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13/1/22

"Un acuerdo de paz con el ELN y el desmantelamiento pacífico del narcotráfico es posible en Colombia"

 "Fue guerrillero del M19 y años después, como uno de los senadores más críticos con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), puso al descubierto los vínculos de políticos conservadores con el paramilitarismo. Fue elegido alcalde de Bogotá en 2012, le destituyeron cuando intentó poner en marcha un proyecto de recogida de residuos y reciclaje, le boicotearon los poderosos empresarios que tenían el control del sector de las basuras en la capital, pero la justicia le dio la razón y le restituyeron sus derechos políticos en 2014. Ahora es el favorito a ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo y podría liderar, con el Pacto Histórico, el primer gobierno progresista de la historia de Colombia.

Gustavo Petro (Ciénaga de Oro, 1960) inició esta semana en España su campaña y lo hizo arropado por el exilio colombiano. En un acto multitudinario, en la sede madrileña del sindicato UGT, desfilaron madres de hijos asesinados, lideresas que han abandonado su país por amenazas, jóvenes que formaron la primera línea de lucha durante las protestas del pasado año en Cali (y que sabían que si seguían en su país iban a matarles), mujeres y hombres escapados de la pobreza y la persecución. Más de cinco millones de colombianos viven en el exterior, varios cientos llegaron a Madrid, muchos desde otras ciudades europeas y españolas, y una buena parte no pudo entrar al evento por las restricciones de aforo por la covid, pero no les importó. Le recibieron en la calle al grito: "Petro presidente". Allí le acompañaron políticos de los tres partidos que forman el Gobierno de España (PSOE, Izquierda Unida y Unidas Podemos). Antes había sido recibido por el presidente Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz, Felipe González y empresarios y banqueros con inversiones e intereses en Colombia.

Justo antes de partir a Bogotá, en una entrevista exclusiva con Público, Gustavo Petro afirmó que el proyecto uribista ha llegado a su fin, que ahora comienza la verdadera transición hacia la paz y la democracia en Colombia, y habló de sus prioridades: crisis climática, cambio de la matriz energética, de su ánimo para negociar con los grupos armados y de poner fin al narcotráfico; también lamentó las heridas de la guerra y anunció la transición hacia la democracia real.

Muchas zancadillas en un país donde siempre el poder ha estado en manos de conservadores y oligarquías. ¿Ha llegado el momento de que, por primera vez, la izquierda gobierne en Colombia?

Yo no divido la política entre derecha e izquierda, es difícil aplicar esos conceptos europeos en América Latina, la divido entre política de la vida y política de la muerte, y a Colombia la ha gobernado durante dos siglos, con muy breves interrupciones, una política de la muerte, una política de la exclusión social, por eso tenemos uno de los países más desiguales del mundo y una violencia casi perpetua. En esa medida, mi gobierno, al ganar las elecciones, sería el primero progresista de la historia republicana del país. 

¿Y qué cambiará en Colombia?

Se disminuirá la desigualdad, habrá más justicia social y se construirá la paz. Si logramos una sociedad que permita derechos fundamentales, ese sería el verdadero acuerdo de paz, el pacto de la ciudadanía, no de los grupos armados. Un pacto no se puede establecer bajo la base de la exclusión, de la injusticia, un pacto se establece a través de la inclusión y la equidad.

¿Qué es el Pacto Histórico?

El Pacto Histórico es una coalición de fuerzas políticas y sociales, no solo de organizaciones que provienen de la izquierda, también liberales, de centro, de movimientos sociales, indígenas, feministas, ambientalistas. Si ganamos las elecciones, seremos también una forma de gobernar, vamos a gobernar a partir de la concertación y el diálogo, es la única manera de construir una paz grande de camino a unas reformas fundamentales, no para mantener un estatus quo. Un pacto que busque reformas en el terreno de la educación, la salud, los derechos en el terreno productivo.

¿Los acuerdos de paz con las FARC y el estallido social de 2021 han ayudado a unir a las fuerzas progresistas en Colombia?

Ha sido la crisis y el mal gobierno de (Iván) Duque lo que ha hundido completamente algo que era antes valorado: el proyecto uribista. Este proyecto es una especie de franquismo a la colombiana pero con elementos nuevos como la ideología neoliberal que mantiene esa herencia violenta, excluyente y antidemocrática. Ese proyecto hoy está en mínimos históricos de aceptación popular y se plasma en las políticas contra la pandemia. Si miras a Estados Unidos, Europa o el Sudeste Asiático, afectados por el mismo virus, allí se estableció una política socialdemócrata que ha permitido que no aumente la pobreza y que el empleo se mantuviera en niveles en los que se pudiera actuar. En Colombia se aplicó el neoliberalismo, se profundizó el modelo de antes del virus y produjo un crecimiento rápido y sustancial del hambre y de la pobreza. Las estadísticas oficiales muestran saltos de 20 puntos en niveles de pobreza, el hambre se convirtió en algo cotidiano, de ahí el aumento de la delincuencia que es consecuencia del hambre. La élite política y económica de Colombia se equivocó, cuando aumentaba el hambre, el gobierno propuso una reforma tributaria que elevaba el impuesto a la comida y estalló la movilización social que terminó siendo confrontada con asesinatos por el aparato público armado. En vez de proceder a un diálogo, el gobierno de Duque mató a los jóvenes.

La izquierda siempre ha sido perseguida y aniquilada en Colombia. ¿Teme por su vida?

