Cuando los ricos mueren en el mar, lloramos, pero cuando mueren los más pobres, bostezamos... Las 3.000 muertes de migrantes apenas han tenido repercusión en la mayoría de los principales medios de comunicación del mundo, pero este verano una única tragedia en el Mediterráneo ha acaparado los titulares de todo el mundo... El barco que se hundió era un yate de lujo con el mástil de aluminio más alto del mundo. Y entre las víctimas del naufragio de ese superyate se encontraba el director ejecutivo de alta tecnología que una vez fue aclamado como el «Bill Gates británico» (Sam Pizzigati, Institute for Policy Studies)

 "3.000 inmigrantes que huían de la pobreza y los conflictos, según señaló recientemente el Consejo de Relaciones Exteriores, murieron el año pasado intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa.

Estas muertes apenas tuvieron repercusión en la mayoría de los principales medios de comunicación del mundo. Pero este verano una sola tragedia en el Mediterráneo ha acaparado los titulares de todo el mundo.

El lunes 19 de agosto, en medio de una temible tormenta repentina, un barco considerado «insumergible» se hundió frente a la costa de Palermo, en Sicilia. Siete de las 22 personas que iban a bordo perecieron.

¿Qué hizo que este hundimiento fuera tan noticiable? El barco que se hundió era un yate de lujo con el mástil de aluminio más alto del mundo. Y entre las víctimas del naufragio de ese superyate se encontraba el director ejecutivo de alta tecnología que una vez fue aclamado como el «Bill Gates británico».

El propietario del yate, Mike Lynch, había imaginado este viaje como una celebración de más de una década de duración. Pocas semanas antes, tras años de batallas legales, un jurado federal del norte de California había absuelto a Lynch y a uno de sus vicepresidentes de los cargos de haber inflado artificialmente el valor de la empresa de software de Lynch. Esa inflación, según los fiscales, había sellado la venta de la empresa en 2011 a Hewlett-Packard por más de 11.000 millones de dólares, un acuerdo que le reportó a Lynch unos 800 millones de dólares.

Pero un año después de la venta, el valor de la empresa de Lynch se había desplomado en unos 8.800 millones de dólares, y H-P remitió las acusaciones de irregularidades contables contra Lynch a la Oficina de Fraudes Graves británica y a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Las denuncias acabaron con una victoria de H-P en la demanda civil y una condena penal en 2019 de un ejecutivo clave de la empresa de Lynch.

Lynch, de 59 años, y su vicepresidente financiero, Keith Chamberlain, tendrían mucha más suerte en su propio juicio penal por cargos similares. Por desgracia para ellos, nunca podrán disfrutar de su absolución. Lynch se ahogó en el naufragio de su yate, al igual que el principal abogado litigante de Lynch y el presidente de la rama internacional del gigante financiero Morgan Stanley, testigo estrella de la defensa de Lynch.

¿Qué hizo que el naufragio del yate de Lynch resultara especialmente irresistible para los medios de comunicación de todo el mundo? El mismo día del naufragio se supo que Chamberlain, coacusado de Lynch y absuelto, acababa de morir atropellado mientras hacía footing. ¿Una mera coincidencia? ¿Y cómo pudieron el capitán del superyate de Lynch y toda su tripulación menos uno escapar con vida del hundimiento del barco mientras Lynch y otros seis pasajeros perecían? Carne tan jugosa para interminables especulaciones conspirativas.

Pero no necesitamos recurrir a teorías conspirativas para entender por qué el yate de 25 millones de dólares de Lynch se hundió tan rápidamente aquella noche de tormenta. La culpa corresponde en gran parte al cambio climático, no a una cábala de sus rivales corporativos multimillonarios.

En junio pasado, según un nuevo análisis del Financial Times, la temperatura del agua en el Mediterráneo había aumentado durante 15 meses seguidos. El aumento de la temperatura del agua provoca fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Uno de ellos -una tromba de agua parecida a un tornado con «vientos feroces» que aullaban a casi 70 millas por hora- azotó justo cerca de donde Lynch había anclado su superyate por última vez.

Sólo pasaron 16 minutos entre el momento en que los vientos azotaron el yate y el momento en que se hundió. Ese «rápido hundimiento de un yate tan grande, moderno y bien equipado», añade el Financial Times, «ha suscitado preocupación por la seguridad marítima a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se suceden con mayor frecuencia e intensidad.»

En otras palabras, más vale que los superyates que suelen pasar los veranos en el Mediterráneo y los inviernos en el Caribe tengan cuidado.

