Entre 8.000 y 20.000 niños y niñas de las familias chilenas más humildes fueron secuestrados y entregados en adopción en Europa y EE UU durante la dictadura de Pinochet

 "En los 70 y los 80, durante la dictadura de Pinochet, entre 8.000 y 20.000 niños y bebés chilenos, provenientes de familias pobres y jóvenes, fueron adoptados de manera irregular por familias de Europa y América del Norte. Más de 260 niños y niñas, hoy mayores, han buscado sus orígenes, han encontrado a sus familias biológicas, y han podido conocer su identidad. Varias organizaciones de Chile y de Suecia presionan a sus gobiernos para que acompañen está búsqueda y encuentren responsables. Por ahora, solo han encontrado negativas.  

Tal y como sucedió durante el franquismo, en Chile se utilizaron fundamentalmente tres maniobras. Muchas de las madres fueron engañadas, se les dijo que sus hijos habían nacido muertos sin dejarles ver el cuerpo ni recibir un certificado de defunción; se les hizo firmar papeles dando su consentimiento en la entrega, cuando muchas no sabían ni leer ni escribir; y/o se las declaró incompetentes para la crianza de sus hijos. 

Las víctimas no solo eran pobres, muchas pertenecían a la comunidad mapuche. Es el caso de María Diemar, que nació en el sur de Chile el 3 de julio de 1975 y llegó a Suecia con diez meses. Cuando María llegó al aeropuerto traía consigo el pasaporte chileno, una cédula de identidad, la sentencia del Juzgado de Menores de Temuco y el certificado de nacimiento. “En esos documentos estaba el nombre de mi mamá en Chile. Algunos documentos fueron archivados en la Agencia de Adopción Sueca, pero otros se los quedaron mis padres”, cuenta María. 

“Cuando tenía tres años y llegó mi hermano a Suecia, mis padres me explicaron que yo también había llegado en un avión, y que nuestras familias en Chile no podían cuidarnos porque eran pobres y jóvenes. Para mí Chile era una abstracción, pero a los diez años me mostraron una traducción que tenían de la sentencia y cuando pude leerla por mí misma eso me cambió la vida. Ahí supe que mi mamá estaba en Chile y decidí que quería buscarla, que necesitaba aprender castellano y buscar información sobre Chile”, relata.

Según explica la historiadora Karen Alfaro, los primeros reportes de la Policía de Investigaciones de Chile apuntaban la responsabilidad de las adopciones irregulares al Centro Sueco de Adopción, donde sus empleados —sobre todo, trabajadores sociales—, participaron como “captadores de los niños y niñas, principalmente de familias pobres”. Sin embargo, la trama de tráfico de niños también contó con la complicidad de hospitales públicos, médicos, hogares infantiles y guarderías.

Los robos de niños en el tiempo

Las adopciones internacionales formaron parte de una estrategia nacional de reducción de la pobreza infantil que la dictadura militar trató de llevar a cabo sacando del país a los niños y niñas más necesitados. Comenzaron antes de que Pinochet tomara el poder (1973), pero para 1978 ya era una política pública. El Estado presionó a las madres para que entregaran a sus hijos, y el miedo impuesto por la dictadura impidió mayores resistencias. Para Alfaro, “el tema de la periodización es importante porque es un criterio político”. Alfaro es la autora de la investigación académica Niños y niñas chilenos adoptados por familias suecas (1973-1990) de la que se hicieron eco diferentes medios internacionales como The Guardian o el diario sueco Dagens Nyheter, y que causaron revuelo mundial. “Decir que no se concentra solo en dictadura es tratar de despolitizar el tema. Desde 1965 hasta 1988 estuvo vigente una ley de legitimación adoptiva que implicaba que se borraran los orígenes. Muchas adopciones se hicieron con ese marco legal, pero hay que distinguir las adopciones nacionales e internacionales. Durante la dictadura es donde se concentran la mayor parte de las adopciones internacionales amparadas por esta ley, pero también por una política de la dictadura de promoción internacional”.   

Aunque a comienzos de los 70 se escucharon los primeros testimonios que hablaban de mujeres que recibían presiones para entregar a sus hijos, no fue hasta 2017, con la difusión de una serie de documentales de Alejandro Vega en el canal Chilevisión, que el tema logró instalarse en la agenda pública. “Lo que yo he logrado investigar es que a la dictadura le interesó promover la adopción a aquellos países que habían recibido un número importante de exiliados chilenos para contrarrestar la campaña contra la dictadura y poder generar alianzas con sectores conservadores”, sostiene Alfaro.

“En el caso de Suecia se establece un vínculo con la Sociedad Suecia-Chile, que son sectores de extrema derecha, que promueven una campaña pro Chile para desarrollar negocios y otras relaciones diplomáticas. En ese marco, se desarrolla el vínculo con el Centro de Adopción Sueco, que funcionó en Chile durante la dictadura a través de instituciones públicas como la Casa Nacional del Niño, y que también logró establecer redes con funcionarios de alto nivel. Este centro tenía una representante en Chile que es Anna María Elmgren”, añade. Elmgren, que aparece en uno de los documentales de Vega, es una pieza clave de todo este entramado.   

El otro motivo, de mayor peso aún, era reconstruir las relaciones internacionales de un país que había quedado aislado después del golpe militar que derrocó al Gobierno de Salvador Allende en 1973. Esto fue particularmente importante con países —y gobiernos— que, además de haber recibido exiliados chilenos, eran críticos con las violaciones a los derechos humanos, como Suecia. Para Alfaro, la adopción de niños y niñas chilenos por parte de familias suecas tuvo dos momentos: el primero, entre 1973 y 1977, estaba asociado “principalmente a la ayuda humanitaria producto de la difícil situación de la niñez chilena”. En el segundo momento (1978-1988), cuando el régimen militar de Pinochet desarrolló un plan para mejorar la imagen del país en Suecia.

María

De origen sueco, Elmgren llegó a Chile en 1965 y organizaba el envío de niños y niñas a través del Centro de Adopción Sueco. Aunque la ley de adopción chilena exigía un periodo de acogida de dos años en Chile antes de poder iniciar una adopción en el extranjero, el juez dio permiso a Elmgren para sacar a María Diemar del país con sólo dos meses de edad. El nombre de Elmgren aparece una y otra vez en los formularios oficiales en calidad de tutora en adopciones rápidas a Suecia como la de María, y en casi todas estas adopciones el proceso legal se completó en el extranjero.

