"La retirada de fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados Palestinos (UNRWA) por varios países sigue generando
preocupación y reacciones en el ámbito de los derechos humanos. La
decisión, impulsada por Estados Unidos y seguida por otras naciones
aliadas, fue anunciada el mismo día en el que la Corte Internacional de
Justicia establecía que hay “pruebas plausibles” para investigar a Israel por genocidio en Gaza y ordenaba medidas cautelares al Gobierno de Netanyahu, que debe cumplir en el plazo de un mes.
Han pasado dos semanas desde entonces. El Ejército israelí no ha detenido sus ataques sobre Gaza, ha asediado hospitales, bombardeado viviendas y edificios públicos, matado a otros mil palestinos y mantenido un contexto que facilita el hambre y las enfermedades.
A ello se suma la suspensión de la financiación a la UNRWA por parte de dieciocho países, lo que supone más del 60% del
presupuesto de la principal agencia de la ONU en Gaza, que facilita
alimentación, educación y refugio. Su comisionado general, Philippe
Lazzarini, ha advertido de que esta retirada de fondos puede llevarla “a un riesgo de colapso”.
Este jueves el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, ha denunciado que Israel está destruyendo “todos
los edificios en Gaza dentro del radio de un kilómetro de la valla” que
separa este territorio de Israel. “La destrucción generalizada de
bienes, no justificada por necesidades militares, y ejecutada de forma
ilegal y sin motivo, constituye una grave violación de la Convención de
Ginebra y un crimen de guerra”, ha añadido.
El comunicado
En este contexto se enmarca el contundente comunicado emitido por el Instituto Lemkin para la Prevención del Genocidio,
que lleva el nombre del abogado judío polaco Raphael Lemkin, padre del
término y concepto de genocidio. En él se advierte de que la retirada de
fondos a la UNRWA viola en sí misma el fallo provisional de la Corte
Internacional de Justicia y opera en sentido contrario a las medidas
cautelares emitidas por este tribunal.
Además, señala que “la amenaza” de suspender dicha financiación
supone “una grave escalada”, facilita “que se propaguen actos genocidas”
en Gaza y “sugiere la intención de destruir, total o parcialmente, al
pueblo palestino, mediante la destrucción de la balsa salvavidas
proporcionada por la UNRWA”.
Algunos de los párrafos del comunicado son especialmente duros, como
este: “[Esta retirada de fondos] representa un giro por parte de varios
países desde una posible complicidad en genocidio hasta la participación
directa en una hambruna diseñada. Es un ataque a lo que queda de
seguridad personal, libertad, salud y dignidad en Palestina”.
Una represalia
Los letrados, los expertos en genocidio y en derecho internacional
que integran esta organización se unen de este modo a lo que consideran
“un creciente consenso de profesionales del derecho internacional y
estudiosos del genocidio” que señalan que “esta acción equivale a una
mayor participación en el genocidio en curso de palestinos en Gaza”.
“Nos preocupa que esta acción, programada de tal modo, sea una
represalia contra la orden de medidas preventivas a Israel adoptada por
la Corte Internacional de Justicia”, advierten.
Del mismo modo se ha pronunciado el abogado y director de Human Rights Watch hasta 2022, Keneth Roth, quien señala que “parte de la vendetta de
Netanyahu contra la UNRWA puede deberse a que la Corte Internacional de
Justicia citó extensamente a su jefe en su fallo, en el que estableció
que es creíble que Israel esté cometiendo genocidio en Gaza”.
La misma denuncia desde otras voces
En el mismo sentido que el Instituto Lemkin, el abogado y profesor de
derecho internacional Francis Boyle –el primero que ganó un caso de
protección por genocidio (Bosnia)– ha denunciado que la ayuda militar a
Israel puede constituir complicidad en genocidio y que la retirada de
fondos a la UNRWA añade una “violación directa del
artículo 2(c) de la Convención de Genocidio: ‘Infligir deliberadamente
al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción
física total o parcial’”.
La relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos,
Francesca Albanese, también ha indicado que esta retirada de fondos a la
UNRWA supone un castigo colectivo y una probable violación de la
Convención sobre Genocidio. Una posición similar defiende el profesor
Alonso Gurmendi Dunkelberg, experto en
derecho internacional de la Universidad de Oxford, quien considera que
las amenazas a la financiación se han convertido en parte del crucial
“debate de intenciones” con respecto a la aplicación de la Convención
sobre Genocidio en las políticas de Israel en Gaza.
Otra voz en la misma línea es la de Christopher Gunness, portavoz de
UNRWA entre 2007 y 2019, quien advierte que esta retirada de fondos constituye “una violación de la ley internacional, de las medidas cautelares de la Corte Internacional de Justicia y de la Convención sobre Genocidio; será devastador para Gaza”.
