"José Enciso Amat murió en 1938 en el campo de batalla en Murcia. En
1940, en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas, fue
condenado a pagar 12.000 pesetas de multa. Poco importaba que él ya
estuviera muerto. Su familia debía pagar por él.
Su viuda no pudo pagar
la sanción y la farmacia que regentaba fue intervenida por el Estado franquista,
quien colocó un administrador al frente del negocio familiar, que pasó a
cobrar 10 pesetas diarias. La familia estuvo pagando la multa hasta el
año 1951 en pagos fraccionados de 3.000 pesetas. Hasta entonces las
cuentas bancarias, créditos y demás pertenencias estuvieron
inmovilizados.
El caso de José Encino se repitió por toda la
península. Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación,
retención o expolio de sus bienes en un país que en 1940 rondaba los 26
millones de habitantes. La región que más daño sufrió en este aspecto fue Andalucía.
Un
grupo de 32 investigadores de ocho universidades andaluzas, financiado
por la Junta de Andalucía, ha rescatado de los comités de incautación y
los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía 61.958
expedientes personales de incautación y expropiación de bienes.
Fernando
Martínez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de
Almería y coordinador del macroproyecto, cifra la cantidad que los
vencidos andaluces de la guerra tuvieron que pagar en 115 millones de
pesetas de la época.
"El volumen de multas alcanza los 115 millones de
pesetas de la época y supera las 9.500 incautaciones cuyo valor no se
puede calcular al no haber sido estimado en la época.
La represalia fue
de tal envergadura y afectó a tanta gente que la Administración
franquista se colapsó y en 1945 se tuvo que nombrar una comisión liquidadora que dio carpetazo a 45.000 expedientes", explica a Público
el historiador, quien asegura que 115 millones de pesetas serían en la
actualidad alrededor de 345 millones de euros. "Con 200 pesetas se podía
comprar un campesino una casa en aquella época", asegura.
La investigación, liderada por Martínez, supone la primera
averiguación que arroja luz sobre la dimensión de uno de los pilares de
la represión franquista: el expolio de los vencidos.
El otro gran pilar,
más conocido por el gran público, fue el fusilamiento directo de los
sospechosos con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como
delatores. Sólo en Andalucía hay registrados 57.801 fusilamientos desde
1936 a 1945. De ellos, 49.718 fueron fusilados republicanos y 8.083 del bando franquista.
"No
fue suficiente con la represión física, es decir, matar, encarcelar,
mandar a la gente a los campos de concentración ni con la depuración
profesional, es decir, apartar de su trabajo a todos los profesionales
no afines sino que paralelamente se puso en funcionamiento una ley y una
incautación de bienes que fundamentalmente buscó legitimar el golpe de
Estado, controlar a los enemigos del alzamiento y financiar el golpe",
explica Martínez.
Al inicio el
saqueo y las incautaciones se produjeron de manera espontánea. Las
tropas africanistas estaban acostumbradas al saqueo de bienes en
Marruecos y cuando llegaron a España procedieron de la misma manera a la
par que se iniciaron los primeros fusilamientos sin ningún tipo de control.
Este
ritual se repitió hasta que comenzaron a incautar bienes a familias de
derechas que denunciaron estos saqueos y provocó que el cabecilla
sublevado Queipo de Llano interviniera en la cuestión.
El 18 agosto de 1936, Queipo de Llano lanzó el bando de incautaciones
en el que se decía a quien se puede incautar y a quien no con el "fin
de reparar en lo posible los daños y perjuicios ocasionados en los servicios públicos".
Así, se disponía que se podía incautar bienes a las personas que
"pertenecieran a partidos políticos" del Frente Popular, los que
propugnaran la necesidad de la "desaparición o debilitamiento de la
nación española", los que se opusieran al levantamiento militar y los
periodistas que hubieran publicado a favor de la República.
De
esta manera, y según los datos del estudio, los más afectados por
ocupación fueron los trabajadores del sector primario (jornaleros,
labradores, agricultores, campesinos, mineros), con un 58,5%% de los encausamientos;
después el secundario (panaderos, electricistas, carpinteros, obreros,
albañiles, etcétera), el 22,1%; y, por último, el terciario (empleados,
comerciantes, maestros, militares, etcétera, abogados), con el 19,1% de
los expedientes.
El bando de
Queipo de Llano pasó a ser ley antes incluso del final de la guerra
civil, en febrero de 1939. La Ley de Responsabilidades Políticas
significó el encarcelamiento, la represión e incluso la muerte para
aquellos que durante la primera experiencia democrática en España, la II República, ejercitaron el derecho constitucional de pertenecer a sindicatos o partidos políticos.
Muestra de ello, es la brutal represión que sufrieron los cargos
políticos desafectos. Cayeron todos, la mayoría alcaldes y concejales.