Pero los mega-ricos que poseen estos yates no tienen, en cierto sentido, más culpa que ellos mismos. Nuestro planeta sigue negando la crisis climática en gran medida porque los más ricos tienen mucho que perder si el mundo se toma en serio la necesidad de poner fin a las prácticas empresariales derrochadoras que están provocando el colapso climático del planeta.

Entre los más ricos se encuentran, por supuesto, los principales ejecutivos e inversores de la industria de los combustibles fósiles. Pero todos nuestros súper ricos, no sólo los reyes de las grandes petroleras, tienen un interés personal en «calmar» la ansiedad climática. Enfrentarse al caos que ya han creado los combustibles fósiles -y acelerar una transición que tenga en cuenta a los trabajadores hacia un futuro sin carbono- requerirá enormes recursos financieros.

El mundo sólo podrá reunir esos recursos si los ricos y sus empresas empiezan a pagar la parte de impuestos que les corresponde.

Un impuesto de entre el 1,7% y el 3,5% sobre la riqueza del 0,5% más rico del mundo, sugiere la Red de Justicia Fiscal, con sede en el Reino Unido, podría recaudar anualmente 2,1 billones de dólares. La mayoría de las naciones más ricas del mundo, señala Alison Schultz, de la Red por la Justicia Fiscal, rehúyen esta sugerencia."            

(Sam Pizzigati escribe sobre desigualdad para el Institute for Policy Studies, Brave New europe, 01/09/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

Regresan los campos de concentración. El mundo se llena de espacios de excepción sin las garantías más básicas en los que seres humanos que huyen del horror o la miseria tienen menos derechos que un preso que ha cometido un delito

"Unos días después de la entrada en vigor del acuerdo antimigratorio entre la UE y Turquía, en 2016, decenas de refugiados se agolpaban en las vallas del campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, en busca de comida y algo de información del exterior. Las autoridades acababan de decretar que Moria se convertiría en unas instalaciones cerradas y los internos no podrían salir de allí: en protesta, las ONG que ofrecían sus servicios se marcharon y el Ejército asumió parte de sus funciones.

A través de la alambrada, un grupo de sirios mostraban un documento fotocopiado que se les había distribuido. En él se establecía que los allí presentes habían sido “arrestados” por penetrar en el país de forma ilegal y, como tales, tenían derecho a un abogado, a un traductor, a informar a sus familiares y a las autoridades consulares y a ser puestos a disposición de un juez. Es decir, a los derechos garantizados a todo detenido en el ordenamiento jurídico de cualquier país democrático. Pero era una mentira tras otra; en Moria nada de esto se cumplía. Ni se cumple.

Ahmet, un afgano al que, junto a sus hijos de uno, dos y tres años, le obligaron a permanecer durante horas bajo la lluvia el día que llegó, a la espera de que se procesara su entrada en el campo, se preguntaba: “¿Por qué nos tienen encerrados? ¿Somos criminales?”.

No. “Según el derecho internacional, entrar de manera irregular en un país no es un delito, en todo caso es una falta administrativa. Y así debería ser tratado”, expone María Serrano, investigadora de Amnistía Internacional: “Una detención tiene que estar prevista en la ley, debe durar el mínimo tiempo posible y debe estar fiscalizada por un juez. Si una detención sucede de manera automática, sin atender a las responsabilidades concretas del individuo, y no tiene mecanismos de revisión, podemos hablar de detención arbitraria”.

Ahmet y otros como él forman parte de una categoría creciente de personas que, alrededor del mundo, permanecen encerradas por periodos indeterminados sin haber cometido un delito o sin haber sido condenadas por un tribunal, que no están formalmente bajo arresto, pero que se encuentran en lugares muy parecidos a una prisión y que tienen derechos aún más limitados que un reo. Son inmigrantes y refugiados como los casi 400.000 que en 2018 pasaron por los centros de detención de los diferentes servicios de inmigración y aduanas de EE UU, o los, al menos, 200.000 —según las estimaciones más conservadoras de Global Detention Project— que permanecen detenidos en diversas instancias en la Unión Europea. Pero también miembros de minorías étnicas y religiosas, como los entre 1 y 3 millones de uigures recluidos en campos de reeducación en China. 

 O aquellos a los que nadie quiere: como los más de 70.000 esposas, familiares e hijos de combatientes del Estado Islámico recluidos en campos en el norte de Siria, miles con pasaporte europeo, pero cuyos países prefieren mantenerlos en un limbo legal antes que hacerse cargo de ellos. Sistemas que podrían definirse, sin errar demasiado, como campos de concentración.

