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11/4/23

Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Miles de fichas e informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, avales y salvoconductos, dan testimonio del grado de implicación de una parte importante de la población en ese sistema de terror... Hubo cientos de miles de personas que habían luchado en el bando vencedor, que aceptaron la legitimidad la dictadura, que adoraban a Franco por ofrecerles "paz y tranquilidad"... y unos empleos a los que jamás habrían accedido... se llama el franquismo sociológico

Julián Casanova @CasanovaHistory

1 de abril de 1939. Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales.

Miles de fichas e informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, avales y salvoconductos, dan testimonio del grado de implicación de una parte importante de la población en ese sistema de terror.

Hubo cientos de miles de personas que habían luchado en el bando vencedor, que aceptaron la legitimidad la dictadura, que adoraban a Franco por ofrecerles "paz y tranquilidad". Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerción.

6:10 p. m. · 1 abr. 2023 9.545 Reproducciones

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15/9/22

Acedo Colunga: un fiscal militar entre la inquisición española y el nazismo

 "6.770 sumarios, 30.224 procesados, 3.189 sentencias de muerte y 3.953 condenados a 30 años de reclusión (7.700 a otras penas). Son cifras de la estadística general –a fecha 31 de diciembre de 1938- que figuraban en la Memoria del Fiscal del Ejército de ocupación franquista, Felipe Acedo Colunga (1896-1965), firmada en enero del año siguiente en Zaragoza. Correspondían a causas vistas en los Frentes de Levante (incluidos Aragón y Cataluña); Santander, Madrid y Bilbao.

El documento está recogido en Castigar a los rojos. Acedo Colunga, el gran arquitecto de la represión franquista, obra colectiva editada por Crítica en junio, de la que son coautores Francisco Espinosa, Ángel Viñas y Guillermo Portilla.

“Hay que eliminar toda la criminalidad en España. Decir esto equivale a suprimir todos los criminales que bajo las banderas rojas han deshonrado la noble hidalguía de nuestro pueblo”, escribía el general y fiscal jefe del ejército golpista en la Memoria de 90 páginas; incluía en el colectivo señalado a “dirigentes, propagandistas y negociantes de la revolución materialista”. El gran objetivo radicaba en “construir un nuevo Estado”.

En el BOE del 7 de noviembre de 1936 publicado en Burgos (considerada una de las capitales del nuevo Estado fascista), se recogía la designación de Felipe Acedo Colunga como Auditor de Brigada adscrito a la Fiscalía, dentro de los “distintos organismos de justicia militar”; ya finalizada la guerra, en septiembre de 1939, un Decreto firmado por el dictador Franco nombraba a Felipe Acedo jefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio del Aire. El también piloto militar de aeroplano había participado en la sublevación militar de 1932 contra la II República, encabezada por el general Sanjurjo, por lo que fue procesado.

El fiscal y general derechista intervino de manera destacada en los Consejos de Guerra contra los líderes y participantes en la insurrección obrera de Asturias (octubre de 1934). En una etapa posterior –entre 1951 y 1960- desempeñó el cargo de Delegado del Gobierno en Barcelona; en su trayectoria política durante el franquismo Acedo Colunga ejerció también otras responsabilidades, como la de Delegado del Gobierno en la Compañía Telefónica.

El 1 de noviembre de 1936 Franco firmó un Decreto, desde Salamanca, cuyo objetivo era “el restablecimiento del orden jurídico en la Plaza de Madrid, alterado durante más de tres meses (…)”. Así, “ante el sinnúmero de crímenes de todo orden”, se trataba de imponer “la rapidez y ejemplaridad tan indispensables en la justicia castrense”. La presunta ineficacia del “llamado Gobierno de la República”, según la disposición legislativa, justificaba la constitución –de manera permanente- de ocho Consejos de Guerra en la “plaza de Madrid”.

En este contexto de represión militar y judicial (y con el mismo trasfondo ideológico), “la actividad de Acedo Colunga llega a su apogeo tras el golpe de julio de 1936 a través de los procedimientos sumarísimos de carácter ejemplarizante a los que fueron sometidos las autoridades civiles y militares del Sur y en los que puso la legislación penal militar al servicio del fascismo”, subraya el historiador Francisco Espinosa, autor entre otras obras de Por la sagrada causa nacional. Historias de un tiempo oscuro. Badajoz 1936-1939.

Espinosa Maestre menciona, entre los primeros Consejos de Guerra tras la sublevación de 1936, el celebrado en Huelva; en el procedimiento judicial militar desempeñó un papel protagónico Felipe Acedo. Se decidió entonces la ejecución del gobernador civil de Huelva, Diego Jiménez Castellano, y dos tenientes coroneles –de la Guardia Civil y de Carabineros-, Julio Orts Flor y Alfonso López Vicencio. Fueron asesinados en agosto, “en un espectáculo público”.

¿Objetividad, equilibrio, neutralidad, equidistancia en la actividad fiscal? El gran arquitecto de la represión escribió en la Memoria de diciembre de 1938: “Pretendemos dotar al Ministerio Fiscal de un dinamismo apasionado y combativo constituyéndolo más que nada en mandatario y vocero de la conciencia jurídico-social. Surge así su extraordinaria importancia en el régimen autoritario de una España imperial”.

El catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Jaén, Guillermo Portilla, califica como de “verdadera obsesión” uno de los propósitos jurídicos de Acedo: que el considerado delito de rebelión militar se interpretara con una cierta uniformidad en los Consejos de Guerra; y además, que se manifestara una similitud entre las condenas contra lo que el fiscal militar llamaba “jauría republicana”. “En parte lo logró”, concluye Portilla, también autor del libro La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (2010).

Pero no sólo las acusaciones de la Fiscalía se convirtieron –generalmente- en la médula de los sumarios en la jurisdicción militar (“la sintonía entre las resoluciones de los consejos de guerra y la Fiscalía fue importante”, subraya Portilla Contreras); el catedrático e investigador agrega que la Memoria fiscal se fundamentó en los principios jurídicos nacional-socialistas, aunque sin renunciar a que el derecho penal español siguiera un camino propio (el general y jurista planteaba, incluso, que el Tribunal de la Santa Inquisición podía ser una fuente de inspiración).

El catedrático jubilado de la Universidad Complutense de Madrid, autor de El gran error de la República y coautor de El primer asesinato de Franco, Ángel Viñas, sitúa a Felipe Acedo junto al catedrático de Derecho Penal, Isaías Sánchez Tejerina; y el filósofo del derecho, Wenceslao González Oliveros, en la órbita de los políticos y juristas del franquismo que trataban, incluso, de relacionar el modelo judicial español con “las doctrinas más puras del periodo de las guerras de religión”; Viñas vincula además al fiscal fascista con el derecho penal de autor y las teorías del jurista nazi Carl Schmitt.

En Castigar a los rojos, Ángel Viñas resalta algunos planteamientos de Acedo Colunga con influencia en la legislación franquista posterior; es el caso de la uniformidad en la interpretación de los delitos de adhesión y auxilio a la rebelión.

