Guillermo Torremare, abogado argentino: “Hoy sabemos que había más de 700 centros clandestinos de detención”

 "El abogado Guillermo Torremare (Tres Arroyos, Argentina, 1963), presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, conoce al dedillo los procesos judiciales contra los represores de la dictadura militar. El letrado, querellante en causas por crímenes de lesa humanidad, ha visitado España para exponer la trayectoria de los juicios contra los genocidas argentinos, invitado por el Institut d'Estudis Polítics y el Instituto de Derechos Humanos de la Universitat de València.

En esta entrevista con elDiario.es, Torremare destaca el consenso en materia de memoria histórica en la sociedad argentina y la búsqueda de los bebés robados (el último, recuperado este año, ha sido el 'nieto 133'). El abogado alerta: “Hay más de 350 personas que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa”.

En la ultima campaña electoral, con la candidatura de Javier Milei, ha renacido cierto negacionismo de los crímenes de la dictadura militar. ¿Cómo lo ha vivido?

Una pequeña porción de negacionismo hubo siempre en la Argentina. Lo novedoso es que ahora se han expresado con una fórmula electoral competitiva en la cual tanto el candidato a presidente como la candidata a vicepresidenta lo han manifestado públicamente. Eso es lo único realmente nuevo. Las manifestaciones que tienen ellos contrarían todas las políticas públicas que han sido consenso argentino desde 1983 en adelante. Todo el avance en materia de memoria, verdad, justicia, reparación y dar garantía de no repetición, de todo eso, hay un amplísimo consenso en la Argentina. La circunstancia de que esta fórmula electoral negacionista haya tenido un gran apoyo electoral no es por ser negacionista. Es porque expresa una disconformidad de la ciudadanía con la situación económica básicamente, pero el apoyo que tuvieron no significa que la sociedad argentina haya dejado de lado este amplio consenso que ha transitado durante los últimos 40 años. 

¿En qué consistía la teoría de los dos demonios?

Durante la dictadura militar se habló de que en la Argentina existía un demonio que eran las organizaciones revolucionarias armadas y guerrilleras. Cuando recuperamos la democracia y se empieza a juzgar a la dictadura, ahí se advierte que había existido otro demonio, que habían sido precisamente las fuerzas estatales. Y, a medida que eso se empieza a profundizar, lo que se advierte precisamente es que no había dos demonios sino uno, que era el demonio de la represión en manos del Estado, que es lo que llamamos terrorismo de Estado.

¿Cómo ha evolucionado esta concepción?

Hoy ya también hay un amplísimo consenso en que lo que existió durante la dictadura fue un demonio y que la víctima fue la sociedad en su conjunto. Estas expresiones negacionistas no reivindican expresamente la dictadura, no hacen apología de la dictadura ni de sus crímenes, pero lo que sí hacen es retomar esta teoría de los dos demonios, que en su momento significó un avance frente a la sociedad a la que se le vendía que había habido un solo demonio. Se advirtió que el Estado había tenido conductas absolutamente inapropiadas, al punto de configurar crímenes de lesa humanidad.

Volver a esos dos demonios es lo que pretendería hoy el negacionismo y también, efectivamente, saltan a la luz sus contactos con los represores, muchos de ellos cumpliendo penas de prisión. Incluso se ha advertido que la candidata a vicepresidenta había visitado en algunas ocasiones a Jorge Rafael Videla, que es el símbolo más importante del terrorismo de Estado en la Argentina. Pero no se animan a reivindicar esto públicamente, lo cual demuestra la vigencia de este consenso acerca de la memoria, la verdad y la justicia. 

 ¿Qué supuso para la sociedad argentina el primer juicio a las juntas militares?

En el juicio inicial de las juntas, que transcurre todo en el año 1985, se dicta una sentencia que fue la gran bisagra, porque permitió que la sociedad argentina tomara conocimiento real de lo que había pasado en boca de los 850 testigos que declararon en ese juicio. Esto fue absolutamente novedoso y, si bien hoy lo miramos como que fue muy poco, se enjuiciaron a las tres primeras juntas militares, o sea, a nueve personas, de las cuales a dos solamente [Videla y Emilio Eduardo Massera] condenaron a prisión perpetua, a tres [Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti] condenaron a penas menores y absolvieron a cuatro [Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya]. A nuestros ojos, hoy eso es absolutamente inadmisible, pero en ese momento histórico significó precisamente dejar de lado la teoría de que había existido un demonio que eran las organizaciones guerrilleras y significó el asomarse a lo que habían sido graves violaciones a los Derechos Humanos, siempre negadas por los jerarcas de la dictadura militar.

¿Qué supuso la sentencia?

Esa sentencia tuvo algo extraordinario que fue ordenar el enjuiciamiento de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa en la represión. Uno de los puntos resolutivos de la sentencia decía eso, que es lo que arma la catarata de juicios por los cuales se empieza a enjuiciar a todos los responsables. Después hubo un parón con leyes de impunidad, por la presión militar que amenazaba la democracia, y en 2003, con el gobierno de Nestor Kirchner y toda la fuerza del movimiento de Derechos Humanos en la Argentina, que es muy poderoso y tiene un amplio consenso social, mucho prestigio y mucho respeto. Con todo eso se logra la nulidad de esas leyes de impunidad y siguen los juicios. Hoy llevamos 17 años ininterrumpidos de juicios en los cuales hay 1.100 represores que han recibido alguna sentencia concreta. 

La película Argentina, 1985 y, más recientemente, el documental El juicio, retratan el primer proceso a la dictadura. Algunos espectadores españoles vieron ambas producciones con cierta envidia. ¿Qué le parecen?

Hoy en la Argentina tenemos 750 represores que están privados de libertad. La mayoría de ellos en prisión domiciliaria porque son todas personas adultas mayores, muchas con algún problema de salud, pero todo ese proceso no hubiera sido posible sin ese juicio inicial de 1985, que retrataba bastante bien la película Argentina, 1985 y muy bien el documental El juicio, de Ulises de la Orden (que nos acabamos de enterar que está empezando el camino al Óscar por películas documentales). Realmente exhibe ese juicio en toda su magnitud porque le da voz, no solamente a los testigos que fueron los grandes protagonistas, sino que también pone en boca de los fiscales, de las defensas, todo lo que se estaba discutiendo en ese momento. Temas que, la verdad, hoy los hemos superado, porque las más de 300 sentencias que se han dictado hasta ahora han escarbado de una manera extraordinaria lo que fue esa realidad y todos los días descubrimos cosas nuevas.

¿Qué se ha descubierto?

Todos los días hay un paso más. Por ejemplo, los últimos años se ha comenzado a advertir la violencia sexual contra las mujeres en los centros clandestinos de detención, cosa que estuvo ausente en los primeros años de juicio. Vamos avanzando también en la recuperación de datos para identificar a los niños y niñas nacidos en cautiverio que fueron apropiados (hoy ya todos personas de más de 40 años). Hay más de 350 personas, en este sentido, que en la sociedad argentina viven con una identidad falsa; es un proceso que no termina. Va a terminar seguramente cuando ya se extingan las acciones penales por muerte de todas las personas que están siendo enjuiciadas. Pero todavía pensamos que hay 10 años más para seguir en este camino. 

Los trabajos de localización e identificación de los niños robados han dado pie a una nueva generación de luchadores por los Derechos Humanos...

Absolutamente. En 1995 se creó la organización H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y ellos han planteado una mirada nueva en el movimiento de Derechos Humanos, que tiene que ver con la reivindicación de la conducta de sus padres desaparecidos. Esto fue algo absolutamente novedoso y creo que ha sido aceptado en la sociedad argentina. Y, por otro lado, ellos también toman el testigo de esta lucha de Abuelas, ya son pocas las quedan, y de Madres de la Plaza de Mayo, ya también son pocas las que quedan.

¿Qué supuso el nacimiento de H.I.J.O.S.?

