Los expedientes de depuración, la herramienta de represión del franquismo contra los maestros de la República... El cura, el alcalde, el comandante de la Guardia Civil y dos padres “de bien” debían determinar si el maestro merecía o no un castigo... en el expediente de depuración del maestro de Treviana, Juan Larreta Larrea, se puede ver por ejemplo cómo los cinco interpelados le acusan de no ir a misa, de tener una conducta “indeseable” y de enseñar contenidos contra la religión “cuando podía”... el Comité consideró que merecía el castigo máximo: ser apartado para siempre de la docencia. Ese castigo al maestro de Treviana no se llegó a ejecutar porque, para cuando se hizo público, ya había recibido un castigo mayor, le habían asesinado y le habían hecho desaparecer (Olivia García Pérez)

 "La educación y la cultura siempre han sido las grandes enemigas del totalitarismo. Por eso los maestros y maestras suponían un peligro para aquellos que impusieron en España un régimen que atentaba contra las libertades. El franquismo tuvo desde el principio la vista puesta en aquellos maestros de la República y, desde el Golpe de Estado de 1936 pusieron en marcha todos los mecanismos de represión contra ellos.

Lo hicieron a través de lo que llamaron “expedientes de depuración”, una especie de informes a los que se sometía a los empleados públicos y que, en el caso de los maestros, determinaban si eran aptos o no para ejercer la enseñanza. Se establecieron Comités de Depuración en cada provincia. Estos organismos eran quienes designaban a las personas que debían evaluar a cada docente.

¿Quiénes eran?

Para la elaboración de cada expediente se designaba a cinco personas que debían contestar a una serie de cuestiones relacionadas con el maestro o maestra del pueblo. Eran siempre el alcalde, el cura o párroco, el máximo mando de la Guardia Civil o el Ejército en el pueblo y dos padres de familia “de bien”, es decir, falangistas o carlistas a poder ser. Cinco miembros en total; los cinco hombres.

A través de sus respuestas debían ir desgranando los comportamientos del maestro para poder determinar después si este tenía una “moral intachable” y si era o no fiel al “Glorioso Movimiento Nacional”.

¿Qué se preguntaba?

Cada cuestionario constaba de cinco apartados con entre cuatro y seis preguntas en cada uno de ellos. Los cinco interpelados debían responder a estas preguntas señalando lo que hacía o no hacía el maestro, cómo lo hacía y con quién.

ACTUACIÓN POLÍTICA:

• ¿Ha actuado activamente en política de izquierdas?
• ¿Ha asistido a mítines y manifestaciones de izquierdas?
• ¿Ha colaborado en periódicos de izquierdas?
• ¿Los ha leído públicamente y con alguna frecuencia?
• ¿Ha buscado votos de las izquierdas?
• ¿Les ha votado?

ACTUACIÓN RELIGIOSA:

• ¿Oía misa ordinariamente los domingos y días festivos?
• ¿Comulgaba al menos una vez al año?
• ¿Hacía alarde de irreligiosidad?
• ¿Hacía alarde de religiosidad y llevaba emblema religioso?

ACTUACIÓN PROFESIONAL:

• ¿Faltaba a la escuela con mucha frecuencia?
• ¿Estaba en clase las horas reglamentarias?
• ¿Enseñaba algo contra la religión?
• ¿Enseñaba algo contra el amor a España?
• ¿Hacía propaganda política en la escuela?
• ¿Obtenía buenos resultados de la Enseñanza?

ACTUACIÓN SOCIETARIA:

• Amistades que frecuentaba
• ¿Estaba asociado a alguna asociación política?
• ¿Propagó alguna asociación?
• ¿Se interesó por la política de los padres de los alumnos?

ACTUACIÓN MORAL:

• ¿Dejaba algo que desear su conducta?
• ¿Hay en su actuación política algo digno de notarse?
• A) Como actuación pedagógica
• B) Como actuación política
• C) Como actuación societaria
• D) Como actuación moral
• E) Como actuación religiosa

Así, en el expediente de depuración del maestro de Treviana, Juan Larreta Larrea, se puede ver por ejemplo cómo los cinco interpelados le señalan, aseguran que sus amistades eran “los marxistas”, “los de la CNT”, “los extremistas”. Le acusan también de no ir a misa, de tener una conducta “indeseable” y de enseñar contenidos contra la religión “cuando podía”. Con todas estas respuestas, el Comité consideró que merecía el castigo máximo: ser apartado para siempre de la docencia.

 Ese castigo al maestro de Treviana no se llegó a ejecutar porque, para cuando se hizo público, ya había recibido un castigo mayor, uno de los que no aparecían en los papeles: le habían asesinado y le habían hecho desaparecer.  

Otros 31 maestros y maestras corrieron la misma suerte en La Rioja y un total de 200 docentes recibieron algún tipo de castigo. Se contemplaban en total 14 correctivos en función de la gravedad de las respuestas al citado cuestionario. A algunos se les suspendía de empleo y sueldo durante un teimpo determinado, a otros se les condenaba al exilio interno, llevándoles a destinos alejados de su hogar. Sólo quienes obtenían un buen expediente de depuración podían conservar su plaza"

(Olivia García Pérez , eldiario.es, 11/05/25 )

Caza y depuración de los maestros... a finales de julio de 1936 es detenido en Sevilla José Sánchez Rosa. Tenía 72 años y se encontraba encamado y enfermo. Una partida de requetés accedió a su domicilio y se lo llevó atado en una cama. En la madrugada del 1 de agosto fue asesinado... El 18 de agosto fue asesinado el maestro de Pulianas, el cura del pueblo fue el peor testigo de cargo... días después la familia fue desalojaa de su casa (Antonio Somoza Barcenilla)

 "Es difícil conocer a ciencia cierta cuántos maestros y maestras, cuántos profesores de bachillerato y universidad fueron depurados por el régimen franquista. Ni siquiera está claro cuántos fueron asesinados en los primeros años del régimen. No existe un trabajo completo que ofrezca una visión de conjunto. Existen estudios parciales de algunos territorios y datos más o menos generales, pero nadie ha afrontado un estudio sistemático y detallado de la represión a este cuerpo, al que la República confío buena parte de su éxito y que los golpistas eliminaron, primero con una cacería sin piedad y posteriormente con una depuración y un control ideológico asfixiante.

Los casos que voy a relatar en esta crónica son una pequeña parte de la realidad. Iba a utilizar la imagen del Iceberg, pero creo que se queda corta, ya que lo que todavía queda oculto, sumergido, de aquellos años de asesinatos y depuraciones es mucho más del 89% de lo que conocemos. Apenas 27 asesinatos y un par de casos de depuración son sólo unas gotas en la negra laguna de la iniquidad. Desde 2020 están disponibles en internet los datos de 564.269 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por los golpistas.

Mas de medio millón de expedientes de depuración entre los que no se incluyen las decenas o cientos de asesinatos de maestros y maestras que se produjeron desde julio de 1936 y que fueron salpicando el territorio nacional a medida que los militares coloniales avanzaban. Cabe recordar que la República no depuró ni a un solo maestro de la etapa monárquica y por supuesto no les persiguió como si fueran alimañas.