También la propuesta de regulación de la responsabilidad civil que se derivara del delito de rebelión (y la constitución de un tribunal civil recaudatorio); la consideración de pertenencia a la masonería como circunstancia “agravante”; o un proyecto en detalle de cómo debería configurarse el castigo penal y la “depuración” de funcionarios que ejercieron durante la II República (principalmente en los sectores de la enseñanza, militar y judicial)."                  ( Enric Llopis , Rebelión, 08/09/2022)

19/10/17

En diciembre de 1979, al atardecer, se unieron estudiantes y trabajadores en manifestación... dos jóvenes resultaron muertos por disparos de la Policía

"Con el final de la guerra civil y la implantación del nuevo régimen, el nacional-catolicismo se convirtió en el plan de estudios de los niños de la época. Se establecía que la enseñanza tenía que ser "confesional, patriótica, social, intelectual, obligatoria, gratuita, con separación por sexos y en castellano en todo el Estado". 

La educación se imbuía así de los rasgos distintivos del bando triunfante, enmarcada dentro de una política fundamentada doctrinalmente en el derecho de la victoria, según refería el propio Franco.

Los proyectos educativos de la República fueron abandonados y muchos maestros fueron condenados, depurados y obligados a abandonar su profesión. El ministro de Educación Nacional, hasta 1951, fue José Ibáñez Martín.

 La inicial disputa interna que se planteó entre Falange y la Iglesia española por el control de la enseñanza se saldó a favor de la segunda, que impuso su ideario y principios, en los que se abundará más adelante.



Sin embargo, a mediados de los cincuenta la situación estudiantil en nuestro país empezaría a cambiar. Los movimientos estudiantiles se convirtieron en uno de los principales aglutinadores del descontento de la juventud contra la dictadura. La llegada a la Universidad de los hijos de la emergente clase media aportó nuevos aires a la anquilosada vida académica española. En 1956 los enfrentamientos en Madrid, entre universitarios y miembros del Sindicato Español Universitario (SEU) pusieron de manifiesto el descontento que ya era evidente en los campus.

El régimen resolvió la crisis con el cese de Joaquín Ruiz-Giménez, ministro de inspiración cristiana que había intentado una moderadísima apertura en el cerrado mundo franquista.

A partir de entonces, no obstante, se fueron sucediendo las algaradas y los enfrentamientos con la Policía Armada cada vez con más asiduidad por parte de cientos de estudiantes, añadido a las protestas de muchos profesores, lo cual desembocó en 1965 con la separación "definitiva" de la Universidad de los profesores López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván (aunque este castigo se anuló en 1976, con Franco ya muerto) y una sanción de dos años para los profesores José María Valverde y Antonio Tovar; en todos los casos  por "una falta grave de disciplina académica", que en realidad escondía el apoyo por parte de los profesores mencionados a las protestas estudiantiles que aquel año se estaban sucediendo en la mayoría de las universidades españolas

Especial influencia tuvo en el movimiento universitario el Mayo del 68 parisino que hizo alentar nuevas esperanzas entre los estudiantes y, al mismo tiempo, incrementar el temor de las autoridades que no dudaron en endurecer la represión.

La muerte del joven universitario y militante del Frente de Liberación Popular (FeLiPe) Enrique Ruano a manos de la Brigada político-social en enero de 1969 agitó aun más las protestas universitarias. 

El asesinato de este joven estudiante de Derecho no se zanjaría en los tribunales hasta 1996 con la absolución de los tres policías que le custodiaban pese al reconocimiento por parte del tribunal de que la causa de la muerte había sido un disparo hecho por los propios agentes y no el suicidio como había mantenido hasta ese momento el Ministerio del Interior (Ministerio de Gobernación hasta 1977).

En los últimos años del franquismo las movilizaciones estudiantiles fueron perdiendo fuelle dejando el protagonismo a sectores más amplios de la oposición (trabajadores, partidos, nacionalistas vascos, grupos de la Iglesia católica...), coincidiendo con un endurecimiento del régimen

En los niveles no universitarios, la educación de los más jóvenes estuvo desde la postguerra  en manos de las escuelas públicas, escuelas privadas y centros religiosos. La segregación por sexos, la moral preconciliar, la formación del espíritu nacional o la asignatura de Hogar dejaban bien a las claras el papel que se asignaba en el futuro inmediato al alumnado. Sin duda fueron tiempos de oscuridad y temor donde nos hicieron creer que "el mundo, el demonio y la carne" campaban  a sus anchas intentando corromper las virtudes de los buenos 'españolitos'.

Hasta bien entrados los años 60, la retórica oficial que hacía de España "la reserva espiritual de Occidente", iba a ser una constante tanto en la vida educativa como en el devenir cotidiano.  Solo hay que recordar las tenebrosas Semanas Santas, los libros prohibidos o la obligación de los colegiales de asistir a los distintos oficios religiosos. El control social constituyó uno de los elementos clave que explican la longevidad del franquismo.

En 1970 la reforma educativa de José Luis Villar Palasí modernizó el programa educativo. La Educación General Básica, el Bachillerato Unificado Polivalente o la Formación Profesional y el Curso de Orientación Universitaria iban a sustituir al antiguo Bachillerato y Preuniversitario.
Con esta evolución en el mundo educativo entramos en la transición y no fue hasta 1979 cuando tuvo lugar la primera huelga universitaria, apoyada también por los estudiantes de enseñanzas medias, contra el gobierno de la UCD.

La llamada Ley de Autonomía Universitaria fijaba la Selectividad como forma de acceso, incrementaba el precio de las tasas o facilitaba la privatización, en contra de la opinión mayoritaria de los estudiantes. En diciembre de 1979 se produjeron manifestaciones y protestas en toda España. La fotografía que ilustra este artículo fue tomada en esos días frente al Instituto de Enseñanza Media José María Pereda de Santander.

El día 13, en Madrid, al atardecer, se unieron estudiantes y trabajadores, estos últimos en manifestación contra el anteproyecto del Estatuto de los Trabajadores, sucediéndose los altercados. Como consecuencia de los mismos dos jóvenes resultaron muertos por disparos de la Policía. Se trataba de Emilio Martínez Menéndez y José Luis Montañés Gil.

Al día siguiente hubo movilizaciones en todo el país. La Universidad de Santander (que así se llamó la institución desde el establecimiento del distrito universitario, en 1971, hasta la denominación de Universidad de Cantabria, en 1985) se declaró en huelga el día 14 secundada por los institutos y el día 15 fue disuelta una manifestación por el centro de la ciudad.

Tres alumnos de la Universidad fueron detenidos por colocar carteles contra la actuación policial. La tensión no disminuía, y un grupo de estudiantes fue recibido por el alcalde de la ciudad, Juan Hormaechea Cazón, para que los jóvenes pudieran presentar sus quejas. En ese tiempo, tal y como se refleja en la prensa diaria, se celebraron multitudinarias Asambleas de Distrito, las más populosas que han tenido lugar hasta nuestros días.