H.I.J.O.S. vino a redinamizar de alguna manera el movimiento que está compuesto de dos grandes líneas: la línea de los afectados directos (los familiares de los detenidos y los desaparecidos,  las madres, las abuelas, los hijos) y una porción muy importante de organizaciones que no son de familiares directos, entre ellos la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos o el Centro de Estudios Legales y Sociales. Todas estas organizaciones trabajamos en conjunto y tenemos opinión política: para nosotros no son neutrales los gobiernos. Si bien siempre cuestionamos a los Estados, lo cierto es que no es lo mismo que el Estado lo administre la derecha o que lo administre el centro izquierda.

¿Cómo ha sido esa relación ambivalente con los distintos gobiernos?

Tuvimos una muy mala experiencia de retrocesos grandes durante el gobierno del ingeniero [Mauricio] Macri. Los juicios trataron de pararse pero no se pudo parar porque era materialmente imposible, tanto desde lo legislativo como desde el consenso social que los juicios tenían. Pero se desfinanciaron los planes de investigación o la protección de testigos. Eso lo recuperamos con el Gobierno de Alberto Fernández. Y, si bien no todo es como nos gustaría, nosotros pedimos que los juicios se aceleren porque si no, se llega a lo que llamamos impunidad biológica: muchos represores que deberían ser condenados por graves violaciones a los Derechos Humanos terminan siendo apartados del juicio por alguna incapacidad que presenten que no les permita seguir las alternativas de un proceso penal o fallecen por una cuestión de edad.

¿Qué supone la impunidad biológica en términos jurídicos?

La impunidad biológica no nos importa tanto en el sentido de la punición del represor sino por la falta de reparación a las víctimas y, en general, a la sociedad. Cuando una sentencia condena, vemos que ese es un acto reparatorio. Para nosotros los juicios son actos reparatorios, tienen mucho más ese sentido que el de la punición a un represor que termina sus días, en la mayoría de los casos, en su casa y, a veces, por la gravedad y la magnitud de lo que hicieron, en la cárcel. 

El trabajo de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo también ha supuesto importantes avances científicos en materia de identificación genética. ¿Por qué?

Eso es un logro científico extraordinario de todo el trabajo de Abuelas. Una parte es haber logrado el 'Índice de Abuelidad'. Lo que ocurre es que se necesita de la inquietud de la persona de 40 a 45 años que tenga algún indicio para poder sospechar que puede ser hijo de desparecidos. Sin esa inquietud es muy difícil llegar a localizar a alguien y eso, lo que demuestra, es el pacto de silencio que se mantiene hoy entre todos aquellos que ejercieron la represión. Porque es imposible esconder que un niño fue robado de una madre en cautiverio y entregado a alguien. Es decir, hay toda una trama de relaciones y mucha gente debe conocer eso. Ese pacto de silencio entre los represores se mantiene de una manera feroz, en ese tema y también en la información sobre el destino de los desaparecidos. Por más que lo hemos pedido y hemos buscado, no encontramos registros ni archivos.

¿Dónde sospecha que se puedan hallar?

El ultimo dictador, Reinaldo Bignone, dijo que los habían destruido. Nosotros tenemos dudas sobre si los destruyeron o no, pero lo cierto es que hasta ahora no ha aparecido y en eso también se mantiene el pacto de silencio. Hace menos de un mes, recuperamos al nieto 133 (sobre un total aproximado de 400, 450 o 500), lo cual demuestra que se puede avanzar pero que también es muy difícil.

Recientemente, la editorial española Libros del KO ha editado Tu nombre no es tu nombre. Historia de una identidad robada en la dictadura argentina del periodista Federico Bianchini. Impacta mucho la relación de la protagonista apropiada con sus apropiadores una vez descubierto el crimen.

Cuando se recupera un nieto siempre hay una acción penal contra el apropiador. Hay hijos que tienen una excelente relación con el apropiador y, en general, hasta que el apropiador no muere, los hijos no presentan ni siquiera una sospecha o, por lo menos, no la expresan. Hay una inhibición en el orden de lo psicológico, entiendo yo, por la cual un hijo apropiado, mientras el apropiador está presente, no hace nada. En la mayoría de los casos de los últimos años, los hijos han empezado a mostrar inquietud y a buscar algún tipo de dato una vez que fallecieron sus padres adoptivos. Porque, a parte, en la mayoría de los casos, la apropiación se manejó con hacer pasar al hijo como hijo legítimo, natural de la pareja. Son pocos los casos en los que se han tramitado adopciones. Pero todavía seguimos en la búsqueda de los que faltan, hay una gran campaña mediática, cosa que hace muchos años atrás era más difícil. Hoy la relación de la sociedad argentina con las abuelas y con este tema es una relación afectuosa. También las abuelas se han manejado muy bien con todos los gobiernos: su objetivo principal siempre ha sido la búsqueda de los nietos.

El libro Skyvan. Aviones, pilotos y archivos secretos, de la periodista Miriam Lewin, actualmente al frente de la Defensoría al Público argentina, narra la investigación sobre el destino de los aviones que ejecutaron los vuelos de la muerte. Es una investigación muy interesante porque se acerca a un fenómeno que ha dejado poco rastro documental de manera colateral, localizando dónde fueron a parar las propias aeronaves. ¿Qué supone la falta de documentación sobre el terrorismo de Estado, ya esté destruida o escondida, de cara a los juicios?

Los juicios se llevan a cabo gracias a lograr los testimonios. Sin los testigos, los juicios no serían posibles y con cada testimonio se abren nuevas líneas de investigación en otros casos. Por eso, a día de hoy llevamos 300 sentencias y hay otras 300 causas que están abiertas y que se están investigando en distintas etapas: algunas recién se están instruyendo, otras están en debate oral. Incluso estamos trabajando en un proyecto que tiende a que, aunque fallezcan las personas que están imputadas (lo cual hace que se extinga la acción penal y, por lo tanto, el juicio quedaría archivado) planteamos que el juicio continúe igual, como un juicio por la verdad que no va a tener una sentencia condenatoria de una persona, porque esa persona que podría ser condenada ya está muerta, pero sí va a tener una sentencia de certeza acerca de lo que efectivamente pasó en todo el proceso de secuestro, de privación de libertad y de desaparición de las víctimas. Esto para nosotros es muy importante porque lo relacionamos con el negacionismo.

Nosotros conceptualizamos el negacionismo como oposición a una verdad histórica que está judicialmente comprobada. No es una versión que nosotros podemos dar de nuestra mirada histórica. Se está oponiendo a hechos que fueron judicialmente comprobados y, cuando decimos judicialmente, es con todas las garantías de contradicción que se plantea en todo proceso donde no se cree a nada ni a nadie de entrada, sino que todo se pone en debate y se demuestra. Para nosotros poder cerrar el círculo de los juicios y que terminen como juicios para la verdad si no hay nadie para condenar sería muy importante y también muy reparador para las víctimas. 

¿Qué suponen los espacios de la memoria en Argentina?

En esto también los Estados no son neutrales. Algunos lo han apoyado abiertamente, tenemos la ventaja que, como está todo muy judicializado, estos espacios se pide que sean intocables porque pueden ser materia de prueba judicial. En principio es intocable por el concepto de memoria histórica, al punto que en Argentina, el presidente Carlos Menem dictó un decreto por el cual mandaba a demoler el edificio de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA), que es el centro clandestino de detención más grande que existió en Argentina, por allí pasaron más de 5.000 personas. Y desde el movimiento de Derechos Humanos, a través de acciones de amparo judiciales, logramos la nulidad de ese decreto. A partir de ahí quedó establecido que eso no se podía destruir, que ningún espacio de memoria se pudiera destruir. Trabajamos para identificar todos los espacios de memoria posibles, señalizarlos y utilizarlos como herramientas pedagógicas, porque una de las llaves para luchar contra el negacionismo es la educación. Yo, personalmente, pienso que estaría bien penalizar el negacionismo, pero eso no es lo importante. Lo importante es la concienciación social acerca de lo que ocurrió y los espacios de memoria tienen un rol extraordinario y son visitados permanentemente, además de resguardar pruebas.

