“Asturias fue una escuela de represión policial”... la Brigada Político Social recibió formación de la Gestapo... y de la CIA reciben cursos de formación sobre tortura, de la Escuela de las Américas, y manuales de tortura psicológica

 "Si para Balzac, en el siglo XIX, la novela podía aspirar a sustituir al registro civil, la historia de las peores décadas del siglo XX se escribió sin embargo en los archivos de las policías políticas: la Ojrama zarista, luego la KGB soviética, la Gestapo de los nazis, la Securitate de la Rumanía de Ceaucescu, la CIA en los años de la Guerra Fría…y también la Brigada Político Social (BPS) del franquismo, que Manuel Vázquez Montalbán definió como “la guardia pretoriana del régimen”. 

El historiador avilesino y colaborador ocasional de Nortes, Pablo Alcántara, ilustra así lo que significó ese cuerpo policial para la dictadura: “En los últimos años del franquismo hay cierta ruptura con el régimen entre los militares, jueces o abogados, que tradicionalmente habían apoyado el franquismo, pero en la BPS no hay ninguna ruptura o crítica”.

Hablamos con Tata a propósito de su libro “La Secreta de Franco. La Brigada Político Social durante la dictadura” (Editorial Espasa) en una cafetería a muy pocos metros de la antigua Dirección General de Seguridad, hoy edificio de la presidencia de la Comunidad de Madrid, donde tuvieron lugar algunas de las peores sesiones de tortura por parte de los agentes de la BPS. Una cafetería frecuentada en su día por policías de la Brigada, y donde en 1974 ETA puso una bomba que le costó la vida a trece personas. (...)

¿No hubo ningún tipo de depuración en la policía durante la Transición?

Se heredó todo el aparato represor. A medida que la Transición se iba modulando la represión fue decreciendo, pero gente como Roberto Conesa o como Claudio Ramos Tejedor, que fue jefe de la BPS en Asturias, mantuvieron altos cargos. Mantuvieron sus puestos, condecoraciones, altas pensiones y jubilaciones jugosas. No hubo ningún tipo de depuración en la BPS, y apenas hubo críticas. Solo Gregorio Morán y algún periodista más se atrevió a alzar la voz preguntando qué hacía toda esta gente de la policía política de la dictadura en un régimen supuestamente democrático. Ni el gobierno de UCD ni los del PSOE hicieron nada por cambiar eso y, con la excusa de la lucha antiterrorista contra ETA, se mantuvo a esa gente en sus puestos. Las pocas voces que lo criticaron fueron encarceladas o multadas por ello.

Roberto Conesa es uno de los protagonistas de su libro y uno de los policías más importantes durante toda la dictadura franquista

Conesa me sirve para hacer un balance de lo que fue la actuación de la BPS contra guerrilleros, estudiantes, obreros…Conesa estuvo en la detención de las Trece Rosas, al poco de acabar la Guerra Civil, y estuvo en el 79 participando en un supuesto caso de espionaje a políticos del PSOE y del PCE. Martín Villa dijo que Conesa era un fiel servidor suyo, casi un amigo, y que lo iba a defender a muerte. Barrionuevo lo mismo: dijo que nanai, que esa gente le servía en la lucha contra ETA.

La Ley de Amnistía, aprobada para liberar a los presos políticos de la dictadura, sirvió también para decretar la impunidad de los policías torturadores

La lucha por la amnistía era una lucha histórica del movimiento antifranquista, pero la utilizaron para meter por debajo la impunidad de los crímenes del franquismo. En las sesiones de Cortes del Congreso, cuando se aprobó la Ley de Amnistía, de izquierda a derecha hablaban de no abrir heridas y tal; pero no hacían referencia al segundo artículo, que es fundamental para entender que no se han juzgado los crímenes del franquismo. De eso no se hablaba en esa época, sino de que la amnistía era un paso importante. La verdad es que la mayoría de los presos políticos salieron antes de la ley de amnistía con indultos o amnistías laborales. La Ley de Amnistía fue un intento de reparación, pero por debajo metieron la ley del punto final. Y el PSOE ha dicho que la Ley de Amnistía no se toca, porque sigue viviendo en ese mito de la transición modélica, maravillosa y pacífica. Hasta que no se supere eso…

¿Qué caracteriza a la Brigada Político Social como policía política y no como policía a secas?

Primero por su ideologización: es una policía al servicio del propio régimen. En el año 42 se promulga una ley por la que los miembros de la BPS tenían que estar de acuerdo con los principios del movimiento nacional.

Esa ley en la que se reconoce, explícitamente, que el régimen es un “estado totalitario” y su policía una “policía política”

Sí. De hecho, en los últimos años del franquismo hay cierta ruptura con el régimen entre los militares, jueces o abogados, que tradicionalmente habían apoyado el franquismo, pero en la BPS no hay ninguna ruptura o crítica. La otra característica de la policía política es el uso de la tortura y de la infiltración para meterse en la vida social. Los boletines de investigación social hablan de dónde vivían, lo que hacían, su vida diaria, su pareja, dónde se reunían, de qué hablaban…Tenían un control total de la vida social de la oposición antifranquista. Muchas veces, el mismo Jorge Semprún, se transmite la imagen de que era una policía cutre y chusca, pero yo no creo que fuera tan así. Creo que la BPS era una policía que analizaba muy en frío todo lo que pasaba, y que no era una policía que actuaba a lo loco. Creo que al final, en los 60-70, fue ineficaz sobre todo con el tema de ETA, y se vieron desbordados con los cambios sociales. También es que en esa época la oposición antifranquista se preparó para hacer frente a la represión, y muchos ya sabían quién era el chivato, quién el infiltrado…y a la BPS le resultó más difícil vigilar a la oposición.

Cuenta que los agentes de la BPS recibían una prima superior por detener a un sindicalista que a un narcotraficante o a un proxeneta

Sí, eso lo define totalmente. Para el régimen franquista era más importante detener a quien hacía huelgas o se manifestaba que a gente que se dedicaba a la pornografía o la prostitución. Para la dictadura lo más importante era mantener el orden político.

Dice también que la BPS recibió formación de la Gestapo y de la CIA

La Gestapo tiene mucho que ver en el nacimiento de la BPS. En el año 38 hay un pacto entre las policías alemana y española para detener a gente que ha luchado en las Brigadas Internacionales, a los exiliados republicanos en Francia…Había una cooperación económica y política. En el año 40 es cuando viene Himmler a España y se entrevista con las autoridades policiales y, al año siguiente, surge la ley de policías y se crea la BPS y otras leyes de orden público. La Gestapo entrena a gente de la BPS en técnicas de tortura y represión. Es una cosa que hay que estudiar mucho más.

Y con la CIA, ya en el contexto de la guerra fría, España pasa de ser una dictadura enemiga a ser un aliado contra el comunismo. Diferentes miembros de la BPS viajan para recibir cursos de formación. En aquel momento surge la tortura de la Escuela de las Américas, y es un contexto en el que aparecen diferentes manuales de tortura psicológica.

Hay una cosa que remarca en el libro, y es que no hay que pensar que los policías de la BPS eran simplemente unos individuos sádicos y brutales que disfrutan con la violencia, sino que existe todo un sistema organizado, con una estructura muy bien definida y un ecosistema ideológico muy claro, para que esos individuos se comporten de ese modo.

Había muchos miembros de la BPS que torturaban y golpeaban, pero otros muchos se dedicaban a una labor más intelectual, a escribir libros y propaganda. Eran individuos normales. De hecho, Eduardo Común Colomer, uno de los miembros de la BPS, fue periodista antes que policía. Era gente normal y corriente que se metió a la BPS como una forma de luchar contra el enemigo subversivo. Se habla mucho de la tortura, pero antes de la tortura hay un proceso de análisis y de propaganda en el que la BPS juega un papel fundamental. Hay editoriales, fundaciones, revistas y, en fin, un aparato ideológico muy importante para entrenar en la lucha contra la subversión y acabar con la oposición antifranquista.