A nivel estatal la confrontación fue en aumento y llegó a su cima cuando la extrema derecha, bajo el amparo de las cloacas del Estado, secuestró y asesinó a Yolanda González, líder del movimiento estudiantil en Madrid.

A las protestas juveniles hay que unir las críticas de los profesores universitarios. Desde los no numerarios hasta los catedráticos el rechazo a la ley fue casi unánime entre los docentes. Por fin, en 1982, el Gobierno retiró del Parlamento tan controvertida ley. (...)"          (eldiario.es, 01/10/17)

2/2/17

Fernández de Mesa, el de Tarajal: de patrullar con falangistas a consejero de Red Eléctrica pasando por la Guardia Civil... será para electrificar la valla de Melilla

"Cuando era joven, el exdirector general de la Guardia Civil metido ahora a consejero de Red Eléctrica de España (REE) tenía dos apodos. Arsenio Fernández de Mesa era Cuco para los amigos y El Estirao para los enemigos. 

Su ciudad natal, Ferrol, seguía siendo entonces de El Caudillo, y cuando murió Francisco Franco en 1975 De Mesa todavía era menor: la mayoría de edad no se adelantaría de los 21 a los 18 años hasta 1978.

Eran tiempos convulsos en todos los rincones de la una, grande y libre, y en Ferrol, cuna del apodado Faro de Occidente (a pesar de la escasa estatura del dictador), la lenta agonía del Caudillo se vivía con un plus de emotividad. Los enfrentamientos entre francófilos y francófobos eran cotidianos.

En Ferrol habitaba entonces el hombre que había fundado en 1935 la facción gallega de Falange Española. Jesús Suevos era en 1975 un respetado fascista de 68 años, algo atildado, de gran cultura, elegante, soltero y muy afrancesado, con todos los rumores que esta pléyade de cualidades podía aventar en aquella España charretera, vencedora, carpetovetónica y macho.

Con la muerte de Franco, Suevos se volvía a sentir depositario otra vez de la sagrada misión de emprender una nueva cruzada por Dios y por España. El antiguo jefe de centuria falangista en la Sierra de Guadarrama durante la Guerra Civil organizaba, 40 años después, en Ferrol, patrullas de inspiración paramilitar destinadas a amedrentar a sindicalistas y demócratas con palos, cadenas y pistolas. 

Los llamaban los cadeneros y se daban cita las noches del lunes en los patios del colegio Tirso de Molina antes de salir a patrullar.

Suevos adoptó intelectual e ideológicamente a Cuco Fernández de Mesa por diversas e irreprochables razones. A pesar de su deslustrado expediente académico, De Mesa era un líder estudiantil. 

Poseía buen físico, buena voz y una viril espontaneidad para la arenga, como bien ha seguido demostrando en el decurso de su carrera política. Además, Cuco proviene de una noble estirpe de marinos y militares que arranca en el siglo XVIII. Su madre fue bautizada María Luisa Díaz del Río y González-Aller.

Los González-Aller provienen de la aldea de Villarruba, a 22 kilómetros de Ferrol enfilando hacia el sur el curso de la ría. La dinastía naval alcanza nuestros años, con Cristóbal González-Aller, (1960) vistiendo el uniforme de almirante en la base de Rota. José Ignacio, fallecido en octubre del pasado año, había sido compañero de promoción de Juan Carlos I en la Escuela Naval y a bordo del buque escuela Juan Sebastián Elcano.

 Carlos, capitán, llegó a ser jefe de la Cámara de Oficiales de la Armada en Madrid. El almirante Antonio fue, durante el primer lustro de este siglo, jefe del Cuarto Militar de la Casa Real, y su empaque era inevitable en cada acto castrense solo unos pasos detrás de Juan Carlos I.

Como Jesús Suevos –que sería corresponsal de la prensa del Movimiento en París, primer director de TVE y presidente del Atlético de Madrid–, la familia de Cuco de Mesa era gente de cultura y sensibilidad, había sido golpista en el 36, y vivió plácidamente los 40 años de terror franquista, como los adjetivara en inolvidable ocasión el exministro del PP Jaime Mayor Oreja.

La joven centuria falangista organizada por Suevos en los años 70, y de la que formó parte el actual director de la Guardia Civil, contaba para su impunidad, precisamente, con la complicidad de la Benemérita. Igual que otros movimientos involucionistas de aquellos años, como los Guerrilleros de Cristo Rey, responsables de numerosos asesinatos durante la década.

Por supuesto, no existen censos de la composición de aquellas centurias clandestinas. Ni apenas denuncias contra ellos. Pero sí fue pública la presencia de Fernández de Mesa ataviado de falangista en un acto que se celebró en Cedeira el 14 de mayo de 1977. El ex ministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora acudió a la localidad para inaugurar un monolito en memoria de Franco. Las autoridades locales esperaban disturbios.

Cedeira había albergado un campo de concentración donde se hacinaron más de 700 rojos entre 1937 y 1938. Muchos cedeireses fueron fusilados en la playa de Villarrube, a orilla del exquisito pazo de los González-Aller. A los supervivientes y a sus familias les pareció un insulto aquel homenaje e intentaron boicotear el acto. En previsión de que las fuerzas del orden fueran insuficientes, la centuria de Díaz de Mesa acudió con sus aditamentos falangistas a proteger ministro y monolito, quizá no necesariamente por ese orden.

De Mesa ya albergaba ambiciones políticas. Convencido por Suevos, se había afiliado un año antes a Reforma Democrática, fugaz asociación (aun no se había redactado la ley de partidos) que bajo el aliento de Manuel Fraga pretendía mantener los principios del Movimiento Nacional en caso de que la frivolidad democrática naciera irreversible. Fue la crisálida de Alianza Popular y del PP.

Su periplo laboral arrancó un poco más tarde. En 1979, se convierte en auxiliar de jardinero en el puerto, pero no era posición laboral digna para un vástago de genealogías navegantes tan conspicuas como la de los González-Aller, y acaba colocado en diversos oficios relacionados con el naval. Pero en 1983 sale concejal en Ferrol y en su Ayuntamiento permanece hasta 1991.

Muy crítico con la reconversión del naval iniciada en los primeros gobiernos de Felipe González, se destaca entonces como grandilocuente defensor de los trabajadores ferrolanos, lo que le abrió las puertas del Congreso como diputado por A Coruña en 1989. Mantuvo el escaño hasta 2012 y no precisamente para pasar desapercibido: durante la guerra del fletán con Canadá, afianzó su fama de intrépido parlamentario.

También contribuyeron en su salto de Galicia a Madrid sus desavenencias con Manuel Fraga y su acercamiento a los genoveses de Aznar, hartos de abandonar las comodidades de Lhardy para apoyar a Donmanuel entre pulpeiras de O Carballiño y percebeiros del Malpica.