Cacerías humanas

A finales de julio de 1936 es detenido en Sevilla José Sánchez Rosa. Tenía 72 años y se encontraba encamado y enfermo. Una partida de requetés accedió a su domicilio y se lo llevó atado en una cama. En la madrugada del 1 de agosto fue asesinado y enterrado en una fosa del cementerio de la capital. Sánchez Rosa dirigía una escuela libre basada en el modelo de Ferrer i Guardia y era autor de una serie de publicaciones, como “La aritmética del obrero”, dirigidas a mejorar la formación de los trabajadores y ayudarles en su vida cotidiana. Ni su avanzada edad, ni la enfermedad impidieron su asesinato. No hubo ni concordia ni piedad para él.

Más o menos por las mismas fechas un grupo de falangistas secuestró, torturó y asesinó en Bañuelos de Bureba a Antoni Benaiges, el protagonista de “El maestro que prometió el mar”. Su historia se recuperó gracias a uno de sus alumnos que alertó de que podría ser uno de los enterrados en la fosa de La Pedraja. Se recuperaron 135 esqueletos en aquel enterramiento del norte de Burgos, pero ninguno correspondía al maestro. Como se sugiere en la película, posiblemente fue asesinado y enterrado en lugar aislado, o su cuerpo fue abandonado a las alimañas y no hubo ningún testigo que le diera sepultura y, si lo hubo, no dejó testimonio de los hechos.

Hace poco más de diez años, en 2012, en un paseo por la sierra de Urbasa, nos encontramos con un haya con los colores republicanos, que abrazaba una chapa de metal en la que, en esa fecha, se leía: “Mauricio Rodríguez, Bernardo Domingo, Miguel Gil, maestros nacionales de los pueblos alaveses de Gordoa, Galarreta y Zalduendo muertos en la noche del día 9 de agosto de 1936 en este luctuoso y triste lugar. En este homenaje incluimos a todos los asesinados por la misma causa. A vosotros el recuerdo presente de quien no os puede olvidar. 26-IX-1982”. Habían pasado 30 años desde que se colocó y el “haya republicana” había comenzado a hacer suya la placa de metal. Diez años después, la placa ya casi no puede leerse. Alguien previsor la ha reproducido y la ha colocado junto a la boca de la sima de Otsportillo, distante un par de kilómetros del lugar del crimen. La sima es un lugar de memoria de Navarra donde yacen una decena de víctimas de la represión.

El 18 de agosto fue asesinado el maestro de Pulianas, Dióscoro Galindo González. Un grupo de falangistas le tiroteó en el camino de Viznar a Alfacar, junto a dos banderilleros -Juan Arcollas Cabezas y Francisco Baladí Melgar- y al poeta universal Federico García Lorca. Dióscoro, natural de Ciguñuela (Valladolid), tenía 58 años. Le abrieron un expediente de depuración en el que lo acusaron de haber negado en sus clases la existencia de Dios. El cura del pueblo fue el peor testigo de cargo. Días después de su asesinato, la familia recibió el expediente que le suspendía de empleo y sueldo, le desalojaba de su casa y le daba 10 días para alegar.

De Francisco Romero Carrasco tuve conocimiento una mañana de sábado mientras escuchaba el podcast de la Cadena Ser “Vidas enterradas”. Me impactó la historia de este catedrático de la Escuela Normal de Guadalajara. Natural de Santa Marta (Badajoz) fue amigo muy querido de Antonio Machado que, con motivo de su casamiento, le regaló el poema “Bodas de Francisco Romero”. Fue un reputado matemático fundador de la Universidad Popular de Segovia y director de las colonias de la Institución Libre de Enseñanza. El 24 de agosto fue asesinado, junto a otros cuatro maestros, en un campo de Cobertelada (Soria). Sus cuerpos fueron abandonados en el monte. Unos vecinos que fueron testigos, los enterraron y señalaron el lugar donde reposaban. Junto al catedrático fueron asesinados Eloy Serrano Forcén, de 22 años, maestro en Cobertelada; Hipólito Olmo Fernández, de 43 años, que ejercía en Ajamil (La Rioja); Elicio Gómez Borque, de 23 años, maestro de La Seca y Victoriano Tarancón Paredes, de 26 años, de Perdiguera. En marzo de 2021, el Supremo cerró la posibilidad de abrir juicio sobre estos asesinatos.

El 31 de octubre una joven maestra de la Escuela Normal de Pamplona, cuyo recuerdo se conserva en el memorial en honor de los asesinados en La Tejería de Monreal (Navarra), fue salvajemente asesinada. No he logrado encontrar ningún documento en el que conste su nombre. El relato de sus últimos momentos lo trasmitieron vecinos del pueblo, obligados a presenciar la matanza y a enterrar a las víctimas. Es demasiado duro para reproducirlo. Se puede conocer en este enlace. Un final parecido tuvieron Carmen Hombre y su marido Juan Máximo, asesinados en enero de 1937 en Jerez de la Frontera. Carmen tenía 33 años, estaba embarazada y era de religión protestante y de militancia socialista, motivos más que suficientes para acabar con sus vidas.

Arximiro Rico, maestro en Baleira (Lugo), y Bernardo Mato Castro, en el municipio de Teo (Coruña), también tuvieron una muerte horrenda. Ambos eran bastante moderados, Bernardo, incluso, católico declarado. Nada pudo evitar su muerte en septiembre de 1937. Arximiro fue cazado y tratado como una alimaña por una partida de falangistas el 1 de septiembre y Bernardo murió el día 4, después de que no pudiera superar una paliza bestial que le propinaron fascistas de la zona a principios de agosto. Ambos creían firmemente en la educación pública como herramienta para que los humildes pudieran mejorar y esa creencia les costó la vida.

Finalmente, en las fosas de San Rafael, en Málaga, hemos podido ubicar los restos de 11 maestros. Puede que sea un número mayor –no conocemos la profesión de todos los asesinados- y es seguro que hay muchos más maestros en las fosas de otros municipios malagueños. Rindo homenaje a todos ellos, nombrando a los que se han identificado en el cementerio de la capital: Francisco, Arnáez Perez, de 43 años, maestro en Torremolinos asesinado el 15 de febrero; Manuel Campos Morilla, de 34 años, en Coín, el 17 de febrero; Emilio Castro Robledo, de 35 años, en Alhaurín de la Torre, 4 de marzo; Francisco Rodríguez Lucena, en Olías, el 6 de marzo; Juan Meneses, en Alozaina, de 20 años, el 9 de marzo; Antonio Romero López, de 52 años, en Macharavialla, el 16 de marzo; Miguel Jiménez Luna, en Fuengirola, el 17 de junio; José Padilla Buzo, de 31 años, en Álora, el 1 de julio; José Alonso Batlle, de 44 años, en Periana, el 10 de octubre; Juan Fajardo Valladares, en Coín el 26 de marzo de 1938 y Blas Infante López, de 45 años, maestro en Casares, asesinado el 31 de julio de 1941. Este último era primo segundo del padre de la patria andaluza con quien compartía nombre y primer apellido.

