beniparrell, Picanya, Villar del Arzobispo, Massanassa, Alcàsser, Benaguasil, Massamagrell... y un largo etcétera que incluye otras partes de España como Murcia, Ciudad Real, Girona o Teruel. También es conocida como la fosa ‘de les rajoles’, ya que un modesto memorial, realizado en los años ochenta por parte de los familiares a modo de protección y recuerdo de sus seres queridos, cubrió la fosa con azulejos con el nombre y profesión de algunos de los que allí yacían.

Entre los once republicanos que fueron entregados a sus familias se encuentra una mujer, Rosario Migoya Espinilla, fusilada el 27 de agosto de 1940, a la edad de 37 años. Rosario tenía seis hijos que fueron repartidos en instituciones religiosas y “alguno regalado a familias del régimen”, relata Carlos Bleda Gregori, el nieto que comenzó en 2017 a intentar reconstruir una historia familiar llena de silencios. “No se nos hablaba de ella en absoluto y si preguntábamos, mi madre decía: ‘callaros que las paredes oyen’. Solo sabíamos que había sido fusilada y que estaba en Paterna”. Otra de sus nietas, Amparo Gregori, añade que el silencio era “una manera de protegernos”. Para Carlos “ha sido un proceso muy largo con muchas zancadillas y muchas trabas. Pero todas estas dificultades nos han hecho más fuertes y no vamos a acabar aquí, vamos a seguir buscando. Recuperar el cuerpo de Rosario es justicia, ahora falta la reparación”.

En el año 2012, Pepita Celda consiguió el permiso y la subvención para poder localizar los restos de su padre, José Celda Beneyt. Fue la lucha titánica y pionera de una anciana ante todas las trabas burocráticas. Ella recordaba que su padre, junto a 15 republicanos de Massanassa, fue enterrado en una fosa muy grande y que su familia consiguió, tras pagar 25 pesetas al enterrador, poder ponerle en un ataúd con una botellita de cristal con su nombre. Su padre era quien cerraba la fosa: debajo de él había doscientas personas más. El equipo de arqueólogos de Paleolab halló al padre de Pepita y a otros once fusilados en ataúdes y con sus botellitas. El suelo de cal evidenciaba que había más gente debajo de ellos, pero la normativa de entonces no les permitió seguir excavando y exhumando. Así que la fosa se cerró y se volvieron a poner los azulejos encima.

En 2017, María Navarro buscaba el cuerpo de su abuelo: el concejal de Picanya José Navarro Ángel, fusilado el 12 de septiembre de 1940. Para ello montó la Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 126 de Paterna con un puñado de descendientes de fusilados. “Éramos los imprescindibles para poder constituir una junta directiva”, cuenta. “Para exhumar había que crear una asociación, no nos quedaba otra que seguir para adelante y a partir de ahí la tarea era buscar a las familias. Pero la cosa fluyó muy rápido y empezamos a encontrar gente, familias, hasta llegar a los más de cien que somos actualmente”, continúa María. Uno de los primeros actos de esta asociación fue nombrar a Pepica Celda presidenta honorífica. 

En el memorial, María agradeció a las familias su “resiliencia y perseverancia” y recordó “el sufrimiento, humillaciones, abusos y muerte de las víctimas” que han sido afectadas “de manera transversal en diferentes generaciones”. “Aquí estamos, en pie de lucha, pero una lucha pacífica, firme y constante, reclamando verdad y justicia”. “Estas once personas fueron juzgadas sin posibilidad de defensa por consejos militares y asesinadas por fascistas golpistas una vez finalizada la guerra, en tiempo de paz”. 

Esta ha sido la tercera ceremonia desde que finalizó la exhumación en 2022. La Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 126 de Paterna (Valencia) las organiza conforme avanzan los resultados de las pruebas de ADN.  Aún están a la espera de que se pueda identificar a más víctimas. A pesar de que la fosa está exhumada, todavía queda un largo camino para identificar todos los restos, por eso siguen buscando a personas que crean que sus familiares pudieron ser fusilados en Paterna los días 27, 29 de agosto o el 11,12 y 14 de septiembre de 1940 [la asociación pide que se pongan en contacto con ellos al mail Familiarsfossa126paterna@gmail.com para poder informarse y cotejar los datos genéticos].

El domingo 16 de febrero fue un día de alegría en un largo recorrido iniciado en diciembre de 2021, cuando comenzaron los trabajos de exhumación gracias al empeño de los familiares y una subvención de la Generalitat Valenciana. Tras siete meses de intervención, los arqueólogos de Atics localizaron los restos de 141 víctimas de la represión franquista. Para esta empresa de arqueología, con amplia experiencia en fosas en todo el territorio, este trabajo supuso un reto por varios motivos. La principal dificultad según el coordinador de la exhumación, Frances Xavier Florensa, fue la saponificación (proceso por el que la grasa se convierte en una masa parecida al jabón). Otra dificultad fue la de tener que trabajar a cinco metros bajo tierra, lo que según el arqueólogo implica “una gran dificultad logística”. “No se trata solo de sacar cuerpos”, insiste Florensa, “todo se hace manualmente por un equipo multidisciplinar muy cualificado”. 

El Terrer de Paterna (València) –un muro, todavía en pie y sin significar cercano al cementerio– es el lugar donde se constata el mayor número de crímenes contra la humanidad una vez acabada la Guerra. En España, solo el cementerio del Este de Madrid lo supera en número. Aquí fueron asesinadas 2.238 personas provenientes de diferentes municipios valencianos y de otras localidades del territorio español, sepultadas en 130 fosas. Este genocidio comenzó dos días después de finalizar la guerra y continuó hasta el año 1956. En los últimos 20 años más de 1.600 cuerpos han sido recuperados en exhumaciones científicas realizadas en 84 fosas. 240 víctimas han podido ser identificadas gracias a las técnicas de secuenciación masiva de ADN que permiten una alta fiabilidad con muestras de familiares de segundo y tercer grado."         (Eva Máñez, CTXT, 18/02/25)

“Yo prefería morir de un tiro que no de torturas, porque al dueño que tenía yo le mataron y le arrancaron los testículos la Guardia Civil y conforme otros que, enclavando con cañas debajo las uñas, los dejaron deshechos, yo por quedarme así prefería morir de un tiro, por esto me metí en guerrillas”

"Elena Solanas viene de un silencio antiguo y muy largo; de una familia a la que el miedo llevó a levantar muros de mutismo, secretos y apenas algún susurro en torno a la misteriosa figura de un hermano de su abuela; de la resignación como única opción que durante años condenó a tres generaciones a no saber, a callar, a no preguntar. Al silencio, siempre el maldito silencio.

Han pasado 19 años desde que, en 2004, harta de desconocer su historia familiar, Elena Solanas dijo ‘basta’ y comenzó a tocar puertas, a buscar, a preguntar. Su lucha ha ido “tomando forma”, pero no cesará hasta poder romper el silencio que le robó parte de su historia. Esa es su batalla: “Descifrar el enigma familiar”, al tiempo que visibiliza la verdad, hace justicia y sitúa la figura de su tío en el lugar que merece para que “su memoria perdure para siempre en este trozo de mundo”.

Solanas no pierde ocasión para pronunciar el nombre completo de su tío: Florencio Pla Meseguer. En su honor comenzó a referirse a ella misma como una “guerrillera de la historia, de la verdad, de la memoria” y, como muestra de que no desmerece en absoluto el cargo auto otorgado y, por supuesto, en honor a Florencio, escribió Florencio Pla “La Pastora”. La dignitat robada (Sembra Llibres, 2023).

“Florencio se merecía ser puesto en el lugar que le corresponde, ser tratado como una persona y no como un mito”, escribe su sobrina, que asegura que su voluntad no es otra que “arrojar un poco de luz sobre lo ocurrido, enviar el mensaje de que no podemos callar, proyectar por fin que Florencio Pla Meseguer era una persona; una persona que se vio involucrada en ser maqui, ser mito, ser personaje, ser el hombre del saco”.

Florencio Pla Meseguer es uno entre tantos con una historia silenciada por contar. Último maqui del País Valencià, popularmente conocido como “La Pastora”, fue una entre tantas víctimas del franquismo; uno entre tantos supervivientes de la España “más negra y oscura”. No fue un criminal. Aunque tampoco fue un héroe. Fue, en palabras del historiador Raül González Devís, “un verdadero superviviente, una persona que resistió a la incomprensión, al aparato represivo, a los años de soledad, a la prisión e, incluso, al relato oficial y mediático”.

