Un profesor de Yale insinuó que las personas mayores en Japón debían optar por el suicidio masivo. ¿Qué quería decir? ¿Eutanasia voluntaria para los mayores... o eutanasia obligatoria?

 "Sus afirmaciones son muy drásticas.

En entrevistas y apariciones en público, Yusuke Narita, profesor asistente de Economía en la Universidad de Yale, ha tratado de responder la pregunta de cómo lidiar con la carga que representa el rápido envejecimiento de la sociedad japonesa.

“Creo que la única solución es muy clara”, sentenció durante un programa noticioso en línea a fines de 2021. “A fin de cuentas, ¿acaso no será el suicidio en masa y el ‘seppuku’ en masa de los ancianos?”. El término seppuku describe un ritual de evisceración, un código imperante entre los samuráis que sufrían la deshonra en el siglo XIX.

El año pasado, cuando un estudiante de primaria le pidió que ahondara en sus teorías sobre el “seppuku” masivo, Narita le respondió, frente a un grupo de estudiantes reunidos en el lugar, con la descripción gráfica de una escena de Midsommar: el terror no espera la noche, una película de terror de 2019. En ese filme, una secta sueca hace que uno de sus miembros de mayor edad salte desde un despeñadero y muera por suicidio.

“Que la opción sea buena o mala es otro asunto, más difícil de determinar”, Narita le respondió a su interlocutor, que tomaba notas con diligencia. “Así que, si te parece que está bien, quizá debas empezar a trabajar para crear una sociedad así”.

En otras ocasiones, ha hecho referencia al tema de la eutanasia. “La posibilidad de hacerla obligatoria en el futuro”, dijo en una entrevista, será “tema de debate”.

Narita, de 37 años, aclaró que sus declaraciones se habían “tomado fuera de contexto” y que, en esencia, se refería a un plan cada vez más extendido de obligar a las personas mayores a abandonar los puestos de liderazgo en los negocios y en la política, con el fin de darles paso a las generaciones jóvenes. Sin embargo, con sus comentarios sobre la eutanasia y la seguridad social, atizó el tema más candente en Japón.

Aunque es prácticamente desconocido incluso en los círculos académicos de Estados Unidos, gracias a sus posturas extremas ha ganado cientos de miles de seguidores en las redes sociales de Japón entre jóvenes frustrados que están convencidos de que una sociedad gerontocrática ha obstaculizado su progreso económico.

Narita, que participa con frecuencia en programas japoneses en línea luciendo atuendos informales de camiseta, sudadera con capucha u otro tipo de ropa y se distingue por sus anteojos con un lente redondo y otro cuadrado, suele comportarse como un cerebrito insolente, confiado por el pedigrí de su título de la “Ivy League”. Pertenece a un pequeño grupo de agitadores japoneses empeñados en romper tabúes sociales, actitud que les ha ganado una audiencia entusiasta. Su bío de Twitter dice: “Las cosas que te dicen que no puedes decir suelen ser ciertas”.

El mes pasado, varios comentaristas descubrieron las declaraciones de Narita y empezaron a difundirlas en redes sociales. Durante una mesa redonda en un respetado programa de entrevistas en línea con académicos y periodistas, Yuki Honda, socióloga de la Universidad de Tokio, describió sus comentarios como “odio hacia los vulnerables”.

Un creciente grupo de críticos advierte que la popularidad de Narita podría influir indebidamente en la política pública y las normas sociales. Dada la baja tasa de natalidad de Japón y su deuda pública, la más alta del mundo desarrollado, los responsables políticos se preocupan cada vez más por cómo financiar las crecientes obligaciones de Japón en materia de pensiones. El país también se enfrenta al creciente número de personas mayores que padecen demencia o mueren solas.

En su respuesta por escrito a las preguntas que le enviamos por correo electrónico, Narita indicó que su “principal preocupación es el fenómeno en Japón, donde los mismos magnates han dominado por años el mundo de la política, la industria tradicional y los medios/entretenimiento/ periodismo”.

Según escribió, usó las frases “suicidio en masa” y “‘seppuku’ en masa” como una “metáfora abstracta”.

“Debería haberlas usado con más cautela por sus posibles connotaciones negativas”, añadió. “Después de reflexionar un poco, dejé de usar esas palabras el año pasado”.

 Sus detractores afirman que sus repetidos comentarios sobre el tema ya han diseminado ideas peligrosas.

“Es irresponsable”, opinó Masaki Kubota, periodista que ha escrito sobre Narita. La gente que ya está alarmada por las cargas del envejecimiento de la sociedad “podría pensar: ‘Oh, mis abuelos son de los que viven más tiempo’”, señaló Kubota, “‘así que deberíamos deshacernos de ellos’”.