Gracias a una prueba de ADN, María descubrió que su origen es casi un 98% mapuche. “Pensé que sabiendo el nombre de mi mamá iba a ser fácil encontrarla, pero no fue así”, cuenta. A sus padres adoptivos no se les había dicho nada sobre sus orígenes mapuches, y sus papeles en Temuco –su ciudad de origen–, parecen indicar que el proceso de adopción nunca se completó. “Empecé la búsqueda a los 20 años (1995), pero ni en la Agencia de Adopción Sueca, ni en los lugares que visite en Chile me dieron información, pero en Santiago, una mujer del Registro Civil me dijo que mi madre estaba viva, que estaba casada y que seguía viviendo en el Sur, pero que no podía darme su contacto”. 

En el año 98 la agencia contactó con María para darle el contacto de una mujer chilena que había cuidado de ella en Santiago antes de salir del país. “La llamé y la fui a ver. Vivía en un barrio donde también había otras diez mujeres que habían cuidado niños para la agencia en los 70 u 80. Esta mujer que me cuidó a mí, Tita, me contó que ella había cuidado entre 300 y 400 niños. Su hermana, Teresa, aparece en los documentales de Alejandro Vega, contando cómo le pagaban por ese trabajo. A mí eso me dejó shockeada”. Por entonces María empezó a entender que había una trama organizada detrás de todas esas adopciones.

María regresó a Suecia e insistió —sin suerte—, con la agencia para que la ayudaran en su búsqueda, pero no fue hasta 2003 cuando una estudiante de periodismo chilena, y su tío, la ayudaron para dar con su madre. En ese momento, María no solo tuvo la certeza de que su madre estaba viva, sino que también supo que no había querido darla en adopción. María no ha podido conocer en persona a su madre biológica porque esta está casada y teme la reacción que pueda tener su marido al conocer esta historia, pero sí ha podido vincularse con algunos de sus hermanos y por intermedio de ellos ha visto fotos, recibido cartas y, alguna vez, hasta ha hablado por teléfono con su madre biológica.

En los últimos diez años tanto periodistas como investigadores han encontrado pruebas sobre estas adopciones irregulares. Alfaro descubrió que las familias adoptantes en Europa y Estados Unidos pagaron a las agencias internacionales entre 6.500 y 150.000 dólares por niño, y que una parte de ese dinero iba a parar a distintos profesionales chilenos dispuestos a identificar niñas y niños “idóneos” y separarlos de sus familias biológicas. 

Según se señala en el artículo publicado por The Guardian, “en junio de 2017, los investigadores policiales que registraron la casa en Santiago de una de las antiguas socias de Elmgren, Telma Uribe Ortega, una trabajadora social jubilada, descubrieron los expedientes de 579 niños enviados al extranjero”. Los expedientes contenían información sobre los menores adoptados, las malas condiciones de vida de sus madres, una lista de 29 trabajadores sociales descritos como “captores” y detalles sobre el dinero que intercambiaban. Uribe está viva pero se negó a hacer declaraciones.

Investigar

En septiembre de 2018, ante la presión de distintas organizaciones que trabajan en la búsqueda de la identidad arrebatada a estos niños y niñas, el Congreso chileno creó una comisión investigadora que escuchó testimonios de niñas, niños, madres y diferentes actores institucionales. En julio de 2019, la comisión publicó un informe de 144 páginas que describía “mafias” de profesionales de la salud que garantizaron, a través de un “negocio lucrativo”, un suministro estable de bebés, una práctica que se fue sofisticando con el correr del tiempo, al mejor estilo de la dictadura franquista. El informe concluye que se trata de crímenes contra la humanidad.  

“La dictadura elaboró el Plan Nacional de Menores que promovía la adopción, acortaba los tiempos de la gestión y centralizaba las solicitudes en la Casa Nacional del Niño, institución en la que se desempeñaban además representantes del Centro Sueco de Adopción”, detallan los investigadores en el informe. Ante la falta de documentos —ya que la ley de adopción establecía que la documentación podía ser eliminada de los registros públicos—, la Comisión propuso la creación de una comisión investigadora que pueda investigar a nivel nacional e internacional, y la de un Banco de ADN que facilite los reencuentros. 

En enero pasado, ante los resultados del informe y las presiones ejercidas por la difusión de distintas investigaciones en la prensa, tanto el Gobierno chileno como el sueco, se vieron conminados a hacer declaraciones públicas. El ex ministro de Justicia chileno —anterior a la asunción del nuevo Gobierno en marzo pasado—, Hernán Larrain, anunció un plan piloto para acompañar la búsqueda de las familias de 700 víctimas de adopciones ilegales.  

“Suecia tuvo, sobre todo en la época de Olof Palme, un tipo de política distinta, pero esa política da un giro en el año 78 y pasa de una acción súper decidida en relación a condenar la dictadura a restablecer relaciones comerciales con la dictadura en los 80”, opina Alfaro. En su investigación Alfaro pudo comprobar que los niños no salían ya adoptados sino con una tutela de un tercero que podía ser Elmgren, algún representante de una fundación o hasta una auxiliar de vuelo. Es decir, el trámite de adopción se realizaba mayoritariamente en el extranjero. “Esto demuestra que hay responsabilidades de los Estados receptores. Lo que he visto es que algunos jueces suecos preguntaban antecedentes de estos niños, y porque llegaban en tan alta cantidad niños chilenos, o sea, que veían algún tipo de irregularidad y no tomaron las medidas que correspondían, que implicaba investigar lo que estaba pasando”.

El 15 de marzo pasado la organización Hijos y Madres del Silencio —una agrupación que apoya la búsqueda de víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños en Chile—, dio a conocer el encuentro número 263. En Suecia, los niños, hoy adultos, que investigan adopciones irregulares, conformaron la agrupación Adopction.se, de la que María Diemar es su vocera. “Lo llamativo es que en Suecia siempre puedes contar con que el Estado te ayude cuando te pasa algo, pero con el tema de las adopciones ilegales no nos ayudan para nada”, concluye María.

“Hemos tenido reuniones con un grupo de representantes del gobierno sueco, pero nos dicen que no pueden hacer mucho, a pesar de lo que han declarado en la prensa estos últimos días. Lo raro es que cuando hemos tenido reuniones con autoridades del Estado ni siquiera toman notas, cuando es algo que habitualmente hacen”. También les han dicho que no van a buscar responsables. 

Las noticias que empezaron a circular en distintos países sobre posibles irregularidades en las adopciones, obligaron —de alguna manera— al Gobierno sueco, a anunciar la formación de una comisión para investigar más de 60.000 adopciones internacionales realizadas desde 1950 desde países como Chile, Colombia, Corea del Sur, China y Sri Lanka, principalmente. La ministra sueca de Asuntos Sociales, Lena Hallengren, resaltó que la investigación, que presentará sus conclusiones en 2023, tendrá un foco especial en China y Chile. “El investigador examinará si se produjeron irregularidades en los países desde los que provienen la mayoría de las adopciones, así como en los países en los que hay fuertes sospechas de que hubo irregularidades”, señaló Hallengren.