Durante aquellos años, el inexistente currículum académico de Cuco agrega títulos como sendas diplomaturas en Altos Estudios Militares y de Defensa. Diplomaturas que, tras convertirse en director de la Guardia Civil, reducen a un par de cursillos los miembros del colectivo Alborán de militares retirados y guardias civiles: "No tiene ni los estudios para el ingreso como guardia".

Fue nombrado delegado del Gobierno en Galicia por José María Aznar. Lo era cuando el petrolero Prestige se hundió frente a las costas gallegas en noviembre de 2002. De esa época datan algunas de sus declaraciones públicas más recordadas, por los absurdas, como cuando dijo aquello de "probablemente el fuel no toque la costa gallega" (14 de noviembre 2002) o "El destino del fuel en el fondo del mar es convertirse en adoquín" (19 de noviembre 2002) o "Hay una cifra clara, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe" (21 de noviembre). 

Durante el zapaterismo espera su turno tras distanciarse de la protección de Francisco Álvarez Cascos, a quien había organizado la boda, y aproximarse a Mariano Rajoy. En el PP gallego era voz populi que el pontevedrés le iba a asignar la cartera de Defensa, acercando la magnitud de su figura a la de los almirantes y capitanes de su familia materna. De hecho, convirtiéndose en jefe de la marinería. Pero los designios de Rajoy son inescrutables.

Como director de la Guardia Civil, su actuación más destacada por la prensa fue mentir acerca de la actuación de la Benemérita en el Tarajal, donde fallecieron ahogados 15 inmigrantes que intentaban alcanzar a nado las costas de Ceuta. De Mesa negó que su benemérito cuerpo hubiera utilizado balas de goma y gases lacrimógenos para repeler a los nadadores muertos. Falsedad que el ministro Fernández Díaz hubo de desmentir días después en sede parlamentaria, ante la comisión de Interior.
Pero un informe forense realizado por la Universidad del País Vasco y difundido por la Cadena Ser, confirmó que los botes de humo y las pelotas de caucho `pudieron contribuir de manera significativa como un elemento coadyuvante en el fallecimiento de estas personas".

El Tarajal pudo haber sido el principio del fin de una carrera que se inició un día de mayo en Cedeira, alrededor de un monolito a Franco y apoyando, contra el pueblo, a la Guardia Civil. Esa misma que dirigió hasta noviembre. Pero no, Fernández de Mesa pasa ahora a ser consejero de Red Eléctrica de España.
 ¿Qué experiencia tiene en el sector eléctrico  este ferrolano de sangre marinera y franquista? Ninguna. Franco murió hace mucho tiempo, y aunque ya no está para sobrevolar más el nido de este Cuco, Fernández Mesa sigue anidando en los lugares más nobles, esta vez en un Consejo de Administración y con una retribución anual de 180.000 euros."                  (Aníbal Malvar, Público, 01/02/17)

9/12/15

Los hombres que ganaron el respeto y la admiración del mundo entero resistiendo al franquismo, pudieron mantenerse firmes y esperanzados gracias al sacrificio de las ignoradas mujeres. Nunca se ha contado un mayor número de fidelidades observadas, sin una vacilación, día a día

"(...) Lidia Falcón, autora del libro En El Infierno. Ser Mujer en las Cárceles de España (Ed. Feminismo), afirma que se trata de un acto que homenajea a las mujeres que "mientras dedicaban toda su energía a mantener con pleno rendimiento la industria de guerra y la producción de paz, la agricultura, la escuela y el hospital, soportaron primero los bombardeo y el hambre en la catástrofe guerrera: sufrieron más tarde el derrumbamiento de sus hogares, la derrota de sus esperanzas, y con la muerte en el alma, enterraron a sus padres, a su marido, a sus hermanos, y siguieron cumpliendo el papel asignado desde siempre: trabajaron en los campos y en las fábricas, y aceptaron el relevo y criaron a sus hijos, manteniendo vivo el fuego de los ideales por los que habían muerto los suyos".

 Falcón, que mantiene activo el blog La verdad es siempre revolucionaria, asegura que "las mujeres de nuestro pueblo supieron ser fieles a sus héroes y a sus mártires. Durante cinco, diez, veinte años ininterrumpidos esperaron a sus hombres en las puertas de las cárceles, haciéndoles más llevadera la prisión con sus visitas, con sus cartas, con sus paquetes difícilmente conseguidos. 

Educaron a sus hijos, garbanzo a garbanzo y remiendo a remiendo, en la devoción al padre preso. Y los hombres que ganaron el respeto y la admiración del mundo entero, pudieron mantenerse firmes y esperanzados gracias al sacrificio de las ignoradas mujeres que les dedicaron íntegramente los mejores años de su edad. Nunca se ha contado un mayor número de fidelidades observadas, sin una vacilación, día a día".

 La autora recuerda que estas mujeres fueron también detenidas y encarceladas, torturadas y vejadas con sadismo sexista, cuando participaron en la resistencia antifranquista. Colaboraron activamente en las organizaciones clandestinas que continuaron la batalla sin descanso hasta el fin de la dictadura. "Para ellas no hubo indulgencia sexista", asegura. 

Además, fueron fusiladas "tras un simulacro de juicio" y cumplieron condenas de decenas de años, bajo los gritos de los vencedores, en el frío, el hambre y la miseria. "Ni indultos, ni remisiones de condena les fueron concedidos por su condición de mujeres", remarca. 

El "sexo despreciado" no obtuvo más que la doble carga de soportar sus maternidades, de cuidar a sus hijos y de mantener la dignidad frente a sus torturadores varones, afirma.

"Muchas otras mujeres han caído víctimas de la miseria, de la ignorancia, de la masacre social que ha machacado al pueblo español. Esas mujeres han robado para comer y dar de comer a los suyos. 

Se han prostituido en un régimen que le señala a la mujer el burdel como única solución. Han abortado y matado a sus hijos mientras la mortalidad infantil alcanzaba el índice más alto de Europa, y los escupitajos de la moral oficial las condenaba a la muerte civil", acusa la autora.

 "Las más han reproducido a todos los españolitos y españolitas que han poblado el país en estas interminables ochenta décadas. Han mantenido el mundo por la base, cuidando hijos y ancianos y enfermos, y han trabajado en las más duras y humildes tareas imprescindibles para que la economía y la sociedad existan, recibiendo por ello ínfimos salarios. Y la legislación franquista las condenó a la muerte civil, laboral, política, cultural.

Y no se han recordado sus nombres, no se ha escrito su historia, porque la historia siguen escribiéndola los hombres".             (Público, 01/11/15)

3/3/15

Durante cuarenta años, las generaciones que vivieron la guerra ocultaron a sus hijos y a sus nietos la masacre que habían padecido

"(...) La victoria fascista organizó no sólo las detenciones, las torturas y los fusilamientos de los más inteligentes y valientes activistas que luchaban por la libertad y la democracia, no sólo el robo de los hijos de las presas republicanas, no sólo la purga de los funcionarios que no fueran considerados afectos al régimen, no sólo la censura de todos los artículos, libros, periódicos, conferencias, clases y declaraciones contrarias al fascismo, no sólo la prohibición de hablar, escribir y publicar en cualquier otra lengua española que no fuera el castellano, sino también, y no menos importante, logró implantar un ambiente de terror en el país que impidiera a los supervivientes y a las generaciones siguientes levantarse contra el régimen.