El columnista Masato Fujisaki argumentó en Newsweek Japan que las declaraciones del profesor “no deberían tomarse fácilmente como una ‘metáfora’”. Los admiradores de Narita, dijo Fujisaki, son personas “que piensan que los ancianos deberían morir de una vez y que habría que recortar las ayudas sociales”.

A pesar de la cultura de deferencia hacia las generaciones mayores, en Japón ya han surgido ideas sobre su eliminación selectiva. Hace una década, Taro Aso —ministro de Economía en ese momento y quien ahora es un poderoso actor en el gobernante Partido Liberal Democrático— sugirió que los ancianos deberían “darse prisa en morir”.

El año pasado, Plan 75, una película distópica de la cineasta japonesa Chie Hayakawa, imaginaba a alegres vendedores cortejando a los jubilados para que se acogieran a la eutanasia patrocinada por el gobierno. En el folclore japonés, las familias llevan a sus parientes mayores a la cima de las montañas o a rincones remotos de los bosques y los dejan morir.

El lenguaje de Narita, sobre todo cuando ha mencionado el “suicidio en masa”, despierta sensibilidades históricas en un país donde se envió a la muerte a jóvenes como pilotos kamikazes durante la Segunda Guerra Mundial y los soldados japoneses ordenaron a miles de familias de Okinawa que se suicidaran antes que rendirse.

Los críticos temen que sus comentarios puedan evocar el tipo de sentimientos que hicieron que Japón aprobara una ley de eugenesia en 1948, en virtud de la cual los médicos esterilizaron a la fuerza a miles de personas con discapacidad intelectual, enfermedades mentales o trastornos genéticos. En 2016, un hombre que creía que los discapacitados debían ser sometidos a eutanasia asesinó a 19 personas en una residencia a las afueras de Tokio.

En su trabajo cotidiano, Narita se dedica a la investigación técnica de algoritmos computarizados usados en las política sanitarias y educativas. No obstante, su presencia regular en numerosas plataformas de internet y en la televisión en Japón le ha dado gran popularidad, por lo que ha aparecido en portadas de revistas, programas de comedia y anuncios de bebidas energizantes. Incluso tiene un imitador en TikTok.

Por lo regular, aparece con agitadores de la generación X como Hiroyuki Nishimura, un empresario convertido en celebridad que es propietario de 4chan, el tablero de mensajes en línea en el que prosperan algunas de las ideas más tóxicas de internet, y Takafumi Horie, un empresario charlatán que estuvo encarcelado por fraude bursátil.

 En ocasiones, ha ignorado los límites del buen gusto. En un panel organizado por Globis, una escuela de Administración de Empresas en Japón, Narita le dijo a la audiencia que “si esta puede convertirse en una sociedad japonesa en la que personas como ustedes cometan ‘seppuku’ una tras otra, no sería solo una política de seguridad social, sino la mejor política de ‘Cool Japan’”. Cool Japan es un programa de gobierno que promueve los productos culturales del país.

Impactantes o no, algunos legisladores afirman que las ideas de Narita han abierto espacios para sostener conversaciones políticas muy necesarias sobre la reforma del sistema de pensiones y cambios en la previsión social. “Algunos críticos argumentan que la gente mayor recibe demasiado dinero de pensión y los jóvenes mantienen a todos los ancianos, incluso a los adinerados”, explicó Shun Otokita, de 39 años, miembro de la Cámara Alta del Parlamento por el partido de derecha Nippon Ishin no Kai.

Pero sus detractores afirman que Narita resalta las cargas del envejecimiento poblacional sin dar sugerencias realistas de políticas para aliviar algunas de esas presiones.

“No se concentra en presentar estrategias que ayuden, como mejor acceso a guarderías o una mayor inclusión de las mujeres o de los inmigrantes en la fuerza de trabajo”, comentó Alexis Dudden, historiadora de la Universidad de Connecticut dedicada al estudio del Japón de la era moderna. “Algo que de hecho pueda fortalecer a la sociedad japonesa”.

En relación con el tema de la eutanasia, Narita ha hablado en público sobre su madre, que sufrió un aneurisma cuando él tenía 19 años. En una entrevista con un sitio web en el que las familias pueden buscar asilos para ancianos, Narita dijo que, incluso con seguro y con fondos del gobierno, gasta 100.000 yenes (unos 760 dólares) al mes por el cuidado de su madre.

 Algunas encuestas en Japón han indicado que la mayoría del público apoya la legalización de la eutanasia voluntaria. Pero la referencia de Narita a una práctica obligatoria espanta a los expertos en ética. En la actualidad, los países que han legalizado la práctica únicamente “la permiten si la persona misma la quiere”, explicó Fumika Yamamoto, profesor de Filosofía en la Universidad de la Ciudad de Tokio.

En el correo electrónico que envió, Narita señaló que “la eutanasia (voluntaria o involuntaria) es un tema complejo, con muchos matices”.

“Mi intención no es promover su aplicación”, añadió. “Mi predicción es que habrá un debate más amplio”.