Recientemente, la UNESCO declaró el Museo Sitio de Memoria ESMA como Patrimonio Mundial. ¿Qué supone esta decisión?

La verdad que con esta declaración de la UNESCO hemos tenido un espaldarazo muy importante. Creo que estas son las cosas sobre las que ya no se vuelve. Cualquier Gobierno que pretenda sembrar dudas sobre esto tiene un camino intransitable. La experiencia es extraordinaria: cuando empezaron los juicios, pensamos que podría haber 50 o 60 centros clandestinos de detención. Hoy sabemos que han existido más de 700. Y la denominación es distinta: ya no hablamos de centros clandestinos de detención sino de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, lo cual también habla a las claras de que en la conceptualización del lugar se da a entender lo que allí ocurrió. Y no nos extrañe que todos los días se esté descubriendo un lugar nuevo, porque como todo ocurrió en la clandestinidad, se echa mano precisamente de los testimonios y las investigaciones, en general, parten de las víctimas. El movimiento de Derechos Humanos las apoya y las acompaña, pero sin el rol de las víctimas prestando voz a esto, sería imposible. "           

(Lucas Marco / Jesús Císcar  , eldiario.es, 28 de octubre de 2023)

Olvido, memoria, Largo Caballero, Indalecio Prieto y Vox

 "Asimilar la historia del siglo XX y llegar a un acuerdo sobre ella ha sido una tarea muy complicada en la mayoría de los países europeos. Los verdugos insisten en que también ellos fueron víctimas. 

 Los turcos acusan a los armenios de insurrección y de provocar la reacción legítima del Estado otomano; los soldados de la Wehrmacht aluden a los abusos y humillaciones a los que fueron sometidos como prisioneros de guerra en la Unión Soviética; y el número de alemanes expulsados por el Ejército Rojo de los territorios del Este se compara con el de las víctimas en los campos de exterminio. “Trauma” es una categoría difícil de aplicar históricamente porque las representaciones de esos pasados suscitan controversias y debates políticos en la esfera pública.

El término “trauma colectivo” se utilizó para meter en el mismo saco a todas las formas de sufrimiento, para igualar a todas las víctimas. En el análisis histórico no puede cancelarse una forma de terror invocando a otra, pero eso es lo que se hizo, por ejemplo, en Alemania en los años cincuenta comparando el sufrimiento de los niños del Holocausto con los de las familias alemanas. 

O más tarde, en años recientes, en España, interpretando la guerra civil como una especie de locura colectiva, con crímenes reprobables en los dos bandos, y olvidando todos los cometidos en las casi cuatro décadas de la dictadura de Franco, una continuación, en realidad, de la violencia puesta en marcha con el golpe de Estado de julio de 1936.

Me entero en Viena de que el Ayuntamiento de Madrid, a propuesta de Vox y con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, retirará los nombres de las calles y estatuas que recuerdan a los ministros de la Segunda República Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero. Y les voy a explicar, tras décadas de investigación sobre la República, la guerra civil, la dictadura de Franco y las memorias cruzadas sobre la Europa del siglo XX, cómo hemos llegado a esta situación, qué es lo que hay detrás de esa propuesta y sus implicaciones políticas y para la enseñanza de la historia.

1. La sociedad que salió del franquismo y la que creció en las dos primeras décadas de la democracia mostró índices elevados de indiferencia hacia la causa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. Por diversas razones, ampliamente debatidas, la lucha por desenterrar el pasado oculto, el conocimiento de la verdad y la petición de justicia nunca fueron señas de identidad de la transición a la democracia en España, pese al esfuerzo de bastantes historiadores por analizar aquellos hechos para comprenderlos y transmitirlos a las generaciones futuras. España estaba llena de lugares de la memoria de los vencedores de la Guerra Civil, con el Valle de los Caídos en primer plano, lugares para desafiar “al tiempo y al olvido”, como decían los franquistas, homenaje al sacrificio de los “héroes y mártires de la Cruzada”. Los otros muertos, las decenas de miles de rojos asesinados durante la guerra y la posguerra, no existían. Pero ni los gobiernos ni los partidos democráticos parecían interesados en generar un espacio de debate sobre la necesidad de reparar esa injusticia.

2. Todo eso empezó a cambiar, lentamente, durante la segunda mitad de los años noventa, cuando salieron a la luz hechos y datos desconocidos sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la violencia franquista, que coincidían con la importancia que en el plano internacional iban adquiriendo los debates sobre los derechos humanos y las memorias de guerras y dictaduras, tras el final de la guerra fría y la desaparición de los regímenes comunistas de Europa del Este.

Surgió así una nueva construcción social del recuerdo. Una parte de la sociedad civil comenzó a movilizarse, se crearon asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, se abrieron fosas en busca de los restos de los muertos que nunca fueron registrados y los descendientes de los asesinados por los franquistas, sus nietos más que sus hijos, se preguntaron qué había pasado, por qué esa historia de muerte y humillación se había ocultado y quiénes habían sido los verdugos. El pasado se obstinaba en quedarse con nosotros, en no irse, aunque las acciones para preservar y transmitir la memoria de esas víctimas y sobre todo para que tuvieran un reconocimiento público y una reparación moral, encontraron muchos obstáculos. Con el Partido Popular en el poder, no hubo ninguna posibilidad. Mientras tanto, en esos años finales del siglo XX y en los primeros del XXI, varios cientos de eclesiásticos “martirizados” durante la Guerra Civil fueron beatificados. Todo seguía igual: honor y gloria para unos y silencio y humillación para otros.

3. La llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero abrió un nuevo ciclo. Por primera vez en la historia de la democracia, una democracia que cumplía entonces treinta años, el poder político tomaba la iniciativa para reparar esa injusticia histórica. Ése era el principal significado del Proyecto de Ley presentado a finales de julio de 2006, conocido como Ley de Memoria Histórica. Con una Ley, la memoria adquiriría una discusión pública sin precedentes y el pasado se convertiría en una lección para el presente y el futuro. El Proyecto no entraba en las diferentes interpretaciones del pasado, no intentaba delimitar responsabilidades ni decidir sobre los culpables. Y tampoco proponía crear una Comisión de la Verdad que, como en otros países, registrara los mecanismos de muerte, violencia y tortura e identificara a las víctimas y a sus verdugos. Aun así, encontró airadas reacciones políticas de la derecha, de la Iglesia Católica y de sus medios de comunicación.

La Ley, aprobada finalmente el 31 de octubre de 2007, aunque insuficiente, abrió nuevos caminos a la reparación moral y al reconocimiento jurídico y político de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Pero con la crisis económica y la victoria del Partido Popular en las elecciones de noviembre de 2011, esa Ley y las diferentes acciones de gestión pública que de ella derivaban murieron por falta de presupuesto y de voluntad política, resumidas en la fórmula de Mariano Rajoy “cero euros para la memoria histórica”, lo que significaba, sencillamente, no me vengan con esas tonterías.

4. Ahora, frente al nuevo proyecto de Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Pedro Sánchez hay un nuevo e importante actor, Vox, que más allá de su apología del franquismo representa en España lo que la ultraderecha y los nuevos movimientos autoritarios y neofascistas están intentando en Europa: una amplia reescritura de la historia dirigida a dar la vuelta a la interpretación antifascista y democrática. Diferentes voces revisionistas comenzaron a argumentar que Stalin tenía tanta culpa y responsabilidad como Hitler en provocar el inicio de la Segunda Guerra Mundial. La publicación del Libro negro del comunismo en 1997 trataba de probar que el comunismo era peor que el nazismo.

5. A finales de 1931 España era una república parlamentaria y constitucional. En los dos primeros años de la Segunda República, con Manuel Azaña de presidente de Gobierno e Indalecio Prieto y Largo Caballero de ministros, se acometió la organización del Ejército, la separación de la Iglesia del Estado y se tomaron medidas radicales y profundas sobre la distribución de la propiedad de la tierra, los salarios de las clases trabajadoras, loa protección laboral y la educación pública. Nunca en la historia de España se había asistido a un período tan intenso y acelerado de cambio y conflicto, de avances democráticos y conquistas sociales.