No voy a mentir, sí hay riesgos y son altos en la medida que nos acercamos al poder, a gobernar; no hay más que mirar los trinos (tuits) de Uribe mientras yo desarrollaba mi agenda en España para darse cuenta cómo ascendía la histeria y la sinrazón. Es el desespero y el miedo que tiene que ver con una especie de culpabilidad por parte de la elite colombiana porque es promotora de grandes procesos de corrupción y de la quiebra de los derechos humanos, hasta el punto que podemos hablar de genocidio. Les aterroriza la posibilidad de un gobierno transparente, luchan por todas las vías -en Colombia se llama combinar todas las formas de lucha- para impedirlo y eso eleva el riesgo. De hecho la violencia está ascendiendo, el homicidio, la masacre, motivada por el narcotráfico pero también por la propia violencia política y el discurso estatal del odio; y esos son indicadores de riesgo. Lo cierto es que el país ha sido incapaz de resolver la conflictividad propia de toda sociedad con instrumentos pacíficos y ha recurrido permanentemente a la guerra, esa historia nos acompaña desde hace siglos y es el momento de frenarlo. Yo le llamo cambiar de era, es pasar de una era de violencia a una era de paz.

El precio es alto, decenas de integrantes de Colombia Humana, guerrilleros desmovilizados y líderes comunitarios han sido asesinados en los últimos años. ¿Merece la pena?

Sí, siempre merece la pena porque Colombia necesita la paz. El Pacto Histórico ha transformado la enorme burbuja de dolor en una enorme burbuja de esperanza, y estamos ante la posibilidad de construir una sociedad en paz, justa y democrática en el corto plazo.

Lo primero es ganar el 13 de marzo las primarias del Pacto Histórico, su principal rival es Francia Márquez, una mujer afrodescendiente. ¿Si usted lo consigue, Márquez será candidata a vicepresidenta?

Hay varios aspirantes a ser candidatos presidenciales del Pacto Histórico, entre ellos, dos mujeres muy valiosas: una que viene de la afrodescendencia; otra es indígena. La ciudadanía escogerá la candidatura oficial del gran cambio en Colombia y todas las fuerzas participarán del gobierno si ganamos las elecciones. Es una nueva forma de hacer política.

¿Y Francia Márquez?

La candidatura que quede segunda tiene opción preferencial, el acuerdo es que la vicepresidencia no sea un cargo simbólico. Si es Francia Márquez se abre esa posición a un mundo completamente excluido en Colombia, el de las negritudes. Hoy quienes gobiernan son los herederos de los esclavistas. En Colombia una mujer tiene siete veces más posibilidades de morir si es pobre y negra, en el caso de los niños afrodescendientes menores de un año se dispara hasta diez veces. Esta es una de las estadísticas de la política de la muerte más tristes y deprimentes. Si Francia se convierte en fórmula presidencial, porque podría ser al revés [sonríe], será la encargada de una enorme lucha contra la exclusión en términos de mujer, racismo, regiones y pobreza.

Ha habido algunas disputas en la elaboración de las listas al Congreso para las legislativas del 13 de marzo. ¿Cómo evitar una ruptura de la izquierda por desacuerdos internos?

Ha sido un proceso difícil, complejísimo, porque la tradición en Colombia es hacer campañas individuales (listas abiertas). Logré, y espero no equivocarme, que las agrupaciones del Pacto Histórico acordaran una lista cerrada, donde el orden determina quien entra al Congreso, quisimos así intercalar los géneros, que la mitad de curules sean mujeres, en el voto abierto eso no es posible. Es una conquista histórica, por eso se volvió más complejo el proceso. Le agregamos la ‘cremallera’, además del género decidimos que cada cinco renglones se incluyera en la lista un representante étnico para garantizar la diversidad. La bancada progresista será muy femenina y diversa. Obviamente quedaron heridas, individualidades que se sintieron excluidas, pero marcaremos un hito en la nueva política.

Si llega a la Presidencia, ¿cómo va a sacar adelante el programa del Pacto Histórico, teniendo en cuenta que cuando fue alcalde de Bogotá le destituyeron sin razones jurídicas ni constitucionales?

Yo planteé el reciclaje, ¡algo tan subversivo! [ríe con ironía], y por eso me destituyeron; simplemente porque los grandes operadores eran unos empresarios privados poderosos que terminaban su contrato con la Alcaldía. Yo no les quité el contrato, simplemente terminaba; y había una orden de la Corte Constitucional de incluir en el sistema a miles de recicladores que andaban con sus hijos durante las madrugadas en las calles, sobreviviendo, recogiendo residuos que dejaba la gente, y había que incluirles en el modelo de aseo, darles una remuneración y potenciar el reciclaje. El resultado fue que 65.000 niños dejaron de trabajar y esos empresarios, que se creyeron tenían un derecho perpetuo, sabotearon el proceso y yo terminé destituido. Gracias a la justicia internacional, y a la nacional de diversas maneras, logré restablecer mis derechos políticos porque a la postre lo que querían era inhabilitarme para, precisamente, no poder competir en las elecciones, ni disputar el poder.

¿Esta experiencia le servirá si llega a la Presidencia? Hay antecedentes en países vecinos, el mejor ejemplo es Brasil con la destitución de Dilma Roussef y el encarcelamiento de Lula da Silva.

He hablado con Felipe Gonzalez, aquí en Madrid, porque fue protagonista de un proceso en el que una sociedad pasa del fascismo a una democracia moderna, de cómo una fuerza policial y militar creada y criada en concepciones fascistas puede convertirse en una fuerza pública y aceptar el control civil. Esto es importante para Colombia, porque estamos en una transición democrática. Mi gobierno de cuatro años será de transiciones, de una economía extractivista basada en el petróleo y el carbón, hacia una economía productiva, agraria y agroindustrial. En el siglo XXI, esto significa una transición de la ignorancia al conocimiento, del autoritarismo a la democracia, desde la violencia a la paz, de una sociedad del machismo a una sociedad femenina. Pero harán falta varios gobiernos, con presidencias diferentes, parecido a lo que inició Chile. En cuatro años sí podremos hacer al menos la transición hacia la democracia, y no será fácil. Implica un gran cambio en el Congreso, si el ciudadano vota progresista a la Presidencia y corrupción al Congreso, lo de Brasil podría volver a ocurrir. También hay que modernizar la fuerza pública, ponerla en la escala del honor militar y policial que corresponde en el respeto a la ciudadanía y los derechos humanos.