En Yale, Narita se ciñe a cursos sobre probabilidad, estadística, econometría y economía de la educación y el trabajo.

Ni Tony Smith, director del departamento de economía, ni un portavoz de Yale respondieron a las peticiones de comentarios.

Josh Angrist, ganador del Nobel de Economía y uno de los supervisores del doctorado de Narita en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por su sigla en inglés), dijo que su antiguo alumno era un “académico talentoso” con un “sentido del humor excéntrico”.

“Me gustaría que Yusuke continuara con su prometedora carrera como académico”, dijo Angrist. “Así que mi principal preocupación en un caso como el suyo es que se distraiga con otras cosas, y eso es una pena”.                 (Motoko Rich y Hikari Hida , The New York times, 17/02/23)

“Ya no puedo más”... "Ni todos vimos ni pasamos el vídeo, pero le das vueltas a la responsabilidad de cada uno. ¿En qué mundo de mierda vivimos?"

"Me revuelve las tripas pensar cómo se tiene que ver alguien para decidir que ya no quiere vivir más", dice un empleado de Iveco. Y se pregunta: "¿No había nadie que le dijera "no pasa nada", que le quitara hierro al asunto... De verdad, ¿tan sola estaba?". Habla de Verónica, la compañera de trabajo que se suicidó el sábado 25 de mayo, en su casa de Alcalá de Henares, en Madrid. 

Llevaba más de un mes bajo presión: circulaban entre sus compañeros de trabajo unos vídeos sexuales en los que ella aparecía. Primero, entre un grupo de unas 20 personas, después, entre más de 200.

"Ni todos vimos ni pasamos el vídeo, pero le das vueltas a la responsabilidad de cada uno. ¿En qué mundo de mierda vivimos?", espeta el trabajador antes de marcharse, cabeceando. Él se enteró de la existencia de esos archivos al mismo tiempo que de la muerte de su compañera, el lunes, a través de una circular interna, como muchos empleados de los alrededor de 2.500 que tiene la fábrica al noreste de Madrid. 

Un microcosmos en el que esta mujer de 32 años y dos hijos de cuatro años y nueve meses se vio acorralada. Quién empezó a propagar los vídeos está por determinar, pero desde el principio, la Policía colocó como principal sospechoso a un exnovio.

Aquella no era la primera vez. Hace algunos años, esos archivos "ya corrieron". En aquel momento Verónica "logró frenarlo", recuerdan tres compañeros. Esta vez, durante más de diez días, por los pasillos resonaban risas; los vídeos saltaban de móvil a móvil; y en su puesto de trabajo se arremolinaba compañeros para cerciorarse de que era ella.

 "Creo que ninguno nos dimos cuenta realmente de lo grave que era lo que estaba pasando, se tomó a broma", dice un operario. Para ella fue humillación y angustia constantes; días en los que lloró y en los que intentó pasar desapercibida; un "ya no puedo más" que pronunció en voz alta, como recuerda un empleado.

A finales de la pasada semana, la situación empeoró. Se enteró su cuñada, la hermana de su pareja, que también trabajaba en Iveco. Y se enteró él.

El jueves 23 de mayo, en una reunión con la dirección de Recursos Humanos, ella contó lo que ocurría y dio un nombre. La empresa contestó que "era un tema personal y no laboral". como apuntó una abogada de CC OO. Poco después, le propusieron un cambio de sección o una baja. Para Comisiones, algo inadecuado e insuficiente. Cuando el viernes fueron a buscarla, con la queja por escrito para presentar ante la empresa, ella ya se había marchado. "Se fue a casa con un ataque de ansiedad", dijo la letrada. 24 horas después decidió no vivir más.

La mediatización

A partir de ese momento, esa historia de acoso y hostigamiento que se había mantenido entre la planta y el entorno más cercano de Verónica saltó. La empresa se blindó; los sindicatos (UGT, CC OO y CGT) mandaron notas oficiales pidiendo que la Justicia depurara responsabilidades. Comisiones, además, advirtió de que presentaría una denuncia contra Iveco ante la Inspección de Trabajo por "incumplir la ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la de Prevención de Riesgos Laborales, porque ni evaluaron el riesgo ni tomaron medidas aún sabiendo lo que ocurría". Algo que ocurrió el viernes por la mañana.

En la planta, la semana ha sido "difícil", dicen fuentes cercanas a la empresa... Desde el lunes, dos veces al día, un grupo de empleados se manifiestan en la puerta de entrada en memoria de su compañera y en repulsa a lo ocurrido. Al mismo tiempo, piden que no "se criminalice" a toda la plantilla por lo sucedido. "No todos somos culpables ni todos somos cómplices", escribió un grupo de unos 20 empleados, en su mayoría hombres, en una nota que hicieron llegar a las agencias de noticias.