Como consecuencia de ello, se abrió un abismo entre varios mundos culturales, políticos y sociales antagónicos, entre católicos practicantes y anticlericales convencidos, amos y trabajadores, Iglesia y Estado, orden y revolución. La República encontró enormes dificultades para consolidarse y tuvo que enfrentarse a fuertes desafíos desde arriba y desde abajo, con huelgas, insurrecciones y violencia. El golpe de muerte, el que la derribó por las armas, nació, sin embargo, desde arriba y desde dentro, desde el mismo seno de sus fuerzas armadas y desde los poderosos grupos de orden que nunca la toleraron.

Indalecio Prieto y Largo Caballero no estaban en el Gobierno en julio de 1936 cuando la República, como insistió en varias ocasiones Manuel Azaña, tuvo que defenderse con las armas, y no con la política, en una guerra que ella no había causado. Unir la República, la guerra civil y la dictadura de Franco en un mismo pasado traumático que conviene no remover es deformar la historia investigada en profundidad por decenas de historiadores y entrar en el juego de “equiparación” de víctimas y responsabilidades.

El Partido Popular y Ciudadanos deberían mirar a las democracias europeas que, desde Alemania a Checoslovaquia, pasando por Austria y España, acabaron derribadas por el fascismo. Indalecio Prieto murió en el exilio en México en 1962. Largo Caballero en París en 1946, tras ser presidente de Gobierno de la República en guerra y pasar por el campo de concentración nazi de Sachsenhausen. Un poco de respeto para aquella República que como las de otros países en Europa en los años veinte y treinta intentó consolidar, con enormes obstáculos y enfrentamientos, un proyecto reformista parlamentario y constitucional. Hasta julio de 1936, cuando la sublevación militar ocasionó una división profunda en el ejército y en las fuerzas de seguridad, debilitó al Estado republicano y partió a España en dos."

(Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza y Visiting Professor de la Central European University de Viena. InfoLibre, 02/10/20)

Inés Ramonda, torturada durante la dictadura de Videla: "Mi testimonio ante la Justicia es el legado que le dejo a mis hijas"

 "Han tenido que pasar más de cuarenta años para que un tribunal escuchara el testimonio, en su doble calidad de víctima y testigo, sobre la detención ilegal que sufrió por parte de militares argentinos que asaltaron su casa para llevarla a un centro de detención y tortura clandestino en la ciudad de Córdoba (Argentina).

Ella es Inés Ramonda (Córdoba, 1957) y el 21 de abril de 1976, cuando ocurrieron los hechos, tan solo tenía 18 años. En aquellas fechas también fue secuestrado su novio Máximo José Juárez, a quien las Fuerzas Armadas jamás devolvieron a su familia. Su nombre y restos engrosan la lista de los 30.000 desaparecidos que se calcula que aún hay en Argentina a consecuencia del golpe de Estado y dictadura de Rafael Videla.

En una conversación telefónica con Público, Ramonda repasa sus inicios de militancia, el secuestro que sufrió, las torturas que le infligieron, el silencio impuesto de los años posteriores y cómo, con el paso del tiempo y el empuje de sus tres hijas y su marido, ha ido superando aquellos dos días que marcaron su vida.

 "Yo empecé a militar en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) –el brazo político del Ejército Revolucionario Popular (ERP)– cuando entré a estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en 1975 y, a veces, íbamos a pintar en las paredes de algún barrio, repartir folletos y demás, pero no gran cosa. Aún no se había producido el golpe pero las cosas ya andaban complicadas, sobre todo porque funcionaban grupos paramilitares en el país".

Videla encabezó el golpe de Estado en Argentina el 24 de marzo de 1976 y, menos de un mes después, Ramonda sufría en su piel las consecuencias más directas. "Unos señores que se identificaron como personal militar del ejército argentino entraron de forma violenta en mi casa. Instantes después, trajeron a una compañera de mi facultad para que me reconociera, y me señaló. Me cubrieron la cabeza con una toalla y a mi padre le obligaron a arrodillarse contra la pared. También me pusieron unas gafas muy oscuras y me esposaron las manos. Creo que nunca viví una vergüenza tan grande", comienza a relatar la afectada, quien recalca que jamás mostraron orden alguna sobre su detención ni un documento que lo legitimara.

Dos días secuestrada

"Me subieron a un vehículo. Recuerdo que iba en el asiento de delante y me abrazaba uno de los militares que entró buscarme a casa. Conseguí ver un poco por el rabillo del ojo y me percaté que estábamos yendo a la zona en la que yo me había criado", continúa. Ramonda se refiere al centro de detención y tortura La Perla, situado a las afueras de la capital de la provincia.

 "Después de tomar todos mis datos, me quitaron las lentes y me vendaron los ojos. En todo momento, tuve mis manos atadas. Después me sometieron a interrogatorios muy violentos y fui testigo auditivo de las torturas y la represión que llevaban a cabo en el lugar. En un momento dado, vi en muy mal estado a la hermana de la compañera de la facultad que me reconoció antes en mi casa. A día de hoy, ellas dos siguen desaparecidas", relata Ramonda.

 Durante los interrogatorios fue objeto de torturas, agresiones verbales y manoseos. Así explica ella misma el ahogamiento que le produjeron: "Me pusieron boca abajo en una camilla que terminaba en un cubo de agua. Me sumergían en él, cada vez por más tiempo, ya que veían que no les daba ninguna información. Esa agua estaba asquerosa y tragarla afectó a mi estómago. Estuve muy descompuesta".

 No paraban de pedirle información sobre sus compañeros, datos como dónde vivían o quiénes eran. "Yo sabía nombres, pero esa situación me produjo tal bloqueo mental que aún lo mantengo. No era información muy prolífica porque éramos células muy pequeñas y uno tenía escaso acceso a los demás, incluso no utilizábamos nuestro nombre real para protegernos. Así, si uno caía y no conseguía aguantar las torturas, por mucho que dijera nunca nos encontrarían por nuestro nombre. Yo sí que podía haber dicho alguna cosa, pero nunca lo hice", rememora la afectada. El bloqueo mental fue de tal envergadura que cuando todo pasó no recordaba dónde vivía su novio, una casa en la que había estado decenas de veces. "Como a tantos otros compañeros, también perdí al mío. Eso sí que fue un duro trago de digerir", agrega.

 Mientras tanto, su padre, suboficial mayor de aeronáutica de las Fuerzas Armadas argentinas, intentaba por todos los medios saber dónde estaba su hija, en esos momentos desaparecida. A los dos días, la devolvieron a su casa. "Mi padre les agradeció que me llevaran y se pensaba que era por las gestiones que él había realizado, pero le dijeron que no, que ellos no sabían nada de eso. En realidad, no conozco que haya otro caso similar al mío porque lo normal era o que te tuvieran recluido en La Perla trabajando para ellos o que te desaparecieran. No llego a comprender por qué me soltaron, pero no dejo de ser una privilegiada por salvarme en un momento en que tu vida dependía del humor que tuviera el guardia de turno".

En su casa nunca se habló de lo que había sucedido. "Era como si no hubiera pasa nada. Cuando yo quería hablar sobre ello, mi padre me frenaba en seco. De hecho, cuando me devolvieron a mi casa y me fui a bañar, después ya estaban quemando la ropa que me había quitado y todo lo que me pudiera comprometer políticamente. Nunca se tocó el tema, era como un acto considerado deshonroso. Siempre se ocultó como una cosa vergonzante", explica Ramonda. Pero tuvieron que pasar muchos años para que eso cambiara. "Lo peor de todo es que hasta hace unos 15 años yo pensaba que era así. Llevo con mi marido 42 años y su familia es como si fuera la mía propia, y sin embargo ninguno de ellos sabe nada de esto. En realidad, todavía me cuesta estar bajo la mirada crítica del otro".