 Quizás al lector pueda resultarle exagerado encajar el sistema de los centros de deportación, los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros españoles) y los campos de refugiados cerrados en este concepto. “Es cierto que al escuchar campo de concentración, pensamos en los campos nazis de exterminio, pero antes de que existiera Auschwitz, a lo que se llamaba campo de concentración era a la detención masiva de civiles, donde el objetivo no era acabar con los internos, sino retenerlos. Y yo quiero recuperar ese sentido original, porque muchas de estas cosas que vemos actualmente, sí, podemos llamarlas campos de concentración”, expone la periodista Andrea Pitzer, autora de una monumental historia de los campos de concentración, Una larga noche (La Esfera de los Libros, 2018).

Se puede debatir si los primeros campos de concentración de civiles fueron los utilizados en la guerra civil americana, en las de Cuba o en Sudáfrica contra los Bóer, todos en la segunda mitad del siglo XIX, pero de lo que parece no caber duda es que el nombre en sí es un legado español. La táctica de la “reconcentración”, puesta en práctica por el general Valeriano Weyler, consistía en obligar a los habitantes rurales de Cuba a establecerse en campos rodeados de alambradas en torno a las plazas fuertes para evitar que apoyasen a las guerrillas que luchaban por la independencia de la isla.

Al llegar la I Guerra Mundial su uso se extendió: los inmigrantes de países con los que se estaba en guerra fueron internados en campos sin atender a su peligrosidad o falta de ella. Y “una vez asimilada y normalizada la idea de la concentración, en los años veinte y treinta se empezaron a utilizar para todo”, añade Pitzer: mendigos, gitanos, refugiados...

Con la transformación de la cuestión migratoria en un problema de seguridad, los campos de reclusión de los sin papeles se han extendido por todo el orbe. La justificación que enarbolan los Gobiernos es que se trata de una medida cautelar para hacer efectiva la deportación de estas personas, pero —subraya Serrano— “si se examinan las cifras de retorno, se ve que no cuadra”. Según la Unión Europea, solo el 35 % de los inmigrantes con orden de expulsión son retornados, habitualmente tras largos y costosos procesos y extensos periodos de detención. 

En la mayoría de los casos no se puede proceder a la repatriación, pues no existen acuerdos con los países de origen. Es, por tanto, una detención inefectiva en ese sentido. Ocurrió del mismo modo durante la II Guerra Mundial en EE UU con el internamiento de inmigrantes japoneses y ciudadanos estadounidense de origen nipón. Pese a que informes de Inteligencia Naval y del FBI lo consideraban innecesario, las autoridades en Washington cedieron a la tentación de la demagogia y encerraron a 120.000 personas: la idea era mostrar a los ciudadanos que hacían algo por su seguridad.

El objeto de estos campos es, en realidad, la disuasión y el miedo. El miedo de los sin papeles que no han sido detenidos a serlo —“Lo que los convierte en mano de obra amedrentada y cautiva”, apunta Blanca Garcés, especialista en migración del centro de investigación Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)— y la disuasión: los refugiados y los inmigrantes no sois bienvenidos y haremos todo lo posible por que no entréis.

Quizás el caso más sangrante es el de Australia, que dispone de un severísimo sistema de inmigración y rara vez acepta a los refugiados que llegan por aire o mar desde todos los rincones de Asia. A los que detienen sus guardacostas los internan bajo condiciones atroces en campos subcontratados a otros Estados (Nauru o Papúa Nueva Guinea) en remotas islas del Pacífico. Behrouz Boochani, un periodista kurdo que escapó de la represión en Irán, estuvo recluido durante cuatro años en uno de ellos, en la isla de Manus, y su libro No Friend But the Mountains (2018) es una de las escasas fuentes de información sobre este sistema: donde los internos no son llamados por su nombre, sino por un número, las condiciones son insalubres, los maltratos están a la orden del día y los suicidios son frecuentes. Boochani hizo llegar el libro al exterior de manera subrepticia, a través de mensajes de WhatsApp que enviaba a un amigo suyo con un móvil que había logrado esconder, porque la legislación australiana prohíbe no solo sacar fotos de los campos, sino que incluso castiga que se publique sobre ellos.

 “Después de Auschwitz hubo una reflexión sobre adónde nos podían llevar los campos de concentración. Se debatió sobre cómo ayudar a la gente que huye y nos comprometimos a respetar sus derechos. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos comenzado a deshacer ese sistema”, lamenta la periodista Pitzer: “Y ahora nos parece que, mientras un campo de concentración no sea tan malo como Auschwitz, resulta aceptable. Pero no, estos lugares crean mucho dolor”.