Asimismo, según se detalla en el artículo publicado por The Guardian, para Kerstin Gedung, actual directora del Centro de Adopciones, las leyes han mejorado y la organización ha contribuido a elaborar directrices y normas éticas para la adopción internacional. “Trabajamos de acuerdo con el marco legal que existía en Chile en los años 70 y 80 y las adopciones fueron legalmente correctas y confirmadas en los tribunales de Chile y Suecia”, sostuvo Gedung.  

Según la agencia de adopción sueca, las adopciones se cerraban en un tribunal de distrito sueco y el papeleo se enviaba de vuelta a Chile. Si los funcionarios chilenos no completaron el proceso de adopción, añadió, tal vez sea más correcto señalar todo como un error. Para Gedung, sí se trataba de una práctica ética o no es otro debate. En septiembre de 2020, Jon Thorbjörnson, del Partido de la Izquierda, presentó una moción en el Parlamento sueco pidiendo una investigación sobre el papel de su país en el escándalo de las adopciones. 

Derecho a la identidad

Por otra parte, en febrero pasado, en el marco de la Convención Constitucional chilena, se presentó una iniciativa de norma constitucional que pretendía consagrar el derecho a la identidad de origen en la nueva Constitución, pero que fue rechazada por casi la mitad de los constitucionales hace algunos días. Alfaro confía en que esa norma pueda desprenderse de otras normas constitucionales relativas a derechos humanos que ya han sido aprobadas, y que formarán parte de la nueva Constitución, y tiene depositadas sus esperanzas en el nuevo Gobierno de Gabriel Boric, que ya ha señalado que el tema de los derechos humanos es una de sus prioridades. “En el Gobierno de Piñera nunca existió voluntad política de investigar”, sostiene.

Por lo demás, miles de familias han acudido a la organización Hijos y Madres del Silencio (HMS), en búsqueda de sus orígenes. Esta agrupación, que participó de la propuesta, estimaba de suma importancia esta iniciativa ya que abría la puerta para que diferentes instituciones —hospitales, archivos del registro civil, clínicas, hospitales de las Fuerzas Armadas y hogares de menores, entre otros—, colaborasen con la entrega de información que resulta central en este tipo de búsquedas, y obliga al Estado a reconocer estas graves violaciones a los Derechos Humanos.

Para Alfaro tanto Suecia como Chile han querido hacer ver que se trata de una cuestión entre particulares, y que los Estados no tienen responsabilidad, “pero al ser un secuestro permanente de personas, y de niños —que aún no han podido reencontrarse con sus familias biológicas, y por lo tanto permanecen secuestrados—, son delitos que no prescriben. Es lo mismo que el tratamiento que se le ha dado al caso de los bebés robados en España. Es decir, es un tipo de adopción eugenésica, que no es sólo por razones políticas sino que el pobre pasa a ser un enemigo”.               (Cecilia Valdez   , El Salto, 17/05/22)

The New York Times: Los investigadores creen que es posible que miles de niños chilenos hayan sido arrebatados a sus padres durante la dictadura de Augusto Pinochet... que fomentó activamente las adopciones en el extranjero para reducir la pobreza en las décadas de 1970 y 1980. El proceso contó con la ayuda de una amplia red de funcionarios —entre los que se encontraban jueces, trabajadores sociales, profesionales de la salud y agentes de adopción— que falsificaron documentos y se supone que aceptaron sobornos... el número de casos bajo escrutinio podría llegar a 20.000... ‘No podía entender lo que pasaba’: cientos de chilenos adoptados en el extranjero han descubierto que fueron víctimas de la trata de personas

 "Mientras crecía en Minnesota, Tyler Graf no sabía casi nada de su madre biológica. Y dice que, lo poco que sabía, le dolía.

 En los documentos de adopción figuraba su nombre, Hilda del Carmen Quezada; su edad, 26 años; la fecha, 2 de marzo de 1983; y el hospital donde lo parió en el centro de Chile. Los documentos también incluían una nota del juez en la que se decía que Quezada lo entregaba porque tenía poco dinero y “otros hijos que mantener”.

“Nunca pensé que ninguna excusa sería suficiente”, dijo Graf, quien ahora es bombero en Houston. “Cargué con esa animosidad, ese resentimiento, toda mi vida”.

 La afirmación de que su madre lo entregó voluntariamente le dolió, dijo Graf, hasta que se enteró este año de que es uno de los cientos —posiblemente miles— de chilenos adoptados que fueron arrebatados a sus padres sin su consentimiento durante la dictadura militar del país.

Resultó que Quezada no había entregado a su hijo; le dijeron que el bebé, prematuro, nacido tres meses antes de la fecha esperada, había muerto.

“A las dos semanas del parto me dijeron que había muerto”, dijo Quezada. “Yo pedí que me entregaran el cuerpo y me dijeron que no porque era muy chiquitico”.

 Los investigadores que investigan las adopciones coercitivas en Chile desde que salieron a la luz los primeros casos en 2014 han llegado a una conclusión sorprendente: la práctica se extendió durante el gobierno del general Augusto Pinochet, que fomentó activamente las adopciones en el extranjero para reducir la pobreza en las décadas de 1970 y 1980. El proceso contó con la ayuda de una amplia red de funcionarios —entre los que se encontraban jueces, trabajadores sociales, profesionales de la salud y agentes de adopción— que falsificaron documentos y se supone que aceptaron sobornos.

 En los últimos años, más de 550 personas adoptadas se han reencontrado con sus familias biológicas. Pero los investigadores afirman que la trama, que aún se está descubriendo, probablemente implicó a muchos más niños.

Los funcionarios judiciales chilenos están investigando unos 650 casos de adopciones irregulares, un fenómeno que el Ministerio de Justicia calificó en un comunicado como “extremadamente grave”.

Mario Carroza, un juez chileno que abrió una investigación penal sobre las adopciones en 2018, dijo que los investigadores estaban analizando las circunstancias de unas 8000 adopciones en el extranjero que tuvieron lugar entre 1970 y 1999. El juez Carroza dijo que el número de casos bajo escrutinio podría llegar a 20.000.

En octubre, Suecia comenzó una investigación sobre las adopciones irregulares, respondiendo a la presión de los adoptados chilenos criados en ese país que han usado las pruebas de ADN para establecer sus conexiones con los padres biológicos en Chile que han perdido un hijo.

El general Pinochet tomó el poder en 1973, en un sangriento golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende, el presidente chileno de izquierda. Luego lideró un régimen brutal en el que la economía del país creció mientras miles de opositores eran ejecutados, desaparecidos, detenidos, torturados y exiliados.

Años después de la muerte del general en 2006, los chilenos se han horrorizado al saber cómo se generalizaron las adopciones coercitivas bajo su mandato.

