"A raíz del asesinato de George Floyd y la posterior oleada de
protestas por todo el país (y todo el mundo) en contra de la brutalidad
policial, los estadounidenses han presenciado un vídeo tras otro de
policías agrediendo a manifestantes desarmados y hasta a transeúntes que
tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino.
En uno de los casos más sorprendentes, la policía de Búfalo empujó y
tiró al suelo, sin ninguna justificación, a un hombre de 75 años, que
comenzó a sangrar por las orejas y sufrió una lesión cerebral. Este
suceso se produjo solo un día después de que esa misma policía, en ese
mismo lugar, se hubiera arrodillado en solidaridad con aquellos que
protestaban contra un uso excesivo de la fuerza. Para empeorar la
situación, las autoridades mintieron y dijeron que el hombre simplemente
se había “resbalado y caído”. Por desgracia para ellos, un vídeo del incidente se hizo viral y les obligó a admitir la verdad.
Muchas personas tratan de explicar este tipo de casos como si fueran
“episodios aislados” que llevan a cabo unas cuantas “manzanas podridas”
que no representan a la mayoría de las fuerzas policiales de todo el
país. Sus defensores insisten en decir que los medios fomentan una
“narrativa antipolicial” que olvida los peligros a los que se enfrentan
los policías en su trabajo (peligros que, por lo que parece, justifican
el nivel de fuerza que emplean).
Sin embargo, los datos empíricos
disponibles sobre violencia y mantenimiento del orden revelan una imagen
más compleja y preocupante. Se podría incluso decir que la mayoría de
las conversaciones públicas pecan de estrechez de miras y de miopía a la
hora de reflejar lo extremo, generalizado y polifacético que es el
abuso policial en realidad.
Violencia policial generalizada
En lo que llevamos de año, 481 civiles han recibido un disparo mortal a manos de la policía de Estados Unidos, según el Washington Post.
En total, se han producido unos 7.397 homicidios por arma de fuego
(excluidos los suicidios y los accidentes) durante este mismo período.
Eso significa que aproximadamente uno de cada 15 estadounidenses que
recibió un disparo mortal en 2020 fue asesinado por un agente de
policía.
Desde 2015, la policía ha matado de un disparo al menos a 352
personas que se encontraban desarmadas (es decir, que ni siquiera
estaban en posesión de un juguete, un objeto contundente o cualquier
otro instrumento). En total, 5.408 civiles fallecieron por disparos de
la policía a lo largo de los últimos cinco años; uno de cada 15 iba
desarmado. Es importante destacar también que en estos datos figuran
solo los tiroteos policiales.
Cientos de civiles mueren a manos de la
policía cada año por tásers, gas pimienta, balas de goma, llaves de
estrangulamiento, asfixia postural, traumatismos por objetos
contundentes, atropellos de coches policiales y otras causas; una gran
parte de esos civiles se encontraba también desarmada y muchos tampoco
habían cometido ningún delito.
Así y todo, los fallecimientos representan solo un pequeño porcentaje
de la violencia policial en conjunto. Según la Oficina de Estadísticas
Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés), al menos 985.300
estadounidenses fueron objeto de amenazas no letales o de un uso abusivo
de la fuerza por parte de la policía durante un único año: 2015, el año
más reciente sobre el que figuran datos en la página de la BJS.
Si se
compara con la población total de EE.UU. de ese año, aproximadamente uno
de cada 324 estadounidenses fue agredido verbal o físicamente por un
policía. De hecho, todos los departamentos policiales del país reciben
cada año miles de quejas por un uso excesivo de la fuerza que son
“oficialmente admitidas” (es decir, que son lo bastante creíbles para
justificar que se tomen medidas disciplinarias contra los agentes), como
resultado de esos encuentros.
Cada año también se producen numerosas denuncias por casos de violación,
agresión sexual y acoso sexual en los que hay policías de servicio
involucrados. (Como es lógico, es probable que haya muchos más casos que
no se denuncian). Según una investigación realizada por el Buffalo News,
entre 2005 y 2015, “al menos cada cinco días se pesca a un agente
policial en un caso de abuso sexual o conducta inapropiada”.
Por lo
general, en esos casos los policías están armados; normalmente las
víctimas están solas y, casi siempre, tienen sus movimientos
restringidos; en ocasiones también concurre una amenaza inminente de
utilizar la fuerza o de ser arrestadas. Sin embargo, con frecuencia los
policías tienen la osadía de afirmar que esos actos sexuales, con
civiles que se encuentran bajo custodia policial, son consensuados. Una
investigación de Associated Press descubrió que muchos policías
utilizan herramientas o bases de datos policiales para acechar o acosar
a exparejas o a personas en las que están sexualmente interesados (y
para otros fines personales).