Dice que la BPS tenía una “política de seguridad basada en la sobredimensión de amenazas internas: barrios conflictivos, grupos subversivos…” ¿Existía cierta paranoia con un supuesto enemigo interno, una antiespaña que conspira para infectar el cuerpo nacional, y es labor de la BPS extirpar ese germen de la sociedad? Hay, por ejemplo, referencias bastante recurrentes a la masonería

Se crean dos tipos de boletines: los antimarxistas, que duran hasta el 45 y son más ideológicos, y luego los boletines informativos, más puramente policiales. El propio Comín Colomer habla mucho de la antiespaña. Otro personaje interesante es el policía Mauricio Carlavilla, que decía que en toda la historia de España lo progresista estaba representado por homosexuales, masónicos, antiespañoles…Colomer dice también que, desde sus inicios, la masonería ha sido la culpable de todos los destrozos de la historia de España.

¿Tenían los detenidos algún tipo de derecho judicial: presunción de inocencia, presencia de un abogado…?

A partir de los años 50 hay un intento de reglar el procedimiento, sobre todo por la condena al régimen por parte de Europa. Hay un intento de crear una especie de legislación civil sobre detenidos, pero se la saltaban a la torera. En el año 59 se aprueba la Ley de Orden Público, con la que se supone que los detenidos solo podían estar tres días detenidos en comisaría y luego tenían que ir al juzgado o para casa. Pero con los estados de excepción, que se aprobaron doce entre el 62 y el final del franquismo, la policía podía hacer lo que le diera la gana: ir a tu casa de madrugada sin orden judicial, tenerte en calabozos durante semanas sin asistencia médica o sin tener una acusación en firme. Era muy frecuente decir que iban a detener a tu mujer, a tus hijos o a tu madre, y algunas veces los detenían. Y era solo por meter presión, una forma de chantaje psicológico.  

¿La represión de la revolución de Asturias en 1934 sirvió, en cierto modo, como escuela para los policías de la BPS?

Es verdad que algunos de estos policías participaron en la represión de 1934, pero más en Cataluña que en Asturias. No he encontrado nada que lo confirme, pero estoy segurísimo de que hubo policías que participaron en la represión del 34 en Asturias. En el libro aparecen policías que actuaron en la dictadura de Primo de Rivera y en la República, y que estaban especializados en detener a gente del movimiento obrero y anarquistas. Estoy seguro que tiene mucho que ver, porque Cataluña y Asturias fueron una escuela de represión policial.

Sí que es verdad que en el franquismo hay una ruptura respecto a la policía anterior, con una depuración de sus elementos republicanos. Pero hay antecedentes. Muchos de los policías que estaban en zonas republicanas actuaron como quintacolumnistas, y muchos habían participado en la represión durante la República. De hecho, algunos fueron recompensados por ello y eso les sirvió luego como un signo de fidelidad al régimen franquista.

Hábleme de Claudio Ramos

¡Puff! Es un personaje muy interesante. Precisamente quiero pedirle ahora al Ministerio del Interior su expediente, porque acaban de cumplirse 25 años de su muerte. Ramos tuvo mucho que ver con la represión al movimiento guerrillero y al movimiento obrero en Asturias. Muchas personas a las que entrevisté para el libro-Vicente Gutiérrez Solís, Anita Sirgo-le recuerdan como uno de los principales torturadores. Luego, como muchos otros jefes, se lavó las manos.

Él se dedicó a infiltrar a gente en movimientos clandestinos, a detener y a torturar. Fue uno de los principales represores del franquismo. En los años 70, cuando ETA empieza a matar, lo mandan a Bilbao y a San Sebastián. Y allí no mandaban a cualquiera. Claudio Ramos empieza en el año 46 y en los años 60 era uno de los principales jefes de la BPS en Asturias. Estuvo en las principales operaciones contra la oposición antifranquista en Asturias y participó en la represión y en las torturas. El hombre iba a las cuencas a reprimir a la gente, allí lo recuerdan perfectamente. Luego se libró de todo y vivió muy bien con una jubilación de oro.

Cuenta que la ocasión en la que más cerca se estuvo de sentar en el banquillo a miembros de la BPS, el propio Claudio Ramos incluido, fue a raíz de unas manifestaciones contra la guerra de Vietnam en Oviedo

Sí, hubo dos manifestaciones contra Vietnam, en el año 68. Yo entrevisté a una de las que participó en aquello, que ahora vive en Australia, y me contó cómo pusieron una denuncia contra el gobierno civil y llegó a haber una acusación. Claudio Ramos y otros policías tuvieron que ir a testificar. Tras la manifestación, algunos estudiantes se escondieron en el edificio histórico y a la salida les detuvieron. En comisaría hubo torturas y, unos días después, en una asamblea de estudiantes, contaron lo que había pasado. Los estudiantes fueron a recoger firmas, sobre todo de catedráticos como Gustavo Bueno o Alarcos, y vieron que la cosa estaba cogiendo repercusión.

Tiene mucho que ver con el asalto a la comisaría de Mieres del año 65, que es algo muy interesante y muy poco conocido en Asturias, ¡si hasta salió en el New York Times! Yo no he encontrado ningún episodio parecido durante el franquismo. En Asturias, el movimiento obrero y estudiantil perdieron el miedo a enfrentarse a la policía y esta ve peligrar el statu quo. Utilizaron sus cabezas de turco intentando lavarse la cara. Luego el tribunal les absolvió y no les pasó nada."               (Bernardo Álvarez , Nortés, 29 abril 2022)

«A causa de Guantánamo, China pudo hacer lo que hace ahora contra los musulmanes. Utilizan el mismo argumento, la misma analogía: ‘Estos musulmanes son malos, son extremistas, hay que internarlos en campos'»

 "Spencer Ackerman escribe sobre los veinte años en que ha estado en funcionamiento la prisión de Guantánamo, uno de los símbolos más poderosos de la Guerra contra el Terror promovida por EEUU desde los atentados del 11S. 

780 presos han pasado por sus instalaciones en la base situada en territorio cubano desde que entrara en funcionamiento el 11 de enero de 2002. Desde entonces, 731 han sido transferidos a otros lugares. Nueve murieron mientras estaban en la prisión. 39 permanecen allí.

El periodista traza una línea continua entre la cárcel de Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA enclavadas en varios países del mundo durante varios años:

«El Pentágono en los últimos veinte años ha insistido con frecuencia en las diferencias entre Guantánamo y las prisiones secretas de la CIA. Las fuentes oficiales sostienen que nadie ha sufrido ‘waterboarding’ en Guantánamo y que ahora –aunque no en septiembre de 2003– los detenidos en Guantánamo cuentan con asesoramiento legal, por todo lo que pueda servir para los 39 hombres que aún están allí. (…)

Pero, a pesar de todas las objeciones del Pentágono, la herencia de la CIA llega hasta Guantánamo. La lógica de la CIA en las prisiones secretas era la lógica militar de Guantánamo: un lugar fuera del alcance de la ley. Los procedimientos de interrogatorio en Guantánamo –el uso de perros, el asalto sexual, la privación del sueño, etc.– eran copias en casete de las brutales técnicas de tortura en estéreo de la CIA. El personal médico de la CIA mantenía vivos a los detenidos para que soportaran otra sesión de tortura. El personal médico militar de Guantánamo administraba alimentos por la fuerza a los detenidos (en huelga de hambre) de una forma que ha sido descrita como tortura, todo para que los detenidos no pusieran en evidencia a EEUU al morir encarcelados.

Aun más importante es el hecho de que Guantánamo y las prisiones secretas (de la CIA) encerraron a muchas de las mismas personas, hombres como Majid Khan y Abu Zubaydah, para los que el cautiverio en manos de la CIA fue relativamente breve y el cautiverio militar, relativamente extenso. Al principio de la Guerra contra el Terror, la CIA, al temer las revelaciones, se preguntó qué pasaría con varias de las personas a las que había torturado demasiado como para ser liberadas. Para muchos de ellos, la respuesta fue Guantánamo».

