Cuando los ricos mueren en el mar, lloramos, pero cuando mueren los más pobres, bostezamos... Las 3.000 muertes de migrantes apenas han tenido repercusión en la mayoría de los principales medios de comunicación del mundo, pero este verano una única tragedia en el Mediterráneo ha acaparado los titulares de todo el mundo... El barco que se hundió era un yate de lujo con el mástil de aluminio más alto del mundo. Y entre las víctimas del naufragio de ese superyate se encontraba el director ejecutivo de alta tecnología que una vez fue aclamado como el «Bill Gates británico» (Sam Pizzigati, Institute for Policy Studies)

 "3.000 inmigrantes que huían de la pobreza y los conflictos, según señaló recientemente el Consejo de Relaciones Exteriores, murieron el año pasado intentando cruzar el Mediterráneo hacia Europa.

Estas muertes apenas tuvieron repercusión en la mayoría de los principales medios de comunicación del mundo. Pero este verano una sola tragedia en el Mediterráneo ha acaparado los titulares de todo el mundo.

El lunes 19 de agosto, en medio de una temible tormenta repentina, un barco considerado «insumergible» se hundió frente a la costa de Palermo, en Sicilia. Siete de las 22 personas que iban a bordo perecieron.

¿Qué hizo que este hundimiento fuera tan noticiable? El barco que se hundió era un yate de lujo con el mástil de aluminio más alto del mundo. Y entre las víctimas del naufragio de ese superyate se encontraba el director ejecutivo de alta tecnología que una vez fue aclamado como el «Bill Gates británico».

El propietario del yate, Mike Lynch, había imaginado este viaje como una celebración de más de una década de duración. Pocas semanas antes, tras años de batallas legales, un jurado federal del norte de California había absuelto a Lynch y a uno de sus vicepresidentes de los cargos de haber inflado artificialmente el valor de la empresa de software de Lynch. Esa inflación, según los fiscales, había sellado la venta de la empresa en 2011 a Hewlett-Packard por más de 11.000 millones de dólares, un acuerdo que le reportó a Lynch unos 800 millones de dólares.

Pero un año después de la venta, el valor de la empresa de Lynch se había desplomado en unos 8.800 millones de dólares, y H-P remitió las acusaciones de irregularidades contables contra Lynch a la Oficina de Fraudes Graves británica y a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Las denuncias acabaron con una victoria de H-P en la demanda civil y una condena penal en 2019 de un ejecutivo clave de la empresa de Lynch.

Lynch, de 59 años, y su vicepresidente financiero, Keith Chamberlain, tendrían mucha más suerte en su propio juicio penal por cargos similares. Por desgracia para ellos, nunca podrán disfrutar de su absolución. Lynch se ahogó en el naufragio de su yate, al igual que el principal abogado litigante de Lynch y el presidente de la rama internacional del gigante financiero Morgan Stanley, testigo estrella de la defensa de Lynch.

¿Qué hizo que el naufragio del yate de Lynch resultara especialmente irresistible para los medios de comunicación de todo el mundo? El mismo día del naufragio se supo que Chamberlain, coacusado de Lynch y absuelto, acababa de morir atropellado mientras hacía footing. ¿Una mera coincidencia? ¿Y cómo pudieron el capitán del superyate de Lynch y toda su tripulación menos uno escapar con vida del hundimiento del barco mientras Lynch y otros seis pasajeros perecían? Carne tan jugosa para interminables especulaciones conspirativas.

Pero no necesitamos recurrir a teorías conspirativas para entender por qué el yate de 25 millones de dólares de Lynch se hundió tan rápidamente aquella noche de tormenta. La culpa corresponde en gran parte al cambio climático, no a una cábala de sus rivales corporativos multimillonarios.

En junio pasado, según un nuevo análisis del Financial Times, la temperatura del agua en el Mediterráneo había aumentado durante 15 meses seguidos. El aumento de la temperatura del agua provoca fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Uno de ellos -una tromba de agua parecida a un tornado con «vientos feroces» que aullaban a casi 70 millas por hora- azotó justo cerca de donde Lynch había anclado su superyate por última vez.

Sólo pasaron 16 minutos entre el momento en que los vientos azotaron el yate y el momento en que se hundió. Ese «rápido hundimiento de un yate tan grande, moderno y bien equipado», añade el Financial Times, «ha suscitado preocupación por la seguridad marítima a medida que los fenómenos meteorológicos extremos se suceden con mayor frecuencia e intensidad.»

En otras palabras, más vale que los superyates que suelen pasar los veranos en el Mediterráneo y los inviernos en el Caribe tengan cuidado.

Pero los mega-ricos que poseen estos yates no tienen, en cierto sentido, más culpa que ellos mismos. Nuestro planeta sigue negando la crisis climática en gran medida porque los más ricos tienen mucho que perder si el mundo se toma en serio la necesidad de poner fin a las prácticas empresariales derrochadoras que están provocando el colapso climático del planeta.

Entre los más ricos se encuentran, por supuesto, los principales ejecutivos e inversores de la industria de los combustibles fósiles. Pero todos nuestros súper ricos, no sólo los reyes de las grandes petroleras, tienen un interés personal en «calmar» la ansiedad climática. Enfrentarse al caos que ya han creado los combustibles fósiles -y acelerar una transición que tenga en cuenta a los trabajadores hacia un futuro sin carbono- requerirá enormes recursos financieros.

El mundo sólo podrá reunir esos recursos si los ricos y sus empresas empiezan a pagar la parte de impuestos que les corresponde.

Un impuesto de entre el 1,7% y el 3,5% sobre la riqueza del 0,5% más rico del mundo, sugiere la Red de Justicia Fiscal, con sede en el Reino Unido, podría recaudar anualmente 2,1 billones de dólares. La mayoría de las naciones más ricas del mundo, señala Alison Schultz, de la Red por la Justicia Fiscal, rehúyen esta sugerencia."            

(Sam Pizzigati escribe sobre desigualdad para el Institute for Policy Studies, Brave New europe, 01/09/24, traducción DEEPL, enlaces en el original)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Southwest Key Programs, el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en ese país, por los abusos sexuales y el acoso que sus empleados habrían perpetrado contra los menores a su cargo a lo largo de ocho años

 "El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Southwest Key Programs, el mayor proveedor de alojamiento para niños migrantes no acompañados en ese país, por los abusos sexuales y el acoso que sus empleados habrían perpetrado contra los menores a su cargo a lo largo de ocho años. Esta organización sin fines de lucro continuó recibiendo miles de millones de dólares en contratos gubernamentales y albergando a los niños a pesar de que las autoridades conocían la existencia de un patrón de violencia, simplemente por falta de otro lugar donde ubicarlos. 

Aunque de momento se desconoce el número de víctimas y la gravedad de los abusos que sufrieron (y que podrían continuar padeciendo) a manos de Southwest Key, está claro que este escándalo condensa la crueldad y el sinsentido de las políticas migratorias estadunidenses. En primer lugar, muestra las atrocidades a las que conduce la lógica de privatizar y subrogar funciones irrenunciables del Estado, que por su naturaleza e implicaciones requieren un enfoque absoluto de derechos humanos. En este mismo plano, recuerda los incentivos perversos y los círculos que se crean cuando el encarcelamiento (eufemísticamente llamado alojamiento en el caso de los menores) de migrantes se convierte en una fuente de ingresos extraordinarios para empresas o asociaciones pretendidamente no lucrativas: los agentes privados que se benefician del inhumano modelo de combate a la migración irregular se convierten de manera automática en los principales cabilderos por el mantenimiento del status quo y en contra de cualquier intento de reformar un estado de cosas inadmisible.

Además, la denuncia del Departamento de Justicia se da a conocer en momentos en que la administración de Joe Biden usa la política antimigrante como bandera de campaña, un ámbito en el que no puede competir con la identificación entre su rival Donald Trump y los sectores más cavernarios y xenofóbicos de la sociedad estadunidense, pero sí puede causar un enorme daño a las personas que buscan refugio en ese país: entre mayo de 2023 y el mismo mes de este año, su gobierno expulsó a 740 mil personas, más que cualquier año desde 2010. Desde el pasado 4 de junio, Washington dio un paso más en sus violaciones sistemáticas al derecho humano al asilo al restringir de forma casi completa las solicitudes y deportar a los solicitantes sin procesar sus peticiones de acuerdo con la legalidad internacional.