Reconoce Elena Solanas que, cuando comenzó a investigar sobre la biografía de su tío, estaba “súper preparada” para descubrir la vida de un criminal. Al fin y al cabo, así lo habían descrito los pocos que presumían de ser portadores de una verdad que, con los años, se ha demostrado absurdamente falsa. “No me he encontrado a nadie que me haya dicho una palabra fea”, insiste una y otra vez su sobrina, que sonríe al contar que quienes lo conocieron coinciden al recordarlo como una “buena persona, noble, trabajador, un poco tímido”, que en algunos momentos de su vida se vio atrapado en una profunda soledad.

A Solanas le daba “miedo” que las generaciones que la sucedieran olvidaran su lucha por reconstruir los pasos de Florencio. Que su esfuerzo se desvaneciera en un “tuvimos una tieta que buscaba algo de un antepasado”. Que, de nuevo, la verdadera cara de su tío quedara relegada a la negrura. Su idea, cuenta, era “dejar un testimonio escrito para la familia del recorrido y qué se había conseguido”.

Apenas unas páginas que dieran cuenta de su legado familiar. Su participación en el documental No s’apaguen les estreles y la intervención de Xavi Sarrià convirtieron una decena de páginas en un libro: “Elena, creo que esta historia debería ver la luz, creo que es muy importante lo que estás haciendo”, la animó el cantante y escritor. Unos diez días después, terminó el manuscrito en el que encajaban gran parte de las piezas de su particular 'puzle', que tuvo que “reconstruir pieza a pieza con retales de recuerdos y conversaciones que guardaba en el corazón desde que era pequeña. Sembra Llibres, dice, dio el “ok” y Florencio Pla “La Pastora”. La dignitat robada comenzó a convertirse en realidad.

“La memoria histórica necesita dignidad”, defiende la autora. Y, tras poner negro sobre blanco la historia robada de su familia, el triunfo conseguido es digno de celebración: “Cuando en casa se espolsen los álbumes de fotografías antiguas y vuelvan a ver la luz aquellas fotos envejecidas o se vuelvan a leer aquellas cartas escritas a mano, se podrán añadir comentarios cargados de orgullo y añoranza a los protagonistas de aquellos documentos”.
La historia

En febrero de 1949, la Guardia Civil detuvo, torturó y posteriormente ejecutó a Francesc Gisbert Prades, marido de una de las propietarias de la masía de la Pastora —a cuatro kilómetros de la Pobla de Benifassà—, tras descubrir su vinculación con los maquis de la zona. Florencio, que desde 1943 trabajaba para Gisbert y había intercedido para que los guerrilleros entraran en contacto con él, no tuvo alternativa. Se convirtió en uno más de los 600 integrantes de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón.

“Yo prefería morir de un tiro que no de torturas, porque al dueño que tenía yo le mataron y le arrancaron los testículos la Guardia Civil y conforme otros que, enclavando con cañas debajo las uñas, los dejaron deshechos, yo por quedarme así prefería morir de un tiro, por esto me metí en guerrillas”, explicaba años más tarde el propio Florencio en un documental.

La historia de Florencio Pla Meseguer es, en palabras de Elena Solanas, la “historia de la Pastora que hay en todas las casas”. “Este libro es de miles de Pastoras que están por todas partes. De mil silencios. Quiero que sirva de espejo para muchas historias, para alentar a esa gente que tiene ganas de hablar, pero les da miedo, no saben por dónde ir, piensan que lo suyo es ridículo o les da vergüenza”, reivindica.

Casi a diario, recibe llamadas de personas que, tras saludarla, le pasan el teléfono a sus padres. Solanas se emociona al relatar que muchos de ellos solo son capaces de darle las gracias. Aquellos que encuentran las palabras le piden que continúe luchando: “Me dicen que soy su voz; que no me deje acobardar; que si alguien me dice que lo que cuento es mentira, no es verdad porque ellos lo vivieron”.

Solanas menciona un caso concreto. El día anterior en que atiende a El Salto por videollamada, le llamó una mujer. “Sigue adelante —le animó—. Yo había dejado de buscar a mi abuelo, porque veía que era inútil, y me has dado fuerzas para no desfallecer». Para ella, “este es el hito de este libro: que esta mujer seguirá buscando a su abuelo”, que, todos aquellos familiares de víctimas de la multitud de herramientas represivas del franquismo, “serán retornados al sitio que les corresponde”. La misma historia que los convirtió en monstruos les devolverá la condición de “personas que se enfrentaron a un momento duro y extraordinario de nuestro pasado reciente”. “Que no gane el silencio y el miedo”, sentencia.

Un monstruo fabricado

Florencio Pla Meseguer nació el 1 de febrero de 1917 en el mas de la Pallisa, en el término municipal de Vallibona, con el nombre de Teresa. Una malformación genital congénita y el deseo de sus padres de evitarle el servicio militar, por el temor instaurado tras las tragedias de las guerras de Cuba y Marruecos, determinaron que fuera bautizado como mujer. Condenado a una identidad de género que no era la suya, Florencio aprovechó su adhesión a la guerrilla para cortarse el pelo, adoptar vestimenta masculina y hacerse llamar con el sobrenombre de Durruti.

Sin embargo, poco antes de convertirse en maqui, fue víctima de la crueldad de un grupo de guardias civiles, con el teniente Mangas a la cabeza. Tras acorralarlo en el mas de la Pastora, lo obligaron a mostrarles sus genitales. “Tenían curiosidad por saber cómo una pastora era mitad hombre y mitad mujer. Yo les había vendido zorzales, a los somatenes, y ellos contaron mi anomalía a la guardia civil. El teniente Mangas hizo caso omiso de todas las reglas y me hizo desnudar, hasta que saciaron su curiosidad. Y cuando acabaron, me dijeron: ‘Bueno, a hacer bondad’. Y sentí mucha rabia, mucha impotencia”, relataba Florencio la humillación en una entrevista en El Temps.

Por su parte y desde sus inicios, la lucha de Elena Solanas sobrepasó la mera investigación histórica para convertirse en una batalla a ultranza para “curar una herida abierta” y dignificar la figura de Florencio Pla Meseguer. Para humanizarlo. Para contrarrestar el relato que, con el semanario Por qué y El Caso como insignes propagadores de falsedades, construyó el personaje de la cruel, criminal y monstruosa Pastora, “con rasgos hombrunos” y mujer con una “patológica sed de crímenes”. Para callar, de una vez por todas, a todos aquellos que gritaron “¡Viva la Guardia Civil, que ha atrapado a la Pastora, mujer de bajos instintos, fea, mala y pecadora!”.

Solanas pugna por erradicar el discurso que “lo trató despóticamente como hermafrodita” y “poner fin a la morbosidad que eso comporta”. “Se han dicho muchas mentiras sobre él. No puede ser que de las falacias hagan una realidad que no es. Es mentira que la familia lo rechazó o que su madre lo hizo trabajar con las ovejas para evitar que fuera apaleado por sus dos hermanas. No se puede quedar el relato franquista sobre él que se amplificó durante los años sesenta en medios como El Caso e Interviú en que lo describían como una mujer lésbica cruel, monstruosa. Como un criminal (…). Qué crueldad y cuántas mentiras que ha impuesto el poder. Ni Teresa, ni Teresot, ni Tereseta, ni el terror del Caro. Ya está bien”, denuncia.

Recuperar su figura

En 1960, Florencio fue detenido en Andorra, donde sobrevivía desde 1956 como pastor y dedicado a la compraventa de tabaco. Fue trasladado por la Guardia Civil a la Seu d’Urgell para ser interrogado y, veinte días después, ingresó en la prisión de Lleida y, posteriormente, en la de Tarragona. Finalmente, el 30 de mayo de ese mismo año, lo encerraron a la prisión celular de mujeres de València.

Tras ser sometido a dos consejos de guerra, en Tarragona y València, fue condenado a dos penas de 25 años de prisión por los atracos de l’Ametleral de Paüls y els Reguers, en el primero, y a pena de muerte en el segundo, acusado sin pruebas de 29 asesinatos en las provincias de Castellón y Teruel. Esta última sentencia fue conmutada por 30 años de prisión.

Las garras de la persecución y la represión de la que fue víctima Florencio alcanzaron sin remedio a su familia. Una de sus hermanas, Vicenta Pla Meseguer, fue acusada junto a su marido, Juan José Roig Nadal, de recibir y ocultar en su domicilio “en tres ocasiones distintas” durante diciembre de 1948 a unos bandoleros acompañados por Florencio. A pesar de que años después se demostró la falsedad de estas acusaciones, la falta de pruebas no impidió que fueran condenados a dos años, tres meses y quince días de prisión.