Han sido años de silencio, recuerdo y ahogo interior. "Igual que yo me salvé, mataron a Máximo. Su madre era de España, así que decidieron sacar del país a sus dos hermanos más pequeños, que tenían la nacionalidad española. Sus padres se quedaron por acá haciendo averiguaciones, pero con los años también retornaron a España. De hecho, hace no mucho me llamaron del equipo de antropología forense para el reconocimiento de restos. Querían cotejar unos que habían encontrado con los de él y me pidieron que les ayudara a encontrar alguna muestra genética, porque no dejaron ninguna en el banco donde las guardan. Sé que están en España pero no consigo ubicarles. Ojalá vía embajada puedan enviar el material, a ver si van a recuperar los restos de mi compañero y no hay nadie que los retire", confiesa la represaliada.

De madres a hijas

Preguntada sobre si su padre conocía la militancia revolucionaria que llevaba a cabo, Ramonda responde negativamente de manera tajante. "No lo podía saber. Era una cosa muy reñida con su carácter castrense". En cambio, cuando se menciona la relación que tenía con su madre, el tono cambia: "Mi mamá siempre fue mi compinche. Teníamos ideas muy parecidas. Si ella viviera, ahora mismo estaría en todas las marchas por el aborto libre, seguro y gratuito. Además, fue ella quien se encargó de recoger todos los documentos, periódicos, revistas y carteles que a mí me podían comprometer para hacer una hoguera con ellos, pero guardó algunas cosas que con el paso del tiempo me dio. Diez años después de todo, cuando ya no corría peligro, me entregó fotografías de mis compañeros de militancia, al igual que la única imagen que conservo de Máximo. Sí, sí, mi mamá me bancó y cubrió en muchas cosas".

El único momento en el que Ramonda se emociona es al bajar en la línea genealógica. Su voz se quiebra, para por momentos, las palabras caen a cuentagotas y las frases se vuelven algo intermitentes. "Mis tres hijas me apoyan siempre y, gracias a ellas, me he animado a muchas cosas. Siempre se turnan para acompañarme cuando tengo que ir a los juzgados o a realizar algún trámite de la denuncia. Me emociona ver cómo toman las banderas y siguen en la lucha. Mi declaración en el juicio es el legado que yo les doy, que les dejo, y espero que les sirva", acierta a enunciar la protagonista.

La ignorancia continúa

Preguntada por el miedo a contar lo que le ocurrió en 1976, Ramonda responde que "todavía existe cierto castigo en la mirada del otro porque fueron dos realidades muy distintas, dos mundos paralelos en donde en uno desaparecía y otro hacía como si no pasara nada". Sin ir más lejos, el esposo de su hermana, que también cursaba en la UNC al mismo tiempo que ella, nunca se enteró de nada.

"Yo le pregunto por algún compañero al que hicieron desaparecer, si conoce a alguien a quien le allanaron la casa, y dice que él no sabe nada de eso, aunque más bien no lo quiere saber. Todavía hay mucha gente que vive en ese universo paralelo, personas con mi misma edad que te sigue mirando con los mismos prejuicios que hace 40 años", concretiza.

Y se despide con un mensaje para los más jóvenes: "Jamás hay que bajar los brazos si la causa es justa. Desde el lugar en el que cada uno esté hasta donde pueda. Es verdad que a veces se tarda mucho en conseguir las cosas, pero no dejarlo de intentar es la única forma de lograrlo; y siempre hay que recordar la historia, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetirla, y no se repite la parte más linda precisamente".

Este relato será uno más de los 43 que desde el pasado 9 de septiembre las víctimas están aportando en el juicio oral de la causa denominada "Herrera/Diedrich", en la que se investiga si un total de 18 imputados, entre policías y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad. Como contexto global, en Córdoba se han celebrado 11 juicios en los que se han visto inmersas 873 víctimas de la dictadura militar de Videla; y se han dictado 151 condenas a 103 personas. Por otra parte, también ha habido 26 acusados absueltos y 15 imputados han muerto durante el transcurso de la investigación. Que sus nombres, el de las víctimas, torturados y desaparecidos, pero también el de los genocidas, no se borren de la historia."                      (Guillermo Martínez, Púlico, 21/11/20)

Sr. Casado: La guerra civil no se produjo espontáneamente. Fue el resultado de una conspiración monárquica, militar y fascista... Comenzó en el primer año de vida de la República... los sublevados retorcieron torticeramente la ley, y empezaron una "limpia" sin paralelo en la historia de España, bajo el manto de una hoy inconcebible subversión del derecho... sr. Casado, lea más historia o busque mejores preparadores de discursos

 "En la reciente sesión de Cortes el Sr. Pablo Casado se ha referido a la guerra civil. La ha caracterizado como una lucha entre quienes "querían democracia sin ley" y quienes "querían ley sin democracia". Las reacciones contrarias han sido fulminantes. Merece un suspenso en Historia de España y, quizá, también en Historia del Derecho.

En las raras ocasiones en que me he sentido inducido a referirme al líder de la oposición he subrayado una cualidad que siempre me ha dejado ojiplático: fue un estudiante de Derecho tan superdotado que aprobó la segunda mitad de la licenciatura de una tirada y en un curso. Yo me he preciado de mi buena memoria (hoy algo peor de lo que fue) pero confieso que no hubiera sido capaz de tal proeza. 

No estudié Derecho pero sí llegué a saberme de memoria la Ley de Sociedades Anónimas de 1951 más las disposiciones sobre otros tipos de sociedades mercantiles del Código de Comercio de la época. Y, ciertamente, memoricé como un papagayo todos los temas (salvo uno) de las oposiciones a un cuerpo de la Administración y los tres primeros ejercicios (tres horas de duración) de las de Cátedra.

Es decir, imagino que el Sr. Casado, dotado de envidiables facultades tan hipermnésicas como se decía que las tenía quien fue ministro de (Des)información y Turismo y fundador del antecedente de su partido, preparó a conciencia su intervención en el Parlamento (si bien da la impresión por las imágenes que he visto que, prudente orador, se llevó consigo algunas cuartillas). Por aquello de los nervios.

Después de haberme dejado las pestañas en casi cuarenta archivos españoles y extranjeros a lo largo de unos treinta años estudiando los orígenes y desarrollo de la guerra civil y de la subsiguiente dictadura me siento en condiciones de lanzar al Sr. Casado, o a sus historiadores de corte, un pequeño desafío: que demuestre documentalmente su doble aserto.

La guerra civil no se produjo espontáneamente. Fue el resultado de una conspiración monárquica, militar y fascista. Comenzó tibiamente en el primer año de vida de la República, tomó viento en el extranjero al siguiente y, tras la amnistía otorgada por el primer Gobierno Lerroux, sus responsables se trasladaron a España. A partir de 1934 se aproximaron a la Italia fascista y crearon una organización subversiva en el seno del Ejército.

 En octubre de 1935 se informó a Mussolini que, si las izquierdas volvían al poder aunque fuese por medio de elecciones, los monárquicos y militares se sublevarían.  Así, pues, de generación como respuesta a los desórdenes públicos en la primavera de 1936, rien de rien.

El asalto al régimen democrático y al gobierno constitucional fue liderado por militares y políticos monárquicos, más o menos fascistizados, que lo justificaron con pretextos espurios: entre ellos, la amenaza roja (incluso soviética) que supuestamente se cernía sobre la patria. Con la idea de seguir las desangeladas palabras de uno de los conspiradores y alcanzar la victoria tras una guerra corta.

¡Ay! Una parte del pueblo español no rindió las armas y tampoco anticipó los casos de Austria o Checoslovaquia años más tarde. El gobierno legítimo se vio, no obstante, dejado en la estacada por sus aliados naturales: franceses, británicos y norteamericanos y condenado a su suerte en virtud de la política de no intervención. 