Para los menores migrantes que se encuentran a merced de los agresores en las instalaciones de Southwest Key, el sueño americano en pos del cual dejaron atrás sus lugares de origen se ha convertido en una auténtica pesadilla, una paradoja particularmente brutal si se considera que quienes ingresan a Estados Unidos se sienten a salvo de los peligros que los amenazaban en sus regiones de partida y de los que enfrentan en el camino hacia el norte. Con independencia de las sanciones penales y administrativas que deben fincarse a quienes han perpetrado o facilitado la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en los centros de reclusión, es evidente que este horror no parará mientras persista el fallido enfoque securitista y racista en el manejo de la crisis migratoria."           (Editorial La Jornada, 22/07/24)

La BBC muestra cómo los guardacostas griegos tiraron por la borda a los migrantes para que murieran el 17 de junio de 2024... Este reportaje relata de forma estremecedora cómo las autoridades griegas "cazan" a los migrantes que llegan a su territorio y los abandonan más allá de sus aguas territoriales. A muchos los arrojan deliberadamente por la borda para que mueran

 "Un informe de la BBC y un documental titulado Dead Calm: Killing in the Med? muestra cómo, a lo largo de tres años, los guardacostas griegos causaron la muerte de "docenas de migrantes" en el Mediterráneo. La mayoría murieron al verse obligados a abandonar las aguas territoriales del país tras alcanzarlas, otros incluso habían llegado a tierra pero fueron obligados a volver al mar. Nueve de ellos fueron "arrojados deliberadamente al agua".

La cadena pública británica recogió testimonios de lo denunciado en los últimos años por muchas de las organizaciones no gubernamentales sobre el terreno. Los informes de estas organizaciones, de los medios de comunicación locales, de los migrantes y de los guardacostas turcos convergen. Pero también tuvo acceso a imágenes que prueban lo sucedido. Una de ellas muestra cómo suben a 12 personas a un barco de los guardacostas griegos y luego las abandonan en una lancha neumática. Un "crimen internacional", reconoce Dimitris Baltakos, ex jefe de operaciones especiales de los guardacostas griegos, en un arrebato filmado casualmente al margen de una entrevista cuando le mostraron lo sucedido. Durante la entrevista había negado que esto pudiera ocurrir. 

Es la primera vez que se detalla una serie de incidentes, 15 entre mayo de 2020 y el mismo mes de 2023, que se saldaron con 43 muertes. En cinco de los casos, los migrantes afirman que las personas fueron "arrojadas directamente al mar". En cuatro dicen que llegaron a las islas griegas pero fueron recogidos y arrojados de nuevo al mar. En otros "los subieron a balsas hinchables sin motor, que luego se desinflaron o parecían haber sido pinchadas".

Un migrante camerunés contó que consiguió llegar a Samos en septiembre de 2021, fue recogido por varios policías enmascarados y subido a una embarcación. Dos de sus compañeros fueron arrojados al mar y murieron allí, sus cuerpos aparecieron en Turquía. A él, en cambio, lo golpearon "como a un animal" y también lo arrojaron al mar sin siquiera un chaleco salvavidas, pero logró sobrevivir.

Otro, de Somalia, cuenta que en marzo de ese mismo año fue capturado al llegar a Quíos, atado y arrojado al agua. Sólo sobrevivió porque consiguió liberar una de sus manos. Tres miembros de su grupo murieron.

Un migrante de Siria cuenta que en septiembre de 2022, cuando su embarcación con 85 personas a bordo se quedó sin motor cerca de Rodas, acabaron siendo recogidos por la guardia griega, que los envió a aguas turcas en lanchas neumáticas. La que les pusieron no tenía la válvula bien cerrada e inmediatamente empezó a hundirse. Los guardacostas no actuaron y varios de los niños murieron: "Mis hijos sólo murieron por la mañana... justo antes de que llegaran los guardacostas turcos".

Grupos de derechos humanos denuncian que a miles de personas se les impide llegar a los centros donde podrían solicitar el estatuto de refugiado. Son perseguidos por miembros de las autoridades que "aparentemente actúan en la clandestinidad, sin uniforme y a menudo enmascarados"."                  (Esquerda, 17/06/24, traducción DEEPL)

La muerte de 19 migrantes reabre el debate sobre la complicidad de la UE en las violaciones de Derechos Humanos... Doce de los 22 de inmigrantes empujados por las unidades fronterizas griegas, despojados de sus ropas y zapatos, han muerto congelados. La UE es irremediable, débil y vacía de sentimientos humanos

“Ipsala, frontera entre Turquía y Grecia. Doce de los 22 de inmigrantes empujados por las unidades fronterizas griegas, despojados de sus ropas y zapatos, han muerto congelados. La UE es irremediable, débil y vacía de sentimientos humanos”. El mensaje soltado en Twitter el pasado 2 de febrero no pertenece a un activista indignado ni a una red de ONG. Lo escribió Süleyman Soylu, ministro de Interior de Turquía. El recuento final elevó los cuerpos congelados a 19.

Aunque el Gobierno griego califica las acusaciones de “falsa propaganda” y Ankara utiliza sus fronteras como principal arma de negociación frente a Bruselas y Atenas, lo que cuenta Süleyman Soylu es coherente con las denuncias de cientos de migrantes recogidas por las organizaciones de derechos humanos.

Turquía cuenta con cerca de cuatro millones de refugiados y la frontera griega, ya sea a través de las islas del Egeo o de la frontera continental, son pasos obligados para miles de refugiados que quieren llegar a los países más ricos de Europa.

Los 19 migrantes fueron encontrados por las autoridades turcas sin zapatos y casi sin ropa. Según denuncian, la policía griega les había obligado a cruzar el río Evros, frontera entre ambos países, en una nueva devolución en caliente. El paso del río a la altura de Ipsala, donde fueron encontrados los cuerpos, es una ruta habitual de miles de migrantes que se exponen a los peligros del caudal del río y de las bajas temperaturas en invierno.

Diversas organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional o Migreurop, llevan años denunciando la complicidad de las instituciones de la UE con la violación sistemática de derechos humanos en las fronteras de la Unión y en los países de origen y de paso de la migración, donde ha recurrido a la externalización de las fronteras a golpe de talonario.

Según denunciaba Amnistía Internacional en junio de 2021, las devoluciones en caliente son una práctica habitual de Grecia: “Está claro que diversas autoridades griegas se están coordinando estrechamente para aprehender y detener a las personas que buscan seguridad en Grecia, sometiendo a muchos a la violencia y luego transportarlos a las orillas del río Evros antes de ser devueltos ilegalmente a Turquía”, explicaba Adriana Tidona, investigadora sobre migración de Amnistía Internacional para Europa.

Esta investigadora insistía en que los “rechazos violentos se han convertido de facto en la política de control de la frontera griega en la región de Evros”. Las investigaciones de campo de Amnistía Internacional realizadas en el mismo sitio donde fueron encontrados los 19 cuerpos documentaron la utilización de palos, patadas, puñetazos, bofetadas y empujones y un uso sistemático de las devoluciones ilegales.

El 8 de febrero, las devoluciones en caliente volvían a ser noticia después de que la guardia costera turca rescatara a 95 migrantes que habían sido repelidos ilegalmente por las autoridades griegas. El presidente turco Tayyip Erdoğan prometió que haría públicas todas las devoluciones en caliente. Mientras, Grecia sigue negándolo todo y la Comisión Europea mira a otro lado.

Desde la ONG No Name Kitchen, organización que trabaja en diversos campos de refugiados en las fronteras europeas, dan credibilidad a las acusaciones de Turquía: “Desnudar a las personas en pleno invierno antes de una devolución ilegal es una de las prácticas comunes por parte de agentes de policía de países de la Unión Europea”.

Este tipo de prácticas no son exclusivas de Grecia. Según esta organización, la policía de Croacia, miembro de la UE desde 2013, quemó las posesiones y la ropa de migrantes antes de devolverlos ilegalmente fuera de las fronteras de la Unión. Según un informe Border Violence Monitoring Network de 2020, se trata de una práctica habitual y hasta el 40% de los casos registrados por esta red que optaron por la ruta balcánica sufrieron destrucción de sus posesiones.

Los testimonios recogidos por No Name Kitchen demuestran que no es raro que la policía prenda fuego a la ropa de las personas migrantes antes de devolverlas al otro lado de la frontera, “completamente desnudas, obligándolas a caminar sin ropa durante varias horas, a menudo en condiciones meteorológicas extremas, hasta la ciudad o refugio más cercano para buscar asistencia”.
Más que complicidad

La complicidad de las más altas instancias de la UE en las devoluciones ilegales y otras prácticas contrarias al derecho humanitario internacional es mucho más que una teoría. En diciembre de 2021, el director de Derechos Fundamentales de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex), Jonas Grimheden, reconocía que este organismo podría estar implicado en vulneraciones de derechos humanos en distintas fronteras de la UE, especialmente en las devoluciones en caliente en Grecia. “Dado que Frontex apoya cada vez más a Estados miembros como Grecia y Lituania, el riesgo de que seamos cómplices de violaciones de derechos humanos es enorme”, señalaba al medio sueco Svenska Yle.

