La política de exterminio franquista fue diseñada por el general Mola

"(...) La política de exterminio fue diseñada por el general Mola, con el fin de eliminar cualquier posible disidencia y atemorizar al conjunto de la población. Desde el principio había una clara voluntad de exterminio físico, social, político e ideológico de aquellos que para los sublevados representaban la «antipatria». 

Franco, su ejército y la falange fueron sus ejecutores hasta el final; la iglesia testigo delator. España es el segundo lugar del mundo con más desaparecidos, por detrás de Camboya —durante el gobierno de los Jemeres Rojos, 1975 y 1979, desaparecieron entre dos y tres millones de personas—.

 «No existe equivalente en Europa respecto a la intensidad y duración de las atrocidades» producidas en España, dice Paul Preston en su obra El Holocausto español.

A la represión se unió el hambre. Hasta 1951 los productos de primera necesidad se conseguían con cartillas de racionamiento, por lo que para comer se dependía de las instituciones franquistas.

 Para encontrar trabajo, viajar o cambiar de residencia era necesario un salvoconducto que solo conseguían los adictos al Movimiento Nacional. Con los hombres muertos o en las cárceles, muchas familias quedaron desamparadas, mendigando o sobreviviendo de la caridad o trabajando por jornales de miseria.

En la represión franquista, auténtica política de venganza, se observan varias etapas, en función del papel de España en el concierto internacional: La primera de ellas durante la guerra civil en la zona «nacional»; la segunda hasta la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945; otra tercera hasta el comienzo del desarrollismo en los sesenta y hasta el final del régimen en 1975. 

El periodo álgido de represión y violación de los derechos humanos empezó con la «cruzada de liberación», como sigue diciendo el ministerio de Defensa. El franquismo recurrió a los métodos represivos propios de toda dictadura militar: penas de muerte, largas condenas de cárcel, destierros, confinamientos, multas, torturas y violencia física en todos sus grados y formas. 

 Represión laboral y profesional, política, lingüística, educativa, cultural y económica, con incautaciones y embargos de bienes. La represión religiosa, muy católica, romana, única y verdadera, oficial del Estado, se dejó notar en todos y cada uno de los ámbitos públicos y hasta en las alcobas.

Con el «cautivo y desarmado el Ejército rojo», el 1 de abril de 1939, continuó la estrategia represiva y de terror, pilar fundamental del nuevo Estado. Un elemento de represión de primer orden, fueron los campos de concentración militarizados, donde se amontonaron hasta 500.000 presos —192.000 fueron fusilados, en operaciones de centenares de ejecuciones al día—. 

En 1946 todavía estaban operativos 137 campos de trabajo y 3 de concentración, albergando a 30.000 prisioneros políticos. En 1940 la población reclusa era de 270.719 presos y alrededor de 100.000 todavía permanecían entre rejas en 1943. Los últimos 120 presos políticos de Franco, comenzaron a ser liberados en octubre de 1977, en aplicación a la ley de amnistía.

 Los crímenes y violación de los derechos humanos, se prolongaron hasta el final del franquismo, que quiso terminar su régimen como lo había empezado: fusilando. Cinco ejecuciones en 1975, meses antes de la muerte del dictador, que murió en la cama, pero matando.

 En febrero de 1939 se promulgó la Ley de Responsabilidades Políticas, instrumento represivo del primer gobierno, preparando la represión de posguerra contra todos aquellos que hubieran apoyado la legitimidad republicana, vulnerando el principio de irretroactividad penal —propio de todo Estado de Derecho—. 

Con la ley en la mano de los tribunales especiales, condenaban por igual a quienes habían colaborado con el gobierno de la República, como a quienes supuestamente hubieran mostrado una «pasividad grave» hacia el Movimiento. Los sublevados, condenaban por «sublevación» a los que se mantuvieron fieles a la legalidad republicana. La justicia al revés.

En 1940, se abrió la Causa General, vigente hasta 1969, con la misión de investigar e instruir hechos delictivos, cometidos durante la «dominación roja». Los funcionarios del Estado Republicano, fueron sometidos a un proceso de «depuración», con penas de cárcel y traslados forzosos, suspensión de empleo y sueldo, inhabilitación o separación de la carrera. 

Los nuevos funcionarios tenían que ser leales al Movimiento y demostrarlo con «certificados de buena conducta» del jefe local de FET y de las JONS y el cura párroco. Hasta donde llegaría lo de la buena conducta, que en 1972, yo mismo, quise obtener el carné de conducir y no pudo ser, al negarme la policía tal certificado.

La represión que se practicó en el sistema educativo, cultural fue intensa, en toda su extensión y en todos los frentes. Obsesionados por el llamado «peligro separatista», fue perseguido todo sentimiento nacional que no fuese español, prohibiendo el uso público de las lenguas distintas al castellano. Todas las instituciones consideradas subversivas fueron eliminadas, como la Residencia de Estudiantes. 

Los contenidos educativos fueron ajustados a los estrictos criterios políticos, religiosos y culturales del nuevo régimen —parecido a lo que hace ahora el ministro Wert—. Especial saña se utilizó contra los maestros y maestras de la República; la mayoría fueron expulsados de la enseñanza, privándoles de todo derecho. Con el ostracismo, el silencio y la miseria.

Las mujeres sufrieron una doble represión, por rojas y por mujeres. Muchos hijos de republicanas murieron en las cárceles o se dieron en adopción sin su consentimiento, perdiendo su custodia. Se criminalizó a los homosexuales, aplicándoles la ley de vagos y maleantes. La represión fue llevada a cabo en todos los ámbitos productivos, con despidos, inhabilitaciones laborales y profesionales.

 Las organizaciones patronales realizaban listas de «rojos» o «sindicalistas» para que nadie les volviera a contratar. Los colegios profesionales se encargaron de la represión de los profesionales liberales. Se prohibieron los partidos políticos, sindicatos, asociaciones y periódicos no afines al régimen. 

 Se anuló la libertad de expresión para opiniones contrarias o discrepantes al gobierno y se estableció la censura para todos los medios de comunicación.

El brazo armado de la represión fue el ejército, la policía, la guardia civil y los falangistas. La justicia se ejecutaba mediante el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Entre todos hacían cumplir la ley con violencia extrema: penas de muerte, prisión de hasta treinta años e incautación de bienes. En 1964 este Tribunal transfirió sus funciones al no menos duro Tribunal de Orden Público, hasta que se suprimió en 1977.

 En el recuerdo la violencia extrema de la Brigada Político Social, que torturaba hasta la muerte en muchos casos. Los sicarios de entonces, siguen viviendo en el anonimato de los crímenes que, por acción u omisión, consintieron o provocaron. Supongo que en sus conciencias lo estarán pagando; si no es así, lo pagarán en el momento de su muerte, como ocurre con los canallas.  (...)"            (Victor Arrogante, Nueva Tribuna, 07/05/2014)