Durante cuarenta años muchos de los hombres y mujeres de las generaciones que vivieron la guerra, que nacieron en la postguerra y que sufrieron la dictadura hasta su fin, ocultaron a sus hijos e hijas y a sus nietos y nietas la masacre que habían padecido. Es clásico oír a muchachas y muchachos de veinte años, y a quienes no son tan jóvenes, “a mi mis padres no me contaron nada de la guerra ni de la postguerra”, o mis abuelos o mis tíos.

 En la mayoría de las familias de los vencidos se cernió una nube espesa de silencio, de secretos férreamente guardados. Los mayores sabían que los niños podían ser imprudentes si conocían la verdadera historia de su familia. La supervivencia solo se podía suponer, no garantizar, si nadie hablaba. (...)

Pronto, en un año, habrán transcurrido ochenta desde el comienzo de la Guerra Civil, y en las cunetas, las carreteras, los caminos, los huertos, los campos y los cementerios de España están esperando los restos de más de ciento cincuenta mil asesinados por las hordas fascistas: falangistas, carlistas, policías, Guardias Civiles, militares y otros espontáneos, que hacían “las sacas” en las casas de los pueblos y de las ciudades, y con la metralleta calada se llevaban al padre, a la madre, al abuelo, a la abuela, al hermano, al hijo, al marido, a la mujer, y, a veces delante de sus familiares, lo asesinaban. 

Ni siquiera los restos del famosísimo poeta Federico García Lorca han sido hallados, ni los de mi tío, el Capitán de Aviación republicano Virgilio Leret, fusilado con trece compañeros más en la Base de Hidros de Mar Chica en Melilla, el 17 de julio de 1936. Miles de nietos y bisnietos llevan veinte, treinta años, intentando localizar las fosas comunes donde yacen sus antepasados, excavarlas, abrir las investigaciones necesarias y dar entierro digno a sus parientes. (...)

La Causa General, con la excusa de recopilar información sobre las circunstancias y detalles “no solamente de abusos y crímenes contra personas y bienes cometidos durante la contienda en la zona republicana sino todo tipo de acciones emprendidas por las autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y partidarios de los gobiernos republicanos y de izquierdas desde la instauración de la Segunda República en 1931”, se atrevió a perseguir a diputados y representantes legítimamente elegidos por el pueblo.

Se incorporaron a la Causa General, cuya instrucción duró prácticamente hasta los años sesenta, toda clase de testimonios falsos, calumnias y denuncias inspiradas por la venganza y el deseo de apropiarse de los bienes de los denunciados, ya que las condenas que se producían en el cien por cien de los procesos implicaban la expropiación de los bienes del sentenciado. 

Durante los treinta años en que se incoaron miles de procesos judiciales en contra de todo aquel que era considerado no afecto al régimen, y por supuesto los que habían sido republicanos como alcaldes, concejales, diputados, miembros de las Casas del Pueblo, hasta los bibliotecarios, y desde luego contra aquellos que poseyeran tierras o inmuebles y no fueran fascistas, se encarceló, se torturó y se fusiló a unas 250.000 personas. Las pruebas eran inexistentes o falsas.

 Las declaraciones de unos vecinos, la denuncia del cura párroco, las afirmaciones de los falangistas del pueblo, bastaban para llevar al paredón al que había sido alcalde republicano, afiliado a los sindicatos o maestro de la escuela.

 La persecución basada en la Causa General –aparte de la represión de los hechos contemporáneos – duró hasta la promulgación por el gobierno de Franco en 1969 del Decreto-Ley 10/1969, por el que prescribían todos los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939, (es decir, el final de la Guerra Civil). Dicho Decreto-Ley fue dictado a los treinta años de acabada la Guerra Civil. Y como se puede ver no prescribían los “delitos” cometidos entre el 39 y 69, que podían seguir siendo perseguidos.

El proceso de la Causa General fue empleado tanto como instrumento para la represión de un gran número de opositores, como para los fines propagandísticos del régimen de legitimar la sublevación en contra del Gobierno de la República y explicar la necesidad de la Guerra Civil.  (...)

Fuimos miles las víctimas en el llamado tardofranquismo. El día que murió Franco éramos 25.000 los y las que estábamos en libertad provisional. Y varios años más tarde siguieron secuestrando y apaleando en las comisarías de policía a los opositores políticos. Mi amiga Concha, detenida durante una semana el año 1976 en Valladolid y salvajemente torturada a la que humillaron con múltiples agresiones sexuales.

 Agustín Rueda, el preso anarquista que mataron a palos en la cárcel de Carabanchel en años de Transición. La muchacha que exhibió en Interviu la paliza que le había propinado la policía en el culo hasta quedar absolutamente negro. Y muchos cientos más que desearía que se personaran en la querella argentina como al final me he decidido yo a hacer. (...)

Remito a las lectoras y a los lectores a mis libros En el Infierno y Viernes y 13 en la Calle del Correo. Pero durante este tiempo he intentado, si no olvidar, sí archivar los recuerdos, para que la angustia y las emociones no me impidiesen seguir viviendo. Y sobre todo para que mis hijos no conocieran con detalle el infierno que pase.

Los recuerdo la primera vez que los vi en la Prisión de Yeserías al otro lado de las rejas, un mes después de la detención. Tenían 18 y 20 años, estábamos separados por un doble cristal y una doble reja. Afortunadamente, porque así era más difícil observar el estado en que me encontraba.

 Se les veía lívidos, desencajados. Habían adelgazado bruscamente en aquellos días, cuando ya eran de por sí delgados, y tragando saliva, les dije, riéndome, que me encontraba bien, que no me había pasado nada, y les hice la broma de que tampoco tenía que salir enseguida de prisión porque sería un desprestigio para mi mientras tantos otros estaban mucho más tiempo. Y la broma y las risas les devolvieron un poco de color a las mejillas. Ya después, ¿para qué atormentarlos con aquel relato de terror?

De aquel horrible proceso nunca se vio juicio, y aunque en alguna ocasión intenté que algunos de mis compañeros de calvario y yo exigiéramos que se celebrara la vista oral, los sufrimientos estaban demasiado vivos, la justicia seguía administrada por los mismos jueces franquistas, la vida con sus exigencias nos arrastraba –la mayoría padecíamos graves dificultades económicas- y sobrevivimos, lo que es mucho. (...)"           (Lidia Falcón, Púbico, 28/02/2015)

11/9/14

Campos de concentración en Andalucía o el trabajo esclavo como pilar del franquismo

Campos de concentración y trabajo forzado en Andalucía (1936-1956) / RMHSA (CGT).

