"¿Puede haber poesía después de Auschwitz?"(Adorno).............. "¡Es un deber vivir después de Auschwitz!"(Imre Kertéz).............
5/12/18
Niños soldado: un engranaje imprescindible de la maquinaria de hacer dinero
5/11/09
El coste económico de las guerras
El Nobel de la paz está concedido, pero ¿cuál es el coste económico de la guerra y de la violencia organizada? Curiosamente, la investigación económica ha tardado en reflexionar sobre el tema. El reciente libro de Joseph Stiglitz sobre el coste de la guerra en Irak ha encontrado tanto eco que ha producido un giro. Stergios Skaperdas acaba de escribir una interesante síntesis del estado de las reconstrucciones (1). Su estudio no aborda el crimen organizado, que en todo caso supondría la quinta parte del PIB mundial. Se centra en los conflictos internos, las guerras entre estados y el terrorismo.
En total, el coste anual de las guerras civiles representa 124 millones de dólares, es decir el equivalente a toda la ayuda al desarrollo. Y si se incluyen los costes indirectos, un investigador los estima en 250 millones de dólares de media.
Las guerras civiles son por lo tanto extremadamente costosas. Su duración media es de 7 años y como mínimo 16 millones de personas pierden la vida en el mundo todos los años. El presupuesto militar suplementario que resulta de esto se incrementa una media de un 2,2% del PIB. Este tipo de conflictos se traduce también en destrucción de infraestructuras o de ganado. Pero no es fácil cuantificarlos. En Mozambique, se cree que se ha perdido el 20% del ganado entre 1980 y 1993 y que el 60% de las escuelas han tenido que ser cerradas.
Los capitales también huyen de este tipo de países. La cantidad de fortunas escondidas en el extranjero a raíz de un conflicto interno pasa de un 9% antes del conflicto a un 20% cuando termina. El crecimiento también está penalizado. Según un estudio de 1999, el PIB crece un 2,2% más despacio que en tiempos de paz. Algunos expertos piensan que la reducción se aproxima más al 6%. A título de ejemplo, el PIB por habitante de Afganistán ha disminuido un 20% entre 1980 y 1990, y un 7,5% entre 1990 y 1995.
El coste humano es todavía más importante. Según las estimaciones del premio Nobel Joseph Stiglitz, el valor estadístico de la vida es de 7,2 millones de dólares por un americano caído en Irak. Skaperdas considera imposible generalizar la cantidad pero si el valor de un ciudadano del Congo representaba 1/72ª parte de este montante, el coste de la guerra civil en el Congo sería de 540 millones de dólares en 10 años. Esto sin hablar de las enfermedades, accidentes y discapacidades y de los efectos psicológicos.
Los conflictos civiles provocan también grandes desplazamientos de población que afectaron a 32,9 millones de personas en 2006.
Dentro de los conflictos internos, también se incluyen las huelgas y las protestas. Se estima que el tiempo perdido en Bolivia tras estos incidentes ya supone el 1% del PIB. En total, incluidos los efectos indirectos, el coste se aproxima al 3% del PIB.
El terrorismo es otro tema abordado por el experto. Sólo para el País Vasco, los economistas creen que el PIB es un 10% más bajo que si no hubiera habido conflicto.
En los conflictos externos, en las guerras entre países, sólo el coste de los gastos militares llega al 2,6% del PIB mundial, más 1.000 millones de dólares, sin contar los gatos de investigación militar y de los servicios de información. Los gastos militares son fácilmente identificables. Van desde el 1% del PIB a más del 20% del PIB (Arabia Saudí en 1991).
Joseph Stiglitz ha demostrado que los gastos ligados al conflicto irakí no aparecen claramente en el presupuesto americano. Estima el coste económico total de la guerra entre 2.700 y 5.000 millones de dólares sólo en Estados Unidos.
No obstante, es necesaria una cierta cautela sobre estas estimaciones. Los gastos militares sirven también para garantizar la seguridad, especialmente en el ejercicio de los derechos de propiedad. Por lo tanto, una parte repercute en el PIB y en la paz.
(1) Los costes de la violencia organizada: Una revisión de la evidencia, Stergios Skaperdas, CESifo Working Paper 2704, 2009" (Fundación para la Libertad, citando a Emmanuel Garessus, LE TEMPS, 16/10/2009)
29/6/09
¿Por qué no devolver el 'dinero rojo'?
