"Gregoria Gastelú está sentada en un murito de la puerta de su casa,
ubicada en una avenida algo polvorienta de Huamanga, durante un día
cálido pero que, en su mirada, adquiere un destello nebuloso.
Cuando
pronuncia el nombre de Cesáreo, su hijo ausente, un torrente de palabras
en quechua, tristemente tiernas fluyen de manera incontenible…
—En mi sueño, él aparece y me dice “ya, mamita, no llores, quédate tranquila”, relata, envuelta en llanto.
Al muchacho, un devoto del fútbol, se lo llevaron el 10 de julio de
1984, alrededor de las dos de la mañana, cuando varios individuos de
aspecto militar, y cubiertos con pasamontañas negros, ingresaron a la
casa trepando por una pared de la vivienda vecina. Empujaron al resto de
la familia a la sala y fueron al cuarto de Cesáreo para sacarlo.
Al día siguiente lo buscaron en el cuartel Los Cabitos, en la
comisaría, en la Fiscalía. Pero Cesáreo, el estudiante de la Universidad
San Cristóbal, el hincha de la U, el hijo cariñoso, no
apareció más. Su padre también lo buscó en el Infiernillo, un barranco
cercano a Huamanga donde arrojaban cadáveres, pero igualmente naufragó
en el dolor.
Gregoria fue a Lima y se embarcó a la isla El Frontón, cuando todavía
albergaba inocentes y presos subversivos. Caminó llorando y preguntando
por los pasillos del penal, sin resultado alguno. Volvió a Huamanga,
siguió buscando, mientras su aura de tristeza crecía. Solo ha vuelto a
ver a Cesáreo en sus dolientes y reiterados sueños.
Se estima que en Perú, durante el conflicto armado interno
(1980-2000), desaparecieron entre 13.000 y 15.000 personas.
Inicialmente, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación (CVR) sostuvo que recibió “testimonios que dan cuenta de
4.414 casos de desaparición forzada de personas atribuidas a agentes del
Estado” (2003).
Al año siguiente, la Defensoría del Pueblo presentó —recogiendo cifras de la
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones— el informe
Los peruanos que faltan, que eleva el número de desapariciones a la alarmante y escandalosa cifra de 8.588 personas.
Posteriormente, la CNDDHH lanzó la campaña Construyendo una esperanza.
Con ella, logró recopilar 3.301 testimonios más, que aumentaron la
curva a 12.859 personas, hasta el año 2005. Según un documento del
Centro Andino de Investigaciones Antropológico-Forenses (CENIA), “este
número es, aparentemente, el más cercano a la realidad”. (...)
“Yo nunca me he separado de mi padre”, afirma, con un gesto de
calidez andina, Mardonio Nalvarte(34 años), un agricultor de la
comunidad de Canayre, centro poblado del distrito de Llochegua, en la
provincia de Huanta, parado junto al ataúd blanco donde yacen los restos
de su padre, Modesto, asesinado el 27 de febrero de 1989.
En el recinto del local huamanguino de la Comisión de Derechos
Humanos (COMISEDH) hay siete ataúdes más, con flores encima, con velas,
con niños que revolotean entre ellos. Mardonio lleva su memoria 23 años
atrás, cuando alrededor de la una de la tarde escuchó el motor de unos
botes que llegaban, surcando el río Mantaro, a su localidad.
Se trataba de senderistas disfrazados de policías que, primero,
procedieron a victimar a las autoridades a pedradas. Luego, tras
preguntar a los jóvenes “si estaban dispuestos a formar una patrulla
para ir en busca de subversivos”, degollaron a los que respondieron que
sí ante el engaño. Modesto, el padre de Mardonio, estaba entre ellos.
Él, desde su desprotegida pequeñez, alcanzó a ver la escena al
auparse en una ventana. Cuando la tarde ya entraba, la matanza había
concluido. Los sobrevivientes, aterrorizados, huyeron al campo, pero
volvieron al día siguiente y encontraron 40 muertos, regados por el
pueblo, a los que enterraron en una fosa común. (...)
