18/6/18

Le administraron grandes dosis de aceite de ricino, le raparon pelo y cejas, la maltrataron, violaron, la pasearon por las calles de Pamplona, sucia, su vestido rasgado...

"Camino nació en la calle Santo Domingo de Pamplona en 1910. Hija de Antonio y Anastasia, era la menor de 4 hermanos, pronto se quedó huérfana de ambos padres debido a la gripe de 1918. 

Los hermanos fueron separados y criados por diferentes familiares, ella fue a vivir con su tía. Camino pronto destacó como buena estudiante en las Teresianas de Pamplona donde terminó sus estudios con magnificas notas. En 1930 ejercía de maestra en el pueblo de Güesa, en el Valle de Salazar. (...) 

Camino se asoció al Socorro Rojo Internacional tras la Revolución de Asturias de 1934, ya que muchos de los detenidos encarcelados en el Fuerte San Cristóbal vivían en condiciones infrahumanas. Aquellas mujeres venían desde Pamplona, a veces en las peores condiciones meteorológicas, llevando comida y regalos, acompañándolos con sus dulces caras y voces. 

Pero Camino era muy mal vista en Pamplona, era de izquierdas, solidaria, conocida activista, secretaria del Partido Comunista, afiliada a FETE-UGT, multimilitante comprometida con su trabajo, vivía rodeada de demasiadas miradas acusadoras en una ciudad hostil.

En Navarra no hubo guerra. De la noche a la mañana todo cambió. Los que una vez fueron compañeros de tascas se convirtieron de repente en verdugos sedientos de sed y venganza.  (...)

A Camino la detuvieron el 31 de julio y la encerraron en la cárcel de Pamplona. Su compañero Tomás Ariz, conocido líder del PC de Pamplona, ya había sido fusilado antes. Camino era una “presa fácil”, rodeada de niñatos bravucones con ganas de demostrar gallardía en retaguardia. 

Los falangistas, entre ellos el cruel “toico” le administraron grandes dosis de aceite de ricino. 

Le raparon pelo y cejas, la maltrataron, violaron repetidamente, y la burlaron durante horas. Pero el escarmiento iba más lejos, había que humillar, apalear, herir, ridiculizar, la pasearon por las calles de Pamplona, sucia, su vestido rasgado. 

Días después la transportaron hacia Urbasa, y en medio de la carretera los carlistas la tirotearon y arrojaron por el balcón de Pilatos. Cayó cientos de metros hasta el término municipal de Baquedano, donde su cuerpo todavía no ha sido encontrado. Tenía 26 años.

En su libro La Guerra Civil en la Frontera, Pío Baroja habla de Camino: 

Al volver, he sabido muchas cosas de las que no quisiera haberme enterado. Entre ellas el caso de la maestra de un pueblo del Roncal, llamado Güesa, una muchachita de Pamplona, inteligente, que se había hecho comunista.
 Se llamaba María del Carmen Oscoz, y yo supe de su existencia, porque en el comienzo del año 1936 me empezó a escribir unas cartas en las que se mostraba anticlerical y entusiasta del comunismo, cartas de persona inteligente. 
Esta pobre muchacha leía mis libros, creía que yo estaba equivocado al no identificarme con el entusiasmo comunista. La maestra era audaz y valiente. 
En el pueblo parece ser que había un cura que la perseguía. Ella pintaba a su perseguidor como a un monstruo. La maestrita fue a varias reuniones, y al comenzar la revolución la detuvieron y la llevaron a la cárcel de Pamplona.
 Algunos días después la sacaron en un camión, y en medio de la carretera la mataron los carlistas, tirándola al suelo y disparando sobre ella varios tiros. Después arrojaron su cadáver por un barranco. ¡Qué crueldad más baja!.” (...)

Documentos originales: El libro Camino Oscoz y otras historias del 36 de Joseba Eceolaza. Noticias de Navarra (Amaia Rodríguez, Antonio Remón). Radio Recuperando Memoria (Nanny García Gómez). Parque de la memoria."                (Documentalismo Memorialista y Republicano, 30/04/18)

15/6/18

Olga Mayans, la española que sobrevivió a la masacre nazi de Tulle

Uno de los vecinos ahorcados por los nazis en Tulle (Foto cortesía de Olga Mayans)

"Aún me parece que oigo a aquellas bestias… gritando en alemán, aporreando la puerta de casa y amenazándonos con tirarla abajo si no la abríamos". Su rostro se ha ido cubriendo de tinieblas a medida que su envidiable memoria retrocedía en el tiempo. 

Aunque su trabajado cuerpo apenas le permite moverse unos pasos por la casa de Perpiñán en la que vive sola desde que falleció su marido, su mente se encuentra ya a 370 kilómetros de distancia. Muy lejos en el espacio y en el tiempo. Olga Mayans ha dejado de tener 92 años y vuelve a ser la jovencita asustada que era aquel 9 de junio de 1944.

"Hui con mi familia de Barcelona cuando las tropas franquistas estaban a las puertas de la ciudad. Nos refugiamos en Francia y yo acabé en Tulle, acogida por un matrimonio que me dio trabajo cuidando de sus tres hijos". Olga enseña las fotos que conserva de la que, desde entonces, siempre fue su segunda familia: los Tresallet. "Tenían dos gemelos, niño y niña, y otra hija mayor. Me querían como a una hermana".

 Louis, el padre, regentaba un taller de relojes en la localidad. Como tantos otros franceses y también muchos exiliados españoles, no pudo quedarse de brazos cruzados ante la invasión alemana de Francia. "Era de la Resistencia. Como en la relojería entraba y salía mucha gente, podía trabajar de correo sin levantar sospechas. Entraba uno y le dejaba un papel que más tarde alguien recogía", relata con admiración Olga.

La tensión se había disparado en la villa tras el inicio del desembarco de los Aliados en las playas de Normandía la noche del 5 al 6 de junio. Solo 24 horas después, los guerrilleros franceses habían lanzado una ofensiva contra Tulle en la que lograron liberar la ciudad. La alegría apenas duró unas pocas horas. El 8 de junio, efectivos de la División Das Reich de las Waffen-SS recuperaron el control de la localidad y perpetraron su sangrienta venganza. 

