"Desde el último día que estuve en
Colombia hasta ahora he tenido una tranquilidad enorme. Sin ese miedo a
que te puedan matar. Allí, en el día a día no se vive, se sobrevive con
mucho miedo, es una zozobra enorme. No eres tú misma. Para salir de casa
tienes que mirar a todos los sitios, tienes que identificar a cualquier
persona que te cruzas. A veces sientes que te van a disparar por la espalda”.
Silvia Irene Berrocal, colombiana de 62 años, lleva casi seis meses
acogida temporalmente en España gracias al Programa Catalán de
Protección a Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos, gestionado
por la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado.
El programa es un paréntesis de seis
meses en un día a día aterrador en el que los acogidos reciben formación
y atención psicosocial ante de regresar de nuevo a su país de origen,
donde su papel en la defensa de los derechos y en la denuncia pública de
las violaciones muy a menudo les cuesta la vida.
Los líderes
comunitarios como Berrocal, miembro de la Fundación Forjando Futuros e
impulsora de la Corporación de víctimas sobrevivientes del conflicto en
Urabá-Visionando la Paz (COMUPAZ), siempre han sido un “objetivo
militar” para los grupos insurgentes y paramilitares colombianos, pero
la sangría no ha hecho más que crecer desde que uno de los actores
armados, la guerrilla de la FARC, dejó la actividad armada. Razón por la
que los colombianos son la tercera nacionalidad, por detrás de venezolanos y sirios, que más solicita asilo en España.
“Para el Estado colombiano la
situación se ha tranquilizado. Ya no está en guerra con las FARC. Pero
para nosotros la cosa se ha puesto bastante peor”, asegura Edilberto
Daza, de 51 años, el otro líder comunitario acogido bajo el programa
catalán este año.
En los 16 meses que lleva en marcha el proceso de paz ya han sido asesinados más de 225 líderes y lideresas
sociales y defensores de Derechos Humanos. Además de 36 excombatientes
de las FARC que entregaron las armas y familiares de ellos”, describe
este líder campesino de los departamentos de Meta y Guaviare.
Es
dirigente de la Fundación DHOC y la Asociación Campesina de Medianos y
Pequeños Productores del Río Cafre (AgroguejarCafre). A sus espaldas, 35
años de denuncia y defensa de los campesinos ante el robo de tierras
por los “grandes terratenientes y sus paramilitares”.
No
es una percepción suya. La Defensoría del Pueblo de Colombia ha llamado
la atención sobre el aumento de estos asesinatos selectivos. Desde 2016
hasta febrero de 2018, 282 líderes sociales y Defensores de Derechos
Humanos han sido asesinados, según este organismo público. El programa Somos Defensores, que presenta anualmente el informe más detallado, documentó que en 2017 murieron de forma violenta 106 líderes sociales, “uno cada tres días”.
Entre los verdugos, siempre grupos
paramilitares vinculados al narcotráfico, la guerrilla del ELN, el
propio Ejército nacional y los grupos disidentes de las FARC que no se
desmovilizaron.
Víctimas también del Estado
Berrocal y Daza siguen vivos, pero
amenazados de muerte. Y ambos se siente víctimas, además, de una Estado
que apenas les ofrece protección y que ni siquiera se toma en serio su
problema, afirman.
“Dicen que ya no hay paramilitares en Colombia, que
los defensores mueren por disputas personas o por líos de faldas”,
asegura Berrocal, que también denuncia la permeabilidad de las
instituciones del Estado que, supuestamente, deben garantizar su
seguridad.
“Cuando denunciamos abusos, crímenes o amenazas, ya sea a la
Fiscalía, a la Policía o a la Defensoría del Pueblo, ellos saben quién
denuncia y a quién se denuncia. La Justicia trabaja con ellos. Por eso
asesinan a muchos, porque en cuanto se hace una denunciad, se informa a los paramilitares”, lamenta.
Berrocal es, en realidad, una “doble
víctima”. Su hijo de 16 años fue uno de los 35 asesinados por un comando
de las FARC en 1994. Aquella matanza se conoce como la masacre de La
Chinita, un barrio obrero de San José de Apartadó (Antioquia) donde los
guerrilleros dispararon indiscriminadamente durante una verbena popular.
Su objetivo, al parecer, eran algunos exguerrilleros del Ejército
Popular de Liberación, un grupo armado que se disolvió en 1991 y que se
convirtió en objetivo de las FARC. “Pasé un tiempo de duelo, pero una no
puede quedarse para siempre instalada en la pena. Tiene que hacer algo,
por ella misma y por los que están su misma situación”, subraya.
"El paramilitarismo
ha vivido de la guerra y la guerra es un negocio que tiene que
continuar para que siga en el poder la misma clase política"
Así
comenzó a organizarse hasta que logró que el Gobierno declara ese
barrio como barrio “sujeto de reparación colectiva”. Pero Berrocal no se
quedó ahí. Ella quiere la paz en su país, y no tuvo reparos en abrazar en público a los asesinos de su hijo para conseguirlo.
