"La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) envió en abril una misión a Baleares para investigar los casos de explotación sexual a 16 menores tutelados en las islas entre 2018 y 2019. El borrador del informe no deja lugar a dudas: «La explotación sexual de los menores tutelados en las Islas Baleares es multifacética y requiere una acción integral por parte de todas las autoridades competentes». Los niños víctimas, se añade, deben recibir la mayor atención posible por parte de las autoridades que los tutelan, que tienen que protegerlos en todo momento de los abusadores.
La misión constata que se dieron «fallos sistémicos» por parte del Gobierno regional, instituciones de tutela y protección de menores, el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), dependiente del Consell de Mallorca... Y confirma el incumplimiento sistemático de alguna normativa clave, así como la falta de seguridad suficiente en ciertos centros y, sobre todo, la ausencia de coordinación y de cooperación y la opacidad de las autoridades responsables.
¿Qué ocurrió? Treinta y siete denuncias entre 2018 y 2019, y expedientes desde 2008. Un «grave problema social» desde 2012 según la Fiscalía, pero que no ha llamado la atención de los medios hasta 2019, cuando una niña de 13 años se escapó de un centro de acogida y fue violada por cinco menores en una casa abandonada.
Hubo demasiado silencio. Y después, mucho ruido. La misión de Bruselas se entrevistó con Policía y Guardia Civil, con responsables del Gobierno autonómico e insular -incluidas sus presidentas- y con la Fiscalía y las madres de algunas menores abusadas.
En el informe -en fase aún de alegaciones y cuya versión final se conocerá este otoño- se pide que mejore el sistema de protección de menores tutelados dotándolo de más recursos y de más educadores, garantizando una mayor formación y estabilidad laboral, porque hay inestabilidad en los equipos educativos y en las plantillas. Y también sobrecarga de trabajo burocrático y falta de formación de los profesionales, lo que lleva a una ausencia de supervisión eficaz de los menores.
Se solicita también que se creen centros de protección específicos y con perfiles diferentes para menores con problemas de conducta, como ya ocurre en otras autonomías, pero no en Baleares. Y finalmente se requiere que se preste atención, como obviamente no se hizo, al indicador más peligroso: las fugas de los centros. Sobre todo, bajo ciertas circunstancias que, contadas por las madres, atruenan en la conciencia y que deberían haber alertado a todas las partes.
Hay que repensar los sistemas de tutela porque son prácticas de régimen abierto, en las que los menores intentan una vida normalizada en una edad difícil. No es un sistema cerrado y no debe serlo, pero hay que minimizar la vulnerabilidad. Se recomienda poner el acento en la prevención, la lucha contra el fracaso escolar y la drogadicción. Y que se garantice la comunicación con las familias de los tutelados para ayudarlos y guiarlos.
Es necesario que se incrementen las habilidades sociales de los menores en general, para que sean conscientes de los peligros de las tecnologías de la comunicación en manos de depredadores que buscan presas fáciles, enredándolos para que ni sean conscientes de ello. También los trabajadores deben adaptarse a las nuevas generaciones y tecnologías: estamos ante un perfil generacional distinto de adolescentes.
Es preciso recordar que la edad de consentimiento sexual en España es de 16 años, pero si hay remuneración se trata de prostitución infantil. Algunas de estas niñas se prostituían a cambio de regalos, ni siquiera de dinero. Abusados o explotados, son víctimas de violencia. Esa es la razón por la que tutelamos: para protegerlos y que tengan oportunidades de un futuro digno.
Tras conocer el informe, desde Cs Baleares se ha solicitado una Comisión no permanente en el Parlament balear y en el Consell de Mallorca, para el cumplimiento de la ejecución de cada una de las medidas. Las responsabilidades políticas se depurarán por decantamiento social, pero sólo con un seguimiento claro y firme se convertirá en realidad cada mejora que juzgamos necesaria.
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha asegurado que existen «indicios» de que los casos de explotación sexual sobre menores tutelados ocurren «en muchas» comunidades autónomas. A su juicio, estos centros deben mejorar el reconocimiento médico, así como disponer de expertos en psicología clínica y protocolos de prevención de conductas autolesivas.
¿Nuestra tarea? Vigilar para que no vuelva a ocurrir algo tan espantoso como que un grupo de menores vulnerables, teóricamente amparados y tutelados por instituciones responsables, sean objeto de explotación sexual. Y adaptar el sistema de protección y tutela para asegurar que los menores no quedan desprotegidos al cumplir los 18 años y un día. No debemos fallar más. Sirvan de ejemplo experiencias como la de la Fundación Natzaret, con programas de respaldo para adolescentes en los que otros chavales mayores de 18 respaldan a los menores y les sirven de referencia para que logren su plena emancipación.
Agua pasada no mueve molino, pero no olvidemos el intento de tapar lo ocurrido -por egoísmo o pereza, tanto da- y los vetos a las diferentes peticiones de investigación, entre ellas las de Ciudadanos. Mostrar el escándalo no era sólo para criticar y tener rédito político: el compromiso con las recomendaciones del Parlamento Europeo es serio y decente.
¿Y los menores? Durante el encuentro de la misión, jóvenes y educadores nos pidieron que se dejara de estigmatizarlos, que no querían ser víctimas colaterales. Nos recordaron que muchos jóvenes piensan con ilusión en el día que van a cumplir 18 años y que ellos temen ese día en el que deben abandonar el núcleo de convivencia que, como verdaderos valientes -no lo sabemos suficientemente-, han ido tejiendo con los educadores y otros chicos bajo tutela. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento, nuestra disculpa y nuestro compromiso."
(, Revista de prensa, 07/10/22; fuente: El Mundo)
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