El mayor secuestro de la historia: los ‘métis’ del Congo Belga... Niños y niñas mestizos fueron arrebatados a sus madres congoleñas, aislados en instituciones y, con el fin de la colonización, expatriados a Bélgica

 "El título de este artículo bien podría parecer una exageración para atraer lectoras y lectores dentro de la infinita variedad que ofrece Internet, pero no responde más que a la realidad de la sorprendente historia que, de manera resumida, vamos a contar. Se trata del secuestro de unos 20.000 niños y niñas, en los territorios entonces denominados Congo Belga y Ruanda-Urundi, llevado a cabo por un país europeo, civilizado y democrático: Bélgica.

Son relativamente conocidas las atrocidades que sufrió el Congo en su primera etapa de colonización, cuando era una finca particular del rey belga Leopoldo II. Cuando éste se lo cedió a Bélgica, los ojos del mundo miraban al nuevo dueño de lo que pasó a llamarse Congo Belga, esperando que no repitiera las inhumanas condiciones a las que había sometido el anterior rey al pueblo congoleño. Éstas sólo podían mejorar, y así fue, pero para Bélgica el Congo y sus habitantes seguían siendo un rico botín al que había que exprimir al máximo.

La Carta Colonial, base de todas las leyes que regirían la colonia belga a partir de 1908, creó dos categorías de seres humanos en las que los congoleños y congoleñas no eran ciudadanos, sino súbditos. Se le podían seguir aplicando castigos físicos, tenían limitada la movilidad por el país y, en las nuevas ciudades que surgían, tenían sus propios barrios, completamente ajenos a los de los blancos, en los que debían recluirse tras acabar su jornada laboral. Durante todo el dominio colonial belga del Congo (al que se unieron, tras el Tratado de Versalles, los territorios de Ruanda-Urundi) las autoridades belgas se cuidaron de que los congoleños no pudieran aspirar en sus vidas a pasar de ser oficinistas, soldados, peones o criadas, limitando de tal forma su educación a todos los niveles que, en el momento de la independencia congoleña en 1960, sólo había 33 licenciados universitarios nativos.

El mestizaje, la realidad que rompe la baraja

Dividida así la sociedad entre europeos y congoleños, la estructura social parecía ser la ideal para explotar convenientemente las riquezas del Congo. Pero entonces surgió el mestizaje y los belgas no supieron muy bien qué hacer con él. La relaciones entre hombres blancos y mujeres congoleñas habían sido permitidas en los primeros tiempos coloniales, bajo la propiedad de Leopoldo II, que incluso las alentaba como medida de «higiene sexual» en un país sin mujeres blancas, pero pocos años después de pasar a ser dominio belga muchas voces empezaron a alzarse contra las consecuencias de esas relaciones: mestizos con madres congoleñas y la mitad de su sangre blanca. Aplicando leyes del siglo XIX, los niños y niñas mestizos, los métis, pasaban a ser tutelados por el Estado y las instituciones religiosas, que se ocupaban de ellos al ser considerados niños «abandonados». Eso ocurría desde el momento en que el padre blanco, como ocurría en la mayoría de los casos, no los reconocía como hijos y quedaban a cargo de sus madres congoleñas, que disponían de pocos recursos.

¿Por qué esa prevención frente a los ‘métis’?

La prohibición de relaciones entre hombres blancos y mujeres nativas no surtieron ningún efecto. Fueran relaciones amorosas o bajo coacción, llegando incluso a matrimonios «de hecho» –en los que, a veces, el marido blanco cambiaba a una esposa por otra–, la evidencia de éstas era la existencia de métis. Como dice la antropóloga Ann Laura Stoler, el mestizaje amenazaba el prestigio de los blancos y evidenciaba la degeneración europea y su decadencia moral. Pero más allá de la vergüenza, los mestizos levantaban miedo entre los colonizadores.

 Son muchos los testimonios que advertían del riesgo del mestizaje, como, por ejemplo, el de Joseph Pholien, jurista y posteriormente primer ministro, que 1913 temía la posibilidad de que los mestizos formaran una clase «ambiciosa y amargada» que organizara revueltas contra los europeos, o el de Paul Crockaert, que fuera ministro de colonias, que en 1935 pedía evitar las uniones «desparejas», de las que saldría una sangre y una mezcla étnica «indeseable».

¿Cómo ‘solucionaron’ el problema del mestizaje?

Con la ley en la mano, y hecha la trampa que convertía en «abandonados» a niños y niñas que tenían madres y que cuidaban de ellos, el siguiente paso era arrebatárselos a estas mujeres como fuera y llevárselos lejos, con la intención de que no volvieran a verlos. Sencillamente secuestrar: «separar, alejar».

Los métodos utilizados fueron diversos, como narra Assumari Budagwa, que ha investigado el tema durante los últimos 20 años. En unos casos la policía simplemente llegaba a las casas y se llevaba a los niños; en otros se engañaba a las madres para que firmaran autorizaciones, que muchas veces no entendían, con la promesa de que su hijo o hija viviría en mejores condiciones. Cuando no accedían, se pasaba a la coacción o a declararlas «legalmente» muertas, lo que convertía a sus hijos en huérfanos.

Aislados del mundo, de sus congéneres, de su cultura

Creciendo muchos de ellos en la convicción de que habían sido abandonados por sus padres, ya fuera por su posible condición de subversores del orden establecido o por la parte «blanca» que corría por sus venas, los métis fueron aislados del resto de niños congoleños en las instituciones en las que se les ingresó. Más aún, se quiso marcar la diferencia con la población negra haciéndoles sentirse superiores a ellos, tanto en la forma de vestir como al recibir mejor alimentación, hasta avergonzarse de sus orígenes.

 Es revelador el comentario que hacía Marianne, una mujer que fue ingresada de niña en uno de los internados más investigados, el de Save, en la actual Ruanda, ante la visita de su madre: «Ella vino, nos saludó, estábamos ahí, a su lado, y muchas veces no éramos amables con ella porque era negra, porque no queríamos a nuestras madres. Nos daba vergüenza que fueran negras».

Se acerca la independencia

A finales de la década de 1950 nada parecía poder detener ya la independencia del Congo Belga y de Ruanda-Urundi, como la de otros muchos países africanos. ¿Qué iba a ocurrir entonces con los métis ingresados por miles en todos estos territorios? Una comisión ministerial había desaconsejado, al final de los años 30, que niños y niñas mestizos pudieran ser trasladados en algún momento a Bélgica, pero la inminente salida de los colonizadores llevó a que en determinadas instituciones se organizara una especie de evacuación hacia la metrópoli de estos niños y niñas.

Con promesas o amenazas, sus madres autorizaron que cientos de niños fueran trasladados a Bélgica, donde se ocuparon de ellos organizaciones benéficas que crearon sus propios archivos y desperdigaron a los métis por todo el país –incluso fuera de las fronteras belgas–, llegando a separar a hermanos y evitando cualquier posibilidad de contacto entre las madres y las parejas que los acogían o adoptaban. Una de estas organizaciones advertía a una pareja, contactada por la madre, de que todas ellas eran «negras ignorantes», sin mala fe, pero que se aprovecharían de ellos.

Quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos

La forma en que se trasladó e integró en Bélgica a los métis hace complicado no sólo conocer sus orígenes, sino siquiera saber qué son: ¿belgas, congoleños, apátridas? La nacionalidad sólo se otorgó a los hijos de belgas –legítimos, legitimados o reconocidos– y Bélgica no admitió los certificados de nacimiento de la administración colonial –si bien en muchos casos sólo existían certificados de bautismo– creando un auténtico embrollo administrativo que ha dificultado la vida de los métis en Bélgica. Casarse o simplemente viajar constituía un problema. Eso los convirtió, como decía uno de ellos, el cineasta Georges Kamanayo, en «belgas de tercera categoría».

Conocimiento, reconocimiento y ¿reparación?

Todos estos hechos apenas son conocidos para la sociedad belga. La propia presidenta del Senado, Christine Defraigne, reconocía en 2017 no saber nada de ello hasta un año antes. Fueron en esos años cuando las instituciones belgas comenzaron a reconocer su culpa, sin matices, y a pedir perdón. La Iglesia católica lo hizo en 2017 y dos años después, el entonces primer ministro Charles Michel reconoció lo ocurrido ante el parlamento y pidió disculpas, citando, incluso, el sufrimiento que habían causado a todas estas personas.

Si bien el Estado belga ha tomado medidas para investigar lo ocurrido y facilitar que los métis que viven en Bélgica puedan conocer sus orígenes, muchos de ellos, ante el daño irreparable que sufrieron y que se traslada a sus familias y sus descendientes, siguen exigiendo reparaciones económicas, una valoración del daño moral y la declaración de crimen de lesa humanidad sobre aquellos hechos."                 