Esto es lo que se observa al echar un vistazo rápido sobre el
comportamiento de los policías cuando están de servicio. Sin embargo,
los policías también cometen delitos y actos violentos de forma habitual
cuando no están de servicio. Por ejemplo, los índices de violencia
doméstica son hasta cuatro veces más altos entre las fuerzas policiales
que entre la población en general.
En resumen, cientos de miles de estadounidenses son víctimas de la
brutalidad policial cada año. En ese sentido, Estados Unidos ocupa un
lugar extremadamente atípico entre las democracias liberales ricas. El
nivel de agresión que despliegan los policías en una zona parece no
tener ninguna relación con el número de delitos violentos de esa zona,
ni tampoco parece ser proporcional al peligro real al que se enfrentan
las fuerzas policiales en su trabajo.
Agentes caídos
¿Cómo de peligroso es ser policía? Una manera de encontrar respuesta a
esa pregunta es comparar el índice de homicidios de policías de
servicio con el del estadounidense medio en su día a día. Solo por
intuición podríamos suponer que un policía tiene muchas más
posibilidades de morir en su trabajo que cualquier ciudadano en su
rutina diaria, pero a decir verdad el coeficiente se acerca bastante.
Analicemos los datos de 2016, el último año para el que existen
estadísticas fiables en todas las categorías pertinentes. Este resultó
ser también un año particularmente sobresaliente en cuanto al número de
homicidios policiales en cumplimiento del deber, más alto que cualquier
otro año entre 2012 y 2019. Por tanto, los siguientes coeficientes
pueden servir como un cálculo por lo alto de los peligros a los que se
enfrentan los policías.
Para averiguar el número de policías que han muerto mientras estaban de
servicio en 2016, emplearemos la Página Conmemorativa de Agentes Caídos
(ODMP, por sus siglas en inglés), la página conmemorativa de policías
más grande del país y una de las bases de datos de muertes policiales en
cumplimiento del deber más fiable de Estados Unidos. Sus estadísticas
recogen las bajas de policías federales, estatales y municipales, así
como las de los funcionarios penitenciarios y los policías militares en
misiones dentro del territorio nacional.
Según la ODMP, 181 agentes de los cuerpos de seguridad del Estado
murieron mientras estaban de servicio en 2016. De todas estas muertes,
48 fueron consecuencia de problemas de salud (infartos, cánceres y
enfermedades relacionadas con el trabajo) y 39 fueron consecuencia de
accidentes de vehículos no relacionados con persecuciones (por ejemplo
accidentes de aviones, barcos, motos, trenes, coches o agentes
atropellados accidentalmente por civiles). También se produjo un
fallecimiento provocado por un animal, dos ahogamientos, una caída, tres
muertes por disparo accidental y un accidente ocurrido durante un
entrenamiento. En total, menos de la mitad de todas las muertes de
agentes, 86 en conjunto, fueron consecuencia directa de un autor, por
ejemplo de una agresión, un apuñalamiento, un disparo, un atropello o un
accidente durante una persecución.
Las cifras de la OMDP para 2016 son prácticamente iguales a la otra
base de datos no gubernamental que registra las muertes policiales en
Estados Unidos: el Fondo Conmemorativo de las Fuerzas de Seguridad.
También figuran 86 homicidios policiales en 2016 (es decir, muertes
consecuencia de que los agentes fueron golpeados, apuñalados,
estrangulados, disparados o atropellados con un vehículo). Los cálculos
de ambas bases de datos son superiores a las estadísticas del FBI, que
registraron 66 muertes criminales de agentes policiales en 2016. No
obstante, tomaremos la cifra más alta: 86 homicidios de agentes de las
fuerzas de orden público mientras estaban de servicio.
Ese número se puede contrastar con el número total de agentes de
orden público de todos los organismos que aparecen en la base de datos
de la ODPM. Según los números de la BJS, había 701.273 agentes estatales
y municipales a tiempo completo y 132.111 agentes federales a tiempo
completo en Estados Unidos en 2016. El Departamento de Defensa calculó
que había aproximadamente 50.000 policías militares en las bases del
país durante ese mismo año.