La depuración

Después de la primera ola de matanzas, Franco publica en el BOE número 27 de 11 de noviembre de 1936 el decreto 66 que regula la depuración del personal docente y que supondrá el paso a la “caza de brujas”. No se detienen los asesinatos, sino que se abre un nuevo camino a la represión y depuración de los enseñantes a los que se hacía responsables de la «caótica» situación de España. El proceso fue complejo. Todo el personal relacionado con la enseñanza fue suspendido de oficio y se les obligó a pedir su propia depuración. En la solicitud, estaban obligados a explicar sus actividades y afiliación política y sindical, aspectos relativos a su vida privada y una demostración de cual iba a ser su grado de vinculación en la construcción del nuevo Estado.

Esta solicitud se contrastaba con, al menos, cuatro informes diferentes elaborados por el alcalde, el párroco, el jefe de la Guardia Civil y un padre de familia bien considerado. Estos informes fueron la base fundamental sobre la que se asentaron las sanciones: la separación definitiva del cargo, el traslado forzoso del municipio o de la provincia, la suspensión temporal de empleo y sueldo y la inhabilitación para ejercer la enseñanza. El procedimiento general de depuración está bien explicado en la Wikipedia.

Se calcula que entre un cuarto y un tercio de los sometidos a depuración fueron castigados con alguna sanción. Muchos no solicitaron su depuración forzosa, bien porque habían sido asesinados, bien porque se habían exiliado o bien porque no querían ejercer su función al servicio del nuevo Estado. Este es el caso de Miguel Ambrosio Zaragoza, que renunció a ser maestro y se dedicó al dibujo de historietas. Su seudónimo fue Ambrós y fue autor de los dibujos de El Capitán Trueno.

El pasado mes de agosto falleció mi madre, con 91 años. Poco antes de morir le pregunté si se acordaba del nombre de su maestra. Mi madre sólo pudo asistir a la escuela entre los 10 y los 13 años. Con esa edad se tuvo que poner a trabajar. Ochenta años después se acordaba perfectamente de Doña Emilia Erice Condearena, su querida maestra, la que le había enseñado las cuentas y las letras que le habían ayudado a sortear una vida llena de dificultades. Cada vez que hablaba de ella, le brillaban los ojos y la emoción le embargaba. Doña Emilia, además de contagiar a mi madre el amor por aprender, ayudó a mi abuela Escolástica a firmar y a superar la vergüenza que le causaba tener que identificarse con una X.

Doña Emilia fue una invitada especial de la boda de mis padres y su memoria siempre acompañó a mi madre en su vida y en las decisiones que tuvo que tomar cuando muy joven se quedó viuda y con un hijo adolescente a su cargo. En una rápida búsqueda en internet descubrí que había sido maestra en Canfranc durante la República. Militante de UGT y representante del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936. El castigo fue el destierro de su provincia y el traslado a Guipúzcoa, a Beasain, en agosto de 1943. Aquí desarrolló su trabajo con toda la dignidad y vivió con su madre en la casa de los maestros, con un terrible control social por parte de algunos de sus compañeros, muy fieles al régimen y dispuestos a delatar cualquiera conducta inapropiada.

Las cosas que tiene la vida. Este artículo lo he escrito en mi pueblo, en la sala de estudios de la Biblioteca Municipal que se levanta en la antigua casa de maestros, donde doña Emilia Erice, tuvo que vivir su castigo y el consuelo que le daban niños y niñas con tantas ganas de aprender como mi madre. Es posible que algún día esta sala de estudio reivindique la memoria de doña Emilia y de todos sus compañeros que empeñaron sus vidas en lograr una sociedad más justa. ¿Quién sabe? Sería una bonita manera de cerrar el círculo y un acto de justicia."                  (Antonio Somoza Barcenilla, eldiario.es, 06/12/24)

La represión se saldó con el fusilamiento de 6 profesores en la comarca de Sanabria, aunque la depuración afectó a todos los maestros republicanos de plaza, interinos y en formación

 "El profesor y escritor Germán de Prada López abrió en Robleda la gira de presentación de su obra "El maestro en Sanabria. De las Misiones Pedagógicas a la represión franquista", una investigación sobre el procesamientos de los maestros en el partido judicial de Puebla de Sanabria. La represión se saldó con el fusilamiento de 6 profesores en la comarca, todos hombres, aunque la depuración afectó a todos los maestros republicanos de plaza, interinos y en formación.

La docencia se ejerció bajo las leyes educativas republicanas, de ahí que fueran conocidos como maestros republicanos al margen de su ideología, como precisó el investigador de Cervantes de Sanabria. Fue más fácil la persecución de los maestros en el medio rural que en las ciudades, donde la vida del docente no pasaba desapercibida a los vecinos del pueblo. Todos los profesores sufrieron la represión, empezando por ser sometidos a los informes preceptivos de la Comandancia de la Guardia Civil, el alcalde y el párroco, además de un "buen padre de familia" nombrado por el cura y el alcalde. Unos informes que abarcaban de lo profesional a lo familiar. El acusado tenía 10 días para presentar pliego de descargo. Los casos de maestros alistados en la bando sublevado pudo influir para reducir las penas. 

 La cárcel del castillo de Puebla era una prisión secundaria de reos preventivos, a la espera de juicio bien por un juez ordinario o un togado militar. En la cárcel coincidieron presos comunes con presos políticos como eran los maestros. El hambre en la posguerra aumentó los robos, hurtos y pillaje de comida. Hacinamiento y falta de comida marcan la vida penitenciaria en una cárcel reconocida como principal pero que sigue con los recursos y espacio de una secundaria.(...)"                (Araceli Saavedra, El Correo de Zamora,04/08/23)

Así purgaba el franquismo al profesorado en la posguerra... uno de cada cuatro maestros recibió algún tipo de sanción en la España franquista

 "El documento dormía el sueño de los justos en el Arxiu del Regne de València hasta que elDiario.es lo halló por casualidad durante una investigación sobre el clan económico-político de la fallecida alcaldesa Rita Barberá. El fondo documental del sacerdote Juan Luis Corbín Ferrer, tío del abogado José María Corbín, incluye una memoria elaborada en la inmediata posguerra sobre el profesorado a depurar en el señero Instituto Lluís Vives de Valencia. 

 “Es muy interesante”, señala Carmen Agulló, profesora de Historia de la Educación en la Universitat de València y una de las mayores expertas en la depuración franquista del profesorado republicano. José María Azkárraga, profesor jubilado del Lluís Vives y divulgador, coincide: “Aporta los nombres de los docentes que habían pasado por el instituto en el periodo republicano, algo que en gran medida se desconocía hasta ahora”. “En la relación de nombres aparece la pintora y escultora María Labrandero, no sabía que había sido profesora de dibujo en el Vives”, tercia Agulló. 

 Juan Luis Corbín Ferrer, un franquista de tomo y lomo según recuerda una jurista ya jubilada que fue alumna suya en el centro, se ordenó sacerdote en 1952. Su padre y su hermano fueron asesinados durante el corto verano de la anarquía de 1936, tras el golpe de Estado contra la legalidad democrática de la II República. El sacerdote es autor, entre otras obras sobre la capital del Turia, de la Monografía histórica del Instituto de Enseñanza Media Luís Vives (Ayuntamiento de Valencia, 1979). Sus hermanas María Concepción Josefa y María Rosario Corbín Ferrer donaron sus fondos de su archivo a la Generalitat Valenciana un lustro después de su fallecimiento, acaecido en 2005.