La misma noche que detuvieron a la hermana de Florencio, la Guardia Civil interrogó a su hija de 10 años, que no es otra que la madre de Elena Solanas. Sentada durante toda la noche en una silla en el comedor de casa del alcalde de Castell, por quien habían sido denunciados sus padres, las únicas palabras que los agentes obtuvieron de aquella niña fueron un valiente “no lo sé” repetido hasta quedarse sin aliento.

“Se ha dicho que la familia no queríamos saber nada de él, que lo habíamos repudiado”, se entristece Solanas, pero no tarda en corregir que estas afirmaciones son “absolutamente falsas” y han sido formuladas por personas “con pocas ganas de conocer la verdadera historia”, “ansias de protagonismo” y una particular obsesión por “seguir usando las falacias para el interés propio”.

Cuando la sobrina de Florencio comenzó su lucha por dignificar a los protagonistas de su árbol genealógico, nunca antes se había escuchado su versión. Nadie se había preocupado por conocer a la familia de Florencio. Lamenta que están “acostumbrados a recibir”, a sentirse “muy atacados y agredidos”, pero la publicación del libro ha servido para “comenzar a vivir con un poco más de tranquilidad”. “Ya nadie me cuestiona”, celebra su victoria.

Florencio pasó 17 años de su vida en la cárcel, hasta que en julio de 1977 le fue concedido el indulto. Fijó su residencia en Olocau, en la casa de un funcionario de prisiones con quien había forjado una gran amistad. El 1 de enero de 2004 su muerte fue inscrita con el nombre de Florencio Pla Meseguer, pues en la década de los 70 realizó los trámites pertinentes para cambiar su nombre y que se le reconociera legalmente su identidad masculina.

Dicen que murió feliz, sereno, tranquilo.

Tras abandonar la prisión, Florencio no volvió a ver a su familia. Consciente de su sufrimiento a causa del relato criminalizador construido por la prensa de la época y, para intentar protegerlos, tomó la decisión de evitar cualquier tipo de contacto y pasar desapercibido.

Elena Solanas nunca conoció a su tío. Comenzó a buscar retales de su biografía pensando que había fallecido en 1990. La rabia y la tristeza se apoderan de ella al explicar que la primera pista de su investigación la llevó a descubrir que Florencio había muerto en 2004, precisamente el mismo año que comenzó a trabajar para desvelar su historia. “Cuando supe que nos habían mentido, que nos habían hecho creer que mi tío estaba muerto, sentí, muy metafóricamente, que me arrancaron mi corazón. Se me quedó un dolor. ¿Sabes cuando te dan un puñetazo en el estómago?”, rememora.

Le habían robado su historia. Parte de su identidad. Tenía que recuperarla. Y, aunque Elena Solanas nunca conoció personalmente a Florencio Pla Meseguer, no duda ni un instante qué le diría si lo tuviera delante: “Que le quiero y que estoy muy orgullosa de él, por cómo era, por buena persona, por luchador. Que soy quien soy porque vengo de donde vengo”.        (María Palau, El Salto, 30/04/23)

Las joyas para huir de España de los presos del campo de Albatera salen a la luz

 "Miguel Lamiel, preso en el campo de concentración franquista de Albatera (12.000 habitantes, Alicante), contó en sus memorias, publicadas por la CNT de Zaragoza, que un grupo de falangistas entró en la prisión alicantina “con el fin de que todos los prisioneros diéramos nuestros relojes, nuestros anillos, el dinero, plumas estilográficas y demás objetos aprovechables”. Por medio de la “intimidación y el saqueo”, expoliaron todo lo que pudieron y, al día siguiente, la prensa de aquel momento contó que “los rojos del campo de Albatera” habían hecho “un donativo al Caudillo de catorce millones de pesetas”. La investigación arqueológica que se está realizando en los terrenos donde se ubicaba el campo de concentración de Albatera confirma que los prisioneros republicanos llevaban consigo numerosos objetos de valor con los que pretendían “costearse la comida tras huir, adquirir billetes de barco o malvivir mientras se encaminaban al exilio”, aventura Felipe Mejías, director de la excavación.

 Durante la segunda campaña sobre el terreno, sufragada con ayudas de la Consejería de Calidad Democrática de la Generalitat valenciana, y con la colaboración del Ayuntamiento de San Isidro (2.146 habitantes), en cuyo término se ubican actualmente las parcelas, el equipo de Mejías ya encontró en 2021 “un anillo infantil de oro, probablemente tragado por un preso”, en una de las arquetas sifónicas de las letrinas. Un año después, “la pauta se confirma”, continúa Mejías, con la prospección intensiva de cobertura total que los siete miembros del grupo arqueológico han practicado en tres parcelas que suman unos 70.000 metros cuadrados, durante un mes y medio, que acaban de dar por finalizada. Buena parte de los prisioneros de la antigua prisión republicana que Franco reconvirtió en campo de concentración a finales de marzo de 1939 llevaba consigo monedas, joyas o relojes que, ahora, han aflorado gracias a los detectores de metal utilizados por los arqueólogos con metodología científica.

 Junto a los habituales hallazgos de “munición, insignias, remaches, herramientas, hebillas o tubos de pomada”, el equipo que mapea el centro, que llegó a albergar unos 14.000 presos, ha hallado varias muestras de los tesoros que los prisioneros intentaban usar como moneda de cambio o salvoconducto hacia la libertad. Destacan, cuenta Mejías, dos monedas de plata. La primera, de ocho reales de 1809, la época de Fernando VII. La segunda, cinco francos suizos, acuñados en 1908. “El dinero republicano se devaluó”, explica el director de la excavación, “y los ciudadanos empezaron a acaparar piezas de plata” para comprar cualquier cosa que les permitiera seguir viviendo y escapar del país. “Muchos de los reclusos de Albatera”, prosigue Mejías, “fueron capturados en el puerto de Alicante”, el último reducto republicano, “donde trataban de huir con lo más preciado que tenían en sus casas”.

 La prospección, que se prolongó desde el 17 de octubre hasta finales de noviembre, también permitió encontrar “una cadena de plata de un reloj de bolsillo” y “un reloj de mujer” de diseño art déco, “posiblemente de plata y perteneciente a alguien con una posición económica elevada”, según Mejías. Esta joya permanecía oculta “en una zona cercana a la valla del campo”, sin que haya un motivo aparente que pueda explicar su ubicación. “Quizá lo enterraron para volver a buscarlo” y allí quedó, con las manecillas paradas en el momento exacto en el que desapareció.

Farmacia

Otro de los aspectos que ha corroborado la búsqueda de materiales metálicos realizada este año es la mala alimentación de los presos, basada casi en exclusiva en latas de lentejas y sardinas. Como ya contó Mejías, “los prisioneros recibían “una lata cada dos días para dos personas y un trozo de pan para cinco”. Durante el periodo en que el campo albaterense albergó una prisión republicana de 14 hectáreas, entre octubre de 1937 y marzo de 1939, “los reclusos estaban bien alimentados, con sardinas, naranjas o carne enlatada argentina”, afirma el arqueólogo. Bajo el dominio franquista, ya como campo de concentración, en el que los detenidos “eran identificados, registrados, redistribuidos por prisiones y carecían de garantías jurídicas”, el hambre y las enfermedades intestinales lideraron las causas de muerte en su interior.

 Entre el material descubierto, ha aparecido “un tapón de Ceregumil, un reconstituyente de miel y cereales de los años 30″. También, “un pedazo de botella de color morado con parte de una inscripción que dice ORT y que “la especialista en arqueología del siglo XX Andrea Moreno ha identificado como jarabe del Doctor Trigo”, el creador del Trinaranjus, “un extracto de limón que se usaba como depurativo y laxante”. Finalmente, en una arqueta de las letrinas se hallaba “un trozo de botella con la inscripción CAR” que, según Moreno, es agua de carabaña, “un agua mineromedicinal con mucho azufre que también se usaba como laxante”. Mejías ha enviado “sedimentos de la arqueta” a la Universidad de Valencia, “para ver si hay trazas de alimentos, bacterias inactivas, larvas o parásitos intestinales” que desvelen “en qué condiciones vivían los presos”.

Mejías adelanta que para el año que viene ya han solicitado una línea de subvenciones del Ministerio de Presidencia y otro de la Consejería de Calidad Democrática, con el fin de “seguir prospectando bancales en búsqueda de fosas comunes”, el objetivo prioritario de la investigación. La intención es que la Generalitat valenciana compre “seis de las 14 hectáreas de terreno total del campo para su musealización como primer yacimiento arqueológico de la Guerra Civil”. (...)"          (Rafa Burgos, El País, 10/12/22)

“Ellos le llamaban ‘bañeras’ al ahogamiento y ‘tostadero’ a las corrientes eléctricas. Los usaban conmigo hasta hacerme perder el sentido, y luego lo recuperaba con las hostias que me daban. Y vuelta a empezar”

 "Ellos le llamaban ‘bañeras’ al ahogamiento y ‘tostadero’ a las corrientes eléctricas. Los usaban conmigo hasta hacerme perder el sentido, y luego lo recuperaba con las hostias que me daban. Y vuelta a empezar”. 

