Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales. Miles de fichas e informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, avales y salvoconductos, dan testimonio del grado de implicación de una parte importante de la población en ese sistema de terror... Hubo cientos de miles de personas que habían luchado en el bando vencedor, que aceptaron la legitimidad la dictadura, que adoraban a Franco por ofrecerles "paz y tranquilidad"... y unos empleos a los que jamás habrían accedido... se llama el franquismo sociológico

Julián Casanova @CasanovaHistory

1 de abril de 1939. Los odios, las venganzas y el rencor alimentaron el afán de rapiña sobre los miles de puestos que los asesinados y represaliados habían dejado libres en la administración del Estado, en los ayuntamientos e instituciones provinciales y locales.

Miles de fichas e informes de las fuerzas de seguridad, de los clérigos, de los falangistas, avales y salvoconductos, dan testimonio del grado de implicación de una parte importante de la población en ese sistema de terror.

Hubo cientos de miles de personas que habían luchado en el bando vencedor, que aceptaron la legitimidad la dictadura, que adoraban a Franco por ofrecerles "paz y tranquilidad". Sin esa participación ciudadana, el terror hubiera quedado reducido a fuerza y coerción.

6:10 p. m. · 1 abr. 2023 9.545 Reproducciones

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La purga del franquismo contra la enseñanza: más de medio millón de expedientes de depuración

 "El laberinto de los archivos, la ausencia de una ley que los regule y la dispersión de muchos documentos dificulta muchas veces el acceso a los registros por parte del ciudadano común. 

Así nació la asociación Innovación y Derechos Humanos (IHR World) hace cuatro años, con el propósito de facilitar la divulgación de archivos y documentos a través de una página web que contiene 485.136 registros de causas militares, conocidas popularmente como consejos de guerra, de los Tribunales Territoriales Militares de Madrid, Castellón, Albacete, Alicante, Valencia, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, León y Zamora. También tiene 137.898 registros de soldados trabajadores y soldados escolta de batallones disciplinarios, los llamados esclavos de Franco.

Ahora a ese gran contenido se suman los 564.269 expedientes de depuración abiertos a profesionales vinculados a la enseñanza que fueron apartados de su cargo de forma fulminante por las tropas que impulsaron el golpe de Estado, a medida que avanzaban posiciones durante la Guerra Civil y especialmente en la posguerra. 

Son expedientes referidos a maestros y maestras de enseñanza primaria y secundaria, también de la Escuela Normal –lo que hoy sería Magisterio–, pero también profesores que ejercían en universidades, en las Escuelas de Ingeniería y Arquitectura, en las Escuelas Taller o de Comercio, entre otras. También están incluidos ayudantes, auxiliares, administrativos, y "cualquier persona vinculada a la enseñanza a quien alcanzó la depuración, se apartó de su cargo y se incoó un expediente". 

 Con este conjunto de datos la página web de Innovación y Derechos Humanos alcanza 1.284.597 registros que pueden buscarse por nombre y apellido. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a estos expedientes de depuración", explica Concha Catalán, integrante de IHR World, en conversación con elDiario.es. "La base de datos es un gran trabajo que elaboró durante años el Archivo Central de Educación, aunque actualmente esos expedientes están en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares", explica.

Este nuevo volcado de datos permitirá a cualquier persona interesada en indagar en la historia de un familiar introducir el nombre del mismo y averiguar en qué archivo del país se encuentra su expediente. "Nunca hasta ahora había sido tan accesible la referencia a los expedientes de depuración de los profesionales de la educación", afirma Catalán.

Además de los expedientes en sí, han hecho uso de información recogida en libros e investigaciones, como Maestros de la República, los otros santos, los otros mártires, de Maria Antonia Iglesias, la tesis doctoral La escuela y el Estado Nuevo. La depuración del magisterio nacional (1936-1943) de Francisco Morente Valero o la de Jesús Manuel García Díaz, La depuración del Magisterio nacional en A Coruña, de 2017.

La represión contra los profesionales de la enseñanza

Los profesionales de la enseñanza fueron duramente castigados por el franquismo. La Constitución de la República de 1931 establecía los principios de una enseñanza pública, gratuita, laica, mixta y obligatoria. Decretos posteriores contemplaron el proyecto de creación de miles de escuelas, y los maestros y maestras recibieron una formación por primera vez de carácter universitario. Fueron formados en el espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, dedicaron tiempo y estudio a la pedagogía.

Como relatan numerosos investigadores, la represión franquista supuso la pérdida de un colectivo de enseñanza muy preparado, con ideas modernas y avanzadas, que fue sustituido por integrantes del clero y profesorado en muchos casos de baja calidad, según se relata, por ejemplo, en el libro Muerte y represión en el Magisterio de Castilla y León, coordinado por los profesores de Historia Enrique Berzal y Javier Rodríguez.