"El 9 por la mañana fueron, vivienda por vivienda, sacando a todos los hombres. Si no abrías, destrozaban la puerta con hachas. En nuestra casa solo estaba mi patrona, que se llamaba Denise, los niños y yo. Lo registraron todo y nos obligaron a encerrarnos, cerrando puertas y ventanas".

Durante varias horas los alemanes, siguiendo las órdenes del general de las SS Heinz Lammerding, reunieron a los prisioneros y realizaron una macabra selección. "Estábamos muy asustadas, pero no sabíamos exactamente lo que pasaba. Oíamos disparos, golpes y gritos. 

Lo más desgarrador era oír gritar a las mujeres que suplicaban por la vida de sus padres, maridos o hijos. Como nuestra casa era una especie de barraca, había muchos agujeros por los que mirar. Delante teníamos un soldado alemán con una ametralladora que se encargaba de que nadie se asomara a las ventanas ni saliera a la calle".

A solo unos metros de distancia comenzó la masacre. Los SS eligieron a 120 hombres y empezaron a ahorcarlos: "Con mucho cuidado para que no me vieran los soldados, yo miraba por las rendijas de las paredes de la casa. Y vi a los ahorcados. Los colgaban en todas partes… Yo los que vi estaban colgados de los balcones. La calle en que vivíamos fue una de la que más utilizaron para matarlos. Entonces se llamaba del Pont Neuf, Puente Nuevo; después de aquello la rebautizaron como calle de Los Mártires".

 Finalmente fueron 99 los vecinos ahorcados aquel día: "Tres eran españoles. ¡Aquello fue horrible! De una sola familia colgaron a tres". Los SS no se conformaron con ahorcar a ese centenar de vecinos en balcones y farolas; a otros 149 hombres los subieron a unos camiones y los enviaron a un campo de concentración.

 "Mi patrón fue uno de ellos. Se salvó de la horca, pero lo mataron en el campo de Dachau". Louis Tresallet no fue la excepción, sino la regla. En el campo de concentración perdieron la vida 101 de los 149 vecinos deportados durante aquella aciaga jornada.

Matanzas con víctimas españolas

La misma división Das Reich perpetraría al día siguiente, 10 de junio de 1944, otra masacre aún mayor en la localidad de Oradour-sur-Glane. En esta ocasión los miembros de las Waffen SS asesinaron a 642 personas en un solo día. "Nos enteramos de esa matanza bastante tiempo después", recuerda Olga mientras desempolva los periódicos que guarda de aquella época negra. "Allí no fueron ahorcados.

 Allí los ametrallaron y hasta los quemaron dentro de la iglesia". Así fue. 239 mujeres y 213 niños perecieron en el templo religioso de la localidad después de que los nazis les encerraran allí, les tirotearan y les arrojaran numerosas bombas de mano.

Entre las víctimas de esta segunda matanza había al menos 21 españoles, incluidos varios niños de corta edad. Sus nombres aparecen en el conmovedor mausoleo erigido en el cementerio de la ciudad. Una ciudad que conserva todas y cada una de sus cicatrices abiertas aquel día. No fue reconstruida para que las generaciones venideras recuerden todo el horror. "No se puede olvidar. ¡No se debe olvidar!", exclama Olga con el rostro tensado por la emoción. 

La lucha por conservar la memoria de las víctimas del nazismo ha sido, de hecho, uno de los pilares de su vida. A ello contribuyó que el destino y el amor hicieron que se casara, poco después de acabar la guerra, con Marcial Mayans, un superviviente barcelonés del campo de concentración de Mauthausen. Ambos prestaron su testimonio, hablaron acerca de los horrores provocados por el fascismo durante los cerca de 60 años que duró su matrimonio.

Desde que Marcial falleció en octubre de 2016, Olga no deja de decir a quien la visita que está deseando reunirse con él. Los recuerdos le duelen mucho más que la ristra de achaques que la mantienen postrada en un sillón durante la mayor parte del día. 

Aún así siente la obligación de seguir contando lo que vio en Tulle aquel día de junio de 1944. Cree que se lo debe a Louis Tresallet y al resto de víctimas de la masacre. Es por ello, es por ellos por quienes siempre está dispuesta a viajar en el tiempo… una última vez."              (Carlos Henández, eldiario.es, 13/06/18)

14/6/18

El quién es quién del terror en Siria

20, 21, 24, 28, 34, 36, 40, 41, 83, 90, 92, 124 y 126. Yazan Awad repite como un mantra los días en que torturaron su cuerpo. Cuando los guardias de la prisión militar le destrozaron la pierna con un garrote durante seis horas. Cuando le colgaron del techo y le sacudieron con un bate. Cuando le violaron con un Kaláshnikov. El peor de todos fue el día 36.

La cita con Awad y con otros testigos, abogados y demandantes del proceso contra el régimen sirio tiene lugar en Alemania, convertida en la vanguardia de la batalla legal contra el Gobierno de Bachar el Asad. Aquí han recalado cientos de miles de refugiados sirios en los últimos dos años, convertidos a su pesar en las pruebas vivientes de las atrocidades cometidas en las cárceles del régimen. 

Su presencia, junto a miles de fotografías sacadas de Siria y sobre todo gracias a unas leyes que abren la puerta a la justicia universal y a fiscales y policías interesados en investigar han permitido que casos como el suyo avancen y que se haya dictado la primera orden de detención internacional contra un alto cargo del régimen.

A más de mil kilómetros de Berlín, en una habitación fría, cientos de cajas de cartón guardan la otra gran pieza del puzle judicial contra el régimen sirio. Son las pruebas necesarias para sentar a los responsables de las atrocidades en el banquillo. El quién es quién del terror. 

Cientos de miles de documentos que han sido sacados discretamente de Siria en los últimos años y que demuestran quién dio las órdenes de detener y torturar a los que salieron a protestar contra el régimen. Quién diseñó el macabro entramado de torturas, quién ejecutó las órdenes y quién miró para otro lado.