"Al apuntar el término 'campo de concentración', el imaginario colectivo aterriza en los centros nazis de exterminio. Pero existe una parada preliminar: el uso del esclavo como pilar fundacional y vertebrador del franquismo. 

En suelo andaluz, unos 100.000 reclusos pasaron por alguno de los 55 recintos que sortearon la aniquilación física del adversario, como finalidad única, para convertirlos en mano de obra gratuita al servicio de empresas privadas e instituciones públicas.

Caso, paradigmático, del Ayuntamiento de Sevilla por los campos de concentración de El Colector, ubicado en la barriada de Heliópolis, y el de Las Arenas, en la cercana población de La Algaba. En el primero se tiró de trabajo forzado para una obra pública, y será señalizado para honrar la memoria de aquellos esclavos del franquismo. El segundo es una excepción: fue un centro de exterminio donde murió la mitad de su población reclusa.

Las cifras en España quedan, según las investigaciones realizadas, lejos del Holocausto provocado por la Alemania nazi y sus fábricas de la muerte. Aún así, el incipiente régimen franquista y la jerarquía circundante acumuló –sin contar los batallones de soldados– medio millón de personas en 180 campos de reclusión.

 Desde el mismo verano de 1936 se fundó un sistema esclavista, perfeccionado hasta alcanzar su máxima expresión con la creación del Patronato Nacional para la Redención de Penas por el Trabajo (PRPT).

Bien o mal, aquellos enjutos cuerpos apresados servirían incluso para obras faraónicas. Pero no sólo. También llevaron a cabo arreglo de calles, construcción de viviendas, recogida de cosechas o labores domésticas las mujeres, en situaciones no exentas de acoso sexual. Era, apuntan historiadores como José María García Márquez, la explotación planificada de los vencidos.

En estos campos de trabajo, explica García Márquez, "no murieron muchos presos ni tampoco en los batallones de trabajo, es más, murieron muy pocos". "La alimentación evitó esas muertes masivas", una "gran mortalidad" –especifica– que sí se dio en "prisiones, penales, cárceles y en campos de indigentes y mendigos".

Como en Las Arenas. Allí se recogían, cuenta, a "indigentes, mendigos, indocumentados o pobres, en general, que retiraban de las calles de Sevilla". Unos 300 reclusos (en 1941 y 1942) a los que, "sencillamente, los fueron dejando morir de hambre, uno tras otro sin que nadie moviera un dedo". La "escalofriante" cifra de muertos: 144. Un "porcentaje altísimo". Hoy, aquel edificio permanece aislado, en ruinas, cerca de un polígono industrial con el mismo nombre.

De El Colector, sin embargo, no queda ni rastro. Más de 500 esclavos del franquismo construyeron el desagüe municipal de Heliópolis desde unas instalaciones que ocuparon terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), y están cedidos al Consistorio sevillano. Prisioneros que hoy estarían a la sombra del puente del Quinto Centenario y cerca de la dársena del Puerto Este.

Hace años, el movimiento memorialista lanzó una petición –nace del grupo de trabajo de CGT-A– para colocar "una inscripción junto a un pequeño monumento" y honrar a aquellos "presos políticos". Un homenaje que, según fuentes consultadas por eldiario.es/andalucia, ha recibido el visto bueno de Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Sevilla y se materializará una vez finalicen las obras del parque en construcción sobre el antiguo cauce del río Guadaíra.

 ¿Se construyó el régimen franquista sobre la fuerza del trabajo esclavo? "Es indudable", responde García Márquez. Partiendo del objetivo primario "de recluir a todas las milicias republicanas en campos de prisioneros", desde donde eran "clasificados", llegó al "uso masivo de trabajadores a unos costes ínfimos". El sueldo eran 2 pesetas al día y el sistema carcelario descontaba 1,5 en concepto de manutención y vestimenta.

Para el investigador José Luis Gutiérrez Molina, el franquismo tenía tres pilares fundamentales. 

Uno: el ejército, que como "característica especial del fascismo español" controlaba "todo, desde la justicia hasta la economía". Dos: la corrupción, se trató de "un régimen absolutamente corrupto, desde la altura hasta la base". Y tres: el trabajo esclavo, que beneficia "al Estado franquista y a empresas privadas", convirtiéndose en "elemento vertebrador".

En Andalucía, se dan los primeros campos de concentración y trabajo forzado en zonas donde ya no hay operaciones militares. Hubo trece instalaciones en Granada, once en Córdoba y Sevilla, ocho en Jaén, cuatro en Cádiz y Málaga, tres en Huelva y uno en Almería. Alguno, como el de Los Merinales, con diferentes usos hasta 1956, dos décadas después de iniciada la guerra civil.

10/9/14

Antonia Molina Pérez también fue fusilada con apenas 13 años

"LA antigua prisión de Granada ha sido derribada (...) Este lugar fue escenario de uno de los episodios más sórdidos de la represión franquista. Los carceleros del régimen aplicaron con saña la violación sistemática de los derechos humanos y, en apenas tres años, diezmaron a más de 2.000 presos republicanos a quienes rendimos homenaje, como héroes de la resistencia antifranquista.

Los investigadores Agustín Penón e Ian Gibson dicen que un guardia de la prisión golpeó al periodista Constantino Ruiz Carnero con la culata del fusil en la cabeza, le rompió las gafas y le incrustó los cristales rotos en los ojos, provocándole una hemorragia con traumatismo cráneo encefálico. 

Más tarde, le negaron la asistencia de un médico, por lo que estuvo toda la noche agonizando. Ya de madrugada, lo subieron a las tapias del cementerio, pero cuando llegó, había fallecido. A pesar de todo, lo ataron a un poste y fusilaron su cadáver.

Así acabaron con la vida del que fuera director del prestigioso diario El Defensor de Granada, que había defendido en sus páginas los valores de igualdad, justicia social y solidaridad. Los militares golpistas eliminaron a Ruiz Carnero para impedir que fuera testigo del "crimen contra la humanidad" que se disponían a cometer. Sin embargo, otro periodista estaba en Granada para contarlo. 

Se llamaba Robert Neville, era corresponsal del New Herald Tribune y nos dejó una crónica escalofriante sobre la terrible experiencia que le tocó vivir en nuestra ciudad, aquel verano de 1936: "Hoy, los camiones subieron con aquellos paisanos. En cinco minutos oímos los disparos. 

A los cinco minutos bajaron los camiones y, esta vez, no había paisanos. Aquellos soldados eran el pelotón y aquellos paisanos iban a ser fusilados". Robert Neville fue testigo de los tristemente célebres "camiones de la muerte" que subían desde la prisión provincial al cementerio, cargados de presos republicanos.

Sólo en el mes de agosto del 36, sacaron del recinto penitenciario a 572 internos para ejecutarlos en las tapias. No importaba la edad, pues Antonia Molina Pérez, también fue fusilada con apenas 13 años. Algunos, ni siquiera llegaban a las tapias. Tras recibir una paliza, aparecían ahorcados en sus celdas, en un simulacro de suicidio. 