Y no se trata solo de que sabían qué estaba ocurriendo y no hicieron nada. Una investigación de revista alemana Der Spiegel, Report Mainz, Lighthouse Reports y la televisión Asahi y ARD demostró que unidades de Frontex habían estado involucradas en la devolución ilegal de personas refugiadas por los guardias fronterizos griegos, algo que confirmaban correos internos de Frontex filtrados. Entre las diversas acusaciones de esta investigación hecha pública a finales de 2020, un equipo de agentes suecos de Frontex fue testigo de una devolución ilegal y quiso reportar el incidente, como es su obligación. Pero un superior de la agencia trató de encubrirlo.

Las violaciones de los derechos humanos en las fronteras de la Unión no son exclusivas de la ruta griega o balcánica. En Libia, se ha cumplido este febrero cinco años desde que la Unión Europea firmó con este país un memorándum de entendimiento para externalizar el control de las fronteras y evitar la llegada de migrantes y refugiados a aguas europeas.

Desde entonces, 82.000 personas han sido interceptadas en alta mar por la Guardia Costera libia, una entidad acusada de todo tipo de atrocidades y de un “uso excesivo de la fuerza” por Stefano Turchetto, comandante de la Operación Irini de la Fuerza Naval de la Unión Europea Mediterráneo, según un informe confidencial publicado por AP. Maltratos, torturas, detención arbitraria, campos de concentración clandestinos, violencia sexual, trabajos forzados y homicidios son las prácticas habituales de las fuerzas libias con los migrantes que intentan llegar a Europa, según Amnistía Internacional. Ante estos escándalos, la Comisión Europea ha decidido aumentar la capacidad de actuación de la Guardia costera, que solo en 2021 interceptó 32.425 personas refugiadas y migrantes en el mar que fueron devueltas a Libia."         (El Salto, 10/02/22)

Uno de los supervivientes del naufragio en el Canal de la Mancha dice que cuando se hundían llamaron a la policía de Inglaterra y la de Francia. Las dos le dijeron lo mismo: llame a los otros. Enésimo ejemplo de la quiebra de los valores de Europa

Javier Espinosa @javierespinosa2

 Uno de los supervivientes del naufragio en el Canal de la Mancha dice que cuando se hundían llamaron a la policía de Inglaterra y la de Francia. Las 2 le dijeron lo mismo: llame a los otros. Enésimo ejemplo de la quiebra de los valores de Europa

"Exclusive: Migrant survivor says British coastguard ignored call for help" (Znar Shino and Fazel Hawramy, Rudaw, 29/11/21)

1:47 p. m. · 30 nov. 2021
50 Retweets 78 Me gusta

“Cada vez hay más gente que nos mira mal, que nos insulta por salvar a las personas. Alguna vez he discutido con alguno que me ha dicho ‘la próxima vez, los dejas en el mar’. Cuando les respondes que qué pensaría si lo hiciera con él, te sueltan: ‘yo pago aquí mis impuestos’. No me entra en la cabeza que les pueda parecer mal que salvemos vidas”

 "Cada vez hay más gente que nos mira mal, que nos insulta por salvar a las personas. Alguna vez he discutido con alguno que me ha dicho ‘la próxima vez, los dejas en el mar’. Cuando les respondes que qué pensaría si lo hiciera con él, te sueltan: ‘yo pago aquí mis impuestos’. No me entra en la cabeza que les pueda parecer mal que salvemos vidas”. 

Este rescatador de Salvamento Marítimo, del que no podemos dar el nombre porque este organismo prohíbe por contrato a sus trabajadores manifestarse públicamente, ha vivido los periodos de mayor número de llegadas de personas migrantes por vía marítima, incluido este último en las islas Canarias. La mayor diferencia que encuentra con 2018, cuando llegaron más de 57.000 personas a las costas andaluzas y fallecieron, al menos 769, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), o con la llamada crisis de los cayucos de 2006, cuando llegaron unas 37.000, es que “en esta ocasión no hay ni miedo ni alegría”.

Recuerda que, entonces, “cuando les sacábamos era una explosión de alegría, de ‘bozas’, de ‘free’, porque habían sobrevivido a las mayores atrocidades en su viaje por África y, por fin, llegaban a Europa, así fuese en unas gomas de 6 metros donde metían a 50 personas. Era una bestialidad. Ahora la mayoría de los que llegan son marroquíes, saben qué va a ser de ellos en los siguientes días y vienen en pateras, con entre 25 y 35 personas”.

En estas semanas ha habido momentos de dormir 4 horas en tres días, pero Luis insiste en que es, sencillamente, su trabajo y que sería injusto siquiera mencionarlo en comparación con la situación a la que se enfrentan las personas a las que rescata. En 2019, llegaron a Canarias 1.497 hombres, mujeres y niños procedentes de África en patera. Hasta el 26 de noviembre de 2020, la cifra superaba los 16.760, según los datos del Ministerio del Interior. Y las condiciones en las que han sido encerrados en el muelle de Arguineguín han vuelto a poner en el debate público la cuestión del trato que reciben las personas náufragas cuando son migrantes.

“Cuando empecé en Salvamento Marítimo, pensaba que ‘los migrantes’ eran, simplemente, gente sin nada. Luego fui entendiendo que son personas pobres capaces de enfrentarse a situaciones muy jodidas; que tienen padres, madres, hermanos, mujeres, maridos, amigos… que se preocupan por ellos y que invierten una fortuna para que puedan venir. He borrado la palabra migrante de mi cabeza porque parece que por ello tienen menos derecho a ser salvados”.

Hay algo que Luis considera fundamental para esta profesión: «No puedes bajar la guardia para que no se convierta en una rutina. Te tienes que poner nervioso cada vez que sacas una patera. Porque si no se convierte en ‘hoy hemos traído a 150, ayer a 132…’. Y no, así sacásemos solo a uno, sería lo más valioso del mundo”.

Mientras Luis y sus compañeros suben al guardacostas a personas deshidratadas, exhaustas, entumecidas, o, incluso, fallecidas, representantes públicos toman decisiones en términos migratorios que, en su caso, le provocan “mucha rabia porque cuando ves esto, resulta evidente que estas políticas no son más que dinero: el que les cobran en el país del que salen, el que paga el de destino para que no les dejen salir y el que pagan para deportarles y que les acepten. Estados supuestamente democráticos pagando dinero a cambio de vidas, Europa pagando a otros países para que les hagan el trabajo sucio. Es asqueroso”.

No es lo único que le indigna. También, tener que actuar “como contrabandistas para salvar vidas”. Así define cuando, en más de una ocasión, los trabajadores de Salvamento Marítimo han tenido que “infringir normas y entrar en aguas de tal país porque, de no hacerlo, iba a haber un desastre a media milla. No hay líneas imaginarias cuando se trata de vidas humanas”, añade, arrastrando con incredulidad las palabras, pese a su larga experiencia. 

Y la indignación aparece cuando recuerda que en 2018 “nos utilizaron como autobuses. Las personas han de pasar el menor tiempo posible en nuestros barcos porque no están preparados: tienen que hacer sus necesidades por la borda o en cubierta. Todo lo que les podemos dar es una manta, agua y galletas. Y en aquellos meses, en más de una ocasión, en lugar de enviarnos al puerto más cercano, como dicta el derecho marítimo, nos obligaban a hacer cinco o seis horas de trayecto repartiendo a la gente entre Málaga, Motril, Almería… porque no tenían operativos de acogida suficientes en tierra”. 

Luis interpreta la decisión del Gobierno de Sánchez en 2019 de constituir un mando único para los rescates, encabezado por la Guardia Civil, como un intento del Ejecutivo de “hacer lo que quiera sin que nadie se entere. Si dan la orden a Salvamento Marítimo de hacer una devolución en caliente, vamos a poner el grito en el cielo. Pero la Guardia Civil es un cuerpo militar que obedece órdenes”. 

Acabar con este “hermetismo” sería lo más conveniente en opinión de este trabajador: “Sería bueno que pudiesen acompañarnos periodistas, aunque fuese egoístamente para que se vea el trabajo que hacemos. Creo que si la gente que está en contra de los inmigrantes viera un rescate cambiaría su punto de vista”. 