“Se conoce la historia de violación de derechos humanos durante la dictadura, los casos de tortura, detención política, represión, pero esto ha sido invisibilizado”, dijo Boris Barrera, un miembro del Congreso que lideró una investigación legislativa sobre el asunto en 2018.

 Las denuncias de adopciones coercitivas en Chile son anteriores a la dictadura. Pero la práctica se volvió escalofriantemente común a partir de finales de la década de 1970, cuando el gobierno de Pinochet comenzó a promover explícitamente las adopciones durante un período de crisis económica, dijo Karen Alfaro Monsalve, una profesora de la Universidad Austral de Chile que ha investigado la historia de las adopciones coercitivas.

 “Lo que hay en el fondo es la salida de niños pobres que eran un escollo para lograr el desarrollo económico del país”, dijo Alfaro Monsalve. “Pinochet tenía una especie de emigración forzada que le permitía controlar la cantidad de población en Chile y poder llevar a cabo el giro neoliberal”.

La práctica abusiva fue objeto de escrutinio en 2014, después de que la agencia de noticias de investigación chilena CIPER publicara un artículo sobre un puñado de adopciones coercitivas, documentando el papel desempeñado por un sacerdote y un médico. En los años siguientes, a medida que decenas de adoptados criados en Chile y en el extranjero se lanzaron a rastrear sus raíces, muchos de ellos mediante pruebas de ADN, un patrón inquietante se hizo más evidente.

Cientos de mujeres se presentaron con relatos similares de pérdida inesperada de sus bebés poco después de dar a luz. A muchas les dijeron que habían nacido muertos, mientras que otras afirmaron que funcionarios del gobierno se hicieron cargo de ellos.

 La comisión del Congreso dirigida por Barrera culminó con un llamamiento al gobierno chileno para que establezca una comisión de la verdad y reparación y para que construya una base de datos de ADN que permita conectar a los adoptados con las familias biológicas. Pero hasta ahora no se ha acusado a nadie en relación con los secuestros.

Los funcionarios judiciales han moderado las expectativas al señalar que la prescripción de los delitos hará difícil llevar a los individuos ante la justicia.

 Constanza del Río, una de las fundadoras de Nos Buscamos, una organización que ayuda a los adoptados que fueron víctimas de trata, dijo que el hecho de que el gobierno no haya investigado los crímenes con más diligencia es inexcusable.

“No tenemos 25 años para que ellos investiguen a paso de tortuga porque tenemos madres que se están muriendo”, dijo. “La justicia a lo mejor llega pero va a llegar demasiado tarde”.

 Quezada, de 65 años, que tiene tres hijas, nunca hizo las paces con la pérdida de su hijo. Lo lloraba cada año en su cumpleaños, dijo. Décadas más tarde, todavía podía imaginar los prominentes ojos negros que la miraban desde la incubadora la última vez que lo vio.

Cuando empezaron a circular noticias sobre las adopciones ilegales, Quezada se horrorizó, dijo, pero nunca se permitió un atisbo de esperanza, hasta que sonó su teléfono un día del pasado mes de mayo.

Se trataba de Marisol Rodríguez, fundadora de Hijos y Madres del Silencio, una organización de voluntarios que ha facilitado la reconexión de más de 250 familias separadas por adopciones forzadas.

Rodríguez le explicó a Quezada la improbable cadena de acontecimientos que condujo a la llamada. Hace años, dijo Rodríguez, su hijo, que era bombero, había ido a Houston para un ejercicio de entrenamiento. Allí entabló amistad con un bombero estadounidense que dijo haber sido adoptado en Chile.

 El hijo de Rodríguez se ofreció a intentar localizar a los padres biológicos de su nuevo amigo y regresó a Chile con copias de su expediente de adopción. Una vez en el país, entregó los documentos al grupo de Rodríguez, que vio en el expediente los signos reveladores de una adopción forzada.

Quezada se quedó boquiabierta.

“No podía digerir la información”, dijo. “No podía entender lo que pasaba”.

Pero la conmoción dio paso a un ardiente deseo de recuperar el tiempo perdido. Días después de conocer la noticia, Quezada hizo una videollamada y vio por primera vez a su hijo como adulto.

 “Cada músculo de mi cuerpo se tensó y mis ojos se llenaron de lágrimas”, recuerda Graf. “Sentí como si me hubieran golpeado con un bate y estuviera viendo estrellas”.

En pocas semanas, Quezada se subió a un avión por primera vez en su vida y voló a Houston. En un reencuentro organizado por un periodista local, Quezada sorprendió a su hijo, que se derrumbó en los brazos de su madre.

“Fue el abrazo más apretado”, recuerda Graf. “Nos dejaron solos en los brazos del otro y nos abrazamos y ella me besó y nos quedamos llorando”.

Algunos adoptados chilenos han encontrado una respuesta muy diferente tras localizar a un padre biológico. María Diemar, que se crio en Suecia tras ser trasladada desde Chile cuando era una bebé en 1975, pasó años buscando pistas que finalmente la llevaron a localizar a su familia biológica en el sur de Chile.

 Se enteró de que su madre, que había trabajado como empleada doméstica cuando ella nació, había sido obligada a renunciar a la bebé por su empleador de ese momento. La noticia de que su hija desaparecida intentaba ponerse en contacto no fue bien recibida porque, según le dijeron a Diemar, su madre mantenía una relación abusiva con un hombre que no sabía del nacimiento.

Eso no impidió a Diemar indagar en el caso de su hermano menor, Daniel, que también fue adoptado en Chile. A la madre del niño también le habían dicho que había muerto durante el parto. Los dos se han vuelto cercanos en los últimos años, lo que Diemar considera una victoria.

“Ha significado mucho viajar a Chile con Daniel, compartir la historia de nuestra crianza, nuestra infancia, y simplemente estar en el país en el que se suponía que debíamos estar”, dijo. “Es muy sanador hacer esto juntos”.

Diemar dijo que tenía poca fe en que las investigaciones en curso en Chile y Suecia condujeran a acciones judiciales.

“Pero creo que es importante que los libros de historia digan que esto ocurrió”, dijo. “Fueron crímenes”.

Desde que se reencontró con su madre, Graf ha experimentado un aturdimiento emocional. Ha tenido estallidos de ira, momentos de gratitud y sentimientos de indignación.

Pero, en última instancia, reconectar con su madre biológica fue tan sanador y clarificador que creó una organización para suministrar kits gratuitos de la empresa MyHeritage DNA a los adoptados y a las familias que creen que pueden haber tenido un bebé robado.

“Estamos recuperando 38 años de tiempo perdido”, dijo. “Un tiempo que no podemos recuperar”.      (Ernesto Londoño es el jefe del buró de Brasil, The New York Times Ámerica Latina, 17/12/21)

El delator...

