"Le llamaban el Schindler mexicano. Gilberto Bosques Saldívar
fue revolucionario, profesor, periodista, diplomático. Y durante la
Segunda Guerra Mundial, el hombre de confianza en Francia del presidente
mexicano, Lázaro Cárdenas. En 1939, España acababa de caer contra los
franquistas, el fascismo de Mussolini y sus camisas negras oscurecían
Italia, y Hitler avanzaba por todo el continente.
Bosques Saldívar llegó
con una misión: ayudar a todos los que huían de ese campo de
concentración en el que se estaba convirtiendo Europa. Y lo hizo: salvó a
más de 40.000 personas, muchas de ellas, españoles republicanos
exiliados que encontraron en México refugio. Este martes la Unesco le ha
homenajeado póstumamente con la entrega del reconocimiento Memoria del
Mundo.
El presidente mexicano, Andrés Manuel López
Obrador, ha sido el encargado de entregar el reconocimiento a la hija de
Bosques Saldívar, Laura Bosques, en el Palacio Nacional. El mandatario
se ha referido al homenajeado como “el mejor diplomático de la historia
de nuestro país, el más humano”. “Se ha conseguido que la Unesco
conserve y se considere como fondo, archivo particular, todo lo
relacionado con don Gilberto Bosques, que tuvo que ver mucho con salvar
vidas de perseguidos, exiliados, no solo españoles, sino de todo el
mundo; un hombre verdaderamente ejemplar”, ha añadido, en un video
difundido en su canal oficial.
La hija del diplomático, Laura Bosques, ha agradecido con
visible emoción el reconocimiento. “Él siempre dijo, no fui yo, fue
México”, ha dicho en recuerdo de su padre. Bosques Saldívar llegó a
París en 1939, pero tras la toma de la capital francesa por los nazis en
junio de 1940 se trasladó a Marsella, al sur del país. Allí, gracias a
sus privilegios como cónsul, inició una especie de oficina jurídica con
abogados españoles y franceses que salvó la vida de más de 40.000 personas,
según estimaciones de la época. Exiliados españoles, pero también
judíos que huían de Hitler, perseguidos políticos y gente de a pie que
escapa de los horrores del nazismo. “Si hubiera habido más barcos,
hubiera venido mucha más gente”, ha sostenido Laura Bosques durante la
entrega.
Sin embargo, es recordado sobre todo por su
enorme ayuda a los exiliados españoles. Más de 25.000 llegaron a México
después de la Guerra Civil, de acuerdo con la ONU. La mayoría, gracias a
los visados que emitió Bosques Saldívar. Muchos, después del triunfo de
Franco, cruzaron la frontera y buscaron refugio en Francia, donde
fueron recibidos con más pobreza en campos de concentración. El
hacinamiento en estos campamentos era tan grande que el diplomático
mexicano llegó a utilizar dos castillos en los alrededores de Marsella,
Reynard y Montgrand, para poder alojar a 1.350 personas más. El cónsul
incluso rescató del campo de concentración de Vernet al escritor Max Aub, que luego narró en varios libros sus experiencias como refugiado durante la guerra.
Bosques Saldívar regresó a México con el final de la Segunda
Guerra Mundial, no sin antes pasar más de un año apresado en Alemania
junto a su esposa, María Luis Manjarrez, y sus tres hijos Gilberto,
Laura y Teresa. La historia todavía le tenía reservada otro rol
importante a jugar: fue embajador en Cuba, y facilitó los visados de
entrada a México para Raúl y Fidel Castro, que diseñaron durante su
estancia en el país la Revolución que dirigieron en la isla en 1959.
Su
espíritu humanista y revolucionario encontró primero su lugar en la
Revolución Mexicana en 1910, donde jugó un papel importante. Años más
tarde, en 1917, se convirtió en uno de los políticos que redactó la
Constitución que todavía rige México. Recibió el apodo del Schindler mexicano, aunque hay quien dice que tendría que ser al revés, que Schindler debería ser recordado como el Bosques alemán:
el mexicano ayudó a más de 40.000 personas, Schindler salvó a más de un
millar de judíos. Falleció en 1995, con 103 años, después de una vida
que dejó sus huellas en la historia. Casi dos décadas después, los
homenajes continúan." (Alejandro Santos Cid, El País, 31/08/22)
“Sí, lo reconozco”. Así anunció la periodista Lydia Cacho la detención
del empresario Kamel Nacif Borge en Líbano, país al que el hombre había
huido desde que hace dos años la Justicia mexicana emitiera una orden de busca y captura por su vinculación con los delitos de detención ilegal y tortura contra
la cronista en 2005. Nacif, un poderoso empresario del sector textil,
aparece en el centro de la trama de explotación sexual infantil que
destapó Cacho en su libro Los Demonios del Edén.
“Testificando ante las autoridades libanesas por el arresto de Kamel
Nacif Borge. El empresario tratante de niñas que orquestó mi tortura,
compró niñas pequeñas para prostituirlas, lavó dinero y evadió al fisco
en los Estados Unidos”, anunció la periodista el jueves por la noche a través de su cuenta de Twitter. Las
autoridades libanesas han retirado el pasaporte a Nacif y se encuentra
en libertad bajo fianza, según la información de la propia Cacho, que
también ha anunciado que viajará a Líbano para la próxima audiencia, el
15 junio, para “demostrar cómo un empresario vinculado a las más altas
esferas del poder mexicano se convierte en tratante de niñas y de
adultas en la explotación laboral. Lavador de dinero, operador del
Senado Mexicano”.
El juicio abierto contra Nacif se suma a la detención y encarcelamiento del exgobernador de Puebla Mario Marín en
febrero de este año. Marín está acusado de ordenar las torturas y la
detención ilegal de la periodista. El juicio contra el exgobernador es
el primer caso de un alto cargo del Gobierno que es llevado ante los
tribunales por un delito de tortura relacionado con la libertad de
expresión de un periodista.
En su denuncia, Cacho apuntó a
una red de explotación sexual de niñas y niños de entre cuatro y 14
años de edad a cargo de los empresarios Jean Succar Kuri y el propio
Nacif. Lydia Cacho fue detenida arbitrariamente por un grupo de policías
el 16 de diciembre de 2005 en Cancún (Quintana Roo) y trasladada en
vehículo hasta la ciudad de Puebla. En el trayecto fue torturada y
acusada de difamación por la Fiscalía de Puebla. La acción fue ordenada
por el entonces gobernador Marín.
Su relación con los
empresarios señalados fue destapada en flagrancia tras la publicación de
una grabación en 2006 en la que el exgobernador le garantizaba
impunidad a Nacif. Fue nada más comenzar su mandato. Nacif le agradecía
que hubiese detenido a la periodista que le acusaba de participar en una
red de explotación sexual infantil. Marín le aseguró al empresario que Cacho recibió “un pinche coscorrón”, no sin antes pedirle a su amigo “dos botellas de coñac” a cambio del favor y asegur que en Puebla “se respeta la ley”.
La
grabación fue un gran escándalo político de México, pero sin
consecuencias legales hasta pasados casi 15 años. La grabación fue uno
de los fundamentos para que un tribunal de Quintan Roo emitiera en 2019
órdenes de aprehensión en contra Mario Marín, Kamel Nacif y el
exdirector de la entonces Policía Judicial del estado de Puebla, Hugo
Adolfo Karam Beltrán. Años antes, y ante multitud de más denuncias por
acoso y amenazas de muerte, Cacho se vió obligada a salir de México y
refugiarse en el extranjero, desde donde continuó insistiendo en el
farragoso proceso judicial." (David marcial Pérez, El País, 14/05/21)
"En una carpeta de cartulina amarilla, la señora Martha
Castillo guardaba este lunes siete carteles de papel duro. En cada
cartel aparecía una cara distinta, unos rasgos, unos recuerdos. Son
Manuel, Yaneth, Javier, Arturo, Rogelio, Adriana y Sergio. Son sus hijos
y nietos. Todos desaparecieron entre 2013 y 2014 en Tamaulipas y la
señora Castillo trata de saber qué fue de ellos.