Veteranos de la justicia internacional clasifican y custodian estos kilos de papeles. En una docena de países los documentos alimentan investigaciones contra cargos medios del Gobierno sirio que viven en Europa, pero sobre todo van construyendo el esqueleto de la gran causa judicial contra el régimen sirio, para que la historia de Yugoslavia o de Ruanda no se repita y para que el día en que se constituya un tribunal internacional que juzgue los crímenes sirios, las pruebas no se hayan evaporado ni haya que esperar décadas para empezar a trabajar.

La primera prueba contra el régimen sirio es el relato de las víctimas, personas con cuerpos rotos y ánimo de hierro. Sus testimonios dibujan un retrato preciso y espeluznante del aparato represivo del régimen sirio. Los elementos se repiten de un relato a otro, hasta emerger un patrón de abusos sistemático. La tubería con los cables colgando para dar palizas. 

Los gritos de los torturados de día y de noche. El hacinamiento en celdas atestadas de infecciones. La incertidumbre de no saber si vas a morir o a vivir al día siguiente. Los desaparecidos. Las confesiones bajo violencia. Las víctimas también comparten una desesperada fe en la justicia como arma de supervivencia psicológica.

Awad es un joven corpulento de 30 años, que lleva dos en Alemania. Aquí llegó como los demás refugiados, jugándose de nuevo la vida. En Siria pasó 137 días detenido en el aeropuerto de Al Mezzeh, bajo control de la Fuerza Aérea del Ejército sirio. “Nada más llegar, me pegaron durante seis horas. Nos tumbaban en el suelo y nos pegaban con tuberías. Nos golpeaban en la planta de los pies. Después me llevaron a una celda con 180 personas. El dolor era terrible. No podía ir al baño. Dos personas me tenían que arrastrar”.

Awad continúa como si fuera incapaz de poner freno a sus recuerdos. “Pegaban como locos. Con las botas en la cabeza, con la culata del Kaláshnikov. Me metieron el AK-47 por el culo y estuve casi dos meses sin comer. Decir que querías ir al médico era peligroso; de cada diez que iban, solo uno volvía con vida. Nos daban 10 segundos para ir al baño. En ese tiempo, tenías que beber, curarte las heridas, ir al retrete y hacer las abluciones”.

El día 36 fue el más largo. Awad cuenta el calvario al que fue sometido:

“Me dijeron que me iban a matar. Todavía colgando del techo, me metieron una pistola en la boca y me pidieron que recitara la shahada [la declaración de fe islámica]. No podía dejar de tartamudear y tardé más de 15 minutos. Alguien disparó. Habían cortado la cuerda y estaba en el suelo. Creí que me habían matado. Me quitaron la venda de los ojos y salí corriendo tras ellos. Necesitaba ver sus caras para poder explicarle a Dios quiénes eran el día del juicio final”.

Hasta entonces Awad había sido un tipo normal. El 29 de abril de 2011 participó en su primera manifestación contra el régimen. La revolución tunecina se había cobrado la cabeza del dictador Ben Ali y en Egipto, Hosni Mubarak también había caído. Lo imposible de repente empezó a parecer posible, también en Siria. 

Las fotos de los niños de Deraa, a los que les arrancaron las uñas por hacer unas pintadas críticas contra el régimen hicieron saltar la chispa. También en la cabeza de Awad: “Cuando vi las fotos de aquellos niños decidí oponerme al régimen”. Tras la primera manifestación vinieron más, y después, la ayuda a los manifestantes que huían de otras ciudades. Más tarde se sumó a los médicos clandestinos para trasladar heridos a hospitales secretos.

Todo aquello forma parte de un pasado repleto de ilusión y esperanza del que no queda ni rastro. La guerra en Siria va por su octavo año, ha acabado con la vida de unas 400.000 personas y ha obligado al desplazamiento de once millones, cerca de la mitad de su población. Y tal vez lo peor, no hay en el horizonte una solución política capaz de poner fin a un conflicto que no deja de enquistarse. Awad también es otra persona, pero aún sueña.

 “Mis amigos están todavía en la cárcel y les prometí que les sacaría. Mi sueño es hablar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. En 2012 pararon las torturas durante dos semanas, pudimos dormir porque no oíamos gritos y nos dieron comida solo porque existía la posibilidad de que fueran a venir inspectores de la ONU a la cárcel. Fueron dos semanas increíbles: el paraíso en el infierno".

Al llegar a Alemania, Awad se topó en Internet con Anwar al Bunni, un conocido abogado sirio que ahora también vive aquí. A Awad se le ensanchó de repente el horizonte de su vida: “Había llegado mi momento”.

Al Bunni es un tipo menudo cuya eterna sonrisa esconde un pasado y un presente terrorífico. Es un abogado sirio y el alma de este caso, junto a su colega Mazen Darwish y apoyados por el Centro europeo para los derechos humanos y constitucionales (ECCHR, por su siglas en inglés), una ONG alemana que se dedica a lo que ellos llaman “el litigio estratégico”.

 Juntos se han propuesto ver entre rejas a los torturadores del régimen sirio. En total, cuatro denuncias penales se encuentran ya en la Fiscalía General, junto a decenas miles de imágenes de torturas sacadas de Siria.

Hay países como Suecia, Noruega o Austria que también permiten la aplicación de la justicia universal, pero el caso alemán, permite, la ley permite una amplia interpretación para llevar a cabo los llamados “procesos estructurales”, en los que se trata de recabar evidencias más allá de casos concretos. Hay además un departamento de fiscales y de la policía criminal que tienen interés en estos casos. Hace dos años por ejemplo, la fiscalía ya emitió una orden de detención internacional contra un miembro del ISIS por crímenes de guerra cometidos contra los yazidíes.

La Fiscalía ha escuchado a los testigos y esta semana ha trascendido que ha dictado una orden de detención internacional contra Jamil Hassan, director de la temida Inteligencia militar aérea y estrecho colaborador de Bachar el Asad.

En Damasco, Al Bunni era un conocido defensor de presos políticos y cuando llegó a Europa, en seguida se corrió la voz entre la comunidad de la diáspora. Sus redes sociales, el Whatsapp y el Skype, se empezaron a llenar de compatriotas que como Awad le querían contar lo que les había pasado. En poco tiempo logró tejer una tupida red de testimonios que se extiende por toda Europa. 

