"Mi tutora, la señorita Van de Biggelaar, me llevó en tren hasta Almelo [en el
este de Holanda]. En Tilburgo, al menos tenía un nombre que coser en la
etiqueta de mi ropa, pero al llegar a Almelo me convertí en un número
más", cuenta Jo Keepers, de 76 años. Hija de un padre alcohólico y
maltratador, ella es una de las miles de víctimas holandesas de los
trabajos forzados no remunerados de la orden católica Hermanas del Buen
Pastor.
Al
menos 15.000 niñas y mujeres, en su mayoría prostitutas, madres
solteras o discapacitadas, trabajaron en condiciones de esclavitud entre
1860 y 1973 en las lavanderías y talleres de costura de esta
congregación en Holanda, según una investigación de años realizada por
el medio holandés NRC.
Las monjas, establecidas en los llamados "refugios del amor" en las
ciudades de Almelo, Tilburgo, Zoeterwoude y Gelderland, vivían de tareas
de la costura comercial. Todas las esclavas que tenían a su disposición
elaboraron durante décadas todo tipo de indumentarias. Desde ropa de
bebé hasta prendas para los militares, pasando por chalecos de fuerza
para instituciones psiquiátricas o camisas especiales para compañías
determinadas.
Esta orden religiosa ya se vio implicada en un escándalo semejante en Irlanda,
donde participaban en la gestión de las llamadas "lavanderías de las
Magdalenas". Allí, unas 10.000 mujeres jóvenes, muchas de ellas madres
solteras, fueron detenidas y forzadas a trabajar en las lavanderías que
comenzaron a operar en la década de 1920 e incluso seguían vigentes
hasta 1996, según un informe del Gobierno de Dublín.
A los trabajos de lavandería se sumaba el bordado. Según el Archivo
holandés de la Vida Conventual, que guarda también objetos, en El Buen
Pastor se bordaba para la Casa Real. “Se presume que para la entonces
princesa Juliana (abuela del actual rey Guillermo)”. Parte del lavado y
almidonado de manteles del Palacio het Loo, residencia oficial de
Juliana, también se hizo en los conventos de la orden.
En el caso holandés, las monjas proveían con sus productos a las
fábricas textiles, empresas de moda, hoteles, hospitales, particulares,
la Iglesia y el propio Gobierno. La investigación de NRC incluye
testimonios de varias víctimas y eleva su cifra a al menos 15.000
personas. Contactas por Efe, algunas de estas personas explican que por
su estado de salud y edad prefieren no rememorar aquella época de nuevo
hasta el día que tengan que dar testimonio ante un tribunal.
Una de ellas es Margot Verhagen, de 85 años. Su padre murió en la
Segunda Guerra Mundial y su madre falleció en 1950, cuando ella tenía 17
años y seis hermanos. Verhagen se quedó con una de sus tías, pero pocos
días después, dos policías y una mujer de protección de menores la
trasladaron a la institución del Buen Pastor en Velp, donde las hermanas
la pusieron a trabajar desde las seis de la mañana hasta las diez de la
noche, recuerda.
Verhagen, nacida en La Haya, asegura en el medio holandés que no solo fue sometida a los trabajos forzados en las lavanderías —"una cultura normal de esa época", apostilla—
sino que dice haber sido violada por el rector de la institución. El
episodio, según ella, quedó impune porque las esclavas no tenían voz, ni
voto, ni derecho a quejarse.
Se les consideraba niñas y mujeres "perdidas" cuando quedaban
embarazadas fuera del matrimonio, huérfanas, abandonadas, maltratadas,
discapacitadas o condenadas por un delito menor. En esos casos, su
ingreso en la Hermandad era considerada "la única solución", refiere
Verhagen. Nunca recibieron un salario por esas labores, aunque una vez
al año las monjas les entregaban un billete de cartón, una especie de
moneda ficticia con la que podían comprar dulces o comida en los puestos
del mercado de la Hermandad.