Con estos totales podemos calcular el índice general de homicidios
policiales en cumplimiento del deber durante 2016: 9,74 agentes por
100.000. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
calcula que el índice general de homicidios en Estados Unidos fue de 6
por 100.000 en 2016. El índice de homicidios en el caso de los hombres,
concretamente, fue de 9,5 por 100.000. O lo que es lo mismo, las
posibilidades que tiene un agente de policía de resultar víctima de un
homicidio mientras está de servicio son solo ligeramente superiores a
las del típico hombre estadounidense en su quehacer diario.
De hecho, el riesgo de algunos segmentos de la población
estadounidense de ser asesinados es considerablemente superior al de los
agentes policiales. Por ejemplo, en 2016, el índice de homicidios entre
los afroamericanos fue de 23,4 por 100.000. De media, un ciudadano
negro tuvo más del doble de posibilidades de ser víctima de un homicidio
que un policía de servicio (y tampoco hay que olvidar que muchas de
estas muertes fueron provocadas por un policía).
No obstante, las muertes por sí solas no son una medida suficiente para
calcular los riesgos a los que se enfrenta un policía. Al fin y al cabo,
muchos agentes también resultan heridos cada año en situaciones
violentas. Dicho esto, los datos por lesiones dibujan un panorama
similar al de las estadísticas de fallecimientos. Los agentes de policía
tienen el triple de posibilidades de necesitar atención hospitalaria
como consecuencia de lesiones en el trabajo que la mayoría del resto de
trabajadores de EE.UU. (aunque hay muchos otros trabajos en Estados
Unidos que son más peligrosos que ser policía). Al igual que sucede con
las muertes, la gran mayoría de las lesiones en cumplimiento del deber
que sufren los policías (aproximadamente dos tercios) se producen sin
que concurran circunstancias violentas.
La BJS calcula que 4,5 de cada 1000 ciudadanos estadounidenses sufrió
lesiones como resultado de delitos con violencia en 2016. En el caso de
la policía, esa cifra fue unas seis veces más alta: 28 de cada 1000
agentes. Sin embargo, la gran mayoría (78%) de las agresiones a policías
fueron resultado de peleas cuerpo a cuerpo y muchas de las lesiones
policiales provocadas por agresiones (31,4%) tuvieron lugar en ese
contexto. En conjunto, los cuchillos, instrumentos cortantes o las armas
de fuego representaron solo un poco más del 6% de los casos y poco más
del 20% del total de las lesiones sufridas por agentes policiales como
resultado de agresiones. De estos datos podemos deducir que la mayoría
de las lesiones que sufren los policías durante las agresiones son
probablemente poco graves: narices sangrando, magulladuras, cortes,
esguinces, etc.
Y, lógicamente, la otra cara de estos datos es que el
97% de los agentes de policías no experimentó ninguna lesión como
resultado de situaciones violentas. Dicho de otro modo, no solo los
asesinatos policiales son extremadamente poco frecuentes en un año
cualquiera, si lo comparamos con el número de agentes policiales de todo
el país, sino que las lesiones por situaciones violentas son también
bastante inusuales. Todos estos datos hacen que las estadísticas sobre
el empleo de la fuerza policial sean todavía más sorprendentes.
La ODMP calcula que 275 agentes de policía han fallecido por disparos
mortales de civiles desde 2015 hasta ahora. Durante ese mismo período,
como se indicó anteriormente, los tiroteos policiales acabaron con la
vida de 5.408 civiles, de los que al menos 352 iban desarmados. Eso
significa que por cada cuatro policías fallecidos en tiroteos en los
últimos cinco años, la policía disparó mortalmente a más de cinco
civiles desarmados. En suma, por cada agente que fallece en cumplimiento
de su deber a manos de un asaltante, la policía mata aproximadamente a
20 civiles. En 2015, por cada caso de agresión de un civil a un policía,
los policías agredían a 19 ciudadanos.
En resumen, no existe ninguna “guerra contra los policías”. Al
contrario, la violencia que despliega la policía contra los civiles
parece ser sumamente desproporcionada en relación con el peligro al que
realmente se enfrenta en la calle.
Propiedad y saqueo
No todos los abusos policiales son de naturaleza física. Solo hay que
pensar en los miles de millones de dólares que la policía confisca en
metálico, en coches, en inmuebles y en otros bienes, bajo la fórmula de
la “incautación de bienes”. Por ejemplo, en 2014, la policía terminó
llevándose más propiedades de los estadounidenses que los ladrones. En
numerosos casos, la gente a la que se le confiscan sus bienes o sus
propiedades nunca llega a ser acusada de un delito, pero, con demasiada
frecuencia, les resulta imposible recuperar su dinero o sus bienes. El
abuso de la incautación de bienes se ha vuelto tan extremo y
generalizado que la Corte Suprema tuvo que intervenir hace poco para
ayudar a frenarlo, y hasta existe un intento de ambos partidos en el
Congreso para reducir la práctica.