(JULIÁN GÓMEZ-CAMBRONERO ALCOLEA, La Marea, 20/04/23;  Puedes leer una versión más amplia de este artículo en la web ‘El Congo en español’)

“Aún no sabemos cuántos casos de bebés robados a mujeres indígenas hay en Perú, ni siquiera si continúan hoy”

 "La génesis de Canción sin nombre empieza con una llamada de la activista francesa de origen peruano Celine Giraud a Ismael León, padre de Melina León, directora de la película. Giraud era la fundadora de La Voix des Adoptes, una ONG francesa dedicada a reconstruir la vida de niños robados y adoptados de forma ilegal en Francia.

 Ella misma pudo encontrar a su madre biológica en Perú gracias a los recortes de prensa de los reportajes que León, el padre, escribió en los primeros años 80. Este contacto animó a León, la hija, a convertir la historia de aquellas mujeres y aquellos bebés en su primer largometraje. Y, en entrevista con El Salto, a confesarnos que tras décadas de investigación “no solo sigue pasando, es que no sabemos cuántos casos de bebés robados a mujeres indígenas hay en el Perú”.

La película cuenta la historia de Georgina, una mujer de etnia andina que junto a su marido se muda ya embarazada a Lima a finales de los 80, expulsados de su lugar de origen por los enfrentamientos entre el Ejército y Sendero Luminoso. En la capital peruana se dedica a vender papas en el mercado de la ciudad hasta que da a luz y su bebé, una niña, desaparece. 

Georgina no recibe ninguna explicación ni ayuda de las autoridades, apenas el apoyo de otras mujeres en parecida situación, hasta que aparece Pedro Campos, un periodista limeño de origen mestizo y homosexual en secreto, que decide sacar a la luz el robo sistematizado de los hijos e hijas de las mujeres indígenas.

 En su recorrido por más de 100 festivales de todo el mundo, Canción sin nombre ha cosechado más de 40 galardones, como el premio a Mejor largometraje en el Festival de Estocolmo (Suecia), CineVision a Mejor Película Internacional de un Nuevo Director en el Filmfest München (Alemania), Mejor Dirección en el Festival de Thessaloniki (Grecia), el Premio FIPRESCI a Mejor Película del Festival du Nouveau Cinéma de Montreal (Canadá), y el Colón de Oro a Mejor Largometraje en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (España), entre muchos otros. Entre otras cosas, le valió para ser estrenada en Netflix en enero de 2021 y en España también está disponible en la plataforma Filmin.

 La directora explica que durante la parte de documentación la Policía le aseguró que es imposible saber el número total de casos de robos de niños “porque en los 80 en Perú era mucho más fácil falsificar documentos y era muy peligroso investigar a estas mafias. Los diarios de la época calculaban unos pocos cientos de víctimas por lo que pudieron demostrar, pero es imposible saberlo”. Incluso “constatamos que estos robos siguen existiendo y que algunas mafias de robo de niños aún funcionan porque hay policías y jueces que lo permiten… mejor dicho, esos policías y jueces forman parte de las mafias”.

La cineasta, que estrenó en la quincena de realizadores de Cannes y con su cinta ha sido candidata por Perú a la nominación al Oscar a Mejor Película Internacional y al Goya a la Mejor Película Iberoamericana —“me di cuenta de que los premios no son como los festivales, en los festivales el jurado sí se ve la película”—, se lamenta de que aunque Canción sin nombre ha sido bien recibida en su país, “los robos de bebés y la violencia contras las mujeres o los pueblos indígenas no son un tema de debate o actualidad. Si acaso se habla de las esterilizaciones forzosas de Fujimori, pero como forma de denostar ese periodo, no como crítica al racismo”.

León se hizo cercana de una madre afectada “que nunca recuperó a sus hijos. Fueron robados mayores, y los pudo localizar y los llegó a conocer a través de la fundación de Celine, pero nunca recuperó la relación. Es uno de muchos. Sabemos que hay muchísimos casos más que nunca se resolvieron”. Si necesitaba más pruebas de la actualidad del tema, en 2018 se destapó una red de tráfico con sede en Arequipa, la segunda ciudad del país. También investigó el fenómeno a nivel mundial, escandalizándose con casos como el desvelado por la BBC en 2019 de las “granjas humanas” en Nigeria.

Una actriz no profesional para un personaje indefenso

A la protagonista Georgina le da vida Pamela Mendoza, antropóloga y actriz del teatro comunitario a la que León eligió porque “me parecía absurdo recurrir a actores que, por su procedencia, han podido acceder al teatro profesional cuando queríamos reflejar el enorme abismo que hay en Latinoamérica para las personas de ascendencia indígena. Era más lógico recurrir a personas que hayan sufrido en carne propia la marginalización y la racialización y buscar entre ellas el talento”. Mendoza es hija de migrantes andinos y en las entrevistas ha explicado varias veces que de alguna manera interpreta la historia de su madre y sus tías, excepto por la parte del robo.

Georgina y su marido, Leo, al que pone rostro el actor Lucio Rojas, van y vienen al centro de Lima caminando desde una casita en uno de los acantilados que rodean la ciudad, un desierto que cuelga sobre el mar, en planos que subrayan su indefensión. “Lima es una ciudad capital de un país que no está hecho para servir a la mayoría de gente descendiente de indígenas, de quechuahablantes o de andinos. Los mestizos que hablamos el castellano como primer idioma adquirimos un estatus mayor, pero el que se nota más andino, como el caso de Pamela, lo tiene peor”, explica la directora. Ella misma lo sabe por la historia de su padre, cuya familia paterna blanca nunca lo reconoció.

 En el caso del personaje de Pedro Campos, el periodista que interpreta Tommy Párraga, León decidió añadir su homosexualidad a la condición de mestizo para añadir “las otras formas de violencia que vivimos. Esa pequeña historia de amor que él vive en segundo plano no estaba en los primeros borradores del guión, pero creí que a una audiencia internacional, que no supiese tanto del racismo en Perú, le ayudaría a entender por qué se solidariza con ella”. A su padre, Ismael León, “la condición de mestizo lo hizo rebelde y muy solidario con la gente marginalizada. En el periodista de la película, que viva un romance es una forma de indicar que en la vida también pasan cosas con luz”.

Cuando le preguntamos por el balance sobre la situación de las comunidades indígenas en los 40 años pasados desde los primeros reportajes de su padre, la cineasta es pesimista. “La violencia que sigue habiendo se ve en cómo ha afectado la pandemia a los descendientes de indígenas, por ejemplo. Por darte un dato, había 100 camas de UCI en Perú a principios de 2020, la gran mayoría en Lima. Imagínate lo que pasó en zonas como Iquitos, en la selva de Perú, o en Arequipa, que solo tenía tres camas de UCI. Por eso han muerto más de 200.000 personas. Cualquier avance que haya habido no sé en qué lo podemos traducir”.

 Aunque sí observa una revalorización de las culturas indígenas en cuestiones como “la debacle del cambio climático. El mundo ha vuelto sus ojos a los indígenas al darse cuenta de que el modelo en el que estamos es destructivo y su forma de vida es un contrapeso”. Melina León es la primera mujer peruana invitada a Cannes, lo que considera “una muestra del interés que hay por el tema a nivel internacional: por el trabajo de las mujeres, por la vida de los indígenas, por los Derechos Humanos en el Perú...”.                      (José A. Cano, El Salto, 03/12/21)

Los bebés robados de familias humildes en España durante 50 años

 "Se llama Luis Fernando Lezaeta Hurtado en Chile y Luis Aguirre García en España. 

Nació el 30 de noviembre de 1958 en Salamanca, pero eso lo supo cuando ya tenía 15 años, el mismo momento en el que se dio cuenta de que los padres que le habían criado no eran sus padres biológicos pese a que así constaba en el registro del país Latinoamericano. Hasta 1998 una abogada no le aseguró que había sido un bebé robado durante la dictadura franquista. 

 "Cuando le pregunté por lo ocurrido, mi madre me dijo que tenía que quemar todos los papeles porque le podía meter en un lío a ella", relata Fernando, tal y como él prefiere denominarse. Al principio, la familia Lezaeta quería una niña, pero ellas eran mucho más difíciles de conseguir, así que se tuvieron que conformar con un niño "rubio de ojos azules", tal y como lo encargaron a Félix Álvarez-Arenas, el militar cercano a Franco con el que vivió sus primeros seis meses de vida. La vida de Fernando costó algo más de 100.000 pesetas de la época. 

Laura Perales dio a luz en el Hospital General de Alicante el 3 de julio de 1980, ya entrada la democracia en España y cuasi superada la Transición. A los dos días, Javier Hernández Perales murió. Sería enterrado el día 6 en una fosa común de Alicante, en domingo, pese a las reticencias de la familia. Tras varios pleitos con la justicia, la exhumación del cadáver y el análisis forense dejó constancia que realmente lo que habían enterrado era un brazo de un adulto. "Yo pedí al cementerio la lista de cadáveres que había en esa fosa común y vi que donde debería estar mi bebé también había más de 70 recién nacidos de mayo a agosto de 1975 procedentes del Hospital en el que di a luz".