Llegaron incluso a ejecutar a José Soubiño, con el brutal garrote vil, según ha investigado Gil Bracero. Y de este campo de exterminio escaparon los audaces hermanos Quero para organizar una guerrilla urbana contra la dictadura y ayudar a los familiares de los presos, según Jorge Marco.

Era tal el clima de terror, que los presos políticos más destacados publicaron una carta en la que apelaban a "la caballerosidad de los militares españoles" en un intento, tan desesperado como inútil, de implorar clemencia. Pero los militares golpistas no eran precisamente caballeros, sino hombres sin honor que deshonraron el uniforme con el que habían jurado lealtad al orden constitucional de la República.

 Luis Fajardo, que llegó a ser alcalde de Granada, tuvo la entereza de escribir una carta de despedida a su familia, horas antes de ser fusilado: "A mi esposa, mis hijos y mis hermanos. Escribo hoy viernes 7 de agosto de 1936 y no sé lo que me sucederá esta noche".   (Granada Hoy, 30/07/2014)

9/5/14

El Censo Rojo franquista: tres millones de sospechosos. Una nación fichada

"(...) El 1 de marzo de 1937 Wilhelm Faupel presentaba ante Franco sus cartas credenciales como embajador ante una Plaza Mayor de Salamanca abarrotada de gente y engalanada para la ocasión. 

Dada su especialidad como difusor del programa nazi, no es de extrañar que solicite la colaboración de especialistas alemanes en prensa y propaganda, con los que creará el Departamento de Prensa de la embajada y desde donde establecerá, como señala Javier Domínguez, una importante red  propagandística de la que saldrían títulos como La eterna cuestión judía, síntesis antisemita adaptada a la realidad española.

Poco después, el 20 de abril de 1937, Franco  dictará una Orden por la que se crea en Salamanca y bajo dependencia de su Secretaría, la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista (OIPA), con la finalidad de:

“...recoger, analizar y catalogar todo el material de propaganda de todas clases que el Comunismo y sus organizaciones adláteres hayan utilizado para sus campañas en nuestra Patria, con el fin de organizar la correspondiente contrapropaganda en España y en el extranjero en colaboración con las instituciones anticomunistas existentes, tales como el Antikomintern de Berlín, el Instituto de Investigación Científica del Comunismo en Varsovia, la institución antimarxista Maitre Aubert en Ginebra, la National Herstle en Holanda…”

Parece que Faupel, el especialista en propaganda y en la lucha contra el comunismo, había tendido bien sus redes asesoras. Este primer organismo de la OIPA, junto con el creado inmediatamente después también en Salamanca, la Delegación de Asuntos Especiales, tratarían en palabras de González Quintana de “mostrar al mundo las maldades del comunismo, de la masonería y del judaísmo”. 

Estas dos oficinas y la creada en 1938, la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, fueron los embriones de la Delegación Nacional de Servicios Documentales (1944), organismo paradigmático de la represión franquista que, partiendo de la incautación documental a personas físicas y jurídicas desafectas al régimen franquista, elaboraría el mayor archivo para la represión creado nunca en España, un Censo Rojo, al que Diego Navarro Bonilla alude en Morir matando y del que dice que posibilitó que existiera una "nación fichada". 

Toda la masa documental incautada, tanto de archivo como de biblioteca y hemeroteca, serviría para la elaboración de un gran fichero, en torno a las tres millones de fichas, en el que se fueron reflejando una serie de datos sobre personas desafectas al régimen franquista, esto es: personas relacionadas con partidos republicanos, organizaciones sindicales, ateneos libertarios, hijos de republicanos refugiados en otros países, intelectuales antifascistas, escritores, libertarios, enfermeras republicanas, personas que han dado un donativo al Socorro Rojo Internacional, personal integrante de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la República, sindicalistas, miembros de la masonería, rosacruces, maestros, miembros de las Brigadas Internacionales… Un espectacular mapa de rojos, limitado por los males de la masonería y el comunismo internacional.

El personal que trabajaba en estas oficinas, a medida que iba procesando la información de la documentación incautada, elaboraba una ficha con el nombre y apellidos de la persona, pudiendo una misma tener varias en el fichero. 

 Lucía Sánchez Saornil / ENLACRESTA2.WORDPRESS

De Lucía Sánchez Saornil por ejemplo, mujer libertaria y fundadora de la revista Mujeres Libres (junto a Mercedes Comaposada Guillén y Amparo Poch i Gascón), existen 32 fichas, en las que figura como escritora de artículos, miembro de la CNT, oradora en mítines antifascistas, poeta, miembro del Consejo Nacional de Solidaridad Internacional Antifascista, secretaria de Solidaridad Internacional Antifascista…

Sin hacer distinción de sexo o edad, los datos de hombres, mujeres y niños van a dar forma al siniestro fichero. La creación del nuevo régimen y el modelo político social que implantó pasaba por la eliminación del contrario, y para ello nada mejor que su identificación en un censo de rojos, para realizar la consecuente represión. 

 Prisión, juicios sumarísimos, ejecuciones… y a los que sobrevivieron físicamente, se les aplicó el estigma de rojo, extensivo a padres, hijos y cónyuges, a modo de estrella invisible cosida a la solapa.

¿Qué interés había en realizar unas fichas sobre niños evacuados que partieron de Santander rumbo a Francia?, ¿Perseguían realizar un censo similar al realizado en la Alemania nazi sobre los judíos? Identificación, filiación y finalmente localización para la represión. 

 La finalidad visible administrativamente de este fichero era la de informar a otros organismos represivos de la dictadura franquista, facilitando los antecedentes político-sociales que, solicitados por los gobiernos civiles, militares, Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, Auditoría de Guerra, tribunales de depuración de trabajadores, Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, etc. serviría para extirpar tamaño cáncer de la nueva España y aniquilar al contrario.

Las diferentes informaciones que en la actualidad proporcionan los datos de los organismos represores del franquismo nos llevan a pensar en el complicado y elaborado sistema represivo. La Dirección General de Seguridad, gobiernos civiles y militares, capitanías, comandancias militares, Causa General, tribunales de depuración, Dirección General de Prisiones, servicios de información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado... proporcionan un sistema de identificación, obtención y registro de datos sobre personas a modo de ficha perforada, donde cada organismo u oficina de represión en coordinación transversal, puesto en contacto con los otros, obtendría una información esencial para sus competencias represivas. 

Un ejemplo de ello lo vemos en la Orden Circular de 1 de julio de 1941 “por la que se dispone se informe al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, de los cargos relacionados con actividades masónicas o comunistas que aparezcan en expedientes de depuración político-social”.

Al igual que a los judíos, a los rojos se les negó cualquier derecho civil. De la misma manera que a los judíos que huían del nazismo les incautaban sus bienes (recordemos la oficina de emigración que Eichmann creó en Austria en 1938), a los rojos se les incautaban los suyos, así lo manda el artículo 3º de la Ley de Responsabilidades Políticas (9 de febrero de 1939), o el temprano Decreto nº 108 de la Junta de Defensa Nacional, sobre la ilegalización de los partidos del Frente Popular y la incautación de bienes (13 de septiembre de 1936). 