"En junio de 1977 se presentó en la Vicaría de la Solidaridad de Santiago de Chile un joven que quería, dijo, hacer una confesión: y quería que fuese grabada, como testimonio para el futuro. 

La Vicaría de la Solidaridad fue creada por el arzobispo para socorrer a las víctimas del golpe de Estado y a sus familias: mal tolerada, pues, por la Junta de Gobierno. La sospecha de que aquel hombre fuese el instrumento de una provocación era más que legítima. Fue por consiguiente rechazado. Se volvió a presentar y fue de nuevo rechazado. 

Cuando volvió por tercera vez, quizás considerando que un verdadero provocador no habría insistido tan desesperadamente, se aceptó grabar su confesión. Tuvo así identidad –nombre, historia y, muy poco después, destino– la más espantosa figura de los días del golpe de Estado y de la represión: parecía una evocación de los tiempos de la Inquisición: atroz alucinación, atroz símbolo. El hombre del rostro oculto, el hombre del pasamontañas. 

Aquel que sin decir una palabra, solo con el gesto de la mano, escogía de entre los prisioneros hacinados en el estadio nacional al que mandar a la tortura y a la muerte. Uno de los liberados recuerda: 

«El siniestro personaje, escoltado por militares, pasaba revista a millares de prisioneros. A pesar de su estatura insignificante, su ropa nueva y cursi y su paso inseguro, el hombre del pasamontañas se imponía a todos como una fantasmagórica presencia e imponía en los graderíos un silencio lleno de pánico… Nosotros lo mirábamos con ansiedad… Algunos volvían la cabeza para no ser identificados o trataban de escabullirse hacia los retretes. 

Cualquiera de nosotros podía encontrarse ante el índice del hombre del pasamontañas: en una tensión que llegaba al paroxismo, encontraba expresión el drama de un pueblo prisionero frente a la tortura y la traición. Esta delación nos daba una especie de vértigo. ¿Se trataba de un traidor o de uno que siempre había sido enemigo nuestro? ¿De qué partido era, de qué condición social había salido, cómo había logrado estar entre nosotros sin que lo descubriéramos?

 El hombre se acercaba, se detenía, continuaba la búsqueda: a veces volvía atrás para reconocer mejor a alguno. Sus ojos, aquellas oquedades orladas de negro del pasamontañas, se cruzaban con miradas aterrorizadas, miradas interrogantes, miradas intrépidas. Él caminaba lentamente y lentamente escogía las víctimas: bastaba un gesto de su mano…»

Bastaba un gesto de su mano –o al menos así lo había creído, como lo habían creído los prisioneros hacinados en el Estadio Nacional– para dar tortura y muerte; y helo aquí ahora, ya sin aquel poder, intentando ponerse, miserable, innoblemente, de parte de las víctimas: delante de una grabadora y, presumiblemente, delante de un cura.

«Me llamo Juan René Muñoz Alarcón, carnet de identidad 4824557/9. Tengo treinta y dos años, estoy casado y vivo en el 331 de la calle Sargento Menadier, en Puente Alto, Población Malpo. Soy un ex dirigente del Partido Socialista, ex miembro del comité central de la Juventud Socialista, ex dirigente nacional de la CUT (Central Única de Trabajadores). Pertenecí a la confederación de trabajadores del cobre… El hombre del pasamontañas del Estadio Nacional soy yo». Así comienza la confesión.

 Pero cae súbitamente en la reticencia en cuanto a las razones que lo habían decidido a dejar el Partido Socialista, cuatro o cinco meses antes del golpe de Estado militar: «no estaba de acuerdo en ciertas cosas»; y, sin más, es ambiguo al hablar de las persecuciones de que fue objeto por parte del Partido Socialista. 

Dice: «quemaron mi casa, he perdido a mi familia». Si lo entendemos literalmente, parece que su familia (mujer y seis hijos) murió en el incendio de la casa. Pero poco antes ha dicho que era casado y no viudo: da la sensación de que hablaba figurada, metafóricamente, de una ruina económica que ocasionó la disgregación familiar (en Sicilia, por ejemplo, la expresión «bruciare la casa», quemar la casa, quiere decir también ruina económica: no es infrecuente el sobrenombre de «ardicasa», quemacasa, a quien por excesiva prodigalidad destruye la propia familia). 

Y, por otra parte, si de verdad hubiese vivido tanta tragedia –la casa quemada, la familia muerta–, se habría detenido en contarla con más detalles y más obsesivamente.

Aceptamos que sus ex-compañeros lo persiguieron; pero no es creíble que la persecución se desencadenara por no estar de acuerdo sobre «ciertas cosas» y por su alejamiento del partido. En cambio, es posible que hubieran sospechado o hubieran descubierto que era confidente de la derecha o lo hubieran acusado –acaso injustamente– de alguna irregularidad o malversación. Sea como fuere, de la persecución encontró protección en la derecha.

 «Hombres de derechas», dice «me escondieron y alimentaron». Y tenía que pagar sus deudas. Pero las pagó con alegría, poco después del pronunciamiento. Una alegría no apagada del todo en el momento de la confesión: «No fueron pocas las personas que reconocí. Y de las muchas que ya están muertas, yo soy el responsable de su muerte, por el solo hecho de haberlas reconocido». 

Y sería aventurado, quizás incluso injusto. descubrir en esta frase un no sé qué de agrado, de satisfacción, si en el contexto de la confesión otros detalles no nos hubieran hecho pensar que Muñoz Alarcón no había hecho una verdadera y sincera confesión, sino una vez más un gesto de venganza: como ayer contra sus ex-compañeros, hoy contra sus ex-protectores. 

Una confesión implica un radical arrepentimiento, una radical repugnancia hacia las acciones cometidas, hacia el pasado, hacia uno mismo en el pasado: y Muñoz Alarcón no ve en aquel pasado más que incidentes, hechos que fortuitamente se rebelan para turbar su carrera de delator. Es, en suma, un «arrepentido» tal y como hoy en Italia se acostumbra a llamar al que rompe una criminal solidaridad y da nombres de cómplices y jefes. Pero vayamos por orden.

A sus protectores, convertidos en amos, no les bastó con que desarrollara una funesta tarea en el estadio nacional: «Me mandaron después salir por las calles, con patrullas de militares, a fin de reconocer personas. Desgraciadamente, me encontré con Miguel Plaza. Gracias a mí, él está vivo aún: no quise reconocerlo. Pero, por desgracia, ellos tenían una fotografía en la que él y yo estábamos juntos…» 

Desgraciadamente, por desgracia: sin aquel incidente, si por lo menos le hubieran perdonado el único pecado de haber querido dejar vivo a su amigo Miguel Plaza, no estaría ahora Muñoz Alarcón en la Vicaría acusando a la Junta Militar. Pero no se lo perdonaron: «por el hecho de haber mentido, me tuvieron durante tres meses en prisión, tratándome como a los otros detenidos: es decir, no tuvieron en cuenta que ya no pertenecía al Partido (socialista) y que no estaba mezclado en nada».