 Un bebé robado y una madre a la que robaron su bebé son los trágicos protagonistas de un hecho acontecido en España a lo largo de varias décadas y que afecta a miles de personas a nivel internacional. Amnistía Internacional (AI) ha publicado un extenso informe llamado "Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de Derechos Humanos en los casos de 'bebés robados'" en el que analiza las raíces del problema, quiénes fueron los ladrones y quiénes los robados. Pese a que no existen datos oficiales al respecto, la sustracción ilegal de bebés se produjo entre 1939 y los noventa, pues el último caso documentado por AI es de 1993. Según la organización, "pudo existir la sustracción y apropiación de niños y niñas al nacer  (...) así como la subsiguiente supresión y sustitución de su identidad llevada a cabo con la participación, tolerancia o aquiescencia de agentes del Estado". 

La propia Audiencia Nacional se ha pronunciado al respecto tildando la situación que se produjo entre 1937 y 1950 como "desaparición legalizada" de menores de edad con pérdida de su identidad. "El número es indeterminado, pero se barajan algunas cifras de hijos e hijas de presas tutelados por el Estados o repatriados tras finalizar la Guerra Civil que no siempre estuvo claro fueran devueltos a sus familias", agregan desde AI. Aquí los números: 30.960 niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado entre 1944-1954; y 20.266 menores repatriados tras la Guerra Civil en 1949, según datos del Servicio Exterior de la Falange. 

Le robó un militar franquista 

Fernando consiguió la doble nacionalidad  en 2012: "Quería recuperar algo de mi pasado, por lo menos poder decir que nací en España porque a mí me sacaron del país para llevarme a otro contra mi voluntad. Mi madre biológica solo estuvo cinco días conmigo". Dice que en la jura para conseguir la nacionalidad española el juez le dijo que él no hacía falta que lo hiciera porque siempre había sido español. En su caso, el cónsul de España en Chile arregló los papeles para que figurara como hijo natural de la familia Lezaeta. El tiempo pasó y el padre y la madre que le criaron murieron. Entonces Fernando se puso a investigar: "Cuando yo removí la historia en uno de mis viajes a España, la hija del militar franquista que me robó me dijo que hasta cuándo iba a estar hablando mal de su padre, y le contesté que me denunciara si tanto le molestaba", explica a Público el afectado.

 "Antiguamente era muy normal comprar niños en Chile, y la Iglesia estaba metida hasta el cuello porque eran quienes arreglaban los papeles con los bautismos y la documentación eclesiástica", expresa Fernando a sus 62 años. Él solo quiere cerrar un círculo que nunca debió estar abierto, y quizá lo consiga. "Sé que hay una mujer en España que puede ser mi hermana porque a su papá le robaron un hijo en 1958 también con la diferencia de un mes de mi nacimiento. Araceli puede ser mi hermana; su padre tenía las mismas facciones que yo. Ella ya se ha hecho una de las mejores pruebas de ADN  que existen, la Myhevitage, y yo estoy esperando a que me llegue la mía para contrastar los resultado", se explaya Fernando.

Solo hijos de familias humildes 

Preguntado por si considera que la sociedad española está a la altura de las circunstancias, este bebé robado en la dictadura es meridiano: "Voy a ser sincero contigo. Un gran porcentaje de los españoles siguen siendo franquistas porque están acostumbrados y educados bajo su doctrina y sus reductos. Todos los niños que robaron eran de familias de bajos recursos, gente del campo, humilde y que se oponían a la dictadura. Hay casos en los que les decían que se hijo había muerto con otitis, ¿pero cuándo ha muerto un bebé por eso?", se pregunta. 

En la actualidad sus hijos y nietos le preguntan por lo sucedido y les contesta aunque no tenga ganas de hacerlo. "Nunca les he negado nada. Les digo: mira hijo, este soy yo, estuve en una inclusa hasta que una familia me compró, y no soy el único al que le ha ocurrido. Somos todos españoles, no conozco a mi mamá, ni a mi papá; ustedes son españoles pero nunca les darán la nacionalidad". Le vendieron como si fuera algo en lugar de alguien. 

-¿Guardas algún tipo de rencor hacia tus padres biológicos? 

-Nada de eso. No lo puedo hacer porque no sé qué pasó. A lo mejor mi madre era una mujer sencilla que quedó embarazada y que le quitaron al niño porque había un encargo de uno rubio con ojos azules. 

Tres causas de muerte diferentes 

A Javier Hernández Perales le separaron de su madre, Laura, dos días después del parto para que le hicieran la prueba del talón. Nunca jamás le volvió a ver. Nacida en 1954, jamás olvidará lo ocurrido en el Hospital General de Alicante aquel 5 de julio de 1980, cuando a su marido a y a ella le comunican que Javier ha muerto. "Nos dijeron que el bebé estaba en el depósito pero que no lo podíamos ver porque estaba muy negro al haber muerto de asfixia", relata la afectada. 

AI ha accedido a la documentación en la que se explicita que al hijo de Laura le operaron de un pulmón y murió de un fallo respiratorio. La familia no tenía conocimiento de esta intervención. El propio hospital les facilitó otro documento donde consta que Javier murió por un paro cardiaco, pero hay otro más en el que se indica que la muerte se produjo porque la máquina que hacía la radiografía de los pulmones estaba estropeada. Nada encaja. 

"Nos dijeron que solo nos daban al niño si lo enterrábamos al día siguiente, pese a ser domingo, y en Alicante, aunque queríamos darle sepultura en nuestro pueblo, Villena. Unos días más adelante nos llamó una mujer y nos dijo que nuestro hijo no estaba muerto. No sabíamos quién era pero nos llamó en repetidas ocasiones. Se lo contamos a la Guardia Civil y nos dijo que lo olvidáramos porque sería alguien que nos quería hacer daño", cuenta Laura a Público. Una vez fallecido su marido, desde el Hospital le dijeron que nunca había dado a luz allí, así que denunció lo ocurrido. "Justo el día que fui a los juzgados me encontré una movilización con más personas en mi misma situación, así que me uní. Yo siempre había pensado que estaba muerto, no que me lo habían robado".

35 años poniendo flores 

El 11 de mayo se produjo la exhumación de lo que debería haber sido el cadáver del bebé, pero no: en el ataúd tan solo apareció un brazo de una persona adulta. "Ahí me di cuenta de que llevaba 35 años poniendo flores en una tumba en la que no estaba mi hijo", continúa. Después de que con ayuda de su cuñado, quien había enterrado el ataúd en 1980 en aquel mismo lugar, encontraran la caja correspondiente y vieran que dentro no había ningún bebé, la justicia declaró el secreto de sumario. "Siguieron excavando en la fosa común, por si acaso, y encontraron otros dos ataúdes de bebé: dos vacíos completamente y una niña". 

A Laura le contaron lo que ella no duda en denominar como mentiras. "Me dijeron que quizá el brazo había absorbido los huesos del bebé, pero yo no me creía nada de eso. Cuando le hicieron el análisis de ADN certifiqué que ahí nunca había estado mi bebé. Como no había cadáver, no había caso, así que lo cerraron", profundiza esta madre de dos hijos y abuela de cuatro nietos, a quien no le aceptaron el caso en el Tribunal Supremo  porque no podía culpar a nadie. "El dolor de que me lo hayan robado no tiene ni punto de comparación con que esté muerto. La incertidumbre de cómo estará, qué será de su vida, es algo en lo que pienso todos los días", prosigue. 

"Cuando todo esto pasó yo tuve una depresión de dos años, sin poder trabajar y apenas comer. Desde mi punto de vista, creo que algún niño que iban a dar de otra familia les falló o algo, así que cogieron al mío, porque no es normal que me lo quitaran a los dos días de nacer, cuando ya le había dado biberones, en lugar de arrebatármelo tras el parto", presupone Laura. "Ahora estoy completamente convencida de que mi hijo está vivo, pero nadie me ayuda a buscarlo. Me siento totalmente desamparada por la justicia", concluye esta madre. Similar es la opinión de Fernando: "Ningún Gobierno de España nos ha puesto facilidades".

Al reclama investigar lo sucedido 

El informe de AI también recoge que pese a las 2.138 diligencias de investigación  entre 2011 y marzo de 2021, tan solo 526 llegaron a ser judicializadas. Ninguna de ellas en 2019 y 2020. Pese a las cientos de denuncias presentadas, las exhumaciones se contabilizan hasta las 120, de las cuales el 41% de los casos (un total de 49) no se pudo resolver, bien por confirmarse que los restos no pertenecían al bebé que se buscaba (7 casos, 6%), bien porque no se encontraron restos (3 casos, 2,5%) , o bien porque los restos encontrados no aportaron muestras válidas de ADN para cotejo (39 casos, 32,5%), según la organización. 

