20, 21, 24, 28, 34, 36, 40, 41, 83, 90, 92, 124 y
126. Yazan Awad repite como un mantra los días en que torturaron su
cuerpo. Cuando los guardias de la prisión militar le destrozaron la
pierna con un garrote durante seis horas. Cuando le colgaron del techo y le sacudieron con un bate. Cuando le violaron con un Kaláshnikov. El peor de todos fue el día 36.
La cita con Awad y con otros testigos, abogados y
demandantes del proceso contra el régimen sirio tiene lugar en Alemania,
convertida en la vanguardia de la batalla legal contra el Gobierno de
Bachar el Asad. Aquí han recalado cientos de miles de refugiados sirios en los últimos dos años,
convertidos a su pesar en las pruebas vivientes de las atrocidades
cometidas en las cárceles del régimen.
Su presencia, junto a miles de
fotografías sacadas de Siria y sobre todo gracias a unas leyes que abren
la puerta a la justicia universal y a fiscales y policías interesados
en investigar han permitido que casos como el suyo avancen y que se haya
dictado la primera orden de detención internacional contra un alto
cargo del régimen.
A más de mil kilómetros de Berlín, en una habitación
fría, cientos de cajas de cartón guardan la otra gran pieza del puzle
judicial contra el régimen sirio. Son las pruebas necesarias para sentar
a los responsables de las atrocidades en el banquillo. El quién es quién del terror.
Cientos de miles de documentos que han sido sacados discretamente de
Siria en los últimos años y que demuestran quién dio las órdenes de
detener y torturar a los que salieron a protestar contra el régimen.
Quién diseñó el macabro entramado de torturas, quién ejecutó las órdenes
y quién miró para otro lado.
Veteranos de la justicia internacional clasifican y
custodian estos kilos de papeles. En una docena de países los documentos
alimentan investigaciones contra cargos medios del Gobierno sirio que
viven en Europa, pero sobre todo van construyendo el esqueleto de la
gran causa judicial contra el régimen sirio, para que la historia de
Yugoslavia o de Ruanda no se repita y para que el día en que se
constituya un tribunal internacional que juzgue los crímenes sirios, las
pruebas no se hayan evaporado ni haya que esperar décadas para empezar a
trabajar.
La primera prueba contra el régimen sirio
es el relato de las víctimas, personas con cuerpos rotos y ánimo de
hierro. Sus testimonios dibujan un retrato preciso y espeluznante del
aparato represivo del régimen sirio. Los elementos se repiten de un
relato a otro, hasta emerger un patrón de abusos sistemático. La tubería
con los cables colgando para dar palizas.
Los gritos de los torturados
de día y de noche. El hacinamiento en celdas atestadas de infecciones.
La incertidumbre de no saber si vas a morir o a vivir al día siguiente.
Los desaparecidos. Las confesiones bajo violencia. Las víctimas también
comparten una desesperada fe en la justicia como arma de supervivencia
psicológica.
Awad es un joven corpulento de 30 años, que lleva dos
en Alemania. Aquí llegó como los demás refugiados, jugándose de nuevo
la vida. En Siria pasó 137 días detenido en el aeropuerto de Al Mezzeh,
bajo control de la Fuerza Aérea del Ejército sirio. “Nada más llegar, me
pegaron durante seis horas. Nos tumbaban en el suelo y nos pegaban con
tuberías. Nos golpeaban en la planta de los pies. Después me llevaron a
una celda con 180 personas. El dolor era terrible. No podía ir al baño.
Dos personas me tenían que arrastrar”.
Awad continúa como si fuera incapaz de poner freno a
sus recuerdos. “Pegaban como locos. Con las botas en la cabeza, con la
culata del Kaláshnikov. Me metieron el AK-47 por el culo y estuve casi
dos meses sin comer. Decir que querías ir al médico era peligroso; de
cada diez que iban, solo uno volvía con vida. Nos daban 10 segundos para
ir al baño. En ese tiempo, tenías que beber, curarte las heridas, ir al
retrete y hacer las abluciones”.