En los días siguientes, la Policía continuó con sus pesquisas, la Fiscalía abrió diligencias, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares comenzó a investigar tras una denuncia del padre de la fallecida y la Agencia de Protección de Datos comenzó actuaciones de oficio.

Las conjeturas y los rumores, mientras, siguieron creciendo, en los 374.000 metros cuadrados del terreno que ocupa Iveco al noreste de Madrid y fuera de ellos: en la calle, en algunos medios de comunicación y en las redes sociales. Se abrió un debate sobre la intimidad y la culpabilización sexual de las mujeres y, de forma mayoritaria, la sociedad se manifestó contra ese correveidile que punzó y asfixió a la mujer durante días.

En el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, una localidad madrileña, se presentó voluntariamente un exnovio de Verónica el jueves a las cuatro de la tarde. Las presiones de su entorno, que sabían que había salido hace tiempo con la mujer, hicieron que este hombre entregara su teléfono móvil y prestara testimonio. Lo hizo poco después, en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que lleva la investigación.

Negó ser quien había difundido los vídeos y los agentes no encontraron en su testimonio elementos suficientes para ponerle a disposición judicial. Salió a las pocas horas en libertad sin cargos y el acta de su declaración fue enviada a la juez para que valorara su contenido y decidiese si citarlo.

Pero el hombre que Verónica había señalado una semana antes en el despacho de Recursos Humanos no era el que acababa de declarar. El nombre que ella pronunció fichó aquella misma noche del jueves en la planta de Iveco, donde trabaja.

El viernes por la mañana, una circular por parte de la dirección de Iveco llegó hasta los sindicatos. En ella se explicaba que iban a abrir una investigación interna con "alguien de fuera" en la que querían contar con la colaboración de las organizaciones sindicales y los empleados; aseguraban que estaban"colaborando" plenamente con los cuerpos y fuerzas de seguridad y que, citan fuentes cercanas a la empresa, "lo habían hecho todo muy bien".

Por la tarde, en la manifestación que varias organizaciones feministas de Madrid convocaron en la plaza de los Cubos, los carteles y los gritos de protesta iban en dirección contraria. "Complicidad", se leyó en varios carteles. "Cómplices", protestaron varias manifestantes.

¿Quiénes? "Quien lo envió, quienes lo compartieron, quienes lo vieron y no hicieron nada, y quienes lo sabían y tampoco hicieron nada".

Sábado 25 de mayo. Verónica se suicida en su casa, en Alcalá de Henares. El Juzgado de Instrucción 5 del municipio, que estaba de guardia, procede al levantamiento del cadáver.
Domingo 26 de mayo. La Policía Nacional inicia una investigación tras conocer la difusión de cinco vídeos sexuales, en los que aparecía la mujer, entre un grupo de empleados de Iveco, donde ella trabajaba. Empiezan a tomar declaraciones y a analizar dispositivos móviles.

Miércoles 29 de mayo. La fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, pide un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Ese mismo día, la Agencia Española de Protección de Datos inicia actuaciones de oficio por la distribución sin consentimiento del material audiovisual.

Jueves 30 de mayo. El Juzgado de Instrucción 5 de Alcalá de Henares abre diligencias previas para investigar si la propagación de los archivos incurren en un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos después de recibir el atestado policial con las diligencias hechas hasta entonces y tras la denuncia del padre de la fallecida. Se decreta el secreto de las actuaciones."            (Isabel Valdés, 02/06/19)

Los suicidios de France Télécom llegan a los tribunales: juicio al sistema de acoso moral. Siete exdirigentes de la actual Orange, acusados de imponer un sistema que llevó a una ola de suicidios hace una década...

"Es un juicio a siete personas y una empresa concreta por sus decisiones durante un periodo determinado, pero lo que está en juego el proceso de France Télécom, que ha empezado esta semana, es mucho más. Puede determinar cómo, en el futuro, las grandes empresas tratarán a sus empleados. 

Entre 2007 y 2010, una ola de suicidios en France Télécom abrió el debate sobre los efectos de algunos métodos de management en la salud mental de los trabajadores. Los antiguos responsables del viejo monopolio público de las telecomunicaciones en Francia, hoy Orange, comparecen ante el Tribunal Correccional de París bajo la acusación de “acoso moral”.

La originalidad es que se juzga un sistema y no los actos perpetrados por una persona contra otra, como es habitual en los casos de acoso moral. El mero hecho de que el proceso tenga lugar ya puede haber llevado al mundo de las empresas a “ver el riesgo y el peligro”, dice Eric Beynel portavoz del sindicato Solidaires, “pero no se han dado respuestas de fondo sobre lo que ocurre en el lugar de trabajo”.

 “Se han centrado en los efectos, con grupos de ‘calidad de vida en el trabajo’, o de ‘bienestar en el trabajo’, con teléfonos 'SOS psicológico'”, dice este sindicalista. “Pero no han abordado las causas profundas. Si no, no seguiría habiendo hoy un gran número de suicidios ligados al trabajo”.