Según Rosalía Chauca, de la Red por la Infancia y la Familia (Red
INFA), algo que se suele perder de vista es que, con frecuencia, el
familiar de un desaparecido es una víctima múltiple. “Además de perder a
alguien, sin que le den una explicación —precisa—, puede haber sido
torturado o incluso haber sufrido violencia sexual”. Una ruma de
desgracias.
Raúl Calderón, quien trabaja con ella, y que ha visto de cerca varios
casos en Ayacucho, describe una suerte de itinerario tenebroso de la
víctima. “Primero —explica— viene un período de no aceptación, de creer
que, en realidad, no ha pasado nada grave y que el ser querido está en
un cuartel o en una comisaría. Y que un abogado será la solución”.
Pero la ausencia que aparece después apaga esa ilusión. Viene
entonces la etapa de búsqueda desesperada, agotadora, que puede dejar
exhausta el alma y hasta el cuerpo de la persona. “La persona —explica
Rosalía— repara en detalles, en pequeños datos de alguien que pudo haber
dicho o visto algo”. No hay un familiar que no sea minucioso.
Si la búsqueda se torna inútil, es posible que baje el esfuerzo pero
nunca, nunca, decae. El familiar siempre está atento a una pista, un
rumor, alguna leve noticia. La angustia se instala entonces en la vida
y, a veces, sobreviene la soledad porque, en su entorno, no entienden
esa persistencia o le recomiendan el olvido.
Eso no parece posible, al menos para la mayoría de familiares, porque
el hueco en el alma permanece. Y solo se alivia parcialmente cuando el
cuerpo aparece. En el mundo andino, como apunta Rosalía, “el ritual de
despedida” es paradójicamente vital. Eso se sentía, como un vaho
espiritual colectivo, en el velorio de las víctimas de Canayre.
Hay, sin embargo, un trance que es particularmente desolador. Se da
cuando, como le ocurre ahora a Gregoria, la víctima ha reconocido, tras
una exhumación, una prenda o algo que la convence de que ese es su hijo,
su esposo, su hermano. Pero la ciencia forense no lo confirma todavía.
“Ese es uno de los peores momentos”, observa Rosalía.
Es un tiempo de angustia mayor, de llanto, de estallidos
desgarradores. Y es que el hallazgo de un cuerpo suele ser más
importante que la búsqueda de justicia penal. Maritza Guzmán del Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) de Ayacucho, comenta que esa es la
mayor reparación que buscan los deudos. Les interesa más cerrar el
círculo del dolor que ir a un tribunal. (...)
La crueldad se desató en el monte e incluyó, según testimonios recogidos
por el Instituto de Defensa Legal (IDL) entre las mujeres asháninkas,
masacres, asesinatos de niños y hasta crucifixiones. Luzmila, sin
embargo, no retrocedió en su lucha, llevando encima, además, el recuerdo
de Beto Juan, en su corazón selvático. (...)
Gregoria saca las fotos de Cesáreo en ropa deportiva. Lo mira, lo
acaricia, le toca el rostro, como si fuera real. Saca luego un pantalón
de color beige que le pertenecía y enseña la basta, dice que siempre la
hacía así. Suelta por tercera vez sus lágrimas, mientras se vuelve a
acordar de cada detalle, de cada fecha, de cada episodio.
Dice que ya tiene 80 años y que lo único que le interesa, antes de
morir, es “encontrar a su hijo”. Vuelve a relatar un sueño en el cual él
le dice que ya no llore y que tranquilice a su papito. Insiste en que
las prendas que le mostraron, hace poco, tras la exhumación de unos
cuerpos en una zona vecina al cuartel Los Cabitos, eran de él. Y llora
otra vez.
Cuenta que solo le tocaron 1.000 soles (unos 270 euros a cambio de
hoy) de reparación. Pero eso no importa. Le importa encontrar el cuerpo
de su hijo, ya no en sueños, sino en la realidad. Porque ella lo quería
mucho, porque era bueno, porque, en sus palabras tan tristes, se empoza
todo el dolor de un tiempo de espanto, que no debería desaparecer jamás
de nuestra memoria." (
Ramiro Escobar
, El País, 3 SEP 2014)