Roberto Rodríguez, de 68 años, lleva toda la vida regentando una humilde pensión en Madrid, pero es un hombre rico. Lo dicen dos viejos papeles, los recibos de las 9.000 y 9.535 pesetas que su padre y su abuelo tuvieron que entregar a Franco "el tercer año triunfal". Era un fortunón para la época y lo sería hoy, en euros. Su familia lo entregó dócilmente en el Ayuntamiento de Cabeza de Mesada (Toledo) porque tenía miedo y, por el mismo motivo, nunca se atrevió a reclamarlo: "Se arriesgaban a que los mataran por rojos. Bastante era haber salvado la vida. A mi tío Lázaro lo fusilaron en 1939. Mi padre tuvo también que ir a entregar su parte: 7.000 pesetas. ¿Qué republicano iba a atreverse a pedirle nada a Franco? ¡Mi padre habría dejado ocho huérfanos!".
Que hubiesen enterrado a los dueños de aquel dinero en fosas comunes tras haberlos fusilado de espaldas nunca fue impedimento para que reclamaran su dinero y sus bienes. "Abrieron expedientes a los muertos sólo para quedarse con el dinero. Se lo quitaban a las viudas, a los hijos", explica el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova. "Fue una rapiña. Y con ese dinero empezó a pagar Franco la reparación de las víctimas de su bando (protección de fosas de nacionales, pensiones, ayudas, becas...). El estanco del republicano pasaba a ser del ex combatiente, y los vencedores se repartían el dinero de los vencidos".
Los ganadores arrebataron a los perdedores todo cuanto tenían. Fusilaron a decenas de miles de padres de familia, expoliaron a las viudas, recaudaron sin miramientos el dinero imprescindible para alimentar a sus hijos durante la posguerra, les despojaron de su medio de vida, su oficio, depurando a los maestros, requisando los pequeños comercios, bares, restaurantes que tenían, y todo, por ley. Un BOE de septiembre de 1938 da cuenta de las órdenes al Banco de España para requisar el dinero rojo. Con ese documento, las familias afectadas acuden 70 años después al Gobierno. "Si nos lo quitó el Estado, nos lo ha de devolver el Estado", repite Lidia Jiménez, tesorera de la asociación de afectados.
Franco utilizó dos mecanismos para empobrecer y humillar al enemigo: las juntas provinciales de incautación, que fue abriendo como sucursales según avanzaba su ejército, y la Ley de Responsabilidades Políticas, a la que recurrió como un método de represión, pero, sobre todo, de incautación. "Así es como hizo su botín", explica Casanova. "La ley buscaba responsabilidades políticas, pero en realidad era un mecanismo confiscador. Muchas veces iban a por alguien porque tenía dinero. Hasta 1941 se abrieron unos 125.000 expedientes, y, después, otros 200.000. Imponían penas privativas de libertad, pero sobre todo, económicas, requisando sus bienes y obligándoles a pagar multas muy fuertes. Y la Ley de Responsabilidades Políticas fue también un método para saldar cuentas. Unos vecinos se denunciaban a otros para quedarse luego con su bar, su pequeño comercio...". (...)
Por supuesto, el dictador también se apropió del patrimonio de los partidos y los sindicatos, como CGT y UGT, que habían acumulado mucho dinero con las cuotas de sus afiliados además de disponer de numerosos inmuebles. Los pactos de la transición permitieron que los recuperaran, no así las familias republicanas o las élites que habían huido al exilio, como el propio jefe del Gobierno de la República, Juan Negrín.
Su nieta, Carmen Negrín, sigue peleando en los tribunales por aquel patrimonio. "Eran más de 25 propiedades, algunas muy importantes, sobre las cuales han construido, vendido y vuelto a vender. Los compradores, inclusive cuando es el Estado, suelen decir que lo compraron legalmente. El vendedor, obviamente, por lo general era algún amigo del régimen. ¿Su valor? Varios centenares de millones de euros actualmente". (El País, ed. Galicia, 27/06/2009, p. 34/5)
14/5/09
Matar... para robar
Manuel Álvaro Dueñas, profesor de la Universidad Autónoma, hurgó en la represión política mucho antes de que la memoria histórica invadiese el presente. Dedicó su tesis doctoral a la jurisdicción especial de responsabilidades políticas en Madrid. La leyó en 1997 y se publicó en 2006. Gracias a su investigación, se descubrió el alcance que habían tenido esos tribunales en sus tres primeros años de vida (1939-1941): 125.286 expedientes incoados y sólo 38.000 resueltos. "Carrero Blanco ordena que se envíen a la subsecretaría de la Presidencia un estadillo con lo incoado, lo pendiente y lo resuelto. Se dan cuenta entonces de que no dan abasto", expone. Burgos o Ceuta habían sido diligentes, pero las provincias con más frenesí represor (Granada, Valencia, Madrid, Barcelona o Albacete) apenas habían resuelto la cuarta parte de los asuntos iniciados.
