"Me revuelve las tripas pensar cómo se tiene que ver
alguien para decidir que ya no quiere vivir más", dice un empleado de
Iveco. Y se pregunta: "¿No había nadie que le dijera "no pasa nada", que
le quitara hierro al asunto... De verdad, ¿tan sola estaba?". Habla de
Verónica, la compañera de trabajo que se suicidó el sábado 25 de mayo,
en su casa de Alcalá de Henares, en Madrid.
Llevaba más de un mes bajo
presión: circulaban entre sus compañeros de trabajo unos vídeos sexuales
en los que ella aparecía. Primero, entre un grupo de unas 20 personas,
después, entre más de 200.
"Ni todos vimos ni pasamos el vídeo, pero
le das vueltas a la responsabilidad de cada uno. ¿En qué mundo de mierda
vivimos?", espeta el trabajador antes de marcharse, cabeceando. Él se
enteró de la existencia de esos archivos al mismo tiempo que de la
muerte de su compañera, el lunes, a través de una circular interna, como
muchos empleados de los alrededor de 2.500 que tiene la fábrica al noreste de Madrid.
Un microcosmos en el que esta mujer de 32 años y dos hijos de cuatro
años y nueve meses se vio acorralada. Quién empezó a propagar los vídeos
está por determinar, pero desde el principio, la Policía colocó como
principal sospechoso a un exnovio.
Aquella no era la primera vez. Hace algunos años,
esos archivos "ya corrieron". En aquel momento Verónica "logró
frenarlo", recuerdan tres compañeros. Esta vez, durante más de diez
días, por los pasillos resonaban risas; los vídeos saltaban de móvil a
móvil; y en su puesto de trabajo se arremolinaba compañeros para
cerciorarse de que era ella.
"Creo que ninguno nos dimos cuenta
realmente de lo grave que era lo que estaba pasando, se tomó a broma",
dice un operario. Para ella fue humillación y angustia constantes;
días en los que lloró y en los que intentó pasar desapercibida; un "ya
no puedo más" que pronunció en voz alta, como recuerda un empleado.
A finales de la pasada semana, la situación empeoró.
Se enteró su cuñada, la hermana de su pareja, que también trabajaba en
Iveco. Y se enteró él.
El jueves 23 de mayo, en una reunión con la dirección de Recursos Humanos, ella contó lo que ocurría y dio un nombre. La empresa contestó que "era un tema personal y no laboral".
como apuntó una abogada de CC OO. Poco después, le propusieron un
cambio de sección o una baja. Para Comisiones, algo inadecuado e
insuficiente. Cuando el viernes fueron a buscarla, con la queja por
escrito para presentar ante la empresa, ella ya se había marchado. "Se
fue a casa con un ataque de ansiedad", dijo la letrada. 24 horas después
decidió no vivir más.
La mediatización
A partir de ese momento, esa historia de acoso y
hostigamiento que se había mantenido entre la planta y el entorno más
cercano de Verónica saltó. La empresa se blindó; los sindicatos (UGT, CC
OO y CGT) mandaron notas oficiales pidiendo que la Justicia depurara
responsabilidades. Comisiones,
además, advirtió de que presentaría una denuncia contra Iveco ante la
Inspección de Trabajo por "incumplir la ley para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres y la de Prevención de Riesgos Laborales, porque ni
evaluaron el riesgo ni tomaron medidas aún sabiendo lo que ocurría".
Algo que ocurrió el viernes por la mañana.
En la planta, la semana ha sido "difícil", dicen
fuentes cercanas a la empresa... Desde el lunes, dos veces al día, un
grupo de empleados se manifiestan en la puerta de entrada en memoria de
su compañera y en repulsa a lo ocurrido. Al mismo tiempo, piden que no
"se criminalice" a toda la plantilla por lo sucedido. "No todos somos
culpables ni todos somos cómplices", escribió un grupo de unos 20
empleados, en su mayoría hombres, en una nota que hicieron llegar a las
agencias de noticias.
En los días siguientes, la Policía continuó
con sus pesquisas, la Fiscalía abrió diligencias, el Juzgado de
Instrucción número 5 de Alcalá de Henares comenzó a investigar tras una
denuncia del padre de la fallecida y la Agencia de Protección de Datos
comenzó actuaciones de oficio.