Manolo Sanmartín fue uno de los sindicalistas detenidos durante la manifestación del 1 de mayo de 1967 en defensa de los derechos del trabajador, la primera que se celebraba en València bajo la dictadura franquista. Ahora, 55 años después de aquel día, él y otros cinco compañeros presentan seis querellas por haber sido torturados y represaliados por la Brigada Político-Social.

Algunos fueron detenidos en la misma manifestación, como Paco Ventura, quien cayó tras intentar ayudar a un compañero que estaba siendo arrestado. A otros los reclamaron días después, como a Robert Sánchez, a quien llevaron a comisaría bajó la excusa de devolverle la Mobilette que le había sido robada. Pero todos ellos tienen en común haber sido juzgados por el Tribunal de Orden Público y haber sufrido el abuso y el maltrato de las fuerzas represivas franquistas.

De entre todos los agentes que participaron del abuso de poder, sobresale un nombre archiconocido en la historia de la resistencia antifascista valenciana: Benjamín Solsona, el Billy el Niño valenciano. Contra él pesan ya varias querellas anteriores, que datan del año 2018. Solsona llegó a vivir los primeros momentos de esos procesos, aunque falleció en 2019.

 Esa precisamente es una de las bazas más utilizadas por la Fiscalía para justificar el archivo de este tipo de demandas. Aràdia Ruiz e Isabel Blas, las abogadas que han llevado los casos de estas seis querellas, lo saben bien. “Además de las de hoy, llevamos ya 25 presentadas, sobre torturas pero también sobre las fosas de Paterna, y todas nos las archivan”, recapitula Ruiz. Aun así, ambas saltan con un “pero” entusiasmado para romper el cariz negativo que estaba adoptando el caso. Blas tiene claro que el camino a seguir pasa por el derecho internacional: “Tenemos la estrategia de ir al Comité de las Naciones Unidas, desde donde han dado más de una vez un tirón de orejas al Estado español en torno a los crímenes del franquismo. Pero antes hay que agotar la vía interna, que es lo que estamos haciendo”.

 “Lo que buscamos con estas querellas ya no es meter a alguien en la cárcel, el objetivo es crear un discurso de la verdad judicial. Porque la justicia no solo busca sentar a personas en el banquillo, sino también instruir e investigar”, reflexiona Ruiz, que añade: “El hecho de poner una condena, aunque no se pueda cumplir, ya es tremendamente reparador, porque se establece un relato de lo que ocurrió, algo que no ha pasado aún”.

Este tipo de procesos no solo sirven para reparar el daño ocasionado en las personas represaliadas, sino también para recuperar una memoria a la que se le ha dado la espalda durante años, algo en lo que los denunciantes hacen especial hincapié. Paco Ventura, uno de los presentes en aquel primero de mayo, aprovecha cualquier momento para transmitir lo vivido, evitando así que se pierda porque, para él, la gente joven “tiene que conocer lo que hemos pasado, lo que ha pasado el pueblo”. Y hace especial hincapié en el papel de las mujeres de su vida, en agradecer a “las madres que nunca dejaron de llevarnos comida a la cárcel”. 

Con la misma nostalgia firme que impregna sus palabras cuenta cómo, a pesar de haber sido torturado y condenado a más de tres años de prisión por manifestarse, no “pudieron conmigo” y nada más cumplir su condena volvió a la militancia a “organizar cosas en el Partido Comunista”. Porque “la lucha continuará mientras el ser humano siga siendo ser humano”.

El anuncio de la presentación de las querellas se ha producido este viernes en un acto organizado por Acció Ciudadana contra la impunitat del franquisme en el País Valencia (Plataforma de apoyo a la Querella Argentina) y CCOO del País Valencia y respaldado por diversos sindicatos, partidos y entidades memorialistas, sociales y culturales que han encontrado en el evento una forma de celebrar “un reconocimiento público a quienes, con su lucha, sus esfuerzos y su libertad abrieron el camino a los derechos civiles y libertades que hoy podemos disfrutar”.                 (Sergio Aires Machado  , El Salto, 13/05/22)

La represión en la primera comarca valenciana ocupada por el franquismo: éxodo de rojos y subastas de sus bienes

 "El historiador Juan Luis Porcar, técnico documentalista de la UJI y activo miembro del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló, es uno de los grandes especialistas en la represión franquista en el norte del País Valenciano. 

Su última investigación se ha centrado en la represión y en la memoria en la montañosa comarca de Els Ports, la primera ocupada por el Ejército sublevado en abril de 1938. Las tropas del general Antonio Aranda entraron en Morella, capital de la comarca, el 4 de abril de 1938 y, pocos días después, llegaron al mar por Vinaròs, partiendo así en dos el territorio republicano. “Rápidamente comienzan a instalar todos los mecanismos de represión, en abril ya hay juicios sumarísimos abiertos en diferentes localidades tomadas por las tropas”, explica a elDiario.es el historiado, autor de Els Ports: franquisme i repressió, ciutadania i memòria (Onada Ediciones, 2022).

Frente a 12 divisiones republicanas, los militares sublevados contaban en su ofensiva con un total de 150.000 efectivos, 150 piezas de artillería, unos 200 carros de combate y la “ayuda inestimable y decisiva” de la aviación alemana e italiana. La entrada del bando franquista en la comarca, una de las más despobladas del territorio valenciano con una doble frontera con Catalunya y Aragón, supuso la inmediata militarización de las poblaciones ocupadas y la declaración de la ley marcial.

En su avance hacia el Mediterráneo, los sublevado ocuparon sin resistencia alguna Castell de Cabres, Coratxà, la Pobla de Benifassà, el Boixar, Fredes y el Bellestar, localidades convertidas hoy en día en tranquilos destinos de turismo rural del interior. La inmediata represión —“fruto de una planificación fría y sistemática que pretendía impedir la reorganización futura del oponente político”, sostiene Porcar— se aplicó “de forma más extrema sobre las clases sociales populares y más desfavorecidas”.

A requerimiento de la Comandancia Militar de Morella, las nuevas autoridades municipales de la comarca y los jefes locales de Falange elaboraron informes destinados a los responsables de la justicia militar sobre los vecinos republicanos. El investigador alude a un documento del alcalde accidental de Morella, Francisco Querol, que reseña el éxodo de 108 familias.

Asesinatos en caliente

El historiador ha logrado, tras un ingente trabajo en archivos y con fuentes orales, documentar las 87 víctimas mortales de la represión franquista en Els Ports, ya sea en asesinatos en caliente (incluso en prisiones) o fusilamientos. Además de decenas de familias expoliadas en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, cerca de 800 vecinos de la comarca fueron detenidos, sometidos a consejos de guerra sumarísimos y encarcelados. Un “elevado número de familias”, escribe Porcar en su investigación, huyeron tras la entrada de las tropas franquistas para no volver nunca más a sus lugares de origen o partir al exilio.

“En un primer momento Morella es la localidad que inicia los primeros sumarísimos y a partir de mayo trasladan la auditoria a Benicarló”, declara Porcar, quien destaca el papel en el asesoramiento y el control territorial de José Gilbert Ferreres, diputado provincial, delegado gubernativo en la comarca y jefe local de Falange. En una primera fase, miembros de la quinta columna y falangistas conocedores de las localidades se encargaban de la localización y detención de los rojos que no habían huido.

La obra rescata documentación sobre la vigilancia y el control de la población que asiste al sexenio de Morella en 1940 o las subastas del ganado propiedad de familias que huyeron de la represión en sesiones plenarias de ayuntamientos como el de Forcall. “El resultado fue un sistema político basado en la represión, el autoritarismo y un complicado sistema de relaciones que nos recuerda al caciquismo de regímenes antiguos”, escribe Porcar.

El índice represivo en la comarca (un 3,96% de la población) es ligeramente inferior al de la provincia de Castelló (un 3,34%) pero “sustancialmente superior a la media represiva del País Valenciano”. “Tipológicamente”, señala Juan Luis Porcar, “es muy diferente porque las muertes por fusilamientos representan mucho menos que en el conjunto del País Valenciano y hay casuísticas como la muerte en las cárceles y la represión de la guerrilla y de sus colaboradores, superior”.