El documento, titulado Desarrollo de las memorias solicitadas por el Ministerio de Educación Nacional correspondientes al Instituto Nacional de Enseñanza Media Luís Vives, ya ha sido incorporado al completo archivo del centro docente, situado a tiro de piedra de la Plaza del Ayuntamiento y de la Estación del Norte. Aunque no indica fecha alguna, de su lectura se desprende que fue elaborado en la inmediata posguerra, tras la entrada de las tropas franquistas en la ciudad.

Mientras el nuevo régimen fichaba, casa por casa, a los valencianos, fusilaba a los perdedores de la contienda y hacinaba las cárceles de presos políticos, la maquinaria de depuración también se activaba sin solución de continuidad. El corpus legislativo de la dictadura incluía un complejo proceso para limpiar de funcionarios republicanos las administraciones. “En Valencia había tantos maestros que se formaron dos comisiones depuradoras, una presidida por el director del Lluís Vives Francisco Morote y otra presidida por Fausto Martínez Castillejo, un falangista de camisa vieja que fue la que más sancionó”, explica la historiadora Carmen Agulló.

 La primera comisión provincial sancionó a un 19,72% del profesorado, mientras que la segunda anotó un 31,96%. La Comisión Superior de Madrid consideraba que los resultados de Francisco Morote eran demasido benévolos: “¡Qué quiere esta comisión de Valencia para separar! Marxista y peligrosa. Esta comisión está muy débil en todos los expedientes. Había que destituirla o darle un voto de censura”. Morote “era una buena persona y no era exactamente un franquista acérrimo, el papel del personaje es un poco controvertido, era una persona ya muy mayor que muere poco después”, señala José María Azkárraga.

Uno de cada cuatro maestros recibió algún tipo de sanción en la España franquista, según los últimos estudios historiográficos. “Una de las características de la depuración del magisterio”, sostiene Carmen Agulló, “es la arbitrariedad”. “No había ninguna relación directa entre los cargos y la sanción, a excepción de los masones que fueron expulsados. A los maestros no se les sancionaba por su vertiente profesional sino por sus cargos políticos o sindicales”, abunda la historiadora.

La dictadura se encargó de aplicar la “pedagogía española” en contraste con los movimientos renovadores, tildados de “doctrinas extranjeras”, que habían surgido durante el periodo republicano, con protagonistas tan significativos en Valencia como la filóloga María Moliner. “La pedagogía española estaba dirigida a formar personas en el nacionalcatolicismo”, agrega Agulló.

A los docentes sancionados se les separaba de la escuela pública y muchos acabaron en centros privados como la conocida Academia Castellano. “El truco era que, normalmente, la titularidad de la academia la tenía una persona de orden que contrataba a personas que sabía que eran muy buenas en su profesión”, señala Carmen Agulló.

José María Azkárraga, profesor jubilado del centro e incansable divulgador de la historia de la Valencia republicana y de posguerra, destaca que el documento “aporta una descripción del edificio inédita”. El centro se traslada de La Nau al actual edificio, sede del Colegio de San Pablo de los jesuitas hasta la desamortización de Mendizábal, durante el curso 1869-1870, “impulsado por una figura a destacar como es Vicente Boix y Ricarte, cronista de la ciudad”, explica Azkárraga. En 1930, el centro es bautizado con el nombre de Lluís Vives en homenaje al humanista y filósofo perseguido por la Inquisición.

 Por el instituto pasan “desde Vicente Blasco Ibáñez hasta Max Aub y una larga lista de gente que en esos años tenía la única opción del Vives”, recuerda José María Azkárraga. “Es una cuestión demográfica: es el único instituto que había en Valencia y el único capacitado para dar títulos. Había colegios religiosos pero todo el mundo a principios del siglo XX se examinaba en el Vives”, agrega. El edificio, ubicado entre las calles de Játiva, Arzobispo Mayoral, San Pablo y la avenida Marqués de Sotelo, cuenta con un espléndido patio, una capilla y tesoros subterráneos de primer orden.

El documento hallado en el fondo de Juan Luís Corbín del Arxiu del Regne reseña el “buen estado de conservación” del edificio tras haber sido “liberada Valencia en fecha 29-3-[1]939 por el glorioso Ejército [de] España”. “Un dato curioso que aporta”, destaca Azkárraga, “es el derribo de la valla y la utilización de los hierros para las fortificaciones de la defensa de Valencia ante los bombardeos franquistas”. Además, aparece el “gran refugio” que se conserva actualmente para visitas guiadas y actividades escolares (sólo el divulgador José María Azkárraga ha llevado a “varios miles de personas” al vestigio patrimonial en las rutas urbanas de la Valencia republicana que organiza por amor al arte).

 También detalla la lista de “cargos directivos” durante la “época roja” y el personal docente y administrativo, además de las “incidencias” durante la Guerra Civil. La memoria alude a los “trastornos producidos en la vida escolar de ciertos individuos, que ya por ser afiliados a las antiguas organizaciones católicas o por ser hijos de personas afectas o simpatizantes con el Movimiento Nacional, fueron perseguidos, no consintiéndoles que continuasen sus estudios o que trasladasen los mismos a otros centros e incluso negándoseles la expedición del Título de Bachiller luego de tener ya, en periodo anterior al Rojo, cursados en este centro sus estudios”. Los docentes “adictos” al “dominio rojo” que figuran en el documento eran candidatos ideales al proceso de depuración, tal como lo fueron los profesores de derechas en el periodo inmediatamente anterior. 

 La comisión encargada de la “admisión o no admisión del alumnado” por “elementos de la FUE [Federación Universitaria Escolar]”, señala. “Me ha llamado mucho la atención que las comisiones estaban formadas por profesores y alumnos”, dice la historiadora Carmen Agulló, quien recuerda que “durante la República en paz no hubo depuración pero la República en guerra también hizo expedientes de depuración a todo el profesorado”. Esos expedientes, apostilla Agulló, en gran parte han desaparecido y el único rastro que queda es el de los procesos de la posguerra franquista.

“Los archivos en el Estado español y especialmente en el País Valenciano son un desastre, con una falta de personal increíble”, critica la historiadora, quien también alude al material documental que alguna gente “se llevó a casa”. Tal fue el caso del documento inédito sobre el Instituto Lluís Vives en manos del sacerdote Juan Luís Corbín."                         (Lucas Marco  ,Jesús Císcar , eldiario.es, 22/05/22)

La purga del franquismo contra la enseñanza: más de medio millón de expedientes de depuración

 "El laberinto de los archivos, la ausencia de una ley que los regule y la dispersión de muchos documentos dificulta muchas veces el acceso a los registros por parte del ciudadano común. 

