"El libro “Verdugos impunes. El franquismo y la violación sistémica de
los derechos humanos” (Pasado&Presente, 2018) es fruto del informe
pericial de contexto elaborado por los cuatro autores –José Babiano,
Javier Tébar, Gutmaro Gómez y Antonio Míguez- como soporte a las
querellas presentadas por las víctimas de los crímenes franquistas. (...)
En una entrevista publicada por el periódico Cuarto Poder (enero de
2017), el historiador Francisco Moreno cifró en 150.000 los muertos por
el genocidio franquista. “La derecha, por razones obvias, no desea
conocer las verdaderas dimensiones de la represión”, escribió el
historiador Francisco Espinosa Maestre, quien hizo un cálculo de 129.472
víctimas de la represión franquista durante la guerra y la posguerra
(datos de 2008). ¿Hay una guerra estadística con la historiografía
“revisionista”?
-José Babiano: La violencia fue
sin duda “masiva”, pero las cifras definitivas no las conoce nadie.
Además de historiadores como Gutmaro Gómez, uno de los especialistas en
la represión de primera hora es Antonio Míguez, quien puso al día los
números.
En el libro utilizamos una cifra de referencia: más de 150.000
víctimas mortales por la represión franquista entre 1936 y 1945; y 2.000
fosas comunes en las que se arrojaba a republicanos en sentido amplio,
lo que incluye a militantes pero también a funcionarios leales a la II
República como los maestros.
Más de 600.000 personas fueron procesadas
por tribunales militares y en febrero de 1939 salieron de España 500.000
personas rumbo al exilio, de las que 150.000 fueron exiliados
permanentes; por otra parte, 5.000 españoles murieron en los campos de
concentración nazis.
-Javier Tébar: En muchos casos
no creo que se trate de historiadores “revisionistas”. A algunos de
estos autores los considero propagandistas o “negacionistas”. No tiene
mérito tomar libros que en su día formaron parte de la historia oficial
del Régimen y volver a redactarlos con los mismos argumentos y datos.
Hacen un “refrito” de la historia de la dictadura.
-“Hasta mediados de 1940, los consejos de guerra eran
colectivos; en Madrid llevaban a los presos a juicio en camiones al
Palacio de Las Salesas, lugar de las vistas. En una hora no daba tiempo
ni a leer la lista de los acusados. Los abogados ni los conocían. Se
limitaban a pedir ‘clemencia’ al tribunal”, explica Francisco Moreno
(“La gran acción represiva de Franco que se quiere ocultar”, revista
Hispania Nova, 2015).
-JB: Nos encontramos con juicios
en cortes marciales totalmente ilegítimas, en las que –en ocasiones-
una parte del Tribunal o la Fiscalía no habían terminado la carrera de
Derecho; no eran, así pues, juristas propiamente dichos. Además de las
ejecuciones tras juicios sumarísimos, está la figura de los “paseos”;
por ejemplo a García Lorca lo sacaron de la cárcel de La Colonia de
Víznar (Granada) y lo asesinaron sin más. Muchos de estos represaliados
terminaban después en las fosas.
-JT: la lógica de la guerra
continúa después de 1939; el punto de partida del franquismo es que la
sociedad está “infectada”, y por tanto se hace necesario “extirpar”.
Representaban esta idea con una hidra de la que salían las cabezas de
los “rojos”, los “judeo-masones” y la “anti-España”. Hay muchísimos
casos bien conocidos.
En la exposición sobre el 50 aniversario de la
fundación de Comisiones Obreras del País Valencià, actualmente en el
Centre La Nau de la Universitat de València, podemos observar el caso
del anarcosindicalista Joan Peiró, sentenciado a muerte tras un Consejo
de Guerra y fusilado en julio de 1942 en el cementerio de Paterna
(Valencia). A Federico García Lorca lo ejecutaron también, y sin juicio
alguno en el verano de 1936.
-Familiares de víctimas y asociaciones que presentaron
la querella Argentina por los crímenes del franquismo en 2010 pidieron
una lista de las empresas privadas que se beneficiaron del trabajo
forzado o esclavo (constructoras como Dragados y Construcciones,
Entrecanales y Távora, San Román o Construcciones ABC; siderúrgicas y
mineras como Duro-Felguera o del sector metalúrgico como
Babcock&Wilcox), además de la iglesia católica y organismos
oficiales (delegaciones del gobierno y ayuntamientos).
¿Se analiza en el
libro la actividad de las empresas que vulneraron los derechos humanos?
-JB: Un primer fenómeno es el de
los trabajadores de obra pública –esclavos, semiesclavos o
prisioneros-; el paradigma lo constituye el levantamiento del Valle de
los Caídos, con la participación en el negocio de constructoras como
Banús o Huarte (actualmente integrada en el grupo OHL). En una fase
posterior se da la represión contra los trabajadores que participan en
huelgas.
