Franco ordenó "despiojar" a gitanos

"(...) la comunidad gitana. Durante su régimen, las familias de esa etnia fueron objeto de medidas especialmente enfocadas hacia ellas, creadas siempre con un mismo fin: hacerles sentir que eran de una categoría humana inferior.

 

Según consta en un documento obtenido por Público, la dictadura creía que los gitanos podían ser portadores de enfermedades infecciosas, por lo que adoptó una serie de medidas dirigidas a contrarrestar ese supuesto peligro. En una orden firmada el 21 de noviembre de 1939, el Gobernador Civil de Bizkaia, Miguel Ganuza, relacionaba directamente a las personas gitanas con la propagación del tifus exantemático, una enfermedad que se propagaba mediante los piojos y que acabaría convirtiéndose en epidemia durante los primeros años de la dictadura.

En su particular interpretación de la realidad, el régimen se esforzaba por vender la versión de que este problema sanitario era uno de los tantos males provocados por la España republicana. "De los informes recibidos en este Gobierno Civil resulta que, aunque por fortuna no muy numerosos, no dejan de presentarse de vez en cuando en determinadas zonas de las regiones que durante más tiempo padecieron el dominio rojo, casos aislados de tifus exantemático que en alguna ocasión reciente han dado lugar a la explosión de verdaderos brotes epidémicos", señalaba Ganuza en aquella nota, enviada a todos los alcaldes de Bizkaia.

Ante esa situación, las autoridades franquistas decidieron crear un "servicio de despiojamiento" que sería gestionado por los ayuntamientos, con el "asesoramiento de los inspectores municipales de Sanidad". Según explicaba el gobernador civil, esta orden provenía de la Dirección General de Sanidad, lo que deja entrever que se trataba de un asunto que afectaba a todo el Estado.

El "servicio de despiojamiento" enfocaría su trabajo en "cuantas personas sean portadoras de ectoparásitos", distinguiendo “especialmente” a aquellos "individuos que por su habitual desaseo y gran movilidad de desplazamiento" representaban "un positivo riesgo de mantenimiento y difusión de la enfermedad". En primer lugar citaba a los gitanos, seguidos de "vagabundos", "pordioseros" o, por último, "vendedores ambulantes".

"La Jefatura Provincial de Sanidad dictará a los Señores Inspectores Municipales de Sanidad las normas que han de regular los referidos servicios de despiojamiento que deberán ser organizados en ese término municipal en la medida que, sin perjuicio de su eficacia, lo consientan las posibilidad de orden material con que cuenta el municipio", precisaba el gobernador franquista de Bizkaia.

Manipulación de una enfermedad

La utilización de la epidemia del tifus para criminalizar a los "enemigos" de la dictadura –una categoría que acabaría incluyendo a las personas gitanas- fue señalada por la investigadora Isabel Jiménez Lucena, quién actualmente ejerce como profesora de la Universidad de Málaga en el área de Historia de la Ciencia, en un estudio publicado a comienzos de 1994 bajo un título que no deja lugar a dudas: El tifus exantemático de la posguerra española (1939-1943). El uso de una enfermedad colectiva en la legitimación del Nuevo Estado. A su juicio, "la utilización de la presencia de una enfermedad colectiva" permitiría a la dictadura "legitimar ideas y actuaciones que afectarían a diversos aspectos de la vida social no relacionados ya con el proceso salud-enfermedad".

Jiménez remarca que en aquel contexto de grave crisis sanitaria, "se procuró que la desfavorable coyuntura sanitaria no enturbiase la visión triunfalista que se quería proyectar con retórica imperialista y racial". "Por ello, un rasgo sobresaliente en el inicio del brote epidémico exantemático fue el intento de retrasar el reconocimiento de su existencia, en un empeño por ocultar las miserias del país; las autoridades pretendían dar una imagen sana, fuerte y limpia de la Patria que gobernaban, frente a la parte enferma, débil y sucia a la que habían derrotado", subraya. Tras ese silencio inicial, el brote de tifus fue "manipulado, hasta el punto de servir para reafirmar los argumentos integrantes de las doctrinas legitimadoras del Poder instituido".

Sucios y ladrones

El papel atribuido a los gitanos fue analizado por Xavier Rothea, investigador de la Université Paul-Valéry Montpellier III, en un estudio publicado por la Revista Andaluza de Antropología en septiembre de 2014. En ese estudio, el autor destaca que las personas de esa comunidad fueron "un contraejemplo social absoluto en la España franquista". De esta manera, señala que tanto las autoridades como los medios de comunicación y la Iglesia coincidían en presentarles como sinónimo de "suciedad" frente a la "limpieza" que, según la dictadura, encarnaba el "estándar social franquista".

En esa línea, también se presentaba a las mujeres gitanas como "disolutas" y promiscuas, a los niños como "retrasados" y a los adultos en general como perezosos y ladrones, frente a la "castidad", el "culto al trabajo" y el "respeto a la propiedad privada" que patrocinaba el régimen. El "despiojamiento" también fue parte de esa estrategia."                    (Público, Danilo Albin, 24/08/17)

El nuevo racismo se legitima en la incompatibilidad e irreductibilidad de las culturas, de modo que al Otro se le niegan sus valores y su ser cultural

"El objetivo de todo nacionalismo es la unidad cultural, la construcción de la unidad desde la diversidad para dar lugar a una totalidad diferenciada, coherente y armoniosa. Sin embargo, las culturas no son totalidades perfectamente delimitadas y congruentes con un grupo poblacional, se encuentran en constante evolución y son porosas.

