"Un día se colocó un retén de paras [paramilitares] en una vía de acceso a la comunidad; allí paraba un autobús y según bajaban los pasajeros comprobaban si estaban en la lista; si así era, los mataban allí, delante de todos"

"Los campesinos que plantaron cara al Gobierno de Colombia. Hostigados por el ejército, guerrilla y paramilitares, un grupo de trabajadores del campo lleva 15 años resistiendo de forma pacífica en una zona de fuego cruzado

La denuncia pública ha logrado que muchos ojos se posen en el grupo de campesinos que respondió con un ‘no' a las FARC, a los paramilitares y al Ejército colombiano hace 15 años.

Cerca de 1.200 trabajadores del campo de la zona de Urabá, al noreste del país, se declararon neutrales en el conflicto que enfrenta el país latinoamericano desde hace medio siglo.

 La comunidad de paz de San José de Apartadó -como resolvieron llamarse- harta del asedio que sufría por ubicarse en una zona de fuego cruzado y geográficamente clave para el tránsito de drogas y armamento decidió no ceder ante los chantajes de uno y otro lado. 

 Adoptaron la estrategia de resistencia pacífica y acordaron normas de convivencia y requisitos para formar parte de este espacio humanitario al margen de las acciones armadas. 

En marzo de 1997, cientos de campesinos desplazados se negaron a abandonar la región y decidieron volver a sus tierras. Firmaron una declaración en la que se comprometieron a no permitir la presencia de actores armados en el asentamiento y asumieron el rol de "alternativa civil no violenta al conflicto". El precio de aquella decisión lo siguen pagando hoy en día.

"No se cómo se llegará a un acuerdo de paz con el país inundado de paramilitares", titubea Javier Giraldo, sacerdote jesuita miembro de la comunidad de paz, en relación a las conversaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC]. "La violencia sigue siendo una realidad cotidiana en el país", añade.

Sobre el proceso de paz que se abre con las negociaciones en La Habana, teme que se termine cerrando con la impunidad total de militares y paramilitares, e incide en el "cruce de expectativas" por el que atraviesa Colombia.

Giraldo trabaja desde hace 25 años coordinando el banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular, donde, en este tiempo, ha registrado más de 180.000 víctimas del conflicto armado en todo el país. "La mayor parte pertenece a la sociedad civil, a movimientos de base, indígenas, campesinos y fuerzas políticas alternativas pero no combatientes", señala.

 Un ejemplo del hostigamiento que padece la ciudadanía se encuentra en San José de Apartadó, donde la cifra de asesinatos desde 1997, año en que se constituyó la pequeña comunidad de paz, asciende a 240.

"Éramos 1.200 cuando empezó todo", lamenta Giraldo en su visita por Madrid antes de emprender rumbo a la Corte Penal Internacional para aportar nuevas pruebas y lograr que el tribunal internacional decida abrir este caso.

Hasta La Haya lleva los listados actualizados de víctimas, las cartas cruzadas con el Gobierno colombiano y los 26 derechos de petición ejercidos por el religioso. Ante estas peticiones, en las que Giraldo relata con precisión al Ejecutivo de Juan Manuel Santos cada ataque que sufre la comunidad, solo ha recibido indiferencia.

 "Siempre me responden con un párrafo donde Presidencia me remite a otras instituciones que nunca han contestado nada concreto, sino que dan evasivas o niegan la situación", lamenta en conversaciones con este medio en el Ateneo madrileño donde ofreció una charla la semana pasada.

 

Las denuncias que Giraldo ha puesto en conocimiento del Gobierno no han producido sanciones ni investigaciones penales, pero sí han desplegado otros efectos . "En varias ocasiones, testigos que se presentaron ante la fiscalía o el juzgado fueron asesinados o amenazados", asegura el sacerdote.

El último ataque que sufrió la comunidad de paz tuvo lugar hace escasas semanas. En un simulacro en el que, según asegura Giraldo, no estaba la guerrilla, "dispararon contra las casas dejando un muerto".

 "Esos días hubo una presencia masiva de paramilitares, lo que obligó a desplazarse hacia las veredas". Ese es el mecanismo que los miembros de la comunidad utilizan para sobrevivir: marcharse a las zonas contiguas - a las veredas- y esperar que los paramilitares abandonen y puedan regresar al asentamiento sin correr peligro.