El Ministerio de Fomento, de quien depende Salvamento Marítimo, ordenó en el otoño de 2018 que su equipo de comunicación dejase de publicar información en las redes sociales sobre los rescates de personas migrantes. El gobierno de Sánchez consideraba, supuestamente, que estas imágenes eran utilizadas por el partido ultraderechista Vox para atacar la política migratoria del Ejecutivo español y alimentar los discursos xenófobos. Un error en opinión de Luis, que valida la estrategia de las ONG que rescatan en el Mediterráneo Oriental, como los barcos de Open Arms o Seawatch: “además de salvar vidas, ponen el foco de atención en lo que está pasando en las costas libias. Si no fuese por ellas, no se enteraría nadie”.  

Luis considera absolutamente injustificable que cuando se ahoga “un muchacho en estos viajes no se abra una investigación para saber su identidad y avisar a su familia de que ha muerto. ¿Te imaginas perder a tu hijo así y no recibir ni una llamada?”, pregunta retóricamente. Luis podría contar un millón de historias que quedarán ahogadas por la cerrazón comunicativa de los sucesivos gobiernos con la labor de Salvamento Marítimo. Historias que deberían formar parte de la memoria democrática de este país y que nunca habrían tenido lugar si hubiese vías seguras para migrar."                (Patricia Simón, La Marea, 29/11/20)

Guardias de mujeres migrantes en Estados Unidos abusaron "sistemáticamente" de ellas

"Su escape de la violencia, la pobreza o amenazas de muerte, no trajo consigo una mejor vida en Estados Unidos.

Todo lo contrario, según la denuncia de, al menos, tres mujeres migrantes, que hoy narran la pesadilla que han vivido en un centro de detención de El Paso, Texas.

Según informan los medios ProPublica y The Texas Tribune, el abuso sexual de guardias, en un centro de detención de inmigrantes en El Paso, se ha conertido en un "patrón y práctica" de abuso.

Una denuncia ha sido presentada por un grupo de defensa de Texas instando al fiscal de distrito local y a los fiscales federales a realizar una investigación criminal.

Las acusaciones sostienen que los guardias han agredido sistemáticamente al menos a tres personas en una instalación supervisada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menudo en áreas del centro de detención no visibles para las cámaras de seguridad.

"Los guardias les dijeron a las víctimas que nadie les creería porque las imágenes no existían y el acoso involucraba a oficiales de tan alto rango como un teniente", asegura el reporte.

Según la denuncia presentada ante la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y compartida con los fiscales, "varios guardias besaron y tocaron "a la fuerza" las partes íntimas de, al menos, una mujer que se enfrenta a la deportación la próxima semana, lo que significa que los investigadores podrían perder a un testigo clave.

Sus abogados han solicitado que los funcionarios de inmigración pausen su deportación en espera de una revisión del asunto.

"La mujer dijo en una entrevista telefónica que preferiría regresar a México, a pesar de que allí corre peligro. Dijo que le preocupaba ser atacada en el centro de detención por hablar sobre el abuso.

"Va a empeorar ahora", dijo. "Ya no puedo con esto".

Según los dos medios de comunicación, "desde que se presentó la denuncia el miércoles, dos mujeres más, incluida una que se encuentra actualmente detenida en las instalaciones de El Paso y otra que estuvo detenida allí anteriormente, han presentado denuncias de abuso.

Al menos otra mujer fue deportada después de que un guardia la agrediera, dijeron los detenidos a los abogados".

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de El Paso dijo que la agencia había enviado "alegaciones potencialmente criminales" a la Oficina del Inspector General del DHS, que no respondió a los correos electrónicos en busca de comentarios.

Un portavoz de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Texas dijo que había recibido la denuncia y se toma muy en serio las acusaciones de "mala conducta de funcionarios públicos".                   (La Jornada, 25/12/20)

La policía británica encuentra 39 cadáveres en un camión en Essex

"Las autoridades británicas investigan el hallazgo de 39 cadáveres en el interior de un camión, unos 30 kilómetros al este de Londres, y centran el foco en las mafias que trafican con inmigrantes. 

Los primeros datos sugieren que la ruta del contenedor, abandonado a primera hora de la madrugada de este miércoles en un polígono industrial, tuvo su punto de origen en el puerto belga de Zeebrugge.

 El conductor, un norirlandés de 25 años, ha sido detenido bajo la acusación de asesinato. Ha sido el suceso más grave de estas características en el Reino Unido desde que 58 cadáveres de ciudadanos chinos fueron hallados en otro contenedor en el puerto de Dover en 2000.

Poco después de las 02:40 de este miércoles (hora peninsular española) la policía de Essex ha recibido la llamada del Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra. Los cuerpos de 39 personas yacían sin vida en el remolque de un camión abandonado en el polígono industrial de Waterglade, en la localidad de Grays (en el condado de Essex). Todos ellos eran adultos excepto un adolescente. El área ha sido acordonada de inmediato y el tráfico se ha desviado.

Poco después, las autoridades han informado de la detención del conductor, bajo la acusación de asesinato. Su nombre, según los medios británicos, es Mo Robinson. Tiene 25 años y es originario de Portadown (Irlanda del Norte).

“Debemos dejar su espacio a la policía de Essex para que conduzca su investigación, pero todos los miembros de inmigración del Ministerio del Interior colaborarán en el esclarecimiento de este terrible suceso”, ha dicho la ministra Priti Patel en una comparecencia extraordinaria en la Cámara de los Comunes.

En los primeros estadios de la investigación se apuntó a que el vehículo habría entrado en la isla a través del puerto galés de Holyhead, principal punto de intercambio con Irlanda. La hipótesis desató la alerta de que las mafias estuvieran usando una “ruta irlandesa” alternativa, después de que en los últimos meses se intensificaran los controles en el canal de la Mancha, que concentra el grueso del tráfico entre el Reino Unido y el continente europeo. 

Sin embargo, horas después, un nuevo comunicado público explicaba que el contenedor (la parte remolcada del camión) habría salido del puerto belga de Zeebrugge y llegado en ferri a la localidad inglesa de Purfleet. Fue estacionado en el muelle de mercancías de Thurrock, en esa misma zona. El camión (la parte de cabina y motor de todo el vehículo, sin el remolque) habría partido de Irlanda del Norte. Camión y remolque salieron hacia la zona de Grays en torno a las 02:05 (hora peninsular española) de este miércoles. Apenas media hora después se localizaban los 39 cadáveres.

El vehículo tenía matrícula búlgara, pero las autoridades de ese país han descartado que hubiera partido de allí. Señalaron además, según la agencia Reuters, que el registro se realizó a nombre de una empresa propiedad de una ciudadana irlandesa.

La Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido, entre cuyos cometidos está la investigación del tráfico de personas, ha asegurado que se centra en averiguar la participación de organizaciones criminales en esta tragedia.

“Es duro ponerse en la piel de los servicios de emergencias en un caso así, cuando tuvieron que abrir el contenedor y contemplaron el horrible crimen cometido. Comparto el enorme deseo de muchos de que los culpables de esta tragedia y todos aquellos que participan en este comercio humano -porque sabemos que existe- sean capturados y llevados ante la justicia", ha dicho el primer ministro Boris Johnson en el Parlamento.

"¿Podemos, por un momento, pensar en lo que ha debido ser que las vidas de esas 39 personas, obviamente en una situación peligrosa y desesperada, hayan visto acabadas sus vidas ahogados dentro de un contenedor?", ha dicho en esa misma sesión el líder de la oposición, Jeremy Corbyn.

Cámaras frigoríficas

Según ha contado a la prensa local el director ejecutivo de la Asociación de Transporte por Carretera británico (Road Haulage Association), Richard Burnett, el vehículo era un camión frigorífico y añadió que el suceso revela el "peligro" de las mafias de inmigración, según informa Efe. Las condiciones en las que se encontraron esas personas fueron "absolutamente horrendas", según el responsable de la Sociedad de Camiones de Carretera. Las cámaras frigoríficas "son oscuras e increíblemente frías y las temperaturas llegan a alcanzar allí los 25 grados bajo cero si transportan productos congelados", lo que provoca que los humanos "pierdan la vida bastante rápido", puntualizó.

Algunos medios británicos, como The Times o The Daily Telegraph,  dan ya por confirmado que los 39 cadáveres fueron descubiertos en estado de congelación. La policía habría registrado dos domicilios en Co Armagh (Irlanda del Norte), el condado de donde es originario el conductor detenido.

El Servicio de Inmigración del Reino Unido admitió el pasado abril, en respuesta a un requerimiento de información pública, que durante 2018 la policía detectó la presencia de 1.052 inmigrantes irregulares en los puertos de entrada, y de más de 7.500 que ya habían logrado entrar en el país.