Así nació la asociación Innovación y Derechos Humanos (IHR World) hace cuatro años, con el propósito de facilitar la divulgación de archivos y documentos a través de una página web que contiene 485.136 registros de causas militares, conocidas popularmente como consejos de guerra, de los Tribunales Territoriales Militares de Madrid, Castellón, Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, León y Zamora. También tiene 137.898 registros de soldados trabajadores y soldados escolta de batallones disciplinarios, los llamados esclavos de Franco.

Ahora a ese gran contenido se suman los 564.269 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impulsaron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la Guerra Civil y especialmente en la posguerra. 

Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, también de la Escuela Normal –lo que hoy sería Magisterio–, pero también profesores que ejercían en universidades, en las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, en las Escuelas Taller o de Comercio, entre otras. También están incluidos ayudantes, auxiliares, administrativos, y "cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente". 

 Con este conjunto de datos la página web de Innovación y Derechos Humanos alcanza 1.284.597 registros que pueden buscarse por nombre y apellido. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración", explica Concha Catalán, integrante de IHR World, en conversación con elDiario.es. "La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación, aunque actualmente esos expedientes están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares", explica.

Este nuevo volcado de datos permitirá a cualquier persona interesada en indagar en la historia de un familiar introducir el nombre del mismo y averiguar en qué archivo del país se encuentra su expediente. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a los expedientes de depuración de los profesionales de la educación", afirma Catalán.

Además de los expedientes en sí, han hecho uso de información recogida en libros e investigaciones, como Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de Maria Antonia Iglesias, la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero o la de Jesús Manuel García Díaz, La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, de 2017.

La represión contra los profesionales de la enseñanza

Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. Decretos posteriores contemplaron el proyecto de creación de miles de escuelas, y los maestros y maestras recibieron una formación por primera vez de carácter universitario. Fueron formados en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, dedicaron tiempo y estudio a la pedagogía.

Como relatan numerosos investigadores, la represión franquista supuso la pérdida de un colectivo de enseñanza muy preparado, con ideas modernas y avanzadas, que fue sustituido por integrantes del clero y profesorado en muchos casos de baja calidad, según se relata, por ejemplo, en el libro Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, coordinado por los profesores de Historia Enrique Berzal y Javier Rodríguez.

En toda España el golpismo consideró a los profesionales de la enseñanza responsables de haber inoculado en la sociedad "el virus republicano". El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con ello y practicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales. Varios investigadores señalan que unos 60.000 profesores fueron depurados, "pero esa cifra se refiere a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra sería mayor", señala Concha Catalán.

 Parte de los maestros depurados pudieron volver a ejercer su profesión en la educación pública. Pero al menos un tercio fueron sancionados con un castigo mínimo de un año y medio sin sueldo o expulsados de forma definitiva, teniendo que ejercer como profesores particulares o cambiar de profesión. Otros fueron fusilados. Uno de los próximos retos del equipo de IHR World será especificar el número exacto de depurados guiándose por ese más de medio millón de expedientes.

Los franquistas crearon comisiones que examinaban la trayectoria profesional y privada de cada maestro –con sus filiaciones políticas y sindicales incluidas– y establecían si podía regresar o no a la enseñanza. Dichas comisiones estaban formadas por el director de la escuela o instituto, un inspector, dos vocales y un representante de la asociación de padres, con "probada moralidad católica" y de "solvencia moral y técnica". Necesitaban además informes favorables de personas públicas, como el alcalde, la Guardia Civil o el cura.

En algunos casos, los expedientes de depuración llegaban después de que la persona castigada hubiera sido fusilada. Así ocurrió, por ejemplo, con Dióscoro Galindo, maestro fusilado con Federico García Lorca, cuyo expediente de depuración llegó días después de su asesinato, a través de una comisión presidida por José María Pemán, en la que se incluyó un testimonio contra él del cura. A pesar de que ya estaba muerto lo suspendieron de empleo y sueldo, pidieron a la familia que desalojara su casa y a él que entregara las llaves y el inventario de la escuela.

En muchos pueblos a las maestras les raparon el pelo y las pasearon por las calles principales antes de enviarlas al destierro. También hubo castigo para los integrantes de las misiones pedagógicas, que durante la II República llevaron a los pueblos aislados de España bibliotecas, aparatos de música, discos y conocimiento. La represión contra los profesores tuvo lugar en la mayoría de las localidades españolas y aún a día de hoy hay maestros desaparecidos en las cunetas.

 Como relata la web de IHR World, "España fue uno de los primeros países europeos en reconocer la importancia de la educación universal" en un momento en el que existía una elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30%, alcanzando el 60% en algunas provincias y afectando especialmente a las mujeres. Desde 1932 y en solo cuatro años se construyeron 9.991 escuelas nuevas, una cifra que "debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas desde 1900 a 1930".

El Gobierno lanzó un programa para seleccionar y formar a siete mil personas con licenciatura sin experiencia docente y se tomaron medidas para mejorar los salarios de los maestros, que obtuvieron el estatuto de funcionarios públicos y vieron su sueldo aumentado en un 15% entre 1931 y 1933.

Con la publicación de este más de medio millón de expedientes con nombres de gente vinculada a la enseñanza depurada, IHR pretende facilitar el acceso a la información para muchas personas que a menudo se ven obligadas a deambular de un archivo a otro, recorriendo cientos de kilómetros, para encontrar pistas sobre sus familiares o para recabar información para sus investigaciones académicas. 

 "Hacemos lo que tendría que estar haciendo el Estado: bases de datos de acceso fácil y público", explica Catalán, periodista y experta en Big Data, una de las fundadoras de la asociación, "junto con un activista de los derechos humanos y un ingeniero informático, clave para el desarrollo de la web". A lo largo de estos cuatro años de andadura ha habido mucha gente que ha encontrado expedientes de sus familiares represaliados a través de esta web.

"Incluso hay quienes ni siquiera sabían que sus familiares habían sido fusilados o juzgados en consejos de guerra. Un hombre entró en nuestra web para buscar a una persona y encontró a seis. Una mujer supo gracias a este proyecto que una tía suya, que nunca hablaba, que siempre gruñía, que estaba amargada, había estado dos años en la cárcel y la habían maltratado", cuenta Catalán.

 "Nos mueve el dolor de la gente por no poder acceder a la historia de vida de sus familiares más inmediatos. Nos escribe gente cada mes dándonos las gracias porque han encontrado a un familiar y pueden recuperar así una parte de la vida de su abuelo, de su tía o de su bisabuelo", indican desde IHR.

"Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían. Tras esa batalla había cruzado a Francia y terminó preso en el campo de concentración nazi de Gusen, donde falleció. Le dijimos que tenía la posibilidad de pedir indemnización para su madre, que además tenía Alzheimer; le pusimos en contacto con personas especializadas en esto, que, como nosotros, de forma altruista, se encargan de ayudar a quienes pueden acceder a este tipo de ayudas", relatan.

El equipo de Innovación y Derechos Humanos ha impulsado el proyecto de forma altruista, pero necesitan donaciones para poder mantenerlo y desarrollarlo. "Queremos seguir añadiendo más datos. Tenemos un proyecto sobre los juicios sumarísimos a mujeres, con un análisis detallado de todas las mujeres represaliadas en Catalunya por consejos de guerra. Nuestra intención es seguir con este tipo de proyectos. Tenemos acceso a otras bases de datos que aún no hemos podido integrar", explica Catalán."          (Olga Rodríguez, eldiario.es, 19/12/20)

Maestras y maestros republicanos de Navarra fueron clasificados en listas negras, elaboradas por la iglesia católica, ayuntamientos y guardia civil, y que fueron utilizadas por estos y por grupos paramilitares para represaliarles y en muchos casos acabar con sus vidas...