El día 36 fue el más largo. Awad cuenta el calvario al que fue sometido:
“Me dijeron que me iban a matar. Todavía colgando del techo, me metieron una pistola en la boca y me pidieron que recitara la shahada
[la declaración de fe islámica]. No podía dejar de tartamudear y tardé
más de 15 minutos. Alguien disparó. Habían cortado la cuerda y estaba en
el suelo. Creí que me habían matado. Me quitaron la venda de los ojos y
salí corriendo tras ellos. Necesitaba ver sus caras para poder
explicarle a Dios quiénes eran el día del juicio final”.
Hasta entonces Awad había sido un tipo normal. El 29
de abril de 2011 participó en su primera manifestación contra el
régimen. La revolución tunecina se había cobrado la cabeza del dictador
Ben Ali y en Egipto, Hosni Mubarak también había caído. Lo imposible de
repente empezó a parecer posible, también en Siria.
Las fotos de los
niños de Deraa, a los que les arrancaron las uñas por hacer unas
pintadas críticas contra el régimen hicieron saltar la chispa. También
en la cabeza de Awad: “Cuando vi las fotos de aquellos niños decidí
oponerme al régimen”. Tras la primera manifestación vinieron más, y
después, la ayuda a los manifestantes que huían de otras ciudades. Más
tarde se sumó a los médicos clandestinos para trasladar heridos a
hospitales secretos.
Todo aquello forma parte de un pasado repleto de ilusión y esperanza del que no queda ni rastro. La guerra en Siria va por su octavo año, ha acabado con la vida de unas 400.000 personas y ha obligado al desplazamiento de once millones, cerca de la mitad de su población.
Y tal vez lo peor, no hay en el horizonte una solución política capaz
de poner fin a un conflicto que no deja de enquistarse. Awad también es
otra persona, pero aún sueña.
“Mis amigos están todavía en la cárcel y
les prometí que les sacaría. Mi sueño es hablar ante el Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas. En 2012 pararon las torturas durante dos
semanas, pudimos dormir porque no oíamos gritos
y nos dieron comida solo porque existía la posibilidad de que fueran a
venir inspectores de la ONU a la cárcel. Fueron dos semanas increíbles:
el paraíso en el infierno".
Al llegar a Alemania, Awad se topó en Internet con
Anwar al Bunni, un conocido abogado sirio que ahora también vive aquí. A
Awad se le ensanchó de repente el horizonte de su vida: “Había llegado
mi momento”.
Al Bunni es un tipo menudo cuya eterna
sonrisa esconde un pasado y un presente terrorífico. Es un abogado sirio
y el alma de este caso, junto a su colega Mazen Darwish y apoyados por
el Centro europeo para los derechos humanos y constitucionales
(ECCHR, por su siglas en inglés), una ONG alemana que se dedica a lo
que ellos llaman “el litigio estratégico”.
Juntos se han propuesto ver
entre rejas a los torturadores del régimen sirio. En total, cuatro
denuncias penales se encuentran ya en la Fiscalía General, junto a
decenas miles de imágenes de torturas sacadas de Siria.
Hay países como Suecia, Noruega o Austria que también
permiten la aplicación de la justicia universal, pero el caso alemán,
permite, la ley permite una amplia interpretación para llevar a cabo los
llamados “procesos estructurales”, en los que se trata de recabar
evidencias más allá de casos concretos. Hay además un departamento de
fiscales y de la policía criminal que tienen interés en estos casos.
Hace dos años por ejemplo, la fiscalía ya emitió una orden de detención
internacional contra un miembro del ISIS por crímenes de guerra
cometidos contra los yazidíes.
En Damasco, Al Bunni era un conocido
defensor de presos políticos y cuando llegó a Europa, en seguida se
corrió la voz entre la comunidad de la diáspora. Sus redes sociales, el
Whatsapp y el Skype, se empezaron a llenar de compatriotas que como Awad
le querían contar lo que les había pasado. En poco tiempo logró tejer
una tupida red de testimonios que se extiende por toda Europa.
