"El Estado salvadoreño, después de 31 años de la espeluznante masacre de
El Mozote podría ser condenado al fin por un tribunal internacional. Se
le acusa de no investigar, juzgar ni castigar a los responsables del
mayor asesinato masivo que se haya dado en América Latina. En El Mozote
fueron exterminadas cerca de mil personas, en su mayoría menores de edad
y mujeres. (...)
La brutal acción fue ejecutada por el Batallón Atlacatl (de fuerzas
especiales contrainsurgentes y entrenadas por EE UU), que actuaba bajo
el mando del ya fallecido teniente coronel Domingo Monterrosa. Los
miembros del batallón nunca han sido juzgados en El Salvador, al estar
protegidos por una amnistía general promulgada en 1993 por el entonces
presidente Alfredo Cristiani.
“Que haya justicia”, reclamó una familiar de las víctimas, Dorina
Márquez, ante los magistrados de la Corte al concluir su testimonio.
Toda su familia fue masacrada entonces. Padres. Hermanos. Tíos. Sobrinos
La masacre ocurrió en el caserío El Mozote y en sus alrededores, en
la provincia oriental de Morazán, en El Salvador. Los hechos ocurrieron
entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981. La justificación del ejército
fue que alli existia un campo de entrenamiento de la guerrilla de
izquierda que combatía entonces al Estado, el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN). Tres décadas después, aún hay militares que sostienen públicamente la validez de ese argumento para la matanza.
Según testimonios de sobrevivientes, aquello fue un acto peor que
“inhumano”. Existen pruebas documentales de decenas de menores de edad
que fueron arrancados de sus madres y llevados a la casa convento de la
iglesia católica.
Estando encerrados allí fueron abrasados vivos con
lanzallamas accionados por soldados. Osamentas y huellas de la acción
fueron localizadas por un equipo conjunto de antropólogos forenses de
Argentina y El Salvador después de concluida la guerra civil que comenzó
en 1980 y terminó en 1992.
En la guerra civil salvadoreña murieron
75.000 personas y desaparecieron 8.000. Los responsables de estas
muertes y desaparecimientos forzosos, sean militares o guerrilleros, se
mantienen en la impunidad gracias a la amnistía de 1993.
Durante décadas, muchas de las víctimas no denunciaron los hechos por
miedo, como relató ante la corte instalada en Guayaquil la señora María
del Rosario López Sánchez, vecina entonces del caserío La Joya, cercano
a El Mozote. Ella perdió a 22 familiares en la masacre y debió huir a
los cerros vecinos donde vivió oculta durante seis años.
Para la perita española María Sol Yáñez -psicóloga social de la
Universidad del País Vasco que acude como experta a petición de la
Corte-, después de más de 31 años de ocurridos los hechos “el trauma se
ha cristalizado, no sólo por los crímenes, sino también por la manera
atroz en la que fueron cometidos, la culpabilización de las víctimas y
la falta de justicia”.
Yáñez urgió a implementar un Programa de Atención Psicosocial como
parte de una política integral de reparación a las víctimas que
contemple medidas específicas para reconstruir el tejido social. "Parte
de la violencia actual en El Salvador tiene que ver con lo no resuelto del pasado", insistió la psicóloga española.
El proceso que se lleva a cabo en Ecuador refuerza la dinámica de resarcimiento por la masacre abierta por el presidente Mauricio Funes en el 20 aniversario de la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil. Funes aprovechó para pedir perdón
por la masacre.
En una acción sin precedentes, nombró a los culpables
de la acción, entre ellos al teniente coronel Monterrosa, a quien el
ejército había reconocido como un “héroe”. Funes también prohibió rendir
homenajes a militares envueltos en crímenes de guerra." (El País, 24/04/2012)
No hay comentarios:
Publicar un comentario