En toda España el golpismo consideró a los profesionales de la enseñanza responsables de haber inoculado en la sociedad "el virus republicano". El proceso de depuración pretendía acabar de raíz con ello y practicar un castigo ejemplarizante a los intelectuales. Varios investigadores señalan que unos 60.000 profesores fueron depurados, "pero esa cifra se refiere a profesionales de un nivel determinado, por lo que la cifra sería mayor", señala Concha Catalán.

 Parte de los maestros depurados pudieron volver a ejercer su profesión en la educación pública. Pero al menos un tercio fueron sancionados con un castigo mínimo de un año y medio sin sueldo o expulsados de forma definitiva, teniendo que ejercer como profesores particulares o cambiar de profesión. Otros fueron fusilados. Uno de los próximos retos del equipo de IHR World será especificar el número exacto de depurados guiándose por ese más de medio millón de expedientes.

Los franquistas crearon comisiones que examinaban la trayectoria profesional y privada de cada maestro –con sus filiaciones políticas y sindicales incluidas– y establecían si podía regresar o no a la enseñanza. Dichas comisiones estaban formadas por el director de la escuela o instituto, un inspector, dos vocales y un representante de la asociación de padres, con "probada moralidad católica" y de "solvencia moral y técnica". Necesitaban además informes favorables de personas públicas, como el alcalde, la Guardia Civil o el cura.

En algunos casos, los expedientes de depuración llegaban después de que la persona castigada hubiera sido fusilada. Así ocurrió, por ejemplo, con Dióscoro Galindo, maestro fusilado con Federico García Lorca, cuyo expediente de depuración llegó días después de su asesinato, a través de una comisión presidida por José María Pemán, en la que se incluyó un testimonio contra él del cura. A pesar de que ya estaba muerto lo suspendieron de empleo y sueldo, pidieron a la familia que desalojara su casa y a él que entregara las llaves y el inventario de la escuela.

En muchos pueblos a las maestras les raparon el pelo y las pasearon por las calles principales antes de enviarlas al destierro. También hubo castigo para los integrantes de las misiones pedagógicas, que durante la II República llevaron a los pueblos aislados de España bibliotecas, aparatos de música, discos y conocimiento. La represión contra los profesores tuvo lugar en la mayoría de las localidades españolas y aún a día de hoy hay maestros desaparecidos en las cunetas.

 Como relata la web de IHR World, "España fue uno de los primeros países europeos en reconocer la importancia de la educación universal" en un momento en el que existía una elevada tasa de analfabetismo de adultos, estimada en un 30%, alcanzando el 60% en algunas provincias y afectando especialmente a las mujeres. Desde 1932 y en solo cuatro años se construyeron 9.991 escuelas nuevas, una cifra que "debe compararse con el total de 11.128 nuevas escuelas abiertas desde 1900 a 1930".

El Gobierno lanzó un programa para seleccionar y formar a siete mil personas con licenciatura sin experiencia docente y se tomaron medidas para mejorar los salarios de los maestros, que obtuvieron el estatuto de funcionarios públicos y vieron su sueldo aumentado en un 15% entre 1931 y 1933.

Con la publicación de este más de medio millón de expedientes con nombres de gente vinculada a la enseñanza depurada, IHR pretende facilitar el acceso a la información para muchas personas que a menudo se ven obligadas a deambular de un archivo a otro, recorriendo cientos de kilómetros, para encontrar pistas sobre sus familiares o para recabar información para sus investigaciones académicas. 

 "Hacemos lo que tendría que estar haciendo el Estado: bases de datos de acceso fácil y público", explica Catalán, periodista y experta en Big Data, una de las fundadoras de la asociación, "junto con un activista de los derechos humanos y un ingeniero informático, clave para el desarrollo de la web". A lo largo de estos cuatro años de andadura ha habido mucha gente que ha encontrado expedientes de sus familiares represaliados a través de esta web.

"Incluso hay quienes ni siquiera sabían que sus familiares habían sido fusilados o juzgados en consejos de guerra. Un hombre entró en nuestra web para buscar a una persona y encontró a seis. Una mujer supo gracias a este proyecto que una tía suya, que nunca hablaba, que siempre gruñía, que estaba amargada, había estado dos años en la cárcel y la habían maltratado", cuenta Catalán.

 "Nos mueve el dolor de la gente por no poder acceder a la historia de vida de sus familiares más inmediatos. Nos escribe gente cada mes dándonos las gracias porque han encontrado a un familiar y pueden recuperar así una parte de la vida de su abuelo, de su tía o de su bisabuelo", indican desde IHR.

"Una mujer supo a través de nuestro registro que su abuelo no había muerto en la batalla del Ebro, como creían. Tras esa batalla había cruzado a Francia y terminó preso en el campo de concentración nazi de Gusen, donde falleció. Le dijimos que tenía la posibilidad de pedir indemnización para su madre, que además tenía Alzheimer; le pusimos en contacto con personas especializadas en esto, que, como nosotros, de forma altruista, se encargan de ayudar a quienes pueden acceder a este tipo de ayudas", relatan.

