"El rol protagónico lo asumió el Batallón Atlacatl, una unidad élite
creada ese mismo año, equipada, financiada y asesorada por el gobierno
estadounidense, cuya presidente era el republicano Ronald Reagan.
Se cumplen 40 años de la que ha pasado a la historia como la masacre
de El Mozote, ejecutada por el Batallón Atlacatl de la Fuerza Armada de
El Salvador en distintas poblaciones de los municipios de Meanguera y
Arambala, departamento de Morazán. Del millar de personas masacradas por
los soldados, 408 eran bebés y niños y niñas abajo de los 10 años de
edad, incluidos 17 no nacidos, asesinados en las panzas de sus madres.
Amadeo
Martínez perdió a tres hermanos el 11 de diciembre de 1981: María de
Jesús, de 7 años de edad; Teodorito, de 5 años; y Rafael, de 4. También
asesinaron a su madre: María Inés Martínez, de 33 años.
Nacido el
31 de marzo de 1972, a Amadeo le faltaban poco más de tres meses para
cumplir 10. Otro niño. Es un sobreviviente de El Mozote porque él y su
otro hermano –José Enemesio, un año mayor– se enmontañaron a iniciativa
del padre, José Santos Sánchez, quien había escuchado por la radio que
la Fuerza Armada realizaría un operativo antiguerrillero.
"Mi
padre, mi hermano y yo estábamos en medio del Ejército, con la
diferencia de que estábamos escondidos", dice Amadeo Martínez a RT, a
sus 49 años ya, en la entrada de su modesta vivienda ubicada en La Joya,
un cantón de Meanguera en el que el Atlacatl mató a su familia y a
otros 150 vecinos.
"Mi mamá no quiso irse con nosotros al magueyal y prefirió quedarse
con mis tres hermanitos en la casa de don Jacinto Sánchez, un anciano
respetado del caserío que las dejó quedarse, con otras mujeres y niños",
recuerda Amadeo. "Pero a todos los asesinaron", dice.
Cantón La
Joya, caserío Ranchería, caserío Los Toriles, caserío Jocote Amarillo,
cantón Cerro Pando, cerro Ortiz y, por supuesto, el caserío El Mozote,
donde se hallaron la mitad de las osamentas, y cuyo nombre sirvió para
bautizar el conjunto de masacres que la Fuerza Armada perpetró los días
10, 11, 12 y 13 de diciembre.
La palabra exterminio no es exageración ni licencia literaria.
El operativo militar, bautizado para mayor sorna como 'Rescate de
Morazán', se vendió como una estrategia para neutralizar los campamentos
que había establecido en la zona el Ejército Revolucionario del Pueblo
(ERP), una de las cinco agrupaciones que integraron la guerrilla del
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).
Apoyados por
artillería y aviación, se estima que entre 1.000 y 2.000 militares
participaron en el operativo antiinsurgente, en un territorio agreste de
apenas 25 kilómetros cuadrados. El rol protagónico lo asumió el Batallón Atlacatl, una unidad élite creada ese mismo año, equipada, financiada y asesorada por el gobierno estadounidense, cuya presidente era el republicano Ronald Reagan.
Unos 200 guerrilleros del ERP, sin embargo, rompieron el cerco
militar y escaparon la madrugada del 10 de diciembre sin apenas sufrir
bajas. Incluso lograron llevarse hasta la costa el equipo técnico con el
que se emitía Radio Venceremos, el órgano de expresión del ERP durante
toda la guerra civil salvadoreña, conflicto que inició en marzo de 1980
con el asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero y se prolongó hasta el 16 de enero de 1992, cuando se firmaron los acuerdos de paz.
Cuando
la Fuerza Armada se apoderó del sector, la población civil que quedaba
estaba compuesta mayoritariamente por ancianos, mujeres y, sobre todo,
niños y niñas. Desarmados, por supuesto. Muchos ni siquiera eran
simpatizantes de la guerrilla.