La crisis climática es una de sus banderas políticas. ¿Cuál es su propuesta para atajar la explotación de recursos naturales y el uso de energías sucias?

"Una Colombia progresista no puede sustentarse en la exportación de petróleo, carbón y cocaína, eso lo vamos a cambiar"

Yo lo introduje en la Alcaldía de Bogotá cuando la expresión ‘cambio climático’ no se usaba en la prensa colombiana, aun sin comprender a fondo la discusión mundial que empezaba a librarse. Este es uno de los ejes ahora de Colombia Humana. Colombia depende desde hace 30 años de exportar carbón y petróleo, el otro sector de la exportación es la cocaína, y no son mundos separados, interactúan entre sí, se mueven como una gran masa de liquidez que hizo creer a la sociedad la ilusión de que se hizo rica. Esas burbujas han explotado y parte de la crisis actual tiene que ver con eso. No es sostenible que un país políticamente, éticamente y económicamente se sustente sobre el petróleo, el carbón y la cocaína. La transición consiste en salir de ahí hacia una economía agraria, agroindustrial, democratizar la producción e iniciar el balbuceante proceso de industrialización.

Pero sin reforma agraria y con la oposición de los empresarios y latifundistas será difícil. ¿Ve posible un acuerdo con esos sectores?

El narcotráfico hizo de la tierra fértil, cerca de 20 millones de hectáreas, su caja de ahorros, se apropió de ella, la compró en efectivo o la tomó de forma violenta, de ahí el desalojo de cinco millones de campesinos y pequeños y medianos empresarios, de ahí la destrucción del mundo agrario, hundido en la violencia y donde han proliferado ejércitos privados del narcotráfico y paramilitares. El narcotráfico está ligado a la destrucción de la economía productiva tanto rural como urbana. Una ciudad como Medellín permitió a un Pablo Escobar porque se destruyó su industria textilera. El narcotráfico creció en la medida que se profundizó el neoliberalismo con mucha ayuda de gobiernos extranjeros que no vieron esta evolución dañina. Hoy dependemos del petróleo, el carbón y la cocaína, y mi gobierno tiene que liberar a Colombia de ello. Dejaremos de firmar contratos de exploración petrolera desde el próximo 7 de agosto si ganamos las elecciones, eso nos da un margen de 12 años porque tenemos reservas para hacer la transición, para que la demanda interna de combustible sea reemplazada por energías limpias. En el corto plazo se puede sustituir petróleo, carbón y cocaína por turismo, tenemos la posibilidad de pasar de 4 a 15 millones de turistas al año, pero eso no se logra si no hay paz. Una serie de variables (acabar con la violencia, la paz, democratizar el país, aumentar la producción) permite las sinergias y eso es lo que nos va a permitir reducir el narcotráfico y desligarnos de una economía fósil.

Las fuerzas reaccionarias califican este discurso de castrochavista.

No tanto Castro, pero sí el proyecto de Chávez -parecido a proyectos del socialismo árabe- se sustentó en el petróleo. En cierta forma, el progresismo latinoamericano resultó afectado por el elevado precio de las reservas fósiles a causa de la demanda china desde la crisis de 2008. Un progresismo realmente sostenible y constructivo no puede afianzarse en los fósiles. Yo propongo lo contrario a lo que se hizo en Venezuela.

¿Cómo va a controlar a las bandas del narcotráfico, a la guerrilla del ELN, a las disidencias de las FARC?

Tengo un reto ambicioso y la realidad es que hay miles de hombres armados bajo diferentes agrupaciones todas ligadas al narcotráfico. Proponemos un desarme para lo que queda de la vieja insurgencia, un diálogo político rápido, y ahí incluyo al ELN (Ejército de Liberación Nacional) y a las disidencias de las FARC, que se forjaron porque Duque saboteó el acuerdo de paz, y ese acuerdo debe cumplirse. El ELN puede dejar las armas en el corto plazo en medio de un proceso de profundización democrática. Pero las agrupaciones más ligadas al narcotráfico son más complejas, ahí no hablamos de un diálogo político, ahí tenemos que hablar de un diálogo judicial. Quiero plantear una opción: el desmantelamiento pacifico del narcotráfico, pero no soy ingenuo, sé de lo que estamos hablando, es un negocio que mueve miles de millones de dólares, y hoy se quedan más en México que en Colombia porque los cárteles mexicanos dominan más el escenario. A Colombia entran unos 15.000 millones de dólares, hoy por hoy es el mayor producto de exportación dada la caída del precio del petróleo. Esto es lo que deja el uribismo en Colombia después de 20 años. La base por la cual el narcotráfico se mantiene y crece es porque tiene poder político, y eso es control sobre la población, sobre tres grandes masas: campesinos-productores de hoja de coca, consumidores en general urbanos, del mundo y de Colombia, y la economía popular que no tiene crédito, también muy urbana, y acude al crédito usurero que la mafia entrega para lavar dólares. Si le quitas esas masas de población, le quitas poder al narcotráfico. Y hay políticas específicas que pueden lograr la democratización del crédito, incluida la banca pública. De eso he hablado en Madrid, de tú a tú, con banqueros muy poderosos españoles que operan en Colombia. El objetivo es democratizar el crédito, regular el consumo de estupefacientes, que es una experiencia mundial exitosa y que quita al consumidor del contacto directo con la mafia, y la reforma agraria para que el campesino tenga opciones distintas al cultivo de coca. Así le quitamos poder al narcotráfico y se puede abrir una vía de desmantelamiento pacifico a través de un sometimiento colectivo a la justicia. No digo que inmediatamente pero se podrían iniciar los procesos.

¿Colombia está preparada para vivir en paz?