Ackerman cita las palabras de Omar Deghayes, uno de los antiguos presos de Guantánamo puestos en libertad que se reunieron hace unos días para compartir su experiencia. Deghayes, hijo de un abogado que fue ejecutado por el Gobierno de Gadafi, es un libio con residencia legal en Reino Unido que fue detenido en Pakistán en 2002 y enviado a Guantánamo, donde pasó cinco años antes de ser puesto en libertad.

«A causa de Guantánamo», dice Deghayes, «China pudo hacer lo que hace ahora contra los musulmanes. Utilizan el mismo argumento, la misma analogía: ‘Estos musulmanes son malos, son extremistas, hay que internarlos en campos'».

Al igual que en EEUU, el Gobierno chino utilizó un atentado masivo –31 personas fueron asesinadas y 141 resultaron heridas por terroristas uigures en una estación de tren en 2014– para lanzar una campaña «contra el terrorismo, la infiltración y el separatismo» que no se limitó a los grupos armados de Xinjiang, sino que se extendió a toda la población musulmana de la región.

´Los documentos oficiales chinos conocidos demuestran que Xi se inspiró en algunos elementos de la respuesta norteamericana al 11S.

«Debemos ser tan duros como ellos», dijo Xi en una reunión con dirigentes del partido refiriéndose a los enemigos del Estado, «y no demostrar ninguna misericordia».            (Íñigo Sáenz de Ugarte, blog, 12/01/22)

"La cárcel de Guantánamo sigue abierta 20 años después.

 «Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden.

«La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros (…) y también prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos». Palabra de Joe Biden.

Entre las declaraciones del primer párrafo y las del segundo pasaron casi 13 años. Las primeras las pronunció Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama al comienzo de su primer mandato, durante la 45ª Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009 ante gobernantes y representantes de 70 países.

Las otras declaraciones son también de Joe Biden, pero del Biden presidente, y las pronunció el pasado 27 de diciembre.

Biden pareciera seguir hasta ahora paso a paso el camino transitado por Obama.

Obama aseguró durante la campaña electoral de 2008 que el cierre de Guantánamo sería una de sus primeras medidas al llegar al poder. Lo repitió poco después de haber asumido la presidencia -el 20 de enero de 2009- pero no lo hizo y en 2015, en el penúltimo año de su segundo mandato, llegó su arrepentimiento por no haber cerrado ese campo de concentración del siglo XXI ni bien llegar a la Casa Blanca: «No lo hice porque en ese momento teníamos un acuerdo bipartidista de que debía cerrarse. Pensé que teníamos consenso y que lo haríamos sosegadamente. Sin embargo, la política se volvió dura y la gente comenzó a asustarse por la retórica sobre Guantánamo. Lo más factible fue dejarlo abierto».

Aún así, consciente de que la historia recordaría su incumplimiento, en febrero de 2016 volvió a repetir que aún pretendía cerrar Guantánamo: «No quiero trasladar el problema al siguiente presidente, sea quien sea. Si no resolvemos esto ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a prolongar esto otros 15, 20, 30 años?»

El 19 de enero de 2017, solo un día antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente saliente envió una carta al Congreso criticando que se siguiera bloqueando el cierre de Guantánamo, y apeló, como ya lo había hecho muchas veces antes, a ser pragmáticos, a pensar en términos económicos: «Los costos de mantenerlo abierto superan con creces las complicaciones que implica cerrarlo».

El costo de mantener abierta la prisión se convirtió durante todos estos años en un elemento vital en el debate sobre el futuro de la misma, asignándosele más importancia incluso que a la flagrante violación de los derechos humanos que supone.

La cárcel más cara del mundo

Guantánamo es sin duda la cárcel más cara del mundo. Con el número de prisioneros que tiene actualmente, 39, custodiados por 1.800 soldados, cada prisionero cuesta 13 millones de dólares al Pentágono, teniendo en cuenta el sueldo de los militares y del personal civil, la infraestructura existente, cuarteles, centro médico, cine, comedores e instalaciones de ocio para la tropa, actuaciones en vivo de grupos de country y rock llevados desde EEUU.

Obama, al igual que ahora Biden, cargaron toda la responsabilidad en el Partido Republicano.

Pero, ¿fue realmente el buenismo lo que lo impidió el cierre, la supuesta ingenuidad de los gobiernos de Obama y Biden (2009-2016), su intento de lograr un acuerdo de Estado con los republicanos para cerrar Guantánamo, en vez de utilizar la vía de una Orden Ejecutiva?

El tiempo para hacerlo fue en sus dos primeros años de mandato, antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2010, ya que en esos comicios, como se preveía, los republicanos triunfaron, recuperaron electores, pasaron a controlar la Cámara de Representantes e hicieron un gran avance también en el Senado. De esta forma Obama se encontró cada vez con más obstáculos para sacar adelante sus promesas electorales.

Y es un escenario que también puede volverse a repetir ahora, en las elecciones legislativas de medio mandato de Biden de noviembre próximo, si el presidente sigue perdiendo puntos los próximos meses.

Gobernadores demócratas en contra del traslado de presos a EEUU

La versión que tanto Obama en su momento como Biden ahora han dado para justificar que la prisión de Guantánamo no se haya podido cerrar es cierta solo en parte. El Gobierno Obama-Biden en 2009 no sólo se encontró con el rechazo del Partido Republicano, sino también se tuvo que enfrentar a la negativa de varios de sus propios gobernadores demócratas.

Varios de ellos se negaron a que se trasladara a prisioneros de Guantánamo a cárceles de máxima seguridad en sus respectivos territorios, alegando problemas de seguridad.

Sostuvieron que eso convertiría a sus Estados en blanco de ataques terroristas, utilizando así el mismo argumento en definitiva que el esgrimido por los gobernadores y congresistas republicanos.

La resistencia interna del sector más conservador del Partido Demócrata se sumó al rechazo del Partido Republicano. Se repitió de esta forma el mismo rechazo interno que Obama tuvo a su plan para que se formara una comisión de investigación parlamentaria para delimitar responsabilidades políticas y penales por los crímenes cometidos por la Administración Bush bajo su Guerra contra el Terror.

El hecho de que varios congresistas y senadores demócratas e incluso miembros del Gobierno sumaran su rechazo al del Partido Republicano impidió que se pudiera investigar y penalizar el vasto plan de la Administración Bush para blindar legalmente la tortura sistemática a los prisioneros, los secuestros de la CIA, sus cárceles secretas, los asesinatos, los tantísimos daños colaterales sufridos por la población civil en Afganistán, Irak o Pakistán.

Sin duda Barack Obama no es culpable de haber recibido como herencia de George W.Bush una penosa situación económica y una prisión de ultramar con 242 prisioneros en situación de total irregularidad legal, pero, o por falta de firmeza y decisión o por no poner a prueba a su propio partido, no usó las herramientas que tenía a su alcance para acabar con esa situación.

Obama no dio un fuerte golpe en la mesa como muchos creían que haría dadas las ambiciosas promesas sociales y en materia de derechos humanos que hizo durante su campaña electoral.

Con su actitud colaboró en definitiva para tender un manto de impunidad sobre los crímenes cometidos durante los ocho años de Bush en la Casa Blanca, prolongando aún más el creciente nivel de decadencia moral de Estados Unidos.

Sólo 8 de los 779 prisioneros fueron condenados por los tribunales militares

Desde que el 11 de enero de 2002 llegó el primer grupo de prisioneros afganos a Guantánamo, hace ahora 20 años, pasaron por esa cárcel 779 hombres de 49 nacionalidades distintas, mayoritariamente afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes con edades comprendidas entre los 13 y los 89 años al momento de ser capturados.

Durante los gobiernos de Bush se transfirió a sus países de origen o a terceros países por falta de cargos en su contra a 537 de ellos, tras sufrir torturas físicas y psicológicas durante años y sin recibir posteriormente ni disculpas ni compensación económica alguna.

Por su parte, en los ocho años de la Administración Obama se liberaron o transfirieron a otros 199 prisioneros; Trump liberó solo a uno y Biden a uno también en el año que lleva en el poder. Quedan aún 39 prisioneros que llevan más de una década presos, a 28 de los cuales no se les ha acusado todavía de ningún delito concreto.