 En nada, es decir, que no era de los vencidos, torturados, asesinados.

Lo liberaron a condición de que volviese a colaborar. Aceptó. Lo condujeron a Colonia Dignidad, donde había un eficientísimo centro de adiestramiento, dirigido por alemanes, para la policía digamos política: todo lo moderno que pueda imaginarse, incluidas cárceles subterráneas.

 Y aquí Muñoz Alarcón cae en una significativa confusión: hablando de los alemanes instructores, los llama hebreos refugiados en Chile durante la guerra. Sin duda debido a ignorancia; pero es una confusión en la que da simbólica proyección de sí mismo, perseguidor y perseguido, verdugo y víctima.

En Colonia Dignidad le enseñaron cómo interrogar a los prisioneros, así como el arte de infiltrarse en los grupos clandestinos contrarios al régimen. Solo que Muñoz Alarcón no pudo poner en práctica este arte: «Desgraciadamente… No, quiero decir: afortunadamente, esto no podía hacerlo… Todos sabían que había dejado el Partido». 

Por primera vez se percata de que un hombre verdaderamente arrepentido no puede llamar desgracia a lo que le ha llevado al arrepentimiento, a la confesión. «Más tarde», continúa, «me asignaron la tarea de dar caza a personas, interrogarlas, torturarlas, asesinarlas». Tarea que cumplió, hay que creerlo, con suficientes escrúpulos: sin desgraciados incidentes como el de no reconocer al amigo y sin suscitar desconfianza en sus amos, si bien por tres veces entró y salió de la Vicaría. 

Si lo hubieran vigilado, no habría sobrevivido a la primera visita. Así como no sobrevivió a la tercera. Si en un momento determinado tuvo revelación de la propia miseria, de la propia culpa, de la necesidad de confesarlas y expiarlas, puede que lo advirtieran sus víctimas, pero en absoluto sus amos.

La confesión continúa con precisas y detalladas acusaciones a las cinco policías secretas del régimen, a sus jefes. Revela la técnica mediante la cual resultan expatriadas, huidas hacia el exilio, personas que por el contrario han sido asesinadas en las cárceles (agentes de policía realizan viajes al extranjero con los documentos de los muertos, vuelven a Chile con los propios). 

Describe, en resumen, todo el aparato y el funcionamiento de un sistema en el que de la tortura se pasa, irremediablemente, a la abyección o a la muerte. «Quiero», dice en un momento, «que quede claro esto: allí dentro todos, sin excepción, colaboran»; y cuenta el caso de uno de la Juventud Comunista, del comité central, que reveló un buen número de cosas y nombres: «pero hay que decir que fue espantosa y salvajemente torturado».

En cuanto a sí mismo, no ve salvación: se considera muerto y la muerte puede venirle tanto de sus ex-compañeros como del régimen. Seguramente más por parte del régimen: porque, si sus ex-compañeros solo consumarían una venganza, el régimen tiene todo el interés de silenciar un testigo que no pide nada, que no quiere nada, que quiere tan solo asumir «la responsabilidad de lo que ha hecho y afrontar, cuando llegue el momento, las consecuencias». 

Pero aquel momento, que quizás creía cercano, ni él lo vio ni nosotros lo entrevemos todavía. El 24 de octubre, cuatro meses después de la confesión, el cadáver de Muñoz Alarcón fue hallado en La Florida, en las afueras de la capital. Había recibido diecisiete puñaladas.

La grabación de la confesión, mandada por la Vicaría a la magistratura, dio lugar –según los diarios de Pinochet– a una investigación que duró seis meses en Colonia Dignidad. Una investigación tan larga terminó, naturalmente, en un no ha lugar.

Pero lo que de este caso, de esta confesión, más nos impresiona, no es la complejidad del personaje ni la gravedad de las revelaciones: es la imagen del hombre del pasamontañas en su feroz, tremenda gratuidad. Porque el hecho es éste: así como sangrientamente gratuita, sangrientamente inútil, fue la sublevación militar –el gobierno Allende habría inevitablemente caído algunos meses después–, así también fue atrozmente gratuita, atrozmente inútil, la aparición del hombre del pasamontañas en el estadio de Santiago, en las calles. Gratuita pero atroz.

 Inútil pero atroz. Basta pensar un momento en ello: los hombres que se encontraban hacinados en el estadio habían sido arrestados en sus casas, conocidos por sus nombres, sus cargos, por lo que habían hecho o por lo que se temía que pudieran hacer. ¿Había necesidad de que alguien los reconociese, los señalase? Y del mismo modo los hombres en las calles: tanto es así que apenas finge Muñoz Alarcón equivocarse en uno, no reconocerlo, cae de inmediato un duro castigo sobre él. ¿Entonces?

Entonces, he aquí el hecho más espantoso, más inhumano que la cárcel, la tortura, el fusilamiento: se ha querido, con el hombre del pasamontañas, crear una indeleble, obsesiva imagen del terror. El terror de la delación sin rostro, de la traición sin nombre. Se ha querido deliberadamente y con macabra sabiduría evocar el fantasma de la Inquisición, de toda inquisición, de la eterna y cada día más refinada inquisición."                (Leonardo Sciaxcia, El Viejo Topo, 31/12/17)

La violación de menores por parte de los dirigentes de Colonia Dignidad era sistemática, se hacían experimentos médicos y psiquiátricos con personas, tras sus muros se asesinaba gente...

"En el año 2005 estalla en Chile un escándalo que se venía intentando contener desde el fin de la dictadura pinochetista: el horror de Colonia Dignidad, fundada en 1961 por Paul Schäfer, un alemán que había formado parte de las juventudes hitlerianas.

 Se desvela todo aquello que se sabía pero que las autoridades chilenas nunca quisieron investigar hasta ese momento: que durante la dictadura de Augusto Pinochet fue un campo de detención y desaparición al servicio de la policía secreta o DINA, que la práctica de violación de menores por parte de los dirigentes de la colonia era sistemática, que se hacían experimentos médicos y psiquiátricos con personas, que tras sus muros se asesinaba gente, que la colonia estaba involucrada en tráfico de armas, y un largo etcétera de abusos, violaciones, prácticas sectarias y despropósitos perversos.

 En 2005 Schäfer es detenido en Buenos Aires y extraditado a Chile, donde es condenado a cadena perpetua por abusos a 25 menores de edad. Muere cinco años después en prisión, sumando más cargos. La colonia sigue operativa hoy bajo el nombre Villa Baviera.