En un anhelo, no hay mujer que no quiera vivir en paz, que no quiera que sus hijos no sean materia prima de una guerra, que sus amores acaben muertos en una esquina. Si sumamos todos los casos, eso implica una sociedad que está preparada para la paz."                  (Esther Rebollo, Público, 12/01/22)

30/6/17

Adios a las armas, adios a la guerra, bienvenida la paz

"Sabemos que portamos una verdad, una bandera justa y legítima, y que nuestro cumplimiento nos llena de autoridad para exigir de la contraparte . Sentimos que Colombia nos acompañará.

Señor Presidente Juan Manuel Santos

Señoras y señores representantes de la Comunidad Internacional

Gobierno y pueblos del mundo

Colombianas y colombianos:

El dia de hoy, 27 de Junio, en esta Zona Veredal que los guerrilleros bautizaron Mariana Páez, en homenaje a la heroica camarada caída en combate en febrero de 2009, simbolo de la lucha de la mujer colombiana por un futuro mejor para su país, nos congregamos para realizar el acto solemne con el que culmina la Dejación de Armas  de las FARC-EP.

Este día no termina la existencia de las FARC.En realidad a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremo existiendo como un movimiento de carácter legal y demócratico, que desarrollara su accionar ideológico, político, organizativo y propagandistico por las vias exclusivamente legales sin armas y pacificamente.

El acto que nos congrega es producto de un acuerdo bilateral, en el que ambas partes, Estado y guerrilla, asumimos el compromiso de no utilizar nunca más las armas en la política, esta es la apertura de una nueva era hacia una democracia liberal en el que el Estado se ha comprometido a no utilizar las armas para perseguir a opositores o al pensamiento crítico.

En lo que hace a nosotros, cumplimos la dejación de armas de conformidad con lo pactado. Quedan ellas en manos de las Nacione Unidas para la construcción de los monumentos previstos. Honramos así nuestra palabra y esperamos con todos ustedes que el Estado cumpla con la suya. Apartir de hoy debe cesar toda persecusión política en Colombia.

Aspiramos a que la Reforma Rural Integral, pactada en el primer punto del Acuerdo Final, sea implementada con celeridad, pues entendemos la necesidad estratégica del desarrollo del campo colombiano. Sin perder nunca de vista que el conflicto armado en gran medida obedeció al despojo y a la violencia sufrida por nuestros campesinos, historia que debe llegar a su fin.

En la Mesa de Conversaciones de La Habana quedó definido que la inmensa deuda económica, social, política y cultural que el Estado tiene con ellos será saldada  de manera completa. No nos opusimos por principio a que los grandes empresarios del agro puedan adelantar sus proyectos, solo exigimos que el desarrollo de estos no arrolle ni impida el auge de la economía campesina.

Así tambien esperamos que la democracia colombiana abra generosa sus brazos atodas las fuerzas, organizaciones y movimientos excluidos centenariamente de las garantías políticas. De eso se ocupó con rigurosidad el segundo punto del Acuerdo Final. Las Circunscripciones Especiales pactadas para las zonas de conflicto no pueden por ello ser objeto de la menor objecion.

Como no pueden serlo los derechos y garantias asegurados en el mismo punto para las organizaciones políticas y sociales, incluido el partido o movimiento político nacido de la transformacion de nuestra insurgencia en fuerza política legal. La guerra interna nació del cierre de las vías legales, la paz significa que la participación política estará abierta a todos.

Del mismo modo, el Acuerdo Final se ocupó del problema de las drogas ilícitas, sobre la base de Un Programa Nacional de Sustitucion de Cultivos de Uso Ilícito, Planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, de atención inmediata y desarrollo de proyectos productivos, una estrategia de política criminal contra los carteles del narcotráfico, redes de apoyo y lavado de activos.

Si a ello añadimos la estrategia integral de lucha contra la corrupción el control sobre la producción, importacion y comercialización de insumos, entre otras importantes medidas, todo ello viene a significar el relevo definitivo de la vieja política de guerra contra los campesinos productores, de erradicaciones forzadas y de tratamiento militar al problema.

Está firmado igualmente un Acuerdo de Víctimas, que se resume en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición: Comision para el Esclarecimiento de la verdad, la Unidad Especial para la búsqueda de personas desaparecidas en el contexto del conflicto, la Jurisdicción Especial para La Paz, las Garantias de No Repetición y las Medidas de Reparación Integral.

Las FARC, con la seriedad que nos caracteriza, seguimos adelante en el cumplimiento del tercer punto del Acuerdo Final, el del Fin del Conflicto. Y lo hacemos con la mayor buena fe. Como pueden comprobarlo todos. El Mecanismo de Monitoreo y Verificación del Cese al Fuego y de Hostilidades acredita que no le faltamos a Colombia. Hoy dejamos las armas.

El Estado nos ofrece a cambio, la construcción de un Pacto Político Nacional, la comisión nacional de Garantias de Seguridad, la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizciones criminales y sucesoras del paramilitarismo, el Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, medidas de prevención y lucha contra la corrupción.

A lo que hay que agregar las garantias de seguridad para líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de derechos humanos. Sea este el momento para expresar nuestra preocupación por la negligencia estatal en la honra de su palabra. Los asesinatos de dirigentes populares no se detienen, mientras crece la amenaza paramilitar en todo el país. 

La muerte aleve alcanza ya a guerrilleros y milicianos indultados o amnistiados y son ya varios los casos en que familiares de estos han sido asesinados. Aún no arrancan los mecanismos previstos en los Acuerdos en este campo, trabas de orden burocrático, administrativo, judicial y hasta político lo impiden. La actuacion estatal debe ser inmediata, nada justifica su demora.

Resulta lamentable que buena parte de los guerrilleros, milicianos, simpatizantes o acusados de pertenecer a nuestras filas, permanezcan en prision a seis meses de expedida una ley de amnistía e indulto que les garantizaab su libertad en diez días. Ellos y sus familiares adelantan o preparan acciones de protesta ante el incumplimiento. Nada de eso debia ser necesario.