Durante estos 20 años al menos 9 presos se ‘suicidaron’ en oscuras circunstancias, 3 de ellos aparecieron en junio de 2006 colgados en sus celdas con las manos atadas a la espalda.

Cientos de presos llevaron a cabo prolongadas huelgas de hambre en protesta por los maltratos sufridos y se les impuso por la fuerza sondas gastroesofágicas para alimentarlos y mantenerlos con vida.

En todos estos años los tribunales militares de Guantánamo sólo han condenado a 8 prisioneros; otros varios esperan desde hace mucho tiempo ser transferidos a distintos países y a otros se les considera ‘peligrosos’, pero al no haber pruebas contra ellos siguen en prisión por tiempo indefinido.

El 23 de junio de 2016, en los últimos meses de Obama en el poder, el entonces relator especial de las Naciones Unidas en materia de tortura, Juan Méndez, denunció en The New York Times que llevaba desde 2004 (bajo el Gobierno Bush) intentando conseguir que le autorizaran ver a los presos de Guantánamo, pero que no lo consiguió ni con el gobierno republicano ni con el demócrata.

Como hemos visto al inicio de este artículo, el pasado 27 de diciembre el presidente Biden criticaba al Congreso por no aprobar los fondos que requirió para poder transferir a parte de ellos a terceros países y al resto a cárceles de máxima seguridad en territorio continental estadounidense.

Pero desde sus propias filas le dicen que es cuestión de voluntad política hacerlo.

Donald Trump también se enfrentó en su momento con obstáculos en el Congreso para que le aprobaran los fondos federales necesarios para continuar la construcción del muro con México, pero sin embargo logró sortear el problema detrayendo dinero de otras partidas presupuestarias.

Los sectores más progresistas critican a Biden que a pesar de sus críticas al Congreso por no autorizarle esos fondos aprobó igualmente la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA en sus siglas en inglés), el presupuesto de Defensa de 760.000 millones de dólares para el año 2022 (un 5% más que en 2021 a pesar de que se ha retirado las tropas de Afganistán). Aceptó de esta forma las cláusulas específicas que contiene esa ley impidiéndole destinar parte de esos fondos para trasladar prisioneros y cerrar Guantánamo.

Y si esa ley salió adelante con esas cláusulas, al igual que sucedió en 2009, cuatro meses después de llegar Obama al poder y que se repitió varias veces más en votaciones similares, es porque muchos congresistas y senadores demócratas también la votaron.

En aquellos primeros debates sobre el tema en 2009 Obama ya vio rechazado su pedido de que se destinaran 80 millones de dólares de un presupuesto de 91.300 millones de dólares destinados a financiar las guerras de Irak y Afganistán y otros temas de seguridad, para poder cerrar la cárcel. En el Senado 90 votaron en contra y solo 6 demócratas a favor.

El Partido Demócrata tiene un crónico y serio problema interno.

Presionan a Biden para que cierre la prisión ‘de una vez por todas’

Casi 13 años después de aquella votación de 2009, cuando era vicepresidente, Biden está recibiendo ahora cada vez más presiones para no seguir los pasos de Obama sobre el tema.

En enero de 2021 ocho ex relatores de la ONU sobre Derechos Humanos reclamaron en un comunicado conjunto a Biden que cerrara de inmediato la cárcel: «Guantánamo es un lugar de arbitraridad y abusos, de torturas y malos tratos donde las leyes quedan suspendidas y la Justicia rechazada».

Veinticuatro senadores demócratas reclamaron al presidente el cierre de Guantánamo «de una vez por todas» y poco después, en mayo pasado, 78 personalidades políticas, académicas y 23 ex cancilleres de América Ltina se sumaron al pedido. «El cierre enviaría un mensaje claro y significativo al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se sitúa esa prisión», dijeron en su carta.

En agosto pasado fueron 75 los congresistas demócratas que instaron a Biden a cerrar la prisión por «representar una traición fundamental a nuestros valores y a nuestro compromiso como país con el estado de derecho».

En un gesto inédito en noviembre pasado incluso siete oficiales estadounidenses integrantes de un tribunal militar en Guantánamo publicaron una carta denunciando las brutales torturas sufridas de manos de agentes de la CIA por uno de los detenidos capturados en Pakistán en 2003 que aún permanece en prisión, Majid Khan. Los altos cargos militares firmantes calificaron esos maltratos de «mancha en la fibra moral de Estados Unidos».

El testimonio de Khan ante el tribunal, de 39 páginas, ejemplifica con crudeza en primera persona por lo que han pasado cientos de prisioneros en esa prisión de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión que trasladó a los primeros prisioneros a Guantánamo partió de la base de Morón

La prisión de la base naval que EEUU mantiene ilegalmente en la Bahía de Guantánamo, en territorio cubano no solo revela la hipocresía moral de la democracia estadounidense, sino también de la Unión Europea y la OTAN.

El 11 de enero de 2002, solo cuatro meses después del inicio de la invasión de Afganistán y de la cruzada de Bush-Blair y Aznar, EEUU transportaba en avión de carga militar desde ese país asiático a Guantánamo, engrillados y encapuchados, al primer contingente de prisioneros capturados en su Guerra contra el Terror.

Ninguno de sus aliados europeos y de otros países objetó que EEUU decidiera unilateralmente trasladar a esos prisioneros a un territorio sin ley, en el que no se aplicaban ni las leyes federales estadounidenses ni se les reconocía como prisioneros de guerra tal como establecen las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.

De hecho ese primer contingente de 23 prisioneros que llegó a Guantánamo tras más de veinte horas de viaje y que el Pentágono mostró con orgullo con sus monos naranja, encadenados y arrodillados a pleno sol del Caribe frente a sus celdas de rejas al aire libre, hizo escala en España.

El vuelo RCH7502 de un C-17 de las fuerzas armadas estadounidenses había partido de la base de Kandahar, en Afganistán, el día 10 de enero, llegó a la Base Aérea de Morón de la Frontera a las dos de la madrugada del día 11 GMT según los registros aeroportuarios, donde los prisioneros fueron trasladados a un avión C-141 con el que llegaron a Guantánamo a las 18.50 GMT.

Sólo sería la primer escala de este tipo en suelo español, al que seguirían otras similares en distintos países de la UE, y a las que pronto se sumarían las 1.080 escalas de los vuelos de la CIA en aviones camuflados transportando clandestinamente prisioneros no solo a Guantánamo sino también a cárceles secretas en Europa y muchos otros países para ser interrogados y torturados.

No hace tantos años que se produjeron estos hechos. Nadie pagó ni política ni penalmente por esos crímenes en Estados Unidos, pero nadie pagó tampoco en España ni en el resto de Europa por esa complicidad de años en la cual hubo muchos protagonistas y sin la cual no se hubieran podido cometer."              (Roberto Montoya, Other news en español, 11/01/22)

La guerra en las calles de Estados Unidos

 "Stephanie abrió los ojos; eran las tres y cuarto de la madrugada y un estruendo de voces airadas y golpes en la puerta la había despertado. “¿Qué pasa?”, le dijo a su novio, que se desvelaba al otro lado de la cama. 

Mientras él se dirigía a la entrada a investigar la procedencia de aquel alboroto, ella temblaba de miedo pensando que algo horrible iba a ocurrirles aquella noche. “¡Policía!”, escuchó, y en apenas unos segundos un equipo de hombres armados hasta los dientes había penetrado en la vivienda sin darles ninguna explicación.

 “Lo arrasaron todo; no sé qué estaban buscando pero desde luego se trataba de un error”, cuenta, rogando que no publique su nombre real. Desde aquel día, ella, una chica blanca de Illinois, cuya experiencia con las fuerzas del orden se había limitado a alguna multa de tráfico, dejó de confiar en la policía. 

A juzgar por la narración de Stephanie, se podría afirmar que su casa fue producto de una redada sin orden de registro, como la que mató a la afroamericana Breonna Taylor el pasado 13 de marzo. A menudo, realizadas por unidades SWAT, equipos entrenados para llevar a cabo operaciones antiterroristas, rescate de rehenes o acciones contra delincuentes fuertemente armados.