En un despacho vacío al norte de Berlín, con una banderita siria como único ornamento, Al Bunni detalla los pormenores del caso: “Estamos preparando testigos en Noruega y también en Estocolmo. En Francia hay un caso abierto por dos víctimas con nacionalidad francesa…”. En total, trabajan juntos cinco abogados sirios en Berlín y otros 30 repartidos por toda Europa. Explica que uno de sus 27 demandados es Bachar el Assad.

La familia Al Bunni tiene pedigrí opositor. Entre él, sus tres hermanos y su hermana han pasado 75 años en la cárcel. En Damasco, el abogado dirigía un conocido centro de derechos humanos, convertido en una referencia para diplomáticos occidentales. Acusado de querer debilitar a la nación y de complicidad con organismos internacionales, estuvo en la cárcel entre 2006 y 2011, donde asegura que intentaron matarle dos veces.

Estando preso, estalló la revolución. Al salir, Alemania –cuya asociación de jueces había premiado con anterioridad su trabajo– se ofreció a sacarle de Siria. Pero en Siria había mucho trabajo por hacer. Había que defender a los manifestantes que acababan detenidos sin garantías judiciales. 

Al Bunni aguantó hasta 2014, cuando el Gobierno emitió dos órdenes de detención en su contra. Ya no se trataba de estar fuera o dentro de la cárcel, si no de vida o muerte. Había llegado el momento de comprobar si la oferta alemana seguía vigente. Huyó con su mujer e hijos cruzando las montañas.
Prometo que les llevaré a la cárcel, muerto o vivo: esa gente no puede ser parte de la transición política
ANWAR AL BUNNI
Al Bunni es otra de esas personas que te puedes cruzar en el supermercado en Alemania sin sospechar que vive una vida que poco tiene que ver con la de la mayoría. “Sabemos que hay más de 60 personas del régimen en Europa, pero no les tengo miedo”. Él lo tiene todo pensado:

 “Ellos deberían temerme a mí. Me conocen de la cárcel. Todos los días me interrogaban y saben que solo si me matan podrán callarme. Si me matan en Alemania, será fácil incriminarles, irán a la cárcel y habré cumplido mi objetivo”.

 Ríe. “Prometo que les llevaré a la cárcel, muerto o vivo: esa gente no puede ser parte de la transición política siria”.

El abogado está convencido de que Europa también se juega mucho en esta batalla. “Si dejamos al régimen de El Asad impune, equivaldría a dar vía libre a todos los dictadores del mundo. Si la ley internacional colapsa, ¿qué va a ser de nuestras sociedades?”, se pregunta.

Al Bunni también utiliza su red de contactos en la diáspora para detectar a criminales que vienen a Europa como refugiados. Puede ser gente del régimen, pero también gente del Estado Islámico, de Al Nusra... “Sabemos que más de 1.060 personas que llegaron como refugiados han cometido crímenes. Tenemos mucho material para probarlo”.

La unidad de crímenes de guerra de la policía criminal alemana (ZBKV) también participa en este proceso. Una portavoz explica que revisan de forma sistemática las entradas de personas procedentes de Siria e Iraq desde 2015, cuando se produjo el gran pico de llegadas de demandantes de asilo. 

Han recibido más de 4.300 informaciones relacionadas con posibles violaciones del código contra de derecho internacional (genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra). Los casos concretos de potenciales sospechosos, los enviamos a la Fiscalía General alemana”.

Entre la documentación que se encuentra ya en la Fiscalía alemana hay un informe crucial para la causa. Se trata de un paquete de 26.948 fotografías. Cerca de la mitad de ellas muestran los cuerpos sin vida de detenidos por el régimen sirio. Se conocen por el seudónimo del informante que las sacó de Siria: César.

César era fotógrafo en la policía militar. Entre 2011 y 2013 su trabajo fue retratar a los cadáveres que llegaban de los distintos centros de detención a dos hospitales: el Hospital Militar 601 y el Hospital Militar de Tishreen. Las fotos del Informe César (Caesar Files) son imágenes minuciosas, profesionales, de alta calidad, a todo color. Documentan el terror. En ellas aparecen miles de cadáveres famélicos, desnudos y torturados. Las publicamos tratadas dada la crudeza de su contenido.

Estas imágenes han servido para que muchas familias identifiquen en ellas a sus seres queridos, detenidos o desaparecidos, de los que hacía años que no tenían noticias. Sirven como prueba. En España, la Audiencia Nacional inició en marzo de 2017 el primer procedimiento contra las torturas y ejecuciones del régimen de El Asad cuando la española de origen sirio Amal Hag-Hamdo Anfalis reconoció a su hermano muerto entre las fotografías de César. Sin embargo, el propio tribunal revocó la admisión de la querella unos meses después al creer que España no tiene jurisdicción para investigar estos crímenes.

Las imágenes prueban el patrón de abusos sistemáticos, la cruel cotidianidad y las condiciones infrahumanas de las prisiones sirias. La mayoría de los cadáveres aparecen demacrados y esqueléticos. Piel y huesos. Las costillas, clavículas y caderas marcadas. También se identifican infecciones en la piel, llagas y claros signos de haber sido torturados: marcas de estrangulamiento, ataduras, quemaduras, golpes, laceraciones, traumatismos, dientes destrozados, ojos reventados, sangre seca…

Anmistía Internacional eleva al menos a 17.723 las víctimas mortales de los centros de detención. La organización de derechos humanos describe un amplio catálogo de torturas que además considera que son la norma. “Desde que estallaron las protestas pacíficas en 2011, el Gobierno sirio ha lanzado una campaña para detenciones y desapariciones forzosas. Miles de personas han sido torturadas y maltratadas, muchas de las cuales han muerto durante la detención y decenas de miles han desaparecido.

 Los principales objetivos del régimen han sido activistas, defensores de derechos humanos, periodistas, médicos y trabajadores humanitarios”, escribe Amnistía en su último informe.

Las fotos del Informe César contienen más información de la que podría parecer a primera vista. Junto a cada cadáver, hay un papel con tres cifras: identifican el centro de detención del que llegó la víctima, el número de detenido que allí le asignaron y el que le asignó el forense al cadáver.