El documento publicado por dicha entidad finaliza con una serie de recomendaciones para paliar la situación tanto al poder legislativo como al Gobierno central , a las comunidades autónomas, al poder judicial, al Ministerio Fiscal español , a la Santa Sede y a la Conferencia Episcopal. "            (Guillermo Martínez, Público, 16/03/21)

La justicia israelí condena por asesinato a un colono que quemó viva a una familia palestina

"Casi cinco años después del atentado incendiario que precedió a la ola de violencia conocida como “Intifada de los cuchillos”, la justicia israelí ha condenado por tres cargos de asesinato a un colono judío que quemó viva a una familia palestina. 

 Amiram Ben Ulliel, de 25 años y relacionado con grupos radicales de los asentamientos de Cisjordania, fue declarado el lunes autor de la muerte del matrimonio formado por Saad y Reham Dawabashe y de su hijo Alí, de 18 meses, al arrojar cócteles molotov contra la vivienda en la que dormían en la madrugada del 31 de julio de 2015 en Duma, en la provincia de Nablus.

En las paredes de la casa fueron halladas pintadas en hebreo que rezaban: “¡Venganza!” y “¡Viva el rey mesías!”. La sentencia establece que cometió “un atentado de carácter racista” en venganza por la muerte de un colono judío, que había sido deliberadamente embestido por un conductor palestino un mes antes cerca de Duma. Otro hijo de los Dawabashe –Ahmed, que entonces contaba con cuatro años– sobrevivió al atentado incendiario a pesar de haber sufrido quemaduras en el 60% de su cuerpo.

El Shin Bet, agencia de seguridad interior que investigo el ataque como “terrorismo judío”, espera que el tribunal de Lod (sureste de Tel Aviv) que ha juzgado el caso dicte el mes que viene una condena a cadena perpetua contra el reo. Ben Uliel no tenía antecedentes por acciones violentas a pesar de su activismo en los asentamientos y recientemente se había alejado del nacionalismo extremista para ingresar en un una escuela rabínica ultraortodoxa. Su abogado anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo tras alegar que la confesión en la que se basa la condena fue arrancada contra su voluntad.

La justicia anuló las dos primeras confesiones de Ben Uliel obtenidas por el Shin Bet por considerar que se había recurrido a la “fuerza física”, aunque aceptó una tercera en la que “ofreció detalles de los hechos que todavía no eran conocidos y que permitieron la completa reconstrucción del crimen”. Los tres jueces de Lod desestimaron la acusación de la fiscalía de pertenencia a organización terrorista.

El condenado formaba parte de un grupo mesiánico de colonos que no reconoce la legitimidad del Estado de Israel y defiende la implantación de una monarquía teocrática. El Gobierno israelí autorizó tras el atentado la aplicación de medidas de excepción para investigar el terrorismo judío, como la aplicación de la llamada detención administrativa, para mantener indefinidamente los arrestos de los sospechosos sin intervención judicial, que solo suele aplicarse a presos palestinos.

Un segundo acusado del atentado incendiario de Duma –cuya identidad no se ha facilitado, ya que era menor de edad en 2015– llegó el año pasado a un acuerdo con la justicia a cambio de reconocer su participación como cómplice en los hechos. El tribunal, que le sentenció por pertenencia a organización terrorista, tiene previsto imponerle una condena inferior a seis años de cárcel, según informa Times of Israel.

Hussein Dawabashe, el abuelo que acompañó durante meses al pequeño Ahmed en el hospital israelí en el que fue tratado de sus graves quemaduras, dijo a la prensa hebrea en el tribunal de Lod que su familia había experimentado “un gran trauma”. “No quiero que ningún otro niño se vea en la situación de Ahmed”, apostilló. “No lo olvidaré aunque viva cien años más y no quiero que ninguna otra familia pase por esto”.               (Juan Carlos Sanz, El País, 18/05/20)

La Haya condena por crímenes contra la humanidad a ‘Terminator’, un exjefe de milicias de Congo

"Bosco Ntaganda, antiguo comandante de milicias rebeldes en Ruanda, y también de fuerzas del Gobierno en la República Democrática del Congo, ha sido declarado este lunes culpable de 18 cargos de crímenes de guerra y contra la humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya (Holanda). 

 Perpetrados entre 2002 y 2003 en Ituri, en el noreste congoleño, Ntaganda era apodado Terminator por sus métodos despiadados, que incluían violaciones y ataques a machetazos. Los jueces consideran probado que convirtió a mujeres en esclavas sexuales, reclutó niños soldado e instigó asesinatos cometidos por sus hombres. El procesado dijo en su defensa que se considera “un revolucionario, no un criminal”.

Los jueces de la CPI anunciarán la pena de cárcel que le imponen en una vista posterior, pero Ntaganda pudo hablar la pasada semana antes de conocerse este lunes el fallo, y dijo: "Me llaman Terminator, pero ese no soy yo; no me reconozco”. Luego añadió que nunca atacó a civiles, y adujo que los protegía. 

Durante el juicio, sin embargo, los abogados de las víctimas lograron demostrar “más allá de toda duda razonable”, como les pedían los jueces, que niñas de 12 años fueron obligadas a servir de “esposas” de los comandantes rebeldes. “La violación era una práctica común”, alegó el procesado, al escuchar el relato de una niña de nueve años atacada por milicianos a sus órdenes.

Nacido en Ruanda, de etnia tutsi, y huido al Congo en su adolescencia, la CPI pidió por primera vez la detención de Ntaganda en 2006 por haber reclutado niños soldado para las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo. Sus miembros eran de la comunidad étnica hema, y conformaban el brazo armado de la Unión de Patriotas Congoleña, que se lanzó contra el grupo rival, los lendu. En 2012, su jefe, Thomas Lubanga, fue condenado a 14 años de cárcel por forzar a menores de 15 años a luchar entre 2002 y 2003. Un delito que sigue cometiéndose en África, Asia y América Latina. Ntaganda fue uno de los principales comandantes de Lubanga, y también alcanzó el rango de general del Ejército congoleño.

En 2012, la Corte, que carece de policía propia y depende de los Estados miembros, solicitó de nuevo la extradición de Terminator, que para entonces controlaba supuestamente el tráfico ilegal en la zona minera de Kivu. Situada al este de la República Democrática del Congo, en la zona hay yacimientos de oro, diamantes y coltán, entre otros. La ONU sostiene que cobraba impuestos ilegalmente.

Sonriente en la mayoría de las fotos tomadas en su época militar, Terminator dirigía en persona las incursiones de sus hombres, capaces de asesinar a centenares de personas en un solo día. Descrito como "igual de peligroso que Joseph Kony”, el líder rebelde de Uganda, por parte de la Fiscalía de la CPI, se ganó a pulso el alias, según la acusación. Ordenaba a sus hombres que violaran a las mujeres “para mantener alta la moral”, y sus crímenes formaban parte de “una campaña deliberada contra las comunidades lendu, bira y nande, y contra todos los que no fueran grupos de etnia hema”, dijo Fatou Bensouda, fiscal jefe, durante el proceso.

Human Rights Watch ha documentado cientos de violaciones, civiles golpeados con palos, tiroteados por la espalda o quemados vivos en sus casas. “Todo lo contrario”, replicó la defensa. Ntaganda era visto “como un padre por las tropas, y de ahí lo de usar la expresión 'niños'. Eran soldados, pero no menores”.

Huido durante los siete años posteriores a la orden de arresto de 2006, pero con apariciones públicas orquestadas por él mismo, Ntaganda fundó en 2012 el grupo rebelde congoleño M23. En 2013, se entregó por sorpresa en la Embajada de Estados Unidos en Kigali (Ruanda) y fue trasladado a la Corte Penal, con sede en Holanda. Los estatutos de la CPI descartan la pena de muerte, y HRW presume que el condenado reapareció y se entregó para evitar un proceso que acabara en el patíbulo en otro lugar.  "                              (Isabel Ferrer, El País, 08/07/19)

“La crueldad con los niños en la frontera es intencionada, es la política del Gobierno”

"De todos los niños, cuenta la abogada Warren Binford, le impresionó especialmente una chica de 14 años llamada Katerine. “Era muy dulce”, la recuerda. Había acabado en un centro de detención temporal de inmigrantes en Clint, Texas, después de cruzar la frontera con su hermana, mayor de edad. “Las habían separado de una forma muy traumática. 

En la celda donde estaba había otros niños más pequeños que necesitaban cuidado, así que ella se hizo cargo de consolar a otros que no tenían a nadie. Uno de ellos, de cuatro años, era el niño más traumatizado que he visto. Piénsalo, ella tenía su propio trauma y tenía que cuidar de otros más pequeños, también traumatizados. Creo que resume el dolor de aquel lugar”.

El lugar era una comisaría de la policía de fronteras en Clint, una barriada a las afueras de El Paso. Binford y un grupo de abogados denunciaron las condiciones carcelarias e insalubres en las que se hacinaban más de 300 menores de edad cuando lo visitaron, a principios de la semana pasada. Oficialmente, está preparado para 100 adultos. Sus informes y las entrevistas con decenas de niños inmigrantes están puestos por escrito ante un juez. 