La toma de la CNDH es pues simbólica, no una queja dirigida a
la institución, sino una llamada de atención, una muestra de hartazgo.
De hecho, el grupo de Martha Castillo y Maria Icela Valdez mantienen a
la vez un plantón en el hall de la CEAV. “Yo solo quiero que me ayuden a
saber qué pasó con mi familia”, decía este lunes la señora Castillo.
Su
hijo Manuel desapareció en febrero en 2013 en Reynosa, en la frontera
entre Tamaulipas y Texas. “Se lo llevaron policías estatales de un
antro”, explicaba la mujer. Manuel tenía 19 años cuando sucedió. En
noviembre del año siguiente desaparecieron los otros seis. Yaneth, su
hija, Arturo, Javier y Rogelio, sus hijos, y Sergio Adriana, hijos de
Yaneth y nietos suyos.
Hipertensa, este lunes la señora
se sofocó a media tarde y tuvo que subir a una ambulancia estacionada
junto a la CNDH. Maribel Medina, una de sus compañeras, terminó de
explicar su historia. “A los seis se los llevaron de la casa de la hija
-Yaneth-. Los trabajadores de un taller que había enfrente dicen que
llegaron camionetas con gente armada y se llevaron, primero a Yaneth, un
hermano suyo y sus hijos. Los otros dos hermanos de Yaneth habían
salido por unas medicinas y cuando volvieron se encontraron todo el
revoltijo. Ese mismo día más tarde, las camionetas volvieron y… se los
llevaron también”.
Martha Castillo se arruinó. Los que se
llevaron a los seis pidieron rescate y ella vendió lo que tenía y les
pagó dos millones de pesos. Pero no aparecieron. Acudió a la fiscalía
local, pero le metieron miedo. Le dijeron que “ya no los iba a
encontrar, que ya estaban muertos”. Y no insistió. Luego conoció a
Maribel y las demás compañeras y se agarró de ellas para tratar de
encontrar justicia." (Pablo Ferri, El País, 08/09/20)
"Ta, ta, ta, ta, ta, ta". María imita el estruendo de
los disparos. Aún se recuerda tumbada en el suelo. A quemarropa. A
plena luz del día. A un costado del Palacio de Gobierno. En el primer
cuadro de la ciudad.
Así fue el tiroteo que replica María, el del pasado
miércoles en Cuernavaca, en el Estado mexicano de Morelos, que dejó dos
muertos, dos heridos y una huella indeleble por el sello crudo y
temerario del ataque. "Ta, ta, ta", repite esta vendedora de 39 años,
con un negocio muy cerca de donde sucedió el crimen. "Ta, ta, ta". Aún
escucha las balas. "Ta, ta, ta". Aún tiene miedo.
Es por temor que esta mujer pide que se omita su
nombre real y es por rabia que, menos de 24 horas después de los hechos,
muchos de los testigos de la masacre quieren alzar la voz. Para dar
cuenta de una violencia que se ha vuelto cotidiana, para dejar claro que
la inseguridad nunca había sido tan insolente y para buscar recuperar
una tranquilidad que se perdió hace ya más de 10 años, desde que la
llamada guerra contra el narcotráfico desató una crisis de violencia que
aún azota a gran parte de México.
Al supuesto sicario, detenido minutos
después del tiroteo, le prometieron 5.000 pesos (menos de 250 dólares)
por cometer el asesinato, según unos mensajes de texto filtrados por la
Fiscalía. 5.000 pesos para matar a dos personas, sin un aparente plan de
fuga y con una pistola calibre nueve milímetros que había sido
confiscada por las autoridades estatales hace dos años, según fuentes
policiales.
"Vamos a llegar a las últimas consecuencias, no
podemos permitir que pase algo como esto, no lo podemos permitir más",
declaró el miércoles pasado Cuauhtémoc Blanco, el gobernador. Blanco, un
conocido exfutbolista y exalcalde de Cuernavaca (2016-2018), capitalizó
el hartazgo de la ciudadanía y ganó las elecciones de julio pasado con
más de 38 puntos de ventaja sobre el segundo lugar. Pero la paciencia de
muchos morelenses se agota lentamente.
Durante los primeros seis meses
de su Gobierno se han iniciado 423 carpetas de investigación por
homicidio doloso, 94 casos más que en los seis meses previos. En el
resto del país, los asesinatos han vuelto a batir récords históricos con
8.493 casos el primer trimestre del año, casi un 10% que el mismo
periodo de 2018.
"Siento mucho dolor e indignación, pero
desgraciadamente estos eventos son el pan nuestro de cada día", comenta
resignado Roberto Castrejón, a las puertas de la Funeraria
Hispanomexicana, donde fue velado su hijo Roberto. Hassiel, su otro
hijo, también fue herido de bala y tuvo que ser intervenido en un
hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social.
"Estos eventos, por
cómo sucedieron y por la hora en la que sucedieron, llevan muchos
mensajes entrelíneas, están a la vista de todos", afirma Castrejón. "El
primer mensaje es el ataque y el segundo es que pueden hacerlo en el
lugar y en el momento que se les antoje", concuerda Margarito Pérez
Retana, fotógrafo de la Agencia Cuartoscuro, sin necesidad de conocerse
ni haber hablado previamente.
"Era un día normal", comenta el fotógrafo, que logró
captar al autor material del tiroteo justo antes de disparar contra
Jesús García Don Chuy, líder sindical y la
primera víctima mortal. A las 9.50 horas del miércoles, Pérez Retana fue
a fotografiar a un grupo de unos 20 comerciantes que estaban bloqueando
la avenida Galeana, a un costado de la sede del Gobierno estatal.
Gilberto Alcalá, secretario de Desarrollo Social, bajó a dialogar con
ellos y la conversación acabó en buenos términos. A las 10.12 horas, un
grupo de reporteros que estaba cubriendo la manifestación se acercó a
Alcalá para hacerle una entrevista en la calle de Gutemberg, en
contraesquina de la protesta. García abrazó al secretario, le hizo una
broma frente a los reporteros y se retiró. Un minuto y medio después
empezaron los disparos.
Pérez Retana toma su cámara, gira la tuerca del
carrete y empieza a mostrar la secuencia de imágenes del ataque.
"Escuché tres disparos y sentí mucho miedo, pero vi que no me había
visto y empecé a fotografiar todo", relata el reportero gráfico. El
primer objetivo fue Roberto Castrejón, miembro de la misma sección
sindical que García. El atacante, identificado como Maximiliano, de 22
años, disparó después a Hassiel Castrejón, el hermano de Roberto, tras
forcejear con él.
García, cuyo hijo fue asesinado a tiros en 2017,
tropezó con el grupo de reporteros que intentaban refugiarse y fue
acribillado. "Vi a Don Chuy cubierto de sangre y después vi a Hassiel
recostado junto a Roberto hablando por teléfono”, cuenta el reportero
Guillermo Hinojosa. “¡Mamá, mamá, nos acaban de balacear!”. La frase estremecedora de Hassiel Castrejón se hizo eco en varios vídeos que se compartieron en redes sociales.