 El miedo de Stephanie, originado ya en la edad adulta, evoca el terror que cada día sienten millones de individuos racializados en un país donde los diferentes cuerpos policiales –no solo las unidades especiales– están militarizados y matan con más frecuencia que en otras latitudes.

Según datos recogidos por la CNN, la policía estadounidense acabó con la vida de unos 1.000 ciudadanos en 2018, lo que supone 31 fallecimientos por cada diez millones de habitantes, 25 más que en Suecia y 30 más que en Alemania. Al poder deletéreo de las fuerzas del orden se suma un racismo que vuelve a la población negra más vulnerable. La misma investigación apunta que los negros tienen tres veces más probabilidad de morir a manos de la policía que los blancos. Otros estudios llegan a conclusiones parecidas en cuanto al sesgo racial de los agentes: dos investigadores de Harvard probaron que, entre los decesos provocados por la policía en 17 estados, un 32% eran de negros, a pesar de que solo constituyen el 12% de la población. La probabilidad de ir armados era menor que en el caso de los blancos.

Stephanie es consciente de que probablemente pueda contar su historia debido a su color de piel, de que la raza y no la presunción de inocencia fue lo que jugó a su favor durante aquella terrible noche. Ahora sabe, también, que la interacción con la policía es significativamente distinta en función del grupo racial.

Más de tres meses despues del asesinato de George Floyd, que conmocionó al país y desató las mayores protestas de su historia desde las luchas por los derechos civiles, prosiguen las manifestaciones en multitud de ciudades para continuar denunciando una brutalidad policial que no da tregua. Una de ellas, Kenosha (Wisconsin), presenció atónita el ataque a Jacob Blake por parte de un agente: siete balazos que lo han dejado paralítico sin que existiera más motivo que desoír, desarmado y pacífico, las órdenes de la autoridad. 

Días más tarde, Estados Unidos vio en las redes cómo Kyle Rittenhouse, probable miembro de una milicia, mataba a dos manifestantes, hería a un tercero, y se paseaba por la escena con el beneplácito de la policía portando el rifle ilegal con el que perpetró los crímenes. En un país donde es imposible tomarse una cerveza sin mostrar el DNI, sorprende, cuanto menos, la impunidad con que ciertos sujetos son capaces de ejercer la violencia. El presunto asesino, blanco, solo fue aprehendido al día siguiente.  

Una historia de violencia

Es difícil explicar lo que estamos viviendo; a las tensiones provocadas por un clima de devastación sanitaria y económica se añade la extrema politización de una información que, dependiendo de su tratamiento, dirigirá votos al partido demócrata o al republicano. La sombra de las elecciones del próximo 3 de noviembre se proyecta sobre cada noticia, cada intervención mediática, pero lo que está claro –no tanto por lo ocurrido estos días sino porque conforma una tendencia histórica– es el racismo que mueve a las fuerzas del orden por una parte y, por otra, su militarización y despliegue excesivo sobre unas ciudades que parecen campos de batalla. La metáfora bélica es apropiada si se considera la multiplicación de unidades policiales y el armamento que portan. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí?

 La policía estadounidense arrastra una trayectoria de racismo y brutalidad que se remonta a sus orígenes. En los estados del sur, los primeros grupos de vigilantes armados eran patrullas dedicadas a perseguir y castigar a los esclavos, evitando posibles revueltas. Con el fin de la guerra civil y la abolición de la esclavitud en 1865, estas patrullas –compuestas por voluntarios sin apenas formación– se disolvieron y dieron paso al antecedente inmediato de los departamentos de policía actuales, que se extendieron por todo el país.

 Como indica The Conversation, lejos de abandonar sus prácticas racistas, estas siguieron su rumbo con el fin de ejecutar los dictámenes segregacionistas de las leyes Jim Crow, que, entre otras cosas, vetaban a los negros el acceso a espacios considerados exclusivamente blancos –como escuelas, restaurantes o bibliotecas–. Para cuando los derechos civiles fueron aprobados, los distintos cuerpos policiales se habían imbuido de una cultura discriminatoria que permeaba sus prácticas y conformaba sus decisiones, pero no sería hasta la era Reagan cuando esta se vio fortalecida con una poderosa militarización que volvería a las fuerzas del orden prácticamente indistinguibles de las que componen el ejército.

 Mediante una serie de programas federales, y en el contexto de la guerra contra las drogas –en sí racialmente motivada–, el presidente autorizó el despliegue masivo de unidades SWAT, que los equipos policiales compartieran entrenamiento con los militares, y que la policía pudiera adquirir armamento bélico tradicionalmente usado por tropas en el extranjero. Este último programa, el 1033, es el más controvertido y la causa de que hoy pueda verse a agentes de la policía local cargando armas más propias de la invasión de Irak que de la disolución de una manifestación, como rifles de asalto, granadas y bayonetas.

 La mención a Irak no es casual, puesto que la guerra contra el terrorismo ha jugado un papel preponderante en la generalización de su uso gracias, no solo al presidente que la declaró, George W. Bush, sino también a la ampliación del programa 1033,  efectuada por el Gobierno de Clinton. Según Joseph Hartman y Arthur Rizer, este último veterano de guerra y profesor, los ataques terroristas del 11-S supusieron un punto de inflexión: la policía comenzó a utilizar armamento militar de manera generalizada, lo que ha derivado en la adopción de una “mentalidad de soldado” entre las fuerzas del orden.

La adquisición de material bélico en operaciones internas ha ido mutando según las circunstancias histórico-políticas. Así, el mandato de Obama favoreció un incremento significativo tras el fin de la Guerra de Irak en 2011, pero tuvo que limitar el programa 1033 tras las fuertes críticas que generaron las protestas de Ferguson en 2014, a consecuencia de la muerte de Michael Brown a manos de un policía. Pese al clamor de una población civil que exigía la eliminación absoluta del programa después de que los disturbios fueran sofocados con armamento militar, Obama solo impuso una serie de restricciones, posteriormente revocadas por la Administración de Trump. Hoy, como en 2014, es posible el uso de lanzagranadas y vehículos blindados a pruebas de minas no solo por la policía federal, sino también por la de cualquier distrito escolar.

Campo de batalla

La muerte de George Floyd, la de Breonna Taylor o la agresión descarnada a Jacob Blake son solo algunos ejemplos recientes que han sacudido los cimientos de la sociedad estadounidense, lanzando a miles de personas a las calles. La militarización policial se alía con un racismo endógeno que presenta múltiples ramificaciones. Junto a las estadísticas que demuestran una mayor mortalidad de la población negra a manos de las fuerzas del orden, otros datos arrojan luz sobre el problema.

 Una investigación reciente, llevada a cabo por un antiguo agente del FBI, ha sacado a la luz los vínculos de la policía con milicias y grupos de supremacistas blancos en los últimos 20 años, aunque ahora, quizá, estos lazos sean más evidentes. En Kenosha, varios agentes fueron grabados agradeciéndole su colaboración a los voluntarios armados que allí se encontraban –entre ellos se cree que estaba Rittenhouse. En Filadelfia, hace varias semanas un conjunto de vigilantes espontáneos salió a patrullar la ciudad con bates de béisbol con la connivencia, de nuevo, de la policía local.

Por otra parte, con el lema #defundthepolice, los manifestantes han puesto el foco en un dato alarmante: los abultados presupuestos de la policía. De acuerdo con el Urban Institute, el gasto estatal y local se incrementó en 73.000 millones de dólares –ajustados a la inflación– de 1977 a 2017, a pesar de la considerable disminución del crimen a partir de los años noventa. Las demandas para reducir la financiación policial –que no apoya ninguno de los candidatos a la presidencia– suelen venir acompañadas por la exigencia de destinar esos fondos hacia servicios esenciales, erróneamente desempeñados por el aparato policial. 

Por ejemplo: los agentes suelen ser los primeros en acudir en situaciones de crisis de salud mental, lo que a menudo provoca resultados fatales. En general, se puede afirmar que su mentalidad militar, el racismo estructural, el miedo a que el otro porte un arma, el aparato legal que los protege y hasta una formación que prioriza disparar a órganos vitales –en lugar de a las extremidades– convierte a este cuerpo en una amenaza para muchos, contribuyendo al cóctel molotov que sigue explotando a diario.