Los niños les contaron que pasaban semanas sin lavarse los dientes o sin ducharse, que no había sitio para dormir ni ropa para cambiarse. Oyeron relatos de madres obligadas a dormir sobre el suelo con sus bebés. Váteres atascados en medio de las celdas. Un olor nauseabundo en general.

Según el presidente Donald Trump y los servicios fronterizos, esta situación se produce porque el sistema migratorio está colapsado. Los números globales están muy lejos de los récords históricos (en el año 2000 hubo 1,6 millones de detenciones), pero se han disparado las llegadas este año respecto a los cuatro anteriores. El pasado año fiscal fueron detenidas 521.000 personas en la frontera. Este año van por 593.000 y aún faltan cuatro meses para cerrar el cómputo.

 La mayoría son familias con niños, a las que tiene que procesar un sistema básicamente carcelario y pensado para detener hombres solos.

Legalmente, los niños deben estar en condiciones seguras y salubres y deben ser entregados a los servicios sociales lo antes posible, normalmente en 72 horas, para irse con familias de acogida o con sus familiares en EE UU. El incumplimiento es flagrante. Las abogadas entrevistaron a decenas de niños sucios, aterrorizados, separados de sus familias y que llevaban hasta tres semanas detenidos a pesar de tener familiares localizados en el país.

“La crueldad es intencionada, es la política del Gobierno”, afirma la abogada Elora Mukhejee. “Los niños me decían que tenían constantemente miedo de los guardias. Vieron a uno llevarse a un niño agarrándolo por la cabeza. Estaban aterrorizados de oírles gritar en inglés”. Binford apunta que “las comisarías de la frontera siempre han sido horribles. 

Lo especial de esta es que había cientos de niños. Eso no lo habíamos visto nunca. Las edades eran impactantes”. Las abogadas describieron en el juzgado a bebés manchados y sin ropa para cambiarse, duchas cada cinco días, niños traumatizados por la separación que llevaban la misma ropa durante tres semanas, decían tener hambre y frío, no se podían lavar los dientes ni usar jabón.

Trump ve la llegada de inmigrantes como una invasión de criminales. Así lo ha dicho. Está convencido de que las familias vienen a aprovecharse de las leyes de asilo de Estados Unidos. Por sus propias palabras, su política consiste en tratarlas de la manera más cruel posible en la frontera para quitar la idea de emigrar a otros. 

“El sistema está siendo manipulado de forma que no se está procesando a los inmigrantes que llegan para que entren en la sociedad con la facilidad que lo hacían antes”, asegura Binford. Los estamos separando de los adultos que cruzan con ellos y eso está causando traumas en los niños”. Además, no está funcionando. “Claramente, no ha disuadido a nadie. A pesar de todas las tácticas agresivas que ha empleado este Gobierno, la gente sigue viniendo”.

Las entrevistas revelan que la Administración sigue separando familias. Lo que no hace es separar a padres de sus hijos sistemáticamente, pero cualquier otra versión de familia en la frontera sí está siendo separada. Así, los abogados entrevistaron a dos hermanos desconsolados que habían sido separados de su abuela, con la que habían cruzado. O niños que venían al cuidado de sus hermanos mayores de edad y han sido separados, porque el adulto ha sido procesado por la vía penal.

Las abogadas Warren Binford, de Oregón, y Elora Mukherjee, de Nueva York, llevan más de una década especializadas en inmigración. Han visto todo tipo de centros de detención. Han visto cambiar el perfil de inmigrante progresivamente desde que empezaron a llegar niños solos en 2014. “El problema no es el número de inmigrantes”, afirma Binford a EL PAÍS por teléfono, “lo que está generando esas condiciones es la mala gestión de la Administración”.

“Cuando visitamos el centro de Clint, la semana pasada, había 2.600 niños en custodia de la policía fronteriza”, explica Mukherjee por teléfono desde Nueva York. “Entonces empezaron a salir las informaciones en prensa de lo que habíamos visto. A finales de la semana había menos de 1.000. Claramente, tienen la capacidad de atender a los niños y moverlos lo bastante rápido. Es horroroso como están utilizando a los niños como peones del juego político”.

Mukherjee lleva haciendo estas visitas desde 2007, como parte de un grupo de abogados que vigila por orden judicial que el Gobierno cumpla las condiciones legales en las que pueden estar detenidos los menores de edad inmigrantes. 

“Siempre ha habido lo que llaman hieleras y perreras. El problema no es nuevo, es anterior a Trump. lo que es nuevo es la cantidad de tiempo que estos niños pasan detenidos. Hay brotes de gripe, piojos, los niños no se pueden lavar las manos con jabón. En Ursula, Texas, la semana pasada fueron cinco niños a la enfermería. En el último año han muerto seis niños. En toda la década anterior, ninguno”.

Binford sitúa que el origen de los problema en la separación sistemática de familias que comenzó discretamente en el otoño de 2017 y se hizo oficial en la primavera de 2018. Al entregarse en la frontera, los menores eran separados de sus padres. La indignación pública hizo que Trump se retractara. De aquellos meses quedaron al menos 2.600 niños separados de sus padres de los que nadie había apuntado quiénes eran. 

 Un juez de San Diego obligó al Gobierno a la reunificación de esos niños (la gran mayoría ya se ha logrado). “Aquello creó un atraso para el resto de los niños que tienen que reunirse con sus familias”, explica Binford. “El juez estaba tan enfadado y había tanta presión pública que le dieron absoluta prioridad”.

Binford afirma que el principio de los problemas del Departamento de Vivienda y Servicios Sociales para procesar en tiempo y forma a los niños viene de la acumulación de casos creada en esos meses. La consecuencia es un sistema colapsado con niños que podrían estar con sus familias. “Es una crisis inventada. No necesitamos infraestructura para niños que tienen familia. Los están traumatizando detenidos. Es todo para justificar el gasto en seguridad”.                (Pablo Ximénez, El País, 30/06/19)

El PP quiere legalizar el robo de bebés (inmigrantes) del franquismo...

"El PP propone retrasar la expulsión de mujeres sin papeles que den a su hijo en adopción.

El PP ha incluido en su propuesta de ley de apoyo a la maternidad que las inmigrantes sin papeles embarazadas que decidan dar a su hijo en adopción no sean expulsadas del país durante el periodo de gestación. 

Los populares ligan maternidad, aborto, inmigración y recursos económicos en un polémico proyecto e insisten en que la adopción no supondría “ningún blindaje” para la mujer inmigrante en situación irregular, que sería expulsada, si cayera en una redada, tras dar a luz.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha manifestado en varias ocasiones en los últimos días que preferiría volver a la ley del aborto de 1985 —la de supuestos—, en lugar de la vigente —aprobada en 2010, de plazos—. Sus declaraciones sobre este asunto y el hecho de que haya vinculado las interrupciones voluntarias del embarazo con la sostenibilidad de las pensiones, han desatado fuertes críticas, también dentro de su propio partido, entre quienes consideran que se trata de “un debate superado”. 

La cúpula del PP, no obstante, entiende que un alto porcentaje de abortos se produce por motivos económicos —“en el tercer hijo”, decía, de forma errónea, el vicesecretario de organización, Javier Maroto—, y entre “mujeres inmigrantes sin medios”. Por eso, tras desistir en su intento de volver a la ley de 1985, Casado ha vinculado la inmigración irregular, abortos, adopciones y medios económicos en una misma propuesta: su proyecto de ley de apoyo a la maternidad.

Según esa propuesta —que Casado no pronunció en voz alta al presentar el proyecto de ley, el pasado domingo—, las mujeres inmigrantes embarazadas y en situación irregualr que quisieran dar a su hijo en adopción no serían expulsadas durante el tiempo de gestación. Después, si cayeran en una redada por ejemplo y fuesen ciudadanas de los países con los que el Gobierno mantiene acuerdos de repatriación, serían devueltas. 

Dar a su hijo en adopción, insisten fuentes del PP, no supondría un “blindaje” que les evitara la repatriación. “Lo que sería una barbaridad”, señalan fuentes del partido, sería “utilizar los datos que hay que facilitar en un proceso de entrega en adopción como excusa para tramitar el expediente de expulsión de esa mujer. Eso es lo que queremos evitar por razones humanitarias y por la protección de la menor y de la madre”.

Este sistema, añade el PP, ya funciona en la Comunidad de Madrid, donde gobiernan, a través de un “protocolo contra el abandono de bebés”. El partido tampoco tiene redactado un texto completo de este proyecto de ley de apoyo a la maternidad.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, considera la propuesta “un abuso”, informa Pilar Álvarez. “Se prevale de la pobreza de las mujeres para hacerlo colar con una medida de protección a la maternidad. Proteger la maternidad es proteger a las mujeres que son madres”, añade.

Vladimir Núñez, abogado especializado en extranjería, asegura que la propuesta de Casado entraría en conflicto con el artículo 13 de la Constitución española, que garantiza todas las libertades públicas de los extranjeros en España; el artículo 14, que establece el principio de igualdad ante la ley sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión y el artículo 18, que establece el derecho a la intimidad personal y familiar, informa María Martín."