En el verano de 2015, cuando entraban en Europa decenas de miles de refugiados, la policía austriaca halló los cadáveres de 71 personas de Siria, Irak y Afganistán en un camión abandonado junto a una autopista. Entre ellos había ocho mujeres y cuatro niños. En junio de este año, un tribunal húngaro condenó a cuatro traficantes a cadena perpetua como responsables de esas muertes."             (Rafa de Miguel, El País, 24/10/19)

Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan? ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande?... "Hablan de 'tragedia' en el Mediterráneo, pero es una tragedia provocada"... "Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria"

"Juan Branco (Estepona, 1989) está convencido de lo que acaba de hacer. Es uno de los abogados que firma el escrito dirigido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para pedirle que investigue a funcionarios y autoridades de la Unión Europea y los Estados miembros por la muerte de miles de personas migrantes en el Mediterráneo en los últimos años, así como los abusos que sufren en Libia.

"Las muertes se han causado de manera consciente y voluntaria", afirma tajante el letrado francoespañol desde su despacho en París en una entrevista con eldiario.es. "Ha sido un ataque sistemático contra una población civil", agrega. Está parafraseando, casi palabra por palabra, lo que el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI, entiende por crímenes contra la humanidad.

 Junto al genocidio, los crímenes de guerra y de agresión, es una de las violaciones más graves del derecho internacional que pueden ser juzgadas por este tribunal internacional con sede en La Haya, que interviene cuando los países no pueden o no están dispuestos a investigarlas y perseguirlas.

Su denuncia ha sido difundida por medios de comunicación de toda Europa y ha sido aplaudida por organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, pero también hay quien duda de que pueda llegar a prosperar, como Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y senador del PSOE, quien ha asegurado en Twitter que "pese a las evidencias morales y políticas", existen "considerables dificultades técnico-jurídicas" a la hora de que la solicitud tenga recorrido.

Branco, que estuvo trabajando durante un año en la Fiscalía del tribunal internacional, defiende que la demanda es "muy viable y muy difícil de rechazar". "La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político", esgrime el jurista, encargado también de la defensa del fundador de Wikileaks, Julian Assange. La Corte ya examina la situación en Libia desde que el Consejo de Seguridad de la ONU le encargara la investigación de los crímenes de guerra tras la caída de Muamar el Gadafi en 2011.

Tras la presentación del escrito el pasado lunes, la portavoz comunitaria Natasha Bertaud defendió que la UE "tiene una trayectoria en salvamento de vidas en el Mediterráneo que habla por si sola" y subrayó que "no es la política europea la que causa estas tragedias", sino los traficantes que "explotan la miseria humana". Bertaud insistió en que el presidente Jean-Claude Juncker ha dicho que poner fin a la operación de salvamento en Italia Mare Nostrum en 2014, algo que los abogados identifican como momento clave, "era un gran error". "En lugar de culpar, hay que trabajar juntos", zanjó.

Han estado dos años trabajando en el escrito que presentaron en La Haya el pasado lunes. ¿Por qué decidieron emprender el proceso?

La organización Forensic Architecture contactó con nosotros. Había hecho un análisis de los que entonces todavía se llamaba "drama" en las costas libias y que mostraba cómo justamente actores de la Unión Europea habían dejado gente morir en lo que parecía una intervención muy extraña de los guardacostas libios. Nos preguntaron qué nos parecía desde un punto de vista jurídico. Empezamos a hacer trabajo de análisis y nos dimos cuenta de que es una política sistemática de la Unión Europea que podría ser juzgada.

¿Por qué considera importante que esa política llegue a la Corte Penal Internacional?

Es esencial porque hoy en día, políticamente, tiene ventajas emprender este tipo de acciones porque te permite resolver una cuestión que aparece como problemática en el espacio público, como las migraciones, sin pagar ningún coste. El problema es que la manera en la que la resuelven hoy en día los políticos y los dirigentes de la Unión Europea es a través de, simplemente, muertes.

Entonces, no les cuesta nada favorecer esas muertes porque no hay ningún tipo de imputación. Pero por eso se crearon herramientas como la Corte Penal Internacional, para evitar, precisamente, que políticos abusen de sus funciones y utilicen la violencia o cualquier método para obtener beneficios políticos.

 Cuando introducimos un riesgo para los políticos, por ejemplo de prisión, como es el caso de la CPI, evidentemente empiezan a integrar ese elemento en sus cálculos. Y piensan que tal vez no vale la pena poner en marcha políticas criminales que han conllevado la muerte de 14.000 personas, en este caso. Tal vez, lo que no se tomaban lo suficientemente en serio hasta ahora, como las denuncias de las ONG, quizás lo tengan más en cuenta.

Pero no es la primera vez que la situación del Mediterráneo llega a los tribunales. Hay casos que han acabado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Cuál sería la diferencia ahora?

Una decisión de Estrasburgo no acarrea consecuencias penales, en particular para los políticos. Entonces, evidentemente, pueden correr el riesgo, pueden jugar con ciertas políticas para ser reelegidos y pueden permitirse una condena de Estrasburgo. Pueden salirse con la suya. Ahora, si se enfrentan a un procedimiento penal, es mucho más difícil escaparse porque afecta a su vida individual, al igual que ellos juegan con las vidas de los migrantes. La diferencia es fundamental a nivel de culpabilidad, no es del Estado, sino del individuo.

¿Creen que es jurídicamente posible que la Corte Penal Internacional entre a juzgar a dirigentes de la UE por su política migratoria?

Demostramos que han llevado a cabo un ataque sistemático contra una población civil, las personas que intentaban cruzar el Mediterráneo, y que estaban dispuestos a utilizar todo tipo de métodos para evitar estas travesías, inclusive aliarse con mercenarios en Libia que han hecho el trabajo en su nombre. Ellos los han financiado y los han apoyado operacionalmente.

Han puesto en marcha una política extremadamente represiva sin que esto acarree ninguna responsabilidad jurídica porque oficialmente no eran ellos, sino los libios, lo que lo hacían. Nosotros desenmascaramos ese sistema y demostramos que la verdadera responsable de los crímenes masivos que tienen lugar en Libia –que el propio Macron ha calificado de crímenes contra la humanidad– es la UE.

¿Qué papel jugaría entonces Libia, un Estado que no forma parte de la CPI ni se ha adherido al Estatuto de Roma?

Es un papel de ejecutante. La fiscal de la Corte Penal Internacional ya está investigando en Libia los crímenes cometidos contra migrantes, pero precisamente lo que nosotros queremos es que no se contente con los ejecutantes de las políticas, sino que vaya a buscar a quienes las han elaborado.

Libia no tiene ningún interés propio en estas políticas migratorias, las tiene porque han negociado con la Unión Europea toda una serie de acuerdos que le permite obtener ventajas diversas. Ese sistema existe desde la época de Gadafi.

 El problema es que con la caída de Gadafi el sistema se rompió, empezaron a llegar migrantes por decenas de miles y la sociedad europea estaba enfrentando una gran crisis económica.

Frente a eso, la Unión Europea reacciona con cierto pánico, intentando adoptar varias políticas sucesivas. Primero empezó por dejar a la gente morir, para disuadirla de cruzar. No funcionó porque los migrantes tenían más miedo de Libia que de morir ahogados. Además, las ONG los estaban rescatando, por lo que comenzó a criminalizarlas y a crear un segundo sistema, que fue de externalización de la gestión de las cuestiones migratorias a Libia. El problema es que la ha llevado a cabo con organizaciones criminales que cometen crímenes gravísimos de los que la UE se ha vuelto de facto corresponsable.

Piden que se procese a funcionarios y autoridades europeos. ¿A quiénes apuntan?

Hay tres niveles de responsabilidad. Primero, los responsables políticos, que fijan sus objetivos políticos. Segundo, responsables administrativos dentro de la Comisión Europea y las direcciones generales, que han elaborado los planes para ejecutar esa voluntad política. Luego están quienes ejecutan esa voluntad política, Frontex y otros, o del lado de Libia, evidentemente, los criminales que se asociaron con la Unión Europea.

En cada etapa, hay que determinar quién es el mayor responsable. ¿Será en el primer nivel Merkel, Macron o antes de él Hollande? ¿Serán más bien los ministros italianos como Alfano? Depende mucho de lo que la investigación demostrara y de la capacidad de establecer quién, detrás de las apariencias, era el que pesaba más para llevar a cabo estas políticas.

 Evidentemente, el comisario griego de migración actual [Dimitris Avramopoulos] tiene una responsabilidad muy importante, de la misma manera que la comisaria europea de comercio Cecilia Malmström. Pero antes de establecer con precisión quién debería ser juzgado, se necesita una investigación, y pedimos que sea en estas tres dimensiones.