La persecución del maquis

El historiador destaca los asesinatos sin juicio previo “típicos de 1938”, que descienden a partir del año siguiente “cuando se instaura toda la maquinaria judicial represiva”. Además, en las localidades con un alto índice de represión física, como Formal, el investigador ha detectado un número superior de expedientes de responsabilidades políticas incoados. Porcar también destaca la dura política penitenciaria como “herramienta de exterminio físico del nuevo régimen”.

La represión de la inmediata posguerra se prolongó, especialmente a partir de 1946, con la persecución del maquis, también en otras comarcas con presencia guerrillera como el Alt Palància o el Alt Maestrat. Entre la colaboración directa y la pasividad amistosa, las partidas guerrilleras contaron con la ayuda de vecinos, especialmente de las aisladas masías.

“Geográficamente”, apunta Porcar, “es una zona muy proclive por el tipo de montaña abrupta, es buena para escondites y las partidas guerrilleras pueden camuflarse en el terreno en cuevas”. “Es ideal para la lucha de guerrillas”, agrega. A partir de 1948, con la política de tierra quemada y la aplicación de la ley de fugas por parte de la Guardia Civil sobre el maquis en Teruel, los guerrilleros se repliegan hacia Els Ports.

 “Hay casi más víctimas de la represión que no eran guerrilleros sino población civil que ayudaba al maquis”, abunda el historiador en referencia a habitantes de las masías o republicanos que habían salido de las prisiones. “Sobre esta gente cae toda la presión de la Guardia Civil como forma de cortar la ayuda y el suministro a las partidas guerrilleras”, apostilla.  

El libro de Porcar también recoge un estudio sobre los espacios de memoria, la simbología y la nomenclatura y las fosas comunes que quedan en la comarca: “Comparo la simbología franquista que queda en el territorio frente a la que reivindica la memoria democrática”. “La conclusión es que casi duplica aun hoy en día la franquista a la republicana”, asegura Porcar."                 (Lucas Marco, eldiario.es, 02/04/22/)

Represión franquista en Castelló: 10.000 republicanos juzgados, la mitad condenados a prisión, aproximadamente 1.200 muertos entre asesinatos, ejecuciones y fallecimientos en prisión. Además de 9.000 expedientes de responsabilidades políticas y un millar de procesos de depuración de maestros

 "La represión franquista en Castelló dejó en la posguerra a 10.000 republicanos juzgados, la mitad condenados a prisión, aproximadamente 1.200 muertos entre asesinatos, ejecuciones y fallecimientos en prisión. Además de 9.000 expedientes de responsabilidades políticas y un millar de procesos de depuración de maestros. Es el balance que hace el historiador Josep Miralles Climent (Castelló, 1951) en Els anys que vam viure perillosament. Cròniques de lluites i repressió al nord valencià (1938-1981), editado por la Universitat Jaume I.

"Me he basado en la historia oral y en la documentación que he podido encontrar en los archivos", explica a elDiario.es el autor, que ha trazado la trayectoria de las diversas luchas antifranquistas desde la inmediata posguerra hasta la Transición. 

 La obra repasa los primeros focos de resistencia del maquis en el interior de Castelló, así como el despliegue represivo de la Guardia Civil para dar caza a los partisanos, mayoritariamente controlados por el Partido Comunista, aunque también participaban activistas locales vinculados al movimiento anarquista. "La represión fue muy fuerte", asegura el historiador, que ha podido localizar varios informes del Servicio de Información de la Guardia Civil.

El libro repasa singularmente le papel del carlismo en la oposición antifranquista. "Es un tema bastante desconocido", abunda Josep Miralles, quien recuerda que en las filas del franquismo la primera y única oposición surgió de las filas carlistas que se oponían a la dictadura militar y apostaban por la monarquía tradicional. La represión hacia los carlistas, en comparación con la izquierda que sobrevivió a la Guerra Civil, "fue de muchísima menor intensidad porque el régimen no podía reprimir tanto a gente de los suyos".

Entre 1936 y 1955, una decena de militantes carlistas fueron fusilados en España, siete murieron en "atentados falangistas o policiales", además de nueve tentativas frustradas, y hubo 604 detenciones y secuestros. También nueve procesamientos y consejos de guerra, 234 encarcelados, 31 desterrados "e infinidad de casos de torturas, maltratos, multas, prohibiciones, cierres de locales y prensa, ilegalizaciones y represión de manifestaciones", escribe el historiador.

En Castellón, ya en enero de 1939, un grupo falangista asaltó, pistola en mano, un local carlista destrozando el mobiliario y la documentación. Meses después se produjo un enfrentamiento entre carlistas y militares en Vila-real y Morella. Fue el inicio de un goteo de sanciones y detenciones que "intentaban socavar la moral carlista y también dividirlos".  

 Las conmemoraciones de tipo religioso que organizaban se convertían en actos políticos por los que eran multados por el gobernador civil. "Varios fueron desterrados de sus localidades", explica el autor, quien recuerda que "son hechos, al menos para el gran público, bastante desconocidos". Aunque también puntualiza que la represión hacia las filas del carlismo "no tiene nada que ver con la cantidad de ejecuciones, años de prisión y torturas que sufrieron los militantes de izquierda que perdieron la guerra".

Alianzas entre carlistas y comunistas

El libro también abarca las primeras alianzas entre los carlistas y los comunistas en las luchas sindicales clandestinas incluso antes de la década de 1960 para impulsar las Comisiones Obreras en el marco del resurgimiento de la oposición democrática. Además de otras formaciones más residuales, en Castelló, "el carlismo y el Partido Comunista fueron los únicos partidos que a lo largo del franquismo mantuvieron una oposición al régimen desde la izquierda y desde la derecha", asegura Miralles.

La obra también repasa las primeras huelgas en fábricas castellonenses (la primera después de la Guerra Civil, en 1959, en la fábrica Segarra de la Vall d'Uixó), así como el incipiente movimiento valencianista. También abarca los nuevos movimientos vecinales o feministas surgidos al calor del tardofranquismo y de la Transición. "Muerto Franco, la represión de las luchas continuó hasta después de la Constitución Española", sostiene el historiador.

El autor, multado por el gobernador civil en dos ocasiones y encarcelado en 1973, 1976 y 1977, ha incluido numerosos nombres de personas en un amplio índice onomástico de la oposición antifranquista de Castelló que se jugaron el pellejo. "Quiero dejar constancia de los nombres de las personas que se comprometieron arriesgando su seguridad", remarca Miralles."                  (Lucas Marco, eldiario.es, 19/02/22)

“Las verdaderas heroínas eran las viudas de los represaliados del franquismo”... “estaban señaladas, por rojas”, condenadas, dice “a no hablar, a no llorar”

 "En casa de Encarna nunca se habló de la historia de su marido, Ginés. Era un jornalero de Dolores (Alicante), militante del Partido Comunista (PCE), casado y con tres hijos. Un día de 1940, las autoridades franquistas se lo llevaron preso, primero a un penal de Elche, luego a otro de Alicante. Su mujer trató de visitarlo, pero en la cárcel le dijeron que no volviera. 

Ginés fue fusilado y enterrado en una fosa común. Encarna murió en 1987, sin saber dónde estaba enterrado su marido. Este lunes, su nieta María José Pérez Galant asistió a las primeras excavaciones de la fosa X del cementerio de Alicante, donde ya sabe con certeza que están los restos de su abuelo junto con los de diez represaliados más.

 Esta exhumación es la primera que se realiza en el cementerio municipal de Alicante. De la excavación se encarga la empresa especializada ArqueoAntro, que también ha trabajado en la fosa de Paterna (Valencia). Con un presupuesto de 13.037,75 euros, adjudicados por la Consejería de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, los arqueólogos disponen de tres meses para “la indagación e investigación, localización, delimitación, exhumación y estudio antropológico de víctimas de la represión franquista” en la capital provincial, según fuentes del gabinete autonómico.

“Nada más remover la primera palada de tierra”, explica Pérez Galant, “todos hemos sentido una enorme emoción”. La familia de Ginés es una de las tres que inicialmente elevaron la petición de exhumar los cuerpos de republicanos represaliados. Según Pérez Galant, ya son siete los grupos de descendientes que esperan reencontrar el rastro de sus antepasados para cerrar “todas las heridas que quedaron abiertas”.

“Mi abuela siempre tuvo un semblante triste”, cuenta la nieta de Ginés. A su juicio, “las verdaderas heroínas fueron las viudas de los represaliados”. Pérez Galant confirma con sus palabras la cruda realidad de que fueron ellas las que “tuvieron que sacar adelante a sus familias”. Con la carga añadida, además, de que “estaban señaladas, por rojas”, condenadas, dice “a no hablar, a no llorar”. “No debemos transmitir esa carga a nuestros hijos”, continúa Pérez Galant, “les queremos dejar la herencia de que puedan saber dónde están sus bisabuelos”. De poder visitar sus tumbas, “de poderles rezar, si quieren”.