          (Natalia Junquera, El País, 14/03/19)

Marisol: 'Me llevaban a un chalet del Viso con gente del régimen que iba a verme desnuda'

"La industria del cine y el espectáculo en España, ahora especialmente comprometida y combativa al respecto de los derechos de la mujer, guarda paradójicamente un pasado oscuro, que hoy, en tiempos del #MeToo y de la protección a la infancia, resultan inconcebibles. 

Pero, tal como muestra el reportaje de nuestra portada de noviembre firmado por Eva Lamarca y que se puede encontrar a partir de l viernes 19 de noviembre en el quiosco, siguen ahí. ¿Cómo era la industria del espectáculo en tiempos del tardofranquismo y la incipiente democracia?, ¿cómo sufrían el machismo las jóvenes actrices que en ocasiones se veían abocadas a convertirse en juguetes de una industria aparentemente respetable, pero embrutecida?, ¿quiénes fueron aquellas víctimas?

 En el extenso artículo se desgranan algunas claves de un tiempo gris y especialmente turbio, que también afectó a la que fue la mayor estrella de la historia de España, y que nos ayuda a entender el por qué de una desaparición tan radical e irreversible de la vida pública de la que fuera la niña prodigio más idolatrada en los años 60. 

Así, Vanity Fair accede al entorno cercano de la artista, ahora retirada, y para reconstruir su historia bucea en los archivos para encontrar sorprendentes testimonios de la época incluidos los de la propia Pepa Flores que hoy serían auténticas bombas que abrirían cualquier informativo y programa de actualidad y que por entonces pasaron desapercibidos. La niña Marisol desde muy temprana edad fue sometida a castigos físicos, vejaciones y un brutal machismo sobre el pocas veces se ha vuelto la mirada.

Entre los múltiples ejemplos de las denuncias que pasaron bajo el radar en la época se encuentran las conversaciones entre Flores y Francisco Umbral que hoy se guardan en la fundación que lleva el nombre del escritor, y que fueron el origen de una biografía de la estrella que, al final, nunca vio la luz, y donde Pepa Flores cuenta: 

“Me llevaban a un chalet del Viso y allí había gente importante, gente del régimen, a verme desnuda, a mí y a otras niñas. A mi madre, cuando venía a verme, los Goyanes la ponían a comer en la cocina".

"Sigue con lo del chalet del Viso" –le conmina el periodista.

"No me atrevo" –responde ella.

Y finalmente: “No me fío de ti, Umbral”.

 El exmarido de Pepa Flores Carlos Goyanes, hijo de su descubridor Manuel Goyanes, contestó a sus denuncias para este reportaje: “¿Si todo hubiera sido tan horrible como se dice, se habría casado conmigo? No tiene sentido”, asegura. 

Participa también el periodista Luis García Gil, escritor de la última biografía sobre Marisol, y el gran biógrafo de las estrellas y amigo de Pepa Flores, José Aguilar. Amigos íntimos como el actor y autor teatral Chencho Ortiz, que dice “Es que la verdad no se puede contar,. No podemos sumar más a lo que ella ya ha dicho, porque nos metemos en un lío”. También Bárbara Rey y Joselito hablan en nuestra páginas. 

 Ya en democracia, en el artículo también se relata cuál fue la intrahistoria del desnudo de Pepa Flores en Interviú que fue un shock nacional que batió récords de ventas, pero que se hizo sin el consentimiento de la actriz. Un reportaje que nos sitúa como sociedad frente a un doloroso espejo que Marisol nunca ha querido volver a mirar, algo que a la lectura del reportaje de Vanity Fair nos ayuda a entender."                   (Vanity Fair, 18/10/18)

"(...) Gil también buceó en el pasado de Marisol para saber qué había ocurrido. 

“En Málaga, la gente, sin dar nombres, te cuenta cosas de las que le pasaron. Hablo de gente muy fiable, desde arquitectos, escritores..., que me ha explicado encuentros furtivos en sitios a los que la llevaban forzada. Situaciones que yo no puedo contrastar y por eso no he incluido en mi libro”. 

 “Es que la verdad no se puede contar, no se puede contar. No podemos sumar más de lo que ella ya ha dicho, porque nos metemos en un lío...”. El discurso del actor y autor teatral Chencho Ortiz, amigo de la infancia de Marisol, está armado esta tarde malagueña con frases que se encadenan en un bucle extraño. 

"A mi Pepa no me ha contado nada, lo he escuchado yo. Era una queja. Era un llando. Y se arranca a recitar unos versos sobre su amiga: "Ellos seguirán ahí, vigilantes, expectantes. El mismo rumor los hace temblar. Parecer, aparentar, disimular, obedecer, vivir a medias. ¡Iros a la mierda! Esclavizáis corazones. Sois el germen que acaba con el mundo". Y añade: "Ahí está la verdad". (...)·

El gran biógrafo de las estrellas José Aguilar, amigo personal de Marisol y escritor de sus memorias autorizadas, sonríe felino sentado en una terraza del centro de Madrid. “Ahora ya nadie se acuerda, pero la maravillosa Conchita Goyanes, que en paz descanse, sobrina de Manuel Goyanes, no quiso trabajar con su tío en Un rayo de luz. Por eso buscaron a Marisol. ¿Por qué sería?”. 

Goyanes, hija de un cirujano y una actriz, narró en 2006 cómo se había visto sometida a abusos y maltratos cuando era una niña prodigio: “Fue terrible. Aquellos hombres me decían cosas como: ‘Eres una niña mala, me miras así y me provocas para que te haga todas estas cosas”. 

La sonrisa se ha borrado del rostro del periodista. “Yo sé quién era una de las personas que abusó de ella, alguien muy famoso que estaba trabajando en Televisión Española y sé que ella coincidía con esa persona en actos y venía a besarla... Y ella pues ahí estaba...”. 

—¿Y esa persona trabajó también con Marisol? —le pregunto. 

 Aguilar no pronuncia palabra. Solo hace una caída de ojos y reflexiona: “Yo me digo, si alguien como Conchita Goyanes tuvo que sufrir abusos sexuales siendo su padre un cirujano famoso y su madre una persona del medio, ¿qué les quedará a otras? Si Pilar y Aurora Bayona, Pili y Mili, hijas de un magistrado, contaron que, para rendir más, les ofrecieron ‘unas pastillitas’, ¿qué podemos esperar a otros niveles? Yo sé que Marisol, como otros niños prodigio, ha sufrido muchísimo. Me consta que ha vivido cosas muy duras...”.

Si hubo un niño prodigio antes que Marisol, ese fue Joselito. El pequeño ruiseñor era ya una estrella cuando en 1959 llevaron a aquella niña rubia y angelical al estudio donde él rodaba El pequeño coronel para hacerle su primera prueba cinematográfica. 

“Allí la conocí, y luego nos veíamos cuando podíamos, porque siempre estábamos viajando”, me dice hoy, a sus 75 años, mientras pasea por su pueblo, Utiel, de la mano de su mujer, Mari Fe. Le pregunto si recuerda aquellos años, las presiones, los abusos: “Yo no lo viví así, pero sí es verdad que casi el 95% de las artistas pasaban por la piedra de muchos productores y directores para conseguir un papel, porque si no, no les daban la oportunidad. 

 Por eso está bien que ahora muchas actrices den la cara para decir que esto no puede ser. Pero, que yo sepa, Marisol no pasó nada de eso, porque tanto ella como yo estábamos muy protegidos, vivíamos en una bombonera”. 

Joselito habla del 95% de las mujeres y pienso en la conversación que acabo de tener con Bárbara Rey, quien trabajó en 1973, con 21 años, en La chica del molino rojo con Marisol y me ha contado cómo un día sus compañeras le advirtieron de que el protagonista, Renaud Verley, “se entregaba mucho” en las escenas de amor.

“Era la última que tenía que actuar con él y estaba... Pero se portó muy profesionalmente”. La actriz tenía miedo con razón. Me confiesa que tres años antes vivió “el acoso total y absoluto de un director de cine”. Se niega a dar el nombre: “Ya murió y está muy bien considerado”. 

 Rey abandonó la película. “Hice ver que estaba mala, pero vino a mi habitación y empezó a manosearme: ‘Venga, te vas a poner buena’. No pude soportarlo más y me marché. Fue muy difícil. Era una época en la que no podías denunciar. No iba a ocurrir nada”.

Bárbara Rey no es la única que no quiere dar el nombre y apellido de su acosador. El intérprete Manuel de Blas, quien compartió escenas con ella y Marisol en La chica del molino rojo, habla de un “actor muy importante, muy feo y muy ligón”, que se empeñaba en repasar con su mujer, la actriz Patty Shepard, el texto de la película en su casa. (...)"              (Eva Lamarca, Vanity Fair, 09/12/18)

Niños soldado: un engranaje imprescindible de la maquinaria de hacer dinero

"La dinámica cambiante de los conflictos y la intensificación de los enfrentamientos armados son responsables directos del aumento en el reclutamiento de niñas y niños para ser usados como soldados en todos los conflictos que tiene lugar en este mismo instante. 