Naturalmente, con el indisimulado regocijo de nazis y fascistas que fueron poco a poco acentuando su ya bien demostrado desprecio a las democracias. Cero patatero, pues, al señor Casado en la primera parte de su desafortunada formulación.

Un cero quizá matizado en la segunda, porque los sublevados retorcieron torticeramente la ley, declararon como tales a quienes no se les unieron y empezaron, desde el primer momento, una "limpia" sin paralelo en la historia de España. Bajo el manto de una hoy inconcebible subversión del derecho, apoyado después por el Francoprinzip (aplicación castiza del Führerprinzip). Y, sin olvidar, bendecidos por la Iglesia católica española de la época.

Los sublevados se dotaron de una ley, la suya, fuera de todo control que no fuera el propio. Con ella en la mano subsistieron hasta prácticamente 1948. Entonces se dignaron sustituir el bando de guerra por otro sistema en el que solo varió la invocación jurídica porque, aunque la guerra había terminado casi diez años antes, la campaña contra el rojo debía continuar.

En resumen: es arriesgado querer subsumir en una frase de pocas palabras más de cuarenta años de historia.  Hay que tener para ello una habilidad especial. El Sr. Casado es muy dueño de creer que la tiene. Debe, sin embargo, aguantar que mucha gente, y entre ella muchos historiadores, pensemos que la ha destilado en una formulación escasamente afortunada.  Sugerencia: que lea más historia o busque mejores preparadores de discursos."                (Ángel Viñas, Público, 01/07/21)

Un genocidio de libro negado por motivos políticos... el armenio

 Soldados turcos posan tras el ahorcamiento de varios armenios en 1915 en Alepo, en Siria.AFP

 "La palabra genocidio no se había acuñado cuando se cometió el genocidio armenio. Pero fue este crimen contra la humanidad, que a principios del siglo XX marcó el arranque de una era de exterminios en masa, el que llevó al jurista polaco Raphael Lemkin a buscar un nuevo término que definiese una atrocidad que hasta entonces no tenía nombre: el empeño de asesinar en su totalidad a un grupo étnico o religioso por el solo hecho de existir.

No es la única paradoja que rodea la deportación y exterminio, sistemático y planificado, de hasta 1,5 millones de armenios por el Imperio Otomano entre 1915 y 1918. Existe un acuerdo sin fisuras entre los historiadores independientes de que se trata de un genocidio, sin embargo, solo ha sido reconocido por 30 países –el último fue Estados Unidos la semana pasada a través del presidente Joe Biden; España no lo ha hecho todavía–. Turquía considera una ofensa, e incluso un delito dentro de la sección 301 del Código Penal, la utilización de ese término y engloba esas matanzas dentro de la Primera Guerra Mundial.

 “El genocidio armenio es un hecho establecido entre los académicos”, explica desde Estados Unidos Taner Akçam, director del Centro de Estudios del Holocausto y los Genocidios en la Universidad Clark (Massachussets). Definido por The New York Times como “el Sherlock Holmes del genocidio armenio”, ha dedicado toda su carrera a buscar y publicar pruebas que demuestran que el asesinato de armenios no fue un pogromo desorganizado y espontáneo, sino una política de Estado de los llamados Jóvenes Turcos, que tomaron el poder en 1908 y se mantuvieron hasta 1918, cuando tras la Primera Guerra Mundial se disolvió el Imperio Otomano. En la historia otomana, la violencia contra los armenios, y los cristianos en general, era cíclica (entre 1894 y 1896 fueron masacrados 200.000 armenios), pero hasta entonces nadie se había marcado como objetivo el exterminio total.

“Incluso entre el establishment estadounidense”, prosigue Taner Akçam, “en el Congreso o en la Administración, no hay ninguna duda de que lo que ocurrió con los armenios puede ser calificado de genocidio. El presidente tuvo dudas en usar el término por motivos políticos. Fue algo muy planificado. Y puedo demostrar fácilmente que tenemos más evidencias documentales del genocidio armenio que del Holocausto. Tenemos unos cuantos telegramas autentificados que muestran claramente la intención genocida de las autoridades otomanas”.

En libros como A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility o Killing Orders: Talat Pasha’s Telegrams and the Armenian Genocide, Akçam revela telegramas encriptados del ministro del Interior de los Jóvenes Turcos, Talat Pasha, asesinado en 1921 por un militante armenio, que no dejan lugar a dudas sobre sus intenciones. Durante años, el Gobierno turco aseguró que eran falsificaciones, pero, tras un trabajo detectivesco, Akçam demostró que eran auténticos.

En uno de ellos, en septiembre de 1915, al principio de las matanzas, Talat Pasha ordenaba: “El Gobierno ha decidido eliminar totalmente a todos los armenios que viven en Turquía. (…) Sin prestar atención a si son mujeres, niños o enfermos. Por muy trágicos que puedan parecer estos métodos de exterminio, se debe poner fin a su existencia, sin escuchar nuestra conciencia”. Aunque los originales fueron destruidos, Akçam encontró fotografías de esos telegramas en Nueva York en 2015.

Existen evidencias que señalan que los nazis, antes del Holocausto, durante el que fueron asesinadas seis millones de personas, tomaron nota de lo ocurrido en Turquía para su proyecto de exterminar a los judíos europeos. “El 22 de agosto de 1939, Hitler dio un discurso a sus generales sobre la próxima guerra con Polonia”, explica el historiador estadounidense Benjamin Carter Hett, autor de The death of democracy sobre la llegada de Hitler al poder. “Hay tres transcripciones diferentes de lo que dijo. Una de las transcripciones, la menos fiable, le cita diciendo ‘¿Quién, después de todo, habla hoy de la aniquilación de los armenios?’. Las otras dos transcripciones no contienen esta cita”. El hecho de que esta transcripción circulase tras una información de The New York Times en 1945 demuestra que, ya desde los años cuarenta, se establece una relación entre las masacres de armenios y judíos.

“Indudablemente tuvo mucha influencia en Lemkin como modelo de estudio y lo cuenta en su autobiografía”, explica el magistrado José Ricardo de Prada, uno de los mayores expertos españoles en justicia internacional y que participó en el tribunal de apelación de la sentencia contra el genocida serbio Radovan Karadzic. “Probablemente formó parte de lo que quería englobar su concepto, lo que ocurrió es que este concepto no se trasladó, al menos del todo, a la definición que se contiene en la Convención de Genocidio y que luego se ha convertido en la definición penal de genocidio en los estatutos de los Tribunales internacionales y en los códigos penales de la mayoría de los Estados. Esta definición es mucho más limitada”.

 Samantha Power, que fue embajadora ante Naciones Unidas bajo el presidente Barack Obama, ganó en 2002 el premio Pulitzer con A Problem from Hell. America in the Age of Genocide. Allí relata cómo Lemkin, siendo estudiante en la ciudad de Lviv (entonces Polonia, ahora Ucrania), tuvo una discusión con un profesor que justificaba las matanzas de armenios sosteniendo que al fin y al cabo un Gobierno tenía derecho a hacer lo que quisiese con sus ciudadanos, incluso asesinarlos “como un granjero que matase a sus propios pollos”. De la indignación que le provocó aquella discusión surgió la idea de que tenían que existir unas leyes, por encima de los Estados, que castigasen esos crímenes. El jurista británico Philippe Sands relata en su libro Calle Este-Oeste, sobre el nacimiento de los conceptos de genocidio y crímenes contra la humanidad, que Lemkin señaló: “Se asesinó a una nación y se dejó en libertad a los culpables”.

“En el genocidio armenio no hubo una persona como Hitler”, señala por su parte Taner Akçam preguntado sobre las diferencias entre los dos crímenes contra la humanidad. “El genocidio fue una decisión de un partido político, el Comité de Unión y Progreso, implementada por un partido político. Esta es una de las principales diferencias entre el Holocausto y el genocidio armenio. La otra es que los Jóvenes Turcos no tenían una ideología racista que podamos comparar con la de los nazis. Eran nacionalistas, sin duda, pero tomaron la decisión genocida porque consideraron que la mera existencia de los armenios era una amenaza para el Imperio y pensaron que podían eliminar esta amenaza al asesinar a todos los armenios”. El pretexto que esgrimieron los Jóvenes Turcos para lanzar las matanzas fue que los armenios se iban a alinear con los rusos en la Primera Guerra Mundial.