En un
despacho vacío al norte de Berlín, con una banderita siria como único
ornamento, Al Bunni detalla los pormenores del caso: “Estamos preparando
testigos en Noruega y también en Estocolmo. En Francia hay un caso
abierto por dos víctimas con nacionalidad francesa…”. En total, trabajan
juntos cinco abogados sirios en Berlín y otros 30 repartidos por toda
Europa. Explica que uno de sus 27 demandados es Bachar el Assad.
La familia Al Bunni tiene pedigrí opositor. Entre él, sus tres hermanos y su hermana han pasado 75 años en la cárcel. En Damasco, el abogado dirigía un conocido centro de derechos humanos,
convertido en una referencia para diplomáticos occidentales. Acusado de
querer debilitar a la nación y de complicidad con organismos
internacionales, estuvo en la cárcel entre 2006 y 2011, donde asegura
que intentaron matarle dos veces.
Estando preso, estalló la revolución. Al salir,
Alemania –cuya asociación de jueces había premiado con anterioridad su
trabajo– se ofreció a sacarle de Siria. Pero en Siria había mucho
trabajo por hacer. Había que defender a los manifestantes que acababan
detenidos sin garantías judiciales.
Al Bunni aguantó hasta 2014, cuando
el Gobierno emitió dos órdenes de detención en su contra. Ya no se
trataba de estar fuera o dentro de la cárcel, si no de vida o muerte.
Había llegado el momento de comprobar si la oferta alemana seguía
vigente. Huyó con su mujer e hijos cruzando las montañas.
Prometo que les llevaré a la cárcel, muerto o vivo: esa gente no puede ser parte de la transición política
ANWAR AL BUNNI
Al Bunni es otra de esas personas que te
puedes cruzar en el supermercado en Alemania sin sospechar que vive una
vida que poco tiene que ver con la de la mayoría. “Sabemos que hay más de 60 personas del régimen en Europa, pero no les tengo miedo”.
Él lo tiene todo pensado:
“Ellos deberían temerme a mí. Me conocen de
la cárcel. Todos los días me interrogaban y saben que solo si me matan
podrán callarme. Si me matan en Alemania, será fácil incriminarles, irán
a la cárcel y habré cumplido mi objetivo”.
Ríe. “Prometo que les
llevaré a la cárcel, muerto o vivo: esa gente no puede ser parte de la
transición política siria”.
El abogado está convencido de que Europa también se
juega mucho en esta batalla. “Si dejamos al régimen de El Asad impune,
equivaldría a dar vía libre a todos los dictadores del mundo. Si la ley
internacional colapsa, ¿qué va a ser de nuestras sociedades?”, se
pregunta.
Al Bunni también utiliza su red de contactos en la
diáspora para detectar a criminales que vienen a Europa como refugiados.
Puede ser gente del régimen, pero también gente del Estado Islámico, de
Al Nusra... “Sabemos que más de 1.060 personas que llegaron como
refugiados han cometido crímenes. Tenemos mucho material para probarlo”.
La unidad de crímenes de guerra de la policía
criminal alemana (ZBKV) también participa en este proceso. Una portavoz
explica que revisan de forma sistemática las entradas de personas
procedentes de Siria e Iraq desde 2015, cuando se produjo el gran pico
de llegadas de demandantes de asilo.
Han recibido más de 4.300
informaciones relacionadas con posibles violaciones del código contra de
derecho internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra). Los casos concretos de potenciales sospechosos, los
enviamos a la Fiscalía General alemana”.
Entre la documentación que se encuentra ya en la Fiscalía alemana hay un informe crucial
para la causa. Se trata de un paquete de 26.948 fotografías. Cerca de
la mitad de ellas muestran los cuerpos sin vida de detenidos por el
régimen sirio. Se conocen por el seudónimo del informante que las sacó
de Siria: César.
César era fotógrafo en la policía militar. Entre 2011
y 2013 su trabajo fue retratar a los cadáveres que llegaban de los
distintos centros de detención a dos hospitales: el Hospital Militar 601
y el Hospital Militar de Tishreen. Las fotos del Informe César (Caesar Files)
son imágenes minuciosas, profesionales, de alta calidad, a todo color.