 A los represaliados, continúa Pérez Galant, “se los quitaban de en medio simplemente por defender lo que habían votado”. Entre los fusilados tras la guerra, había “muchos maestros, o personas señaladas por el hecho de que algún cacique local les debía dinero y los acusaba de rojos”, afirma. “Y luego, padecieron la doble condena del olvido”, ya que el temor hizo que se enmudecieran sus historias. Y que desapareciera su rastro.

La exhumación que ha comenzado este lunes se suma a las ya desarrolladas en otros municipios como Monóvar, Orihuela, Benissa (Alicante) y Castellón, apunta la Consejería de Calidad Democrática. También se ha realizado una prospección que trata de delimitar el campo de concentración de Albatera, ubicado actualmente en el término de San Isidro. Y el lote de adjudicaciones firmadas por la consejera Rosa Pérez Garijo, por un total cercano a los 75.000 euros, une la excavación en el cementerio de Alicante a otras que tendrán lugar en Castellón, Segorbe (Castellón) y Orihuela (Alicante).

Deuda histórica

El anuncio de esta partida presupuestaria impulsó a los descendientes de Ginés a crear, “junto con otras seis familias”, la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de la fosa de Alicante. “Al enterarnos de que iban a abrir la fosa”, prosigue, “empezamos a conocer gente en la misma situación”. Ya son 90 familias las que esperan recuperar a sus antepasados y, posteriormente, “identificarlos con una muestra de ADN”, sostiene Pérez Galant.

La consejera de Calidad Democrática, presente en el inicio de la exhumación de Alicante, subraya la importancia de esta iniciativa. “Esto era una deuda histórica con las familias y estamos intentando cumplir con nuestra obligación, abrir las fosas de la vergüenza y recuperar la dignidad de este país”, declara, en un comunicado. Según la investigación realizada en la Comunidad Valenciana, existen todavía 400 fosas comunes, lo cual evidencia, en opinión de Pérez Garijo, que “todavía queda mucho trabajo por hacer”. “Seguimos avanzando en las exhumaciones en diferentes puntos de nuestra geografía para conseguir el objetivo que nos marcamos al inicio de legislatura, un territorio libre de fosas”, sentencia la consejera."                       (Rafa burgos, El País, 23/01/21)

La posguerra franquista en las comarcas valencianas: fusilamientos, corrupción y quema de libros en hogueras públicas

"En 19 de los 22 municipios que conforman la comarca de L'Horta Nord se produjeron "matanzas políticas" en la inmediata posguerra franquista. Hubo 305 muertos en la zona, según el recuento del historiador Pau Pérez Duato, coautor junto a Álex Gutiérrez Taengua de La postguerra a les comarques valencianes. L'Horta Nord i la partida judicial de Xàtiva (Diputación de València, 2020).

El poder municipal en la comarca de L'Horta Nord se disputó entre militares y jerarcas provinciales de Falange. "Cuando hay élites históricas fuertes en algunos pueblos, los militares les devuelven el poder mientras que en pueblos con élites más débiles, entran en juego los falangistas", explica por teléfono a eldiario.es Pau Pérez Duato (Rafelbunyol, 1988).

Los nuevos alcaldes de la comarca habían sido, en general, víctimas de la violencia en la retaguardia republicana, lo cual profundizó la "beligerancia revanchista con que se organizaron los núcleos locales de la dictadura", escribe el historiador. Solo entre abril y junio de 1939, inmediatamente después de la ocupación del territorio valenciano por las tropas del general Franco, más de un millar de vecinos de la comarca fueron detenidos.

El trabajo, fruto de una beca de la delegación de Memoria Histórica de la Diputación de València, analiza la actuación diametralmente opuesta de cada ayuntamiento de la comarca: mientras en Montcada, con dirigentes de la derecha moderada, hubo avales y peticiones de conmutación de penas para sus vecinos republicanos, otros municipios como Rafelbunyol o Massamagrell redactaron completos listados de militantes o simpatizantes de la izquierda que propiciaron detenciones masivas.

La investigación también retrata la corrupción de los nuevos gobiernos municipales "ligada a las fricciones internas franquistas". Pocos alcaldes y concejales duraron más de dos años seguidos, según las actas consultadas por el historiador en los archivos municipales.

"Graves tensiones internas sobre la corrupción local agravaron las discrepancias políticas de los franquistas y generaron situaciones de inestabilidad y crisis en las corporaciones municipales", escribe Pau Pérez Duato. El gobernador civil, Francisco Javier Planas de Tovar, tuvo que intervenir, entre otros, en el Ayuntamiento de Godella, en el que los casos de corrupción "se repetían constantemente".

El empresariado local aprovechó el nuevo contexto para revertir ciertas victorias de los trabajadores acaecidas durante la II República. En La Yutera Española, situada en la localidad de Foios, los propietarios de la empresa despidieron a 185 trabajadores durante la primera semana de abril de 1939 (la cifra aumentaría más tarde hasta los 248). Por el contrario, en La Papelera del Grao SA, "los falangistas mediaban con los empresarios para que contrataran a antiguos combatientes", explica el historiador.

Otra pata del nuevo poder franquista fue la Iglesia. "Los curas de cada localidad ostentaban un poder significativo en las decisiones de los gobiernos, con los que colaboraron para borrar cualquier vestigio de las ideas republicanas entre la población desde los primeros días de la etapa franquista", señala el libro.

El domingo 2 de abril de 1939, cuando las tropas recién habían ocupado la ciudad de València, en Tavernes Blanques, una localidad cercana, las nuevas autoridades organizaron una "misa de campaña" para celebrar el aplastamiento de la II República. Al finalizar el acto religioso, los falangistas locales "prendieron fuego a una selección de libros de la biblioteca pública, supuestamente contrarios a la religión y a la moral tradicionalista, en una hoguera pública". Allí ardieron, entre otros ejemplares, libros de Blasco Ibáñez y Los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós.

El historiador Álex Gutiérrez Taengua (Xàtiva, 1989) ha investigado 17 archivos, de los que ha obtenido una selección de 2.500 documentos escritos sobre la represión franquista en la partida judicial de Xàtiva. Entre el 31 de marzo y el 12 de abril de 1939, todos los pueblos que conforman la partida judicial de Xàtiva fueron ocupados por las tropas franquistas.

El investigador sostiene que, solo en el mes de abril de 1939, más de 23.700 personas fueron detenidas, un enorme volumen que desbordaba la capacidad penitenciaria y que dio pie a "la aparición de prisiones habilitadas y campos de concentración, lugares de tránsito donde se esperaría el traslado a otros centros de reclusión o a las ejecuciones", escribe el historiador.

El estudio sobre la partida judicial de Xàtiva también coincide en que casi cada consistorio tenía una "perfil represor concreto" que crea "diferencias y similitudes respecto a sus homólogos más próximos". Las entrevistas orales realizadas por Gutiérrez Taengua, también autor de Per a tots els públics(Alfons el Magnànim, 2019), concluye que el hambre fue un "elemento definitorio de la posguerra" y un vector de castigo y control; en el municipio de Barxeta, recuerda el historiador, se prohibió trabajar los domingos.

Aunque las sanciones fueron "muy diversas" según cada municipio, las causas siempre fueron las mismas: "la participación o el vínculo con los ayuntamientos republicanos", escribe Álex Gutiérrez.

El historiador defiende que lo más interesante de la perspectiva local es la "capacidad de explicar la cotidianidad del franquismo, una realidad rugosa en contraposición a la necesaria uniformidad que presentan estudios más amplios". "Explicar algo a nivel local permite que la gente de a pie pueda entender el proceso de otra manera", señala.

Álex Gutiérrez, en una entrevista telefónica con este diario, lamenta la "falta de recursos destinados a los archivos" a pesar de que los municipales son "muy interesantes". "He entrado en algunos que eran más un almacén de cosas que sobran que un archivo", apostilla el historiador."               (Lucas Marco, eldiario.es, 30/05/20)

Una radiografía de la Brigada Político Social en València... Es en la posguerra y bajo la influencia de la Gestapo, cuando comienzan a conformarse los métodos y la forma de funcionar de la BPS...

"El periodista Lucas Marco publica el libro Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de València tras obtener la Beca Josep Torrent de Periodismo de Investigación otorgada por la Unió de Periodistes. 