El equipo de Innovación y Derechos Humanos ha impulsado el proyecto de forma altruista, pero necesitan donaciones para poder mantenerlo y desarrollarlo. "Queremos seguir añadiendo más datos. Tenemos un proyecto sobre los juicios sumarísimos a mujeres, con un análisis detallado de todas las mujeres represaliadas en Catalunya por consejos de guerra. Nuestra intención es seguir con este tipo de proyectos. Tenemos acceso a otras bases de datos que aún no hemos podido integrar", explica Catalán."          (Olga Rodríguez, eldiario.es, 19/12/20)

El franquismo también usó a las compañías de seguros para reprimir y discriminar a los republicanos... las indemnizaciones se pagaban o no en función de los antecedentes políticos de las víctimas.

""El asegurado falleció como consecuencia de su actuación política contraria al Glorioso Movimiento y, por tanto, será discutible que pueda ser calificado de víctima de la guerra y la revolución marxista, a las que se reservan estos beneficios…". 

"Siendo el propósito del legislador, movido de tan altas razones de patriotismo y equidad que huelga enaltecerlas, el de pronunciar el derecho de las familias de los héroes, mártires y víctimas de la guerra y revolución roja al cobro de los capitales asegurados (…) nunca podrá comprenderse entre ellos la pérdida de la vida de los que combatieron el Glorioso Movimiento Nacional".

Afirmaciones como estas se repiten en los miles de informes realizados por los consorcios y las compañías de seguros tras la finalización de la guerra. Daba igual si sus clientes estaban o no al corriente de pago de sus pólizas, las indemnizaciones se pagaban o no en función de los antecedentes políticos de las víctimas.

Esta es la principal conclusión del historiador y experto en el sector asegurador Amadeo Sánchez Ceballos, que acaba de publicar el libro "Los derechos ignorados" (Punto Rojo Libros, 2020). En él recoge la primera investigación sobre el papel que jugaron las compañías de seguros durante la guerra y la postguerra. Sánchez Ceballos ha dedicado cinco años a analizar más de 7.000 pólizas de seguro de vida y de accidentes individuales, así como 17.142 expedientes de siniestros de daños materiales acaecidos en aquellos años.

Del impago a la indemnización ideológica

El golpe de Estado y el inicio de la guerra generó el lógico caos en el sector de los seguros. El alto número de víctimas, la magnitud de los destrozos y la indefinición de los contratos provocó que su primera reacción fuera la de rechazar todas las peticiones. Poco a poco la situación fue cambiando. Los sublevados impusieron su "Justicia al revés" en toda la zona de España que controlaban. Convirtieron en rebeldes a quienes habían respetado la legalidad vigente y exoneraron de toda responsabilidad a aquellos que violaban las leyes que habían jurado defender.

 Los golpistas pasaron a ser gentes de orden mientras que los constitucionalistas fueron considerados revolucionarios y rebeldes. Esta estrategia llegó también al mundo de los seguros, una vez finalizada la guerra, según ha podido documentar Sánchez Ceballos: "Mediante leyes restrictivas y segregacionistas dejaron a grupos de personas fuera de la cobertura del seguro, o bien limitaron las indemnizaciones o bien las demoraron en el tiempo".

Una de las primeras medidas que se propuso por las aseguradoras establecía un recargo del 5% en todas las pólizas con el objetivo de atender "a los combatientes nacionales y demás víctimas de la revolución marxista". Aún así, las compañías seguían teniendo dificultades para pagar y no todos los afectos al Movimiento conseguían cobrar, ya que contaban con cláusulas que excluían de sus pólizas los daños ocasionados en conflictos bélicos. El régimen calculaba que había unas 7.000 familias damnificadas en seguros de daños personales y 18.000 en seguros de daños sobre las cosas "como consecuencia de la feroz persecución de las hordas rojas", con derecho a percibir de las aseguradoras un total de 750 millones de pesetas.

Por ello Franco dispuso, en una ley de mayo de 1940, una serie de iniciativas para garantizar los pagos a los asegurados del ramo de Vida fallecidos como "consecuencia de hechos de la guerra española de liberación, o la ejecución de pena capital, lesiones, homicidios o asesinato derivados de la revolución".

Esa ley oficializó la discriminación. Salvo contadas excepciones, los asegurados que habían sido asesinados por los sublevados fueron excluidos. Si habían desaparecido, a diferencia de lo que ocurría con los franquistas que estaban en la misma situación, no se permitía a sus familias registrarlos como fallecidos. Si sus cadáveres habían sido localizados, se rechazaba la indemnización poniendo en duda las causas de su muerte o achacándola a su participación en la "revolución marxista". 

No ocurría lo mismo con quienes habían sido asesinados en la retaguardia republicana. Los informes de las aseguradoras zanjaban rápidamente la investigación en esos casos. Uno de los muchos ejemplos que aporta el autor es el de José V. P. La compañía Le Phénix abonó la indemnización a su familia dando por hecho que, al ser un "hombre de derechas" y haber aparecido muerto en una carretera, su fallecimiento no podía ser otra cosa que un "asesinato de los rojos".