-JT: En el libro no lo
analizamos en detalle; pero hay muchos ejemplos sobre la transgresión de
los derechos laborales, como el de la antigua fábrica de SAFA (Sociedad
Anónima de Fibras Artificiales), en el municipio de Blanes, provincia
de Girona (sobre esta empresa fundada en 1923, escribió el sindicalista
Francisco Martínez en “El naixement del sindicalisme a la SAFA de
Blanes”, Revista de Girona, 1997: “En los años 50 y 60 del siglo XX la
empresa se nutrió de mano de obra procedente de las olas migratorias que
llegaban a Cataluña de las zonas rurales, y que huían del paro y la
miseria; en la SAFA las condiciones de trabajo eran pésimas; por
ejemplo, el ambiente sulfuroso provocaba numerosas bajas; si las
intoxicaciones no eran muy graves, el médico de la empresa se negaba a
dar la baja a los trabajadores para eludir la inspección de trabajo
(…)”. Nota del entrevistador).
-El libro “Verdugos Impunes” dedica un apartado a la
Dirección General de Seguridad, “reorganizada” mediante una Ley de
septiembre de 1939 y con el falangista y aristócrata José María Finat y
Escrivá de Romaní como primer director; el texto también aborda la
creación de la policía política. ¿Cuál fue la importancia de las dos
instituciones?
-JB: La Dirección General de
Seguridad (DGS) fue el organismo que centralizaba la represión y el
orden público, y tuvo un origen estrictamente militar. Es muy importante
recordarlo: el ejército desempeñó un papel central en la construcción
–a través de la DGS- de todo este aparato represivo.
En 1941 se
“reorganiza” la Policía Armada (los “grises”), un cuerpo militarizado.
Cuando en 1963 vio la luz el Tribunal de Orden Público (TOP), un
tribunal especial pero de carácter civil, la justicia militar continuó
operando en los casos que la dictadura consideraba más graves.
-JT: La policía política del
franquismo era la llamada Brigada Político-Social (BPS), constituida en
el periodo 1939-1941. Además de la matriz militar, hay un añadido
importante en los orígenes: grupos de militantes falangistas –no
policías profesionales- se incorporaron provisionalmente como agentes.
La tarea de policías tristemente famosos como Antonio González Pacheco
(“Billy el Niño”) se incardina en la Brigada Política-Social. Hay
víctimas que han presentado querellas por torturas contra este
inspector, pero algunos juzgados no las están admitiendo a trámite. Hay
bastantes más casos en la Brigada de Información Social.
En Valencia,
Manuel Ballesteros; en Barcelona Antonio Juan Creix, que después se
trasladó al País Vasco y terminó en Sevilla; junto a él, su hermano
Vicente Juan Creix; o en Madrid Roberto Conesa.
-La primera querella en España fue interpuesta en
junio de 2017 por el exmilitante de la Liga Comunista Revolucionaria
(LCR), Luis Suárez-Carreño. Acusó a los inspectores González Pacheco,
Manuel Gómez Sandoval y Tomás Nieto Berrocal por la detención en 1973 y
presunta tortura durante los interrogatorios.
-JB: Otros presuntos
inspectores-torturadores fueron Pascual Honrado de la Fuente, en Oviedo,
y Jesús Martínez Torres en Zaragoza, quien durante los gobiernos de
Felipe González fue Comisario General de Información y jefe de la lucha
contra el terrorismo.
Aunque se trate del caso más mediático, entre
otras razones porque Podemos ha pedido recientemente que se le retire la
condecoración, González Pacheco no es una excepción; hubo muchos “Billy
el Niño” en cada Jefatura Superior de la Policía y cuarteles de la
Guardia Civil; de hecho, la policía política constituyó una red
organizada de torturadores.
-JT: Sí, además de las personas,
lo importante fue la estructura en la que se insertaban. Hay “piezas”
en la maquinaria, como “Billy el Niño” u otros, pero no podemos pensar
en términos individuales. Sea Melitón Manzanas -jefe de la Brigada
Político-Social de Guipúzcoa- o Antonio Juan Creix en Barcelona, todos
actúan con idénticos métodos, lógicas y propósitos. Esto nunca puede ser
una casualidad, sino que responde a una organización centralizada de la
policía.
-Autor del libro publicado en 2001, “El TOP. La
represión de la libertad (1963-1977)”, el exmagistrado e investigador
Juan José del Águila señala que el Tribunal de Orden Público abrió en 14
años 22.660 procedimientos, con 9.154 procesados y 3.891 sentencias.