Acusan a la UE de crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles serían, a su juicio, estos delitos?

Hay dos periodos. El primer período es la transición del programa Mare Nostrum a Triton, en el cual se comete asesinato directo, dejando morir por omisión -lo calificamos así-, a miles de personas a las que podían salvar y rechazaron hacerlo. 

La segunda parte son estos crímenes cometidos por Libia por aliados de la Unión Europea en los campos de detención. Los miembros de la UE se volvieron cómplices o coperpetradores. En ellos, como han denunciado muchos documentos de ONG, de la UE o de la ONU, hay tortura, asesinatos, violaciones sistemáticas, detenciones arbitrarias y muchos crímenes más.

¿Por qué consideran que el paso de la operación liderada por Italia Mare Nostrum, que salvó miles de vidas, a Tritón fue clave y es una de las pruebas que aportan para acusar a la UE?

Demostramos cómo los dirigentes de la Unión Europea eran perfectamente conscientes, antes de hacerlo, de que iba a provocar un auge inmenso de las muertes en el Mediterráneo. Lo decidieron de manera consciente porque consideraban que era prioritario poner fin a estos tránsitos migratorios aunque esto provocara miles de muertos. Lo hicieron justamente para adaptarse a una decisión del Tribunal de Estrasburgo, el caso 'Hirsi', que prohibía volver a llevar a territorios que no eran seguros a las personas rescatadas. Entonces, a partir de ahí, la Unión Europea decidió dejarlos en alta mar para no tener que acogerlos en sus países.

Esa fue la primera razón. La segunda fue simplemente disuadir a estas personas, pero no se puede usar la muerte para ello. Es el límite que marca el Derecho internacional penal. Se pueden llevar a cabo políticas migratorias más restrictivas o más abiertas según los intereses políticos de cada sociedad, pero un límite es el hecho de causar de manera consciente y voluntaria la muerte de miles de personas. Sea cual sea la opinión sobre las cuestiones migratorias, es un acto criminal no en el sentido moral, sino de la ley.

En el escrito repiten la misma idea, que tenían "conocimiento pleno" de las consecuencias de sus políticas. ¿En qué se basan para hacer esta afirmación?

Nos apoyamos en documentos internos, inclusive de Frontex, que demuestran que los dirigentes europeos conocen la situación. Cuando ellos hablan de tragedia, la realidad es que fue una tragedia provocada.

Sin embargo, hay quien ha cuestionado la viabilidad jurídica y el recorrido que puede tener su denuncia ante la Corte Penal Internacional.

A nivel jurídico, no hay duda de que nuestra demanda es muy viable y muy difícil de rechazar. Hemos puesto mucho esfuerzo en que sea así, por eso hemos tardado tanto en hacerla pública. La cuestión es si la Corte tendrá el coraje y la fuerza de enfrentarse a su principal apoyo a nivel internacional y político. Pero esa es una cuestión que no nos incumbe ni es de nuestro interés. 

Nosotros consideramos que debe hacerse justicia cuando hay casos tan graves. La Corte ha juzgado pocos casos y ha llegado en uno de ellos a condenar a un individuo por la muerte de 30 personas [Germain Katanga]. Aquí estamos hablando de 14.000 muertes. Es uno de los casos, de lejos, más graves que la CPI tendría que tratar. No podemos anticiparnos pensando que por razones políticas no abriría una investigación.

Es una investigación muy fácil de llevar a cabo. Hay un acuerdo de cooperación entre la UE y la Corte que la autoriza a investigarla como quiera. Sería suficiente con que los funcionarios de la Corte fueran a las oficinas ministeriales y de la Comisión Europea de París, Bruselas, Roma y Berlín para investigar cuáles fueron las cadenas de responsabilidad que se establecieron. No es ir a investigar en un terreno de guerra, por lo que no hay razón para no hacerlo.

Es decir, se muestra confiado en que la demanda puede seguir adelante. 

Si la Unión Europea considera que es inocente, no debería oponerse a la investigación, que ya está abierta, para demostrar su inocencia. Me parece cada día más viable. La Comisión Europea ya ha reaccionado a través de su portavoz admitiendo los hechos que denunciamos: admitió que la UE cometió "un error" en su política migratoria que ha causado miles de muertos.

La única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros intentamos demostrar, y creo que demostramos, que no fue un error, sino que fue intencionado. Si tienes una crisis con miles de muertos y una institución que reconoce su implicación en esa crisis, lo mínimo es investigar y asegurarse de que no fue voluntaria. ¿De qué sirve la Corte Penal Internacional si no es para hacer este trabajo?

¿Cuál sería el siguiente paso que tendría que dar la Fiscalía? ¿Abrir un examen preliminar?

Pedimos que abra una investigación rápida y vaya a las capitales que he mencionado a interrogar a las personas que han participado en esta política. A partir de ahí, que decida muy rápido si hay que acusar a alguien y a quién de la muerte de estas personas. El examen preliminar tienen que hacerlo sobre nuestro escrito.

Pero a nuestro juicio deberían abrir la investigación inmediatamente. Una vez se establezca que se han cometido actos criminales, hay que ir a buscar a quien los ha cometido. Pero la práctica criminal ya está establecida, ese trabajo ya lo hemos hecho nosotros en nuestra investigación. Desde un punto de vista jurídico debería tardar un par de meses, si tarda más será por razones políticas, en nuestra opinión. Aunque la Fiscalía puede abrir una investigación bajo secreto y no darnos noticias.

En el escenario de que la Fiscalía investigue y pida llevar a determinadas autoridades a juicio en la Corte, ¿qué puede pasar?

La única cuestión por resolver es si estas políticas se decidieron a nivel de jefes de Estado y si Merkel o Macron u Hollande estuvieron implicados. Lo que es seguro es que Merkel fue prevenida de la comisión de crímenes contra la humanidad en Libia, como citamos en el escrito. 

Tres días antes de que se firmara un acuerdo con el Gobierno libio para extender la cooperación sobre cuestión migratoria recibió un telegrama de un diplomático alemán en el que decía que los campos de detención de Libia tenían condiciones de vida similares a las de campos de concentración. Para Merkel será muy difícil negar que sabía lo que pasaba en Libia. Al firmar esos acuerdos de cooperación, se volvía, por lo menos, cómplice de estos actos."                  

(Entrevista a Juan Branco, el abogado que quiere sentar a la UE en la Corte Penal Internacional. Icíar Gutiérrez, eldiario.es, 09/06/19)

Abogados internacionales piden a La Haya que investigue a la UE por crímenes contra la humanidad por su política migratoria. Los juristas sostienen que los Estados miembros son responsables de los crímenes cometidos en Libia y en el Mediterráneo

"La política migratoria de la Unión Europea, al banquillo. Ese es el objetivo del escrito que un grupo de abogados internacionales tiene previsto depositar este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, y en el que aseguran presentar “pruebas que implican a la UE y a funcionarios y representantes de los Estados Miembros en la comisión de crímenes contra la humanidad” al dejar supuestamente en manos de Libia la reducción del flujo migratorio. 

La denuncia se basa en buena medida en declaraciones públicas de los propios agentes y funcionarios de la UE, así como documentos internos de organismos comunitarios, que los juristas aseguran que demuestran la responsabilidad criminal europea “como parte de una política premeditada para contener los flujos migratorios procedentes de África a través de la ruta central del Mediterráneo desde 2014 hasta hoy”.

A lo largo de 242 páginas, dirigidas a la Fiscalía de la Corte con sede en La Haya y a las que ha tenido acceso este diario y otros europeos, denuncian que la UE y los representantes de los Estados miembros “no cometieron personalmente los delitos. Sin embargo, conocían la naturaleza ilegal y criminal de los actos y omisiones que pueden constituir crímenes bajo la jurisdicción de la CPI, y del Estatuto de Roma [su texto fundacional].

 Los concibieron, organizaron y favorecieron su aplicación”. Lo hicieron, según sostienen, “con conocimiento pleno y en tiempo real de sus consecuencias letales”. Los abogados calculan que entre enero de 2014 y julio de 2017, al menos 14.500 migrantes se ahogaron en el Mediterráneo. Entre 2016 y 2018, más de 40.000 personas fueron interceptadas y transferidas a la fuerza a centros de detención y de tortura en Libia.

Preguntada por el marco legal de las operaciones, la Comisión Europea asegura a través de una portavoz: "Todas nuestras acciones se basan en la ley europea e internacional”. "Nuestra prioridad siempre ha sido y seguirá siendo proteger vidas y garantizar un tratamiento digno y humano para las personas en las rutas migratorias”. 