En Sprinters: Los niños de Colonia Dignidad (Hueders, 2016), Lola Larra (Santiago de Chile, 1968) indaga en esta historia a través de una propuesta narrativa múltiple: la elaboración ficticia, el testimonio, la crónica y el story board de un guión (ilustrado por Rodrigo Elgueta). 

Estas formas diferentes de representación e investigación se complementan entre sí, planteando un diálogo entre ficción y no ficción que enriquece la comprensión de un trauma colectivo centrándose en cómo ese trauma afecta al tejido íntimo de sus protagonistas.

 La narradora, que es periodista y escritora, cuenta en primera persona el proceso tanto de investigación como de elaboración de esas averiguaciones en forma de guion de cine. Ella encarna al testigo que ha vivido fuera de la violencia de la Colonia, pero que ha sido rozada por ella a través de su relación con varios de sus habitantes y de su creciente obsesión por las atrocidades que allí se cometieron, particularmente contra los “sprinters”, que eran los niños elegidos por Paul Schäfer para satisfacer sus deseos.

 Desde ese punto de vista del testigo, la narradora investiga, elabora el relato que teje el guion y nutre el texto con testimonios y cartas de personas reales que se fugaron de la Colonia y que denunciaron los abusos que se cometieron allí. 

A través de su narración y de su relación con Lutgarda, una colona muy peculiar que sigue dentro, nos introduce en la vida interna de la Colonia, completando con la imaginación aquello que la historia es incapaz de mostrar.

En el libro se narran algunos de los abusos mencionados, que son de sobra conocidos por todo aquel que sepa un mínimo de la historia de la Colonia, pero no es un libro de denuncia al uso, donde el lector se ve enfrentado repetidamente al horror. Este libro presenta las secuelas íntimas, tanto del testigo que se enfrenta a una tarea tal vez demasiado exigente como de la víctima que a veces ni siquiera es consciente de que lo es.

 La testigo/narradora es un personaje complejo, que se debe enfrentar a la responsabilidad de crear una historia (su guion) sobre un tema que le resulta a veces insoportable, que la obliga a luchar constantemente contra su impulso de huir y que le plantea cuestiones éticas fundamentales.

 ¿Cómo contar la historia de Colonia Dignidad a través de la ficción? ¿Dónde están los límites de lo que se debe mostrar? ¿Cómo hacer justicia a las víctimas sin regodearse en lo escabroso? 

El personaje de Lutgarda, una mujer endurecida por sus condiciones de vida, sufre también su propio proceso de (auto)conocimiento. Sin desvelar nada de su historia, sí puedo decir que su rasgo principal es que ha normalizado la violencia de la Colonia y por ello ni siquiera se piensa a sí misma como víctima. 

Hace poco escribía sobre la novela La cuadra, de Gilmer Mesa, que una de las cosas que más me impresionó fue la naturalidad con la que sus personajes vivían y ejercían la violencia en un barrio de Medellín durante la época más dura de la guerra entre el Cártel y el Estado. La novela de Lola Larra, aunque habla de otro tipo de violencia y esa violencia no aparece de forma tan explícita en su texto, tiene en común con la de Mesa que también está asumida como parte de la vida cotidiana, metabolizada y naturalizada.

 Para adentrarse en las secuelas de esa normalización ninguno de los dos autores se centra exclusivamente en la narración de los hechos históricos, sino que examinan con las herramientas de la ficción las vidas íntimas de sus personajes. Esto les permite indagar en cómo la violencia constante y normalizada transforma su visión del mundo y su relación con la realidad. 

Sprinters es un excelente ejemplo de cómo la elaboración imaginativa de un pasado traumático desde la ficción puede dialogar con los hechos históricos y ampliar nuestro conocimiento, permite asomarnos a  las corrientes oscuras y subterráneas que atraviesan la historia.

 También, a través de su cuestionamiento ético de ese mismo tratamiento –¿cómo reflejar en la ficción unos hechos tan escabrosos sin caer en la espectacularidad o la  banalidad?– Lola Larra abre un importante debate que no solo atañe a la historia de Colonia Dignidad, sino a cualquier historia de abuso, impunidad e injusticia."                    (Edurne Portela ,  La Marea, 03/07/17)

"Hoy todos consideran a Pinochet un bastardo y eso reconforta"

"Todo el mundo sabe cómo llegó Pinochet al poder, pero nadie sabe cómo salió". El cineasta chileno Pablo Larraín cuenta ahora esa historia en No, primera película de su país que aspira a un Oscar, y en la que se recuerda cómo se creó la campaña en contra del dictador en el referéndum de 1988.

 La presión internacional obligó al tirano a convocar un plebiscito de apoyo a su presidencia. Los partidos de la oposición convencieron a René Saavedra, un joven publicitario, para que vendiera la opción del No. 

 En un mundo de torturas, asesinato y desaparecidos, el miedo se venció finalmente con una campaña que dejaba de lado la denuncia de tanta atrocidad y se centraba en lo positivo, en la alegría que recuperaría Chile sin el dictador. El filme se estrena hoy en España.  (...)

"La campaña serviría contra toda la realidad que vivimos ahora, no más impunidad, no más corrupción".

No es un ejercicio estimulante desde el que se propone una reflexión acerca de la publicidad y las perversiones de ésta en la política y en la sociedad. Una película política que recupera la memoria reciente de aquel país, "que es la que permite comprender el presente, porque sin ella solo se piensa en la inmediatez y eso es muy peligroso".  (...)

¿Si se hubiera terminado con la dictadura de otra manera, Pinochet también hubiera muerto libre?

 Bueno, triunfó el No y llegó la gran alegría de sacar al dictador y de abrazar la democracia. Pero es verdad que también ganó algo del Sí. Ganó su modelo económico, la Constitución de Pinochet que todavía está rigiendo...

Tuvimos que negociar y la consecuencia es que no fuimos capaces de juzgar a Pinochet, que murió libre y millonario. Y los que entonces asesinaban y torturaban están libres hoy también. Cuando la justicia no llega, las heridas siguen abiertas y no se encuentra el equilibrio necesario. 

Con Garzón, a la mayoría nos daba igual dónde le juzgaran, mientras le juzgaran. Hoy Pinochet está considerado como un bastardo en todo el mundo y eso es reconfortante.

 Desde la realidad de hoy, ¿aquel plebiscito no fue más una entrada de cabeza al capitalismo que una llegada a la democracia?

 

¿Hay alguna democracia que no sea capitalista? Ese es el problema, que el modelo se ha fiatado, ha causado estragos en todo el mundo. En EEUU 400 personas tienen más dinero que 150 millones y eso acarrea otras dificultades. 