La acusación, la reacción y la investigación
Las naciones que han retirado su financiación a la Agencia de la ONU
para los Refugiados Palestinos son Estados Unidos, Alemania, Australia,
Austria, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Italia, Japón,
Países Bajos, Rumania, Suiza y Reino Unido. Justifican su decisión en
base a las acusaciones presentadas por el Gobierno de Netanyahu, que
afirma que doce trabajadores de UNRWA –de los 30.000 con los que cuenta,
13.000 de ellos en Gaza– habrían participado en los atentados de Hamás
del 7 de octubre.
Hasta la fecha, las presuntas pruebas de esas acusaciones no se han
hecho públicas. Tampoco los medios de comunicación han tenido acceso a
ellas. Las cadenas británicas Sky News y Channel 4, así como el diario Financial Times, sí han conseguido obtener en exclusiva el informe israelí que contiene las acusaciones. Sky News señala que dicho informe no contiene pruebas y que varias de las acusaciones ni siquiera vinculan a la UNRWA. Del mismo modo ha informado Channel 4.
El periódico Financial Times ha señalado que “la evaluación de inteligencia, a la que ha tenido acceso el Financial Times,
no proporciona ninguna prueba que respalde las afirmaciones”. Lindsey
Hilsum, editora de Channel 4 News International, ha formulado
públicamente la siguiente pregunta: “¿Por qué los donantes, incluido
Reino Unido, retiraron la financiación tras acusaciones tan endebles y
no probadas antes de una investigación?”.
A pesar de no tener acceso a las presuntas pruebas, UNRWA reaccionó
de forma inmediata y despidió a nueve de estos doce trabajadores. De los
tres restantes, dos están muertos y un tercero no ha podido ser
identificado aún. Además, Naciones Unidas ha encargado una investigación
independiente y exhaustiva para esclarecer los hechos.
La directora de comunicación de UNRWA, Juliette Touma, ha explicado
que en mayo, como cada año, la agencia entregó a Israel un listado con
los nombres de todo el equipo de empleados, para que los servicios de
inteligencia los supervisara. El Gobierno israelí no ofreció respuesta
ni puso objeción alguna.
Sobre las consecuencias de la retirada de fondos, ha confesado que
“no esperábamos la suspensión por parte de tantos donantes. Solo en las
primeras 24 horas se retiraron nueve países, en medio de la guerra. Si
esto no se revierte, a finales de febrero o principios de marzo
tendremos que suspender el trabajo”.
Varios países que han anunciado su retirada de fondos admiten que no
han tenido acceso a “todos los hechos”. “¿Cuán irresponsable puede ser
el Gobierno australiano?”, se preguntaba este jueves el abogado Keneth
Roth. “Suspendió la financiación de la UNRWA, acelerando la hambruna de
los civiles palestinos, aunque ‘no tenía todos los hechos’. Sí sabía que
la UNRWA inmediatamente despidió e investigó a los presuntos
infractores”.
La celeridad de EEUU –y de otros países– para retirar los fondos a la
principal agencia de la ONU en Gaza contrasta con su negativa a
paralizar su financiación militar al Ejército israelí y su apoyo
diplomático al Gobierno ultraderechista de Netanyahu, a pesar de las
medidas cautelares ordenadas por la Corte Internacional de Justicia, y
de que ésta haya establecido que existen pruebas verosímiles de
genocidio en curso en Gaza.
El Instituto Lemkin lamenta que, lejos de empujar a Israel para que
cumpla, parte de la comunidad internacional occidental esté operando en
sentido contrario. La correlación de fuerzas en el escenario global
sigue dificultando la defensa de los derechos de los palestinos e,
incluso, en algunos espacios la estigmatiza y criminaliza.
Juristas, expertos en genocidio, organizaciones de derechos humanos y
de ayuda humanitaria, así como algunos Estados –encabezados por
Sudáfrica–, buscan caminos y vericuetos posibles para salvar vidas y
prevenir más matanza en Gaza, cuando ya hay más de 27.000 palestinos
muertos, 69.000 heridos, miles de desaparecidos y más de un millón y
medio de desplazados, según datos de la ONU.
El hambre como arma de guerra
Uno de los puntos más desarrollados por el Instituto Lemkin para la
Prevención del Genocidio incide en el peligro de perpetuar y empeorar el
contexto de hambruna que sufre Gaza.
“Más allá de las muertes por bombardeos, disparos de francotiradores,
guerra química y armamento autónomo, el hambre domina la Franja de
Gaza. Esto no es único: convertir el hambre en un arma está previsto
específicamente por la Convención sobre Genocidio como método e
indicador del crimen de genocidio”.
En sólo tres meses el deterioro en Gaza se ha multiplicado hasta tal punto que actualmente el 80% de la población mundial
en riesgo de muerte por hambre se encuentra en la Franja. El economista
jefe del Programa Mundial de Alimento de Naciones Unidas ha señalado
que “nunca en mi vida había visto algo así en términos de gravedad,
escala y velocidad”, y el experto en derecho internacional de la
Universidad de Tel Aviv, Aeyel Gross, ha advertido de que la UNRWA debe
ser “apoyada” y no “desfinanciada”.