Es algo que se sabe desde hace un siglo. En 1918, el médico suizo Adolf Lukas Vischer publicó su estudio Die Stacheldrahtkrankheit (La enfermedad de las alambradas), en el que examinaba los daños mentales sufridos por los prisioneros de los campos de concentración en Gran Bretaña, que no eran precisamente los que estaban peor acondicionados. 

La falta de higiene, la escasa alimentación y el hacinamiento, unidos a la pobre atención médica, hacen aparecer o agravan todo tipo de enfermedades pero, además, la falta de privacidad, la separación de las familias, la monotonía, la privación del sexo, la incomprensión sobre por qué se está detenido y la incertidumbre sobre cuánto se prolongará la detención pasan grave factura psicológica: amnesia, estrés postraumático, episodios de pánico... Quien sale de un campo de concentración ya no es la misma persona que entró.

 

“Se trata de espacios de excepción donde la ley no se cumple, ni siquiera los derechos más básicos. Espacios sin las garantías que se encuentran dentro del sistema penal”, afirma Blanca Garcés. Un reo, por muy horrible que sea el crimen por el que haya sido condenado, tiene derecho a asistencia letrada, a buscar remedios legales para mejorar su situación, a tratamientos médicos, a ciertas actividades y entretenimientos, a completar su educación... Un internado en un campo de concentración, no.

La filósofa alemana Hannah Arendt, que pasó por dos lugares de internamiento en Francia antes de huir a EE UU —el Velódromo de Invierno de Paris y el campo de Gurs (inicialmente construido para alojar a los refugiados españoles republicanos)—, describió en Los orígenes del totalitarismo (1951) cómo estos sistemas terminan creando una doble vía legal: una para los ciudadanos nacionales y otra para los que no lo son, desprovistos de todo derecho. 

“El mejor criterio mediante el que decidir si alguien ha sido forzado fuera del límite de la ley —escribió Arendt— es preguntarse si se beneficiaría de la comisión de un crimen”. Mientras estos no ciudadanos, en su vida normal de irregulares o en el campo de concentración, carecen de todo derecho, el hecho criminal los igualará ante la ley —“será tratado como cualquier otro criminal (nacional)”—, dispondrán de abogado y derechos procesales y, “mientras dure el proceso y su sentencia, estarán a salvo de la arbitrariedad policial, contra la que no cabía recurso a letrado ni apelaciones”. 

Esto supone una violación de dos principios básicos del derecho: la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad. Ya en el siglo XVIII, el jurista italiano Cesare Bonesana, marqués de Beccaria, en su tratado De los delitos y las penas alertaba de que los castigos deben ser proporcionales a la gravedad de la falta cometida y el daño hecho o, de otra forma, los individuos tenderán a cometer siempre el delito de mayor gravedad. Es decir, si a una persona se le amenaza con el mismo castigo —la deportación o la reclusión— por una simple falta administrativa —no tener los papeles en regla— que por un crimen, se le está invitando a la delincuencia.

Resulta descorazonador leer, en la obra de Arendt, los párrafos dedicados a la cuestión de los refugiados y constatar cómo volvemos a repetir los patrones de la década de 1930. Entonces, escribe la filósofa, “todos los debates en torno a los refugiados giraban en torno a una pregunta: ¿cómo deportarlos?”, y la única solución que hallaron fue “el campo de internamiento”. El detalle que diferenciaba la situación de aquella época con la actual es que buena parte de quienes huían a otros países eran personas recién convertidas en “apátridas” después de que sus Gobiernos les despojasen de la nacionalidad, por ejemplo, a los judíos alemanes mediante las leyes raciales de Nurémberg. 

Pero incluso este peldaño está siendo alcanzando: el Gobierno de Birmania ha despojado de su nacionalidad a la minoría rohinyá, y 128.000 rohinyá están recluidos en campos de concentración y guetos —que, en palabras de la ONU, son equiparables a los utilizados por los nazis para recluir a los judíos—, mientras que unos 800.000 han huido a los países vecinos. La India, gobernada por el ultranacionalista Narendra Modi, ha despojado de la nacionalidad a cuatro millones de personas en el Estado de Assam, convirtiéndolas en apátridas, y ahora construye campos de concentración para alojarlas.

No hace falta irse tan lejos. El Reino Unido y Holanda han optado por desentenderse de los combatientes del Estado Islámico y sus familiares —la mayoría radicalizados en su propio territorio— retirándoles la nacionalidad. El caso más famoso es el de Shamima Begum, a la que Londres ha revocado la ciudadanía, pese a que la propia ley británica prohíbe hacerlo si, como en este caso, convierte a la persona en apátrida. 