"En un territorio en el que no hubo guerra y que fue retaguardia del franquismo, civil y militar, maestras y maestros Republicanos de Navarra fueron clasificados en listas negras, elaboradas por la iglesia católica, ayuntamientos y guardia civil, y que fueron utilizadas por estos y por grupos paramilitares para represaliarles y en muchos casos acabar con sus vidas.

 

El vaticano ya se había opuesto durante la República a la laicidad en la enseñanza, según doctrina del papa León XIII: «No es lícito de ninguna manera pedir, defender, ni conceder la libertad de pensar, de enseñar y de escribir». 

La Diputación navarra acordaba 9 días después del golpe de estado medidas destinadas al magisterio navarro: se revisarían los nombramientos de los maestros, se prohibía la coeducación, y «no se consentirá enseñanza alguna opuesta a la católica, a la unidad de la Patria, ni al principio de autoridad». 

El gobernador militar de la vecina Gipuzkoa, Ramón Sierra Bustamante declaró: «Borraremos vuestros nombres, que serán malditos por generaciones de generaciones. Desterraremos al maestro que, en los mapas, marcaba con una raya verde ese artificio de Euzkadi».

El punto de partida para las listas negras de maestros Republicanos que los fascistas confeccionaron, fue la creación en 1936 de una “junta de educación”, institución rescatada según un antiguo modelo reaccionario de 1829. “Diario de Navarra” transmitió el acuerdo y le puso una coletilla: «Vamos también hacia la salvación espiritual. 

Muy bien por nuestros diputados; que no cesen en la obra emprendida, que no escatimen nada, que pidan cuanta ayuda necesiten. ¡Es la hora de España y, en España, la hora de Navarra! ¡Nuestra enhorabuena efusiva, incondicional y grande!».

Eladio Esparza, uno de los instigadores del golpe de Estado, periodista, subdirector de “Diario de Navarra”, fue secretario de aquella Junta. Tras la primera depuración del magisterio navarro, Esparza fue gobernador civil de Araba. 

En centenares de informes recogidos por la Junta se especificaban las tendencias de las maestras y maestros navarros en moralidad, religiosidad, tendencia política y lectura de prensa del investigado. El peso en la elaboración de la norma de Eladio Esparza fue notorio.

El presidente de aquella primera Junta de Educación fue el diputado foral José Gómez Itoiz, antiguo médico en Lumbier (Irunberri), natural de Aia (Gipuzkoa) y también presidente de la Junta Carlista de Agoitz, donde por cierto ejecutaron los franquistas a 18 vecinos, entre ellos al maestro Martín Gil Isturiz. Itoiz solicitó informes a alcaldes y guardia civil, para descubrir “a los maestros perturbadores de las conciencias infantiles, tanto en el aspecto patriótico como en el moral”.

La Junta de Educación elaboraría una primera lista negra, a las pocas semanas de su constitución. Contenía 53 nombres de maestros y maestras destituidos fulminantemente, de los que 14 fueron ejecutados extrajudicialmente. Unos días más tarde otros 63 maestros y maestras perdieron su empleo. Un total de 229 maestros fueron depurados o sancionados y 81 fueron condenados a pagar fuertes multas, la mayoría por «ultrajar a la patria (española) con pertinencia».

La depuración trajo al magisterio navarro una nueva generación, adicta al régimen. Los malos tratos fueron habituales en las escuelas, que se convirtieron en válvulas de escape para la frustración de centenares de maestros. Los abusos sexuales, callados por una generación de niños que no tuvieron derecho a la denuncia, resultaron comunes en las escuelas de órdenes religiosas, favorecidos en su expansión por el propio sistema.

Al menos 26 maestros y una maestra navarra fueron ejecutados extrajudicialmente entre 1936 y 1944, y otro tras sufrir Consejo de Guerra. En Navarra, los fascistas fusilaron a maestros de Zirauki, Valtierra, Fitero, Tafalla, Santacara, Ujué, Peralta, Cintruénigo, Etxauri, Peralta, Yesa, Cáseda, Pamplona, Allin, Lodosa, Ituren, Tudela y Aibar. 

Entre los 28 maestros navarros ejecutados, 16 ejercían en Nafarroa y una era mujer, Camino Oscoz. Tres maestros alaveses -los de Zalduondo, Galarreta y Gordoa- fueron arrojados a la sima de Otsoportillo, en Urbasa. Los dos maestros de Aibar, los esposos Gabriel Valentín y Josefina Troncal, fueron detenidos y el marido ejecutado."                  (Tulio Riomesta, 17/02/19)

La purga salvaje de los profesores republicanos en Priego de Córdoba. Esta purga contra el avance educativo republicano depuró con expedientes a la totalidad de maestros, siendo asesinado tres de ellos en este municipio cordobés. Transcurrieron más de quince años hasta que Priego volvió a tener un centro de enseñanza media...

"Juan Bautista Pérez Fuentes era maestro rural, conocido en el pueblo como maestro Orsa, y vivía en una huerta a la entrada de Cabra, muy cerca del municipio de Priego. Murió con tan solo 34 años de edad dejando cuatro hijos y a su esposa.

Su cuerpo sigue desaparecido en un cortijo y se cuenta como uno de los fusilados por la “temida revolución educativa que se vivió en Priego durante la Segunda República”. Esta purga contra el avance educativo republicano depuró con expedientes a la totalidad de maestros, siendo asesinado tres de ellos en este municipio cordobés.

Del Caño saca a relucir el caso concreto de un pueblo que vivió el esplendor e una importante innovación educativa durante aquella República y que buscaba sacar a las clases más desfavorecidas de los altos índice de analfabetismo. Sin embargo, la sublevación del 18 de julio sorprendió al magisterio español al inicio de las vacaciones de verano.

 “El miedo y el sobresalto, se instalaron en las escuelas y en las familias de los maestros”, aclara el investigador a Público. Sacas y expedientes que provocaron que casi 60.000 maestros fueran depurados en la España franquista.

 Acceso a la educación de jornaleros en el mundo rural

En este pueblo, municipio natal del entonces presidente de la Segunda República, Niceto Alcalá Zamora se vivió de forma pionera el acceso a la educación de jóvenes jornaleros de clases rurales. “Sin aulas adecuadas e insuficientes, con instalaciones y mobiliario obsoleto, el número de niños y niñas que se encontraban matriculados en Primaria era escasísimo”.

El esfuerzo que hicieron los gobernantes de este paréntesis democrático en Priego supuso todo un cambio en la inercia en la que se encontraba. Se incrementaron las aulas en la localidad y las aldeas, construyéndose catorce Escuelas Nacionales y una de adultos.

"La mayoría de estas escuelas se crearon en las aldeas que anteriormente no tenían. Para estos niños y niñas de campo supuso un cambio espectacular en sus vidas", aclara el investigador a Público.