Las cifras hablan por sí solas

Sánchez Ceballos ha documentado que, en lo que se refiere a personas aseguradas y asesinadas extrajudiciamente, las compañías indemnizaron a 4.807 víctimas de derechas y a cero víctimas republicanas. Otro tanto ocurrió con los daños materiales. El llamado Consorcio de daños por Motín, creado por orden de Franco en 1941, aceptó indemnizar 4.849 casos de incautación y requisas. Ni uno solo de ellos correspondió a clientes republicanos.

La legislación permitió ignorar todas las expropiaciones permanentes o temporales realizadas por las tropas franquistas durante la guerra. Igualmente, quedaron fuera de cobertura los miles de embargos realizados a raíz de la promulgación de la Ley de Responsabilidades Políticas. Tampoco las tropas ni la aviación franquista provocaron, a ojos de las aseguradoras, daño alguno durante la guerra.

El ejemplo más llamativo que ha encontrado el autor de esta manipulación de la realidad es el del informe sobre los daños provocados en el Palacio de Liria en Madrid. En él se oculta el hecho de que el inmueble, propiedad del duque de Alba, fue víctima las bombas franquistas y se achaca su destrucción a un incendio provocado por "un fuego oculto" relacionado con "el estado revolucionario que Madrid se hallaba". El duque percibió la correspondiente indemnización.

Aunque esta fue la generalidad, hubo algunos casos excepcionales y un tipo de víctima republicana que sí pudo hacer uso de sus pólizas. Las familias de quienes fueron asesinados legalmente, es decir aquellos que habían sido juzgados y condenados a muerte, sí lograron en numerosos casos cobrar parte de las indemnizaciones que se contemplaban en sus seguros. Es el caso de los familiares del padre de la patria andaluza, Blas Infante, que acabaron percibiendo 50.000 pesetas en 1942. Infante había sido fusilado en Sevilla en 1936 en aplicación del Bando de Guerra y recayó sobre él una condena póstuma del Tribunal de Responsabilidades Políticas dictada en 1940.

Sin embargo, también en estos casos de "ejecuciones oficiales" hubo una llamativa discriminación. Este criterio no se aplicó a quienes murieron en el paredón o en el garrote vil a partir del final oficial de la guerra. Y es que, si nos atenemos a la política que se aplicó por los consorcios de seguros, la guerra no terminó el mismo día para todos los españoles. A las familias de los ejecutados, ya en plena dictadura, se les denegaba la indemnización correspondiente alegando que no se había producido durante el conflicto bélico.

 Así les pasó a los familiares del célebre catedrático de Medicina de la Universidad de Valencia, Juan Bautista Peset, fusilado por Franco en mayo de 1941. En cambio, el trato volvió a ser muy diferente cuando la víctima era franquista. Sánchez Ceballos aporta varios ejemplos, entre ellos el de un secretario municipal de un pueblo zamorano que fue abatido por guerrilleros antifascistas en 1940. Su familia cobró la indemnización porque el consorcio resolvió que se había producido por efecto de la guerra.

Esta investigación pionera demuestra que el sector asegurador fue otra herramienta más, la menos conocida hasta ahora, del expolio económico que sufrieron los empresarios y trabajadores republicanos durante y después de la guerra. "El sector de los seguros –concluye Sánchez Ceballos– actuó desde la Ley, sí, pero desde una legalidad ad hoc, hecha por y para los vencedores. Actuó desde la Ley, pero no desde la justicia".                    (Carlos Hernández, 21/06/20)

Franco depuró a 83.000 ferroviarios, un 88% de las plantilla... Los detuvieron juntos, por ser ferroviarios, una profesión que entonces implicaba “presunción de culpabilidad”, “Los que se llevaban nunca volvían, así que cuando fueron a por mi tío, mi padre supo que no lo volvería a ver y mi tío, que lo iban a matar."

"Los detuvieron juntos, por ser ferroviarios, una profesión que entonces implicaba “presunción de culpabilidad”, en palabras del historiador Miguel Muñoz, autor de varios estudios sobre la represión franquista en el sector. Era 1936. Se llevaron a José y a Rafael Machuca a una cárcel improvisada y una noche fueron a buscar a uno de ellos. 

“Los que se llevaban nunca volvían, así que cuando fueron a por mi tío, mi padre supo que no lo volvería a ver y mi tío, que lo iban a matar. Le dijo: ‘No te preocupes que a ti no te harán nada’. Y se supone que tuvo suerte, porque a mi padre solo lo metieron en la cárcel y le impidieron volver a trabajar para siempre en los trenes”, recuerda Juan Machuca, de 86 años.

 “Cuando mi abuela Paulina fue a verles, le dijeron que Rafael ya no estaba allí. La pobre fue a todos los sitios que se le ocurrieron a preguntar por su hijo. Se pasó toda la vida buscándolo. Él tenía entonces 26 años. Hoy seguimos sin saber dónde lo tiraron”.