"La gente salió en estampida, algunos se tiraron al
suelo, todo era pánico", cuenta un lustrador de zapatos que pide no ser
identificado. Cuando Maximiliano huía, abrió fuego contra René Pérez,
camarógrafo de "Quien resulte responsable", un noticiario local. El
agresor pegó una carrera por todo el frente del Palacio de Gobierno, en
el zócalo de Cuernavaca, hasta llegar a la Plazuela, una zona de bares a
150 metros del sitio del atentado.
Llegó corriendo y lo perdieron de vista por un
momento, dejó caer la pistola poco antes de estrellarse contra un poste
de luz, tropezar y ser sometido por los policías", cuenta una testigo.
"Le gritaban: '¿Quién te mandó? ¿Por qué disparaste?', pero él no decía
nada, estaba perdido, con la mirada completamente perdida", agrega. Las
ambulancias tardaron casi media hora en llegar, solo Hassiel Castrejón y
René Pérez salvaron la vida.
"Lo sentimos como un ataque contra nosotros también,
los periodistas, no hay garantías para hacer nuestro trabajo", acusa
Hinojosa. El arrojo de una decena de comunicadores, que no dejaron de
grabar ni de tomar fotografías, ha permitido reconstruir minuto a minuto
lo sucedido. "Todo quedó contaminado, se alteró por completo", agrega
Luis, un fotógrafo, sobre la escena del crimen, en donde ya no queda
rastro del cordón policial, pero aún hay manchas de sangre sobre el piso
de adoquín y dos ofrendas de flores en recuerdo de las víctimas.
"Me duele mi ciudad, me duele mi Estado, me duele mi
país", dice Pérez Retana, tras tomar la fotografía más importante de su
carrera. En 15 años ha atestiguado de cerca la vorágine de la crisis de
seguridad en Morelos: cadáveres colgados en puentes peatonales, montajes
policiales para publicitar la detención de un criminal, criminalización
de las víctimas y de los acusados, impunidad. Lo ha vivido en carne
propia. Su medio hermano, Juan Carlos Villamil Retana, fue asesinado en
2010. Las autoridades recalcaron en su momento que tenía antecedentes
penales, pero nunca se dio con los responsables.
"Ves los mismos patrones. Es como si fuera una
limpieza social tolerada, si vives en la periferia de la ciudad, incluso
si eres moreno, es como si no importara, pero esta vez el crimen nos
vino a tocar a la puerta", asegura el fotógrafo: "Le pagaron 5.000 pesos
por hacerlo, eso te dice mucho de cómo estamos".
En una crisis
generalizada de violencia y a la luz de los sucesos recientes, las
narrativas que diferencian los oasis de seguridad de las zonas
peligrosas se desmoronan. Las diferencias dejan de existir. Las burbujas
se rompen.
"Todo mundo habla de Sinaloa y de Tamaulipas, pero nadie
voltea a ver lo que pasa en Cuernavaca, ya no podemos salir a la calle,
ni siquiera en el centro donde todos pensábamos que era seguro",
sentencia María sobre la llamada "ciudad de la eterna primavera", apenas
a 60 kilómetros de la capital mexicana.
"La delincuencia organizada es un cáncer en Morelos y
en todo el país", argumentó Blanco, que ha depositado la esperanza de
revertir la situación en la Guardia Nacional, creada este año por
instrucción del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Las
investigaciones se concentran en el móvil de los asesinatos y en pistas
que lleven a un autor intelectual. En un país en el que nueve de cada 10
asesinatos quedan impunes, la búsqueda de justicia es un camino lento y
pavimentado por el escepticismo.
Tras el asesinato del hijo de Don
Chuy, acribillado también a plena luz del día y en la calle, se detuvo a
un supuesto autor material, pero no hay rastro de quienes orquestaron
el ataque. Dos años después y tras la primera crisis de Gobierno de la
Administración de Blanco, la sociedad morelense espera que este caso no
tenga el mismo desenlace.
La historia reciente de Cuernavaca, sin embargo, es
la misma que la de decenas de otras ciudades en el país. La gente se
sienta en las bancas del centro para leer titulares como "Cuernabala",
"¡Pánico!" y "Sin piedad", a escasos metros del sitio del atentado.
Pero
hay también niños que se saborean una bola de helado, mariachis que
esperan clientes y parejas que se refugian del calor cuando los
termómetros rozan los 34 grados. Algunos hablan y otros callan. Y en
medio de la cotidianidad de la violencia, bajo el manto de la calma de
quien se niega a acostumbrarse a vivir lo peor, todos anhelan la vuelta a
la tranquilidad, a una elusiva normalidad, a una vida digna." (Elías Camhaji, El País, 11/05/19)
"El último fue Samir Flores, asesinado ante la puerta
de su casa, instantes después de que amaneciera y luego de que varias
personas, según el relato de su madre, gritaran su nombre, de manera
insistente, en la calle.
Samir era náhuatl y era uno de los líderes más
importantes en la lucha contra el Proyecto Integral Morelos, del que la
termoeléctrica de Huexca no es sino la joya de la corona. Una corona
contra la que Samir, originario de Amalcingo y fundador de la radio
comunitaria Amiltzinko, se oponía desde que fuera anunciada la
construcción del gasoducto que atravesaría, transformaría y violentaría
el territorio de su comunidad.
El penúltimo fue Noé Jiménez, quien el
jueves 17 de enero, sobre la plaza de Amatán, fue baleado, secuestrado y
desaparecido por un grupo paramilitar al servicio del Gobierno
municipal y de la familia Carpio, que en aquella región del país vienen a
ser más o menos lo mismo.
Noé era zoque y además de haber sido uno de los
fundadores del Movimiento por el Bienestar, la Paz y el Bien Común de
Amatán, que exigía el fin de la corrupción gubernamental y denunciaba su
asociación con el crimen organizado —el municipio es un corredor en el
trasiego de personas, drogas y armas—, formaba parte de la Comisión
Política de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala: llevaba, pues,
varias décadas luchando contra concesiones mineras, contra el despojo
agrario y contra la tala indiscriminada de maderas preciosas.
Que quede claro: como Samir Flores, Noé Jiménez, cuyo
cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de un basurero, con señas
evidentes de tortura y desfigurado por el ácido con el que lo rociaron
durante los últimos instantes de su vida, era, ante todo, un defensor
del territorio.
Y no hablo de territorio tal y como lo imaginamos los
habitantes de las ciudades ni tampoco en la acepción que a este le
otorga el diccionario: "1. m. Porción de la superficie terrestre
perteneciente a una nación, región, provincia, etc. 2. Terreno. 3. m
Circuito que comprende una jurisdicción, un cometido oficial u otra
función análoga. 4.
Terreno o lugar concreto, como una cueva, un árbol o
un hormiguero, donde vive un determinado animal, o un grupo de animales
relacionados por vínculos de familia, y que es defendido frente a la
invasión de otros congéneres".
Hablo del territorio tal y como este era comprendido,
vivido y protegido por Samir y por Noé, tal y como este era
comprendido, vivido y protegido por los más de 200 lideres indígenas,
campesino y comunales que, durante los últimos cinco años, según
Frontline Defenders, han perdido la vida en los diferentes rincones de
México.
Hablo, pues, del territorio como ese espacio físico, pero
también simbólico; donde además de lo tangible (una cosecha, por
ejemplo) se reproduce lo intangible (todo aquello que se imagina y se
sueña alrededor de una cosecha, por ejemplo); donde importa tanto el
futuro como el pasado, y donde la economía no es más que una herramienta
de la política, la cultura y el medio ambiente.
Obviamente, resulta fundamental entender el
territorio de esta manera, para entender el miedo y el odio que los
líderes como Samir y Noé inspiran en los factores reales de poder en
nuestro país —entre los cuales, desgraciadamente y por increíble que nos
parezca, debemos contar, desde hace tiempo, al crimen organizado—.