El sistema de acoso ocurrió en un contexto específico. France Télécom acababa de privatizarse. La competencia era enorme. Los clientes de líneas fijas se derrumban. Una buena parte de los 120.000 empleados tenían el estatuto de funcionarios, lo que dificultaba los despidos. Los dirigentes de la compañía, con el presidente director general Didier Lombard a la cabeza, adoptaron medidas drásticas. 

El objetivo era suprimir 22.000 empleos. El método, según los magistrados, consistía en desestabilizar a los empleados creando un ambiente de inseguridad para forzar su salida. Las juezas de instrucción sostienen que estas políticas “implicaron o acentuaron en un buen número de asalariados un sufrimiento cuyas manifestaciones adoptaron formas diversas, la más dramática de las cuales fue el paso al acto suicida”.

Entre las 39 personas citadas como víctimas en el caso France Télécom, 19 se suicidaron, 12 lo intentaron y ocho sufrieron depresión. Pero se han descartado los cargos de “homicidio involuntario” o de “puesta en peligro de vida ajena”, que habría supuesto un vínculo directo entre las decisiones de los jefes de la telefónica y la ola de suicidios.

 También habrían expuesto a penas más graves para los acusados, que finalmente afrontan la acusación de acoso moral, tipificada en el artículo 222-33-2 del Código penal francés. Según este artículo el acoso moral consiste en “acosar a otra personas con palabras o comportamientos repetidos que tengan por objeto o efecto una degradación de las condiciones laborables susceptible de atentar contra sus derechos y a su dignidad, alterar su salud física o mental o comprometer su futuro profesional". Los encausados se exponen a hasta un año de prisión y 15.000 euros de multa.

“Como es un proceso inédito (...) la cuestión es qué precedente creará”, dice Loïc Lerouge, investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y especialista en el derecho de la salud en el trabajo. “Si se reconoce penalmente el acoso institucionalizado, las grandes empresas, en el marco de sus planes de reestructuración y reorganización, deberán integrar este parámetro. Si hay una exoneración, quizá los planes de reestructuración podrán seguir sin integrar la salud mental de los asalariados en su puesta en marcha”.

Lerouge tiene dudas sobre el fundamento jurídico por el acoso moral institucionalizado y organizado, y no entre personas con nombres y apellidos. “En Francia no se reconoce un sistema organizado de acoso, sino que estamos en el terreno de las relaciones individuales, interpersonales”, explica. "Si los jueces reconocen este tipo de acoso, lo cambiará todo".

En la lista de muertos, que el diario Le Monde enumera, figura André Amelot, de 54 años, que se ahorcó; Camille Bodivit, de 48, que se lanzó de un puente; Anne-Sophie Cassou, de 42, que ingirió un cóctel de medicamentos y alcohol; Corinne Cleuziou, de 45, que también se ahorcó; o Rémy Louvradoux, de 56, que se inmoló ante una sede de la empresa en Burdeos.

No se juzgan los planes de reestructuración puestos en marcha por Lombard, su número dos Louis-Pierre Wernes y el director de recursos humanos Olivier Barberot, entre otros, sino el método. También se sienta en el banquillo la empresa France Télécom como persona moral. A Lombard se le atribuye la siguiente frase durante una reunión de directivos en 2006: “Haremos las reducciones de una manera u otra, por la ventana o por la puerta”. También se le reprocha haber minimizado los suicidios en France Télécom diciendo que fueron “una moda”.

Al comparecer el martes ante el tribunal, Lombard dijo que había querido decir “ambiente de suicidio” —mood en inglés— y no "moda de suicidio", y se refirió al llamado efecto Werther, según el cual la publicidad de los suicidios tiene un efecto de imitación. 

En un mensaje leído, dijo: “Es evidente que algunas medidas de ayuda a la transformación [laboral de los afectados] no estaban adaptadas para algunos y renuevo la expresión, para las víctimas y sus familias, de mi sincera y profunda tristeza porque esta situación haya podido involuntariamente contribuir a fragilizar a algunos de entre ellos hasta el punto de cometer un gesto irremediable, lo que me resulta insoportable”.                   (Marc Bassets, El País, 10/05/19)

Se optaba por el suicidio como medio para evitar esta condición de preso y de esclavo

"(...) –¿Por qué eligió como objeto de estudio la violencia política en la comarca del Noroeste durante el primer franquismo?

(...) Como historiador novel, este constante descubrimiento de nuevos datos me llevó a adentrarme en este tema, trasladando su espacio de acción y ejecución a nuestra comarca del Noroeste. El resultado fue realmente sorprendente, pudiendo afirmar que la represión franquista en la comarca fue entre un veinte y un treinta por ciento mayor que en el resto de la Región de Murcia, un aspecto que ya confirmó el historiador Antonio Martínez Ovejero hace años en este mismo periódico. 