Aun así, el Ejército optó por
llevar hasta las últimas consecuencias los conceptos de 'tierra
arrasada' y 'quitarle el agua al pez', y se procedió al exterminio: mujeres violadas y asesinadas, adolescentes torturados, ancianos mutilados, bebés acuchillados, viviendas quemadas.
De las 988 víctimas mortales incluidas hasta el momento en el Registro Único de Víctimas de El Mozote, el 51 % de los muertos no había cumplido siquiera los 14 años. Y el 15 % de los exterminados tenían 60 años o más, incluida Simeona Vigil, una anciana de 93 años.
Sobrevivieron
sólo los que se escondieron en cuevas y cultivos, como Amadeo, su padre
y su hermano. A los cuatro o cinco días, cuando vieron que el vaivén de
militares había cesado, fueron a la casa de don Jacinto, para comprobar
que sólo quedaban cadáveres, moscas, zopilotes, cuches comiendo carne
humana y un hedor que Amadeo aún no olvida. Quedaba El Mozote.
El padre, José Santos, reconoció los cuerpos de su esposa, sus tres
hijos, y de otros familiares, y los enterró en una fosa séptica que
acababa de abrir en su casa, y que aún no se estaba usando. Luego, los
tres volvieron a enmontañarse, junto a algunos sobrevivientes con
historias similares de luto y desdicha.
Otras historias de sobrevivencia
Santos
Vito Mejía, hoy una señora de 75 años, también es una sobreviviente de
la masacre de El Mozote, pero por circunstancias diferentes. Nacida en
1946 en Meanguera, a mediados de los sesenta dejó el cantón La Joya y se
fue a probar suerte en la capital.
"Cuando ocurrió la masacre, yo
trabajaba como doméstica en una casa del reparto Guadalupe, en
Soyapango [una ciudad del área metropolitana de San Salvador], y mis
patrones no me dejaron ir a Morazán", dice Santos. Haberse alejado de su
familia, paradójicamente, le salvó la vida.
No fue hasta que
regresó a La Joya, finalizada ya la guerra civil, más de una década
después de la masacre, que supo que casi todos los integrantes de su
familia habían sido asesinados por el Batallón Atlacatl.
Que José
Cruz Vigil, de 67 años en la actualidad y vicepresidente de la
Asociación Promotora de Derechos Humanos de Víctimas del Mozote
(APDHEM), esté vivo también responde a que no se encontraba en el
caserío Jocote Amarillo –donde nació y se crió– cuando la Fuerza Armada
irrumpió el 13 de diciembre.
Cruz Vigil se había incorporado en el ERP en 1979, dos años antes.
Era parte del grupo que estaba acampado en La Guacamaya y que logró
escapar tras romper el cerco que la Fuerza Armada les puso. "Yo por
estar en la guerrilla sobreviví; si no, muerto estaría", dice.
La
prioridad para el ERP fue esconderse, escapar, evitar choques directos
con el Ejército, muy superior en efectivos y en armamento. Lo
consiguieron, en líneas generales. De hecho, las primeras noticias sobre
las masacres en El Mozote y alrededores no llegaron a oídos de la
comandancia del ERP hasta el 17 de diciembre.
Cruz Vigil supo del
exterminio cuando estaba en El Zapotal, municipio de Joateca, a unos 10
kilómetros en línea recta desde El Mozote. De inmediato pidió permiso
para regresar por veredas para saber qué había sucedido con su familia, y
se lo concedieron, con la condición de que no llevara fusil.
Caminó,
hizo noche con un grupo de enmontañados que halló en La Joya, y le
confirmaron que su papá también había sobrevivido por escapar del
caserío Jocote Amarillo antes de que llegaran los soldados. A la mañana
siguiente fue a buscarlo.
"Cuando nos vimos, nos abrazamos y lloramos", dice. Luego, el listado
de familiares asesinados: los dos hermanos mayores, dos tíos, una
cuñada y nueve sobrinos, en el círculo más cercano, y unos 40 familiares
más lejanos. "Mi mamá había muerto unos meses antes", dice resignado.