En
cuanto al tipo de delitos según las sentencias, la mayor parte
corresponde a asociación ilícita, seguido de propaganda ilegal y
reuniones/manifestaciones no pacíficas. ¿Por qué os referís a un “modelo
dual” respecto a la represión en el Tardofranquismo?
-JT: Porque a partir de 1963,
con la creación del TOP, los tribunales militares se ven descargados de
algunas funciones específicas: la persecución de determinados delitos
políticos y sindicales cuando no medie violencia o enfrentamiento con
las fuerzas de orden público; en este caso, sí actuarán los tribunales
castrenses y, por tanto, los consejos de guerra (por ejemplo el de
Burgos –diciembre de 1970- contra 16 miembros de ETA; o el Consejo de
Guerra contra el activista del MIL, Salvador Puig Antich, ejecutado en
marzo de 1974. Nota del entrevistador).
“Dual” significa que actúan las
dos instancias judiciales, que no hay una sucesión, que los tribunales
militares no se verán desplazados por los tribunales de orden público.
-JB: Uno de los ejemplos más
claros es el de los últimos fusilamientos del franquismo el 27 de
septiembre de 1975, ordenados tras la sentencia de un tribunal militar;
la dictadura ejecutó ese día a tres miembros del FRAP y dos de ETA.
-¿Y en cuanto a la represión antisindical y contra el movimiento obrero?
-JB: Uno de los rasgos centrales
del franquismo es que fue una dictadura anti-obrera, desde el Decreto
108 de septiembre de 1936, que declaraba fuera de la Ley a partidos
políticos y sindicatos de la oposición, hasta 1977. De hecho, al menos
el 70% de las personas juzgadas por el TOP eran trabajadores de
producción u oficinas, aunque antes ya habían sido desmantelados los
comités nacionales de la UGT y la CNT. En el Proceso 1001 del TOP
(1973), diez dirigentes de Comisiones Obreras fueron detenidos y
condenados a penas que sumaban 162 años de cárcel.
Por otra parte, en
los primeros años 70 hubo obreros tiroteados y asesinados por la policía
en la calle, mientras participaban en huelgas y manifestaciones; además
de los cinco trabajadores muertos en Vitoria en marzo de 1976, hay que
contabilizar, entre otros, tres en Granada, en 1970, durante una
manifestación del sector de la construcción; otro en Madrid, en
septiembre de 1971, con motivo de una huelga en el sector de la
construcción; dos en el sector naval de Ferrol (1972), un trabajador de
SEAT (octubre de 1971), muerto en la Zona Franca de Barcelona o un
obrero de la construcción durante una huelga en Sant Adrià de Besòs
(Barcelona), en 1973.
-JT: A partir de los años 60 y
70, el principal desafío del Régimen proviene del movimiento obrero.
Además con su idea de “anticomunismo”, la dictadura extiende la
publicidad del comunismo como oposición fuerte; la misma represión, que
se ceba en los que actúan y sobre todo en los dirigentes, hace que mucha
gente se incorpore a la lucha antifranquista; por ejemplo, en marzo de
1967 el Tribunal Supremo declaró ilegales las Comisiones Obreras.
Uno de
los fundadores del sindicato, Marcelino Camacho, ingresó en la prisión
en 1967, después de ser juzgado por el TOP. En 1975, destacan los
historiadores Pere Ysàs y Carme Molinero, autores de “Productores
disciplinados y minorías subversivas” (1998), se produjeron 3.156
conflictos laborales, con 647.100 trabajadores afectados y 14,5 millones
de horas “perdidas”; y se trata de cálculos prudentes, cuya fuente es
el Ministerio de Trabajo. Hay una relación entre el incremento de las
huelgas y el enconamiento de la represión.
-“El apresamiento masivo franquista alcanzó cifras
hiperbólicas en abril de 1939; unos 507.000 o más en los campos de
concentración”, recuerda Francisco Moreno Gómez, a lo que se agregaban
los presos de los Batallones de Trabajadores y de los Batallones
Disciplinarios de Soldados Trabajadores.
Según la Dirección General de
Prisiones, la población reclusa en enero de 1940 sumaba 270.719 presos,
cifra que pasó a 114.958 personas en abril de 1943 y a 51.300 en junio
de 1945 entre “políticos” y “comunes”. ¿A qué se debe esta evolución?
¿Cuál fue la realidad de las prisiones y centros de detención?
-JB: En la guerra y la primera
posguerra hubo centros de detención que en principio no eran cárceles.
Se utilizaron conventos, colegios, hospitales, provisionalmente plazas
de toros, locales de todo tipo y campos de concentración; los centros de
internamiento no estaban pensados inicialmente como tales, sin embargo
la cantidad de detenidos fue abrumadora, con una población reclusa
realmente “ingobernable”, un hacinamiento brutal y donde la gente se
moría.