Por tanto, no es equívoco destacar que esta violencia fue masiva y desproporcionada, sobre todo si comparamos las cifras máximas de población reclusa de la Prisión de Partido de Caravaca –la principal de la comarca– bajo el sistema republicano y bajo poder franquista. Los datos cotejados nos muestran que en agosto de 1938 esta prisión albergó a 159 presos, que contrastan con los 632 de septiembre de 1940, una cantidad aproximadamente cuatro veces superior.

–¿Cómo utilizó Franco a esos presos políticos?

–La respuesta es clara: como mano de obra esclava. La ausencia total de estudios sobre la represión en el Noroeste murciano –casi la única zona de Murcia que ha quedado sin investigar para los historiadores– nos conduce, por primera vez, al embalse del Cenajo como una infraestructura construida por reos republicanos.

 En la comarca, por tanto, y al igual que en el resto de España, existió un campo de concentración y de trabajo. Esta investigación ha confirmado lo que era un secreto a voces entre los habitantes del Noroeste. El análisis de fuentes documentales y fuentes orales nos ha permitido darle veracidad y rigurosidad histórica a estas sospechas populares.

–¿A qué empresa se adjudicó la construcción del embalse?

–La construcción de un embalse, en esta zona de la cuenca del río Segura, era una prioridad desde el siglo XIX como consecuencia de las catastróficas frecuentes avenidas fluviales. Tras terminar la Guerra Civil, esta obra se convirtió en un "caramelo", tanto para el Estado franquista como para la empresa que se encargara de ejecutar el proyecto, debido al abaratamiento de los costes por la utilización de presos. 

Muchas empresas no querían dejar pasar esta gran oportunidad de lucrarse y compitieron para adjudicarse la construcción. Finalmente, en 1942, se le concede a Construcciones Civiles S.A, imponiéndose a otras tan conocidas como Dragados. El costo total de la obra del Cenajo ascendió a 450 millones de pesetas, realizada entre los años 1942-43 y 1963, siendo inaugurada, en un ambiente festivo y multitudinario, por Franco y su gran comitiva.

–¿Cómo era el día a día de los presos políticos en el Cenajo?

–Presos y obreros cualificados convivían en el Cenajo durante las obras, para lo que se construyó un poblado en las inmediaciones del lugar, próximo al pueblo hellinero de Las Minas, que podía albergar a más de 1.000 obreros de manera simultánea. También se edificó un cuartel de la Guardia Civil para controlar a los reclusos y una Iglesia –la presencia del clero es una de las características principales del sistema penitenciario franquista, encargada de la "regeneración social" que tanto gustaba al nacionalcatolicismo–.

 La Dictadura ofrecía a los presos políticos rebajar la condena mediante el trabajo forzado, provocando, en muchos casos, un sentimiento de gratitud entre ellos, que veían en el trabajo el único medio posible para escapar del infierno penitenciario. Además, se les otorgaba un salario irrisorio, entre unas 4 y 6 pesetas por día trabajado, pero al que había que descontarle la alimentación, la asistencia sanitaria e incluso el uniforme de trabajo del propio preso. 

Mantener a estos reos políticos le resultaba realmente rentable al Estado. Los presos políticos del Cenajo no llegaban en el mejor estado físico ni psíquico, ya que procedían de innumerables centros penitenciarios en donde las torturas, castigos y vejaciones eran una constante. 

Soportar las duras condiciones de trabajo físico no era realmente fácil, y éstas, acompañadas por las infames medidas de seguridad laboral, provocaron muchos fallecimientos accidentales. En algunos casos estudiados, vemos que se optaba por el suicidio como medio para evitar esta condición de preso y de esclavo. 

No conocemos la cifra total, ni los nombres, de los "vencidos" o "enemigos de España" que trabajaron en la larga construcción del embalse del Cenajo. Buscar aquellos documentos y testimonios que nos sigan aportando datos e información será uno de los objetivos que nos propondremos a cumplir en un futuro. (...)"

(Entrevista a Víctor Peñalver, El Pajarito.es, 20/10/2014)

La nota de suicidio de un soldado

"Daniel Somers era un soldado norteamericano que fue destruido por su experiencia en Irak. Allí participó en misiones de combate y en interrogatorios como miembro de una unidad de inteligencia militar. 

A la vuelta de Irak, fue diagnosticado con el síndrome de estrés postraumático y otras enfermedades. Se quitó la vida en junio de 2013 con 30 años. Su carta de suicidio fue publicada con la autorización de su familia.

“Mi cuerpo se ha convertido en una jaula, una fuente de dolor y problemas constantes. Mi enfermedad me causa dolor que ni las medicinas más fuertes pueden reducir, y no hay cura. Todo el día, cada día siento una horrible agonía en cada nervio de mi cuerpo.