Estos libros son la contabilidad de los muertos. Los informes de los forenses, que también filtró César, indican dónde estaban detenidas las víctimas –en este ejemplo en la unidad 215 apodada “la prisión de la muerte” – y a qué morgue fueron trasladadas: el hospital militar 601 de Damasco.

En el hospital 601 llegó a haber tantos cadáveres que no cabían en las cámaras refrigeradas de la morgue. Entonces empezaron a almacenarlos en los garajes que servían para reparar los vehículos militares averiados.

Si el GPS de la cámara estaba activado, los metadatos de las fotografías del Informe César permiten comprobar dónde y cuándo fueron tomadas y las instituciones implicadas en el horror. La organización Human Rights Watch publicó en 2015 un exhaustivo dossier titulado Si los muertos hablasen, en el que expertos forenses analizaban las imágenes y geolocalizaban varias de ellas.  Desde cada una de estas fotos, la tecnología permite hacer un viaje siniestro al lugar y a la fecha de los hechos. Es este:

En septiembre de 2017, el Caesar Files Group, junto con ECCHR, presentó una querella criminal ante la Fiscalía General en Karlsruhe contra algunos responsables de los servicios de inteligencia y la policía militar, utilizando las imágenes como prueba.

Preguntada por este diario, la Fiscalía General alemana explica que no pueden dar detalles de la marcha de las investigaciones, pero en un correo electrónico confirman que “en relación con la guerra civil y los crímenes de guerra en Siria, en particular los cometidos también por el régimen sirio, estamos llevando a cabo un proceso estructural. Estamos analizando los llamados archivos César, que muestran la crueldad del régimen de El Asad. Muestran numerosos cadáveres con signos de distintos tipos de tortura. […] 

Tenemos estas imágenes desde 2016 y un instituto forense las está analizando. En este contexto se trata de identificar a los cadáveres y de establecer la causa de su muerte. Las investigaciones siguen su marcha”. Respecto a la orden de detención internacional contra Jamil Hassan, que desveló Der Spiegel y que confirman los abogados, la Fiscalía no la desmiente, pero tampoco lo confirma oficialmente, como suele hacer en estos casos.

Ibrahim Alkasem, un abogado sirio que representa al Caesar Files Group accede a encontrarse con este diario bajo condición de que no se desvele en qué país vive, ni dónde transcurre la entrevista. “Desde 2011 recogemos papeles, testimonios de víctimas, documentos de las transferencias de una cárcel a otra, vídeos”, explica.

 “Las imágenes muestran claramente que ha habido torturas con métodos sistemáticos y que los perpetradores siguen un patrón e instrucciones concretas. Los archivos del Informe César son solo una parte de esas evidencias”, apunta el abogado que también recopila documentos oficiales que muestran cómo opera la cadena de mando del régimen sirio.

De momento, la batalla legal se centra en Alemania, aunque también se han abierto casos de menor envergadura en España, Austria, Suecia y Francia. Pero más allá de juicios más o menos simbólicos in absentia, la batalla se juega a corto, medio y también largo plazo. 

“La justicia alemana ha comprendido que es importante guardar pruebas para luego poder abrir casos específicos, que es un trabajo que no pueden hacer solo las ONG y esa es una novedad muy importante”, explica Julia Geneuss, experta en justicia universal de la Universidad de Hamburgo. “Al principio Alemania era muy cautelosa con los casos de justicia universal, pero se ha dado cuenta de que lo importante no es tanto un juicio concreto que se celebre aquí como que las pruebas se puedan utilizar más adelante en tribunales internacionales”. 

Geneuss sostiene que Alemania es el país europeo con una interpretación de la justicia universal más amplia, donde se puede iniciar un proceso sin que por ejemplo haya víctimas alemanas como sucede en otros países de la UE.

Muy lejos de allí, en otra ciudad europea, que de momento también debe permanecer en secreto, la Comisión para la Justicia Internacional y la Responsabilidad (CIJA) clasifica con mimo las pruebas documentales de los abusos. Repartidos por Europa y Oriente Próximo, 145 expertos legales han recopilado ya 800.000 páginas.

Su experiencia en Yugoslavia, Camboya o Ruanda les ha hecho darse cuenta de que para montar un proceso contra un régimen no basta con el relato de las víctimas. Resulta imprescindible disponer de pruebas del organigrama jerárquico del terror. 

Pruebas que documenten quién es quién y qué puesto ocupaba en qué momento y qué conocimiento y responsabilidad tenía en lo que estaba pasando.
Esos fardos de papeles han ido saliendo de Siria en los últimos años gracias a una compleja operación logística:

Personas contadas tienen acceso a este depósito del terror controlado por una cámara de seguridad. Antes de entrar, hay que firmar un documento con la hora de entrada y la de salida. Dentro, 265 cajas marrones, todas idénticas guardan carpetas etiquetadas con códigos de barras y con papeles que son la llave de la justicia en Siria.

 En uno de ellos por ejemplo, rubricado en la oficina de Seguridad Nacional, aparece una lista de categorías de personas a las que se ordena detener: manifestantes, organizadores de protestas, personas que tengan contacto con periodistas extranjeros… “Límpiense todos los sectores de estas personas”, reza el documento

En otro, se pide que los resultados que los nuevos nombres que emanen de interrogatorios se envíen de vuelta a la oficina de Seguridad Nacional. Hay también notas tomadas durante los interrogatorios.

Nerma Jelacic, subdirectora de CIJA con una dilatada experiencia en el tribunal de Yugoslavia, explica que “no basta con un papel con la firma de alguien, hay que tener todo el conjunto de documentos al que pertenece ese papel para demostrar su autenticidad, porque si no, son pruebas muy fáciles de derribar en un proceso judicial”.