Y en Estados Unidos “se están gastando millones de dólares para identificar posibles errores en los formularios o pequeñas faltas que permitan retirar la nacionalidad a inmigrantes que la obtuvieron”, apunta Pitzer. La idea es despojar a esta persona de todo rastro jurídico, sin país que pueda responder por él, sin sus derechos: un homo sacer, según la concepción del filósofo italiano Giorgio Agamben, mera vida física que ya no importa a efectos políticos o legales.

Autores como la académica Bridget Anderson (Us & Them? The Dangerous Politics of Immigration Control, Oxford, 2013) alertan de que este tipo de políticas terminan dañando a la democracia y los derechos de los propios ciudadanos. Los Estados buscan modos de adaptar su legislación para encajar estos espacios y políticas de excepción —Guantánamo, que pasó de campo de refugiados a oscuro lugar de detención y tortura, es un caso paradigmático—. En la Grecia del periodo más duro de la crisis económica, mientras los Gobiernos de Pasok y Nueva Democracia aventaban la culpabilización del inmigrante para tapar su propia incompetencia y periódicamente organizaban grandes redadas contra los irregulares, también les dio por detener a otros grupos de personas. 

Un día capturaron a todos los drogadictos que encontraron en el centro de Atenas, los llevaron a un campo de detención en las afueras y los obligaron a hacerse exámenes médicos. En otra ocasión se lanzaron a por las prostitutas de aspecto extranjero, a las que se acusaba de infectar el sida a “los padres de familia” griegos. Decenas fueron detenidas y algunas encarceladas durante más de un año, para ser posteriormente absueltas. La mayoría resultaron ser griegas. Dos no pudieron aguantar la presión de ver sus fotos, datos personales e incluso direcciones publicadas en todos los medios del país y se quitaron la vida.

“Cada vez tenemos Estados menos garantistas y democracias más iliberales. Vemos una deriva hacia el recorte de ciertos derechos que hasta ahora hemos considerado fundamentales”, advierte Garcés: “Estos espacios de excepción primero se usan con los de fuera y al final acabarán siendo usados con los de dentro”. Porque los campos de concentración son agujeros negros en la legalidad y los principios del derecho. Y los agujeros negros tienden a extenderse hasta engullirlo todo."           (Andrés Mourenza, El País, 08/12/19)

Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan? ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande?... "Hablan de 'tragedia' en el Mediterráneo, pero es una tragedia provocada"... "Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria"

"Juan Branco (Estepona, 1989) está convencido de lo que acaba de hacer. Es uno de los abogados que firma el escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que investigue a funcionarios y autoridades de la Unión Europea y los Estados miembros por la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo en los últimos años, así como los abusos que sufren en Libia.

"Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria", afirma tajante el letrado francoespañol desde su despacho en París en una entrevista con eldiario.es. "Ha sido un ataque sistemático contra una población civil", agrega. Está parafraseando, casi palabra por palabra, lo que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entiende por crímenes contra la humanidad.

 Junto al genocidio, los crímenes de guerra y de agresión, es una de las violaciones más graves del derecho internacional que pueden ser juzgadas por este tribunal internacional con sede en La Haya, que interviene cuando los países no pueden o no están dispuestos a investigarlas y perseguirlas.

Su denuncia ha sido difundida por medios de comunicación de toda Europa y ha sido aplaudida por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, pero también hay quien duda de que pueda llegar a prosperar, como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador del PSOE, quien ha asegurado en Twitter que "pese a las evidencias morales y políticas", existen "considerables dificultades técnico-jurídicas" a la hora de que la solicitud tenga recorrido.

Branco, que estuvo trabajando durante un año en la Fiscalía del tribunal internacional, defiende que la demanda es "muy viable y muy difícil de rechazar". "La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político", esgrime el jurista, encargado también de la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La Corte ya examina la situación en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011.

Tras la presentación del escrito el pasado lunes, la portavoz comunitaria Natasha Bertaud defendió que la UE "tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si sola" y subrayó que "no es la política europea la que causa estas tragedias", sino los traficantes que "explotan la miseria humana". Bertaud insistió en que el presidente Jean-Claude Juncker ha dicho que poner fin a la operación de salvamento en Italia Mare Nostrum en 2014, algo que los abogados identifican como momento clave, "era un gran error". "En lugar de culpar, hay que trabajar juntos", zanjó.

Han estado dos años trabajando en el escrito que presentaron en La Haya el pasado lunes. ¿Por qué decidieron emprender el proceso?