Desde Bruselas aseguran también que el diálogo con las autoridades libias se centra “en el respeto a los derechos humanos para migrantes y refugiados”, así como en la defensa de alternativas a la detención “para poner fin a al detención sistemática y arbitraria de migrantes y refugiados en Libia”.

Aclaran que las operaciones europeas de búsqueda y rescate no pueden acceder a aguas libias y que operan en aguas internacionales. “Sobre esta base trabajamos con los guardacostas libios, para incrementar su capacidad de operar en aguas territoriales libias, donde se produce la mayor parte de las muertes”, añade la portavoz, que clarifica que la formación europea a Libia (a través de la denominada operación Sophia, de carácter militar) se centra en búsqueda y rescate, pero también en el respeto de los derechos humanos.

Para que la denuncia prospere, la fiscalía debe decidir si efectúa un examen preliminar, pero su contenido pone a prueba la independencia de la CPI frente a la Unión Europea, una de sus principales valedoras.

El escrito destaca la cooperación europea con las autoridades libias, que impiden la salida de migrantes de sus costas rumbo a Europa. Los abogados sostienen que a pesar de los crímenes en los centros de detención libios ya investigados en una causa por la Fiscalía del CPI, “la UE continuó su cooperación de forma persistente y eficiente con el consorcio de milicias para contener el flujo migratorio procedente de Libia”. 

“Sin la implicación de la UE y sus Estados miembros, los guardacostas libios no hubieran tenido la capacidad de interceptar migrantes que trataban de huir de Libia y de detenerlos en los campos”, sostiene la denuncia.

 Y “los crímenes contra la población afectada nunca hubieran ocurrido”. Las poblaciones afectadas, añaden, son civiles vulnerables, muchos de ellos niños y mujeres que huían de persecuciones, conflictos armados, tráfico de personas, abusos y malos tratos y que durante el viaje han sido victimas de crímenes.

En su artículo 7, el Estatuto de Roma, texto fundacional de la CPI, considera crímenes contra la humanidad “los cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre ellos, figura “el asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, violación, persecución y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física”.

“La política migratoria comunitaria está centrada en el uso de intermediarios en países en tránsito: Turquía, que evita que los migrantes lleguen a Grecia, o bien Libia, que los contiene para que no crucen el Mediterráneo. La responsabilidad moral y política por lo que ocurre en los campos de reclusión libios parece evidente. 

Hay datos que confirman que allí hay abusos. La responsabilidad jurídica es más difícil de establecer. Los Estados miembros de la UE prestan apoyo y fondos para no tener que tocar o transportar en barcos europeos a nadie. Entonces sí estarían obligados a ocuparse de ellos y no devolverlos”, dice Philippe de Bruycker, experto en inmigración, asilo y libre movimiento de ciudadanos europeos, de la Universidad Libre de Bruselas.

En cuanto a la interceptación de embarcaciones en el mar por parte de guardacostas libios, los abogados aseguran que “la participación activa de unidades militares de la UE proporciona información clave como la localización de los barcos en peligro o da órdenes a los guardacostas libios en conexión con la interceptación y la devolución de los barcos, y proporciona apoyo material a las fuerzas libias”. Denuncian la “naturaleza violenta” de los abordajes, así como “maniatar, pegar y apuntar a punta de pistola, así como retirar los motores de los barcos y confiscar la propiedad de los migrantes a bordo”.

Bruselas ha tenido conocimiento de los crímenes cometidos en los centros de detención libios y ofrece apoyo económico y logístico a las dos organizaciones que tienen cierto acceso y capacidad para promover una mejora de las condiciones: Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones. En la práctica, estas dos agencias de la ONU solo pueden entrar en algunos de los centros de internamiento, por lo que los abusos que se den en los otros -y que han sido documentados con imágenes- quedan impunes. El dinero europeo se emplea fundamentalmente para fomentar los retornos voluntarios de esos migrantes a sus lugares de origen.

En el escrito, los abogados no identifican a potenciales responsables con nombre y apellido, porque interpretan que corresponde a la Corte en el marco de su investigación existente sobre los crímenes en Libia o de otra que abra hacerlo. Argumentan que la UE, a través de sus instituciones y en particular Frontex (la agencia europea de fronteras) diseñó y aplicó su política migratoria por encargo de los países miembros y consideran que la responsabilidad se extiende, por tanto, a los altos funcionarios y políticos implicados en la toma de decisiones de la organización: “Utilizaron sus capacidades legislativas, administrativas y militares para crear las condiciones para la implementación de las políticas y la comisión de los crímenes”.

Libia no es miembro de la Corte Penal, pero la fiscal jefe, Fatou Bensouda, investiga desde hace ocho años la situación en el país a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU. En 2017, ella indicó ante la propia organización que Libia “corre el riesgo de caer de nuevo en un conflicto que agravará el clima de impunidad", y que su oficina "sigue recogiendo información sobre graves y cuantiosos crímenes supuestamente cometidos contra migrantes intentando cruzar el país". 

 "Asesinatos, violaciones y torturas son presuntamente habituales. Informes fiables indican que Libia se ha convertido en un mercado de tráfico de seres humanos. La situación es terrible e inaceptable. Tenemos que actuar”, dijo. En funciones desde 2002, la CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

“Las evidencias están ahí y además, ya hay una investigación de la Corte en marcha. Es un caso de libro en el que la fiscal solo tiene que determinar el grado de responsabilidad. El problema es que políticamente, la UE es la última frontera de la CPI”, sostiene, sin embargo, Omer Shatz, docente de derecho internacional de la universidad Science Po de París y uno de los autores de la denuncia, en la que han trabajado durante dos años. 

Shatz es miembro de la organización de juristas Global Legal Action Network con sede en Londres y ha llevado casos a la Corte de Estrasburgo contra Grecia por la “criminalización” de ONG que rescatan migrantes en el Mediterráneo. Firma también la comunicación el abogado francés Juan Branco, que trabajó en la CPI y defendió al cofundador de Wikileaks, Julian Assange.

Adriaan Schout, experto en la Unión Europea del Instituto holandés Clingendael de Relaciones Internacionales duda de la viabilidad jurídica de la denuncia. “La UE presta ayuda a Libia para aliviar la vigilancia y control de sus fronteras, pero no me parece que pueda ser denunciada penalmente por ello como institución. 

La protección fronteriza propia depende de cada Estado miembro, que tiene derecho a ello. Otra cosa es que una vez el migrante entra en un país comunitario, sus autoridades deban aplicar los acuerdos internacionales sobre asistencia y protección. Si no lo hacen, entonces ahí podrían ser objeto de denuncia”.

Cuando el conflicto es en aguas europeas, los Estados sí tienen la obligación de atender a quienes necesitan auxilio. Cuando los Estados se han negado inicialmente a abrir sus puertos a los barcos con migrantes rescatados (Italia y Malta lo han hecho en el último año), la Comisión Europea ha propiciado mecanismos que permitieran los desembarcos en un país comunitario. Finalmente se logró una solución ad hoc para los casos conflictivos, pero sin sancionar las negativas previas. 

Fuera de las aguas territoriales, es también evidente la obligación legal en situación de naufragio o en las llamadas de búsqueda y rescate, según establecen los convenios internacionales. No así, en aguas territoriales libias, como recuerda Camino Mortera-Martínez, experta legal del Center for European Reform. “Lo que intenta la UE es que no lleguen a aguas internacionales porque ahí estarían obligados a la búsqueda y rescate. En las aguas libias es Libia quien tiene la responsabilidad”.

Mortera-Martínez explica que la UE no puede devolver a personas a países que no son seguros, porque estaría violando el derecho de asilo y de no devolución. “Pero si en lugar de enviar a la gente a Libia, es la guardia libia la que hace ese trabajo por ti, tú no estás participando. La UE quiere cumplir su objetivo de que las llegadas sean las menores posibles y a la vez externalizar el proceso para evitar problemas legales”.

 Preguntada en general por un posible proceso contra la UE, Mortera-Martínez explica que “la UE no tiene competencias exclusivas como entidad en temas migratorios, son los Estados miembros”. Esto podría cambiar, advierte, con los nuevos efectivos europeos de Frontex. “En general, no le auguro mucho éxito a este tipo de acciones en los tribunales”, añade."                     (Ana Carbajosa , Isabel Ferrer , Lucía Abellán , El País, 03/06/19) 

El conductor, italiano de origen senegalés, de un autobús con 51 estudiantes a bordo le prende fuego en Milán... “¡Se acabó! ¡Tienen que terminar las muertes en el Mediterráneo!”, se desgañitaba mientras el autobús iba dando bandazos por la autovía...