Con frecuencia, la policía también extorsiona a las comunidades
pobres cobrando multas desmesuradas por delitos menores, bajo pena de
cárcel. En muchos casos, las personas detenidas tienen que pagar unas
tasas judiciales desorbitadas incluso aunque nunca se les llegue a
acusar de ningún delito (y mucho menos se les condene).
La criminalidad ha disminuido de forma constante a los largo de las
últimas décadas, casi un 50% menos que a comienzos de la década de 1990.
Sin embargo, la proporción de policías con respecto al número de
ciudadanos ha permanecido casi inalterada. Eso significa que la policía
tiene mucha más capacidad que antes, en comparación con los niveles
reales de criminalidad con los que tiene que lidiar. Aun así, la mayoría
de los delitos violentos y contra la propiedad que tienen lugar en
Estados Unidos quedan sin resolver. Más de un tercio de los asesinatos,
casi la mitad de todas las agresiones y la gran mayoría de las
violaciones que se denuncian nunca desembocan en la detención de un
sospechoso, su acusación y su procesamiento. De hecho, muchos de las
pruebas que lleva a cabo la policía después de una agresión sexual nunca
llegan al laboratorio: se calcula que hay un atraso en todo el país de
200.000 kits que nunca llegaron a testearse.
En su lugar, los departamentos policiales y los gobiernos municipales
de todo el país destinan una enorme cantidad de efectivos policiales a
extraer los recursos de la población civil, a menudo con el punto de
mira en las personas que ya se encuentran entre los más desesperados y
vulnerables de nuestra sociedad. Por otra parte, es notoria la
dificultad que existe para conseguir que la policía rinda cuentas en los
casos de negligencia, malas prácticas o abusos.
Las mentiras azules importan
De acuerdo con una investigación que realizó USA Today, al
menos 85.000 policías han sido investigados por mala conducta a lo largo
de la última década, entre los cuales hay 22.924 investigaciones por un
uso excesivo de la fuerza; 3.145 denuncias de violación, abuso infantil
o cualquier otra conducta sexual inapropiada; 2.307 presuntos casos de
violencia doméstica; y 2.645 casos de obstrucción policial de una
investigación, perjurio, falsificación de informes y/o manipulación de
testigos o pruebas. Estas cifras, por sobrecogedores que parezcan,
podrían ser solo la punta del iceberg.
La primera (y quizá la más insidiosa) línea de defensa que protege a los
policías corruptos es el conocido como “muro de silencio azul”. Son muy
pocos los casos en los que la policía denuncia los errores, mala
conducta o los delitos cometidos por sus compañeros. En muchos casos,
esos compañeros permanecen impasibles mientras se cometen los abusos. En
otros casos, ayudan de forma activa a los agentes a ocultar sus
irregularidades. Según un estudio del Departamento de Justicia, la
mayoría de los agentes afirma que “no es extraño que un policía haga la
vista gorda ante una conducta inapropiada de otro agente” y un 61 %
admite que no siempre informa tan siquiera de “graves infracciones
penales relacionadas con el abuso de autoridad de sus compañeros
policías”. Un 56 % reconoció que si un agente comunica la mala conducta
de un compañero es probable que los demás “le den la espalda”. Es decir,
muchos de los delitos que cometen los policías, incluidos los delitos
graves, nunca dan pie a una investigación y, por lo tanto, las
estadísticas del artículo del USA Today nunca los recogerán.
(Además, muchas de las investigaciones formales no se registran en las
actas públicas y tampoco figuran, por tanto, en los datos recopilados
por el periódico).
Cuando las investigaciones sí se llevan a cabo, por lo general los
policías cierran filas para protegerse unos a otros. Pensemos, por
ejemplo, en los agentes de policía que casi matan al hombre de 75 años
por empujarlo y tirarlo al suelo. Los policías involucrados fueron
suspendidos sin sueldo mientras se investigaba el incidente (más tarde
se les acusó de agresión). En lugar de aplaudir que se obligara a sus
compañeros a rendir cuentas por un uso abusivo de la fuerza, la unidad
policial de respuesta de emergencia dimitió en bloque para protestar por
la medida. Como resultado de esta tendencia de los policías a cerrar
filas, incluso cuando sus compañeros “obran mal”, las investigaciones
por mala conducta policial terminan por lo general con las manos vacías.