Varias organizaciones, como Human Rights Watch, también alertan de
que el hambre se está usando como arma de guerra en Gaza. Sobre ello, el
Instituto Lemkin denuncia que “durante un período de hambruna,
implementar una cancelación permanente o una pausa en la financiación
pone a los Estados con fondos previamente comprometidos en una situación
potencial de violación de la Convención sobre Genocidio”.
En su comunicado menciona pronunciamientos similares, como los de
Noruega, que ha indicado que continuará proporcionando fondos a la
agencia de la ONU en Gaza con el fin de “salvar vidas y salvaguardar las
necesidades básicas y derechos; la UNRWA es la columna vertebral de los
esfuerzos humanitarios en Gaza”. España se ha posicionado del mismo
modo, manteniendo e incluso incrementando su financiación.
También dedica unas líneas a los medios de comunicación, lamentando
que muchos no hayan “reaccionado con alarma a estas amenazas” de retirar
los fondos, e insta “a periodistas y editores a que informen de forma
sólida de las dimensiones humanitarias y legales que supone esta
retención de ayuda humanitaria a los palestinos”.
La tortura
Hace unas semanas la antigua funcionaria del Ministerio de Exteriores
israelí, Noga Arbell, instó al Gobierno de Netanyahu a tomar medidas
para debilitar a la UNRWA, afirmando que “será imposible ganar la guerra
si no destruimos la UNRWA, y esta destrucción debe comenzar de
inmediato”. Poco antes, en el mes de diciembre, la prensa israelí se
había hecho eco de un plan del
Ejecutivo de Tel Aviv para deshacerse de la agencia de la ONU, cuya
primera fase consistiría, precisamente, en vincularla con Hamás.
“Poco después de los comentarios de Arbell, la Agencia de Seguridad
de Israel (el Shin Bet) anunció sus acusaciones contra el personal de la
UNRWA”, relata el Instituto Lemkin. Según medios de comunicación
israelíes, tales afirmaciones se basaron en gran parte en confesiones
extraídas a través de interrogatorios a prisioneros palestinos.
El Instituto para la Prevención del Genocidio recuerda que “Israel
tortura habitualmente a los presos palestinos, un método que se ha
demostrado que produce información falsa y poco confiable. Tras los
ataques del 7 de octubre, de hecho, el Gobierno israelí adoptó y renovó
varias medidas para legalizar una política de internamiento e
institucionalizar la tortura a los detenidos. (…) Antes de estas
medidas, el Shin Bet era conocido incluso dentro de Israel por buscar
confesiones falsas bajo tortura”.
Asimismo, solicita que “los Estados que han optado por suspender la
financiación a la UNRWA comprendan las condiciones de interrogatorio en
Israel. Según el derecho internacional, las confesiones obtenidas
mediante tortura no pueden contarse como pruebas”.
Por lo demás, hace también referencia a la credibilidad de las
acusaciones, recordando el informe Brom, elaborado en su día para el
Centro Jaffee de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tel Aviv. En
él, el general de brigada israelí Shlomo Brom concluyó
que “los organismos gubernamentales manipularon falsamente información
de inteligencia para obtener apoyo” para impulsar la invasión de Irak,
debido a “las relaciones entre la Inteligencia [israelí] y los altos
responsables de la toma de decisiones”.
El informe Brom mostró que cuando se preparaba la invasión de Irak se
presentó una “evaluación exagerada”, “impulsada por una imagen de
inteligencia que fue manipulada”. El Instituto Lemkin advierte del
peligro de una dinámica similar en la actualidad. “Una prisa por emitir
juicios, en lugar de una confianza en el protocolo y en una
investigación metódica, puede resultar en un error con consecuencias
letales”, alerta.
Por último, resalta que “Israel ha violado sistemáticamente la
seguridad y la santidad del estatuto de refugiado en la región. Tomar
medidas contra la UNRWA en su conjunto representa una intensificación de
las acciones contra los refugiados palestinos”.
Quedan dos semanas para que se cumpla el plazo otorgado por la Corte
Internacional de Justicia a Israel. El Gobierno de Netanyahu tendrá
entonces que mostrar que ha cumplido las medidas cautelares ordenadas
por el máximo tribunal de la ONU. Éstas ordenan que Tel Aviv facilite la
llegada a Gaza de toda la ayuda humanitaria necesaria y que adopte
“todas las medidas a su alcance” para evitar “matar a miembros de un
grupo”, causarles daños físicos o mentales e infligirles
“deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar su
destrucción física total o parcial”.
En los circuitos defensores de la ley internacional y los derechos
humanos se advierte de que las víctimas mortales y los heridos
acumulados en estos últimos quince días en Gaza, la destrucción de más
viviendas e infraestructuras y el desplazamiento forzado, junto con la
retirada coordinada de fondos a UNRWA, no contribuyen a ejecutar los
objetivos establecidos." (Olga Rodríguez , eldiario.es, 8 de febrero de 2024)