Machuca era este jueves uno de los más emocionados en el homenaje a los ferroviarios represaliados del franquismo que tuvo lugar en la estación de Atocha. “Siempre pensamos en los maestros, y reconozco que no era consciente de cómo había afectado la represión al mundo ferroviario”, confesó el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que presidió el homenaje. “Habían participado en luchas obreras importantes, eran rebeldes contumaces y por eso el régimen se ensañó con ellos”, añadió.

Las cifras recogidas por el historiador Francisco Polo hablan de casi 83.000 ferroviarios depurados, un 88% de las plantilla. “Hubo un momento en el que tuvieron que dejar de sancionar porque se quedaban sin mano de obra suficiente, sobre todo en puestos especializados como el de maquinista”, explica Muñoz. 

Casi 6.800 fueron sancionados con prisión: de meses a la cadena perpetua. Cerca de un centenar fueron condenados a muerte. Y un número indeterminado fueron fusilados, como el tío de Juan Machuca, sin juicio ni sentencia. En 2011, en Burgos, los técnicos de Aranzadi abrieron una fosa con 59 cuerpos. El oficio de las víctimas hizo que se conociera como “la fosa de los ferroviarios”.

La dictadura llegó a crear una policía específica para hacer informes de los empleados del sector ferroviario y detectar así posibles opositores. “Se infiltraban en las plantillas para espiarles, controlar sus amistades y movimientos y elaboraron unas 120.000 fichas de trabajadores”, añade Muñoz.

A Marina Pita de la Vega, presente en el homenaje a sus 93 años, la apartaron de su puesto en Renfe por el delito de haberse casado. “Entonces las mujeres no tenían techo de cristal, sino de cemento, y cuando se casaban las obligaban a tomarse una excedencia forzosa. Solo podían volver si el marido moría, quedaba incapacitado o había una separación de la que ellas no fueran las culpables”, explicó su hija, Gabriela Cañas. 

En 1983, Marina Pita de la Vega recuperó su plaza. “Fue la democracia, y ese régimen del 78 tan vapuleado ahora el que logró que recuperara su puesto y los derechos perdidos durante el franquismo. Esos últimos cinco años que mi madre pudo trabajar en Renfe fue muy feliz”.

El homenaje quedó inmortalizado con una escultura que desde ahora recuerda en la estación de Atocha a los ferroviarios represaliados por el franquismo. Delante de la figura, que simula las vías del tren, Juan Machuca quiso acordarse sobre todo de dos mujeres: su madre, a la que sus siete hijos ayudaban tratando de alimentarse de aceitunas y mazorcas que encontraban en el campo, y su abuela Paulina, que nunca dejó de buscar a Rafael.

 También quiso aprovechar el micrófono para lanzar un mensaje que venía de una preocupación: “A esos jóvenes aspirantes a políticos, les digo, por favor, que se moderen”.               (Natalia Junquera, El País, 23/11/18)

Represión en todos los niveles: Franco depuró hasta a los barrenderos. Más de 400 empleados de la limpieza en Madrid fueron asesinados, encarcelados o despedidos tras el triunfo franquista

"Eran gente corriente como tú o como yo, simples trabajadores que cada día cogían los cepillos para limpiar las calles de Madrid. Su único delito fue tener conciencia política, estar sindicados y haberse puesto del lado de la legalidad republicana frente al golpe de Estado franquista". Así resume Óscar Rodríguez la triste historia de los barrenderos municipales madrileños represaliados por Franco.

Este voluntario de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha sido el encargado de dirigir una investigación, centrada en ese colectivo olvidado, que se ha prolongado durante algo más de un año. Una investigación singular para la que ha contado también con un equipo muy especial: 12 voluntarios, hombres y mujeres que actualmente trabajan como barrenderos en la capital de España. (...)

La fuente inicial de la investigación fue el periódico El Obrero Municipal, órgano de comunicación de la agrupación de trabajadores municipales de la UGT que aglutinaba, básicamente, al personal de limpieza pública y jardines.

"Se publicó desde 1921 hasta enero del 39 –apunta Óscar Rodríguez–. De ahí sacamos cientos de nombres de barrenderos que luego cruzamos con los sumarios franquistas que se guardan en el Archivo Histórico de la Defensa". El resultado fue estremecedor. 

Al menos 413 barrenderos madrileños fueron depurados por el franquismo. De ellos 11 fueron fusilados, 45 pasaron largas temporadas en prisiones, campos de concentración o realizando trabajos forzados, 11 acabaron en paradero desconocido; el resto fueron despedidos y/o sufrieron otro tipo de represalias laborales y administrativas. 