En Portland, ciudad que lleva más de cien días experimentando una conflictividad social azuzada en parte por agentes federales, Aaron Danielson fue asesinado en un clima de confrontación callejera entre los seguidores de Trump y sus detractores. Frente a la polarización política y una violencia que continúa escalando a ritmo acelerado, el presidente insiste en apagar el fuego con gasolina, no solo negando la existencia del racismo estructural que impregna cada aspecto de la sociedad estadounidense, sino también fortaleciendo el ya robusto aparato bélico teóricamente encargado de la seguridad ciudadana.

Si esto es la guerra –parece afirmar–, ganará el más fuerte, y ahí, como Stephanie en su madrugada invadida, como tantos que ya no pueden contarlo, llevamos las de perder."              

(Azahara Palomeque. Es escritora, periodista y poeta. Exiliada de la crisis. CTXT, 03/09/20)

La violencia y los abusos en EE.UU. demuestran que la policía está fuera de control. En los últimos cinco años 5.408 civiles fallecieron por disparos de agentes. Cientos mueren cada año por balas de goma, estrangulamiento, etc.

"A raíz del asesinato de George Floyd y la posterior oleada de protestas por todo el país (y todo el mundo) en contra de la brutalidad policial, los estadounidenses han presenciado un vídeo tras otro de policías agrediendo a manifestantes desarmados y hasta a transeúntes que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino.

En uno de los casos más sorprendentes, la policía de Búfalo empujó y tiró al suelo, sin ninguna justificación, a un hombre de 75 años, que comenzó a sangrar por las orejas y sufrió una lesión cerebral. Este suceso se produjo solo un día después de que esa misma policía, en ese mismo lugar, se hubiera arrodillado en solidaridad con aquellos que protestaban contra un uso excesivo de la fuerza. Para empeorar la situación, las autoridades mintieron y dijeron que el hombre simplemente se había “resbalado y caído”. Por desgracia para ellos, un vídeo del incidente se hizo viral y les obligó a admitir la verdad. 

Muchas personas tratan de explicar este tipo de casos como si fueran “episodios aislados” que llevan a cabo unas cuantas “manzanas podridas” que no representan a la mayoría de las fuerzas policiales de todo el país. Sus defensores insisten en decir que los medios fomentan una “narrativa antipolicial” que olvida los peligros a los que se enfrentan los policías en su trabajo (peligros que, por lo que parece, justifican el nivel de fuerza que emplean). 

Sin embargo, los datos empíricos disponibles sobre violencia y mantenimiento del orden revelan una imagen más compleja y preocupante. Se podría incluso decir que la mayoría de las conversaciones públicas pecan de estrechez de miras y de miopía a la hora de reflejar lo extremo, generalizado y polifacético que es el abuso policial en realidad.

Violencia policial generalizada 

En lo que llevamos de año, 481 civiles han recibido un disparo mortal a manos de la policía de Estados Unidos, según el Washington Post. En total, se han producido unos 7.397 homicidios por arma de fuego (excluidos los suicidios y los accidentes) durante este mismo período. Eso significa que aproximadamente uno de cada 15 estadounidenses que recibió un disparo mortal en 2020 fue asesinado por un agente de policía.

Desde 2015, la policía ha matado de un disparo al menos a 352 personas que se encontraban desarmadas (es decir, que ni siquiera estaban en posesión de un juguete, un objeto contundente o cualquier otro instrumento). En total, 5.408 civiles fallecieron por disparos de la policía a lo largo de los últimos cinco años; uno de cada 15 iba desarmado. Es importante destacar también que en estos datos figuran solo los tiroteos policiales. 

Cientos de civiles mueren a manos de la policía cada año por tásers, gas pimienta, balas de goma, llaves de estrangulamiento, asfixia postural, traumatismos por objetos contundentes, atropellos de coches policiales y otras causas; una gran parte de esos civiles se encontraba también desarmada y muchos tampoco habían cometido ningún delito.

Así y todo, los fallecimientos representan solo un pequeño porcentaje de la violencia policial en conjunto. Según la Oficina de Estadísticas Judiciales (BJS, por sus siglas en inglés), al menos 985.300 estadounidenses fueron objeto de amenazas no letales o de un uso abusivo de la fuerza por parte de la policía durante un único año: 2015, el año más reciente sobre el que figuran datos en la página de la BJS. 

Si se compara con la población total de EE.UU. de ese año, aproximadamente uno de cada 324 estadounidenses fue agredido verbal o físicamente por un policía. De hecho, todos los departamentos policiales del país reciben cada año miles de quejas por un uso excesivo de la fuerza que son “oficialmente admitidas” (es decir, que son lo bastante creíbles para justificar que se tomen medidas disciplinarias contra los agentes), como resultado de esos encuentros.

Cada año también se producen numerosas denuncias por casos de violación, agresión sexual y acoso sexual en los que hay policías de servicio involucrados. (Como es lógico, es probable que haya muchos más casos que no se denuncian). Según una investigación realizada por el Buffalo News, entre 2005 y 2015, “al menos cada cinco días se pesca a un agente policial en un caso de abuso sexual o conducta inapropiada”. 

Por lo general, en esos casos los policías están armados; normalmente las víctimas están solas y, casi siempre, tienen sus movimientos restringidos; en ocasiones también concurre una amenaza inminente de utilizar la fuerza o de ser arrestadas. Sin embargo, con frecuencia los policías tienen la osadía de afirmar que esos actos sexuales, con civiles que se encuentran bajo custodia policial, son consensuados. Una investigación de Associated Press descubrió que muchos policías utilizan herramientas o bases de datos policiales para acechar o acosar a exparejas o a personas en las que están sexualmente interesados (y para otros fines personales).

Esto es lo que se observa al echar un vistazo rápido sobre el comportamiento de los policías cuando están de servicio. Sin embargo, los policías también cometen delitos y actos violentos de forma habitual cuando no están de servicio. Por ejemplo, los índices de violencia doméstica son hasta cuatro veces más altos entre las fuerzas policiales que entre la población en general.

En resumen, cientos de miles de estadounidenses son víctimas de la brutalidad policial cada año. En ese sentido, Estados Unidos ocupa un lugar extremadamente atípico entre las democracias liberales ricas. El nivel de agresión que despliegan los policías en una zona parece no tener ninguna relación con el número de delitos violentos de esa zona, ni tampoco parece ser proporcional al peligro real al que se enfrentan las fuerzas policiales en su trabajo.

Agentes caídos

¿Cómo de peligroso es ser policía? Una manera de encontrar respuesta a esa pregunta es comparar el índice de homicidios de policías de servicio con el del estadounidense medio en su día a día. Solo por intuición podríamos suponer que un policía tiene muchas más posibilidades de morir en su trabajo que cualquier ciudadano en su rutina diaria, pero a decir verdad el coeficiente se acerca bastante.

Analicemos los datos de 2016, el último año para el que existen estadísticas fiables en todas las categorías pertinentes. Este resultó ser también un año particularmente sobresaliente en cuanto al número de homicidios policiales en cumplimiento del deber, más alto que cualquier otro año entre 2012 y 2019. Por tanto, los siguientes coeficientes pueden servir como un cálculo por lo alto de los peligros a los que se enfrentan los policías.

Para averiguar el número de policías que han muerto mientras estaban de servicio en 2016, emplearemos la Página Conmemorativa de Agentes Caídos (ODMP, por sus siglas en inglés), la página conmemorativa de policías más grande del país y una de las bases de datos de muertes policiales en cumplimiento del deber más fiable de Estados Unidos. Sus estadísticas recogen las bajas de policías federales, estatales y municipales, así como las de los funcionarios penitenciarios y los policías militares en misiones dentro del territorio nacional.