Entre los diputados a Cortes las multas fueron descomunales. Manuel
Azaña fue multado con 100 millones de pesetas y todos sus bienes fueron
incautados.
En Andalucía, la mayor multa fue para el diputado Vicente Uribe
que fue castigado con 25 millones de pesetas, que nunca pudo pagar. No
obstante, todos sus bienes fueron incautados por el nuevo Estado
franquista.
En 1945 la histeria represora del nuevo régimen era
imposible de continuar, pero la represión política no decayó. Todas las
penas impuestas debían cumplirse hasta el último día de cárcel o hasta
la última peseta de multa.
"Había 17 supuestos delictivos por
los que se abría expediente, entre ellos tener abierta una causa militar
o haber representado a los partidos del Frente Popular, haber
permanecido en el extranjero más de dos meses durante la Guerra Civil, o la excitación o inducción a la comisión de actos que indujeran la responsabilidad política", explica a Público Martínez.
Los políticos más afectados por las incautaciones, según la
investigación coordinada por Martínez, fueron los afiliados a PSOE y
UGT. Un 51% de los políticos que perdieron todas sus posesiones
pertenecían a este partido o al sindicato. El 15,18% estaban afiliados a
la CNT; el 9,77 al Partidos Republicanos y el 8,88% al PCE.
La
naturaleza de los bienes incautados oscila entre la expropiación de
fincas rústicas y/o urbanas, el mobiliario de las viviendas, los ajuares
domésticos, los bienes semovientes, es decir, los animales de corral,
carga y tracción o las cooperativas de casas de obreros. El valor de estas incautaciones es imposible de determinar.
El
nuevo Estado se apoderó también de inmediato de los haberes de los
partidos, sindicatos y organizaciones opuestas a la rebelión militar.
Una vez restituida la democracia, tras la muerte de Franco, estos bienes
fueron devueltos a los partidos políticos y sindicatos. A los
particulares, sin embargo, nunca.
Este
es el caso de Virgilio Castilla, presidente de la Diputación de Granada
en 1936. Apenas dos días después del golpe de Estado de julio fue
detenido el día 20. El 1 de agosto, fue juzgado por un consejo de guerra
sumarísimo y condenado a dos penas de muerte por "rebelión militar,
provocación, inducción e instigación a la rebelión", y por insultos a la
fuerza armada, considerando la sentencia que preparaba "un amplio
movimiento subversivo para implantar en la ciudad las doctrinas
ruso-marxistas más avanzadas y por medio del terror".
Unas horas
después, en la madrugada del 2 fue llevado al cementerio y fue fusilado.
"Tras enterarse de la condena, lo único que me dijo mi padre es que con una condena a muerte hubiese bastado", recuerda para Público
José Castilla, de 83 años, hijo de Virgilio. Tras el asesinato de
Virgilio, la familia recibió una nueva notificación del Gobierno de
Franco. Acorde con la Ley de Responsabilidades Políticas, la familia debía pagar 250.000 pesetas al Estado de sanción por pertenencia a un partido político. La muerte, una vez más, no era suficiente.
"Recuerdo
como poco después de la muerte de mi padre, las fuerzas de Franco
fueron a mi casa y nos embargaron todo. Desde el frigorífico a las
sillas del despacho de mi padre. Nos dejaron a mi madre, a mi hermana y a
mí absolutamente sin nada. Pudimos sobrevivir gracias al padre de mi madre que nos daba un dinero semanal para comer", apunta José Castilla.
Finalmente,
la familia de Virgilio pudo satisfacer la multa de 250.000 pesetas.
Para ello, el hermano de Virgilio liquidó la empresa de textiles que
regentaba junto a su hermano fusilado. "Mi padre, junto a su hermano,
era el creador de lo que después fue el negocio de Galerías Preciado o El Corte Inglés.
Hacíamos trajes a medida. El negocio era fantástico y ya tenían
sucursales en Murcia, Córdoba y Almería", explica José, hijo de Virgilio
y catedrático de Medicina legal y Forense.
La familia consiguió la reparación de la memoria de Virgilio por
resolución del Ministerio de Justicia en 2007. En 2010, reclamaron al
Estado la devolución de los bienes incautados a su familia por el Estado
franquista valorado en 262.832 euros según informe pericial.
Sin
embargo, el Gobierno socialista negó el derecho de la familia a la
indemnización por daños y perjuicios en resolución firme del 15 de julio
de 2011 al considerar que los hechos delictivos ya habían prescrito.
"La ley de Memoria Histórica no ha servido para nada", resume José.
La
Ley de Responsabilidades Políticas se justifica mediante la afirmación
de que "los causantes de los males de la patria han de pagar con sus
pertenencias". Los llamados rojos pagaron con sus bienes e incluso con
su vida. La democracia, sin embargo, no les ha devuelto nada. Ni siquiera un simple y gratuito perdón." (Público, 30/12/2012)
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