 

No hubo clemencia 

Detrás de cada barrendero los investigadores han descubierto una historia desoladora. "Vas profundizando, te metes en la piel de la víctima… te conmueves y también te acojonas –confiesa Óscar–. Quizás el caso que más me impactó fue el de Victoriano Sánchez Medina. Este hombre tenía que ser muy querido porque sus vecinos se atrevieron a firmar una carta en la que defendían su inocencia. Más si se tiene en cuenta el momento en que lo hicieron.

Era mayo de 1940, en un Madrid sumido en el terror impuesto por los fascistas. Y aún así firmaron. En esa carta manuscrita puede leerse: "Los abajo firmantes vecinos de la barriada de Bilbao, término de Vicálvaro, certifican y juran por su fe católica… que es persona de muy buenos antecedentes… y que ni antes ni después del movimiento molestó a nadie personalmente ni políticamente". 12 rúbricas rematan la misiva que, sin embargo, no sirvió para nada. Cinco meses después de ser entregada a las autoridades militares, Victoriano fue fusilado.

Leyendo los sumarios y las sentencias de muerte de Victoriano y de los otros diez barrenderos fusilados se entiende perfectamente cómo funcionó la "justicia" franquista. Los testimonios directos exculpatorios eran directamente ignorados. A los acusados ni siquiera se les solía permitir hablar en los consejos de guerra para defenderse de unos cargos basados en suposiciones, difusas pruebas sin contrastar y un profundo odio político hacia quienes habían defendido el régimen democrático republicano.

Con matices, las 11 sentencias de muerte fueron parecidas a la que se dictó contra Francisco Arellano. En ella se puede leer que será ejecutado por "un delito de adhesión a la rebelión con las circunstancias agravantes de perversidad y trascendencia de los hechos…"

 

Barriendo el olvido

Las conclusiones de esta investigación le fueron presentadas, en primer lugar, a los descendientes de las víctimas. Aunque la ARMH no ha logrado localizar a familiares de todos los barrenderos depurados, sí ha encontrado a los hijos y nietos de algunos de ellos. "A todos le hemos entregado la información sobre sus seres queridos –señala Óscar Rodríguez–. 

La familia del barrendero Joaquín Féniz, por ejemplo, sí sabía que había sido fusilado. Sin embargo, nos hemos encontrado con otros casos que pensaban que su abuelo o su tío había muerto en el frente de batalla. Hasta ese punto ha llegado el olvido al que fueron condenados estos hombres". (...)

Esta parte final de su trabajo es la que más marcó a Rafael Sánchez Toribio: "Ver a los familiares de mis compañeros asesinados fue también muy duro porque comprobé lo mal que lo pasaron las viudas y los huérfanos". Rafael recuerda especialmente el caso de Clara y Aurora, esposa e hija de Joaquín Féniz: "Las dos fueron muy luchadoras.

 Clara fue encarcelada en la prisión de mujeres de Ventas y por negarse a gritar ¡Arriba España! la castigaron enviándola al penal de Deusto. Su hija Aurora, cuando fue mayor, saltaba por la noche la tapia del cementerio civil. Como no sabía dónde estaba enterrado su padre, depositaba unas flores en las tumbas de Pablo Iglesias y del teniente Castillo." (...)"           (Carlos Hernández, eldiario.es, 16/11/17)

El alcalde señalaba, los verdugos fusilaban: 80 años de la “depuración franquista” en Sestao

"Amalia Gutiérrez ayudaba a traer criaturas al mundo. Lo hacía en un momento complicado: si los de arriba así lo decidían, los recién nacidos se quedaban sin madre ni padre. Un día, Amalia se quedó sin trabajo, y no precisamente por falta de alumbramientos.

 Ella se desempeñaba como partera municipal en Sestao, un pueblo que en los años 30 estaba lleno de fábricas y de vida. Hasta que llegó la muerte. Ellos, los verdugos, despidieron a Amalia y a otras 100 personas que trabajaban en el ayuntamiento. Diez fueron fusilados. Nadie, jamás, pidió perdón por estos crímenes. Ni en dictadura ni en democracia. Hasta ahora.  (...)

En ese contexto, Público ha tenido acceso a la primera Memoria de gestión municipal de la Corporación franquista, un documento elaborado en mayo de 1939 que describe con pelos y señales cómo se desarrolló la instauración del régimen, incluyendo su salvaje política de “depuraciones” contra la plantilla de trabajadores.

“Integrado el Ayuntamiento de Sestao por personas de arraigado españolismo y firmes creencias religiosas, su actuación política al frente del municipio se ha caracterizado por su íntegra e indudable adhesión a los principios que encarna el Glorioso Movimiento Nacional representado en los 26 puntos del programa de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, e inquebrantable y firme adhesión a nuestro único e indiscutible Caudillo Franco, Jefe del Estado Español y Generalísimo del Glorioso Ejército Nacional”, proclamaba en ese informe el secretario municipal, José Vicario y Calvo.