Los juicios que se llevaban a cabo se basaban en delitos acorde a las leyes de la dictadura, por lo que la burocratización de la represión en los poderes del Estado se hizo general en todo el territorio español, siendo muy posiblemente esta, la causa de la ausencia de un sentimiento de culpa en la sociedad española afecta al régimen y más aún, entre todo ese cuerpo de burócratas, cuerpos policiales, judiciales y administrativos que llevaron a cabo la  represión. (...)

En el libro IBM y el Holocausto, Edwin Black afirma que la tecnología IBM de las fichas perforadas con que se realizaron los censos en Alemania “permitió a los nazis trabajar en otra escala, con más velocidad y eficiencia”. La represión que se ejerció en España durante el franquismo se habría realizado seguramente sin la existencia del Censo Rojo, pero posiblemente no hubiera tenido la misma velocidad y eficiencia."          (María José Turrión , El País,  08 de mayo de 2014)

27/9/13

A mí enviénme un niño del Vallès con los ojos azules

"El medio siglo de las riadas del Vallès (Barcelona) se cumplirá la noche del 25 de septiembre y, 50 años más tarde, una investigación ha sacado a la luz casos de corrupción en la gestión de las donaciones y episodios oscuros, como niños huérfanos entregados en adopción. 

Lo ponen de manifiesto el periodista Ferran Sales y su hijo, el historiador Lluís Sales i Favà, en el libro "La riuada de Franco" (Pagès Editors), que por vez primera recopila, con la documentación que lo prueba, las "pugnas políticas, propaganda y corrupción" que hay detrás de la catástrofe.

En una noche, una tromba de agua de poco más de dos horas arrasó barrios como L Escardívol y La Font de la Via de Rubí, Les Arenes y la Rambla de Terrassa, Los Rosales en Sant Quirze, Les Fonts entre Sant Quirze y Terrassa, La Catalana de Sant Adrià de Besòs, y Torre-romeu, Can Puiggener, La Plana del Pintor y Campoamor, en Sabadell.

Todas estas áreas tenían elementos en común: por ellas discurrían rieras que, pese a ser zonas inundables, tenían viviendas, mayoritariamente autoconstruidas por inmigrantes del resto de España que trabajaban sobre todo en la entonces floreciente industria textil de la comarca.

Fue la peor catástrofe natural de la historia en la provincia de Barcelona, y los datos oficiales hablan de más de 600 muertos, más de 12.000 damnificados y pérdidas millonarias. (...)

Para el periodista, la peor cara de esta historia fueron los niños robados: "El gobernador civil de Barcelona recibió cartas de sus homólogos de toda España que le pedían niños. En un caso, uno con ojos azules. Las Hermandades Combatientes le pidieron 10 niños y hemos localizado la historia de una niña de Sant Cugat y que fue trasladada a Alemania" para ser entregada en adopción a escondidas.

Otra irregularidad es que "en el mercado de las Glòries, se pusieron a la venta colchones que habían donado para los damnificados. Los hechos se denunciaron pero la investigación se frenó".

Las donaciones de empresas y ciudadanos superaron los 200 millones de pesetas sólo en la provincia de Barcelona, gracias a maratones benéficas como las que hizo Joaquín Soler Serrano en Radio Barcelona.

Las cuantiosas donaciones las gestionó directamente el Gobierno español, y actas oficiales como las de la Diputación de Barcelona ponen de manifiesto el malestar que había en sectores del régimen por la arbitrariedad del reparto.

Según Sales, con las donaciones para ayuda a los damnificados se pagaron indemnizaciones, que se distribuyeron de forma opaca: "Hay personas que están inscritas dos veces o con los apellidos invertidos en las listas de damnificados", y una mujer que perdió marido e hijo en la riada de Terrassa nunca recibió un piso de protección oficial pese que el propio Franco así lo prometió. (...)

Ya en pleno desarrollismo, las localidades afectadas experimentaron un gran crecimiento, en un contexto de especulación inmobiliaria: solo en diez años, Rubí multiplicó su población, de no alcanzar los 10.000 habitantes en 1960 a 44.000 en 1981; y Terrassa pasó de 90.000 a casi 140.000 habitantes, que vivían en barriadas con calles sin nombre que se denominaban con letras y números.

Continuaron las riadas e inundaciones en los años posteriores, como las del Baix Llobregat y el Besòs (Barcelona) en 1971, y el problema continuó hasta mediados de los ochenta, cuando por fin se terminaron los trabajos de canalización de la gran mayoría de ríos y rieras."                (Rebelión, 27/09/2013)

16/12/10

"necesitábamos un aval de falange para todo y un certificado de buena conducta del cura de la parroquia para poder encontrar un trabajo"

“La transición española no ha llegado a ser consecuente con la persecución de todos los que lucharon contra el franquismo. La represión no era sólo en la cárcel. Existían los jefes de barrio, el cura de la parroquia que te podía impedir acceder a un trabajo.,… Por eso el problema de la represión franquista no se soluciona con más o menos dinero, aunque sin duda es una forma de valorarlo y darle un reconocimiento público”. (...)

La historia de Angustias es más larga. Nada más terminar la Guerra Civil, el 1 de abril de 1939, fue detenida tras haber sido denunciada por unos vecinos. “Soy de La Peraleja, en Cuenca. Estaba en la capital de la provincia y dos que eran de mi pueblo me reconocieron por la calle y fueron a denunciarme. Mi delito era pertenecer a la Juventud Socialista Unificada.

Mi familia era de izquierdas. Yo no estaba escondida y hacía mi vida normal. Durante la guerra había estado como maestra de alfabetización por las noches, porque entonces había muchísima gente que no sabía leer ni escribir. También colaboraba en la confección de prendas para un hospital de Huete, que era el partido judicial al que pertenecía mi pueblo”.
(...)

Para Angustias la cárcel era casi una pequeña liberación porque en las dependencias policiales era donde se producía el maltrato. Su pasó por la DGS la dejó tristemente marcada. “No me explico cómo es posible que hayan hecho en ese edificio la Presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando pasamos por allí los que estuvimos dentro de esos muros nos tiembla todavía el cuerpo”. (...)

Cada vez que llegaba el primero de abril y preparaban el desfile de la victoria de los sublevados, detenían a todos los que estábamos fichados durante ocho o diez días, por si causábamos problemas. La estancia allí era terrorífica.

Los rojos teníamos la vida cotidiana muy complicada; necesitábamos un aval de falange para todo y un certificado de buena conducta del cura de la parroquia para poder encontrar un trabajo.”.
(El blog de Emilio Silva: Los auténticos padres y madres de nuestra democracia mueren en silencio. Hasta siempre Angustias Martínez. 13/12/2010)