"Guatemala en 1982 estaba bajo el
mandato de Ríos Montt y en pleno conflicto armado. El ejército llevaba a
cabo una violencia brutal contra el pueblo pero, sobre todo, contra las
comunidades indígenas. En este año fue cuando llegaron los militares en
el destacamento de Sepur Zarzo a la comunidad de Maya Q’eqchí. Lo que
vino después fue lo que ocurría casi comúnmente tras la llegada de los
soldados: desapariciones forzosas, asesinatos, esclavitud y violencia sexual.
Esto fue lo que sufrieron durante seis
años hasta 71 mujeres en la comunidad de Izabal. Perdieron a sus
familias, sus pertenencias y hogares y fueron esclavas domésticas y
sexuales de los militares. Sólo han sido 15 las que se han atrevido a
denunciarlo en un caso que, tras 35 años, ha llegado a los tribunales.
Ahora ha marcado un hecho histórico porque se condena, por primera vez
en el mundo, la esclavitud sexual como crimen de guerra desde un
tribunal nacional. En España las abuelas de Sepur Zarco, víctimas de esta violencia, han sido galardonadas por los premios de la Asociación Pro Derechos Humanos (APDHE) junto con Iván Aparicio de la Asociación de Recuerdo y Dignidad y Memoria Pública del diario Público.
El largo camino que han recorrido las 15 mujeres para denunciar en los tribunales ha conseguido que los crímenes sean condenados con
una sentencia ejemplar para delitos de violencia sexual. El teniente
Esteelmen Francisco Reyes Girón, jefe del ejército militar, ha sido
penado con 120 años de prisión y el exparamilitar Heriberto Valdés Asij, otro de los dirigentes en Sepur Zarco, a 210 años.
"No nos esperábamos nada. Vivíamos
tranquilas en nuestra comunidad cuando llegó el ejército. Se llevaron a
mi esposo sin que él hiciera nada, sólo trabajaba en la tierra, pero 35
años después seguimos sin saber dónde está". Esto es parte del relato de
Carmen Xol Ical, una de las mujeres indígenas que fue víctima de la violencia sexual del ejército en Guatemala. Como su marido, otras 45.000 personas desaparecieron en toda Guatemala durante el conflicto interno.
Hasta 71 mujeres fueron violadas de forma casi diaria por el ejército en el destacamento de Sepur Zarco
"Mi
familia quedó totalmente destruida" - continúa -, "los soldados me
obligaron a irme al destacamento militar. Me obligaron a trabajar allí y
tuve que dejar a mis ocho hijos solos. Ni siquiera bajo una casa, sino
bajo un techo de nylon que yo misma había construido. No podíamos
oponernos a trabajar allí porque teníamos mucho miedo de las armas".
Así, comenzó Carmen a ser "esclava doméstica" de los militares. Meses después, también comenzó a ser esclava sexual,
como otras 70 mujeres de su comunidad: "Cuando no trabajábamos en el
destacamento, lo hacíamos desde casa.
Teníamos que preparar sus comidas
comprando los alimentos con nuestro propio dinero, y después de
cocinarlos los mandábamos. También teníamos que lavar sus ropas y
limpiar el destacamento. Al paso de unos meses comenzamos a ser
violadas, de forma casi diaria, por los militares".
La violencia sexual en tiempos de guerra
La violencia sexual es la forma de
violencia más común usada contra las mujeres, y durante tiempos de
guerra llega a ser sistemática. Lo que ocurrió en Sepur Zarco, pasó en
otras comunidades indígenas.
Elena es otra de las sobrevivientes de violencia sexual
durante el conflicto armado interno de Guatemala, violada al mismo
tiempo que Carmen pero en otro lugar, en el destacamento militar de
Tzalbal, en el departamento de Quiché. La primera vez que fue violada
fue junto con su madre con 12 años. La madre ni siquiera sobrevivió a
las agresiones.
"Las mujeres se convierten en objeto de guerra, utilizadas como una maquinaria dentro del engranaje del conflicto armado"
"Las
mujeres se convirtieron así en objeto de guerra, fueron utilizadas como
una maquinaria dentro del engranaje del conflicto armado", denuncia la
abogada del caso de Sepur Zarco, Jennifer Barros. En el caso de las
mujeres indígenas, se sumó a la violencia armada y de género, la
discriminación étnica, que dificulta mucho más la reparación de los
crímenes cometidos.