Y lo que es peor, en los casos en los que se establece que se ha
cometido una infracción, rara es la vez en que los agentes rinden
cuentas por ello ante el sistema judicial. De acuerdo con una
investigación que realizó USA Today en 2007, menos de un 5% de
los casos de brutalidad policial que se envían a los fiscales de Estados
Unidos llega en realidad a los tribunales. Y en esos casos
excepcionales en que se lleva a los policías ante la justicia por su
mala conducta, los jurados dudan a la hora de condenarlos. Solo se
declara culpable a los policías en aproximadamente un tercio de los
casos.
Cuando hay policías involucrados en asesinatos, los agentes pueden por
lo general recibir la absolución con solo aducir que se sintieron
amenazados, incluso cuando la víctima estaba desarmada o no había
cometido ningún delito, e incluso cuando el sospechoso estaba huyendo y
no estaba enfrentándose a la policía. Como las posibilidades de éxito
son tan bajas, los fiscales detestan presentar cargos contra policías
por asesinar a civiles, aun cuando las investigaciones del departamento
de policía concluyeron que se produjo una infracción. En consecuencia,
en el 99% de los asesinatos policiales que se produjeron entre 2013 y
2019, nunca se acusó a los policías de ningún delito.
Del mismo modo, la policía está exenta de responsabilidad civil ante
cualquier infracción. Por lo general son los contribuyentes quienes
terminan pagando la cuenta para compensar a las víctimas de la mala
conducta policial. Uno de los estudios más exhaustivos que se han
realizado hasta la fecha concluyó que los gastos anuales por
compensaciones judiciales, tasas legales y costes del seguro de
responsabilidad por los casos de mala conducta policial ascienden a 500
millones de dólares al año. ¿Lo más sorprendente? Ese estudio se centró
solo en 100 de los 18.000 cuerpos policiales federales, estatales y
municipales del país.
De hecho, gracias a los sindicatos policiales, muchos policías ni
siquiera sufren graves consecuencias profesionales por su mala conducta.
Es muy difícil despedir o penalizar de forma significativa a los
agentes, incluso cuando se confirman las infracciones. Peor aún, cuando a
veces se expulsa a los policías por su mala conducta, estos pueden
recuperar su trabajo en un tribunal de arbitraje o simplemente siendo
destinados a otro distrito, ya que los sindicatos policiales obligan a
los departamentos policiales a contratar a estas “manzanas podridas” a
pesar de sus antecedentes por mala conducta. Diversos estudios han
demostrado que estos agentes a menudo terminan después corrompiendo a
sus nuevos compañeros.
Esta impunidad es el motivo de que alguien como el asesino de George
Floyd, Derek Chauvin, pudiera seguir todavía en el cuerpo de policía de
Minneapolis a pesar haber recibido 17 quejas previas por mala conducta,
entre las que había denuncias por un uso excesivo de la fuerza, por
emplear repetidamente una fuerza letal y hasta compareció frente a un
jurado de acusación para ser objeto de posibles acciones penales por un
incidente anterior. Ese es el motivo también de que sea poco probable
que los policías que golpearon repetidamente a los que se manifestaron
para protestar contra asesinato ilegal de Floyd sufran consecuencias
significativas por sus actos. Aunque son conscientes de que los
transeúntes y los periodistas les están grabando, y aunque muchos de
ellos llevan también cámaras portátiles, continúan comportándose de
manera poco profesional, seguros, porque saben que no tendrán que rendir
cuentas ante nadie. Mientras esto siga siendo así, la corrupción y el
abuso policial continuarán siendo preocupantemente habituales entre las
fuerzas policiales.
Se puede y se debe honrar el sacrificio y el riesgo que la policía
contrae en nuestro nombre. Sin embargo, esto no nos obliga a exagerar
los peligros que conlleva el mantenimiento del orden público, ni a
exagerar la eficacia de la policía, ni tampoco a hacer la vista gorda
ante abusos realmente graves. La gratitud no puede servir como
autorización para que los policías cacen a aquellos que se supone que
tienen que servir y proteger. No se puede permitir que la policía esté
por encima de la ley que ha jurado defender."
(Musa al-Gharbi ostenta una beca Paul F. Lazarsfeld en la facultad de sociología de la Universidad de Columbia. CTXT, 03/07/20)