Documentan el terror. En ellas aparecen miles de cadáveres famélicos,
desnudos y torturados. Las publicamos tratadas dada la crudeza de su
contenido.
Estas imágenes han servido para que muchas
familias identifiquen en ellas a sus seres queridos, detenidos o
desaparecidos, de los que hacía años que no tenían noticias. Sirven como
prueba. En España, la Audiencia Nacional inició en marzo de 2017 el
primer procedimiento contra las torturas y ejecuciones del régimen de El
Asad cuando la española de origen sirio Amal Hag-Hamdo Anfalis
reconoció a su hermano muerto entre las fotografías de César. Sin
embargo, el propio tribunal revocó la admisión de la querella unos meses
después al creer que España no tiene jurisdicción para investigar estos crímenes.
Las imágenes prueban el patrón de abusos
sistemáticos, la cruel cotidianidad y las condiciones infrahumanas de
las prisiones sirias. La mayoría de los cadáveres aparecen demacrados y
esqueléticos. Piel y huesos. Las costillas, clavículas y caderas
marcadas. También se identifican infecciones en la piel, llagas y claros
signos de haber sido torturados: marcas de estrangulamiento, ataduras,
quemaduras, golpes, laceraciones, traumatismos, dientes destrozados,
ojos reventados, sangre seca…
Anmistía Internacional eleva al menos a
17.723 las víctimas mortales de los centros de detención. La
organización de derechos humanos describe un amplio catálogo de torturas
que además considera que son la norma. “Desde que estallaron las
protestas pacíficas en 2011, el Gobierno sirio ha lanzado una campaña
para detenciones y desapariciones forzosas. Miles de personas han sido torturadas y maltratadas,
muchas de las cuales han muerto durante la detención y decenas de miles
han desaparecido.
Los principales objetivos del régimen han sido
activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, médicos y
trabajadores humanitarios”, escribe Amnistía en su último informe.
Las fotos del Informe César contienen más información
de la que podría parecer a primera vista. Junto a cada cadáver, hay un
papel con tres cifras: identifican el centro de detención del que llegó
la víctima, el número de detenido que allí le asignaron y el que le
asignó el forense al cadáver.
Estos libros son la contabilidad de los muertos. Los informes de los
forenses, que también filtró César, indican dónde estaban detenidas las
víctimas –en este ejemplo en la unidad 215 apodada “la prisión de la
muerte” – y a qué morgue fueron trasladadas: el hospital militar 601 de
Damasco.
En el hospital 601 llegó a haber tantos cadáveres que no cabían en
las cámaras refrigeradas de la morgue. Entonces empezaron a almacenarlos
en los garajes que servían para reparar los vehículos militares
averiados.
Si el GPS de la cámara estaba activado, los metadatos de las
fotografías del Informe César permiten comprobar dónde y cuándo fueron
tomadas y las instituciones implicadas en el horror. La organización Human Rights Watch publicó en 2015 un exhaustivo dossier titulado Si los muertos hablasen,
en el que expertos forenses analizaban las imágenes y geolocalizaban
varias de ellas. Desde cada una de estas fotos, la tecnología permite
hacer un viaje siniestro al lugar y a la fecha de los hechos. Es este:
En septiembre de 2017, el Caesar Files Group, junto con ECCHR,
presentó una querella criminal ante la Fiscalía General en Karlsruhe
contra algunos responsables de los servicios de inteligencia y la
policía militar, utilizando las imágenes como prueba.
Preguntada por este diario, la Fiscalía General alemana explica que
no pueden dar detalles de la marcha de las investigaciones, pero en un
correo electrónico confirman que “en relación con la guerra civil y los
crímenes de guerra en Siria, en particular los cometidos también por el
régimen sirio, estamos llevando a cabo un proceso estructural. Estamos
analizando los llamados archivos César, que muestran la crueldad del
régimen de El Asad. Muestran numerosos cadáveres con signos de distintos
tipos de tortura. […]
Tenemos estas imágenes desde 2016 y un instituto
forense las está analizando. En este contexto se trata de identificar a
los cadáveres y de establecer la causa de su muerte. Las investigaciones
siguen su marcha”. Respecto a la orden de detención internacional
contra Jamil Hassan, que desveló Der Spiegel y que confirman
los abogados, la Fiscalía no la desmiente, pero tampoco lo confirma
oficialmente, como suele hacer en estos casos.