Hay importantes retrasos en materia de reformas constitucionales y legales que desarrollan distintos puntos de los Acuerdos, con los riesgos originados en campañas electorales próximas. El proceso de creacion de la JEP se relentiza de modo inquietante, sometido a ataques despediados de enemigos de la paz que buscan enturbierlo, viciarlo, impedirlo o parcializrlo.

No se ven los mecanismos de investigación y combate a las bandas criminales y paramilitares. Una amplia y eficiente misión de la ONU se encargó de verificar el cumplimiento nuestro del Cese el Fuego y de la Dejación de Armas, pero cuando se tramita una segunda misión para verificar el cumplimiento estatal de los Acuerdos el clima oficial se enrarece de modo suspicaz.

El estado de la infraestructura de esta Zona Veredal es el mejor testimonio del ritmo con que se desarrolla el cumplimiento por el gobierno nacional de lo acordado conjuntamente. La reincorporación económica, social  y familiar de los guerrilleros farianos requiere medidas urgentes quemarchan muy lentamente frente a realidades inminentes. Muchas cosas deben hacerse ya.

Los acuerdos son sagrados, se firman para cumplirlos. Hoy damos constancia expresa de cómo las FARC satisfacemos nuestras obligaciones. Lo hemos dicho muchas veces, los acuerdos de paz no son para las FARC, son para todo el pueblo colombiano. Compete a este, con el respaldo de la comunidad internacional que tanto se esmeró por su firma, velar por su estricto cumplimiento.

En adelante nuestra lucha se encaminará a exigir la implementación práctica de todo lo acordado. Lo haremos de modo pacífico y civilizado, pero sin cejar un solo instante en nuestro empeño. Sabemos que portamos una verdad, una bandera justa y legítima, y que nuestro cumplimiento nos llena de autoridad para exigir de la contraparte . Sentimos que Colombia nos acompañará.

Y que contaremos con la legitimidad suficiente para solicitar la solidaridad Internacional. Contraraiamente a quienes no esperan de estos acuerdos sino el cese del fuego guerrillero, nosotros, al lado de la gente honesta de nuestra patria y el planeta, sabemos que ellos irán mucho más alla, serñan la llave para un país distinto, decente, democrático, en progreso y justo.

Caminaremos por calles y plazas de Colombia llevando nuestro mensaje de concordia y reconciliación. Las trágicas experiencias del pasadono podrán repetirse, porque nuestra patria ha aprendido se su dolor, porque los colombianos y colombianas no permitiran que se los estafe de nuevo.

Adios a las armas, adios a la guerra, bienvenida la paz."         

6/8/13

“Un atentado de ETA es para siempre, viene para quedarse... y se queda”

" (...) P. Oiga, ¿duele todavía?

R. ¿El qué, el atentado?

P. Una bomba explotando en su coche y llevándole la pierna.

R. Dolor físico ya no tengo, pero un atentado de ETA es para siempre. No se supera nunca del todo. Se queda contigo y tiene un impacto brutal e inverbalizable. Otra cosa es cómo gestiones el impacto de una bomba de ETA. Y ahí todos mis respetos para todos: no creo que nadie lo haya hecho bien o mal. 

No hay un manual de la buena y de la mala víctima, en contra de lo que algunos pretenden. Yo no quiero olvidar que un 19 de febrero de 2002 me pasó eso, y me pasó para siempre. Vino para quedarse. Pero mucho tiempo después he sido feliz otra vez.

P. ¿Por qué nunca ningún familiar de una víctima se llevó por delante a algún miembro o simpatizante de ETA?

R. Buena pregunta. Y se mueve en el campo de la sicología… No lo sé. En mi caso no le dediqué ni un microsegundo al “ojo por ojo, diente por diente” (...).           (Entrevista a Eduardo Madina, El País, 06/08/2013)

30/11/12

"Un día se colocó un retén de paras [paramilitares] en una vía de acceso a la comunidad; allí paraba un autobús y según bajaban los pasajeros comprobaban si estaban en la lista; si así era, los mataban allí, delante de todos"

"Los campesinos que plantaron cara al Gobierno de Colombia. Hostigados por el ejército, guerrilla y paramilitares, un grupo de trabajadores del campo lleva 15 años resistiendo de forma pacífica en una zona de fuego cruzado

La denuncia pública ha logrado que muchos ojos se posen en el grupo de campesinos que respondió con un ‘no' a las FARC, a los paramilitares y al Ejército colombiano hace 15 años.

Cerca de 1.200 trabajadores del campo de la zona de Urabá, al noreste del país, se declararon neutrales en el conflicto que enfrenta el país latinoamericano desde hace medio siglo.

 La comunidad de paz de San José de Apartadó -como resolvieron llamarse- harta del asedio que sufría por ubicarse en una zona de fuego cruzado y geográficamente clave para el tránsito de drogas y armamento decidió no ceder ante los chantajes de uno y otro lado. 

 Adoptaron la estrategia de resistencia pacífica y acordaron normas de convivencia y requisitos para formar parte de este espacio humanitario al margen de las acciones armadas. 

En marzo de 1997, cientos de campesinos desplazados se negaron a abandonar la región y decidieron volver a sus tierras. Firmaron una declaración en la que se comprometieron a no permitir la presencia de actores armados en el asentamiento y asumieron el rol de "alternativa civil no violenta al conflicto". El precio de aquella decisión lo siguen pagando hoy en día.

"No se cómo se llegará a un acuerdo de paz con el país inundado de paramilitares", titubea Javier Giraldo, sacerdote jesuita miembro de la comunidad de paz, en relación a las conversaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC]. "La violencia sigue siendo una realidad cotidiana en el país", añade.

Sobre el proceso de paz que se abre con las negociaciones en La Habana, teme que se termine cerrando con la impunidad total de militares y paramilitares, e incide en el "cruce de expectativas" por el que atraviesa Colombia.