No es otra cosa que una tortura. Mi mente es un vacío lleno de visiones de horror, una depresión y ansiedad constantes, incluso con toda las medicinas que me dan los médicos. Las cosas simples que todo el mundo tiene garantizadas son casi imposibles para mí. No puedo llorar o reír.

Apenas puedo salir de casa. No obtengo ningún placer de ninguna actividad. Todo consiste en dejar pasar el tiempo hasta poder volver a dormir. Ahora, dormir para siempre se me antoja como lo más misericordioso.

No tienes que culparte. La realidad es esta. Durante mi primer despliegue (en Irak), me hicieron participar en cosas cuya dimensión es difícil de describir. Crímenes de guerra, crímenes contra humanidad. Aunque no participé voluntariamente e hice lo posible por impedirlos, hay cosas de las que una persona no puede recuperarse.

En realidad, me enorgullezco de esto, porque continuar sin más con tu vida después de participar en algo así sería propio de un sociópata. Todo esto va mucho más allá de lo que la mayoría de la gente es consciente.”                     (Guerra Eterna, 16/11/2013)

Represión franquista de los homosexuales: “un estudiante, un profesor de instituto que era uno de mis mejores amigos y un bombero, se suicidaron”

 Fotos de la ficha policial de Sonia, una mujer transexual detenida por peligrosidad social en 1974

"La vida le ha dado “un segundo palo”, y por eso M. C. D., la primera lesbiana de las represaliadas durante el franquismo que ha pedido una indemnización, entiende que para ella es casi un deber moral atender a los medios de comunicación. 

Pero lo hace a disgusto y con limitaciones: ni su nombre ni su lugar de residencia deben ser hechos públicos. No es solo por las secuelas de aquel proceso, en el que una niña de 16 años fue detenida, puesta en libertad condicional y juzgada ya con 17 por ser lesbiana. 

También le influye en la ciudad en la que vive, de la que se niega a dar ningún tipo de detalle, las cosas no le están siendo fáciles a ella y su pareja. La homofobia no está extinguida, ni mucho menos comenta Antoni Ruiz, presidente de la Asociación de ex Presos Sociales, que es quien ha asesorado a M. C. D. para que reclame.

La mujer cuenta la historia de una manera abreviada y a regañadientes. “No me acuerdo ni dónde estaba cuando me detuvieron. Vino un grupo de policías de paisano, y ya está. He pasado toda mi vida intentado olvidarlo, superar la psicosis que aquello me produjo”. Tampoco sabe por qué lo hicieron.

Si alguien la denunció o si su comportamiento levantó las sospechas de las autoridades. Solo sabe que entones tenía “17 años, edad en la que aún no te has definido como adulto”, y que fue sometida “durante meses a un interrogatorio”, dice “que no comprendes”.

  Ficha de Antoni Ruiz, primer gay indemnizado por ser víctima del franquismo

En una especie de comunicado que lee con voz entrecortada, M. C. D. recuerda la dureza de un tiempo en que ser reconocido como gay, lesbiana o transexual era un peligro. Como ejemplo, recuerda a que, de su círculo, “dos personas recibieron electrochoques” como forma de tratar su desviación. 

Y ellos no se llevaron la peor parte. Otros tres, “un estudiante, un profesor de instituto que era uno de mis mejores amigos y un bombero, se suicidaron”. “Si cada uno conocemos a cinco personas [que sufrieron estos procesos], imagínese lo que era aquello”.

La sentencia del juez “de Instrucción y de Peligrosidad y Rehabilitación Social” de su provincia da algunas pistas. Apenas dos folios bastan para ejemplificar la homofobia de la época y para intentar arruinar una vida. M. C. D., “hija de una honrada familia”, presenta una “una clara orientación homosexual teniendo relaciones impúdicas con otra joven a la que domina, persigue y atrae” (Una víctima de la pervertida). 

Pero, además, es “una persona rebelde a sus familiares a los que desobedece y amenaza” cuando “intentan corregirla y educarla”.

 

Ambos delitos (ser lesbiana y obedecer a la familia) están en el mismo nivel para un sistema en el que la mayoría de edad estaba lejana (era a los 21), y en la que ese concepto se aplicaba a las mujeres a regañadientes.

Por eso, el juez lo tiene claro: M. C. D. “Es una homosexual, rebelde a su familia, que se encuentra en estado peligroso”. Por eso le puede aplicar la ley de Peligrosidad Social de 1970, y la condena a “internamiento en un establecimiento de reeducación por un tiempo no inferior a cuatro meses ni superior a tres años”.

 También le prohíbe “visitar salas de fiestas y establecimientos públicos donde se ingieran bebidas alcohólicas durante dos años”.

El abogado defensor, por cierto, no tuvo nada que alegar.