Ibrahim Alkasem, un abogado sirio que representa al Caesar Files
Group accede a encontrarse con este diario bajo condición de que no se
desvele en qué país vive, ni dónde transcurre la entrevista. “Desde 2011
recogemos papeles, testimonios de víctimas, documentos de las
transferencias de una cárcel a otra, vídeos”, explica.
“Las imágenes
muestran claramente que ha habido torturas con métodos sistemáticos y
que los perpetradores siguen un patrón e instrucciones concretas.
Los archivos del Informe César son solo una parte de esas evidencias”,
apunta el abogado que también recopila documentos oficiales que muestran
cómo opera la cadena de mando del régimen sirio.
De momento, la batalla legal se centra en Alemania, aunque también se
han abierto casos de menor envergadura en España, Austria, Suecia y
Francia. Pero más allá de juicios más o menos simbólicos in absentia,
la batalla se juega a corto, medio y también largo plazo.
“La justicia
alemana ha comprendido que es importante guardar pruebas para luego
poder abrir casos específicos, que es un trabajo que no pueden hacer
solo las ONG y esa es una novedad muy importante”, explica Julia
Geneuss, experta en justicia universal de la Universidad de Hamburgo.
“Al principio Alemania era muy cautelosa con los casos de justicia
universal, pero se ha dado cuenta de que lo importante no es tanto un
juicio concreto que se celebre aquí como que las pruebas se puedan
utilizar más adelante en tribunales internacionales”.
Geneuss sostiene
que Alemania es el país europeo con una interpretación de la justicia
universal más amplia, donde se puede iniciar un proceso sin que por
ejemplo haya víctimas alemanas como sucede en otros países de la UE.
Muy lejos de allí, en otra ciudad europea, que de momento también
debe permanecer en secreto, la Comisión para la Justicia Internacional y
la Responsabilidad (CIJA) clasifica con mimo las pruebas documentales
de los abusos. Repartidos por Europa y Oriente Próximo, 145 expertos
legales han recopilado ya 800.000 páginas.
Su experiencia en Yugoslavia, Camboya o Ruanda les ha hecho darse
cuenta de que para montar un proceso contra un régimen no basta con el
relato de las víctimas. Resulta imprescindible disponer de pruebas del
organigrama jerárquico del terror.
Pruebas que documenten quién es quién
y qué puesto ocupaba en qué momento y qué conocimiento y
responsabilidad tenía en lo que estaba pasando.
Esos fardos de papeles han ido saliendo de Siria en los últimos años gracias a una compleja operación logística:
Personas contadas tienen acceso a este depósito del terror controlado
por una cámara de seguridad. Antes de entrar, hay que firmar un
documento con la hora de entrada y la de salida. Dentro, 265 cajas
marrones, todas idénticas guardan carpetas etiquetadas con códigos de
barras y con papeles que son la llave de la justicia en Siria.
En uno de
ellos por ejemplo, rubricado en la oficina de Seguridad Nacional,
aparece una lista de categorías de personas a las que se ordena detener:
manifestantes, organizadores de protestas, personas que tengan contacto
con periodistas extranjeros… “Límpiense todos los sectores de estas personas”, reza el documento.
En otro, se pide que los resultados que los nuevos nombres que emanen
de interrogatorios se envíen de vuelta a la oficina de Seguridad
Nacional. Hay también notas tomadas durante los interrogatorios.
Nerma Jelacic, subdirectora de CIJA con una dilatada experiencia en
el tribunal de Yugoslavia, explica que “no basta con un papel con la
firma de alguien, hay que tener todo el conjunto de documentos al que
pertenece ese papel para demostrar su autenticidad, porque si no, son
pruebas muy fáciles de derribar en un proceso judicial”.