Su libro es una minuciosa disección del temido cuerpo policial de la dictadura y surge oportunamente en un momento en el que la Brigada Político Social (BPS) está siendo investigada por las querellas interpuestas por varios militantes antifranquistas, una de ellas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia contra el comisario Benjamín Solsona, conocido como el Billy el Niño valenciano. 

Lucas Marco nos ilustra ampliamente sobre la BPS: desde sus orígenes históricos, sus violentos métodos durante la dictadura, su posterior reconversión democrática gracias a la guerra sucia antiterrorista y una larga sombra que llega casi hasta nuestros días. 

Usted retrata el oficio de la BPS a través de una amplia galería de personajes. Profesionales, burócratas, tétricos, sádicos, corruptos… aunque también muestra personalidades complejas y ambiguas. ¿El policía de la BPS nace o se hace? 

No sabría decirte. La Guerra Civil los marcó mucho, al menos a los de la primera generación. Allí se hicieron sus trayectorias. He intentado hacer un trabajo exhaustivo, preciso, frío, evitando la denuncia por injurias. El dato objetivo es un ingrediente fundamental del periodismo de investigación. Otro ingrediente es que pensaba que los personajes iban a ser planos, grises y sin interés, pero después descubrí historias negras, inquietantes, que siempre vienen bien para la narración.

 Un personaje como Tomás Cosías, que participó en la División Azul, o el propio Antonio Cano, que participó en la Quinta Columna en Valencia. Aunque los personajes interesantes y peculiares son más bien la excepción. Lo tétrico, brutal y chusquero es lo que abunda. 

Otra cuestión de interés es la naturaleza del enemigo a combatir por la BPS. Ahí encontramos un importante protagonismo del movimiento anarquista en el País Valencià. ¿En qué medida este análisis recupera la actividad de resistencia del gran ideario silenciado tras la guerra? 

Cuando inicié el libro mi idea era contar la historia de los movimientos populares y antifranquistas a través de la historia de la BPS, porque al final la perspectiva de perseguidores y perseguidos cronológicamente tenía cierto interés. Lo que pasa es que, por condiciones materiales de la investigación, no pudo ser. Aún así intenté dar unas pinceladas, sobre todo de la época de la posguerra, que es la etapa más desconocida y en la que la represión fue más salvaje. En cierta manera es un homenaje a gente que se jugó la vida muy seriamente. 

En el caso del anarquismo, el movimiento ha sido menos documentado en València que en otras ciudades como Barcelona, pero es bien cierto que en nuestra ciudad ha existido desde hace más de un siglo una actividad anarquista muy importante y muy vinculada a los movimientos populares y anticlericales, pudiendo remontarnos hasta el blasquismo. Está aún por estudiar, a pesar de los diversos trabajos historiográficos que se han publicado. 

La internacionalización del conflicto supone la colaboración con los nazis alemanes y la adopción de sus métodos de tortura. En tiempos de revisionismo, ¿estas cuestiones son especialmente ilustrativas sobre la naturaleza del régimen franquista? 

Yo creo que no solo de la naturaleza del régimen franquista sino de la naturaleza del propio Estado español. Realmente las raíces más profundas de la BPS se encuentran en la Restauración, a finales del siglo XIX, en el contexto de la amenaza de la violencia anarquista. Hay que recordar que en España el anarquismo presenta históricamente una fuerza extraordinaria. A finales del S. XIX se crea esta policía militarizada que pervive hasta la proclamación de la República, que intentará sin éxito la reforma de los cuerpos policiales. 

Es en la posguerra y bajo la influencia de la Gestapo, cuando comienzan a conformarse de manera más completa los métodos y la forma de funcionar de la BPS. Básicamente hay una línea de continuidad desde la Restauración hasta la Transición, un hilo conductor que ilustra una policía política especializada en combatir a los diversos movimientos que históricamente han desafiado, ya sea pacífica o violentamente, al Estado: anarquismo, republicanismo, comunismo... 

La aportación de los civiles al control social es otro de los temas señalados en su libro. ¿Qué lecciones podemos extraer en la actualidad de las prácticas de delación y de los chivatos en aquellos tiempos? 

En la posguerra todo el fenómeno de la delación está muy asociado al establecimiento de la dictadura. La depuración es total, tanto entre los funcionarios públicos como de otros trabajadores en posiciones claves para suministrar información. Por ejemplo, en el barrio de Salamanca los porteros eran de clase trabajadora y de izquierdas, y el Régimen los depuró. También pasa con figuras como los bedeles en las universidades y los taxistas.

 Es algo común a todas las dictaduras, comprar la información o forzar a su cesión. Un ex alto cargo de Interior del PSOE me contaba que, según su teoría, no se había permitido más acceso a archivos vinculados a esta cuestión porque aflorarían nombres de confidentes e infiltrados, algunos muy cercanos al mundo académico y sindical. 

Destaca cómo, a finales de los años 60, se hace uso de algo tan de actualidad como es el escrache para denunciar los abusos de la BPS. ¿En qué medida, podemos poner en valor una lectura contemporánea de libro? ¿Cuáles son las principales lecciones que nos ofrece a día de hoy? 

El episodio del escrache es un episodio realmente interesante. El historiador Alberto Gómez Roa me enseñó hace unos años este periódico clandestino del Partido Comunista del año 1972 donde se denunciaba, a raíz de una detención bastante masiva de estudiantes de la universidad, las prácticas de la BPS y sobretodo proporcionaba una lista con los nombres completos, teléfonos y las direcciones de estos policías. 

Es curioso porque incluso hoy en día la gente del PCE no aclara quién lo hizo. Pero sí es un documento por el que doy las gracias, ya que me ha ayudado enormemente a la investigación. Esta acción es un claro ejemplo sobre los márgenes de maniobra y resistencia frente a los intentos de control absoluto de un Estado totalitario. Máxime en un modelo como el de la BPS, que no era tanto un servicio de inteligencia, sino que su método era básicamente apretar las tuercas para obtener información.

Tu obra aborda un tema poco analizado de nuestra historia reciente. ¿En qué medida ha encontrado dificultades y resistencias para trabajar la memoria histórica de la BPS? 

Con las fuentes policiales sí que he encontrado algunas dificultades, mucha gente no quería hablar a pesar del tiempo transcurrido. Los agentes que estuvieron en la Brigada Político Social están en su mayoría jubilados y, pese a ello, ha sido complicado entrevistarlos.

Por lo que respecta a tener acceso a los archivos, he podido acceder a lo que la directiva del Ministerio del Interior permite, que son expedientes de agentes de policía de los que ya han transcurrido 25 años de su muerte o 50 años si ésta se desconoce. Con todo ese material, más sumarios judiciales de la época así como memorias y autobiografías, he podido construir esta historia. La burocracia de un Estado totalitario produce mucho papeleo, mucho documento oficial que luego te permite seguir la vida laboral del funcionario en cuestión. 

¿Y no faltan partes de los expedientes? 

Yo diría que no, sí que hay expedientes que están parcialmente censurados por cuestiones como la protección de datos, pero en general están bastante completos. Otra cosa es que el acceso es prácticamente imposible a todo material de Interior que no sea propiamente expediente de vida laboral. O bien se ha conservado muy poco en archivos públicos o quedan algunos boletines de la posguerra que se salvaron milagrosamente. 

Existe un serio problema en este sentido, ya que el acceso a los archivos es clave para la Memoria histórica. Historiadores de todas las tendencias piden que este acceso sea más fluido y equiparable al de otros países democráticos de nuestro entorno. Sin el acceso a esos archivos hay puntos oscuros de nuestra historia que se quedan sin investigar. Estamos en 2019 y yo me he encontrado con documentos de los años 30 parcialmente censurados. A esto se añade que cada vez quedan menos testimonios vivos. 

Se puede afirmar que éste es un tema difícil e incómodo y esto se debe a la falta de depuración en los cuerpos de seguridad de Franco durante la Transición y los primeros gobiernos de UCD y el PSOE. 

Llama la atención que ningún representante político de esa época pidiera la depuración de los cuerpos policiales.

El contexto de reciclaje de la BPS fue el de la lucha frente a ETA y se necesitaban especialistas. Otra cosa es la lectura histórica que podamos hacer, si eso realmente fue eficaz. Yo diría que no, que eso propició una guerra sucia bastante poco efectiva. En el primer gobierno del PSOE, Carlos Sanjuán era el responsable de temas de Interior del partido y, según parece por la hemeroteca, tenía intención de hacer una mínima depuración de mandos. 

Finalmente, tras una serie de conflictos, Barrionuevo desplazó a Sanjuán en el nombramiento de ministro. El hecho de que los partidos democráticos pasaron por el aro también tiene una consecuencia en lo que es la memoria y la investigación periodística ya que éste es un tema por el que se pasa de puntillas. 