Y es
que nadie se opone con mayor fuerza y radicalidad a las mineras, a la
agroindustria, al narcotráfico, a los grupos paramilitares y a los
latifundistas de toda la vida, que aquellos que defienden una forma de
habitar el mundo diferente a la que busca imponer el hipercapitalismo.
Un hipercapitalismo que, en México, como en el resto de América Latina,
parece haber llegado a ocupar el sitio del neoliberalismo, a pesar de
que los presidentes, sean estos de derecha o de izquierda, aseveren lo
contrario.
Además de un lugar, defienden lo que sucede, lo que
sucedió y lo que habrá de suceder en tal o cual lugar determinado:
defienden el tiempo. Además del choque entre la visión economicista y la
visión político cultural, asistimos, entonces, al choque entre el mundo
de lo inmediato y un mundo donde el tiempo es todo menos algo asociado a
la caducidad.
Hace unas cuantas semanas, el escritor colombiano
Juan Cárdenas, cuyo país padece la misma epidemia de asesinatos,
secuestros y desapariciones de líderes indígenas, campesinos y comunales
que sufrimos en México, definía, en este mismo diario, el asunto del que hablo aquí,
de manera por demás exacta: "Quienes ordenan estos asesinatos (los de
los líderes territoriales) buscan destruir las ideas, el conocimiento,
la experiencia, en definitiva, el futuro de las comunidades, pues
consideran que la noción misma de territorio, así como sus usos plebeyos
representan un obstáculo que debe ser eliminado".
Quizá, al párrafo escrito por Cárdenas, haría falta
añadirle solamente una dimensión más: aquella que nos hace comprender
que, con el asesinato de los líderes territoriales, no solo se busca
destruir el futuro de las comunidades y, junto con éstas, de nuestros
países, sino que también se busca destruir, destrozar, arrasar y
condenar al olvido nuestro pasado. Asunto, por supuesto, que de ninguna
manera resulta menor, pues es precisamente en ese pasado en donde
arraiga y en donde enraíza la noción de territorio que he intentado
definir aquí.
A fin de cuentas, el territorio que está en disputa
es también el de la memoria. Porque todo territorio es una
manifestación, una forma y una proyección de la memoria. En este
sentido, con el asesinato de los líderes territoriales, los factores de
poder no solo buscan apropiarse de extensiones de tierra para su
explotación inmediata, condenando a millones de personas al trabajo
semiesclavizado, sino que buscan, al mismo tiempo, obligarnos a olvidar.
Los asesinos saben que, con el olvido, comienza la
desintegración del territorio. Por eso su objetivo son los líderes como
Samir y como Noé, quienes son, en suma, los guardianes de la memoria,
del tiempo, de la experiencia, del conocimiento, de la imaginación, de
la riqueza tangible e intangible y del espacio y la vida que componen
nuestros territorios.
La situación resulta bastante transparente: estamos
atestiguando una guerra de aniquilación, dirigida contra los guardianes
de lo que somos, peor aún: de lo que hemos sido y de lo que podemos ser.
El riesgo, sin embargo, lo corremos todos: un día
despertaremos, asustados, tras haber soñado la pesadilla de Primo Levi.
Aquella que el escritor le reveló a Ferdinando Camón: "Cuando estaba en
el campo de concentración, siempre tenía el mismo sueño: soñaba que
regresaba, que volvía con mi familia y les contaba lo que había vivido,
pero no me escuchaban. La persona que tengo enfrente no me hace caso,
luego se da la media vuelta y se marcha".
Resulta urgente empezar, como sociedad, a defender a
quienes nos han estado defendiendo desde siempre, recordar a los que han
sido exterminados y abrazar las ideas por las que murieron." (Emiliano Monge, El País, 02/03/19)
"Es difícil imaginar como México -incluso bajo un
presidente con un mandato tan contundente como el de Andrés Manuel López
Obrador – va a salir de la pesadilla de violencia en la que se
producen 80 asesinatos violentos todos los días y los periódicos
amarillistas de la llamada “nota roja” viven de títulos como: “¡Hecho pedazos en Ecatepec!”.
La última vez que un presidente mexicano llegó al
poder con un compromiso por acabar con el terror, el resultado fue
catastrófico. El presidente Felipe Calderón (2006-2012) desplegó el
ejercito y militarizó la estrategia contra la delincuencia organizada .
La retórica de la nueva guerra contra los narcos funcionó políticamente
durante un tiempo. Pero luego se hizo balance: el numero de muertos se
había cuadruplicado.
“La estrategia de uso exclusivo de la fuerza fue un
rotundo fracaso; 240.000 personas murieron directamente como
consecuencia de ello”, dijo Alfonso Durazo Montaño, el senador electo
por Sonora que acaba de ser nombrado secretario de seguridad del
gobierno que AMLO liderará a partir de diciembre.
No solo esto; la guerra contra los carteles descabezó
la delincuencia organizada que acabó fragmentándose en cientos de
grupos violentos descontrolados. Ahora es casi imposible saber quienes
son los responsables de los 25.000 asesinatos que se produjeron en el
2017 o los 6.500 secuestros. En México el 93% de los delitos no se
denuncian debido al miedo y a la corrupción policial.
De ahí que la nueva estrategia para combatir la
violencia del nuevo gobierno va a suponer “un cambio de visión”,
explicó Durazo en una entrevista concedida a La Vanguardia.
Estará enfocado, en primero lugar, a erradicar las causas socio
económicas de la violencia y a combatir la cultura de impunidad que es
la consecuencia de la corrupción.
La violencia “tiene raíces profundas ; necesitamos
realizar un cambio profundo de las condiciones sociales y económicas
de la gente vulnerable ,y mejorar radicalmente las oportunidades
educativas y de empleo para los jóvenes”.
El programa que López Obrador
acaba de pactar con grandes empresarios para que faciliten aprendizajes
para 2,5 millones de jóvenes desempleados, -pagados por el estado
federal- no es solo una medida laboral. Es un intento de reducir la
reserva de mano de obra para los reclutadores del crimen organizado.
Ocho de cada diez mexicanos encarcelados por delitos de narco trafico no
terminaron sus estudios escolares secundarios..
Los adversarios de López Obrador lo atacaron en la
campaña por “criminalizar “ la pobreza. Pero muchos expertos en
políticas de seguridad confirman la relación entre la crisis
socioeconómica en México y el crimen. “No es que sea cuanto mas pobre ,
mas delincuente, eso no ; pero si tienes una familia rota, o padres
delincuentes o alcohólicos es mas probable que un niño acabe siendo
delincuente “, dijo Carlos Vilalta de Centro Geo en México..
Y esos
problemas sociales están relacionados con la crisis económica. “Muchos
jóvenes en México se sienten estresados, enojados . Miran a sus padres
qie cobran dos salarios mínimos (8 euros al día). Y si tienes 16 años ¿
qué es lo que piensas? ¿Qué pasa con mi futuro? Es un semillero de la
violencia”, afirma.Dicho eso, “no hay que confundir la política social
con las políticas de seguridad y de prevención de la delincuencia “,
explcia Vilalta
Estas ultimas serán responsabilidad de Durazo , de 63
años, estrecho colaborador de Luis Donaldo Colosio, el candidato
presidencial asesinado -probablemente por narco traficantes- en Tijuana
en 1994. Durazo luego fue secretario de la administración del
presidente Vicente Fox (2000-2006) antes unirse al partido Morena de
López Obrador. Los ejes principales de su programa son los siguientes:
Combatir la impunidad.