 Como señala Turner, el nacionalismo esencializa la cultura cuando la convierte en propiedad de un grupo étnico; la ‘reifica’ como entidad separada al poner un énfasis excesivo en su carácter definido y delimitado; y la fetichiza al convertirla en insignia de identidad grupal. 

Pero, además, cuando la cultura se hace descansar sobre una base natural el nacionalismo penetra en el territorio del racismo. Al acecho, el racismo sabe que como las culturas son inestables, asalta la tentación de naturalizarlas, pues una cultura disfrazada de naturaleza reclama obediencia. 

Aunque en el nacionalismo vasco todavía afloran tics racistas, como la parodia de Andoni Ortuzar sobre los virus infecciosos de los españoles (Hitler hacía referencia a los virus judíos), ya no sustentan racismo biologicista de Arana que inscribía una diferencia esencial en la naturaleza de vascos y maquetos. Ya nadie defiende la existencia de razas con atributos naturales asociados a características intelectuales y morales.

 El nuevo racismo se legitima en la incompatibilidad e irreductibilidad de las culturas, de modo que al Otro se le niegan sus valores y su ser cultural y es percibido como alguien que no tiene cabida en la sociedad. Según Wieviorka operan dos lógicas: la diferenciación que tiende a rechazar los contactos y las relaciones, y la inferiorización que lleva a la descalificación del Otro presentándolo como taimado, corrupto, despreciable o ignorante.

Las dos vertientes del nacionalismo vasco llevan décadas inmersas en una titánica cruzada cultural. De un lado, el nacionalismo democrático en la tarea de institucionalización político-administrativa del país; de otro, el ala radical con su proyecto de exclusión de elementos extraños a su diseño social.

 Una vez derrotada militarmente ETA, principalmente desde el nacionalismo radical se propone un marco interpretativo con dos bandos en torno a un conflicto. Dice Bauman que, «lo más cruel de la crueldad es que deshumaniza a las víctimas antes de destruirlas». La deshumanización se produce cuando un ser humano es excluido de la categoría moral de ser persona, cuando tiene lugar la desconexión moral.

 Bandura propuso los siguientes mecanismos de desconexión: 1) justificación de la agresión; 2) etiquetaje eufemístico; 3) comparación paliativa o ventajosa; 4) difusión y desplazamiento de la responsabilidad; 5) minimización de las consecuencias y 6) culpabilización de la víctima.

Pues bien, los mecanismos de desconexión que deshumanizaban a la víctima para luego agredirla sin el peso moral de la conciencia fueron articulados en una ideología sólo por el nacionalismo radical. 

Desde variadas instancias (medios de comunicación, enseñanza, organizaciones políticas y sindicales, etcétera) se elaboró un discurso que etiquetaba al agredido (txakurra) y al agresor (los jóvenes descarriados de Arzalluz); minimizaba o ridiculizaba el mal («Ortega Lara vuelve a la cárcel» decía un titular de Egin cuando aquel fue liberado); comparaba la violencia de ETA con la legítima del Estado de derecho; culpabilizaba a la víctima (algo habrá hecho); desplazaba u oscurecía la responsabilidad o, en fin, justificaba sin más el asesinato por el conflicto. 

Exceptuado un periodo muy determinado de terrorismo anti-ETA y de violencia ilegal de Estado que los constitucionalistas han repudiado, nunca el constitucionalismo activó dinámicas de desprecio, nunca tuvo lugar una respuesta organizada a la violencia del nacionalismo radical. La hipótesis del conflicto se desvanece porque nunca el constitucionalismo se organizó para deshumanizar a quien luego sería agredido.

Karl Jaspers publicó en 1946 –fecha del juicio de Nuremberg– un pequeño texto titulado ‘La cuestión de la culpa’ y en el que se preguntaba por la responsabilidad por los crímenes nazis. ¿De quién fue la culpa? ¿De un puñado de criminales? ¿De una coyuntura histórica? 

Jaspers estableció cuatro conceptos de culpa: penal, moral, política y metafísica. La culpa penal concierne al delincuente que transgrede el código penal. Sin embargo, los crímenes fueron posibles porque una mayoría de alemanes fueron espectadores que se desentendieron de las agresiones. Por ello, para Jaspers fueron moralmente culpables de las atrocidades. En tercer lugar, hubo una culpa política porque amplias capas de ciudadanos se dedicaron a medrar en un Estado criminal.

El Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco obvia el concepto de culpa. Señala que «es propio de la condición humana el rechazo impulsivo de la culpa. Nadie quiere cargar con ella…el pasado nos aleja porque estimula el miedo al dolor de la culpa».

 El plan no contempla la existencia de culpa moral porque sostiene que tenemos una sociedad adulta con unas cuantas ideas claras (sic), cuando aquí el terrorismo fue posible porque la mayor parte de los vascos se limitaron a observar las atrocidades. 

Y tampoco se hace referencia a la culpa política que concierne a los partidos nacionalistas que obtuvieron ventajas políticas y consolidaron su poder por el acoso a los constitucionalistas. Con la sociedad vasca ya muy fracturada, los nacionalistas no sólo tratan de ocultar la culpa moral y política, sino que, además, unos se identifican con el pasado violento; y otros, con las heridas del terrorismo nacionalista aún abiertas, tienen la osadía de proponer un nuevo Estatuto. Y dicen que quieren construir una plaza pública en la que tengan cabida todas las familias políticas…"              (IÑAKI UNZUETA /  Profesor de Sociología, EL CORREO 11/12/13, en Fundación para la Libertad)