Giraldo trabaja desde hace 25 años coordinando el banco de datos del Centro de Investigación y Educación Popular, donde, en este tiempo, ha registrado más de 180.000 víctimas del conflicto armado en todo el país. "La mayor parte pertenece a la sociedad civil, a movimientos de base, indígenas, campesinos y fuerzas políticas alternativas pero no combatientes", señala.

 Un ejemplo del hostigamiento que padece la ciudadanía se encuentra en San José de Apartadó, donde la cifra de asesinatos desde 1997, año en que se constituyó la pequeña comunidad de paz, asciende a 240.

"Éramos 1.200 cuando empezó todo", lamenta Giraldo en su visita por Madrid antes de emprender rumbo a la Corte Penal Internacional para aportar nuevas pruebas y lograr que el tribunal internacional decida abrir este caso.

Hasta La Haya lleva los listados actualizados de víctimas, las cartas cruzadas con el Gobierno colombiano y los 26 derechos de petición ejercidos por el religioso. Ante estas peticiones, en las que Giraldo relata con precisión al Ejecutivo de Juan Manuel Santos cada ataque que sufre la comunidad, solo ha recibido indiferencia.

 "Siempre me responden con un párrafo donde Presidencia me remite a otras instituciones que nunca han contestado nada concreto, sino que dan evasivas o niegan la situación", lamenta en conversaciones con este medio en el Ateneo madrileño donde ofreció una charla la semana pasada.
 
Las denuncias que Giraldo ha puesto en conocimiento del Gobierno no han producido sanciones ni investigaciones penales, pero sí han desplegado otros efectos . "En varias ocasiones, testigos que se presentaron ante la fiscalía o el juzgado fueron asesinados o amenazados", asegura el sacerdote.

El último ataque que sufrió la comunidad de paz tuvo lugar hace escasas semanas. En un simulacro en el que, según asegura Giraldo, no estaba la guerrilla, "dispararon contra las casas dejando un muerto".

 "Esos días hubo una presencia masiva de paramilitares, lo que obligó a desplazarse hacia las veredas". Ese es el mecanismo que los miembros de la comunidad utilizan para sobrevivir: marcharse a las zonas contiguas - a las veredas- y esperar que los paramilitares abandonen y puedan regresar al asentamiento sin correr peligro.

 Se trata de los movimientos internos que hacen estos campesinos pertenecientes a un país que cuenta con más de cinco millones de desplazados como consecuencia del conflicto.

La premisa que el colectivo de campesinos escucha con más frecuencia a los militares y paramilitares que recorren la región es la del "exterminio" por considerarles "la piedra en el zapato de los planes del Gobierno y las empresas". "Si no fuera por el apoyo internacional, ya nos habrían eliminado", subraya Giraldo.

Las ayudas que San José de Apartadó recibe desde fuera de Colombia tienen que ver, entre otras, con el asesoramiento jurídico, necesario para que los campesinos puedan conservar sus tierras. 

La Ley de víctimas y restitución de tierras del Ejecutivo de Santos permite que las fincas devueltas a los campesinos puedan ser negociadas entre éstos y empresas. De este modo, las posibles alianzas dejan al campesino en una posición de debilidad frente a las compañías que quieran comprarlas. Además, "no se han legalizado las tierras, se venden sin pasar por las agencias del Estado, dándose títulos testimoniales", indica Giraldo.
 
Las medidas reparadoras del Gobierno colombiano no convencen a una comunidad que lleva cincos lustros de asedio. En los primeros meses de su creación, San José sufrió cerca de 80 asesinatos. Los paramilitares manejaban listados de sospechosos que mataban en el mismo lugar donde los localizaban.

 "Un día se colocó un retén de paras [paramilitares] en una vía de acceso a la comunidad; allí paraba un autobús y según bajaban los pasajeros comprobaban si estaban en la lista; si así era, los mataban allí, delante de todos", relata Giraldo.

La esencia colectiva de la comunidad de paz constituye sus cimientos ante los múltiples asesinatos. De esta forma, cuando alguien es asesinado "el grupo asume su labor". Organizar la resistencia ha sido una de las claves de la supervivencia. Cuando comenzaron a comercializar los cultivos, entre 2001 y 2004, llegó el cerco de hambre. 

"Cuatro conductores que nos llevaban alimentos fueron asesinados para que nadie quisiera hacer esa tarea".Después masacraron los cuatro comercios del pueblo y cerraron todos los negocios de la carretera. Pero también salieron adelante. Comenzaron a comprar semillas en Medellín, a más de 300 kilómetros, y cultivar arroz, maíz, frijol y caña de azúcar.

 La comunidad de paz sigue buscando fuera de su país la justicia y la reparación que dentro le niegan, algo que Giraldo ha comprobado en persona. A lo largo de su vehemente trayectoria en la defensa de los derechos humanos, el sacerdote ha afrontado más de un proceso judicial.

En 2009, se declaró objetor de conciencia para no colaborar en una investigación contra él por haber denunciado las supuestas torturas de unos militares contra varios campesinos. El Ejército le denunció por calumnias y el fiscal que llevó el caso le aseguró que estaba sometido a grandes presiones "desde arriba" para condenarlo.
 
"El fiscal dejó sobreseído el caso pero, por presiones, lo reabrió y dictó una orden de búsqueda y captura contra mí", relata el religioso. El coronel que fue a buscarle le confesó que no podía acatar la orden de llevarle detenido.

 "Llamamos al fiscal para que nos explicara qué podíamos hacer, y lo resolvió diciendo que hiciera un escrito ratificando mi objeción". Así procedió Giraldo que, a partir de entonces, fue declarado reo ausente, le asignaron abogado de oficio y a los dos años se archivó su expediente

 "Curiosamente, me exoneraron la misma semana en que cambió el fiscal general del Estado, el mismo que presionó al otro fiscal para que reabriera mi caso".

Con todo, Javier Giraldo no se rinde y ahora espera abrir alguna puerta en la justicia internacional. Los delitos contra San José de Apartadó fueron denunciados en 2006 ante la Corte Penal Internacional por la propia comunidad de paz bajo la calificación de crímenes de lesa humanidad.