En 2016, participó en las negociaciones de La Habana entre el Gobierno y
las FARC para lograr, en nombre de su organización, que la guerrilla
reconociera el crimen, entonara el mea culpa y
pidiera perdón a las víctimas.
Lo consiguió, pero aquella foto del acto
público entre los líderes de la guerrilla la colocó en el saco de
quienes apoyan el proceso de paz, de quienes “apoyan a los terroristas,
dice la ultraderecha”, critica.
“Lo que hicimos fue un proceso de
reconciliación para que dejaran de disparar muchos fusiles en Colombia. Y
eso, a los paramilitares no les gustó porque ellos son los menos
interesados en que haya paz.
Me convirtieron en objetivo militar y recibo amenazas de muerte”,
explica. Se las toma en serio porque ya ha visto morir a algunas
compañeras de lucha. Su compañero Daza lo confirma. "Por apoyar el
proceso de paz somos objetivos de los paramilitares, estamos amenazados
de muertes".
El uribismo, tras los paramilitares
"El paramilitarismo ha vivido de la
guerra y la guerra es un negocio que tiene que continuar para que siga
en el poder la misma clase política”, asevera la defensora de Derechos
Humanos. Lo mismo opina su compañero Daza, que apunta al expresidente Álvaro Uribe y a su sector político como “jefe de los paramilitares y del narcotráfico en Colombia”.
“Durante
su gobierno, los grupos paramilitares se desmovilizaron, pero en
realidad lo que hicieron fue legalizarlos porque siguen extorsionando,
robando tierras a los campesinos y haciendo negocios del narcotráfico.
El paramilitarismo es un brazo armado del Estado que hace el trabajo
sucio de matar a los dirigentes comunales que reclaman sus tierras y sus
derechos. Son sostenidos por el Estado para que cuiden de sus intereses”, relata.
Para Daza no es casualidad que Uribe
sea el “mayor terrateniente” del país. “Él y su familia tienen más de
15.000 hectáreas solo en la región del Meta, tienen más de 100.000
hectáreas de cultivo de palma, tiene las mayores industrias de carne de
cerdo del país y controla el negocio de la recogida y gestión de
basuras, además de estar inmerso en numerosos procesos judiciales.
Necesita que su gente siga en el poder para no acabar en la cárcel”,
asevera.
El secuestro de Daza
La prueba de que el Estado y los
paramilitares son, en muchas ocasiones, dos caras de la misma moneda la
vio este dirigente campesino con sus propios ojos. “En 2005 mi
organización apoyó un gran paro agrario ante el robo de tierras de
cultivo por los paramilitares y los terratenientes en la región del
Meta.
Nos organizamos como colectivo, registramos la asociación y
comenzamos a denunciar con nombre y apellidos quién estaba detrás de los
saqueos, asesinatos de campesinos y violaciones de sus mujeres para que
se fueran de las tierras. En 2007 fui secuestrado por un grupo
paramilitar. Me iban a matar, pero la casualidad
fue que encontraron mi carnet de acción comunal, así que me llevaron
ante el comandante paramilitar para ver qué hacían conmigo”.
"O se marcha o es hombre muerto. Las órdenes son matarle"
Ese
comandante resultó ser un antiguo campesino que Daza conocía de años
atrás. “Me reconoció y me dejó libre, pero antes me dijo que teníamos
que hablar con su comandante. Cuando me llevó ante él resultó que su
jefe era un teniente del Ejército colombiano”. Su confusión era enorme.
“Estaban juntos. ¿A quién estábamos denunciando entonces, a los
paramilitares o al Estado?”, se preguntaba. “Aquí nos toca trabajar
coordinados”, asegura que le dijo el teniente. El consejo que le dio el
jefe paramilitar fue claro. “O se marcha o es hombre muerto. Las órdenes
son matarle. Yo te conocía, pero habrá otro comandante que no”, le
apercibieron.
Fue entonces cuando le tocó
desplazarse de su región natal. Ahora, como verificador de la
implementación de los acuerdos de paz, ha vuelto a trabajar en las
regiones, pero ya ha sufrido un intento de atentado y múltiples amenazadas. “Por SMS, por e-mail, por teléfono, por Whatapp. Así así todos los días”, relata.
Critican la falta de medidas de
seguridad por parte del Estado, pero también que, "cuando son los mismos
campesinos los que localizan y retienen a paramilitares armados, que
han confesado que venían a matar campesinos, la justicia les deja libres
a los pocos días". "No podemos confiar en nadie", afirma.
En pleno periodo electoral en
Colombia, estos dos defensores de Derechos Humanos confían poco en que
“un país tan corrupto y tramposo” pueda cambiar de la noche a la mañana.
Sólo piden que su situación se conozca, que se sepa que en Colombia,
los Derechos Humanos son vulnerados cada día y que la comunidad
internacional sepa lo que ocurre. También albergan la esperanza de que
el uribismo no gane las elecciones.
“Lo único que tenemos es un proceso
de paz. Falta mucho para que se cumpla del todo, pero es más que lo que
había antes. Si Iván Duque sale presidente ya han avisado de que no van a seguir adelante con los acuerdos”, advierte Berrocal." (Jairo Vargas, Público, 06/04/18)
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