Jelacic cuenta que en el caso de la guerra de Bosnia, el tribunal se formó en 1993, dos años antes de la matanza de Srebrenica, pero no fue hasta siete años después cuando se pudo llevar a los responsables ante la justicia. Para Jelacic, uno de los problemas fue la falta de evidencias que pudieran probar que personas como Mladic estaban al corriente de lo que sucedía

La idea es hacer acopio de las pruebas en pleno conflicto. No se puede esperar a que acabe la guerra, porque entonces será demasiado tarde. “Parte de los lugares en los que rescatamos esos documentos han sido reconquistados por el régimen y ahora ya no sería posible recuperarlos”, explica Chris Engels, director de investigaciones y operaciones de CIJA, quien asegura que nunca se han guardado tantos documentos mientras hay una guerra activa.

 “La evidencia de torturas es enorme. Hay miles de relatos que son muy similares, las mismas preguntas, los mismos métodos de tortura…”. En CIJA trabajan también con evidencias de crímenes cometidos por los grupos opositores.

“Lo que estamos haciendo es muy revolucionario. Hemos completado ya 10 casos, siete de ellos de altos cargos del régimen, ahora lo que nos falta es un tribunal que pueda juzgarlos. Hace falta voluntad política y de momento no la hay. Pero la habrá y para entonces, tendremos todas las pruebas preparadas”, explica Jelacic.

Los papeles servirán para un macro caso de justicia internacional el día que China y Rusia dejen de boicotear una investigación de crímenes de guerra en Siria. Pero a la vez, esas pruebas sirven para armar casos judiciales en tiempo real. Cada vez hay más perpetradores que viven en Europa y que han ido llegando camuflados como refugiados. CIJA proporciona pruebas a una docena de países que trabajan para llevar a juicio a sospechosos, muchos cargos intermedios, que sí están en Europa

A finales de 2016, la asamblea general de Naciones Unidas creó un Mecanismo para la Investigación Independiente en Siria dedicado a preservar y analizar evidencias de crímenes y violaciones del derecho internacional y a preparar dosieres judiciales de apoyo a los casos que se abran en los tribunales nacionales.

De momento, la batalla legal contra Al Asad se centra en Alemania, aunque también se han abierto casos de menor envergadura en España, Austria, Suecia y Francia.

Wolfgang Kaleck es el fundador del ECCHR, que ha logrado que se emita la orden de detención internacional contra Hassan. Kaleck cree que hay una “ola de jurisdicción universal” en Alemania y en el norte de Europa, y aunque no piensa que los responsables vayan a caer de un día para otro, considera muy necesario que se dicten órdenes de detención internacional. 

 “Si una corte superior de justicia alemana está investigando crímenes en Siria y señala como máximos responsables al régimen de El Asad, eso tiene mucha fuerza”, afirma Kaleck.

“Los responsables no van a poder ser juzgados in absentia, pero las órdenes de detención internacionales envían el mensaje a los perpetradores que los crímenes no quedan impunes”, corrobora María Elena Vignoli, experta en justicia internacional de Human Rights Watch.

Por eso, para muchos refugiados sirios, la justicia alemana es ahora su única esperanza. Maryam Alhallak es una de ellos, en 2012 se llevaron a su hijo...

 Maryam Alhallak testificó ante la Fiscalía el pasado julio. Contó cómo consiguió confirmar que su hijo había muerto cuando le vio en una imagen del Informe César. Antes, en Damasco, había pasado tres años buscando su cuerpo sin éxito, llamando a todas las puertas posibles de la burocracia siria.

 “El Gobierno me buscaba y me quería detener. Iba a preguntar a todos los oficiales y por eso me perseguían y me echaron de mi casa”, cuenta. Una madre coraje a la que nadie quería escuchar. La Fiscalía alemana sí ha querido oír su historia, que es la de su hijo, supervisor en la facultad de Odontología.

 “No había ninguna acusación contra él”, continúa la madre. Se le corta la voz. Respira, coge fuerzas y sigue. “Tengo mucha esperanza”, dice sobre la causa abierta en Alemania. “Lo único que nos queda es la justicia”."              (Ana Carbajosa, El País, 09/06/18)

13/6/18

Las 15.000 esclavas holandesas de las Hermanas del Buen Pastor

"Mi tutora, la señorita Van de Biggelaar, me llevó en tren hasta Almelo [en el este de Holanda]. En Tilburgo, al menos tenía un nombre que coser en la etiqueta de mi ropa, pero al llegar a Almelo me convertí en un número más", cuenta Jo Keepers, de 76 años. Hija de un padre alcohólico y maltratador, ella es una de las miles de víctimas holandesas de los trabajos forzados no remunerados de la orden católica Hermanas del Buen Pastor.

Al menos 15.000 niñas y mujeres, en su mayoría prostitutas, madres solteras o discapacitadas, trabajaron en condiciones de esclavitud entre 1860 y 1973 en las lavanderías y talleres de costura de esta congregación en Holanda, según una investigación de años realizada por el medio holandés NRC.

Las monjas, establecidas en los llamados "refugios del amor" en las ciudades de Almelo, Tilburgo, Zoeterwoude y Gelderland, vivían de tareas de la costura comercial. Todas las esclavas que tenían a su disposición elaboraron durante décadas todo tipo de indumentarias. Desde ropa de bebé hasta prendas para los militares, pasando por chalecos de fuerza para instituciones psiquiátricas o camisas especiales para compañías determinadas.

Esta orden religiosa ya se vio implicada en un escándalo semejante en Irlanda, donde participaban en la gestión de las llamadas "lavanderías de las Magdalenas". Allí, unas 10.000 mujeres jóvenes, muchas de ellas madres solteras, fueron detenidas y forzadas a trabajar en las lavanderías que comenzaron a operar en la década de 1920 e incluso seguían vigentes hasta 1996, según un informe del Gobierno de Dublín.

A los trabajos de lavandería se sumaba el bordado. Según el Archivo holandés de la Vida Conventual, que guarda también objetos, en El Buen Pastor se bordaba para la Casa Real. “Se presume que para la entonces princesa Juliana (abuela del actual rey Guillermo)”. Parte del lavado y almidonado de manteles del Palacio het Loo, residencia oficial de Juliana, también se hizo en los conventos de la orden.

En el caso holandés, las monjas proveían con sus productos a las fábricas textiles, empresas de moda, hoteles, hospitales, particulares, la Iglesia y el propio Gobierno. La investigación de NRC incluye testimonios de varias víctimas y eleva su cifra a al menos 15.000 personas. Contactas por Efe, algunas de estas personas explican que por su estado de salud y edad prefieren no rememorar aquella época de nuevo hasta el día que tengan que dar testimonio ante un tribunal.