 Sobre todo en África, que es el continente que acoge el mayor número: República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur, Sahel, Nigeria, Níger, Camerún, Chad, Libia… Pero también en otras partes del mundo: República Árabe Siria, Yemen, Irak, Myanmar, Afganistán…

A pesar de todos los esfuerzos que Unicef y otras organizaciones internacionales realizan, el número de niñas y niños soldados no disminuye. Desde hace años, se habla de unos 300.000, una cifra que no se mueve; al revés, da la impresión de que cada vez son más.

Hasta no hace mucho, en África la mayoría de los menores eran secuestrados por los grupos armados que luego debían utilizar la violencia y la manipulación para convertirlos en soldados. Hoy, son muchos los que se unen voluntariamente a las facciones que toman parte en los combates, sobre todo en los conflictos de larga duración. Huyen de la pobreza, del hambre, de la falta de oportunidades educativas o laborales. 

Muchos han crecido en medio a la violencia y no conocen otra forma de vida, por lo que es normal que terminen empuñando un arma. Es dudoso, cuando no existen otras alternativas para estos menores, que podamos hablar de alistamiento voluntario. Si no deja de ser la única opción, salida, que tienen delante, ¿cómo pueden optar por algo distinto, por la paz?

¿Y las niñas?

Como mínimo, el 40% de estos menores soldados son niñas y chicas adolescentes que, al igual que los niños, empuñan armas, participan en acciones bélicas, se ocupan de labores domesticas y viven reproduciendo un patrón de comportamiento competitivo y agresivo. Pero, además, en la mayoría de los casos, también son utilizadas como esclavas sexuales. 

Y, a pesar de todo ello, son invisibles. Se sigue asociando menor soldado con varón que participa en combate y cuesta ver a las niñas.

Esto es responsable de que no se diseñen programas específicos que den respuesta a sus necesidades. De hecho, son pocas las que llegan a los centros de rehabilitación de menores soldados, muchas mueren a consecuencia de los abusos sexuales, otras se quedan como esposas de los excombatientes ante el temor a ser repudiadas por sus familias. La gran mayoría suele sufrir rechazo por haber mantenido relaciones sexuales, aunque hayan sido forzadas, e incluso tenido hijos, fuera del matrimonio a la hora de su reinserción en la sociedad. Esto empuja a muchas de ellas a la prostitución como único modo de ganarse la vida una vez fuera del grupo armado.

Recordemos que se utilizan niñas y niños como soldados porque existen conflictos violentos que se prolongan en el tiempo. La mayoría de los medios de comunicación intentan vender las guerras africanas como disputas religiosas o étnicas, pero eso es mentira, todas responden a razones económicas o de control geoestratégico.

Detrás de cada guerra suele haber una materia prima o intereses políticos y comerciales de una parte de Occidente (o China): fueron los diamantes de sangre de Sierra Leona, lo es el coltan de la República Democrática del Congo, el petróleo de Sudán del Sur, el uranio, el oro y los diamantes de la República Centroafricana… No olvidemos que son empresas occidentales, en su mayoría, las que explotan, transforman y comercializan esos minerales de sangre.

 Evidentemente, los recursos naturales no son la única causa de estos conflictos, pero sí que desempeñan un papel fundamental y financian a los grupos armados que toman parte en ellos, por eso, estos se prolongan en el tiempo.

También es de rigor tener presente el comercio de armas, tanto el legal como el ilegal, que mueve tanto dinero. Las armas que se utilizan en estos conflictos son fabricadas, en su mayoría, en el norte. España es uno de los principales exportadores de municiones y armamento ligero a África o a tantas otras partes del mundo.

 Armas y municiones españolas se emplean en muchos de los conflictos que están en curso actualmente y donde combaten menores soldados. Las modernas cada día son más ligeras, fruto de los avances tecnológicos quizás, pero la realidad es que cada vez niñas y niños más jóvenes pueden utilizarlas.

Todos estos datos hacen sospechar que las empresas que se benefician del bajo coste de los minerales de sangre, el tráfico de armas y el silencio y complicidad de los Gobiernos forman un cóctel que mueve muchos millones a los que nadie está dispuesto a renunciar. Y que para que todo eso funcione es imprescindible el uso de miles de niñas y niños como soldados porque son más baratos, obedecen mejor, no se paran ante la barbarie de la guerra y llegan a ser más crueles que los adultos…

Por eso, me atrevo a pensar que los principales señores de la guerra no se ocultan en las selvas más profundas e impenetrables del planeta, sino que se sientan en los consejos de administración de grandes empresas o dirigen Gobiernos y dictan políticas. Y que como para ellos los negocios y los beneficios que les reportan son más importantes que las personas, no hacen nada para terminar con el uso de niñas y niños como soldados.

Hay buenas noticias

La buena noticia es que si a estos menores se les da una oportunidad, dejan la violencia y optan por la paz, se reinsertan en la sociedad. Lo demostramos en Sierra Leona, donde se llevó a cabo el primer proyecto de rehabilitación y reinserción de menores soldados.

 A St. Michael, el centro que me tocó dirigir, llegaban niños y niñas que habían sido secuestrados, manipulados a fuerza de violencia y ritos mágicos, instruidos en el manejo de las armas y las técnicas de guerra, que habían sido obligados incluso a matar a sus propios padres, a los que se suministraba drogas a la hora de entrar en combate, que habían cometido todo tipo de crímenes. Habían sido convertidos en auténticas máquinas de matar.

En aquella ocasión demostramos que con tiempo y dedicación estos jóvenes regresan al colegio o aprenden un oficio y son capaces de reincorporarse a la sociedad y vivir vidas normales, eso sí, con sus miedos, con los recuerdos de la violencia experimentada y del mal que les obligaron a infligir, que les acompañarán por el resto de su existencia. Este programa se ha replicado con éxito en muchas otras partes de África: Liberia, norte de Uganda…

Pero los tiempos cambian y, ahora, los menores soldados ya no están de moda como lo estuvieron en el pasado. Ya no hay tanto dinero para invertir en su rehabilitación. Los donantes prefieren apostar por otras realidades que, en este momento, les dan más visibilidad. Y eso tiene consecuencias muy graves para las niñas y los niños que consiguen abandonar los grupos armados.

 Solo pueden estar en los centros de rehabilitación unas pocas semanas antes de ser devueltos a sus familias. Sin tiempo para dejar atrás la violencia, ni ser conscientes de la experiencia vivida, son depositados en campos de desplazados o en aldeas semidestruidas donde la falta de escuelas o de oportunidades laborales, unidas a la pobreza y desolación de sus hogares, les hacen añorar la seguridad y el poder que les daban las armas que durante tanto tiempo portaron. 

Al final, muchos de ellos deciden volver al grupo armado, al menos allí comen todos los días. Esto pasa en Sudán del Sur, en la República Centroafricana o en República Democrática del Congo, por ejemplo.

¿Qué hacer entonces? A veces me inunda el desánimo y pienso que la realidad es así, que como las niñas y los niños soldados son un eslabón imprescindible en el engranaje ideado para que muchas personas se enriquezcan y que sin ellos los beneficios no serían altos, por lo que la lucha es vacua y sin futuro. 

Pero luego me paro y pienso que no, que no podemos dejarnos llevar por el pesimismo y que hay que continuar con la denuncia hasta que todos los sepan, hasta que se les caiga la cara de vergüenza a los respetables políticos y modélicos hombres de negocios y de una vez para siempre se impliquen y pongan fin a esta lacra. Porque solo ellos tienen el poder de cambiar las cosas. A nosotros, mientras, nos queda seguir con la denuncia, con la prevención del alistamiento y con la creación de oportunidades para que los que fueron reclutados tengan una segunda oportunidad de vivir en paz."                     (Chema Caballero, El País, 20/11/18)

El doctor Vela fue autor del robo de un bebé, pero sale absuelto al haber prescrito el delito

"La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado este lunes al doctor retirado Eduardo Vela, de 85 años, autor de los tres delitos de los que se le acusaba —detención ilegal, suposición de parto y falsedad en documento oficial— y, por tanto, culpable de "tráfico de niños", en el primer juicio celebrado en España por robo de bebés. 

Sin embargo, no lo ha condenado porque considera que todos los delitos prescribieron al alcanzar la denunciante, Inés Madrigal, la mayoría de edad. La mujer tiene ahora 49 años, denunció el caso en 2012 y cumplió los 18 antes de junio de 1987. Contra la sentencia cabe recurso y Madrigal ya ha anunciado que llevará su caso al Tribunal Supremo.

La fiscalía había pedido para Vela 11 años de cárcel  y una indemnización de 350.000 euros para la víctima. Madrigal elevaba la petición de prisión a 13 años y no solicitaba indemnización alguna porque, como explicó tras la última sesión del juicio, no quería "ni  dinero ni ver a Vela en la cárcel" sino que el doctor se derrumbara en el juicio, aportara información sobre su origen y que su caso sirviera para abrir otros que han sido archivados.