"Fuimos a la Corte Penal a recabar justicia y, aunque aún no han tomado ninguna decisión importante, seguiremos insistiendo", anuncia."       (Público, 27/11/2012)

8/11/11

"Instó a las mujeres a no mantener relaciones sexuales y logró poner fin a la segunda guerra civil de Libe en 2003"

" Las dos mujeres liberianas que han recibido el Nobel de la Paz han sido claves para el fin de la guerra civil en el país. Su influencia se ha extendido a otros movimientos de mujeres en varios países africanos.

Ellen Johnson-Sirleaf, de 72 años, fue la primera mujer en alcanzar la presidencia en un país africano. Heredó una Liberia destrozada por una guerra civil larga y especialmente cruel que destruyó la economía, el tejido social y el futuro de una generación de jóvenes (más de 20.000 guerrilleros desmovilizados) a los que el conflicto les robó la infancia y la educación.

El trabajo de Johnson-Sirleaf ha sido impulsar la reconciliación, sentar las bases de un país en paz, recuperar la autoridad de los ancianos, de la ley y dejar atrás personajes tan siniestros como Charles Taylor, exguerrillero y expresidente liberiano juzgado en La Haya por sus crímenes en la vecina Sierra Leona.

No ha habido milagros, pero en estos años su país ha recuperado la autoestima, el orgullo de ser liberiano, el derecho a un futuro mejor.

Johnson tiene una mirada firme y directa, capaz de imponerse sin elevar la voz. La imagen de una mujer al mando en África fue muy importante para millones de mujeres de ese continente que son el sostén de sus familias. Y más ahora con el premio Nobel de la Paz. Han pasado los años, llegaron los problemas, las crisis, los fracasos y los errores, pero su imagen de mamá África sigue intacta.

La lucha de Leymah Gbowee, de 39 años, comenzó con un sueño. En 2002, tras 13 años de una sangrienta guerra civil que se había cobrado más de 150.000 vidas, Gbowee soñó que encabezaba una reunión en una iglesia y que comenzaría a pelear por la paz en Liberia. Se despertó y lo hizo.

La trabajadora social y entonces madre de tres hijos (ahora tiene seis) reunió a un grupo de mujeres en un mercado y, acompañada por otra mujer, la musulmana Asatu Bah-Kenneth -Gbowee es cristiana- comenzó el Movimiento de Mujeres por la Paz en Liberia. Al principio eran decenas, al final eran miles.

Gbowee es conocida por organizar la llamada huelga de sexo, un movimiento pacifista que instó a las mujeres a no mantener relaciones sexuales y logró poner fin a la segunda guerra civil de Libe en 2003. Tras meses de presión, las mujeres consiguieron una reunión con Taylor y le obligaron a prometer que establecería un diálogo de paz con los grupos rebeldes en Ghana. Sus acciones trajeron la paz a su país y facilitaron el camino para la elección la primera presidenta africana, Ellen Johnson-Sirleaf."               (El País, 08/10/2011, p. 5)

10/12/10

"Tarde o temprano encontraremos una solución"... a la guerra de Palestina

"Ella no come cerdo y él es capaz de explicar el origen de la palabra "hígado" según Ortega y Gasset. Son una pareja de viaje atípica: Suheir Allami, de 24 años, palestina de Hebrón, musulmana, y Aaron Barnea, de 69 años, israelí, judío, militante de izquierdas. Ambos son miembros del Círculo de Padres-Foro de Familias (CPFF), colectivo a favor de la paz en Oriente Próximo. (...)

Barnea perdió a su hijo menor Noam, soldado, en acto de servicio en Líbano, en 1999. Allami, a su abuela Naima cuando una bomba del Ejército israelí cayó sobre su casa. Seiscientas familias pertenecen al Círculo, demasiadas vidas rotas, que han decidido unir sus duelos y compartir su dolor para lograr lo que no han conseguido años de guerras y de negociaciones políticas.

"Afortunadamente, no cualquiera reúne las credenciales apropiadas para formar parte de nuestra organización", afirma irónicamente Aaron Barnea, encargado de las relaciones internacionales. Y es que el precio que hay que pagar para pertenecer al CPFF es demasiado alto: es necesario haber perdido a un miembro de su familia en el conflicto que mata a palestinos e israelíes desde hace más de medio siglo.

La joven lo apunta todo en un cuaderno infantil con un bolígrafo rosa: "Estoy aprendiendo español", dice con una amplia sonrisa. Cuenta que se dejó convencer por su padre para ingresar en el CPFF. "Creo que cometí un error, tenemos demasiado trabajo".

Renococe que no siempre resulta fácil que sus vecinos y amigos entiendan su labor, "aunque sí me respetan". Con sus compañeros de universidad (estudia Literatura Inglesa) el entendimiento es mejor.

Aaron Barnea se confiesa optimista: "Tarde o temprano encontraremos una solución". Habla con admiración de los palestinos miembros del CPFF. "Hay una gran diferencia entre los israelíes y los palestinos que integramos el Círculo. Los israelíes somos, mayoritariamente, padres que hemos perdido a nuestros hijos soldados. Somos casi todos militantes por la paz y estamos familiarizados con este tipo de organizaciones. Los palestinos, no.

Ellos, en la mayoría hermanos y hermanas de fallecidos, han tenido que dar un salto mortal para formar parte de la organización. Barnea se siente orgulloso de la labor del CPFF en las escuelas: "Tenemos que dar a los chicos la visión del otro lado, dar a conocer al otro, humanizarlo".

Y mientras la joven alaba la merluza, Aaron "bromea" con sus principios religiosos: "Pues con vino está mucho mejor, tú te lo pierdes. A propósito, ¿queda vino?", pregunta con una sonrisa traviesa.