Jelacic cuenta que en el caso de la guerra de Bosnia, el tribunal se
formó en 1993, dos años antes de la matanza de Srebrenica, pero no fue
hasta siete años después cuando se pudo llevar a los responsables ante
la justicia. Para Jelacic, uno de los problemas fue la falta de
evidencias que pudieran probar que personas como Mladic estaban al
corriente de lo que sucedía
La idea es hacer acopio de las pruebas en pleno conflicto. No se
puede esperar a que acabe la guerra, porque entonces será demasiado
tarde. “Parte de los lugares en los que rescatamos esos documentos han
sido reconquistados por el régimen y ahora ya no sería posible
recuperarlos”, explica Chris Engels, director de investigaciones y
operaciones de CIJA, quien asegura que nunca se han guardado tantos
documentos mientras hay una guerra activa.
“La evidencia de torturas es
enorme. Hay miles de relatos que son muy similares, las mismas
preguntas, los mismos métodos de tortura…”. En CIJA trabajan también con
evidencias de crímenes cometidos por los grupos opositores.
“Lo que estamos haciendo es muy revolucionario. Hemos completado ya
10 casos, siete de ellos de altos cargos del régimen, ahora lo que nos
falta es un tribunal que pueda juzgarlos. Hace falta voluntad política y
de momento no la hay. Pero la habrá y para entonces, tendremos todas
las pruebas preparadas”, explica Jelacic.
Los papeles servirán para un macro caso de justicia internacional el
día que China y Rusia dejen de boicotear una investigación de crímenes
de guerra en Siria. Pero a la vez, esas pruebas sirven para armar casos
judiciales en tiempo real. Cada vez hay más perpetradores que viven en
Europa y que han ido llegando camuflados como refugiados. CIJA
proporciona pruebas a una docena de países que trabajan para llevar a
juicio a sospechosos, muchos cargos intermedios, que sí están en Europa
A finales de 2016, la asamblea general de Naciones Unidas creó un
Mecanismo para la Investigación Independiente en Siria dedicado a
preservar y analizar evidencias de crímenes y violaciones del derecho
internacional y a preparar dosieres judiciales de apoyo a los casos que
se abran en los tribunales nacionales.
De momento, la batalla legal contra Al Asad se centra en Alemania,
aunque también se han abierto casos de menor envergadura en España,
Austria, Suecia y Francia.
Wolfgang Kaleck es el fundador del ECCHR, que ha logrado que se emita
la orden de detención internacional contra Hassan. Kaleck cree que hay
una “ola de jurisdicción universal” en Alemania y en el norte de Europa,
y aunque no piensa que los responsables vayan a caer de un día para
otro, considera muy necesario que se dicten órdenes de detención internacional.
“Si una corte superior de justicia alemana está investigando crímenes
en Siria y señala como máximos responsables al régimen de El Asad, eso
tiene mucha fuerza”, afirma Kaleck.
“Los responsables no van a poder ser juzgados in absentia,
pero las órdenes de detención internacionales envían el mensaje a los
perpetradores que los crímenes no quedan impunes”, corrobora María Elena
Vignoli, experta en justicia internacional de Human Rights Watch.
Por eso, para muchos refugiados sirios, la justicia alemana es ahora su única esperanza. Maryam Alhallak es una de ellos, en 2012 se llevaron a su hijo...
Maryam Alhallak testificó ante la Fiscalía el pasado julio. Contó cómo
consiguió confirmar que su hijo había muerto cuando le vio en una imagen
del Informe César. Antes, en Damasco, había pasado tres años buscando
su cuerpo sin éxito, llamando a todas las puertas posibles de la
burocracia siria.
“El Gobierno me buscaba y me quería detener. Iba a
preguntar a todos los oficiales y por eso me perseguían y me echaron de
mi casa”, cuenta. Una madre coraje a la que nadie quería escuchar. La
Fiscalía alemana sí ha querido oír su historia, que es la de su hijo,
supervisor en la facultad de Odontología.
“No había ninguna acusación
contra él”, continúa la madre. Se le corta la voz. Respira, coge fuerzas
y sigue. “Tengo mucha esperanza”, dice sobre la causa abierta en
Alemania. “Lo único que nos queda es la justicia”." (Ana Carbajosa, El País, 09/06/18)