Clases al aire libre para conocer los diferentes fenómenos naturales

Francisco del Caño ha logrado rescatar las actas del Consejo Escolar Municipal del Instituto de Priego donde se apuntaban las Colonias de alumnos que se hacían en el mar o las proyecciones de películas con un proyector de propiedad municipal. “Ver a los jóvenes rodeando a Alcalá Zamora en sus habituales visitas al Instituto era todo un honor. Un presidente que se expresó diciendo que el motor de la democracia es un pueblo educado”. Los nuevos maestros y maestras que llegaron a Priego traían durante la República un nuevo hacer pedagógico, basado en los modelos de la Escuela Nueva.

Tal como destacan las crónicas, en la aldea de Esparragal un matrimonio de maestros republicanos redactaban textos libres y publicaban su propia revista escolar en la “imprentilla Freinet”. Se recogen entre las actividades varias visitas a las capitales cercanas y clases al aire libre para conocer los diferentes fenómenos naturales.

El inicio de las purgas a los maestros en el verano del 36

El Comandante Militar de Córdoba, Ciriaco Cascajo, ordena insertar en la prensa cordobesa, a partir del 23 de julio de 1936, una Orden en la que exige a todos los docentes que se presenten ese mismo día en el despacho de los alcaldes para “asuntos de su profesión”. Veintisiete maestros fueron asesinados al inicio del golpe militar. Solo en la provincia de Córdoba. (...)

La historia del maestro Orsa fusilado al inicio del golpe

La historia de Juan Bautista Pérez Fuentes es una de las más cruentas que Francisco ha logrado rescatar en su libro. El expediente del desconocido ‘maestro Orsa’ corresponde a uno de los profesores fusilados en Córdoba al inicio de la sublevación militar.

Francisco del Caño Pozo recuerda a Público el testimonio del hijo de Juan Bautista Pérez que vio, siendo muy pequeño, como un grupo de caballistas militares se llevaba a la cárcel a su padre. Pocos días después le entregaban su reloj y un mensaje escrito sobre un plato de aluminio, tras asesinarlo en las huertas de Monturque (Córdoba).

Bautista fue un maestro ejemplar que recibió en los años de la República autorización para impartir clases en su propia casa, abriendo una pequeña escuela laica de Instrucción Primaria. A pesar de la falta de medios el alumnado iba a la casa de Juan Bautista y lograba hacerse un hueco entre las escaleras a modo de aula . “Esta actividad la complementaba impartiendo clase por los cortijos de los alrededores a los niños que no tenían posibilidad de asistir a la escuela”.

Juan Bautista fue considerado, desde el inicio de la guerra, enemigo del nuevo Régimen. Un escuadrón de caballería intentó localizarlo varias veces en su domicilio. “En un primer registro, destrozaron el mobiliario de su casa en busca de libros y propaganda republicana, sin encontrar nada que lo inculpara”.

Hasta el 19 de septiembre de 1936, la familia de Bautista no tiene conocimiento de su asesinato. Su muerte consta en el Registro Civil bajo el epígrafe “a consecuencia de la fenecida guerra contra el marxismo”.

Transcurrieron más de quince años hasta que Priego volvió a tener un centro de enseñanza media. Sería el Instituto Laboral Fernando III, siendo su alumnado exclusivamente masculino. En la década de los años sesenta, comienza a permitirse la enseñanza mixta para realizar los estudios de bachillerato, tanto a hombres como a mujeres.

A día de hoy, la memoria oral de Priego recuerda vagamente la labor de aquellos maestros. “Este lavado de la memoria colectiva ha sido, si cabe, mayor aún, puesto que los responsables directos del cierre del Instituto fueron profesores del mismo”. Amigos políticos de José María Pemán, añade el autor “alto jerarca de la Comisión de Cultura y Enseñanza” del régimen franquista."          (María Serrano, Público, 23/10/18)

El exterminio del magisterio republicano español

"Hasta la República la enseñanza pública se limitó a “las cuatro reglas y leer y escribir” para inculcar en los alumnos las ideas de disciplina, jerarquía y autoridad, indispensables para que aceptaran su condición de clases subalternas.

 Una de las puntas de lanza de la República Española fue la educación. Con Marcelino Domingo al frente del Ministerio de Instrucción Pública y Rodolfo Llopis de director general de Primera Enseñanza, se elaboró el mejor Plan Profesional para los maestros que ha existido en nuestra historia. El sueldo miserable de aquellos maestros subió a 3.000 pesetas, se organizaron cursos de reciclaje, se proyectaron 27.151 escuelas en 15 años a razón de 7.000 escuelas el primer año y 5.000 anuales a partir del 2º.

Con la llegada de la República cristalizaron proyectos pedagógicos progresistas e interesantes, y programas de formación para los maestros que les convirtieron en una de las mejores generaciones de docentes que ha tenido España. Viajaban al extranjero, conocían la educación de otros países, y el Plan Profesional de la República les reservaba una plaza al acabar su formación. Muchos destacaron en la lucha contra el analfabetismo que, en algunas zonas rurales, alcanzaba al 90% de la población. 

Dieron clases nocturnas para combatir el absentismo escolar de los niños jornaleros, participaron activamente en las Misiones Pedagógicas organizadas por el Ministerio de Instrucción Publica para llevar la cultura a los pueblos. Las familias jornaleras vieron, por primera vez, una obra de teatro, un recital de poesía o una función de cine.

Pero había que barrer el magisterio. La guerra la ganaron los curas y la perdieron los maestros republicanos, la bestia negra del régimen. La jerarquía eclesiástica, que utilizaba la escuela para adoctrinar a las masas vio a los maestros como una amenaza y puso en marcha una campaña de acoso y derribo contra el sistema laico de enseñanza, las principales acusaciones contra los maestros fueron de carácter religioso, lo que les puso en el punto de mira de los militares golpistas. 

El levantamiento militar arrasó el sistema educativo que tanto había mimado la República. El franquismo exterminó a miles de maestros, tras la purga dirigida por el escritor falangista José María Pemán, al frente de la Comisión Nacional Depuradora del Magisterio. Hay pocos pueblos andaluces que no tengan un maestro desaparecido al comienzo de la Guerra Civil por defender un sistema educativo, inspirado en la Institución Libre de Enseñanza.

De los 60.000 maestros que ejercían la profesión en el verano del 36, más de 15.000 fueron fusilados o apartados de la enseñanza por defender la escuela popular y laica que promovía la República. La depuración de maestros eliminó a quienes se habían identificado con el Frente Popular o colaborado con las autoridades republicanas, comprometidos con llevar a la escuela valores de igualdad, justicia social y libertad que emanaban de la Constitución republicana de 1931.

 No eran dignos de confianza para participar en la nueva escuela nacional-católica. Se les consideraba responsables de haber inoculado en la sociedad y en las mentes juveniles el virus republicano, por lo que los franquistas emprendieron una “limpieza”, absoluta y sin contemplaciones, para separar del cuerpo docente a los maestros “envenenados”.