“Tenemos que eliminar la impunidad porque un delincuente sabe que
tiene el 94% de las posibilidades de salir ileso del delito; de modo
que tenemos un circulo vicioso que une la corrupción , la impunidad y la
inseguridad”, dijo. “No hay crimen organizado que no vaya de la mano de
la protección policial o de algún funcionario”, dijo.
Profesionalizar las fuerzas policiales:
. “Tenemos policías que tienen que usar su propio dinero para pagar
la gasolina de sus coches de patrulla”, dice. “Es urgente mejorar los
salarios y profesionalizar la policía; y vamos a poder encontrar fondos
para esto mediante políticas de austeridad en la administración
pública”.
Se pretende crear una red de academias de policías coordinada
por una universidad central con el fin de duplicar el numero de personas
que pueden recibir formación al año.
Se estudia también la creación de
una patrulla fronteriza en la frontera del sur para ayudar a combatir
la corrupción aunque Durazo insiste en que la respuesta principal
respecto a quienes llegan a la frontera con Guatemala para pedir buscar
asilo será humanitaria y no polcial.
Utilizar tecnologías de intercepción contra operaciones financieras delictivas. “La delincuencia es una activad básicamente económica así que vamos a usar inteligencia financiera para combatirlas”
Reconciliación y amnistía.
“Vamos a convocar a miembros de la sociedad civil, expertos nacionales e
internacionales, oenegés, representantes de grupos de derechos humanos,
el Papa francisco, para participar en una gran reflexión nacional . A
partir de ese dialogo iremos elaborando una ley que pueda facilitar la
amnistía en algunos casos,” dice.
La propuesta de amnistía fue criticada por los
rivales de López Obrador en la campaña electoral y por lideres de
movimientos ciudadanos contra la violencia como Javier Sicilia que
advirtieron de que agravaría el problema de impunidad. Pero , la
amnistía será dirigía a grupos vulnerables que han sido “cooptados” por
la delincuencia organizado estos incluyen, jóvenes desempleados que
trabajan de vigías o camellos para grupos de narcotraficantes,
campesinos de subsistencia que han optado por cultivar amapola o
marihuana, indígenas y mujeres bajos ingresos.
Entre 2015 y 2017 se
duplicó el numero de mujeres encarceladas por delitos menores de
trafico. Todos los participantes en el programa tendrían que participar
en programas de rehabilitación. “Serán excluidos criminales violentos
como asesinos, violadores, secuestradores“, dice Durazo.
La nueva estrategia se fundamenta en el concepto
jurídico de la llamada justicia transicional , utilizado en el
procesos de paz tras las guerras civiles en países como Colombia o
Guatemala. “Nuestros adversarios dicen que vamos a liberar a los
grandes capos de crimen organizado, como si estos ya estuvieran en la
cárcel“, dice Durazo. “Pero los capos no están en la cárcel; están en la
calle; y están en el gobierno”.
(Entrevista a Alfonso Durazo, el pròximo secretario de seguridad mexicano de López Obrador,Andy Robinson
"(...) Ruth Fierro (Chihuahua, 1986) y Antonio Cerezo (México DF, 1977) (...) son activistas de los derechos humanos en
un país donde el narcotráfico y el poder político dibujan la misma
calavera.
(...) Las violaciones de derechos humanos en México
causan alarma internacional. ¿Ha fracasado la estrategia de seguridad
del Gobierno de Enrique Peña Nieto?
A.C.: Para nosotros no ha fracasado. Ha sido un éxito
porque su objetivo nunca fue garantizar los derechos humanos de la
población sino los intereses económicos de las empresas nacionales y
multinacionales. En México se practica una política planificada de
despojo en amplias zonas del país, allí donde el poder ejerce el control
social a través del terror.
Por eso digo que la estrategia del gobierno
ha resultado un completo éxito. Sin embargo, el coste en vidas humanas
está siendo altísimo. Me refiero a que siendo un país donde no hay una
guerra civil contabilizamos 100.000 muertos y 34.000 desaparecidos. Y
eso solamente durante el sexenio presidencial de Enrique Peña Nieto.
Dentro de este contexto de violencia generalizada, los defensores de los
derechos humanos son un objetivo habitual. En el último año han sido
ejecutados extrajudicialmente 48 activistas. Asesinados de manera
directa por agentes del Estado o a través de particulares mandados por
otros.
Si a este dato sumamos las desapariciones forzadas, la prisión
por motivos políticos o la cárcel por ejercer el derecho a la protesta
la cifra asciende 1.442 casos entre 2016 y mediados de 2017. Una
barbaridad.
Recuerda a la Colombia descarnada, a la de los años 90 y principios del 2000.
A.C.: Es que tienen una relación directa. El Operativo
Conjunto Chihuahua que comenzó a aplicarse en 2008 en Ciudad Juárez es
una copia de los planes de seguridad que se desarrollaron en Medellín en
2002 bajo el nombre Operativo militar Orion. Y no es casual que uno de
los asesores del gobernador de Chihuahua durante aquella época fuera un
personaje controvertido como Óscar Naranjo, ex general de la Policía
Nacional colombiana.
Por lo tanto, no hay nada casual. Muchos de los
operativos y dinámicas de violación de los derechos humanos en México ya
se pusieron en práctica en Colombia. Aquí también ocurren los
denominados “falsos positivos”. Hace unas semanas, policías federales
asesinaron en Veracruz a dos chicas menores que iban al cine con el
argumento de que pertenecían a un grupo de narcotraficantes.
¿Son las mujeres las víctimas principales de esta violencia desmedida?
R.F.: En Ciudad Juárez siempre estuvo presente el
drama de las mujeres desaparecidas y asesinadas. Eso nos permitió
visibilizar el problema pero también, con el transcurrir del tiempo, ver
que no se circunscribe únicamente al estado de Chihuahua sino que está
generalizado por todo el país.
Porque hay otros lugares, además de
Juárez, donde la incidencia es muy alta. Por ejemplo, la desaparición y
asesinatos de mujeres en los estados de México y Jalisco son tremendos.
Cuando empezamos a investigar estos hechos, la respuesta que obtuvimos
fue muy triste porque, aunque encontramos la relación con la trata de
personas y el narcotráfico, también detectamos que un número importante
tenían su origen en el machismo social imperante y en el patriarcado
mexicano tradicional que perpetúa los estereotipos de género.
Datos
oficiales muestran que el 93% de los feminicidios que se producen en
México ocurren dentro del ámbito familiar. Y apuntaré otra cifra
esclarecedora: cuando en 1993 se destapó el escándalo por el asesinato
de mujeres en Ciudad Juárez se contabilizaban 30 homicidios por año
mientras que en 2010 hubo más de 400 y en 2017 casi 150.
Esto significa
que las políticas de seguridad implementadas por el gobierno para
combatir esta lacra no están funcionando. Al contrario. La
militarización de la seguridad pública desde 2008 ha coincidido con la
exacerbación de la violencia.
Estoy hablando de que alcanzamos una tasa
de 110 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y, claro, las principales
víctimas son las personas en riesgo de vulnerabilidad y ahí estamos las
mujeres. (...)
También denuncian las detenciones arbitrarias de miembros de organizaciones sociales practicadas por la policía. Y las torturas.
A.C.: Yo fui torturado en 2001 bajo la acusación de
haber colocado unas bombas en entidades bancarias, algo que nunca
comprendí. Mi activismo estaba entonces más centrado en las comunidades
indígenas, en la creación de cooperativas de café y esas cosas. Fui
detenido y enviado a una prisión de máxima seguridad donde estuve siete
años y medio. Igual que mis dos hermanos.