La organización Forensic Architecture contactó con nosotros. Había hecho un análisis de los que entonces todavía se llamaba "drama" en las costas libias y que mostraba cómo justamente actores de la Unión Europea habían dejado gente morir en lo que parecía una intervención muy extraña de los guardacostas libios. Nos preguntaron qué nos parecía desde un punto de vista jurídico. Empezamos a hacer trabajo de análisis y nos dimos cuenta de que es una política sistemática de la Unión Europea que podría ser juzgada.

¿Por qué considera importante que esa política llegue a la Corte Penal Internacional?

Es esencial porque hoy en día, políticamente, tiene ventajas emprender este tipo de acciones porque te permite resolver una cuestión que aparece como problemática en el espacio público, como las migraciones, sin pagar ningún coste. El problema es que la manera en la que la resuelven hoy en día los políticos y los dirigentes de la Unión Europea es a través de, simplemente, muertes.

Entonces, no les cuesta nada favorecer esas muertes porque no hay ningún tipo de imputación. Pero por eso se crearon herramientas como la Corte Penal Internacional, para evitar, precisamente, que políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia o cualquier método para obtener beneficios políticos.

 Cuando introducimos un riesgo para los políticos, por ejemplo de prisión, como es el caso de la CPI, evidentemente empiezan a integrar ese elemento en sus cálculos. Y piensan que tal vez no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han conllevado la muerte de 14.000 personas, en este caso. Tal vez, lo que no se tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora, como las denuncias de las ONG, quizás lo tengan más en cuenta.

Pero no es la primera vez que la situación del Mediterráneo llega a los tribunales. Hay casos que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la diferencia ahora?

Una decisión de Estrasburgo no acarrea consecuencias penales, en particular para los políticos. Entonces, evidentemente, pueden correr el riesgo, pueden jugar con ciertas políticas para ser reelegidos y pueden permitirse una condena de Estrasburgo. Pueden salirse con la suya. Ahora, si se enfrentan a un procedimiento penal, es mucho más difícil escaparse porque afecta a su vida individual, al igual que ellos juegan con las vidas de los migrantes. La diferencia es fundamental a nivel de culpabilidad, no es del Estado, sino del individuo.

¿Creen que es jurídicamente posible que la Corte Penal Internacional entre a juzgar a dirigentes de la UE por su política migratoria?

Demostramos que han llevado a cabo un ataque sistemático contra una población civil, las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo, y que estaban dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías, inclusive aliarse con mercenarios en Libia que han hecho el trabajo en su nombre. Ellos los han financiado y los han apoyado operacionalmente.

Han puesto en marcha una política extremadamente represiva sin que esto acarree ninguna responsabilidad jurídica porque oficialmente no eran ellos, sino los libios, lo que lo hacían. Nosotros desenmascaramos ese sistema y demostramos que la verdadera responsable de los crímenes masivos que tienen lugar en Libia –que el propio Macron ha calificado de crímenes contra la humanidad– es la UE.

¿Qué papel jugaría entonces Libia, un Estado que no forma parte de la CPI ni se ha adherido al Estatuto de Roma?

Es un papel de ejecutante. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando en Libia los crímenes cometidos contra migrantes, pero precisamente lo que nosotros queremos es que no se contente con los ejecutantes de las políticas, sino que vaya a buscar a quienes las han elaborado.

Libia no tiene ningún interés propio en estas políticas migratorias, las tiene porque han negociado con la Unión Europea toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas diversas. Ese sistema existe desde la época de Gadafi.

 El problema es que con la caída de Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar migrantes por decenas de miles y la sociedad europea estaba enfrentando una gran crisis económica.

Frente a eso, la Unión Europea reacciona con cierto pánico, intentando adoptar varias políticas sucesivas. Primero empezó por dejar a la gente morir, para disuadirla de cruzar. No funcionó porque los migrantes tenían más miedo de Libia que de morir ahogados. Además, las ONG los estaban rescatando, por lo que comenzó a criminalizarlas y a crear un segundo sistema, que fue de externalización de la gestión de las cuestiones migratorias a Libia. El problema es que la ha llevado a cabo con organizaciones criminales que cometen crímenes gravísimos de los que la UE se ha vuelto de facto corresponsable.

Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan?

Hay tres niveles de responsabilidad. Primero, los responsables políticos, que fijan sus objetivos políticos. Segundo, responsables administrativos dentro de la Comisión Europea y las direcciones generales, que han elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política. Luego están quienes ejecutan esa voluntad política, Frontex y otros, o del lado de Libia, evidentemente, los criminales que se asociaron con la Unión Europea.