Según la ODMP, 181 agentes de los cuerpos de seguridad del Estado murieron mientras estaban de servicio en 2016. De todas estas muertes, 48 fueron consecuencia de problemas de salud (infartos, cánceres y enfermedades relacionadas con el trabajo) y 39 fueron consecuencia de accidentes de vehículos no relacionados con persecuciones (por ejemplo accidentes de aviones, barcos, motos, trenes, coches o agentes atropellados accidentalmente por civiles). También se produjo un fallecimiento provocado por un animal, dos ahogamientos, una caída, tres muertes por disparo accidental y un accidente ocurrido durante un entrenamiento. En total, menos de la mitad de todas las muertes de agentes, 86 en conjunto, fueron consecuencia directa de un autor, por ejemplo de una agresión, un apuñalamiento, un disparo, un atropello o un accidente durante una persecución.

Las cifras de la OMDP para 2016 son prácticamente iguales a la otra base de datos no gubernamental que registra las muertes policiales en Estados Unidos: el Fondo Conmemorativo de las Fuerzas de Seguridad. También figuran 86 homicidios policiales en 2016 (es decir, muertes consecuencia de que los agentes fueron golpeados, apuñalados, estrangulados, disparados o atropellados con un vehículo). Los cálculos de ambas bases de datos son superiores a las estadísticas del FBI, que registraron 66 muertes criminales de agentes policiales en 2016. No obstante, tomaremos la cifra más alta: 86 homicidios de agentes de las fuerzas de orden público mientras estaban de servicio.

Ese número se puede contrastar con el número total de agentes de orden público de todos los organismos que aparecen en la base de datos de la ODPM. Según los números de la BJS, había 701.273 agentes estatales y municipales a tiempo completo y 132.111 agentes federales a tiempo completo en Estados Unidos en 2016. El Departamento de Defensa calculó que había aproximadamente 50.000 policías militares en las bases del país durante ese mismo año.

Con estos totales podemos calcular el índice general de homicidios policiales en cumplimiento del deber durante 2016: 9,74 agentes por 100.000. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades calcula que el índice general de homicidios en Estados Unidos fue de 6 por 100.000 en 2016. El índice de homicidios en el caso de los hombres, concretamente, fue de 9,5 por 100.000. O lo que es lo mismo, las posibilidades que tiene un agente de policía de resultar víctima de un homicidio mientras está de servicio son solo ligeramente superiores a las del típico hombre estadounidense en su quehacer diario. 

De hecho, el riesgo de algunos segmentos de la población estadounidense de ser asesinados es considerablemente superior al de los agentes policiales. Por ejemplo, en 2016, el índice de homicidios entre los afroamericanos fue de 23,4 por 100.000. De media, un ciudadano negro tuvo más del doble de posibilidades de ser víctima de un homicidio que un policía de servicio (y tampoco hay que olvidar que muchas de estas muertes fueron provocadas por un policía).

No obstante, las muertes por sí solas no son una medida suficiente para calcular los riesgos a los que se enfrenta un policía. Al fin y al cabo, muchos agentes también resultan heridos cada año en situaciones violentas. Dicho esto, los datos por lesiones dibujan un panorama similar al de las estadísticas de fallecimientos. Los agentes de policía tienen el triple de posibilidades de necesitar atención hospitalaria como consecuencia de lesiones en el trabajo que la mayoría del resto de trabajadores de EE.UU. (aunque hay muchos otros trabajos en Estados Unidos que son más peligrosos que ser policía). Al igual que sucede con las muertes, la gran mayoría de las lesiones en cumplimiento del deber que sufren los policías (aproximadamente dos tercios) se producen sin que concurran circunstancias violentas.

La BJS calcula que 4,5 de cada 1000 ciudadanos estadounidenses sufrió lesiones como resultado de delitos con violencia en 2016. En el caso de la policía, esa cifra fue unas seis veces más alta: 28 de cada 1000 agentes. Sin embargo, la gran mayoría (78%) de las agresiones a policías fueron resultado de peleas cuerpo a cuerpo y muchas de las lesiones policiales provocadas por agresiones (31,4%) tuvieron lugar en ese contexto. En conjunto, los cuchillos, instrumentos cortantes o las armas de fuego representaron solo un poco más del 6% de los casos y poco más del 20% del total de las lesiones sufridas por agentes policiales como resultado de agresiones. De estos datos podemos deducir que la mayoría de las lesiones que sufren los policías durante las agresiones son probablemente poco graves: narices sangrando, magulladuras, cortes, esguinces, etc. 

Y, lógicamente, la otra cara de estos datos es que el 97% de los agentes de policías no experimentó ninguna lesión como resultado de situaciones violentas. Dicho de otro modo, no solo los asesinatos policiales son extremadamente poco frecuentes en un año cualquiera, si lo comparamos con el número de agentes policiales de todo el país, sino que las lesiones por situaciones violentas son también bastante inusuales. Todos estos datos hacen que las estadísticas sobre el empleo de la fuerza policial sean todavía más sorprendentes.

La ODMP calcula que 275 agentes de policía han fallecido por disparos mortales de civiles desde 2015 hasta ahora. Durante ese mismo período, como se indicó anteriormente, los tiroteos policiales acabaron con la vida de 5.408 civiles, de los que al menos 352 iban desarmados. Eso significa que por cada cuatro policías fallecidos en tiroteos en los últimos cinco años, la policía disparó mortalmente a más de cinco civiles desarmados. En suma, por cada agente que fallece en cumplimiento de su deber a manos de un asaltante, la policía mata aproximadamente a 20 civiles. En 2015, por cada caso de agresión de un civil a un policía, los policías agredían a 19 ciudadanos. 

En resumen, no existe ninguna “guerra contra los policías”. Al contrario, la violencia que despliega la policía contra los civiles parece ser sumamente desproporcionada en relación con el peligro al que realmente se enfrenta en la calle.

Propiedad y saqueo

No todos los abusos policiales son de naturaleza física. Solo hay que pensar en los miles de millones de dólares que la policía confisca en metálico, en coches, en inmuebles y en otros bienes, bajo la fórmula de la “incautación de bienes”. Por ejemplo, en 2014, la policía terminó llevándose más propiedades de los estadounidenses que los ladrones. En numerosos casos, la gente a la que se le confiscan sus bienes o sus propiedades nunca llega a ser acusada de un delito, pero, con demasiada frecuencia, les resulta imposible recuperar su dinero o sus bienes. El abuso de la incautación de bienes se ha vuelto tan extremo y generalizado que la Corte Suprema tuvo que intervenir hace poco para ayudar a frenarlo, y hasta existe un intento de ambos partidos en el Congreso para reducir la práctica. 

Con frecuencia, la policía también extorsiona a las comunidades pobres cobrando multas desmesuradas por delitos menores, bajo pena de cárcel. En muchos casos, las personas detenidas tienen que pagar unas tasas judiciales desorbitadas incluso aunque nunca se les llegue a acusar de ningún delito (y mucho menos se les condene). 

La criminalidad ha disminuido de forma constante a los largo de las últimas décadas, casi un 50% menos que a comienzos de la década de 1990. Sin embargo, la proporción de policías con respecto al número de ciudadanos ha permanecido casi inalterada. Eso significa que la policía tiene mucha más capacidad que antes, en comparación con los niveles reales de criminalidad con los que tiene que lidiar. Aun así, la mayoría de los delitos violentos y contra la propiedad que tienen lugar en Estados Unidos quedan sin resolver. Más de un tercio de los asesinatos, casi la mitad de todas las agresiones y la gran mayoría de las violaciones que se denuncian nunca desembocan en la detención de un sospechoso, su acusación y su procesamiento. De hecho, muchos de las pruebas que lleva a cabo la policía después de una agresión sexual nunca llegan al laboratorio: se calcula que hay un atraso en todo el país de 200.000 kits que nunca llegaron a testearse.

En su lugar, los departamentos policiales y los gobiernos municipales de todo el país destinan una enorme cantidad de efectivos policiales a extraer los recursos de la población civil, a menudo con el punto de mira en las personas que ya se encuentran entre los más desesperados y vulnerables de nuestra sociedad. Por otra parte, es notoria la dificultad que existe para conseguir que la policía rinda cuentas en los casos de negligencia, malas prácticas o abusos.