En el libro se echa en falta más testimonios de víctimas y algo más de diversidad en las mismas.

Sí, eso es algo que comparto en mi autocrítica. Y no solo eso, también un mayor enfoque de género en el análisis. De nuevo se debe a las limitaciones materiales al hacer el libro. Ojalá hubiera tenido más tiempo para incluir más testimonios, tanto de gente muy conocida —dirigentes del Partido Comunista, Comisiones Obreras, etc— como de gente de base de éstos y otros movimientos, porque la izquierda antifranquista era muy plural y muy diversa.

También es cierto que no he querido excederme en los testimonios de víctimas. El enfoque de la investigación era hacer una historia de la BPS, no una crónica de la brutalidad de la tortura. Los testimonios de las víctimas me sirven para alimentar el perfil de los integrantes de la BPS.

Con más tiempo hubiera incluido una mayor variedad y más testimonios de mujeres. La represión ejercida sobre las mujeres, amenazas a la familia, violencia sexual… Obviamente las mujeres participaron por igual en los movimientos sindicales y estudiantiles."                    (Entrevista a Lucas Marcos, Eva Máñez, Raúl Abeledo, El Salto, 06/07/19)

Le afeitaron la cabeza y la hicieron desfilar por las calles. Dio a luz a un bebé pero se lo arrancaron tras el parto. De la criatura no se ha vuelto a saber

"María Pérez LaCruz nació en Teruel, España, el 3 de mayo de 1917. Sus padres fueron Manuel e Isabel. El apodo “La Jabalina” de todas las mujeres de la familia, se debe a que su madre era de Jabaloyas, sierra de Albarracín.

 La necesidad económica obligó a la familia a mudarse a la ciudad portuaria de Sagunto en Valencia cuando María tenía solo 6 años, donde existía un problema de conflicitidad laboral muy importante debido a las desgraciadas condiciones de vida de los trabajadores vinculados al ferrocarril y a las minas de Teruel.

 

María y sus 5 hermanos ayudaron a la familia trabajando en un puesto de verduras en el mercado. María también trabajaba como limpiadora en casa ajena. Con 17 años se afilió a la Juventud Libertaria, y en agosto de 1936 se unió como enfermera a la milicia anarquista de la “Columna de Hierro” para luchar contra el fascismo, ayudando a establecer un hospital en el frente de Mora de Rubielos a Sarrión.

 Durante la Batalla de Teruel el 23 de agosto de 1936, recibió una herida de bala en la pierna en Puerto Escandón, que le fracturó un fémur. Fue hospitalizada hasta el 24 de diciembre de 1936 en el hospital de Valencia. (...)

María trabajó después en una fábrica de armas en Sagunto y luego en Cieza en Murcia en una fábrica de acero. Con la victoria franquista, el 23 de abril de 1939 fue arrestada por la guardia civil, le afeitaron la cabeza y la hicieron desfilar por las calles. Ingresó en la Prisión provisional del Convento de Santa Clara el 18 de enero de 1940, y trasladada el 16 de enero de 1942 a la Prisión Provincial de Mujeres de Valencia. 

Durante sus 3 años en prisión fue reiteradamente golpeada y torturada, pero se negó a reconocer nada. Dio a luz a un bebé el 9 de enero de 1940 en el Hospital Provincial de Valencia, pero se lo arrancaron tras el parto. De la criatura no se ha vuelto a saber, si fue niño o niña, como otras tantas historias que ocurrieron con los niños de la guerra, como tantos hijos de presas en cárceles franquistas, robado, sustraído, y entregado en adopción.

En 27 de febrero de 1942 fue ratificada la prisión de María Pérez Lacruz. Fue acusada en una farsa de consejo de guerra el 28 de julio de 1942 de “ayudar a la rebelión”, de vivir  amancebada, mujer de “carácter libertino”, “exaltada”, y que cuando trabajó en la siderurgia participaba públicamente de los valores republicanos y despreciaba los del bando sublevado. 

Fue acusada del asesinato del cónsul boliviano en Valencia, donde no había existido dicho consulado, y de asesinatos que se habían producido mientras estuvo hospitalizada en el hospital de Valencia, como confirmó el jefe de traumatología del hospital D. Francisco Martin Lagos, que certificó que María estaba ingresada por fractura de fémur por arma de fuego en esas fechas. Los líderes falangistas locales dijeron que “ella no había tomado parte en los crímenes”. 

El nombre de sus delatores siempre fue ocultado. Severiano Jiménez Basarte, practicante del Hospital de la Siderurgia, certificó que el comportamiento de María era intachable.

El 29 de julio de 1942 un comunicado del Juzgado Militar condenó a María Pérez Lacruz a la pena de Muerte, sin embargo no pudieron acusarla de ningún crimen, sino de los delitos de “adhesión a la rebelión” y “desafección al Movimiento”. 

El 8 de agosto de 1942, fue fusilada junto a otros 6 presos varones contra la pared del campo de tiro de Paterna (Valencia). Ella recibió una bala en la cabeza y otra en el pecho. Tenía 25 años.  (...)

Documentación: Levante-emv.com (Rafel Montaner). katesharpleylibrary (Benjamin Lajo and Rafa Montaner). Puertoreal.cnt. Libcom (Nick Heath). María “La Jabalina”: Una víctima de su tiempo (Begoña Arroitia Ramírez y Nicolás Clavel Amat). Episkenion 2, nunca es siempre en teatro, María La Jabalina (1942-1917) (Lola López)."        (Documentalismo Memorialista y Republicano, 11/03/18)

Por estas caricaturas de Franco fueron fusilados el director y el dibujante de una revista satírica valenciana

"Franco compartiendo yacija con un soldado moro de su batallón africano, Franco travestido, Franco convertido en un trasunto ridículo de Hitler, con su espadón sobre España… Son algunas de las caricaturas que publicó la revista satírica ‘La traca’ durante su triunfal etapa final, durante la Segunda República y la Guerra Civil, cuando llegó a vender medio millón de ejemplares gracias a un humor afilado, anticlerical y claramente alineado con el bando republicano, a la postre derrotado por el fascismo golpista.

 

El franquismo -que derrotó a los últimos reductos de la resistencia en Valencia, sede de la redacción de ‘La Traca’- nunca perdonó al director Vicent Miguel Carceller y a su dibujante Carlos Gómez Carrera, conocido como ‘Bluff’, las afrentas realizadas desde las páginas de la revista.

 La revista fue cerrada y ambos periodistas condenados a muerte. La sentencia dictada por un tribunal militar habla por sí sola sobre la naturaleza del régimen que llegaba:

“RESULTANDO: que Don Vicente Miguel Carceller, de 50 años, al iniciarse el Glorioso Alzamiento Nacional era propietario del semanario La Traca, cuya dirección ejercía de manera encubierta […] Que el citado semanario se dedicaba de la manera más baja, soez y grosera a insultar a las más altas personalidades representativas de la España Nacional, de la dignidad de la Iglesia y los principios informantes del Glorioso Movimiento Salvador de Nuestra Patria… FALLAMOS: que debemos condenar y condenamos a la PENA DE MUERTE a los procesados VICENTE MIGUEL CARCELLER y CARLOS GÓMEZ CARRERA, como autores del calificado delito de adhesión a la rebelión militar, con las circunstancias agravantes expuestas.”

La sentencia del Consejo de Guerra fue dictada el 10 de junio de 1940 y los dos condenados fueron fusilados poco después en Paterna, según leemos en Valencia Plaza.

 

La memoria de Carceller y de Bluff fue recuperada por la exposición La transgresión como norma), que se celebró el año pasado en Valencia, comisariada por los profesores universitarios Antonio Laguna y Francesc-Andreu Martínez. En aquella muestra se exhibieron las páginas de las apenas 200 revistas rescatadas de la histórica publicación, cuyo recuerdo fue cercenado con el pesado manto de silencio de los 40 años de franquismo.

“Se fusiló la risa valenciana”

‘La traca’ fue la única revista que se atrevió a caricaturizar a Franco, algo que jamás perdonó el sátrapa, cuyo sentido del humor era inversamente proporcional a su alto concepto de sí mismo. El autoerigido “generalísimo” ordenó destruir todos los ejemplares “por aquello de eliminar todo recuerdo del pasado, porque la memoria es muy débil. 

No lo consiguieron: sobrevivieron algunos del coleccionista Rafael Solaz, la Biblioteca Valenciana, del Archivo Militar y de las Hemerotecas Municipales de Valencia y Madrid”.

( Con información y fotos de Valencia Plaza y La Vanguardia. Más información sobre ‘La traca’ en Wikipedia. ,  Público, 19/11/17)