Durante ese tiempo se produjo
la toma del control interno de las prisiones por parte de la policía
federal, lo que trajo un endurecimiento de las condiciones de vida para
los reclusos. Suprimieron actividades, talleres, trabajo y estudios para
implantar un modelo de hostigamiento basado en el encierro con la luz
encendida todo el día.
Los malos tratos son una práctica habitual pero
sufrirlos hoy en día es casi una suerte porque también pueden ejecutarte
o hacerte desaparecer. Hemos documentado decenas de casos de detenidos
que han aparecido muertos o simplemente están en paradero desconocido.
El caso más conocido es el de los 43
estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014. ¿En qué situación se
encuentra ese proceso?
A.C.: En nuevas comisiones y nuevas recomendaciones
que no han servido para aclararlo. Aquello fue un mensaje nítido enviado
a las organizaciones políticas y sociales de México.
R.F.: Que el caso de Ayotzinapa no se haya resuelto
pese al impacto internacional que tuvo y las peticiones realizadas por
la Comisión Interamericana de derechos humanos deja en evidencia que
cualquier otro caso de menor trascendencia no será esclarecido. La
crisis que sufre México por las desapariciones forzadas es gravísima.
¿Es México un estado fallido?
R.F.: Hay muchos lugares en los que sí es un estado
fallido. Aunque no es igual en las comunidades más aisladas y rurales
del país, como la Sierra Tarahumara, donde se conoce perfectamente la
conjunción que existe entre la policía y el crimen organizado, y la
situación que se vive en las zonas urbanas.
A.C.: Aunque el concepto no me gusta porque es un
invento muy estadounidense, podríamos considerar que México es un estado
fallido en materia de protección de derechos humanos, pero muy efectivo
en la militarización de la seguridad o para realizar 11 reformas
laborales.
Es fallido para garantizar el acceso al agua potable en la
capital pero es muy eficaz para reprimir las protestas. Hasta tienen
perspectiva de género porque envían mujeres policías para pegar a
mujeres manifestantes. (...)
¿Tienen miedo?
R.F.: No sé si quiero ser consciente de ello. Hay algo
absurdo en todo esto y es que a veces pienso que hasta tengo miedo de
reconocer en público que lo tengo.
A.C.: No conozco a nadie que no tenga miedo cuando se vive una
situación que escapa a su control. Pero lo asumimos mediante mecanismos
internos que normalizan todo lo que es anormal en mi país.
Es un proceso
personal que desarrollamos para que el miedo no termine devorándote,
porque eso sería la perdición, pero con el añadido de que todos somos
conscientes de que la realidad de México no va a cambiar a corto plazo." (Entrevista a Antonio Cerezo y Ruth Fierro, activistas por los derechos humanos en México, Gorka Castillo, CTXT, 27/03/18)
"Conviene copiar la justa y sentida dedicatoria de los editores: "Este
libro representa también un homenaje a los y a las periodistas que
desempeñan su trabajo aun arriesgando su vida y a los que han muerto,
víctimas de esta guerra" (p. 9).
También esta reseña quiere contribuir a
ello. Lo mismo que la viñeta, en el libro incluida, de Antonio
Helguera, "Morir en México" (p. 7), publicada inicialmente en La Jornada el 15 de marzo de 2010
Con las siguientes palabras empieza John Gibler su relato: "Los
hechos son tan aterradores que rebasan los límites de todo lo creíble"
(p. 11). Tiene razón, no exagera. Un ejemplo: "¿Quién creería, por
ejemplo, que la directora de una prisión estatal dejaría salir en la
noche a un grupo de asesinos convictos y les prestaría vehículos
oficiales, fusiles de asalto automáticos y chalecos antibalas para que
pudieran matar a decenas de inocentes en un estado vecino, cruzar
rápidamente, la frontera estatal y regresar a la prisión, tras las rejas
de una cortada perfecta?" (p. 11)
Sobre el autor: John Gibler
(Texas, 1973) llegó a México como periodista independiente atraído por
el movimiento zapatista y las movilizaciones sociales de Oaxaca el mismo
año en que el presidente de la República, Felipe Calderón, declaraba
"la guerra contra el narcotráfico". Era 2006, desde entonces reside en
México. Es autor de Fue el Estado: los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa (2016) y Tzompaxtle: la fuga del guerrillero (2014).
La
estructura del libro: cinco capítulos, cinco aproximaciones desde
diferentes y complementarias perspectivas, a la temática (la historia
del México más reciente y de sus numerosos mártires obreros y
campesinos), más un epílogo para la edición española -"Terror de Estado y
mercados de la muerte" (pp. 151-167)-, las fuentes usadas, los
agradecimientos y la bibliografía. No es necesario en este caso un
índice nominal y/o analítico.
Un comentario de los editores con
el que se abre el libro: "Las cifras aumentan cada día. Este libro se
nutre de un trabajo periodístico que finalizó en 2011, año de su
publicación en Estados Unidos bajo el título To Die in Mexico, Dispatches from inside Drug War
(City Lights). Por ello, muchas cifras se remiten a ese momento" (p.
9).
A mediados de 2012, prosiguen, fecha de publicación de la edición
mexicana de Morir en México (Sur+), "el número de muertos en la
llamada guerra contra el narcotráfico emprendida por el gobierno
mexicano alcanza los 60.000" (p. 9). La edición española no llegó hasta
2016.
"Se calcula que para entonces la guerra contra el narco había
dejado 175.000 muertos y casi 30.000 desaparecidos. Las cifras no dejan
de aumentar. La guerra continúa" (p. 9). No es una metáfora: las cifras
aumentan y la guerra contra los sectores más desfavorecidos del pueblo
de México, y contra la ciudadanía en general, sigue en pie de horror y
destrucción.
Una de las tesis del autor: "la guerra contra el
narco no puede entenderse como un fracaso de varias décadas en la
represión, sino más bien como una de las múltiples transfiguraciones de
las nunca totalmente extintas guerras coloniales, como una forma muy
productiva, racializada, de crear terror: produce riqueza, discursos de
legitimidad, carreras personales, indemnizaciones, terror y muerte y
muerte-en-la-vida" (p. 168).
Otra más: "A menudo, el fracaso de la
guerra contra el narco se presenta como la inevitable inferioridad de la
política frente al poder del mercado. Pero, ¿acaso están separados? La
política -la guerra- crea nuevos mercados y reestructura a los
existentes" (p. 158).
Una tercera: "Y esta es la guerra en la que
debemos luchar. Contra un futuro de hambre, de migración forzosa y de
mal disfrazado trabajo esclavo" (p. 149). No, propiamente, en la
narcoguerra.
"Porque la narcoguerra -tal como la diseña, la combate y la
impone a otras naciones el gobierno de los Estados Unidos- no es una
guerra de creencias políticas, de manifiestos y declaraciones, una
guerra por la patria, por la defensa de la nación o por la liberación"
(p. 149).
La narcoguerra es, señala Gibler, "una guerra subsidiaria por
el racismo, la militarización, el control social y el acceso a toneladas
de dinero en efectivo que la ilegalidad posibilita. La narcoguerra en
sí es una empresa violenta y criminal. Quedarnos de brazos cruzados y
verla propagarse es entrar al ámbito del silencio que envuelve a todas
las muertes anónimas, agachar la cabeza y esperar nuestro turno" (pp.
149-150).
La última consideración que recogemos, hay muchas
otras de interés: "No debería sorprendernos que la industria maquiladora
de Juárez se mantenga inmune a la muerte y al caos a su alrededor.
Las
maquiladoras y el narcotráfico son dos engranes de una sola economía, y
en Juárez estos engranes se encuentran y giran juntos. Más de 2.000
camiones y 34.000 coches cruzan de Juárez a El Paso todos los días" (p.