Una de ellas es Margot Verhagen, de 85 años. Su padre murió en la Segunda Guerra Mundial y su madre falleció en 1950, cuando ella tenía 17 años y seis hermanos. Verhagen se quedó con una de sus tías, pero pocos días después, dos policías y una mujer de protección de menores la trasladaron a la institución del Buen Pastor en Velp, donde las hermanas la pusieron a trabajar desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, recuerda.

Verhagen, nacida en La Haya, asegura en el medio holandés que no solo fue sometida a los trabajos forzados en las lavanderías "una cultura normal de esa época", apostilla sino que dice haber sido violada por el rector de la institución. El episodio, según ella, quedó impune porque las esclavas no tenían voz, ni voto, ni derecho a quejarse.

Se les consideraba niñas y mujeres "perdidas" cuando quedaban embarazadas fuera del matrimonio, huérfanas, abandonadas, maltratadas, discapacitadas o condenadas por un delito menor. En esos casos, su ingreso en la Hermandad era considerada "la única solución", refiere Verhagen. Nunca recibieron un salario por esas labores, aunque una vez al año las monjas les entregaban un billete de cartón, una especie de moneda ficticia con la que podían comprar dulces o comida en los puestos del mercado de la Hermandad.

Jo Keepers  también intentó escapar varias veces del centro de Almelo, pero siempre acababa detenida por la policía y castigada luego por las monjas, hasta que finalmente lo logró el 20 de marzo de 1960, fecha que marca en el calendario como el día de su liberación. Hasta la década de 1970, las niñas, generalmente en contra de su voluntad, fueron colocadas en las instituciones por el Gobierno (como en el caso irlandés), las asociaciones de tutela, protección infantil o los propios padres.

Algunas víctimas recurrieron la semana pasada a los juzgados para exigirle al propio Ejecutivo que reconozca el daño causado por esta Hermandad y les pague los salarios pendientes porque consideran que el Estado es en parte responsable de la falta de humanidad en la que fueron obligadas a trabajar.
Las denuncias efectuadas ahora son formales, pero las críticas contra las prácticas de las Hermanas del Buen Pastor ha aparecido en Holanda en libros y documentales a lo largo del tiempo.

El goteo con declaraciones de las afectadas se remonta a 1930, cuando dos de las antiguas esclavas contaron su doloroso pasado. Una decena se animaron luego a hacerlo en diarios, semanarios y libros, pero no hubo reacción oficial por considerarse “propaganda anticatólica”. La Real Biblioteca Nacional guarda todos estos documentos, que constituyen una de las principales fuentes de información histórica de lo ocurrido, Sin embargo, como las autoridades se inhibieron, la situación se prolongó hasta los años setenta. 

Las monjas se apartaron entonces de los centros que dirigían. Las últimas, ya ancianas, viven en residencias, pero la congregación vendió en el país sus inmuebles y posesiones por millones de euros. Uno de los edificios de su propiedad tenía 14 hectáreas, y en 2004, cerraron un trato con una inmobiliaria dispuesta a construir al menos 83 apartamentos.

Este caso judicial está apoyado por la plataforma holandesa de niños víctimas de abusos religiosos (VPKK, en sus siglas en neerlandés), que también exige al Gobierno que realice una investigación independiente sobre aquella explotación y determine el papel que tuve el Ejecutivo durante esa etapa. En una carta publicada el año pasado, las Hermanas se disculparon ante sus víctimas pero se niegan a pagar las indemnizaciones porque consideran que todo ha prescrito y señalan que han pasado "muchos años".

El trabajo en los talleres de lavanderías y de costura, un modelo de ingreso que enriqueció a la congregación religiosa, era considerado por las autoridades como un 'trabajo de terapia' y penitencia. El jardín del edificio de la Hermandad estaba cercado con alambre para evitar que las chicas escapasen de manos de las religiosas.

El Buen Pastor, llegó a tener cuatro residencias en Holanda y aparece asimismo entre las 800 denuncias estudiadas desde 2016 por la comisión que investiga la violencia en centros de menores. Los casos incluyen abusos, físicos, psíquicos y sexuales desde 1945, y cuatro víctimas de los trabajos forzosos impuestos por las monjas han remitido sus biografías. Como los afectados pueden acudir a la comisión hasta enero de 2019, la orden religiosa ha asegurado que “está dispuesta a ponerse en contacto con los investigadores”.

 Micha de Winter, catedrático de Pedagogía, dirige ese equipo de expertos y ha reconocido ya el carácter “estructural del abuso”. “Si nos dan su permiso, aprovecharemos sus historias para investigar a fondo la época y lo ocurrido. Si una vez puesta la denuncia precisan ayuda, pueden acudir a la asociación que presta ayuda a víctimas de abusos en el país”, añade.

La VPKK, que apoya a las cinco denunciantes, está compuesta por un grupo de cinco juristas, expertas en ética y pedagogía que dan voz “a las mujeres sometidas también por otras mujeres, además de sacerdotes o capellanes, en internados, congregaciones y otras instancias religiosas”.

 A través de su cuenta de Facebook anima a las víctimas a ponerse en contacto, “porque algo así puede pasarle a cualquier chica y es preciso contar la verdad de unos hechos bochornosos”. Se ocupan a su vez de los afectados varones porque, según explican “lo peor es que nadie te crea o reconozca lo ocurrido”.            (Imane Rachidi, Isabel Ferrer, El País, 12/06/18)

12/6/18

Paramilitarismo: la guerra sin fin en Colombia

"El pasado 10 de abril, Iván Márquez, jefe negociador de las FARC en La Habana compartió en su perfil de Twitter una viñeta del humorista colombiano Matador. Una serpiente, del tamaño de una anaconda, a punto de devorar una paloma de la paz sobre el mapa de Colombia. La caricatura incluye una flecha apuntando al reptil y una palabra: paramilitarismo. 