Las conjeturas y los rumores, mientras, siguieron
creciendo, en los 374.000 metros cuadrados del terreno que ocupa Iveco
al noreste de Madrid y fuera de ellos: en la calle, en algunos medios de
comunicación y en las redes sociales.
Se abrió un debate sobre la intimidad y la culpabilización sexual de
las mujeres y, de forma mayoritaria, la sociedad se manifestó contra ese
correveidile que punzó y asfixió a la mujer durante días.
En el cuartel de la Guardia Civil de Mejorada del Campo, una localidad madrileña, se presentó voluntariamente un exnovio de Verónica el jueves a las cuatro de la tarde.
Las presiones de su entorno, que sabían que había salido hace tiempo
con la mujer, hicieron que este hombre entregara su teléfono móvil y
prestara testimonio. Lo hizo poco después, en la Jefatura Superior de
Policía de Madrid, que lleva la investigación.
Negó ser quien había difundido los vídeos y
los agentes no encontraron en su testimonio elementos suficientes para
ponerle a disposición judicial. Salió a las pocas horas en libertad sin
cargos y el acta de su declaración fue enviada a la juez para que
valorara su contenido y decidiese si citarlo.
Pero el hombre que Verónica había señalado una semana
antes en el despacho de Recursos Humanos no era el que acababa de
declarar. El nombre que ella pronunció fichó aquella misma noche del
jueves en la planta de Iveco, donde trabaja.
El viernes por la mañana, una circular por parte de
la dirección de Iveco llegó hasta los sindicatos. En ella se explicaba
que iban a abrir una investigación interna con "alguien de fuera" en la
que querían contar con la colaboración de las organizaciones sindicales y
los empleados; aseguraban que estaban"colaborando" plenamente con los
cuerpos y fuerzas de seguridad y que, citan fuentes cercanas a la
empresa, "lo habían hecho todo muy bien".
Por la tarde, en la manifestación que varias organizaciones feministas de Madrid convocaron en la plaza de los Cubos,
los carteles y los gritos de protesta iban en dirección contraria.
"Complicidad", se leyó en varios carteles. "Cómplices", protestaron
varias manifestantes.
¿Quiénes? "Quien lo envió, quienes lo compartieron,
quienes lo vieron y no hicieron nada, y quienes lo sabían y tampoco
hicieron nada".
Sábado 25 de mayo.
Verónica se suicida en su casa, en Alcalá de Henares. El Juzgado de
Instrucción 5 del municipio, que estaba de guardia, procede al
levantamiento del cadáver.
Domingo 26 de mayo. La Policía Nacional inicia una investigación tras conocer la difusión de cinco vídeos sexuales, en los que aparecía la mujer, entre un grupo de empleados de Iveco, donde ella trabajaba. Empiezan a tomar declaraciones y a analizar dispositivos móviles.
Miércoles 29 de mayo. La fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, pide un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Ese mismo día, la Agencia Española de Protección de Datos inicia actuaciones de oficio por la distribución sin consentimiento del material audiovisual.
Jueves 30 de mayo. El Juzgado de Instrucción 5 de Alcalá de Henares abre diligencias previas para investigar si la propagación de los archivos incurren en un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos después de recibir el atestado policial con las diligencias hechas hasta entonces y tras la denuncia del padre de la fallecida. Se decreta el secreto de las actuaciones." (Isabel Valdés, 02/06/19)
Domingo 26 de mayo. La Policía Nacional inicia una investigación tras conocer la difusión de cinco vídeos sexuales, en los que aparecía la mujer, entre un grupo de empleados de Iveco, donde ella trabajaba. Empiezan a tomar declaraciones y a analizar dispositivos móviles.
Miércoles 29 de mayo. La fiscal de sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, pide un informe a la Policía Nacional para determinar si hay hechos que pudieran ser constitutivos de delito. Ese mismo día, la Agencia Española de Protección de Datos inicia actuaciones de oficio por la distribución sin consentimiento del material audiovisual.
Jueves 30 de mayo. El Juzgado de Instrucción 5 de Alcalá de Henares abre diligencias previas para investigar si la propagación de los archivos incurren en un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos después de recibir el atestado policial con las diligencias hechas hasta entonces y tras la denuncia del padre de la fallecida. Se decreta el secreto de las actuaciones." (Isabel Valdés, 02/06/19)
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