Estos papeles hoy amarillentos confirman lo que tantas veces se escuchó por las calles y bares del pueblo: nada más acabar con la resistencia democrática, los golpistas aprovecharon su llegada al ayuntamiento de Sestao para vengarse de la “propaganda marxista” y del “dominio rojo-separatista” en esta localidad vizcaína, donde existía un importante movimiento obrero.

“El Ayuntamiento Nacional y muy especialmente sus alcaldes, a quienes primordialmente compete la gestión política municipal, han acomodado su actuación a la legislación del Nuevo Estado Español cumpliendo leyes, decretos, órdenes y circulares y disposiciones de todas clases dictadas con carácter general, en que han ido cristalizando los principios doctrinales y programáticos en que se inspira la nueva España”, puede leerse en otro tramo de la memoria.

De esta manera, la Corporación franquista puso en marcha una “comisión depuradora” que estuvo presidida por el alcalde, Anastasio Cortadi, así como por otros cinco reconocidos ultraderechistas: Mario Clérigo Santamaría –quien posteriormente sería primer edil-, Nicolás Fernández, Pantaleón Bonilla, Simón Ingunza y Federico Abiega. Fueron ellos los encargados de realizar la “purga” administrativa que dejó en la calle a los “desafectos” e incluso dio paso a una serie de fusilamientos.

“Previamente, por Decreto de la Alcaldía de 8 de julio de 1937 se dejó en suspenso a toda clase de empleados, funcionarios y personas que cobrasen haberes del Municipio o de algún modo dependientes de él, ya lo fueran en situación activa o pasiva”, relata la memoria. “En dicho decreto se concedía un plazo que expiraba el día 14 del propio mes para que todas las personas afectadas por el mismo pudieran solicitar su readmisión –añade-. En su virtud, 174 individuos solicitaron su readmisión”. Para muchos de ellos no serviría de nada: sus condenas ya estaban escritas.

Los temores se confirmaron aproximadamente una semana más tarde, el 20 de julio de 1937. Ese día, la comisión depuradora “destituyó definitivamente, sin haber lugar a la formación de expediente”, a quienes “por su colaboración con los rojo-separatistas, por su actuación e ideología política resultaban ser manifiestamente contrarios a cuanto representaba el Glorioso Movimiento Nacional”.

En ese expediente estaban los miembros de la Guardia Municipal Félix Urgel y Bernardino del Rey, quienes posteriormente serían fusilados. Esa misma suerte corrieron los funcionarios Calixto Saiz y Manuel Herrero, así como el bombero Federico Orubeondo, el celador de arbitrios Sebastián Larrea o el sereno Zoilo Rodríguez Ruano. Además, la dictadura destituyó y asesinó al concejal del PNV Jesús Lopategui Vila y al juez de paz y médico Victoriano Martín Soto. Ninguno de ellos pudo defenderse ante los concejales fascistas que dictaron sus “depuraciones”.

Las trabajadoras expulsadas

Según ha podido comprobar Público, entre las 101 personas de la plantilla municipal que fueron destituidas figuraban 21 mujeres. La partera Amalia Gutiérrez, destituida en una sesión que se celebró el 14 de octubre de 1937, fue una de ellas. También se aplicó esa medida contra la mecanógrafa Nieves Cuesta o las maestras Celia Orbea, Pilar Rico e Inés Basurto. Otra educadora “roja-separatista” que se quedó sin trabajo fue Victoria Rúa, profesora de solfeo.

Precisamente, el Ayuntamiento franquista también sospechaba sobre todos y cada uno de los integrantes de la Banda de Música municipal y del grupo de tamborileros, contra los que dictó su “disolución total”. En aquel Sestao franquista y nacional-católico ya no había tiempo para la alegría ni la música. Empezaba así una larga pesadilla, cargada de sufrimientos nunca contados y siempre silenciados."                       (Danilo Albin, Público, 09/11/17)

Javier Gurruchaga: «Mi abuelo pasó de jefe de estación a trabajar de portero en la casa de un fascista»

"Con cuatro años le regalaron un tren eléctrico. Un juguete muy deseado por un niño de una familia modesta de los años cincuenta. Puso las pilas y el tren comenzó a correr por los raíles. A las cuatro horas se paró, y por más que hicieron por repararlo nunca volvió a funcionar. Era un juguete de segunda mano. 

Por aquel entonces, hace 54 años, Javier Gurruchaga ya sabía el esfuerzo que había supuesto a sus padres comprar aquel tren. Era consciente de la realidad que vivía. Intuía que pertenecía a una familia muy humilde. Una familia republicana de ferroviarios que dejaron de serlo a la fuerza.

 En el año 1936, su abuelo, su padre y dos de sus tíos trabajaban en el ferrocarril del Urola hasta que, de golpe, fueron represaliados, despedidos y apresados en campos de trabajo por el régimen franquista. Por 'culpa' de sus ideas, tuvieron que dejar una vida para empezar otra de escasez y de renuncias. (...)

Como a otras, a la familia Gurruchaga la Guerra Civil le cambió la vida. 

-¿Qué recuerdos guarda de ese pasado familiar?