"¡De aquí no sale vivo nadie!”. Sy Ousseynou, un senegalés de 47 años nacionalizado italiano que llevaba desde 2004 trabajando como conductor de un autobús escolar, decidió que iba a matar a los 51 alumnos de secundaria que trasladaba a bordo del vehículo en San Donato Milanese, una población a nueve kilómetros al sureste de Milán.

 Primero los ató con cables de teléfono y, acto seguido, sacó de debajo de uno de los asientos un bidón de gasolina y roció algunas butacas.

Italia estuvo ayer a punto de asistir a una masacre histórica. El mismo día en que el ministro del Interior y vicepresidente, Matteo Salvini, evitaba ser juzgado por secuestro de personas —por no dejar bajar de un barco a 150 migrantes en el puerto de Catania el pasado agosto— y que el Gobierno confiscaba la nave de una ONG que acababa de rescatar a 49 personas en el mar, a Sy Ouseynou se le cruzaron los cables: “¡Se acabó! ¡Tienen que terminar las muertes en el Mediterráneo!”, se desgañitaba mientras el autobús iba dando bandazos por la autovía.

El conductor debía trasladar a los alumnos, pertenecientes a dos clases distintas de la escuela media Vailati di Crema, a un gimnasio. Pero en un momento del recorrido, cambió de rumbo, comenzó a gritar y mostró una lata de gasolina y un encendedor y afirmó que, en realidad, pensaba llevarlos al aeropuerto. En el vehículo viajaban también tres adultos que acompañaban al grupo escolar.

En pleno recorrido logró que los monitores que viajaban en el autobús les quitasen los teléfonos a los chicos. Pero uno de los alumnos logró alcanzar un dispositivo que había caído al suelo, según él mismo contó a La Repubblica, y avisó a los carabinieri, que lograron rescatarles antes de que las llamas cubrieran por completo el autobús. Al poco tiempo, los agentes lo alcanzaron y trataron de bloquearlo. 

El conductor esquivó la primera barrera, pero perdió el control del vehículo, que terminó chocando contra los guardarraíles. Luego, los agentes rompieron los cristales de las ventanas traseras del autobús, por donde escaparon los niños. Las imágenes grabadas por los testigos muestran a los chicos corriendo por el arcén de la autopista mientras el autobús estalla en llamas.

Ninguno de los jóvenes resultó herido de gravedad, pero 12 tuvieron que ser trasladados al hospital con un principio de intoxicación y leves quemaduras. El conductor, que también ha resultado herido leve y ha sido detenido, tiene antecedentes penales por conducir en estado de embriaguez y abusos a menores.

La empresa propietaria del vehículo ha afirmado que el conductor lleva en su nómina 15 años y que nunca habían recibido quejas sobre su comportamiento. Tampoco sospecharon que pudiera tener algún tipo de problema mental y desconocían sus antecedentes penales.

La Fiscalía de Milán investiga los hechos y trabaja sobre las acusaciones de atentado, incendio y resistencia. Pero no excluye la posibilidad de que pueda tratarse de un atentado terrorista. De hecho, el caso también lo investiga Alberto Nobili, jefe del departamento antiterrorismo de Milán. 

“Ha sido un milagro, podía haber sido una matanza, los carabinieri han estado fantásticos bloqueando el autobús y liberando a todos los niños”, señaló el fiscal de Milán, Francesco Greco.

Matteo Salvini aprovechó el suceso para desplegar su agenda electoral y ya ha anunciado que se retirará la ciudadanía al detenido."                     (Daniel Verdú, El País, 20/03/19)

"En Libia, cada noche violaban delante de nosotros a quien iban a matar"

"Elvis vivió durante un año y medio encerrado en un búnker oscuro del que no podía escapar. Cada día, cada hora y cada minuto sobrevivía sumido en sus pensamientos para evitar concentrarse en el exterior. 

Despertarse a gritos, llamar a su madre para explicarle, entre sollozos de dolor, que ha sido capturado mientras su secuestrador le golpea con su rifle en la misma zona de su cuerpo que la tarde anterior. 

Escuchar a su madre llorar, pidiéndole perdón por no tener dinero suficiente para pagar lo exigido y acabar con el sufrimiento de su hijo. Esta es solo una pequeña parte de ese "infierno libio" descrito por cada migrante rescatado en el Mediterráneo.

Esta es la Libia a la que la Unión Europea apuesta por devolver a quienes tratan de llegar a Italia arriesgando su vida en el mar, a través del traspaso de las labores de rescate ejercidas hasta ahora por la Guardia Costera italiana y las ONG a una supuesta guardia costera libia.

Dos grandes cicatrices inflamadas le recuerdan los golpes diarios de las milicias que lo mantenían en cautiverio. El dolor más profundo, detalla, no venía de las armas con las que dejaban en carne viva su hombro y su cabeza. 

El mayor sufrimiento procedía de la voz que le obligaban a escuchar cada día al otro lado del teléfono: "Mi madre lloraba pero no tenía dinero. No podía hacer nada pero oía mis gritos. Me forzaban a llamarla", relata Tagnabou Elvis a bordo del Open Arms.

"Los criminales libios lo hacían cada día, excepto cuando se cansaban de pegar. Como nos golpeaban tanto, había días que estaban agotados y se hartaban de pegarnos", normaliza el joven de Burkina Faso.

No recuerda el número de asesinatos presenciados. "Cada día uno debía morir", sentencia Elvis con entereza. Cuando llegaba la noche al búnker sin ventanas en el que eran hacinadas decenas de personas, "si te llamaban, era mala señal", continúa. "Decían 'ven, ven' y disparaban. Yo vi como mataron a mi amigo. Cuando estás en esa situación, solo dios puede ayudarte, lamenta.

A las llamadas forzadas, las lesiones y el sentimiento de culpa se añadía el ritual de cada día. "Antes de matarles, los violaban delante de nosotros. Les bajaban los pantalones y después los asesinaban", dice tras ser preguntado por posibles casos de explotación sexual. Ninguno de sus compañeros agredidos sexualmente sobrevivió: "Si te violaban debías morir", dice Elvis en el barco español por el que fue rescatado tras su huida de Libia.

En su caso, solo había hombres en la habitación donde él permanecía encerrado.

"Cada día asesinaban a uno delante de nosotros. Antes solían violarle. Todas las semanas traían a gente nueva. Mataban, dejaban hueco, para encerrar a otras personas capturadas", añade el joven burkinés.

Las quemaduras de cigarrillo, las breves descargas eléctricas, los cortes con cuchillos o pellizcos con tenazas son otros de los métodos de tortura a los que se refieren muchas de las personas rescatadas por el Open Arms que atracarán este miércoles en Barcelona. Las mujeres y los hombres muestran señales que su paso por los calabozos libios ha dejado en su cuerpo. 

Algunas de estas provocadas tras las devoluciones realizadas por la supuesta guardia costera libia.

Elvis logró escapar del cautiverio que le mantuvo encerrado durante la mayor parte de su paso por Libia. "El carcelero se emborrachó y se dejó la llave puesta. Huimos todos. Me acuerdo de correr mucho, me quedé solo. Eran las cinco de la mañana. Entonces encontré a la persona que más me ha ayudado, mi padre en Libia", recuerda el burkinés. Se trataba de un hombre libio que, junto a su familia, lo acogió en su casa.

 "Durante un mes, me curó las heridas con agua caliente. Hasta que se frenó la hemorragia", apunta Elvis, quien le contó su necesidad de escapar de Libia. Hasta que la familia debía irse a vivir a Egipto. "Me dejaban su casa de libia para que viviese allí, pero tenía mucho miedo de que volviesen a capturarme las milicias. Al final, él me pagó el viaje a Europa", asegura el joven. Dos semanas después, viajaba sobre una barca neumática con 60 personas a bordo.

Tras siete horas de travesía, observaron a lo lejos un gran barco. Pensaban que se trataba de una patrullera libia. "Sigamos, sigamos", dije a mis compañeros. "Habíamos hablado que si venían los agentes libios a devolvernos nos íbamos a tirar al agua", sentencia. "Es demasiado Libia".

No era una patrullera libia. Era el barco español de Open Arms que este miércoles los desembarca en un puerto seguro. "Si hubiese sido un barco de Libia el que nos hubiese encontrado, todos nosotros estaríamos muertos. Lo habíamos acordado", concluye el burkinés horas antes de tocar por fin suelo europeo."                    (Entrevista a Tagnabou Elvis, Gabriela Sánchez, eldiario.es, 04/07/18)