 "Tenemos la obligación de ir al Supremo. Pienso que hay que utilizar esta sentencia como un trampolín", afirmaba este lunes Madrigal tras conocer la decisión de la Audiencia."La sensación es agridulce. Es un hito, la primera sentencia por bebés robados. Se reconoce que hubo robo, que me arrebataron a mi madre y es un gran paso, aunque no estamos de acuerdo con la prescripción y la absolución de Vela. 

El tribunal debería haber sido más valiente, porque nos da una cal y otra de arena. Por un lado reconoce los hechos, pero no se moja", declaró a las puertas del tribunal, rodeada de madres que buscan a sus hijos y que habían depositado todas sus esperanzas en el caso de Madrigal.

Los hechos probados

La Audiencia provincial de Madrid considera que en el juicio quedó "probado de forma incontestable" que el doctor Vela, que en el momento de los hechos era ginecólogo y director médico en el sanatorio San Ramón —epicentro de las denuncias por robo de bebés—, entregó al matrimonio formado por Inés Pérez Pérez y Pablo Madrigal Revilla, "una niña de pocos días de edad fuera de los cauces legales". 

El médico simuló "la existencia de un parto que no se había producido" y estableció "una filiación falaz", todo ello sin que "conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido".

Tras pactarlo con ella, Madrigal denunció a su madre adoptiva para agilizar el proceso. Inés Pérez se enfrentó en un careo con Vela en 2013. Ella, que era estéril, explicó cómo el doctor la había citado en la clínica en 1969 para entregarles un bebé "como regalo" y cómo previamente había intentado convencerla para que simulara un embarazo fingiendo los síntomas típicos y colocándose un cojín en la barriga. 

Vela dijo que mentía. Madrigal se ha emocionado este lunes al recordarlo porque la sentencia reconoce que su madre adoptiva, fallecida en 2016, dos años antes de la celebración del juicio, siempre dijo la verdad. "Hoy, donde quiera que esté, sé que estará muy contenta. Llevaba muy mal que Vela la dejara por mentirosa. Por ese lado, la sentencia es un triunfo".

El doctor Vela firmó "con su puño y letra" como asistente a un parto en 1969 que "jamás tuvo lugar", según ratifica la sentencia, porque Inés Pérez no podía tener hijos y la prueba de ADN que se hizo con Madrigal para agilizar el proceso demostró un 0% de coincidencia. Gracias al documento del parto que Vela falsificó, añaden las magistradas, Madrigal  "pudo ser inscrita en el Registro Civil" como hija biológica de Inés Pérez.

El debate de la prescripción

Una vez establecido que Vela es "autor" de todos los delitos de los que se le acusaba,la sentencia explica por qué ha decidido absolverle al considerar que se han cumplido los plazos de prescripción. La sentencia admite que ese asunto "ha generado un gran debate judicial en los casos seguidos por los denominados niños robados y que ha dado lugar a resoluciones de distinto signo en las distintas Audiencias provinciales".

La sentencia señala las dos posturas adoptadas en la jurisprudencia, la que considera que el plazo de prescripción empieza a contar cuando el menor alcanza la mayoría de edad, y la que señala como fecha de inicio del cómputo el momento en el que la persona ilícitamente sustraída de su entorno familiar cobra conocimiento de los hechos.

En el juicio, como recuerda la sentencia, Madrigal explicó que no fue consciente de esa situación, es decir, no empezó a sospechar que podía haber sido una niña robada, hasta que leyó en 2010 en EL PAÍS un artículo sobre adopciones irregulares en la clínica San Ramón, que dirigía el doctor Vela. Su madre le había contado a los 18 años que era adoptada, pero ella no le dio importancia hasta que leyó ese artículo, buscó su documentación y comprobó que estaba inscrita como hija biológica de sus padres adoptivos y que Vela firmaba como asistente a un parto que nunca existió. 

La sala explica que los tres delitos "constituyen un conjunto punitivo", por lo que la" prescripción depende de la del delito de mayor gravedad de los tres", en este caso, la detención ilegal, cuyo plazo de prescripción sería el de 10 años de acuerdo al artículo 131 del Código Penal. No obstante, para el tribunal, ese plazo empezó a contar cuando la víctima cumplió la mayoría de edad, no cuando empezó a sospechar que podía ser una niña robada y así lo denunció. 

El abogado de Madrigal, Guillermo Peña, cree que cuentan con argumentos de peso para recurrir al Supremo. "No puede haber prescripción de un delito cuando alguien no es consciente" de ser víctima de él", insistió. 

Madrigal sigue buscando a sus padres biológicos.De momento, se ha hecho pruebas de ADN con tres familias, sin éxito."                   (Natalia Junquera, El País, 08/10/18)

Estados Unidos reabre el caso del brutal asesinato de un adolescente negro en 1955 en Misisipi. Una mujer confiesa medio siglo después que mintió ante el jurado que exoneró a los dos hombres blancos que lo lincharon

"El Departamento de Justicia estadounidense ha reabierto la investigación del brutal asesinato de Emmett Till, un chico negro de 14 años que fue secuestrado y linchado en 1955 en Misisipi. 

El rostro completamente desfigurado y el cuerpo mutilado del adolescente expusieron con ferocidad ante el resto del país y el mundo la represión contra los negros en el sur de Estados Unidos. El asesinato fue un acicate para el nacimiento del movimiento de los derechos civiles, que acabó con la segregación legal de los afroamericanos. 

Un jurado de Misisipi, de solo ciudadanos blancos, exoneró a los dos asesinos blancos, ya fallecidos. Pero la reciente confesión, en el libro de un investigador, de la esposa de uno de ellos de que mintió ante el juez ha dado esperanzas de lograr justicia más de 60 años después.

La Fiscalía comunicó el pasado marzo al Congreso que volvía a investigar la muerte de Till después de recibir “nueva información”, pero el anuncio pasó desapercibido hasta que este jueves la agencia Associated Press informó de ello. 

El Departamento de Justicia no reveló cuál fue el desencadenante, pero todo apunta a que fue la publicación el año pasado de un nuevo libro sobre el caso. Ya se reabrió en 2004, pero volvió a cerrarse tres años después por la prescripción de algunos hechos.

El ensayo de Timothy Tyson incluía declaraciones de Carolyn Donham, que en el momento del asesinato era la esposa de uno de los acusados. En una entrevista en 2008, la mujer aseguró que “no era cierta” la versión de los hechos que dio ante el juez medio siglo antes.

 Aunque su testimonio se acabó no utilizando, mintió cuando afirmó que el adolescente la tocó y trató de hacer avances sexuales en su comercio en Money, un pueblo en el Misisipi rural. “Nada de lo que hizo ese chico podría nunca justificar lo que le ocurrió”, le dijo al investigador.

Emmett Till vivía en un barrio de clase trabajadora en Chicago y en el verano de 1955 viajó a Misisipi para visitar a familiares. Su madre le advirtió de que debía ir con cuidado en el Sur segregado, donde el racismo en el espacio público estaba blindado por ley.

 El 24 de agosto, Till estaba a las afueras de un comercio. Bromeó que tenía una novia blanca en Chicago y sus primos y amigos le instaron a hablar con Donham, la dependienta blanca de la tienda. Al salir del local, se le escuchó decir: “Adiós bebé”.

Roy Bryant, el marido de la dependienta y propietario del local, entró en cólera cuando se enteró de lo sucedido. Cuatro días después, se desplazó al amanecer, con su hermanastro, J. W. Milam, a la casa de los familiares del adolescente. Se llevaron a Till en su coche.

 Condujeron hasta la orilla de un río, donde lo obligaron a desnudarse y lo ataron a un pesado y alambrado ventilador para algodón. Lo apalizaron con tal fuerza que le saltó un ojo. Le dispararon en la cabeza y lanzaron su cuerpo al río junto al ventilador.

El cadáver, con un aspecto indescriptible, se encontró tres días después. La madre del chico, Mamie Bradley, pidió que el cuerpo se trasladara a Chicago. Allí se exhibió con un féretro abierto para que se pudiera ver la cara irreconocible de Till. Y una revista afroamericana tomó fotografías del cadáver. 

Las imágenes esperpénticas colocaron a EE UU ante el incomodísimo espejo del racismo y galvanizaron el movimiento de los derechos civiles. Contribuyeron, por ejemplo, a que en diciembre de ese año Rosa Parks decidiera sentarse en un asiento solo para blancos en un autobús público en el aledaño Estado de Alabama.

Nada de eso, sin embargo, impidió que los dos asesinos pagaran por su atrocidad. Fueron acusados de asesinato, pero un jurado de Misisipi los exoneró. Ambos posaron victoriosos tras la decisión judicial. Años después, los dos hombres admitieron en una entrevista el crimen, pero nunca volvieron a ser juzgados con vida. Pero Donham sigue viva, tiene 83 años y reside en Carolina del Norte."                   (Joan Faus, El País, 13/07/18)