 

-Desde que yo era muy niño, en mi casa se hablaba del ferrocarril. Era algo muy presente en nuestras vidas. Mi abuelo, mis tíos y mi bisabuelo habían sido ferroviarios. En cualquier comida, en cualquier sobremesa los mayores hablaban con mucha pena de aquellos años de represión franquista. 

Con tres o cuatro años entré en las escuelas públicas de Amara, y recuerdo cómo teníamos que levantar el brazo en alto, cantar el 'cara al sol'... había fotos de Franco por todas partes. Tampoco se podía hablar euskera, que era el idioma de mis padres. Estaba mal visto. 

Muchos jóvenes iban a las ikastolas, sí, pero eran los hijos de familias nacionalistas y de cierta posición, como se decía entonces. ¡Y eso que yo tengo los ocho apellidos vascos...! Poco a poco fui descubriendo qué significaba todo aquello. Nosotros llevábamos una vida muy sencilla, aunque la buena comida jamás nos faltó.

-¿A su padre, abuelo y tíos los echaron del ferrocarril del Urola?

 

-Yo diría más bien que los depuraron. Ya sé que suena a lista de régimen totalitario, como el nazi, pero es que así ocurrió. En el certificado que les dieron lo ponía así: 'Depurados'. Y desde el año 1937 al 1941, mi padre y mis tíos estuvieron en un campo de concentración, creo que por la zona de Burgos. 

Cuatro años en un campo de trabajos forzosos. Les quitaron el puesto de trabajo y todos sus derechos. Antes de la guerra civil, la familia de mi padre vivía en la casa de la estación de Zumaia. Entonces los ferroviarios tenían su vivienda en la propia estación. Tenían una buena vida. Pero perdieron la casa, el trabajo... sus sueños.

-Y tuvieron que buscarse una nueva vida.

 

-No les quedó más remedio. Mi abuelo pasó de jefe de estación a trabajar de portero en la casa de un fascista en la calle Prim, sacando brillo a los dorados de las puertas... Y mi padre que trabajaba de factor meritorio en el tren -y después de cuatro años preso-, pasó de manejarse entre letras y números a descargar bidones de aceite industrial en el puerto de Pasajes. 

Mi madre en aquellos años era cocinera por horas y su padre, que era un txistulari muy del PNV, también estuvo en la cárcel. Todo por defender unas ideas y estar en otros bandos... Cuatro miembros de una familia, tan orgullosos de ser ferroviarios y, de repente, nada de nada.

 Gurruchaga no recuerda cuántas veces fue con su padre a la Diputación para ver si «le daban algo» de lo que le correspondía por indemnización. No había manera. «Solo a partir de 1977 empezaron a recibir algo, pero una porquería. Un detallito. 

Bueno, por lo menos algo más que a mis abuelos. Los pobres jamás recibieron nada», relata el cantante, que insiste en que él nunca fue ajeno a una situación tan injusta. «Un ninguneo, una ignorancia total durante cuarenta años a tantas personas. Y ahora por fin llega el homenaje», reconoce.

-¿Le parece que llega tarde este recuerdo?

 

-Nunca es tarde. Mejor tarde que nunca. Pero hoy se celebran 80 años... Ahora están todos muertos, y quizá sí es un poquito tarde. Es una pena que los afectados no lo hayan podido vivir. Por fin se les hace un reconocimiento público. ¡Tela marinera!

 Poco antes de morir mi madre, fui con ella al Museo del Ferrocarril de Azpeitia, y su director nos enseñó un libro con fechas y nombres de los que habían sido trabajadores y otra vez vi la palabra 'depurados'... es terrible. Los puestos de mi padre y mis tíos los fueron ocupando nuevos ferroviarios de otros bandos... Mi padre ahora tendría 102 años. Cuando me llamaron de la Diputación para el homenaje me emocioné de verdad.

Gurruchaga vive a caballo entre Donostia, Madrid y México. Confiesa que siempre ha tenido pasión, incluso obsesión por todo lo relacionado con el tren. Como le ocurría a su padre. Forma parte de su imaginario. Y han sido mucho los guiños que ha hecho a ese mundo a lo largo de su trayectoria. Ahí está la canción 'Viaje con nosotros', un clásico de su repertorio. O 'El maquinista de la general', un tema dedicado a su padre y un homenaje a los trenes, «como vehículo de expresión, de vivencias, de canciones», subraya.

Confiesa que siempre ha tenido «conciencia de clase». Y de pertenecer a una familia de ferroviarios a los que arrebataron su forma de vida. Recuerda a Vicente del Bosque, el exseleccionador de fútbol. «Es que tiene una vida parecía a la mía. 

No soy futbolero, pero me resulta un hombre afable. Coincidimos en un evento y tras un rato de conversación resultó que su padre y otros familiares también ferroviarios y republicanos sufrieron la misma represión que mi familia, aunque en otra zona»."                   (Elisa López, El Diario Vasco, 05/01/17)