"La coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Berta Zúñiga Cáceres,
presentará en un mes una denuncia contra el Banco Holandés del
Desarrollo (FMO, según sus siglas en holandés) por "negligencia y
corresponsabilidad" en el asesinato de su madre, la ambientalista Berta
Cáceres.
En una entrevista con Efe, Zúñiga Cáceres
explicó que el FMO dijo que "no tenía ninguna responsabilidad en todo lo
ocurrido" en el asesinato de Cáceres en marzo de 2016, y "rechazó un
planteamiento de mediación", por lo que la familia de la ambientalista
"no tiene más opción que ir ante la Justicia" holandesa.
Zúñiga
Cáceres afirmó que la COPINH cuenta con "pruebas suficientes" que
demuestran la "corresponsabilidad" del banco holandés en la opresión a
la comunidad indígena de Honduras que concluyó con el asesinato de su
madre, lo que pone al FMO ante un "delito de negligencia".
El
FMO era uno de los principales inversores del proyecto hidroeléctrico
Agua Zarca de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA),
cuyo gerente es investigado por haber planeado el asesinato de Berta
Cáceres, de 44 años, semanas antes de que esta viajase a Holanda para
reunirse con directivos del banco holandés, a los que pretendía
convencer de que retirasen su inversión.
La represa
se planificó para ser construida en el río Guancarque, sagrado para la
comunidad indígena Lenca, y ante la oposición de los residentes en la
región, el controvertido proyecto acabó estando rodeado de denuncias de
fraude e irregularidades en la consulta pública obligatoria sobre los
planes.
La tensión provocó violentos enfrentamientos
entre soldados y activistas indígenas, hasta que en 2016 culminó con el
asesinato de Cáceres, la entonces coordinadora de COPINH, y el arresto
de ocho sospechosos, incluidos dos empleados de DESA.
Entre
las pruebas de las que habla la hija de la ambientalista está una carta
que Cáceres envió en 2013 al FMO avisándoles de que "no deben invertir
en el proyecto" de DESA por "la amplia violencia que estaba provocando
la represa" en la comunidad indígena.
"Había un
contexto muy fuerte, muchas denuncias públicas, el FMO mandó a una
empresas de asesoría a la región para analizar la situación. Estaba
claro que conocía los riesgos, pero siempre respaldó la posición que
tenía DESA", lamentó Zúñiga Cáceres.
Berta Cáceres
"había hecho varias llamadas al banco para que saliera urgentemente del
proyecto, pero fueron renuentes con esa petición y dijeron que
necesitaban más pruebas y que ellos confiaban" en la empresa hondureña,
según la actual coordinadora de COPINH.
El caso
muestra "muy bien lo que estaban viviendo las familias indígenas. El
banco cometió un delito de negligencia, por ignorar la situación y
porque como entidad tiene cláusulas de derechos humanos que debe
respetar", afirmó la hija de Berta Cáceres.
El caso
judicial incluirá pruebas como testimonios de las personas
involucradas, llamadas telefónicas, correos electrónicos de los
empleados y la administración de DESA, en los que se refleja la relación
de las fuerzas de seguridad con la empresa, que exigió el uso de la
violencia contra las personas que se oponían al proyecto.
El
equipo de abogados que la acompañó esta semana a Holanda subrayó que el
FMO conocía la forma en la que DESA lidiaba con la oposición, como la
intimidación de la población local, y acusan al banco holandés de "hacer
la vista gorda" y continuar financiando "las actividades delictivas" de
la empresa hondureña.
En noviembre de 2017, un
informe elaborado por un equipo internacional de abogados de Derechos
Humanos concluyó que el FMO es "al menos, en parte, responsable" de la
muerte de Berta Cáceres porque ayudó a financiar la construcción de la
planta de energía hidroeléctrica.
"El dinero del
FMO se usó para pagar a los asesinos. El banco es, al menos, culpable de
negligencia grave", dijo Miguel Ángel Urbina, uno de los investigadores
que elaboraron el informe y que se encuentra hoy en Holanda para
explicar la situación a la prensa.
El banco de desarrollo rechazó estas acusaciones
y negó "cualquier forma de acto ilegal en este u otro proyecto" en el
que ha participado, según un portavoz del FMO, Paul Hartogsveld." (Imane Rachidi, Público, 18/05/18)
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