De hecho, la abogada señala que la violencia sexual
es "el crimen de guerra más impune en todo el mundo",
y que, por esto, el hecho de que estas mujeres en "una comunidad tan
remota hayan conseguido una sentencia tan avanzada y transformadora es
un verdadero paso para la justicia mundial".
Pero la violencia sexual como arma
de guerra no es solo usual en Guatemala. Es común alrededor de todo el
mundo y una de las violencias que más afectan a las mujeres que se
utiliza como estrategia militar intencionada que busca aterrorizar, degradar y derrotar a toda una población.
El caso Sepur Zarco en los tribunales
"Nosotras no podíamos denunciar hace
unos años porque nadie nos hacía caso. Ahora gracias a todas las
organizaciones que nos han ayudado (principalmente la Alianza Rompiendo
el Silencio, ECAP, PNUD y Mujeres Transformando el Mundo) podemos contar
lo que nos hicieron", explica Carmen.
Gracias a esto, perdieron el
miedo y se rompió la impunidad de la que se beneficiaba la institución
militar. Aunque un supuso un reto para todas ellas:
"Teníamos obstáculos por todas partes porque para los tribunales sólo
era un caso de más de mujeres que no llegaría a ningún lado", relata la
abogada.
Gracias a la ayuda
de varias organizaciones las víctimas perdieron el miedo, denunciaron y
se ha acabado con la impunidad del ejército
Había otra barrera que impedía denunciar, la lingüística: "Ninguna de las mujeres sabían hablar castellano",
aclara Bilma Club, una de las jóvenes que participó en la trabajo
psicosocial para ayudar a las víctimas a explicar las violencias que
habían sufrido. De hecho, no sabían ni leer ni escribir, y cuenta que en
sus idiomas tampoco existen “unas palabras que definan la violencia
sexual como sí la tenemos en castellano”, por lo que las víctimas ni aún
queriendo podían explicarlo. Sólo se consiguió conocer lo que realmente
había ocurrido tras mucho tiempo de trabajo.
En 2009 comenzó el proceso judicial y
se comenzaron a juntar los testigos para presentar las denuncias contra
el ejército y el estado. La querella se inició en el 2010 cuando se
consiguió el primer paso y se reconoció en los tribunales la violencia sexual como crimen de guerra
dentro del conflicto armado de Guatemala.
En 2011 se interpuso otra
demanda ya denunciando la esclavitud doméstica y sexual de las mujeres y
las desapariciones forzosas y asesinatos de sus familias como delitos
de lesa humanidad. En 2012 las víctimas declararon, comenzaron las
exhumaciones y a investigarse los hechos.
Reparación para la comunidad y condena de 360 años
Después de tantos años, los hechos han sido demostrados y los culpables condenados: en total, Esteelmen y Heriberto suman una condena de 360 años
y deben pagar a cada una de las víctimas 500.000 quetzal, aunque ambos
se declararon insolvente quedando libres de las multas económicas.
"Nuestra lucha es para que lo que nos ocurrió a nosotras no le ocurra a nadie más"
Ante
esto se pidió otra condena, quizás la realmente más novedosa y
transformadora del proceso.
Al conseguir que las condenas se
reconocieran por "delitos contra la humanidad", también se consiguió una
reparación a toda la comunidad y se ha emitido una sentencia con 16
medidas para los pueblos indígenas que van desde la construcción de un
hospital hasta las mejoras en escuelas o becas en educación para los
hijos. De hecho, no se pide la reparación sólo a los condenados, también
a todo el estado al no intervenir para parar los delitos del ejército,
por lo que el gobierno también es culpable.
"Lo que queremos es que estos hechos
ya no se repitan nunca más. Nuestra lucha es para que lo que nos
ocurrió a nosotras no le ocurra a nadie más. Por esto no nos rendimos",
explica Carmen. Las abuelas de Sepur Zarco han conseguido así una
sentencia histórica y un ejemplo mundial para las víctimas de violencia
sexual." (Beatriz Asuar, Público, 15/12/17)
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