Para ser confirmado en el cargo, el maestro debía haberse opuesto a la enseñanza laica que preconizaba la República, las vacantes producidas por los maestros fusilados o destituidos eran cubiertas por afectos al régimen. Si no se acababa de raíz con aquellos maestros de espíritu republicano, al nuevo régimen se le iría de las manos la política nacionalcatolicista que pretendía imponer. Había que aplicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales en general, que quitara las ganas a cualquier otro de repetir aquel modelo de vida. 

Los maestros de la España franquista tenían que ser católicos convencidos y educadores apostólicos, la escuela nacional dejó de ser laica, y la enseñanza de la religión era obligatoria. Durante décadas la enseñanza fue impartida por profesores mal preparados por la enseñanza privada y católica, aislada internacionalmente de la docencia y la investigación."             (Documentalismo memorialista republicano, 05/10/17)

Asesinar y represaliar a tantas maestras y maestros obligó a los franquistas a revisar los expedientes de depuración suavizando las sanciones. Ese vacío de plazas fue ocupado por excombatientes, excautivos y exoficiales del ejército y sus familiares, tras pasar unas oposiciones diseñadas ad hoc para ellos

"En los expedientes de funcionarios de Arturo Sanmartín y Sofía Polo pone que murieron "a causa de los acontecimientos de la guerra civil". 

Los papeles, hoy en el archivo de Alcalá de Henares (Madrid), no recogen que a Arturo, inspector de enseñanza primaria en Palencia, lo pasearon por la calle mayor de la ciudad para vejarlo antes de asesinarlo. 

Ni que estuvo escondido en un desván. Ni que se desplomó cuando le contaron que a Sofía, también maestra, la engañaron, la sacaron de casa y la mataron en una carretera.

Los dos estaban vinculados al Partido Socialista y sobre su muerte, a los 39 y 35 años, hay una única certeza: "Que fueron asesinados por maestros y por rojos", afirma con rotundidad la pequeña de sus hijas, Natalia Sanmartín Polo.(...)

Depurar a la profesión docente se antojó desde el principio una prioridad para los sublevados. Todos los maestros y maestras de las zonas ya en manos de los franquistas tuvieron que solicitar su depuración para poder continuar con el ejercicio de la docencia. 

Los censos elaborados por historiadores que han estudiado la represión en las escuelas arrojan que al menos una cuarta parte de los docentes –había un total 50.527 en el escalafón de 1935, según la última estadística oficial del Ministerio de Instrucción Pública– fue castigado de uno u otro modo: separándolos definitivamente de la enseñanza, con traslados forzosos, con inhabilitaciones para ejercer cargos directivos, jubilaciones a la fuerza, expedientes disciplinarios... El franquismo separó del servicio para siempre a uno de cada diez expedientados.

El régimen pretendía llevar a cabo el proceso de depuración en un periodo de tres meses y así lo estableció en su normativa cuando creó las comisiones para tal fin. Pero el grueso de la injerencia en las aulas no se completó hasta 1942, aunque hasta bien entrados los cincuenta se continuaron abriendo nuevos expedientes en un goteo constante.

 Los señalamientos a docentes se basaban en los testimonios de las "fuerzas vivas" de los pueblos: lo que decía el cura o la Guardia Civil.

 Sobre Sofía Polo se dijo que "era una marxista, una mala persona que envenenaba las mentes juveniles". Ya muerta, en 1937 la Comisión Depuradora del Magisterio de Palencia le abrió un expediente en el que se afirmaba que "se dedicó a la política de izquierdas, no cumplió con sus deberes religiosos y observó una mala conducta". 

El BOE de enero de 1940 recogió la separación definitiva del servicio de la maestra. Ese mismo año, llamaron a juicio a Arturo Sanmartín por responsabilidades políticas. Le pusieron una multa de 50.000 pesetas que intentaron cobrarse, una vez asesinado el inspector, en bienes familiares.

 El 18 de julio de 1936 cogió a los hermanos Sanmartín Polo en San Sebastián de vacaciones con una tía. "Mi padre estaba presidiendo uno de los tribunales de las oposiciones en Palencia y mi madre se quedó con él, por eso ellos no se vinieron", explica Natalia, que ahora tiene 85 años y es capaz de ofrecer un relato detallado repleto de fechas, nombres propios y lugares que marcaron su infancia y su adolescencia. Toda su vida, en realidad, porque lleva "siembre el sambenito de ser hija de unos rojos".   (...)

Bien entrada la década de los ochenta, apareció entre los papeles de la carpeta de Natalia como funcionaria en la administración –ha sido toda su vida maestra, como sus padres– un informe de la Guardia Civil fechado de los años cincuenta. 

"A pesar de los antecedentes de los padres, observa una conducta moral sin tachas", pudo leer antes de que un funcionario hiciera mil pedazos el folio. "Me dijo que no sabía por qué eso estaba aún ahí", cuenta. (...)

"He tenido la suerte de vivir con personas que nunca nos ocultaron que aquello fue un crimen", asume. Los detalles de la crueldad de sus muertes los conoció a los 18, "muy arropada emocionalmente por el entorno".

"Eres niña, pero no tonta. Una chica que había estado con mis padres antes de que fueran asesinados y que venía huyendo recaló en nuestra casa en Calaceite en el 37. Hasta entonces mis tías no supieron a ciencia cierta que estaban muertos. De repente se vistieron todas de negro y lloraban. Yo seguía preguntando que cuándo iba a volver mi mamá y nadie me respondía.

 Ya sabes, lo sabes aunque no te lo digan. Lo hablábamos con mis hermanos, sabíamos que ya no iban a venir", recuerda Natalia.

Asesinar y represaliar a tantas maestras y maestros como Sofía y Arturo dejó las escuelas franquistas sin docentes. Tanto, que el régimen se vio obligado a revisar los expedientes de depuración en un proceso paralelo que duró hasta finales de los años sesenta. 

En el 59% de los casos, se suavizaron las sanciones. Ese vacío de plazas fue ocupado por excombatientes, excautivos y exoficiales del ejército –y sus familiares–. Primero como interinos y después como funcionarios tras pasar unas oposiciones diseñadas ad hoc para ellos.  

"Toda mi vida he querido parecerme a mis padres, seguir sus pasos. Difundir, como hicieron ellos, la enseñanza libre para todos y todas, gratuita, laica, sin distinción de clases", relata Natalia. Con 85 años asegura que no se ha bajado de esos principios en toda su vida laboral.

 "Cuando empecé en la enseñanza de adultos en los años 80, mi clase tenía un crucifijo y dos retratos: uno de Francisco Franco y otro de Primo de Rivera". Los quitó el primer día, recuerda, igual que su padre se peleó con el profesor de religión de su escuela para retirar los que había en los años treinta.

"La ausencia de mis padres la sentiré siempre. Te duele. Me duele cuando hablan de olvidar. Recuerdo perfectamente lo que decía un amigo dentista de mi familia cuyo entorno había sido represaliado por dar atención médica en las minas de Teruel. Hija mía, me decía, perdonar quizá, pero olvidar, nunca. Porque olvidar –parafrasea ella muy convencida– es como matarlos dos veces".      (Sofía Pérez Mendoza ,  eldiario.es, 19/11/2016)