Esta es una de las razones –la reducción del número de presos-
por la que en los años 40 llegaron los primeros indultos. Un ejemplo de
esta situación es la cárcel de mujeres de Saturrarán, un antiguo
balneario entre las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa; era un centro muy
húmedo cerca de la playa, donde las presas contraían todo tipo de
enfermedades por el frío y la mala alimentación.
En una etapa posterior,
en los años 50 y sobre todo los 60, al haber menos presos las cárceles
hasta cierto punto se “humanizan”. En este periodo hay testimonios de
detenidos que afirman querer que se les lleve a la prisión, porque así
se les deja de torturar para extraerles información.
-JT: Pueden citarse como ejemplo
la cárcel Modelo y la prisión de mujeres de Les Corts, las dos en
Barcelona; o las de Carabanchel y Yeserías en Madrid. En cuanto a las
comisarías, la de Vía Layetana nº43, en Barcelona. Con Jordi Mir y César
Lorenzo comisariamos en 2016 una exposición en El Born Centre de
Cultura y Memòria titulada “Això em va passar. De tortures i
d’impunitats (1960-1978)”, que mostraba las experiencias y relatos del
paso por las prisiones franquistas. Además, recomendaría el libro “Era
la hora tercia. Memoria de la resistencia antifranquista” (2000), de
Vicente Cazcarra Cremallé, un aragonés dirigente del PSUC detenido en
1961 y condenado en Consejo de Guerra a 17 años de prisión. Cazcarra,
que fue torturado en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, en
Vía Layetana, explicó su experiencia y supo después que estos métodos
–algunos procedentes del nazismo- estaban muy generalizados en las BPS,
jefaturas de la policía y cuarteles de la Guardia Civil. Aunque con
diferencias, porque había especializaciones.
Métodos como la “bañera”:
hundirle la cabeza al detenido hasta producirle una sensación de ahogo;
la “cigüeña”: en cuclillas y con las manos juntas por detrás de las
rodillas; el “tambor”: colocar un objeto sobre la cabeza del detenido y
golpearle hasta reventarle los tímpanos; o la típica “rueda” de
policías, a la que seguían los golpes permanentes.
-Os referís asimismo en el libro al “carácter de género” de la represión franquista…
JB: El franquismo nunca
reconoció a las mujeres el estatuto de “presas políticas”. Al finalizar
la guerra había cerca de 20.000 prisioneras. El sistema penitenciario,
que era gestionado por las monjas, hacía que los niños pequeños al
cumplir los tres años tuvieran que salir de la cárcel, pese a que la
madre estuviera presa y el padre en ocasiones, encarcelado o muerto.
Entonces los menores ingresaban en instituciones estatales o
directamente las monjas traficaban con ellos; primero se trataba de
retirarles los hijos por cuestiones ideológicas a las familias de los
“rojos”, pero después se convirtió en un negocio que llegó hasta los
años 80 y 90.
Además, en términos simbólicos a las mujeres se las rapaba
ya que, de ese modo, el franquismo entendía que las privaba de los
rasgos femeninos; también se las forzaba a que ingirieran aceite de
ricino como laxante; así, rapadas y tras tomar el purgante, las
“paseaban” para que se hicieran sus necesidades encima. Esto ocurría en
la posguerra, pero hubo mujeres “peladas” tras su detención y tortura
durante las huelgas en la minería asturiana de 1963.
Asimismo hay
testimonios de violaciones en centros de detención “informales”, o de
gritos como “ahora ya no parirás más, puta” en las celdas. Y se les
golpeaba. En noviembre de 2017 Felisa Echegoyen presentó una querella
contra “Billy el Niño” por torturas durante los interrogatorios y
detenciones.
-JT: En febrero de 1939 el
Estado franquista aprobó la Ley de Responsabilidades Políticas, que
afectaba a personas y organizaciones que, entre octubre de 1934 y julio
de 1936, “contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de
que se hizo víctima a España” y, a partir de esa fecha, “se opongan al
Movimiento Nacional”. Los delitos cometidos antes del uno de abril de
1939 no prescribieron hasta 30 años después, con la aprobación del
Decreto-Ley 10/1969.
Además, el Bando de julio de 1936 que declaraba el
Estado de Guerra no se derogó hasta 1948, lo que significa que en el año
1945 España estaba todavía en guerra. En ese contexto, hubo un rasgo de
género en la represión franquista. La mujer que protestaba era
considerada una “puta”, “loca”, “histérica” y de comportamientos
masculinos. Las autoridades policiales explotaban, incluso, la
menstruación de las mujeres, al no facilitarles los servicios de higiene
mínimos." (Entrevista a los historiadores José Babiano y Javier Tébar, coautores del libro “Verdugos impunes”, Enric Llopis, Rebelión, 19/06/18)