Las mentiras azules importan 

De acuerdo con una investigación que realizó USA Today, al menos 85.000 policías han sido investigados por mala conducta a lo largo de la última década, entre los cuales hay 22.924 investigaciones por un uso excesivo de la fuerza; 3.145 denuncias de violación, abuso infantil o cualquier otra conducta sexual inapropiada; 2.307 presuntos casos de violencia doméstica; y 2.645 casos de obstrucción policial de una investigación, perjurio, falsificación de informes y/o manipulación de testigos o pruebas. Estas cifras, por sobrecogedores que parezcan, podrían ser solo la punta del iceberg.

 La primera (y quizá la más insidiosa) línea de defensa que protege a los policías corruptos es el conocido como “muro de silencio azul”. Son muy pocos los casos en los que la policía denuncia los errores, mala conducta o los delitos cometidos por sus compañeros. En muchos casos, esos compañeros permanecen impasibles mientras se cometen los abusos. En otros casos, ayudan de forma activa a los agentes a ocultar sus irregularidades. Según un estudio del Departamento de Justicia, la mayoría de los agentes afirma que “no es extraño que un policía haga la vista gorda ante una conducta inapropiada de otro agente” y un 61 % admite que no siempre informa tan siquiera de “graves infracciones penales relacionadas con el abuso de autoridad de sus compañeros policías”. Un 56 % reconoció que si un agente comunica la mala conducta de un compañero es probable que los demás “le den la espalda”. Es decir, muchos de los delitos que cometen los policías, incluidos los delitos graves, nunca dan pie a una investigación y, por lo tanto, las estadísticas del artículo del USA Today nunca los recogerán. (Además, muchas de las investigaciones formales no se registran en las actas públicas y tampoco figuran, por tanto, en los datos recopilados por el periódico).

 Cuando las investigaciones sí se llevan a cabo, por lo general los policías cierran filas para protegerse unos a otros. Pensemos, por ejemplo, en los agentes de policía que casi matan al hombre de 75 años por empujarlo y tirarlo al suelo. Los policías involucrados fueron suspendidos sin sueldo mientras se investigaba el incidente (más tarde se les acusó de agresión). En lugar de aplaudir que se obligara a sus compañeros a rendir cuentas por un uso abusivo de la fuerza, la unidad policial de respuesta de emergencia dimitió en bloque para protestar por la medida. Como resultado de esta tendencia de los policías a cerrar filas, incluso cuando sus compañeros “obran mal”, las investigaciones por mala conducta policial terminan por lo general con las manos vacías.

Y lo que es peor, en los casos en los que se establece que se ha cometido una infracción, rara es la vez en que los agentes rinden cuentas por ello ante el sistema judicial. De acuerdo con una investigación que realizó USA Today en 2007, menos de un 5% de los casos de brutalidad policial que se envían a los fiscales de Estados Unidos llega en realidad a los tribunales. Y en esos casos excepcionales en que se lleva a los policías ante la justicia por su mala conducta, los jurados dudan a la hora de condenarlos. Solo se declara culpable a los policías en aproximadamente un tercio de los casos. 

Cuando hay policías involucrados en asesinatos, los agentes pueden por lo general recibir la absolución con solo aducir que se sintieron amenazados, incluso cuando la víctima estaba desarmada o no había cometido ningún delito, e incluso cuando el sospechoso estaba huyendo y no estaba enfrentándose a la policía. Como las posibilidades de éxito son tan bajas, los fiscales detestan presentar cargos contra policías por asesinar a civiles, aun cuando las investigaciones del departamento de policía concluyeron que se produjo una infracción. En consecuencia, en el 99% de los asesinatos policiales que se produjeron entre 2013 y 2019, nunca se acusó a los policías de ningún delito.

Del mismo modo, la policía está exenta de responsabilidad civil ante cualquier infracción. Por lo general son los contribuyentes quienes terminan pagando la cuenta para compensar a las víctimas de la mala conducta policial. Uno de los estudios más exhaustivos que se han realizado hasta la fecha concluyó que los gastos anuales por compensaciones judiciales, tasas legales y costes del seguro de responsabilidad por los casos de mala conducta policial ascienden a 500 millones de dólares al año. ¿Lo más sorprendente? Ese estudio se centró solo en 100 de los 18.000 cuerpos policiales federales, estatales y municipales del país.

De hecho, gracias a los sindicatos policiales, muchos policías ni siquiera sufren graves consecuencias profesionales por su mala conducta. Es muy difícil despedir o penalizar de forma significativa a los agentes, incluso cuando se confirman las infracciones. Peor aún, cuando a veces se expulsa a los policías por su mala conducta, estos pueden recuperar su trabajo en un tribunal de arbitraje o simplemente siendo destinados a otro distrito, ya que los sindicatos policiales obligan a los departamentos policiales a contratar a estas “manzanas podridas” a pesar de sus antecedentes por mala conducta. Diversos estudios han demostrado que estos agentes a menudo terminan después corrompiendo a sus nuevos compañeros. 

Esta impunidad es el motivo de que alguien como el asesino de George Floyd, Derek Chauvin, pudiera seguir todavía en el cuerpo de policía de Minneapolis a pesar haber recibido 17 quejas previas por mala conducta, entre las que había denuncias por un uso excesivo de la fuerza, por emplear repetidamente una fuerza letal y hasta compareció frente a un jurado de acusación para ser objeto de posibles acciones penales por un incidente anterior. Ese es el motivo también de que sea poco probable que los policías que golpearon repetidamente a los que se manifestaron para protestar contra asesinato ilegal de Floyd sufran consecuencias significativas por sus actos. Aunque son conscientes de que los transeúntes y los periodistas les están grabando, y aunque muchos de ellos llevan también cámaras portátiles, continúan comportándose de manera poco profesional, seguros, porque saben que no tendrán que rendir cuentas ante nadie. Mientras esto siga siendo así, la corrupción y el abuso policial continuarán siendo preocupantemente habituales entre las fuerzas policiales. 

Se puede y se debe honrar el sacrificio y el riesgo que la policía contrae en nuestro nombre. Sin embargo, esto no nos obliga a exagerar los peligros que conlleva el mantenimiento del orden público, ni a exagerar la eficacia de la policía, ni tampoco a hacer la vista gorda ante abusos realmente graves. La gratitud no puede servir como autorización para que los policías cacen a aquellos que se supone que tienen que servir y proteger. No se puede permitir que la policía esté por encima de la ley que ha jurado defender."                        

 (Musa al-Gharbi ostenta una beca Paul F. Lazarsfeld en la facultad de sociología de la Universidad de Columbia. CTXT, 03/07/20)

«Ser negro en América no debería ser una sentencia de muerte»

"Cinco minutos presionando con todo su peso sobre el cuello de un hombre de raza negra. George Floyd, de 46 años, falleció poco después de que una ambulancia se lo llevara desde el lugar de los hechos. «Por favor, no puedo respirar», se le oía decir mientras estaba aprisionado con las manos esposadas a la espalda. 

Las mismas palabras que pronunció Eric Garner en 2014 y que también falleció cuando fue estrangulado por un policía en Nueva York en el momento en que le estaba inmovilizando. 

«Ser negro en América no debería ser una sentencia de muerte», dijo el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey. «Hemos visto durante cinco minutos a un policía blanco presionar su rodilla contra el cuello de un hombre negro. Cinco minutos. Cuando oyes a alguien pedir ayuda, se supone que debes ayudarle. Ese agente no hizo lo que debía en el sentido más básico y humano». 

Una vez más, fue un vídeo el que permitió desvelar una historia de abusos policiales que había sido camuflada en el informe de los agentes presentes en los hechos. Cuatro agentes, incluido el autor del crimen –porque es difícil calificarlo de accidente–, han sido despedidos por el Ayuntamiento. La División de Derechos Civiles del FBI ha iniciado una investigación. 

El 23% de los norteamericanos muertos a manos de la policía en 2019 eran de raza negra (son el 13% de la población)."                   ( Iñigo Sáenz de Ugarte , Guerra eterna, 27/05/20)