Es lo que está pasando hoy en España, la corrupción es producto del capitalismo mal administrado y de sociedades organizadas en torno al dinero. En Chile, los cuatro gobiernos de conglomerado que hubo al llegar la democracia -dos socialistas y dos democratacristianos- apoyaron e incrementaron el sistema capitalista. 

La consecuencia es que en Chile las cifras de desigualdad son enormes, tristísimo. La plata en Chile está metida en ocho o diez bolsillos, uno de ellos el del hoy presidente del país. La desigualdad es feroz."            (Público, 08/02/2013)

Los muertos de Pinochet en Copiapó no salen en la televisión

"Consiguieron salir los 33 mineros de San José tras 69 días de entierro, pero en el desierto de Atacama que se los tragó hay más historias, la de los desaparecidos de La caravana de la muerte, el escuadrón de asesinos que dirigido por el general Sergio Arellano Stark mató en octubre de 1973 a 96 personas sin juicio ni sentencia, al capricho del dictador Pinochet, con el fin de dar escarmiento y ejemplo.

En Copiapó, donde se arremolina la prensa mundial para asistir a la salida de los primeros dados de alta, se asesinó a 16 personas, tres de ellas siguen desaparecidas. Le supera Calama, con 26. Hubo más en Valdivia (12), Curicó (dos), Linares (cuatro), Cauquenes (cuatro), La Serena (15), Antofagasta (14) y Arica (tres).

Pertenece a la época más siniestra de Chile, sobre la que cayó un manto de silencio. Entonces no había focos, ni retransmisiones televisivas en directo ni emoción planetaria.

Los casos de Benito Tapia, Antonio Maguindo Castillo y Ricardo Hugo García, los desparecidos de Copiapó, junto a los de Calama, sirvieron para procesar a Pinochet. El dictador que tanto había trabajado por labrarse un lugar en su historia quedó descabalgado gracias a un juez español y el empeño de un abogado, Joan Garcés, amigo de Salvador Allende. Pinochet cambió la eternidad de los héroes de la patria por la de los asesinos en masa. Hoy está donde debe: en la historia de la infamia.

El caso del desaparecido de Copiapó Ricardo Hugo García es una metáfora de la transición chilena. Amigo de juventud del que después sería presidente socialista, Ricardo Lagos, le sirvió de bien poco ese vínculo pues este no movió un dedo por su memoria ni la de los otros, recuerda Gervasio Sánchez en conversación con Aguas Internacionales. El fotoperiodista español es uno de los que más y mejor ha documentado la tragedia en su libro La caravana de la muerte: las víctimas de Pinochet.

El tipo que aparece en la foto superior es un asesino en serie. Llegó a Copiapó el 16 de octubre de 1973 a las 20.00 horas. Viajaba en un helicóptero Puma escoltado por otros dos. Venía de La Serena, también de matar. Sacaron a 16 presos y los asesinaron. Los cuerpos se hallaron en una fosa común en 1990. Presentaban mutilaciones, incluso uno había sido decapitado. El forense que analizó los restos determinó que muchos habían sido asesinados a cuchillo, "una muerte lenta y atroz".

La hija del amigo de juventud del presidente Lagos, Ximena García se suicidó a lo bonzo en México el 11 de marzo de 1990, el mismo día que Pinochet dejaba la presidencia. La mujer sobrevivió 17 años al dolor de la desaparición de su padre, pero no pudo aguantar ni un minuto de esperanza a la llegada de la democracia.

En la matanza de Calama murieron 26 personas. Habían sido condenadas a penas menores que oscilaban entre los dos meses y los 20 años. A la cuadrilla Arellano Stark no le frenó la ley. Todos fueron asesinados. Solo han aparecido restos de 13. Los esqueletos fueron sacados de la fosa común y arrojados al mar por sus asesinos o sus cómplices para no dejar huellas. Las limpieza no fue perfecta. Entre los restos hallados está un dedo de Haroldo Cabrera. Debieron cortáselo para robarle el anillo.

El presidente Sebastián Piñera, que tanto ha salido en televisión estos días y tan efectivo ha sido en el rescate de los mineros, también tiene su pasado, cuando se sentía y proclamaba tan próximo al dictador que dirigió la matanza de sus ciudadanos. (...)

La lista de la vergüenza:

-Sergio Arellano Stark, general de Brigada.
-Teniente Coronel Sergio Arredondo González.
-Comandante Pedro Espinoza Bravo (autor intelectual del asesinato del canciller Orlando Letelier.)
-Capitán Marcelo Moren Brito, comandante de Villa Grimaldi, notorio recinto de detención y tortura, donde fueron vistos por última vez con vida a numerosas personas desaparecidas. (Este fue el torturador de la ex presidenta Bachelet, quien, después de muchos años, lo encontró viviendo en su mismo edificio. Lo reconoció en un ascensor)
-Comandante Armando Fernández Larios, involucrado en el asesinato del Canciller Orlando Letelier y otros atentados fuera de las fronteras de Chile.
-Teniente Juan Chiminelli Fullerton, coordinador logístico de la misión, ascendido a teniente coronel.
-Antonio Palomo Contreras, piloto del helicóptero en la gira del sur. En el 2000 fue señalado como uno de piloto del helicóptero desde cual prisioneros fueron arrojados al mar.
-Comandante Carlos López Tapia, uno de los ejecutores, quien llegó a ser Jefe de la División de Inteligencia que operó desde Villa Grimaldi.
-Emilio de la Mahotiere, copiloto en el sur y piloto en el viaje al norte.
-Luis Felipe Polanco, copiloto y ejecutor en la gira al norte." (El País, blog de Ramón Lobo 'Aguas internacionales', 15/10/2010)

De tirano a pobre viejo que se hacía caca

"Y así, con dos copas de más, surgió The Clinic. Pinochet acababa de ingresar detenido en una clínica londinense y ese hecho histórico impulsó la salida e inspiró el título de la nueva cabecera. "Hasta ese día su cara nos había recordado todo lo que no podíamos hacer, y cuando llegó a aquel hospital se convirtió en un pobre viejo que se hacía caca". (...)

"Es un relato sobre dos ancianos de 70 años capaces de hacer locuras de juventud". También es autobiográfica. Él mismo aparece como narrador y protagonista junto con su mujer, Claudia, y sus dos hijos... los únicos jóvenes en un libro en que los nenes son ancianos que enfrentan sus frustraciones. "El golpe de Estado malogró muchas ilusiones de juventud que, con el paso del tiempo, han quedado atrapadas en sus cuerpos viejos. Quizá por eso me gusta rodearme de gente mayor". (PATRICIO FERNÁNDEZ: "Cuando Pinochet fue detenido estallamos de felicidad gozosa". El País, ed. Galicia, Última, 23/01/2009)