Diálogo, reconciliación y paz se repiten con insistencia. "Esta organización busca la esperanza". Y justifica, desde su dolor, por qué defiende la reconciliación en lugar de la venganza. "El sufrimiento por la pérdida de los nuestros no es patrimonio de ninguna de las partes. Es totalmente necesario entender al otro", afirma Barnea. Suheir no puede evitar expresar su admiración: "Aaron, eres un hombre sabio". (A. BARNEA Y S. ALLAMI: "Tarde o temprano encontraremos una solución". El País, 04/12/2010, última)

19/11/10

El abandono de las armas

"Pero, ¿qué lleva a los etarras a renunciar a la militancia terrorista? ¿Cuáles son los motivos que les conducen al abandono de ETA? Un estudio empírico que he podido realizar, basado en entrevistas con más de 50 antiguos militantes que dejaron de serlo entre inicios de los setenta y finales de los noventa, permite discernir tres tipos.

En primer lugar, se encuentran aquellos cuya salida obedeció sobre todo a la percepción de cambios políticos y sociales.

En segundo lugar, quienes abandonaron a raíz de desacuerdos con el funcionamiento interno o con las prácticas operativas de la banda armada a la cual pertenecían.

En tercer y último lugar, entre cuantos fueron terroristas de pasamontañas y txapela hay individuos cuya renuncia se explica fundamentalmente como resultado de alteraciones sustanciales en sus respectivos órdenes personales de preferencias.

En general, el abandono basado en la percepción de transformaciones estructurales implica revertir el marco ideológico y las motivaciones de racionalidad instrumental presentes en la decisión de unirse a ETA.

La salida que deriva de un malestar con la organización terrorista supone una quiebra de, entre otros, los incentivos selectivos y las motivaciones identitarias que favorecieron en su día el reclutamiento.

Renunciar por razones personales presupone una disolución de las emociones y los estímulos afectivos que incidieron al ingreso o simplemente un momento diferente del ciclo vital.

Estos tres tipos de motivos para dejar atrás la militancia terrorista pueden combinarse de modo variable según individuos concretos, aun cuando en distintos periodos de tiempo predomine uno de ellos sobre los otros dos.

Así, hasta aproximadamente mediados los años ochenta del pasado siglo, la opción individual de abandonar la militancia en ETA estuvo sobre todo relacionada con la percepción de los procesos de democratización y descentralización territorial que culminaron con la aprobación del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y las primeras elecciones al Parlamento de Vitoria, aunque también con sucesos como el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Entre quienes por entonces dejaron la organización terrorista, en su mayoría pero no exclusivamente integrantes de la facción denominada político militar, son recurrentes las alusiones a que "habían cambiado objetivamente las condiciones", a que "continuar con la lucha armada sería contraproducente" o a que se veía una "sociedad contraria".

Desde mediada la década de los ochenta, lo habitual entre quienes han puesto fin voluntariamente a su pertenencia a ETA es que, antes de tomar la decisión del abandono, estuviesen muy descontentos con la banda armada. Unas veces, debido al funcionamiento interno o al liderazgo.

En este sentido, los militantes que se han disociado a partir de esos años suelen referirse a "los derroteros que estaba cogiendo la organización", a que se preguntaban "¿a quién tenemos al mando?" e incluso a que empezaban a "tener miedo a la organización". Otras veces, el malestar con ETA obedecía a un desacuerdo con sus pautas de victimación. No son pocos, por ejemplo, los antiguos pistoleros que se cuestionaron el compromiso militante tras "circunstancias como fue lo de Yoyes, el tema Hipercor o el tema Zaragoza".

Empero, siempre hay una pequeña pero sin lugar a dudas significativa proporción de militantes etarras que deciden abandonar su implicación en actividades de terrorismo principalmente como resultado de alteraciones en su orden personal de preferencias.

Puede tratarse de que, como indica uno de ellos: "Me estaba cuestionando mi vida"; de que, en palabras de otro, se interrogaba a sí mismo por "cuándo podría ser una persona normal", o simplemente, según dos más, de estar "cansada" o de "que ya tienes otra edad".

También hay quien se planteó "no poder seguir así por la vida, haciendo daño a la gente que tengo al lado" o quien ha reflexionado sobre su militancia en ETA tras haber sido padre. En algún caso, la decisión de dejar la organización terrorista vino precedida de una "conversión" religiosa." (El País, opinión, 16/11/2010, p. 29)

12/1/10

"No me importa que me maten, he hecho algo por la paz"

"Sara Morales llega una hora tarde a la cita y se encuentra a la periodista subiéndose por las paredes. A esta carismática mujer de 24 años, madre de tres hijos y embarazada del cuarto, no le cambia el gesto. Tenía 11 años cuando las FARC la raptaron. Ha sido guerrillera a la fuerza hasta que pudo escapar, en 2007. No fue fácil. Le dispararon. Aún está fresca la cicatriz de la bala que le atravesó la mano. (...)

Con el tiempo, Sara se enamoró de un "soldado raso". Sus dos hijos mayores nacieron en la selva y fueron criados por familias de la zona. El 20 de julio de 2007, durante una ofensiva del ejército, Sara vio una oportunidad para escapar. "Durante mi ronda nocturna, me fui. Cuando los compañeros se dieron cuenta vinieron a por mí. Me dispararon y me dieron en la mano, pero me eché pólvora, me hice un torniquete y seguí. Después me dieron en la pierna, menos mal que no cogió hueso...". Y de pronto suelta: "Yo puedo ir a un reality y gano. Me defiendo para la supervivencia". (...)

En primavera, Sara pasó la audición de Canta Conmigo. Lo pasan en grande. "Al cantar me conecto con el yo que tengo adentro. Yo con yo", dice mientras come tarta de Santiago, que vuela. Se está hinchando a dar entrevistas. Con su historión no es para menos. No teme las represalias. "Vivo cada día como el último. No me importa que me maten, estoy contenta. Le he dejado a mis hijos el legado de que fui capaz de reinsertarme, de hacer algo por la paz". (El País, ed. Galicia, última, 09/01/2010)