136). Ya en 2009 "más de 42.000 millones de dólares en comercio legal
atravesaron la frontera entre Juárez y El Paso" (p. 136).
Se calcula que
de 1,5 a 10 millones de dólares en drogas ilegales "atraviesan la
frontera de Ciudad Juárez a El Paso todos los días. ¿Cómo crees que las
drogas -paquetes voluminosos y pesados de cocaína, marihuana, heroína y
metanfetaminas- atraviesan la frontera? ¿Dónde hay la infraestructura y
la capacidad organizativa necesarias para transportar esa cantidad de
mercancías?" (pp. 136-137).
No se lo pierdan. Vale la pena leer y sentir este Morir en México, más
allá de sus coincidencias o no con algunas categorías, algunos nombres y
algunas reflexiones político-filosóficas generales del autor de las
que, yo por ejemplo, ando algo alejado en ocasiones.
Les
advierto, eso sí, que el descenso a las tinieblas no es en este caso una
figura literaria más o menos afortunada. Tan real como la barbarie. Y
una barbarie que no cesa.
Mientras escribía esta nota me llegó
una información de una amiga argentina residente en los Estados Unidos:
habían asesinado a Javier Valdez, corresponsal de La Jornada en
Sinaloa (el cuarto capítulo del libro se centra en este estado
mexicano).
El periodista y escritor fue muerto a tiros en Culiacán,
capital del noroccidental estado de Sinaloa, proseguía la noticia.
Valdez, quien en 2011 obtuvo el Premio Libertad de Prensa del Comité
para la Protección de Periodistas y el Maria Moors Cabot con el equipo
del semanario Ríodoce, fue interceptado y atacado a tiros desde un
vehículo cuando caminaba por la calle.
Valdez, experto en narcotráfico y
violencia, fundador de ‘Ríodoce’ y autor de obras como Narcoperiodismo o Levantones,
es el sexto periodista al que matan en lo que va de año (mayo de 2017).
De 50 años, el periodista quedó tendido boca abajo en el pavimento, muy
cerca de las instalaciones del semanario que fundó hace varios años.
Los otros nombres de periodistas asesinados en lo que va de 2017: 1.
Cecilio Pineda (Guerrero) La Voz de Tierra Caliente. 2. Ricardo Monlui
Cabrera (Veracruz) El Político/El Sol de Córdoba 3. Miroslava Breach
(Chihuahua) La Jornada. 4. Maximino Rodríguez Palacios (BCS) Colectivo
Pericú. 5.Filiberto Álvarez (Morelos) emisora La señal de Jojutla.
Javier Valdez es el sexto.
Hay más nombres que añadir. La muerte y el horror continúan."
"Entre 2013 y 2016 en el Estado de Veracruz
—segundo más poblado de México, con ocho millones de habitantes— un
escuadrón de la muerte operó incrustado en la estructura del Estado bajo
el argumento de combatir al cartel de los Zetas.
La fiscalía de Veracruz ha reunido pruebas que indican, al menos, 15
desapariciones forzadas entre abril y octubre de 2013, pero tienen
pruebas de que esta política se extendió en el tiempo.
Una juez ordenó el 8 de febrero la detención de 31 personas —toda la
cúpula policial del Estado— al conocer las pruebas, principalmente notas
internas entre los policías, las declaraciones de arrepentidos y el
testimonio de la única persona que escapó de la siniestra Academia.
Por primera vez en México se lograría demostrar la existencia de un
grupo paramilitar incrustado en la estructura del Estado que actuó de
forma metódica en la desaparición de personas —jóvenes pobres a los que
acusaban de colaborar con Los Zetas— siguiendo órdenes de superiores.
Lo
que en otras ocasiones eran sospechas —las matanzas estudiantiles de Tlatelolco en 1968 o Ayotzinapa en 2014—, esta vez tiene nombre y apellidos.
La investigación, conducida por un valiente fiscal de 27 años, Luis
Coronel, ha fundamentado el caso bajo la teoría de la “autoría mediata”
por la que fue condenado Fujimori en Perú y que implica que los altos mandos son responsables de las políticas ejecutadas por sus subordinados.
La academia de policía, centro de tortura
La historia del horror en América Latina puede escribirse en el
sótano de un cuartel militar. En el de la Escuela de Mecánica (ESMA) de
Buenos Aires, en el Palacio de la Moneda de Chile o en el de los
servicios de inteligencia peruanos durante la época de Fujimori.
Desde hoy, México tiene su símbolo en la Academia de Policía de
Veracruz. Un tenebroso lugar al que se accede después de pasar un enorme
arco gris protegido por dos desganados policías.
Cuando unos años después de pasar por aquí, Jaqueline Espejo se
encontró a su torturador en la calle, solo balbuceó dos palabras.
Con
ayuda de psicólogos había borrado todo menos el olor a sudor y la voz
aguardentosa de quien la sobó y golpeó hasta el amanecer en la Academia
para que confesara que trabajaba para los Zetas. Ubicada a 12 kilómetros
de la capital, Xalapa, alejada del casco urbano, en el municipio de El
Lencero, la Academia de Policía ha sido durante años centro del poder
policial y un buen sitio para hacer cualquier cosa.
De muros para afuera, durante muchos años, la Academia fue, como dice
su web, un lugar de “amplias y funcionales instalaciones que se
conjugan con la pródiga vegetación, brindando al alumno una agradable
estancia, que contribuye a la preparación de una nueva generación de
servidores públicos”. Había incluso un pequeño zoo con aves exóticas, un
jaguar, un león y varios cocodrilos.
De muros para adentro, según la fiscalía, fue un lugar lo
suficientemente discreto y seguro como para amortiguar los gritos de
quienes, desnudos y encadenados, fueron torturados con bolsas de
plástico, descargas eléctricas o palizas que duraban hasta la salida del
sol.La fiscalía del Estado de Veracruz ha logrado la detención de toda
la cúpula policial de Veracruz al demostrar cómo 15 jóvenes que habían
sido dados por desaparecidos fueron, en realidad, detenidos y torturados
dentro de las instalaciones, dice el auto de imputación de la fiscalía.
Todo indica que posteriormente fueron asesinados y arrojados a una
fosa clandestina tras varios días de golpes. En el caso de Cecilia de la
Cruz, de 17 años, fue violada por un comando entero, ocho hombres,
dentro de una furgoneta que se estacionaba cada día en la
Academia.
“Sistemático y piramidal”. El sistema funcionaba más o menos de
la siguiente forma: tres patrullas bien equipadas recorren la ciudad,
ven a un joven sospechoso, lo detienen y lo interrogan. Posteriormente
se lo entregan a un grupo especial que lo tortura durante varios días.
Todos ellos tenían entre 16 y 32 años y desde que se subieron a la
patrulla no han vuelto a aparecer.La política de seguridad de uno de los
Estados más violentos del país tenía dos patas:
“Una oficial, pública y
convencional, y otra ilegal y clandestina de combate a supuestos
miembros de la delincuencia organizada”, según la fiscalía.Para ello se
crearon dos escuadrones clandestinos dentro de la policía que trabajaban
de forma piramidal y metódica en la desaparición de personas a las
órdenes del temido Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad Pública de
Veracruz, controlado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El primer grupo, la Fuerza de Reacción, se encargaba de
localizar a los sospechosos, detenerlos y obtener la mayor información
posible mediante la tortura y el abuso sexual. Posteriormente, los
entregaba a un segundo grupo llamado Fuerza Especial, formado por exmilitares conocidos como Los fieles.