El genocidio fue una mezcla de deportaciones masivas hacia los desiertos de Siria, que entonces formaba parte del Imperio otomano, y asesinatos en masa, de las formas más brutales. La limpieza étnica fue total. “Pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, eran vaciadas de su población armenia”, escribe el narrador estadounidense de origen armenio Peter Balakian en su emocionante libro La suerte del perro negro, que publicará el Instituto Berg de Derechos Humanos en julio. Balakian mezcla los recuerdos de su familia –superviviente del genocidio– con el relato histórico de las persecuciones y narra también otra consecuencia de las matanzas: la diáspora armenia.

Ni el Holocausto ni el genocidio armenio lograron cumplir su objetivo final, borrar de la faz de la tierra a judíos y armenios. Sin embargo, sí lograron destruir culturas milenarias, la de los judíos de Europa del Este y la de los armenios de Anatolia. Tanto Auschwitz como en Deir ez-Zor, el campo en el desierto sirio donde decenas de miles de armenios fueron matados de hambre, los cementerios hebreos abandonados y las sinagogas olvidadas de Polonia o las ruinas de Ani, la capital medieval armenia, arrasada en 1921 por las autoridades de la naciente Turquía, recuerdan las ausencias que dejó atrás el horror del siglo XX, el silencio de las víctimas y el error de olvidar."                   (Guillermo Altares, El País, 01/05/21)

En Alemania no hubo desnazificación... en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi... en 1948 en Renania del Norte-Westfalia el 56% de los altos funcionarios de la policía procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS... al final de los años 50 todos los nazis condenados por tribunales de guerra se encontraron en libertad sin terminar condena

"Resistente antinazi, ex preso, exiliado en Dinamarca y luego en Suecia, donde editó la revista “Sozialistische Tribüne” con Willy Brandt, Fritz Bauer fue un jurista suabo nacido en Stuttgart, que fue detenido por la Gestapo en 1933 por ser miembro del SPD y expulsado de la judicatura por su origen judío. En 1949 regresó a la judicatura dispuesto a participar en la reconstrucción, física y moral, del país.

El primero de ellos es por haber sido iniciador del “Proceso Remer” de marzo de 1952, contra el General nazi Otto Ernst Remer, por difamación y calumnia contra los conspiradores de la “Operación Valkiria” que intentaron matar a Hitler el 20 de julio de 1944. Remer los tachaba de “traidores a la patria” y el gobierno federal parecía estar de acuerdo con ello, pues negaba la pensión de viudedad a la esposa de Claus von Stauffenberg, el principal conspirador. 

Remer fue condenado a tres meses, que eludió huyendo a España, donde murió en Marbella en 1997 tras un largo historial de negacionismo del Holocausto. Pero la resistencia fue rehabilitada. Desde entonces ya no se pudo tachar de “traidores” a sus protagonistas.

El segundo, es por el caso Adolf Eichmann. Fritz Bauer recibió en 1957 una carta de un antiguo compañero de campo de concentración residente en Buenos Aires revelándole que el jefe del departamento responsable de la deportación y aniquilación de los judíos, vivía en Buenos Aires. Su hija, explicaba el amigo, había conocido a un hijo de Eichmann, que vivía con otro apellido, y le habían chocado los fuertes juicios antisemitas del chico.

 El paradero de Eichmann, que había escapado de Alemania ayudado por el Vaticano, era conocido por los servicios secretos alemanes y norteamericanos. Bauer sabía que poner el caso en manos de la justicia alemana significaba perderlo, porque los jueces alemanes advertirían a Eichmann, y éste desaparecería. Así que se lo comunicó directamente al Mosad, que secuestró felizmente a Eichmann en Buenos Aires en 1960 (no había tratado de extradición entre ambos países), y se lo llevó a Israel, donde fue debidamente juzgado y ejecutado.

El tercer y principal motivo por el que Bauer entra en la historia es en su calidad de promotor, en 1958, de los Procesos de Auschwitz: seis juicios celebrados entre 1963 y 1968, contra 27 matarifes responsables directos del campo de exterminio, oficiales de las SS y la Gestapo. Aquello fue una proeza.

No hubo desnazificación

En Alemania Occidental, en términos generales, no hubo desnazificación. Los juicios aliados en Alemania contra los nazis fueron poca cosa y el nuevo Estado alemán los protegió y amnistió. El tribunal interaliado de Núremberg que se proponía llevar a juicio a cinco mil personas, no juzgó más que a 210. En diversos juicios, norteamericanos, británicos y franceses condenaron a 5000 personas, de las que apenas 700 lo fueron a la pena capital. Más del 90% de los miembros de las SS ni siquiera llegaron a ser juzgados.

“No sólo no hubo desnazificación, sino que hubo una renazificación, no en el sentido de que los ex nazis estuvieran otra vez en su puesto para construir un nuevo Auschwitz, sino en el de que ayudaron a levantar esta Alemania conservadora, democrática y capitalista”, me explicó el Catedrático Ossip K. Flechtheim, en los años ochenta.

Flechtheim, un compañero de Bauer, también de origen judío, que fue fiscal en varios de los procesos de Núremberg y falleció en 1998, no conocía, “ni un solo caso” de juristas de la administración nazi que fuese juzgado y castigado ante los tribunales. Incluso la mayor parte de los veinticinco miembros de la comisión de asesores del Consejo Constituyente (Parlamentarisches Rat) que redactó la constitución alemana de 1949, habían estado en activo durante el nazismo.

Los intentos de la administración aliada de ocupación por depurar la justicia, la administración pública y la policía chocaron con enormes dificultades. Se intentaba evitar un modelo de policía, alejado de las tradiciones absolutistas que desembocaron en la Gestapo. En julio de 1945 los aliados emitieron unas directrices en materia de depuración de funcionarios y de limitación del nefasto poder legislativo que la tradición prusiana ponía en manos de la policía, prohibiendo los decretos policiales y potenciando una organización descentralizada, de tipo anglosajón, y desmilitarizada de la futura policía.

 El mismo año, el Cuartel General aliado consideraba que, “con los vigentes criterios de desnazificación, el 75% de los funcionario rasos y el 90% de los oficiales de la policía no serían aptos para el servicio”. Hans Christoph Seebohm, que tres años después sería Ministro de Transportes con el Canciller Konrad Adenauer, expresaba en 1946 la mentalidad imperante al exigir públicamente “respeto” a la cruz gamada, símbolo por el que habían muerto, “tantos soldados alemanes”.

A medida que los aliados transferían competencias a la administración alemana, los propósitos democratizadores chocaban con una acción obstruccionista y restauradora. Los aliados descubrieron, por ejemplo, que en la primera mitad de 1948 sólo ocho de los diez mil registros domiciliarios practicados por la policía en once ciudades con administración alemana de Württemberg-Baden (un Land del suroeste así llamado desde 1945 hasta 1952, que no coincide del todo con los límites del actual Baden-Württemberg), contaban con el correspondiente permiso judicial. 

El Ministro del Interior responsable, el socialdemócrata Fritz Ulrich, consideraba esta práctica, “una vieja y buena tradición”. Ese tipo de irregularidades era generalizado en todo el país, y un documento oficial norteamericano de la época consideraba la “necesidad de fortalecer la resistencia civil de los alemanes contra las prácticas contrarias a la ley”, explica el sociólogo e historiador Falco Werkentin.

Cuando en febrero de 1951 se creó una “Guardia Federal de Protección de Fronteras”, que en realidad era una tropa militarizada dirigida a la intervención interior, el Bundesgrenzschutz, se constató que el 62% de sus oficiales eran ex militares de la Wehrmacht y sólo el 7% ex funcionarios de policías. Otro 31% lo componían ex policías que habían sido transferidos a la Wehrmacht durante el nazismo. 