En cada etapa, hay que determinar quién es el mayor responsable. ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande? ¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano? Depende mucho de lo que la investigación demostrara y de la capacidad de establecer quién, detrás de las apariencias, era el que pesaba más para llevar a cabo estas políticas.

 Evidentemente, el comisario griego de migración actual [Dimitris Avramopoulos] tiene una responsabilidad muy importante, de la misma manera que la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. Pero antes de establecer con precisión quién debería ser juzgado, se necesita una investigación, y pedimos que sea en estas tres dimensiones.

Acusan a la UE de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles serían, a su juicio, estos delitos?

Hay dos periodos. El primer período es la transición del programa Mare Nostrum a Triton, en el cual se comete asesinato directo, dejando morir por omisión -lo calificamos así-, a miles de personas a las que podían salvar y rechazaron hacerlo. 

La segunda parte son estos crímenes cometidos por Libia por aliados de la Unión Europea en los campos de detención. Los miembros de la UE se volvieron cómplices o coperpetradores. En ellos, como han denunciado muchos documentos de ONG, de la UE o de la ONU, hay tortura, asesinatos, violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias y muchos crímenes más.

¿Por qué consideran que el paso de la operación liderada por Italia Mare Nostrum, que salvó miles de vidas, a Tritón fue clave y es una de las pruebas que aportan para acusar a la UE?

Demostramos cómo los dirigentes de la Unión Europea eran perfectamente conscientes, antes de hacerlo, de que iba a provocar un auge inmenso de las muertes en el Mediterráneo. Lo decidieron de manera consciente porque consideraban que era prioritario poner fin a estos tránsitos migratorios aunque esto provocara miles de muertos. Lo hicieron justamente para adaptarse a una decisión del Tribunal de Estrasburgo, el caso 'Hirsi', que prohibía volver a llevar a territorios que no eran seguros a las personas rescatadas. Entonces, a partir de ahí, la Unión Europea decidió dejarlos en alta mar para no tener que acogerlos en sus países.

Esa fue la primera razón. La segunda fue simplemente disuadir a estas personas, pero no se puede usar la muerte para ello. Es el límite que marca el Derecho internacional penal. Se pueden llevar a cabo políticas migratorias más restrictivas o más abiertas según los intereses políticos de cada sociedad, pero un límite es el hecho de causar de manera consciente y voluntaria la muerte de miles de personas. Sea cual sea la opinión sobre las cuestiones migratorias, es un acto criminal no en el sentido moral, sino de la ley.

En el escrito repiten la misma idea, que tenían "conocimiento pleno" de las consecuencias de sus políticas. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación?

Nos apoyamos en documentos internos, inclusive de Frontex, que demuestran que los dirigentes europeos conocen la situación. Cuando ellos hablan de tragedia, la realidad es que fue una tragedia provocada.

Sin embargo, hay quien ha cuestionado la viabilidad jurídica y el recorrido que puede tener su denuncia ante la Corte Penal Internacional.

A nivel jurídico, no hay duda de que nuestra demanda es muy viable y muy difícil de rechazar. Hemos puesto mucho esfuerzo en que sea así, por eso hemos tardado tanto en hacerla pública. La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político. Pero esa es una cuestión que no nos incumbe ni es de nuestro interés. 

Nosotros consideramos que debe hacerse justicia cuando hay casos tan graves. La Corte ha juzgado pocos casos y ha llegado en uno de ellos a condenar a un individuo por la muerte de 30 personas [Germain Katanga]. Aquí estamos hablando de 14.000 muertes. Es uno de los casos, de lejos, más graves que la CPI tendría que tratar. No podemos anticiparnos pensando que por razones políticas no abriría una investigación.

Es una investigación muy fácil de llevar a cabo. Hay un acuerdo de cooperación entre la UE y la Corte que la autoriza a investigarla como quiera. Sería suficiente con que los funcionarios de la Corte fueran a las oficinas ministeriales y de la Comisión Europea de París, Bruselas, Roma y Berlín para investigar cuáles fueron las cadenas de responsabilidad que se establecieron. No es ir a investigar en un terreno de guerra, por lo que no hay razón para no hacerlo.

Es decir, se muestra confiado en que la demanda puede seguir adelante. 

Si la Unión Europea considera que es inocente, no debería oponerse a la investigación, que ya está abierta, para demostrar su inocencia. Me parece cada día más viable. La Comisión Europea ya ha reaccionado a través de su portavoz admitiendo los hechos que denunciamos: admitió que la UE cometió "un error" en su política migratoria que ha causado miles de muertos.