 Se trata de los movimientos internos que hacen estos campesinos pertenecientes a un país que cuenta con más de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto.

La premisa que el colectivo de campesinos escucha con más frecuencia a los militares y paramilitares que recorren la región es la del "exterminio" por considerarles "la piedra en el zapato de los planes del Gobierno y las empresas". "Si no fuera por el apoyo internacional, ya nos habrían eliminado", subraya Giraldo.

Las ayudas que San José de Apartadó recibe desde fuera de Colombia tienen que ver, entre otras, con el asesoramiento jurídico, necesario para que los campesinos puedan conservar sus tierras. 

La Ley de víctimas y restitución de tierras del Ejecutivo de Santos permite que las fincas devueltas a los campesinos puedan ser negociadas entre éstos y empresas. De este modo, las posibles alianzas dejan al campesino en una posición de debilidad frente a las compañías que quieran comprarlas. Además, "no se han legalizado las tierras, se venden sin pasar por las agencias del Estado, dándose títulos testimoniales", indica Giraldo.

 

Las medidas reparadoras del Gobierno colombiano no convencen a una comunidad que lleva cincos lustros de asedio. En los primeros meses de su creación, San José sufrió cerca de 80 asesinatos. Los paramilitares manejaban listados de sospechosos que mataban en el mismo lugar donde los localizaban.

 "Un día se colocó un retén de paras [paramilitares] en una vía de acceso a la comunidad; allí paraba un autobús y según bajaban los pasajeros comprobaban si estaban en la lista; si así era, los mataban allí, delante de todos", relata Giraldo.

La esencia colectiva de la comunidad de paz constituye sus cimientos ante los múltiples asesinatos. De esta forma, cuando alguien es asesinado "el grupo asume su labor". Organizar la resistencia ha sido una de las claves de la supervivencia. Cuando comenzaron a comercializar los cultivos, entre 2001 y 2004, llegó el cerco de hambre. 

"Cuatro conductores que nos llevaban alimentos fueron asesinados para que nadie quisiera hacer esa tarea".Después masacraron los cuatro comercios del pueblo y cerraron todos los negocios de la carretera. Pero también salieron adelante. Comenzaron a comprar semillas en Medellín, a más de 300 kilómetros, y cultivar arroz, maíz, frijol y caña de azúcar.

 La comunidad de paz sigue buscando fuera de su país la justicia y la reparación que dentro le niegan, algo que Giraldo ha comprobado en persona. A lo largo de su vehemente trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el sacerdote ha afrontado más de un proceso judicial.

En 2009, se declaró objetor de conciencia para no colaborar en una investigación contra él por haber denunciado las supuestas torturas de unos militares contra varios campesinos. El Ejército le denunció por calumnias y el fiscal que llevó el caso le aseguró que estaba sometido a grandes presiones "desde arriba" para condenarlo.

 

"El fiscal dejó sobreseído el caso pero, por presiones, lo reabrió y dictó una orden de búsqueda y captura contra mí", relata el religioso. El coronel que fue a buscarle le confesó que no podía acatar la orden de llevarle detenido.

 "Llamamos al fiscal para que nos explicara qué podíamos hacer, y lo resolvió diciendo que hiciera un escrito ratificando mi objeción". Así procedió Giraldo que, a partir de entonces, fue declarado reo ausente, le asignaron abogado de oficio y a los dos años se archivó su expediente. 

 "Curiosamente, me exoneraron la misma semana en que cambió el fiscal general del Estado, el mismo que presionó al otro fiscal para que reabriera mi caso".

Con todo, Javier Giraldo no se rinde y ahora espera abrir alguna puerta en la justicia internacional. Los delitos contra San José de Apartadó fueron denunciados en 2006 ante la Corte Penal Internacional por la propia comunidad de paz bajo la calificación de crímenes de lesa humanidad.

"Fuimos a la Corte Penal a recabar justicia y, aunque aún no han tomado ninguna decisión importante, seguiremos insistiendo", anuncia."       (Público, 27/11/2012)