Los manuales de instrucción anti-insurgente de ese cuerpo tomaban como inspiración las experiencias en ese sentido del periodo 1918-1943, incluida la represión de la “lucha contra el bandidaje” durante la Segunda Guerra Mundial, lo que se refería al combate contra la resistencia, y operaciones como el aplastamiento de la insurrección de Varsovia y otras masacres del frente ruso.

Purga anticomunista

A medida en que se fue entrando en una dinámica de guerra fría, los aliados fueron abandonando escrúpulos y perspectivas reformadoras en beneficio de un frente anticomunista

que valoraba más la seguridad y firmeza anticomunista de un ex nazi que el peligro potencial que éste pudiera representar para un orden democrático. 

Es así como en lugar de desnazificación, la administración alemana procedió a una limpieza de comunistas. En enero de 1948, una investigación realizada en Baviera contabilizó un 2,9% de miembros del Partido Comunista Alemán (KPD) y un 5,2% de simpatizantes en la policía municipal. En la policía regional las cifras eran 0,26% y 0,9%, respectivamente. El mismo año, el Ministro del Interior socialdemócrata de Renania del Norte-Westfalia informó que el 56% de los altos funcionarios de su policía procedían del partido nazi (NSDAP) y de las SS.

La campaña contra los comunistas se mantuvo pese a que la influencia comunista iba descendiendo claramente en Alemania Occidental. A partir de 1953, el KPD ya nunca superó el 5% de los votos en las elecciones, pero los comunistas y sus simpatizantes siguieron siendo objeto preferente de la policía y la justicia, con cerca de 100.000 sumarios, fiscales y policiales, abiertos entre 1951 y 1961.

La judicatura ofrecía un panorama similar; en Baviera el 81% de los jueces tenían un pasado nazi, mientras que en Württemberg-Baden, el 50%. “En Hesse”, me explicó Flechtheim, “los norteamericanos nombraron a un conocido mío para que buscara jueces sin antecedentes nazis. Consiguió reunir a una cuarentena, a los que situó en los puestos más altos. Luego, la administración de justicia pasó a manos alemanas y después de un año, de aquellos cuarenta sólo dos permanecían en su puesto: los demás habían sido relegados a puestos de poca monta, en el registro de propiedad y similares”.

 En 1949, las directrices de la Alta Comisión Aliada insisten todavía, en un tono que ya parece de desesperación, en que, “la organización de la policía no se centralice de tal forma que suponga una amenaza a la forma democrática de gobierno”. Pronto se vería que ese propósito, así como en general el de reformar la burocracia de Estado de la Alemania ocupada, fracasó, en parte debido a las dificultades de una política desbordada por las urgencias y prioridades de la reconstrucción de un país que estaba literalmente en ruinas, en parte por las resistencias del objeto de esa reforma, y en parte también por la consideración, expresada en una publicación del Departamento de Estado norteamericano de 1947, de que una enérgica desnazificación habría tenido, “consecuencias revolucionarias para la vida política y económica del país”.

Francotirador y humanista

Los procesos de Francfort que Bauer inició, fueron una pequeña excepción en ese contexto restaurador. Condenar a algunos de aquellos 27 monstruos, aunque fuera a penas leves por prescripción, tuvo una gran importancia. Para hacerse una idea del ambiente, en los procesos los acusados fueron saludados militarmente por algunos de los policías cuando pasaban delante de ellos en la misma sala de la Audiencia de Francfort, y Bauer, que era el fiscal, recibió amenazas e insultos durante aquellos juicios.

En el contexto de la Alemania de Adenauer, Bauer era un democratizador genuino, un hombre que no estaba interesado en la venganza sino en la justicia y el arrepentimiento –era un adversario de la pena de muerte- y que creía fervientemente en la redención de Alemania, asunto en el que cifraba todas sus esperanzas en la juventud. El movimiento de 1968, que en Alemania fue más profundo que en Francia y derribó culturalmente gran parte de aquella herencia, le dio la razón en lo que tuvo de ajuste de cuentas generacional con los nazis y la cultura que había hecho posible el nazismo. Bauer fue un precursor.

En 1962 su ensayo, “Sobre las raíces de la acción nazi” debía ser distribuido en las escuelas de Renania-Westfalia, pero el Ministro de Cultura del Land, Eduard Orth, lo prohibió. Emplazado para una discusión pública con Bauer, Orth declinó acudir, pero envió en su lugar a una joven promesa de su partido. Se llamaba Helmuth Kohl y en el debate con Bauer, el joven Kohl defendió la idea de que aun era “demasiado pronto para hacer un juicio moral sobre el nazismo”.

Una muerte oscura

El jurista distinguía tres sujetos en el origen del nazismo; “primero, los nazis que propugnaban ideas y actitudes nazis, una minoría importante. Segundo, la gente autoritaria y cruel educada en el militarismo prusiano y en la tradición de Lutero. Tercero, la gran masa de obedientes, conformistas y oportunistas”, decía. Unos y otros, coincidían en que el humanismo, la compasión y la solidaridad, son síntomas de flojera e ingenuidad mental, una idea que ahora la nueva derecha hace suya con el concepto “buenismo”, explica Ilona Ziok, la directora que le ha dedicado a Bauer un largo documental.

 Con ese discurso y actitud, Bauer fundó, en 1961, la “Humanistische Unión”, la organización de derechos humanos más influyente de la moderna Alemania cuyo objetivo era, “la liberación de las ataduras de la obediencia automática al Estado”, que llevaron a Alemania a tan funestos resultados.

El Fiscal de Hesse trabajaba a contracorriente. Quien marcaba la línea era Eduard Dreher, el encargado de la reforma del código penal en el Ministerio de Justicia a partir de 1954. Fue Dreher quien impuso la prescripción para los crímenes de “complicidad con asesinato” que liberó de toda responsabilidad a los nazis y tuvo el efecto de una amnistía. Las medidas de gracia de los años cincuenta tuvieron por resultado que a final de aquella década todos los nazis condenados por tribunales de guerra se encontrasen en libertad sin terminar condena.

 Nada más lógico si se recuerda el pasado de Dreher, que en 1943 había sido fiscal especial en Innsbruck, encargado de revisar sentencias a cadena perpetua para convertirlas en pena capital, lo que envió a centenares de “delincuentes políticos” a la muerte. Bauer, al contrario, fue el reformador del derecho penal y de la legislación penitenciaria alemana y el luchador por una valoración apropiada del Holocausto. “Por todo eso fue visto como adversario y enemigo”, afirma Ziok, que dice haber encontrado “muchas dificultades” para financiar su película, dos veces rechazada por el Ministerio de Cultura.

Fritz Bauer murió a finales de junio de 1968. Encontraron su cuerpo en la bañera de su casa, en lo que se dijo pudo ser suicidio o accidente. Que un hombre tan tenaz y voluntarioso cometiera suicidio, es poco creíble. “Mucha gente cree que fue asesinado, pocos creen que fue suicidio o accidente”, dice Ziok. No hubo autopsia. “Toda la documentación sobre su muerte desapareció en el incendio de un archivo jurídico de Francfort”, explica la directora.

Gracias, sobre todo, a las presiones de abajo del movimiento de 1968, Alemania emprendió un considerable examen de conciencia sobre su pasado nazi, que hoy continúa. La ventaja de Alemania respecto a Japón, país que aun hoy honra como patriotas a sus criminales de guerra, es enorme y manifiesta. Al mismo tiempo, Alemania y Japón tienen en común el haber prácticamente anulado la gran ventaja moral que extrajeron de su condición de derrotados en la Segunda Guerra Mundial, al legalizar hoy la utilización de sus fuerzas armadas fuera de sus fronteras, que sus respectivas constituciones complicaban."                 (Rafael Poch, blog, 05/04/20)