Las
que cuentan los sobrevivientes de El Mozote son todas historias de una
crudeza difícil de digerir. Una masacre de un millar de civiles
desarmados –niños en su mayoría– ejecutada en la década de los ochenta
por la unidad élite de un ejército regular, unidad armada, adiestrada y
financiada por el gobierno de Estados Unidos.
Algo así tenía que negarse, esconderse, y eso es precisamente lo que pasó. Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos negaron la masacre con tanto ímpetu que aún hoy hay salvadoreños que creen que nunca ocurrió, o que fue un combate, o que las masacres las perpetraron los guerrilleros.
Y el encubrimiento fue el caldo de cultivo idóneo para la impunidad. Cuatro décadas después, no hay ni una sola persona condenada por lo ocurrido en El Mozote.
"El
papel de la administración Reagan fue clave –dice Carlos Henríquez
Consalvi–, porque trató de borrar la masacre de la historia".
De 74 años en la actualidad, Consalvi era en diciembre de 1981 la voz
de Radio Venceremos, la radio del ERP. "Yo me sentía un periodista",
dice. Él es de los que tuvo que escapar de La Guacamaya por el operativo
de la Fuerza Armada.
A la guerrilla no le costó reagruparse,
contraatacar y recuperar los territorios perdidos. Para el 30 de
diciembre Consalvi consiguió ingresar en el caserío El Mozote y
documentar la masacre con fotografías, anotaciones y entrevistas a
sobrevivientes. Todo se transmitió por Radio Venceremos, pero con escasa receptividad.
"Cuando
dijimos mil personas asesinadas, mucha gente pensó: eso es invento de
la insurgencia, porque justo en esos días en el Congreso de Estados
Unidos se estaba discutiendo si seguían apoyando militarmente a El
Salvador", dice Consalvi. "Acordate que la Fuerza Armada decía de
nosotros que éramos Radio Mentiremos", agrega.
La comandancia del
ERP juzgó prioritario que periodistas independientes registraran la
masacre, y permitió que dos periodistas del diario The New York Times
(Raymond Bonner y Susan Meiselas) y una del The Washington Post (Alma
Guillermoprieto) ingresaran desde Honduras y reportearan durante casi
dos semanas en los territorios bajo control guerrillero en Morazán,
incluido el caserío El Mozote, donde entrevistaron a sobrevivientes.
Ambos reportajes se publicaron el mismo día, el 27 de enero de 1982. Y causaron cierto revuelo. Pero
la administración Reagan se desvivió por desacreditar los trabajos
periodísticos, tachándolos como propaganda efemelenista, y puede decirse
que lo consiguió. The New York Times, por ejemplo, apartó a
Bonner de su rol como periodista especializado en América Central y lo
reubicó a la sección local de negocios.
En el gobierno
estadounidense, dice Consalvi, hay dos altos funcionarios que
sobresalieron como negacionistas de la masacre de El Mozote y, por
extensión, del trabajo de Bonner, Meiselas y Guillermoprieto. Son
Elliott Abrams y Thomas Enders, figuras clave en el Departamento de
Estado del primer gobierno de Ronald Reagan.
En marzo de 1993, más de un año después de haber finalizado la guerra civil en El Salvador, Thomas Enders firmó un artículo
de opinión en The Washington Post en el que admitía que la masacre sí
había ocurrido –algo que negó ante el Congreso en 1982– y que la ejecutó
la Fuerza Armada de El Salvador. "I was wrong", admitió. Pero el daño
ya estaba hecho.
Transcurridos 40 años, la palabra impunidad sigue asociada a las masacres
que el Batallón Atlacatl realizó en El Mozote y lugares aledaños en los
días 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981. Y cada año que pasa, por
pura ley de vida, quedan menos víctimas a las que se les pueda hacer
justicia, y menos victimarios a los que condenar." (Roberto Valencia desde Meanguera (El Salvador), RT, 10/12/21)