Un destacamento de élite nunca reconocido oficialmente y dotado con las
mejores armas y vehículos. El segundo grupo recibía a las víctimas y
las trasladaba a la Academia, donde continuaban las torturas hasta que
finalmente desaparecían los cuerpos.
Quienes fueron elegidos para participar en este 'selecto' grupo (los fieles)
tenían un sueldo diez veces superior al de un policía de base y
gratificaciones en efectivo o con licencias de taxi, cuya concesión
gestiona la propia secretaría de Seguridad, según fuentes judiciales
cercanas al caso.
La fiscalía aportó las notas internas que los policías
enviaban a sus superiores, con apodos como Oso, Tigre o Black, cuyo
objetivo era “informar a los mandos sobre el cumplimiento de las
instrucciones”. Logró también la confesión de cuatro policías —hoy
testigos protegidos— y gracias al rastreo de teléfonos de las víctimas
se pudo saber que se prendían siempre por última vez en el mismo lugar:
la Academia de Policía.
Las víctimas: pobres y jóvenes
Bibiana, de 17 años; Héctor, de 16; José Cruz, de 19; Jorge y
Liberio, de 20… En los últimos años la policía veracruzana ha
desaparecido a decenas de personas con el mismo perfil: pobres y
jóvenes.Hay indicios de que en más de 200 casos participó la policía
pero hasta el momento sólo se han conseguido probar 15 casos con nombre y
apellidos y durante un periodo muy concreto: de abril a octubre de
2013. Durante este tiempo ninguno de los jóvenes que entró a la Academia
salió con vida, excepto una mujer:
Jaqueline Espejo, un testimonio clave para entender la trama, y
semioculta desde entonces.“Iba en un taxi mirando el celular pero cuando
levanté la cabeza tenía una metralleta apuntándome la cabeza”, recuerda
sentada en una cafetería sobre aquel jueves de octubre de 2013 cuando, a
las diez de la noche, la policía se echó encima del vehículo.“Nos
sacaron al taxista y a mí del carro, me subieron a una camioneta y me
dijeron: como abras los ojos ya valiste madre. Luego me llevaron a la
Academia y durante todo el trayecto fueron aplicándome descargas
eléctricas”. Explica que allí recibió golpes durante cuatro días con una
capucha puesta.
Parte de la tortura consistió en llevarla hasta el calabozo donde
golpeaban al taxista, para que oyera sus gritos mientras se desangraba
por la boca; le habían arrancado de un tirón el piercing de la
lengua. Al tercer día, la sentaron en una mesa y cuando le quitaron la
capucha tenía frente a ella decenas de ladrillos de marihuana para que
confesara que los traía en el taxi.
“Pero no lo hice. Esa droga no era mía y yo no había hecho nada malo,
ni colaboraba con los Zetas. Ahora deben estar arrepentidos de haberme
dejado ir”, recuerda señalando la herida en el mentón que le dejaron. De
Andrés Aguilar, el joven que la recogía cada día del trabajo en el
coche, no se ha vuelto a saber nada.
Varios años después, un día que Jaqueline esperaba el autobús en una
calle de Xalapa, un taxi se detuvo en el semáforo frente a ella. Cuando
se fijó en el conductor descubrió que era uno de sus torturadores. Con
más coraje que prudencia se acercó a la ventanilla del Nissan Tsuru y le
espetó: ¿Por qué? “Estabas en el momento y el lugar equivocado.
Cumplíamos órdenes”, le respondió el taxista antes de perderse en el
tráfico.
El temido Bermúdez, jefe de la policía
“Está prohibido matar; por lo tanto, todos los asesinos son
castigados, a menos que maten en grandes cantidades y al sonido de las
trompetas”. Con esta frase de Voltaire, en alusión al Apocalipsis,
comienza The Act of Killing, el premiado documental sobre
Indonesia que mejor ha retratado la brutalidad de la tortura. La
realidad es que la Academia de Policía es solo el símbolo de un
ensordecedor coro de trompetas llamado Veracruz.
Las cifras ponen los pelos de punta. En los últimos cinco años se han denunciado 3.600 desapariciones y se han abierto más de 300 fosas clandestinas.
Solo en una de ellas, Colinas de Santa Fe, se han encontrado 280
cráneos.En la investigación de la fiscalía hay un nombre que se repite
una y otra vez a lo largo de 35 tomos: Arturo Bermúdez Zurita. Hasta que
el gobernador Fidel Herrera (2004-2010) lo nombró director del centro
de control C4, Bermúdez era sólo un prepotente empresario amigo de
poderosos y dueño de hoteles y compañías de seguridad.
En 2012 su sucesor, Javier Duarte
(2010-2016), hoy encarcelado por corrupción, lo ascendió a secretario
de Seguridad con una única misión: frenar la violencia del cartel de los
Zetas que dominaba el Estado. Entonces, el empresario empezó a vestirse
con gorra de plato y traje de policía. En aquel momento —Veracruz en
2013— era —y es— un Estado penetrado hasta el tuétano por el narco y una
de las zonas más peligrosas del país.
¿Es posible que un Gobierno desesperado, desbordado por el narco y
escaso de recursos creara un grupo paramilitar para terminar con los
narcotraficantes? “No hay que ser ingenuo”, responde el investigador,
“no es casualidad que todos los desaparecidos, presuntamente,
colaboraban con los Zetas. La policía no limpiaba de narcotraficantes la
zona sino que hacía el trabajo sucio para el cartel Jalisco Nueva
Generación”, añade recostándose en la silla.
Bermúdez dimitió en 2015 y
fue encarcelado por enriquecimiento ilícito cuando se descubrió que era
propietario de varias casas en EE UU. Por aquel entonces la mitad de su
escolta personal estaba formado por fieles.
Actualmente hay 19 policías encarcelados y 12 huidos para un juicio
que podría ser histórico. Se demostraría por primera vez en México la
existencia de maquinaria criminal incrustada en la estructura del
Estado, cuyos mandos habrían puesto en marcha una estrategia para
realizar desapariciones de manera sistemática.
La estrategia de Bermúdez es demostrar que no estaba enterado de lo
que hacían sus hombres. Este periódico ha intentado recabar la opinión
de su abogado pero declinó ser entrevistado con el argumento de que “no
desea alentar la mediatización del proceso que se sigue”, explicó.
La semana pasada, decenas de madres protestaron frente a la Academia
con ganas de tumbar los muros y empezar a excavar en los jardines.
Las
más optimistas están convencidas de que ahí están enterrados sus hijos.
Las pesimistas piensan que aquel zoo con leones y cocodrilos de la
Academia no era solo un exótico capricho del jefe de la policía.
El secuestro que ayudó a revelar el caso
Jacobo García
La desaparición en 2013 de Hugo Murrieta proporcionó la primera
pista. A las 4:30 de la tarde del 16 de abril, Hugo estaba a punto de
verse con un amigo en la plaza de Ocotepec, a 20 minutos de Xalapa,
cuando un grupo de policías detuvo el carro que conducía y se lo llevó.
Tenía 22 años y nunca más se volvió a saber de él.
“Buscaban droga en el taxi que trabajaba pero solo encontraron una
patineta (monopatín)”, dice su madre Carmen Sánchez, una conocida
vendedora de chiles en todo el pueblo. Durante los últimos años Carmen ha buscado incansablemente a su hijo
por todas las comisarías, morgues y fosas que se han abierto en
Veracruz.
“Aquella policía sembró el terror. Ni siquiera podías mirarles
a la cara porque se te venían encima” recuerda. “Pero si al menos si
supiera dónde está su cuerpo podría descansar tranquila”, dice al borde
de las lágrimas, sentada la plaza de Ocotepec." (Jacobo García, El País, 24/02/18)