La metáfora, compartida por otros tantos usuarios (no todos miembros de la guerrilla) resumía el temor que sobrevuela el país a pocos meses de que se firme el acuerdo de paz que pondrá fin a más de medio siglo de conflicto con la guerrilla: la presencia, cada vez más activa, de grupos armados que atentan de una forma similar a la que solían las Autodefensas Unidas de Colombia.

Desde principios de año hasta abril, la Policía colombiana y la ONU han confirmado al menos 12 asesinatos de líderes sociales a manos de bandas criminales, un saldo de tres muertos al mes. El Gobierno asegura que todos los casos se están investigando, pero no encuentra una relación directa entre la ideología de esas personas y el crimen organizado.

 La semana pasada, un hombre armado disparó contra una reunión en la que se encontraba Imelda Daza, histórica líder de la Unión Patriótica (partido surgido de las negociaciones de paz con el presidente Belisario Betancur), la formación que perdió a más de 3.000 integrantes, asesinados por grupos paramilitares, incluidos dos excandidatos presidenciales.




Pese a todos los indicios, el Gobierno de Juan Manuel Santos se ha mostrado reticente a hablar de paramilitarismo. Las autoridades consideran que las AUC ya se desmovilizaron a principios de este siglo y que lo que buscan ahora estas organizaciones criminales es un reconocimiento político para beneficiarse de la justicia especial que se ha acordado con las FARC en La Habana por la que serán juzgados todos los actores del conflicto. 

El Gobierno argumenta que estos grupos armados tampoco evidencia una estrategia contrainsurgente y no constan enfrentamientos entre estas estructuras y las guerrillas. Las investigaciones que llevan a cabo desde distintas estancias estatales concluyen que aunque “hay evidencias” de relaciones con miembros de la fuerza pública y funcionarios, “son aisladas y producto de la corrupción”.




La Policía de Colombia ha anunciado este domingo la incautación de ocho toneladas de cocaína, la mayor de la última década, según fuentes de la Policía, pese a que el presidente, Juan Manuel Santos, ha asegurado que se trataba de "la mayor de la historia".

"Es uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado", dijo el director de la Policía, el general Nieto. La droga incautada era propiedad del Clan Úsuga y fue encontrada en una caleta subterránea en el corregimiento de Nuevo Colón, en el municipio de Turbo, en el Urabá.

Según explicó la Policía en un comunicado, "al levantar una capa de cemento quedó al descubierto una caleta de 6,5 metros de largo, por 3,5 metros de ancho y con una profundidad de 2,5 metros, cuyo interior estaba forrado en madera".

La Policía cree que la droga pertenecía al segúndo mando del Clan Úsuga, Vargas Gutiérrez, alias Gavián, que escondía 359 lonas repletas de cocaína de alta pureza. "Tras efectuar el conteo preliminar del alijo se estableció que el cargamento podría superar las ocho toneladas, las cuales estaban listas para sacarlas por el mar Caribe hacia Centro América y de allí al mercado de Estados Unidos", asegura el texto de la Policía.

“Se ha vuelto un debate semántico. El Gobierno se empeña en mostrar las diferencias con los paramilitares y los movimientos sociales las semejanzas. Lo único cierto es que se trata de grupos que quieren afectar al proceso de paz”, opina Ariel Ávila, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. La entidad, con cálculos similares a otros centros de estudio, estima que de los 1.102 municipios del país estos grupos operan en cerca de 300. 

El Clan Úsuga, también conocido como Los Urabeños, formado por unos 3.000 miembros, es el grupo más activo. Su líder, alias Otoniel, es hoy en día el hombre más buscado de Colombia. Más de 1.000 hombres participan desde hace más de un año en la Operación Agamenón para tratar de capturarlo.

Ávila divide a estos grupos neoparamilitares en tres tipos: un 30% con características similares a los paramilitares de antaño, es decir, dedicadas al contrabando, la minería ilegal, el narcotráfico, con jerarquía dentro de la organización y una cercanía con sectores políticos y judiciales. Otoniel encabezaría este grupo. 

Otro 30%, menos jerarquizado, que venden servicios de seguridad privada o sicariato, protegen algunos territorios, pero tienen alcance regional. 

El 40% restante lo formarían “bandas de 20 o 30 tipos, mercenarios, con mucha autonomía criminal que presenta sus servicios al mejor postor”. “Los Urabeños no van a empezar a matar guerrilleros porque sí, pero si, pongamos, un ganadero lo quiere hacer y les pagan, lo van a hacer”, concluye.

La creciente actividad de estos grupos está teniendo una fuerte repercusión en la recta final del proceso de paz con las FARC, que desde hace tres años y medio se desarrolla en La Habana.. Las garantías de seguridad a los guerrilleros después de su desmovilización es un asunto que ambas partes llevan trabajando desde hace meses. 

La comisión negociadora que trata este tema, liderada por el general Óscar Naranjo y Pablo Catatumbo, respectivamente, se ha intercambiado una treintena de borradores sin conseguir llegar a un acuerdo. En sus charlas el término de paramilitarismo se pronuncia con más asiduidad que en territorio colombiano. Sin embargo, en las últimas semanas, ha habido visos de un cambio de postura por parte del Gobierno. 

 Recientemente, autorizó el uso de “toda la fuerza del Estado”, incluido los bombardeos aéreos, contra las principales bandas criminales del país. De hecho, del término Bacrim empleado para definir a estos grupos se ha pasado al de “grupos armados organizados”.

En los últimos días, las referencias al paramilitarismo han copado varios de los mensajes más relevantes de Colombia. La excandidata presidencial Íngrid Bentacourt, en su regreso a Colombia después de seis años, hizo referencia a la “reciente reincidencia del paramilitarismo a través de las bandas criminales después de un programa de sometimiento a la justicia”.

 Incluso el presidente, Juan Manuel Santos, lanzó este viernes un duro mensaje a su máximo opositor, Álvaro Uirbe. El expresidente, del que Santos fue ministro de Defensa, llamó esta semana a la “resistencia civil” ante los acuerdos de La Habana. “Es la misma que proponía Carlos Castaño”, le ha espetado Santos, recordando a uno de los máximos cabecillas paramilitares que ha tenido Colombia."                 (Ana Marcos, Rafael Lafuente, El País, 16/05/16)