La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros intentamos demostrar, y creo que demostramos, que no fue un error, sino que fue intencionado. Si tienes una crisis con miles de muertos y una institución que reconoce su implicación en esa crisis, lo mínimo es investigar y asegurarse de que no fue voluntaria. ¿De qué sirve la Corte Penal Internacional si no es para hacer este trabajo?

¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía? ¿Abrir un examen preliminar?

Pedimos que abra una investigación rápida y vaya a las capitales que he mencionado a interrogar a las personas que han participado en esta política. A partir de ahí, que decida muy rápido si hay que acusar a alguien y a quién de la muerte de estas personas. El examen preliminar tienen que hacerlo sobre nuestro escrito.

Pero a nuestro juicio deberían abrir la investigación inmediatamente. Una vez se establezca que se han cometido actos criminales, hay que ir a buscar a quien los ha cometido. Pero la práctica criminal ya está establecida, ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros en nuestra investigación. Desde un punto de vista jurídico debería tardar un par de meses, si tarda más será por razones políticas, en nuestra opinión. Aunque la Fiscalía puede abrir una investigación bajo secreto y no darnos noticias.

En el escenario de que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio en la Corte, ¿qué puede pasar?

La única cuestión por resolver es si estas políticas se decidieron a nivel de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande estuvieron implicados. Lo que es seguro es que Merkel fue prevenida de la comisión de crímenes contra la humanidad en Libia, como citamos en el escrito. 

Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el Gobierno libio para extender la cooperación sobre cuestión migratoria recibió un telegrama de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de Libia tenían condiciones de vida similares a las de campos de concentración. Para Merkel será muy difícil negar que sabía lo que pasaba en Libia. Al firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía, por lo menos, cómplice de estos actos."                  

(Entrevista a Juan Branco, el abogado que quiere sentar a la UE en la Corte Penal Internacional. Icíar Gutiérrez, eldiario.es, 09/06/19)

Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de los crímenes cometidos en Libia y en el Mediterráneo

"La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. 

La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.

A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional].

 Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.

Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. 

Desde Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a al detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.

Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.

Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.

El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. 

“Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia.

 Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de crímenes.

En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.

“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. 

Hay datos que confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.

En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de unidades militares de la UE proporciona información clave como la localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo”.

Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.

En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de fronteras) diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.

Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". 

 "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años. 

Shatz es miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.

Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. 

La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.

Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. 

Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.

Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales”.

 Preguntada en general por un posible proceso contra la UE, Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los tribunales”, añade."                     (Ana Carbajosa , Isabel Ferrer , Lucía Abellán , El País, 03/06/19) 

Acoso a los inmigrantes

"P. Volviendo a la pregunta de antes, ¿qué le ha llevado a poner su mirada hoy en los emigrantes?

R. En París hay unas 400.000 personas sin papeles que están trabajando, que tienen familias, que llevan una vida normal. Para hacer Edén al Oeste yo me entrevisté con algunos de ellos. Una señora latinoamericana me contó que para llegar a su trabajo tenía que caminar una hora diaria de ida y otra de vuelta, que no se subía ni al metro ni al autobús porque allí hay controles policiales permanentes. "¿Y cuando llueve?", le pregunté. "Cojo un paraguas", me contestó. Y me lo dijo con una sonrisa de oreja a oreja.

A los emigrantes se les presenta muchas veces como una molestia, y discursos en Francia como los de Le Pen van generando un miedo contra ellos. El hecho de recibir a alguien de fuera siempre es positivo, nunca es negativo. Con Edén al Oeste he querido mostrar que los emigrantes, los sin papeles, son gente como cualquiera de nosotros, son personas luminosas, que tienen luz propia.

P. ¿Cree entonces que ahora hay más miedo en Europa hacia la emigración?

R. Más que nunca, porque nos los presentan como si fueran una masa de gente que llega, como si fuera una invasión, nunca nos los presentan como individuos, nunca como una sola persona con sus problemas. Lo que está claro es que uno se identifica más fácilmente con una persona que con miles.

Ese miedo también responde a una realidad, porque Europa tiene problemas económicos y no puede recibir a todo el mundo. Michel Rocard dijo una vez que Europa no podría recibir todas las miserias del mundo, pero que Francia debería recibir una parte de ellas. Ésa es la verdad. Ahora se suele recordar la primera parte de la frase, pero nunca la segunda, cuando la realidad está ahí, en la que cada país tiene que asumir una parte, según sus posibilidades económicas o sociales." (Constantin Costa-Gavras: La era del compromiso. El País Babelia, 17/10/2009, p. 5/6)