A M. C. D. el recuerdo le duele. Pero consigue sacar la ironía para hablar de su reeducación. “Era una cárcel normal [la prisión de Alcázar de San Juan, provincia de Ciudad Real, donde pasó cuatro meses], y no había reeducación ninguna. Bueno, sí, hacíamos cositas, manualidades de punto, costura y cuero. Por cierto que nos las pagaban muy mal, así que alguien debió de forrarse con nuestro trabajo”, dice.

Que aquel intento reeducador fue un fracaso es una obviedad. Aunque alguno de los conocidos de M. C. D. intentó librarse de la presión casándose, no es su caso. La Comisión de Indemnizaciones a Ex-Presos Sociales, órgano colegiado adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda, al que corresponde la resolución de las solicitudes de indemnización, tendrá que decidir ahora la resolución de la petición."              (El País, 19/10/2012)

"Nadie puede decir cómo se sufre, durante años, viendo morir a los unos y esperando turno los otros"

"Sí, queríamos matar a Franco. Lo íbamos a matar, incluso habíamos preparado una avioneta para ir a matarlo cuando estaba de vacaciones, pero en las cárceles había 200.000 españoles presos, y si lo matábamos no iba a salir uno vivo, por eso el golpe fracasó", explica Martín Arnal, anarquista, en un documental de Eugenio Monesma que se podrá ver en la exposición Tierra y Libertad, 100 años de anarquismo en España, inaugurada ayer en Zaragoza.

El documental recoge los testimonios de antiguos anarquistas, hoy ancianos, que recuerdan con amargura la represión franquista: "Nadie puede decir cómo se sufre, durante años, viendo morir a los unos y esperando turno los otros. Nadie puede explicar cuando un hombre se va a quitar la vida con una correa colgado en el grifo del váter", asegura Antonio Garía Barón.

Los entrevistados relatan el frío recibimiento que encontraron en Francia -muchos fueron a parar a campos de concentración y algunos, de exterminio- o la decepción de verse solos en su lucha contra el franquismo tras haber ayudado a derrotar a Hitler.

Otro anarquista confiesa como, una vez capturado, deseó que le fusilaran "para terminar de una vez con las torturas", y cómo en la soledad de prisión le invadió el odio: "No odiaba a los que me daban golpes, odiaba a toda la sociedad. Me saturé de odio". (El País, 07/10/2010)

Mejor la muerte

"Las tropas italianas y las franquistas comenzaban a ocupar también Alicante. Mientras, miles de republicanos seguían llegando al puerto, convertido ya en una ratonera. Entre ellos, Carmen Arrojo, que entonces tenía 20 años. Había llegado allí con su padre, su hermano y su novio desde Madrid. No sabían a qué país conducían aquellos barcos que esperaban, ni les importaba. Pero el único que verían lo enviaba Franco. "Por un megáfono nos dijeron que tiráramos nuestras armas y que, o nos rendíamos a las cinco, o nos ametrallarían. Cuando fui a tirar mi pistola al mar, vi a un hombre corriendo a toda velocidad hacia mí. No sabía lo que iba a hacer, pero se tiró al agua. No pudimos hacer nada", recuerda Carmen.

Había llegado al puerto pocas horas después de que zarpara el Stanbrook. "Era un hervidero de caras chupadas por el hambre y el cansancio. En una esquina se reunían los de la UGT, en otra las mujeres antifascistas... A las dos de la tarde llegó el barco de Franco". A sus 90 años, Carmen confiesa que aún escucha los sonidos del horror que invadió aquella alfombra humana durante las tres horas que siguieron hasta agotar el plazo de los vencedores. "Delante de mí, un hombre se rebanó el cuello con una navaja. No olvidaré nunca aquel grito espantoso de una de sus hijas. Tuvieron que dejarle allí. La niña se tiró por el hueco de la escalera en cuanto llegó a la cárcel".

"Hay un parte del general Gambara que habla de 66 suicidios, aunque otro posterior, los reduce a 12. Se apuntaban unos a otros, contaban hasta tres, y disparaban", asegura Enrique Cerdán Tato, escritor que ha dedicado casi 40 años a estudiar aquel episodio. Un barco semivacío, el Marítima, había partido de Gandía pocas horas antes. Su capitán, obediente, sólo había permitido subir a unas 40 autoridades políticas.

En Orán, las autoridades impidieron a los pasajeros abandonar la embarcación. Dickson logró que dejasen salir a las mujeres y los niños. El padre de Helia logrará reunirse con ellas después de que intercedieran por él unos familiares. El resto acabará en un campo de trabajo cerca de Marruecos y muchos morirán construyendo el ferrocarril transahariano. La familia se ganará la vida sustituyendo a la mitad de la compañía de teatro español, que se había ido a la España de Franco.

A los miles de republicanos que aguardaban en el puerto de Alicante los llevarán a campos de concentración. Al novio de Carmen lo fusilarán. Ella tardará muchos años en recomponer su vida y con 90 publicará: Lo que no se debe perder. Memorias de una republicana." (El País, ed. Galicia, España, 01/04/2009, p. 17)