El propio departamento de Carrero Blanco calcula que, si le suman los nuevos expedientes que remitirán otros tribunales (militares y de represión de la masonería), se alcanzará como mínimo los 250.000 expedientes. "De mantenerse este ritmo, se tardaría 15 años en liquidar las responsabilidades políticas", reconocen en una nota interna. "Les preocupa modificar el procedimiento sin que parezca que dan marcha atrás, pero la razón de peso por la que reforman la ley en 1942 es que se ha colapsado la jurisdicción", indica Álvaro. También ayuda otro colapso: el económico, derivado del bloqueo de millones de cuentas.
Se produce entonces un archivo masivo de causas a republicanos insolventes o de poca responsabilidad y en 1945, se cancela la jurisdicción. Los casos pendientes pasan a una comisión liquidadora. Mientras funcionó, la jurisdicción política fue "opaca" e "inquisitorial", según Manuel Álvaro. Tenía un carácter retroactivo -se purgaban hechos cometidos a partir de 1934-, la responsabilidad "no se extinguía con la muerte" y no se convocaban vistas orales. El acusado sólo podía enviar un pliego de descargos a través de un abogado. "Había 17 causas por las que incoaban un expediente, entre ellas, militar en partidos del Frente Popular, ser dirigente sindical o haber residido dos meses fuera de tu provincia antes del alzamiento", señala Fernando Martínez, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería y coordinador de una investigación sobre estos tribunales en Andalucía.
En dos años de trabajo, los 32 investigadores que participan en el proyecto han examinado 56.000 expedientes (las mujeres sólo representan el 4,5%). "El elemento fundamental es el botín de guerra", sostiene Martínez. "Se consiguió el objetivo político al generar un inmenso censo de rojos, pero se vio frustrado el económico, en gran medida porque más del 80% de los expedientados eran trabajadores o pequeños propietarios con rentas bajas", explica Antonio Barragán, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba. Pero con los afectados no había piedad: Barragán ha encontrado casos en los que se confisca "la casa, la ropa, los aperos y hasta los utensilios de cocina". (...)
Al socialista Julián Besteiro, que murió en 1940 en la cárcel de Carmona (Sevilla), se le condena un año después de su fallecimiento a pagar 15.000 pesetas de multa. Absurdo, sí. Implacable, también. La represión se heredaba. Entre otros, le ocurrió a los familiares de Lluis Companys, presidente de la Generalitat de Cataluña. Le mataron tras un consejo de guerra y posteriormente todos sus bienes fueron adjudicados al Estado. En 1948, su hermana Ramona reclamó la devolución de las propiedades. En Salamanca se pueden leer los argumentos que da la Comisión Liquidadora en 1953 para rechazar esta petición: "No ha lugar a devolver a los herederos de Luis Companys las fincas que fueron embargadas en pago por la responsabilidad civil declarada contra el mismo por la realización de actos contrarios al Movimiento Nacional". (...)
No menos inclementes se muestran con el moderado Niceto Alcalá Zamora: "Sus errores, torpezas y desaciertos fueron en tal número y magnitud que puede estimársele como de los principales responsables por acción y omisión de haber forjado la subversión roja, haber contribuido a mantenerla viva durante más de dos años y a estorbar el triunfo providencial del glorioso Alzamiento". Por su "animadversión" hacia el Alzamiento le condenan en 1941 a 50 millones de multa, le confiscan sus bienes y le destierran 15 años. Una de sus hijas, María Teresa, logra que se revise la sentencia años después, tras la muerte de Alcalá Zamora en Buenos Aires en 1949. También aquí, pese a su fallecimiento, sigue vigente la obligación de sus herederos de pagar la sanción (tres millones de pesetas tras una primera rebaja, a la que seguirá una segunda)." (El País, Domingo, 15/02/2009, p. 10/11)13/5/09
"Hay un punto de no retorno en el que la guerra sale rentable"
P. ¿Israel quiere la paz?
R. El conflicto tiene muchas causas. La política es una de ellas, pero la religión aquí no es santa. La tecnología militar y la industria de seguridad son fundamentales. Con el alma digo que mi país quiere la paz. Con la cabeza pienso que la guerra es irreversible.
P. ¿Nadie denuncia eso?
R. Hay un 80% de fundamentalistas. Ha crecido el número de jóvenes que elude hacer el servicio militar. El descontento está rugiendo y puede explotar.
P. ¿Acabará Israel pareciéndose a un Estado fascista?
R. Si un país habla como fascista, camina como fascista y actúa como fascista, es un país fascista. Nos estamos comportando así. Muchas cosas recuerdan a la Alemania de 1933. Sólo nos salvaremos si lo reconocemos." (MEIR MARGALIT Concejal de Jerusalén y pacifista: "Hay un punto de no retorno en el que la guerra sale rentable". El País, ed. Galicia, Internacional, 12/05/2009, p. 2)