Jo Keepers también intentó escapar varias veces del centro de Almelo, pero
siempre acababa detenida por la policía y castigada luego por las
monjas, hasta que finalmente lo logró el 20 de marzo de 1960, fecha que
marca en el calendario como el día de su liberación. Hasta la década de
1970, las niñas, generalmente en contra de su voluntad, fueron colocadas
en las instituciones por el Gobierno (como en el caso irlandés), las
asociaciones de tutela, protección infantil o los propios padres.
Algunas víctimas recurrieron la semana pasada a los juzgados para
exigirle al propio Ejecutivo que reconozca el daño causado por esta
Hermandad y les pague los salarios pendientes porque consideran que el
Estado es en parte responsable de la falta de humanidad en la que fueron
obligadas a trabajar.
Las denuncias efectuadas ahora son formales, pero las críticas contra
las prácticas de las Hermanas del Buen Pastor ha aparecido en Holanda
en libros y documentales a lo largo del tiempo.
El goteo con
declaraciones de las afectadas se remonta a 1930, cuando dos de las
antiguas esclavas contaron su doloroso pasado. Una decena se animaron
luego a hacerlo en diarios, semanarios y libros, pero no hubo reacción
oficial por considerarse “propaganda anticatólica”. La Real Biblioteca
Nacional guarda todos estos documentos, que constituyen una de las
principales fuentes de información histórica de lo ocurrido, Sin
embargo, como las autoridades se inhibieron, la situación se prolongó
hasta los años setenta.
Las monjas se apartaron entonces de los centros
que dirigían. Las últimas, ya ancianas, viven en residencias, pero la
congregación vendió en el país sus inmuebles y posesiones por millones
de euros. Uno de los edificios de su propiedad tenía 14 hectáreas, y en
2004, cerraron un trato con una inmobiliaria dispuesta a construir al
menos 83 apartamentos.
Este caso judicial está apoyado por la plataforma holandesa de niños
víctimas de abusos religiosos (VPKK, en sus siglas en neerlandés), que
también exige al Gobierno que realice una investigación independiente
sobre aquella explotación y determine el papel que tuve el Ejecutivo
durante esa etapa. En una carta publicada el año pasado, las Hermanas se
disculparon ante sus víctimas pero se niegan a pagar las
indemnizaciones porque consideran que todo ha prescrito y señalan que
han pasado "muchos años".
El trabajo en los talleres de lavanderías y de costura, un modelo de
ingreso que enriqueció a la congregación religiosa, era considerado por
las autoridades como un 'trabajo de terapia' y penitencia. El jardín del
edificio de la Hermandad estaba cercado con alambre para evitar que las
chicas escapasen de manos de las religiosas.
El Buen Pastor, llegó a tener cuatro residencias en Holanda y aparece
asimismo entre las 800 denuncias estudiadas desde 2016 por la comisión
que investiga la violencia en centros de menores. Los casos incluyen
abusos, físicos, psíquicos y sexuales desde 1945, y cuatro víctimas de
los trabajos forzosos impuestos por las monjas han remitido sus
biografías. Como los afectados pueden acudir a la comisión hasta enero
de 2019, la orden religiosa ha asegurado que “está dispuesta a ponerse
en contacto con los investigadores”.
Micha de Winter, catedrático de
Pedagogía, dirige ese equipo de expertos y ha reconocido ya el carácter
“estructural del abuso”. “Si nos dan su permiso, aprovecharemos sus
historias para investigar a fondo la época y lo ocurrido. Si una vez
puesta la denuncia precisan ayuda, pueden acudir a la asociación que
presta ayuda a víctimas de abusos en el país”, añade.
La VPKK, que apoya a las cinco denunciantes, está compuesta por un
grupo de cinco juristas, expertas en ética y pedagogía que dan voz “a
las mujeres sometidas también por otras mujeres, además de sacerdotes o
capellanes, en internados, congregaciones y otras instancias
religiosas”.
A través de su cuenta de Facebook anima a las víctimas a
ponerse en contacto, “porque algo así puede pasarle a cualquier chica y
es preciso contar la verdad de unos hechos bochornosos”. Se ocupan a su
vez de los afectados varones porque, según explican “lo peor es que
nadie te crea o reconozca lo ocurrido”. (Imane Rachidi, Isabel Ferrer, El País, 12/06/18)
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